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Adriana Pichardo

General Rodríguez Torres inició huelga de hambre amarrado a su cama

La diputada Adriana Pichardo informó que el exministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres está en huelga de hambre desde el lunes. El 9 de mayo el mayor general retirado fue trasladado a una celda de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.

De acuerdo con Pichardo, el coronel Hannover Guerrero “es el encargado de torturarlo” y ha intentado hacerlo ingerir alimento de manera forzada en varias oportunidades, sin éxito; pese al estado grave de salud en el que se encuentra Rodríguez Torres.

La parlamentaria por el estado Aragua también denunció que el general ha perdido 14 kilos de peso desde su detención y asegura que “se encuentra amarrado a su cama con una sábana resistiendo la tortura y exigiendo respeto a sus derechos” y al de sus compañeros presos.

Pichardo pide a la comisión de las Naciones Unidas que permanece en Caracas poner atención sobre este caso, así como a la comunidad internacional. Igualmente, hace responsables de la vida de los presos políticos al régimen.

Miguel Rodríguez Torres fue detenido en marzo de 2018 tras ser acusado de conspirar contra Nicolás Maduro. Fuentes de la Fuerza Armada Nacional no descartan que al exministro también se le vincula con el madrugonazo militar que se desplegó el 30 de abril de este año, encabezado por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Rodríguez Torres permaneció 14 meses recluido en la sede de inteligencia militar, a pesar de que el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Mickel Amézquita Pion, ordenó como centro de reclusión la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. En ese momento, la defensa militar argumentó que la vida del general corría peligro.

En esta cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna también permanecen recluidos el general Raúl Isaías Baduel y el diputado Edgar Zambrano, quien ejercí funciones como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Desde hace una semana se desconoce el paradero del diputado Gilber Caro

DESDE LA MADRUGADA DEL VIERNES 26 de abril está desaparecido el diputado por el estado Miranda, Gilber Caro. Hombres no identificados se lo llevaron cuando se encontraba con su equipo de trabajo en un local de comida en la ciudad de Caracas.

Horas después de su desaparición, la diputada Adriana Pichardo informó sobre lo sucedido a través de su cuenta en Twitter. Dijo que no sabían hacia donde fue trasladado. “Hacemos responsable al régimen usurpador por la vida y la integridad del diputado”, expresó.

 

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Cabildos Abiertos: alianza entre la Asamblea Nacional y los ciudadanos

Desde la juramentación de Nicolás Maduro, el Parlamento ha empleado esta herramienta de comunicación de estrategias y consulta popular

A las reuniones asisten diputados, líderes vecinales y habitantes de las comunidades

Las decisiones que se tomen en los Cabildos son de carácter vinculante según el artículo 70 de la Constitución

 

@franzambranor

 

EL ANIMADOR ANUNCIA QUE EN MINUTOS comenzará la actividad.  Asegura que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana le dijeron que iban a custodiar el lugar, pero que ni se les ocurriera cerrar alguna vía, porque la concentración sería dispersada. En los alrededores de la Plaza Caracas al final de la avenida principal de la Las Palmas en el municipio Libertador de Caracas, zona de difícil acceso para la oposición, no cabe un carro más. Lentamente va bajando gente de edificios aledaños. La mayoría de los asistentes pertenece a la tercera edad, entre ellos está el saxofonista y actor, Víctor Cuica, vecino del sector. “Tenía tiempo que no veía a gente entusiasmada, estas iniciativas son maravillosas, tengo a mis hijos viviendo en España y me gustaría que regresaran algún día”, dijo.

El Cabildo Abierto convocado por la Asamblea Nacional estaba previsto para las 5 de la tarde del jueves 18 de enero, pero comenzó a las 6 pm con un minuto de silencio en honor a los asesinados durante las protestas de 2017. A esa misma hora en la capital arrancaba uno en El Valle y otro en El Llanito. En el interior del país se producen similares reuniones en Mérida, San Diego, Maracaibo, Michelena y Villa de Cura.

El día anterior, el Cabildo Abierto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, colapsó la avenida principal de Santa Rosa de Lima en el este de Caracas. Desde que el propio Guaidó invitó a uno en la avenida Francisco de Miranda el 11 de enero, día después que Nicolás Maduro se juramentó en el Tribunal Supremo de Justicia para su segundo período presidencial, las concentraciones se han multiplicado en todo el territorio nacional.

Según la empresa Hercon Consultores, 7 de cada 10 venezolanos apoyan los Cabildos Abiertos y muestran disposición de acudir a la marcha convocada por los diputados de  la Asamblea Nacional para este 23 de enero.

Uno de los asistentes al cónclave en Las Palmas, el diputado por Acción Democrática y abogado, Carlos Prosperi, dijo que los Cabildos Abiertos sirven para moldear junto a los ciudadanos las políticas de cambio en una sociedad. Hizo especial énfasis en que las decisiones que allí se tomen son de carácter vinculante, de acuerdo al artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicho texto reza lo siguiente: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político: la elección de cargos públicos,  el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculantes entre otros (…)”.

Además de Prosperi, al encuentro con los vecinos acuden los parlamentarios Winston Flores de Voluntad Popular y Jorge Millán de Primero Justicia.

A juicio del abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, para llevar a cabo un Cabildo Abierto solo hace falta que un organismo autónomo y legítimo como la Asamblea Nacional haga la convocatoria y ciudadanos acto de presencia.

“Por su naturaleza el Cabildo corresponde a la vida municipal, pero ha trascendido ese carácter en esta oportunidad. Es un mecanismo de participación popular que tiene rango constitucional y lo importante es que las decisiones que se tomen allí son vinculantes”, dijo Raffalli.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que la iniciativa de activar un Cabildo Abierto corresponde a los concejos municipales, las juntas parroquiales y alcaldes, pero puede trascender a nivel nacional a través de un órgano como la AN si así se estipulara.

“No importa como se llame, Cabildo Abierto o Asamblea de Ciudadanos, lo fundamental es que estás convocando al pueblo para consultarle lo que está pasando, en este caso, la usurpación de funciones en la presidencia de la República”, manifestó Raffalli.

 

No es algo nuevo

Desde la época de la colonia, los Cabildos Abiertos han existido en Venezuela. Cuando los cabildos coloniales (corporaciones municipales creadas por la Corona española) atravesaban una situación extraordinaria o de emergencia, estas mismas entidades convocaban a Cabildos Abiertos con la presencia de vecinos de la comunidad. Durante la guerra de independencia, en los Cabildos Abiertos se destituyeron autoridades y establecieron gobiernos autónomos.

“La figura del Cabildo Abierto existe desde la época del Padre Madariaga”, dijo Juan Manuel Raffalli. “Hugo Chávez lo llamaba ‘parlamentarismo de calle’”.

“La figura del Cabildo Abierto no es algo nuevo”, sostuvo la diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo. “A esas concentraciones asisten diputados, líderes vecinales y habitantes de la comunidad. Nuestra labor es presentar la ruta de la transición y eso es lo que estamos consultando a los vecinos”, agregó Pichardo.

Desde una improvisada tribuna en la Plaza Palmas, el diputado Winston Flores expone que la ruta democrática planteada por la AN está sustentada en tres pilares: cese de usurpación del cargo de presidente de la República, gobierno de transición y elecciones libres.

Flores considera que para ello es vital el reconocimiento de la Asamblea Nacional como única institución legitima, el respaldo de la comunidad internacional, la reactivación de las actividades de calle en Venezuela y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional.  “No es que deseamos torcer el brazo a los militares, es que queremos que de una vez por todas entren en el carril constitucional y para ello ofrecemos una Ley de Amnistía”.

Según la diputada Pichardo, inicialmente los Cabildos se llevarán a cabo en todo el territorio nacional hasta el 23 de enero, pero no descartan extenderlos si así lo demandase la ciudadanía. “En cada Cabildo consultamos con los vecinos, tomamos recomendaciones y sugerencias. La idea es llevarnos el feed back y poner eso en práctica. Hay un grupo encargado en la AN de seguir manteniendo ese contacto”, dijo.

Pichardo asegura que los diputados asistentes a los Cabildos redactan un informe y a través de la junta directiva y la jefatura de cada Comisión en la Asamblea Nacional se traza una línea de trabajo.

Además de solicitarle que continúen luchando por el eventual cese de funciones de Nicolás Maduro en la presidencia de la República, Pichardo sostiene que la principal exigencia de los vecinos en los Cabildos Abiertos tiene que ver con la visualización del trabajo que se lleva a cabo en el Parlamento.

“Mejorar el tema de la comunicación entre la AN y la sociedad civil, hacer reuniones claves con sectores del país como el empresarial. Que haya mayor cohesión entre nosotros”, dijo Pichardo.

Al finalizar su intervención en el Cabildo Abierto hecho en Las Palmas, el diputado Flores pregunta ¿Están de acuerdo con la ruta?. Un sonoro si secunda el cuestionamiento y posteriormente insta a los asistentes a entonar las notas del himno nacional.

Después del “Gloria al Bravo Pueblo”, un miembro de la comitiva de la AN reparte entre los vecinos un control de asistencia y además recuerda a cada uno que la cita es el 23 de enero en la calle. “No hay excusas para quedarse en casa. Es ahora o nunca”,  dijo.

Allanan residencia de la diputada Adriana Pichardo

 

 

LA DIPUTADA ADRIANA PICHARDO DENUNCIÓ este lunes que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó su residencia en Caracas sin ninguna orden judicial.

La parlamentaria primero hizo la denuncia en Twitter, donde explicó que los funcionarios llegaron a su residencia  aproximadamente a las 10:00 a.m. “Ingresaron fuertemente armados al Edificio Lomas de Bello Monte, Municipio Baruta, donde es mi residencia, apuntaron en la cabeza al vigilante del edificio para acceder a mi apartamento”, detalló a los medios más tremprano.

Agregó que “al llegar (los funcionarios) le preguntaron a mi madre, que se encontraba sola, por mí y por el ciudadano Ricardo Antich, quien es un militar de la aviación (vinculado por el gobierno de Nicolás Maduro) al llamado ‘Golpe Azul’”.

En una rueda de prensa junto a colegas y compañeros de partido, la parlamentaria afirmó que “es un allanamiento no solo a mi casa, si no a mi moral. Esto es simplemente por mi lucha por la libertad de los presos políticos” y agregó que su madre,  de 74 años, se encontraba sola recuperándese de una operación.
Pichardo negó que conociera a Antich y aprovechó la oportunidad para reiterar que continuará realizando su trabajo. “Lo sucedido responde a mi relación continua con los familiares de presos políticos. No estoy haciendo nada malo, estoy haciendo mi trabajo y lo seguiré haciendo hasta que todos estén en libertad”, afirmó.
Aseguró que hasta el momento no había recibido ningún tipo de explicación y que el Parlasur, de donde también es diputada, está activando todo el protocolo constitutivo “debido a que esto no había sucedido antes”.
Fiscalía dice que serán castigados los allanamientos “arbitrarios”
Esta situación ocurre un día después de que el fiscal general designado por la asamblea nacional contituyente, Tarek William Saab, afirmara en televisión nacional que los allanamientos “arbitrarios” y sin mediación del Ministerio Público (MP) serán castigados severamente, luego de expresar su preocupación por esta práctica que, aseguró, está ocurriendo y donde los policías incluso terminan robando.
Diputados y compañeros de partido de Pichardo expresaron su rechazo a lo ocurrido e indicaron que el hecho forma parte de la intimidación a la Asamblea Nacional (AN).

Defensa de presos en el Sebin exigen que se cumplan boletas de excarcelación

 

Los abogados defensores de los presos políticos que se mantienen recluidos dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como El Helicoide, solicitaron la liberación de aquellos detenidos que poseen boleta de excarcelación.

A las afueras de la Defensoría del Pueblo, el abogado Carlos Daniel Moreno recordó que en mayo de 2018 se consignó una comunicación ante ese organismo,  y hasta el momento no han recibido respuesta, por lo que le exhortaron al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz “que cumpla con sus obligaciones constitucionales”.

El jurista aseveró que la toma pacífica que empezaron los presos políticos junto al resto de los detenidos en El Helicoide el lunes 9 de julio “era previsible” debido a las condiciones de aislamiento y violación a sus derechos humanos.

Destacó que los reclusos del Sebin tienen más de 55 días de aislamiento, sin visita de familiares y sin acceso a medicinas y alimentación, po9r lo que exigió a las autoridades judiciales para que atiendan las solicitudes en cada proceso, debido al retardo y la falta de respuesta.

Represalias

Los familiares de los presos políticos también afirmaron que temen que se agudice la represión y las malas condiciones dentro del Sebin “y se ensañen contra quienes protestaron”, indicó a Efe la diputada Adriana Pichardo.

Al jueves 12 de julio, los detenidos cumplieron más de 24 horas sin establecer contactos con el exterior, lo que hace pensar a familiares y defensores que la revuelta “se calmó”, indicó la abogada del preso Lorent Saleh, Theresly Malave.

En tanto que la madre de este, Yamilet Saleh, remarcó a Efe el hermetismo oficial que priva sobre la situación de los amotinados. “Sigue igual que ayer (…), está todo muy hermético ahí, no sabemos nada, ni cuando abren las visitas ni nada”.

De acuerdo con el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, en El Helicoide habitan 11 “presos políticos” y más de 100 detenidos por diferentes delitos, mientras que la ONG Coalición por la Justicia y la Verdad cifra en 18 los detenidos por motivos políticos que permanecen en esa sede policial.

Esta es la segunda revuelta por el mismo motivo que se produce en El Helicoide en lo que va de año, luego de la que se registró entre el 16 y el 18 de mayo pasado, y tras la cual varios detenidos fueron liberados.

 

 

* Con información de Unión Radio

22 horas sin información oficial sobre situación en Tocuyito

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Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional, informó este jueves que se cumplieron 22 horas sin conocer la situación de los presos políticos recluidos en Tocuyito que fueron secuestrados por rehenes comunes para exigir traslado.

“A esta hora no tenemos más información de la situación en la cárcel de Tocuyito, han pasado 22 horas y no hay pronunciamiento oficial al respecto, desconocemos el estado en el que se encuentren nuestros presos políticos y el personal administrativo secuestrado”, dijo Pichardo.

La mañana de este miércoles se registró un motín en el Complejo Judicial de Carabobo conocido como penal de Tocuyito. Alexander Tirado, Antonio Garbi, Jesús Albi y Juan Poletti fueron secuestrados como rehenes.

Luego de 22 horas las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho ni han publicado una versión oficial de lo ocurrido.

De acuerdo con la periodista Mildred Manrique, las autoridades quitaron la luz, agua y gas en el recinto y presuntamente la Guardia Nacional Bolivariana intentaría entrar para controlar la situación.

 

Vea la nota en El Nacional 

Al menos 32 personas han sido detenidas luego de masacre de El Junquito

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Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que al menos 32 personas han sido detenidas por el caso de Óscar Pérez.

Una comisión de la AN se encarga de investigar la muerte del policía rebelde y seis integrantes de su equipo, acaecida el pasado 15 de enero en el El Junquito.

“Han saqueado, allanado y destruido viviendas, mientras torturaban a las familias”, dijo la diputada Adriana Pichardo.

Pichardo denunció que familiares de Óscar Pérez fueron llevados a la sede del DGCIM, donde los torturados, aplicándoles electricidad en los genitales.

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la AN, sentenció que Pérez y compañía fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

“Vimos un proceso de negociación donde quedo claramente establecido que hasta ese momento no había heridos y que hay un mayor con el que conversa Óscar Perez y otra voz que se escucha y dicen que ya se van a entregar y deja constancia de que no hay heridos”.

Solórzano manifestó que todavía quedan muchas interrogantes en torno a la llamada “Masacre de El Junquito”.

“¿Estaba Lisbeth embarazada?, pues la autopsia no lo dice ,por eso se requiere el protocolo de autopsia. ¿habían niños en el lugar? No tenemos prueba de ello, no tenemos denuncias de que hubieran niños en el lugar y la última pregunta ¿son los cuerpos de estos masacrados los que están sepultados? Si son sus cuerpos” puntualizó.

Por otro lado, el parlamentario José Luis Pirela asomó la posibilidad de que el cuerpo de Óscar Pérez no esté enterrado en el cementerio del Este.

“Fuentes confiables así lo indican, el gobierno tendrá que ordenar una exhumación para determinarlo, todos tienen tiros en la cabeza producto de una dictadura que no respeta los derechos humanos”, dijo.

Por su parte Pichardo exigió un pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo.

Agregó que la madre de Antonio José Pérez Cisnero, uno de los detenidos por el caso, denunció que un comando ingresó a su vivienda y amenazaron a niños con matarlos. De acuerdo con la legisladora, los oficiales buscaban fusiles y dólares.

Finalmente, Solórzano indicó que el caso ya se encuentra en instancias internacionales.

“Ya esto está en instancias internacionales, hemos tenido una larguísima audiencia el pasado miércoles en Ginebra, Suiza con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU a quien ya le consignamos el expediente”.

 

   

 

Voluntad Popular denuncia detención arbitraria de alcalde Luis Daniel Cabezas

LuisDanielCabezas

 

La diputada a la Asamblea Nacional y dirigente nacional de Voluntad Popular,  Adriana Pichardo, denunció la detención arbitraria del alcalde del municipio Marigüitar, Luis Daniel Cabezas, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en horas de esta mañana. La parlamentaria informó que el burgomaestre se dirigió a la sede del organismo de inteligencia para prestar declaraciones sobre un proceso de licitación en el que se vendió varios vehículos antiguos de la alcaldía.
“Nuestro alcalde en Mariguitar se dirigió a las instalaciones del SEBIN para rendir declaraciones por un proceso administrativo en el que fueron vendidos unos vehículos chatarra mediante un procedimiento de licitación tal como se establece en la ley. Al día siguiente fueron detenidos unos individuos con esos vehículos y se llamó tanto al director de la alcaldía como al alcalde Luis Daniel Cabezas a declarar por este procedimiento”.
Cabezas se presentó voluntariamente en la sede municipal del SEBIN luego de que el director de la alcaldía prestara declaraciones el día anterior sin inconvenientes. No obstante, al llegar al lugar se le notificó que sería detenido por órdenes de un fiscal y de un tribunal de control.  “A sus abogados le informaron que se trataba de una detención preventiva, lo que no la hace menos arbitraria”.
Pichardo responsabilizó al gobernador Edwin Rojas por cualquier daño que pueda sufrir el alcalde legítimamente electo del municipio Mariguitar. Asimismo, señaló que se acudirá a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar la arbitrariedad del caso y exigir la liberación inmediata de Luis Daniel Cabezas.

*Con información de nota de prensa