El pasado 17 de marzo, el Ejército brasilero entró a Pintolandia, golpeó a un warao de 35 años y cortó con un cuchillo las hamacas
Migrantes y refugiados indígenas warao han denunciado que agentes de la Operação Acolhida (Operación Bienvenida) los quieren reubicar en otro centro del abrigo Pintolandia, en Boa Vista, Brasil.
De acuerdo con una publicación de Provea, este hecho violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada, estipulada en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.
“Hemos recibido amenazas físicas, verbales y psicológicas por parte de ACNUR y el Ejército brasilero”, denuncia uno de los aidamos (líder indígena) de los warao en Pintolandia, que pidió no revelar su identidad por seguridad.
Según el líder indígena, el pasado 15 de marzo, desalojaron a 308 indígenas warao y los reubicaron en el abrigo Warao a Tuaranoko, antiguo Rondón III, en la zona sur d de Boa Vista, donde se estima que vivirán hasta 1.500 personas, como parte del proceso de reunificación de los albergues indígenas Nova Canaã, Tancredo Neves y Pintolandia.
“Nosotros no estamos acostumbrados a esto, vivimos en comunidades pequeñas de entre 80 y 100 personas”, afirmó el aidamo warao a Provea, quien tuvo que huir de su comunidad Narunoko II, en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, por la emergencia humanitaria en la que está sumida Venezuela.
Actualmente, 262 indígenas, entre adultos y niños, residen dentro del albergue Pintolandia, bajo la advertencia de que hasta el 31 de marzo de 2022 recibirían asistencia humanitaria por parte del Acnur y la Operação Acolhida, y de que haría un retiro de las carpas que sirven como refugio. No obstante, estos servicios también han estado rodeados de denuncias:
“Durante tres o cuatro años han comido lo mismo, arroz con pollo, a veces fría, otras veces dañada. Esto impacta la salud del indígena”, aseguró el defensor de su pueblo indígena.
El Ejército brasilero entró a Pintolandia
En la publicación de Provea se resume además que el pasado 17 de marzo, el Ejército brasilero entró a Pintolandia, golpeó a un warao de 35 años y cortó con un cuchillo las hamacas.
“Nosotros nos asustamos, los niños, las mujeres. ACNUR también llegaba y amenazaba, ‘sino no salen, la policía va a llegar y los va a agredir a ustedes’”, denunció el indígena.
Posteriormente, el Consejo Indigenista de Roraima publicó algunas fotografías que evidencian esta acción.
Asimismo, en un video difundido por los indígenas warao el 24 de marzo, agentes de la Operação Acolhida aparecen desarmando un janoko (vivienda tradicional) construido por los warao en el albergue Pintolandia para “hacer sus bailes, cantos y tradiciones”.
Los warao, que no quieren abandonar Pintolandia, argumentan que ya tienen seis años viviendo en este lugar y que sus hijos no podrían asistir al colegio, ya que el otro albergue queda a mayor distancia de los planteles educativos y no les están garantizando un transporte escolar.
Otra de las razones de los warao para permanecer en Pintolandia es que el nuevo albergue se encuentra en una zona muy peligrosa, en la que ocurren violaciones, distribución de drogas, asesinatos y robos.
Informaron que, incluso, hace unos meses encontraron a un indígena warao muerto.
La agencia informó que hasta la mañana de este sábado unas 120.000 personas cruzaron la frontera
Cerca de 120.000 personas han huido de Ucrania a países vecinos desde el inicio de la invasión de Rusia, dijo el sábado ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
La cifra aumentaba rápidamente a medida que los ucranianos reunían sus pertenencias y se apuraban a escapar del asalto de las tropas rusas, incluyendo el intento de tomar la capital, Ucrania.
“Casi 116.000 personas han cruzado las fronteras internacionales por el momento. Esto podría aumentar, cambia a cada minuto», afirmó Shabia Mantoo, vocera de ACNUR. “Es muy fluido y cambia a cada hora».
La agencia prevé que hasta cuatro millones de ucranianos podrían huir si la situación se deteriora aún más.
Según Mantoo, la mayoría se dirigen a Polonia, Moldavia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, y algunos entraron a Bielorrusia, desde donde partió uno de los frentes de la ofensiva de Moscú. Todas estas naciones tienen frontera con Ucrania.
Aunque no disponía de inmediato del desglose por países, Mantoo afirmó que la principal opción era Polonia, donde alrededor de dos millones de ucranianos se han asentado en los últimos años, luego de las primeras incursiones rusas en Ucrania en 2014 y atraídos por las oportunidades de la floreciente economía del vecino de la Unión Europea.
El gobierno polaco dijo el sábado por la mañana que más de 100.000 ucranianos cruzaron su frontera en las últimas 48 horas.
En el paso fronterizo de Medyka, una fila de vehículos que esperaba para entrar a Polonia se extendía 15 kilómetros (9 millas) hacia Ucrania, según quienes ingresaban al país, reportó la televisora polaca TVN24.
Cinco menores de edad de nacionalidad venezolana han muerto en lo que va de 2022 en el intento por llegar a otros países
El promedio de edad de los fallecidos es de 6 años
Organizaciones nacionales e internacionales demandan el establecimiento de rutas seguras para los viajeros que escapan de la crisis humanitaria compleja
13 países de América han adoptado medidas de petición de visas y pasaportes vigente para tratar de frenar flujo migratorio
Cinco niños venezolanos migrantes han muerto en lo que va de 2022. El pasado 18 de enero, Victoria Lugo de 7 años se ahogó en el Río Grande cuando pretendía cruzar junto a su familia de manera irregular el paso fronterizo entre México y los Estados Unidos.
Keiler Vargas, de 2 años, falleció en el trayecto entre Perú y Bolivia el 29 de enero por supuesta falta de oxígeno. Leangel Gutiérrez, de 10 años, pereció el 3 de febrero en un accidente de tránsito, cuando el autobús en el que viajaba con su madre se volcó en la vía entre Pasto e Ipiales al sur de Colombia. Ese mismo día, el niño de 10 años,José Fabian Chacín, falleció junto a su padre, también en un accidente de tránsito en Ipiales. Ambos, pertenecientes al pueblo Wayuu, partieron del municipio Mara en el estado Zulia con destino a Perú.
Y Yaelvis Santoyo Sarabia, de apenas 1 año, murió luego de que una bala disparada por agentes de seguridad de Trinidad y Tobago le alcanzara la noche del 5 de febrero. El niño iba en los brazos de su madre a bordo de una embarcación que salió de Delta Amacuro rumbo a las costas trinitarias.
Las muertes de los niños, con una edad promedio de 6 años, reflejan el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los migrantes venezolanos y especialmente los menores.
Pese a la cifra de 5 fallecidos en menos de dos meses, ni el gobierno de Nicolás Maduro ni administraciones de otros países se han solidarizado con el drama migratorio y humanitario que vive el pueblo venezolano. De parte de la gestión chavista, solo han existido tímidos acercamientos con su homólogos trinitarios y una promesa de acelerar las investigaciones en torno a la tragedia de Yaelvis Santoyo Sarabia.
Embajadora Faria responsabiliza al régimen de Maduro por la muerte de cientos de niños venezolanoshttps://t.co/KicOcj2Six
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) February 9, 2022
En el informe Pequeños en Movimiento, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), se exponen los riesgos que afrontan los niños migrantes venezolanos en su traslado y llegada a los países receptores de la región.
Uno de los principales peligros representa la presencia de grupos irregulares armados en la frontera colombo-venezolana, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc), así como bandas delictivas entre las que destacan los “Rastrojos”, los “Pelusos” y el Tren de Aragua.
El documento expone que los menores de edad se ven expuestos a redes de trata de personas, prostitución infantil, extorsión, contragando y tráfico de drogas.
Carlos Rodríguez, investigador del CDH de la UCAB, dijo que en los últimos años se ha incrementado la migración irregular en Venezuela.
“Desde que varios países de la región exigen visa y pasaporte vigente a venezolanos, esa migración no se está haciendo por pasos fronterizos sino que por trochas y caminos irregulares, donde además de adultos por supuesto vemos a niños acompañados y solos”.
Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) sostuvo que desde esta organización no alientan la migración irregular, pero tampoco la critican.
“El problema son los pasos clandestinos, donde hay todo tipo de peligros y donde los menores se ven expuestos a situaciones como secuestro, extorsión, violencia sexual y hasta la muerte como lo vimos en el caso del nino en Trinidad y Tobago”.
Trapani indicó que los países receptores deben preservar los derechos humanos de los niños que viajan solos o en compañía de sus familiares.
El coordinador de Cecodap manifestó que el suceso en Trinidad y Tobago no puede considerarse como un hecho aislado. “Hemos visto una política de violación sistemática de los derechos de los venezolanos en ese país, condenamos la criminalización y la estigmatización de los migrantes, los tratados internacionales comprenden la protección a las personas, especialmente a los niños”.
Trapani: El Gobierno de Trinidad y Tobago tiene un patrón sistemático de ataque contra los migrantes venezolanos https://t.co/sLzr3rKkLK
A finales de 2020, 32 personas perdieron la vida ahogadas en el corredor marítimo migratorio que se ha formado entre la población de Güiria en el estado Sucre y las costas de Trinidad y Tobago. Versiones indican que dos balsas zarparon de la localidad sucrense hacia la isla del Caribe, las autoridades trinitarias las interceptaron e hicieron regresar a las personas en una sola que zozobró. A bordo iban 16 niños, según familiares de las víctimas.
Trapani agregó que cada Estado tiene derecho a proteger sus fronteras y establecer una política migratoria, pero el argumento de la defensa no puede pasar por encima de los derechos de los niños viajeros.
“La soberanía no es una patente de corso para cometer atropellos y violar los derechos de los más vulnerables, este caso del niño asesinado en Trinidad y Tobago tuvo repercusión por lo cruento, pero seguramente hay muchos más que no son tan graves, pero no por eso menos importantes”.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseguró que la muerte de Yaelvis Santoyo Sarabia fue un accidente y defendió la labor de los guardacostas de su país.
Sostuvo que los efectivos estaban cumpliendo órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales. “La embarcación fácilmente podría haber transportado cualquier cargamento de armas, municiones o asesinos”, dijo.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) y Unicef condenaron el hecho.
“Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras sinceras condolencias a los familiares. Nadie en búsqueda de nuevas oportunidades, seguridad y protección debería perder la vida”, dijo Eduardo Stein, representante de Acnur y la OIM . “Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de su hijo en un barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción”, agregó Jean Gough, directora general de Unicef para América Latina.
Cuatro agencias ONU (ACNUR, OIM, ACNUDH y UNICEF) piden investigar muerte del bebé venezolano que murió en brazos de su madre en Trinidad y Tobago: “Estamos consternados por esta tragedia. Nadie en búsqueda de nuevas oportunidades debería perder la vida”https://t.co/F1rqbIMR4x
Carlos Rodríguez sentenció que 13 países de América han adoptado la petición de visas y pasaportes vigente para tratar de frenar el flujo migratorio venezolano.
“A partir de 2019 empieza el recrudecimiento del cierre de fronteras a los venezolanos. Pese a eso y al coronavirus que llegó poco después, la migración no se ha detenido”.
Trapani manifestó que la migración en Venezuela es forzada debido a la hecatombe humanitaria compleja.
“En Venezuela hay una crisis estructural que involucra instituciones y servicios, donde existen problemas de educación, salud y bienestar social que repercuten en el desarrollo de los niños y adolescentes”.
El informe Pequeños en Movimiento, ratifica que Colombia es el principal receptor de niños migrantes venezolanos. De acuerdo al Plan Regional de Respuesta para las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) , 1.641 niños de nacionalidad venezolana se encontraban bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para finales de agosto de 2019, entre ellos, 152 sin acompañantes.
Un estudio publicado en 2019 por Human Rights Watch revela que entre mayo y noviembre de ese año, 529 niños y adolescentes no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, de los cuales el 90% tenía entre 13 y 17 años.
Por su parte, Unicef estimó que, para finales de 2020, 2.500 menores de edad atravesaron la frontera desde Venezuela hacia Brasil.
Rutas seguras para migrantes
Para Carlos Trapani, la tragedia de los niños venezolanos que emigran tiene implicaciones que van desde lo fundamental, como el respeto a los derechos humanos, hasta elementos de carácter jurídico.
“Un niño que sale de Venezuela sin identificación porque no tiene cédula o pasaporte está expuesto a muchos peligros. El Estado debe garantizar el derecho a la identificación de los menores de edad, un niño que está afuera sin cédula o pasaporte está en situación de desventaja en comparación con los demás”.
El director general de Cecodap instó al Estado venezolano y a los países receptores de migrantes a establecer rutas seguras y espacios de protección para los niños.
“Hay que hacer un esfuerzo mancomunado para que este tipo de situaciones no se repitan. Las familias venezolanas no migran por gusto, lo hacen por necesidad, es una opción de supervivencia”.
“Los sistemas que puedan garantizar la entrada segura y regularizada de refugiados y emigrantes pueden disuadir a las personas de recurrir a los traficantes y salvar vidas”, sostuvo Stein de Acnur y la OIM. “Para evitar que tragedias sigan ocurriendo, se necesita seguridad en las vías y asistencia a los más vulnerables”.
La Agencia de la ONU para los Refugiados informó que reforzará su respuesta en la frontera norte de Chile
Según los datos de las autoridades locales, desde noviembre de este año, entre 400 y 500 refugiados y migrantes de Venezuela cruzan diariamente la frontera de Bolivia a Chile
La mayoría de venezolanos que llegan a Chile lo hacen a través de rutas irregulares y en condiciones de inseguridad
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció hoy que reforzará su respuesta en la frontera norte de Chile para garantizar un acceso seguro al elevado número de venezolanos que se espera que lleguen en condiciones extremas durante los próximos días.
La situación en Venezuela es insostenible para miles de personas que semanalmente se ven obligadas a abandonar su país debido a la grave crisis económica, destacó en un comunicado la organización con sede en Ginebra.
Según los datos de las autoridades locales, desde noviembre de este año, entre 400 y 500 refugiados y migrantes de Venezuela cruzan diariamente la frontera de Bolivia a Chile.
La Agencia de la ONU señaló que la mayoría de venezolanos que llegan a Chile lo hacen a través de rutas irregulares y en condiciones de inseguridad.
“Algunos se ven obligados a atravesar el desierto de Atacama, donde los peligros incluyen el riesgo de explotación sexual y abuso por parte de grupos criminales”, indicó.
“Llegan a pie, sin ropa apropiada para las condiciones climáticas extremas del desierto, donde los días son muy calurosos y las temperaturas nocturnas pueden bajar hasta los 20 grados bajo cero”, agregó.
La jefa de la oficina nacional de ACNUR, Rebeca Cenalmor-Rejas, agregó que están reforzando su respuesta en la frontera norte para apoyar a las autoridades nacionales, regionales y locales a garantizar un acceso seguro y mejorar las condiciones de acogida.
En coordinación con las autoridades, y con el apoyo de los socios, ACNUR da información y asesoramiento legal a los venezolanos recién llegados.
Además, la Agencia también proporciona alimentos, atención médica, alojamiento de emergencia, así como artículos de ayuda básicos, tales como mantas y ropa de invierno.
Migración venezolana ya supera los 6.000.000 de personas
De acuerdo con las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, difundidas el pasado mes de noviembre, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos superó los 6.000.000 de personas.
De este total, 4,992,664 están en América Latina y el Caribe (80%) y hay más de 400.000 en Chile.
¿Cuántos migrantes venezolanos hay en América Latina? 4,9 millones.
En una nota explicativa, señalaron entonces que, desde marzo de 2020 los países de la región adoptaron medidas para frenar la pandemia de COVID-19, como el cierre de fronteras y la restricción de movimientos, lo que limitó considerablemente el flujo regular de refugiados y migrantes.
Como resultado de esas medidas, la plataforma registró un «aumento considerable de los flujos irregulares» que requieren que los gobiernos y actores de R4V «adapten sus respuestas a las necesidades de protección humanitaria y de integración».
«En el último año, los refugiados y migrantes de Venezuela se han vuelto aún más vulnerables, entre otras cosas por la pérdida de su ya limitado apoyo social y económico para cubrir las necesidades básicas, especialmente en áreas vitales como el alojamiento, la alimentación, la protección y la atención sanitaria», añadió el reporte.
¿Sabías que el éxodo de personas refugiadas y migrantes de Venezuela 🇻🇪 es el segundo más grande del mundo? 🌎
Hasta noviembre de 2021, más de 6 millones de personas salieron de Venezuela y el 80% vive en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con la Nota de Entendimiento de la Acnur, las personas migrantes y refugiadas, al estar en un estado de vulnerabilidad, requieren protección internacional
Un informe publicado en agosto de 2021 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), reveló que las migrantes venezolanas son presa fácil de formas de esclavitud moderna, como el trabajo forzado o la explotación sexual
Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas no tienen fácil la supervivencia fuera de su tierra natal. Factores como la violencia de género, violencia sexual y el femicidio, aunado a las complicaciones generadas por la pandemia de COVID-19, las vuelve aún más vulnerables.
De acuerdo con los informes publicados por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), hasta septiembre de este 2021 se han contabilizado 70 femicidios de venezolanas en el exterior y 7 en grado de frustración, siendo Colombia uno de los países donde más se reportan estos casos.
Desde el año 1981, cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de denunciar la violencia que viven las mujeres en todo el mundo, así como para exigir políticas que conlleven a la erradicación de la misma y según la Organización de Naciones Unidas eso incluye «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 30 % de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, señalando que la mayor parte de las ocasiones el agresor es la pareja. La OMS añade que 27 % de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física y/o sexual por su pareja.
Venezolanas víctimas
El pasado 28 de octubre, organizaciones feministas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realidad que viven las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela, al no contar con protección social por parte del Estado. Las organizaciones Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), 100% Estrógeno, Uquira, Fundamujer, Fundación Vida Jurídica, y la organización internacional Women’s Link Worldwide fueron escuchadas en el en el 181 Periodo de Sesiones de la CIDH.
Durante la sesión, Carolina Godoy, de la ONG Cepaz, denunció: “Desde el 1 de enero hasta 30 de septiembre de 2021 han ocurrido 207 femicidios consumados, 30 solamente en septiembre, que dejó un saldo de 7 niños huérfanos y 11 femicidios frustrados”.
Lo anterior se refiere al contexto nacional. Pero, ¿qué pasa con las mujeres migrantes? De acuerdo con un artículo publicado por Mujeres ONU, para muchas mujeres migrantes de todo el mundo, “las desigualdades de género generalizadas, sumadas al racismo sistemático, la violencia y otras formas de discriminación, hacen que la pandemia haya tenido un efecto devastador en sus medios de vida y su salud”.
Migración y efectos de la pandemia
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actualmente hay 5,9 millones de migrantes venezolanos, de los cuales más de 850.000 son solicitantes de asilo, más de 170.000 son refugiados y más de 2,5 millones de personas viven bajo otras formas legales de estadía en las Américas.
Asimismo, Acnur señala que la mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. “A menudo, obligados a tomar rutas irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos armados irregulares”, advierten.
Con el objetivo de conocer el impacto que la pandemia ha tenido en los migrantes venezolanos, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) llevó a cabo una encuesta entre 1200 familias. Los resultados se publicaron en octubre de 2021.
La ONU señala que tres cuartos de quienes perdieron su hogar durante la pandemia empezaron a vivir en la calle, siendo que el 80% eran mujeres quienes, además, en más de la mitad de los casos, eran las proveedoras principales de sus familias.
Violencia y falta de apoyo jurídico
En su informe del 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), analizó las cifras del 2019 capturadas por la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM), con características demográficas básicas de las mujeres migrantes y refugiadas.
Algunos datos presentados en el documento son:
35% de las mujeres reportó haber sufrido violencia física, el 25% violencia verbal, el 11% violencia psicológica y el 10% violencia sexual.
La mayoría de las mujeres que sufrió estas cuatro formas de violencia estaba en el grupo de edad entre 18-34 años y tenía estudios secundarios.
Entre las mujeres que viajaron solas, 39% reportó ser víctimas de violencia física, 24% reportó sufrir violencia verbal, 12% dijo ser víctima de violencia sexual y 9% expresó haber vivido violencia psicológica.
El 40% de mujeres respondió que había sentido discriminación y el 86% de ellas reportó que había sido con base en su nacionalidad.
Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas reportaron sus necesidades de mayor prioridad de la siguiente manera: ingresos/empleo (28%), apoyo jurídico (19%), asistencia en trámites documentales (16%) y ayuda médica (16%).
En cuanto a las principales dificultades durante el viaje reportadas por las mujeres entrevistadas, se relataron las siguientes: falta de recursos (67%), carencia de comida/ agua (35%), falta de medios de transporte (33%) y falta de información (33%).
En un estudio presentado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), se reveló que el 80% de los encuestados que fueron desalojados eran mujeres, de los cuales 22% estaban embarazadas o lactando. Además, entre las mujeres desalojadas, un 55% proveían el sustento a la familia. Dentro de las mujeres en riesgo de desalojo, un 58% también eran cabezas de hogar.
“Hogares liderados por mujeres en situación de desplazamiento son más susceptibles a la discriminación, falta de acceso a empleo o asistencia y violencia basada en género – particularmente en sociedades más patriarcales”, advierte la el informe.
El informe añade que los hogares liderados por mujeres venezolanas en el exterior enfrentan obstáculos que se incrementan, al combinarse con las necesidades que requieren asistencia específica, como tener enfermedades crónicas, crianza uniparental, discapacidades o la presión de sostener a una familia extensa.
“Dentro de los encuestados, casi un tercio de las familias desalojadas o en riesgo de desalojo con mujeres como sostén de la familia tenían tres o más hijos e hijas”, agrega.
Femicidios, trata y esclavitud
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que mensualmente publica informes de femicidios en Venezuela, también incluye los femicidios de venezolanas en el exterior. De acuerdo con la organización, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 70 muertes violentas de venezolanas en el exterior y seis femicidios en grado de frustración. Abril fue el mes con más femicidios de venezolanas en el exterior (12), donde, en promedio, se registró un femicidio cada 60 horas.
En la mayoría de los casos que registra Cepaz, los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en Colombia. Otros países donde se registraron estas muertes, según la organización, fueron Perú y Ecuador.
Un informe publicado en agosto de 2021 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) reveló que las migrantes venezolanas son presa fácil de formas de esclavitud moderna, como el trabajo forzado o la explotación sexual.
El estudio señala que los migrantes venezolanos se exponen a redes de tráfico humano, especialmente en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil al salir del país sin documentos.
De acuerdo con el documento, existen bandas que se aprovechan de mujeres y adolescentes migrantes de Venezuela que salen del país sin dinero, sin pertenencias y, en ocasiones, con signos de desnutrición. Las engañan con la promesa de agilizar permisos migratorios y llevarlos a sitios supuestamente seguros.
Asimismo, destaca el CDH-UCAB que el uso de redes sociales y otros medios interpersonales “siguen siendo de las principales herramientas de captación”.
Solo en el Norte de Santander se determinó que el 90% de las trabajadoras sexuales son de nacionalidad venezolana, de acuerdo con el informe.
Pero esta no es una situación que ocurre solo en Colombia y Brasil, pues el documento recuerda que la OIM, en un informe realizado en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, reveló que el 21% de 4.600 venezolanos encuestados fueron obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron.
Por otra parte, un trabajo publicado por Runrun.es señaló que 517 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas durante el año 2020, según registró el informe “Libres y Seguras” de la organización civil Mulier Venezuela, presentado en el III Seminario de Trata de Personas, organizado por Éxodo.
La cifra representa una disminución con respecto al año 2019 cuando se documentaron 672 mujeres recuperadas. Sin embargo, Verónica Mesa, coordinadora de investigación de Mulier, señaló que, aunque la cifra se haya reducido, no implica que el delito se reduzca.
Necesidad de protección
En un taller organizado por Cepaz, Acceso a la Justicia y la Red Nacional de Activistas Ciudadanos por los DDHH, Beatriz Borges, abogada y defensora de los DDHH de las mujeres, explicó que las personas migrantes y refugiadas necesitan protección internacional.
Durante su intervención en el evento «Situación de las mujeres venezolanas en movilidad, documentación de casos y acciones de protección y defensa», la directora de Cepaz recordó que, de acuerdo con la Nota de Entendimiento de la Acnur, las personas migrantes y refugiadas de Venezuela requieren protección internacional.
Además, resaltó la definición ampliada de Refugiado Declaración de Cartagena, que considera como refugiado a las personas que “han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Borges citó algunos datos relacionados con las mujeres migrantes, en donde señala que son ellas las que invierten tiempo para buscar y llevar la comida al hogar, migran para dar a luz debido a la falta de recursos en Venezuela y están expuestas a la trata de personas, sobre todo en zonas donde se practica la minería ilegal.
Por otra parte, destaca que las violencias de género como el abuso sexual, la violencia de pareja y la violencia sexual “siguen siendo naturalizadas, silenciadas e invisibilizadas por hombres y mujeres”.
Situaciones como la pobreza, la falta de empleo, las violencias y las distintas manifestaciones de la desigualdad de género son las principales razones por las que se marchan de su país de origen.
El desguace demográfico de Venezuela no tiene precedentes en América Latina, ni siquiera se le asemeja ninguna otra tragedia poblacional en el continente
Anidarse fuera del país era un hecho bastante extraño entre los venezolanos, apenas registrado como un recuerdo personal o una anécdota que no pasaba de la esfera familiar o grupal.
La fabulosa renta petrolera aseguraba las condiciones para fijar la población en el territorio nacional y atraer emigrantes de muchas partes del mundo. Después de la II Guerra Mundial Venezuela acogió a casi un millón de europeos, principalmente españoles, portugueses e italianos.
A partir de los años sesenta recibió más de dos millones de latinoamericanos y caribeños, medio millón de musulmanes e igual número de chinos.
La emigración no era una opción para los venezolanos. Irse era un acto prácticamente impensable, reservado para el exilio político, una oportunidad de mejoría imposible de rechazar u otras excepciones.
«Allá no teníamos que comer»
Ir al destierro es una decisión compleja, de las más difíciles en la vida. Para quienes dan ese paso motu proprio encierra un deshojar la margarita sobre múltiples factores, no así para quienes son empujados por la crisis como única alternativa. Pero todos aterrizan siempre en una aventura que reverbera en las personas y su grupo familiar.
El componente afectivo que entraña es tal vez el más poderoso obstáculo a vencer para tomar la determinación o verse obligado a irse a echar raíces fuera del país de origen. En los ruegos y consultas que produce la salida se pone lo que resta del ánimo espiritual. Apartarse de los suyos y de su entorno no es una determinación sencilla, ni libre de carga emocional de alta incidencia.
Video: Frank Sinatra – Have Yourself A Merry Little Christmas (Official Video) | Canal en Youtube de Frank Sinatra
Emigrar despierta el natural miedo a enfrentarse a lo desconocido. A no saber cuán firme es el nuevo terreno a pisar, a andar por vericuetos desconocidos. Es una resolución que oscila las perspectivas de vida. Altera todas sus líneas y trazos. En un trágico testimonio de 2019, múltiples veces repetido con algunas variantes, se relata: «Viajé con muchas ilusiones. Por mi profesión pensé que iba a poder trabajar y ayudar a mi familia. Todas esas ilusiones, con el tiempo se fueron derrumbando. Salí con una maleta llena de ilusiones y llegué con una bolsa llena de desilusiones».
“Si uno supiera lo que iba a enfrentar, tal vez no hubiera salido”, han dicho algunas personas; pero luego, al mirar al horizonte, afirman que no regresarían a su país de origen a pesar de los retos que deben enfrentar con los procesos de regularización e integración en su nuevo destino. “Allá no teníamos que comer, acá por lo menos tenemos las tres comidas; con 5 dólares podemos comprar algo para comer”, informa ACNUR.
La dimensión de la tragedia
La propaganda oficial de la dictadura sobre supuestos retornos masivos de migrantes no puede ocultar la dimensión de la tragedia. Borrar su impacto es un objetivo inalcanzable ni siquiera con su grosera hegemonía comunicacional.
La crisis que ha hecho jirones a Venezuela desatando una emergencia humanitaria compleja, ha desgajado del territorio nacional alrededor de 7 millones de venezolanos, según los números referidos por OEA.
Por su parte, ACNUR informa de «5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo». Define a los refugiados como «una persona que no puede retornar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución o graves indiscriminadas amenazas contra la vida, la integridad física o la libertad”. Y a los migrantes como «todos los casos en los cuales la decisión de migrar es tomada libremente por la persona en cuestión por razones de ‘conveniencia personal’, sin la intervención de factores coercitivos externos».
Pero seis o siete millones de venezolanos emigrantes, un poco más un poco menos, son cifras descomunales, que se agigantan cuando descubrimos que rondan un quinto o un cuarto de la población total del país.
Proporción que podría alcanzar niveles más dramáticos si, como todo indica, no se producen los cambios políticos y económicos esperados que mejoren las condiciones de vida de la población.
Cualquiera sea su estatus jurídico, es un drama que cobra ribetes particularmente trágicos para quienes debieron irse en las siguientes circunstancias: «Esa noche el pueblo fue atacado por tanquetas de la Guardia Nacional, hubo un pequeño enfrentamiento en el puente, con gases lacrimógenos, disparando sin saber a dónde, salieron afectados muchos niños por los gases. En la madruga me llamaron y me dijeron que tenía que salir del municipio con mi familia. Salimos como si fuéramos delincuentes, recogimos lo más que pudimos y hasta dejamos la casa abierta, por los nervios», según registro de ACNUR en 2019.
O peor aún, como el dolorosísimo caso de los 32 náufragos de Guiria, que en diciembre de 2020 encontraron la muerte ahogados al hundirse en el mar la endeble embarcación que los trasladaba en un desesperado viaje por mar hacia Trinidad. Un familiar de las víctimas en pleno duelo por sus pérdidas dijo al diario El País de España: “Acá en Güiria la cosa está fea y todo el mundo está buscando cómo irse. No tenemos ni gas para cocinar y todo es diez veces más caro acá. Como todos tenemos familia en Trinidad, ellos se iban a pasar las Navidades allá con una hermana. Mis dos sobrinos iban ahí y uno de ellos se iba a quedar, porque acá no hay nada que hacer”.
La convicción más precisa, para quien toma la decisión del destierro como parte de una oleada de gentes de un país abatido por una crisis global, es la de pensar que en su tierra ya no hay futuro. Por lo que solo afuera podrá encontrarlo: «Dejamos todo en Venezuela. No tenemos un lugar donde vivir o dormir y no tenemos nada para comer”, dice Nayebis Carolina Figuera, una venezolana de 34 años que huyó al vecino Brasil, reseñada por ACNUR.
La desesperación es tan grande que en el juicio personal de cada quien se redobla la voluntad de correr cualquier riesgo, bien los peligros de las travesías a pie. Ana, venezolana en Ecuador, reveló a ACNUR que caminó «por 11 días y tuvimos que dormir a la intemperie. Nos fuimos porque nos amenazaron con matarnos. Mi hermano fue asesinado… casi me matan también”. Gerardo, padre venezolano en Perú, narró que le había llevado «más de siete días llegar a Perú. No teníamos nada que comer al final. Tratamos de ahorrar todo para nuestro hijo, pero también pasó más de 24 horas sin comer un bocado. Solo tiene tres años».
Otro entrevistado por el organismo internacional dijo que «Debido a la pandemia aquí en Lima, Perú, (la situación) ha sido muy compleja porque se nos ha puesto difícil por el tema de la cuarentena. Yo siendo padre de familia tuve que tomar la decisión de salir de Lima porque no hay trabajo y tomé la decisión de irme caminado desde Lima hasta la frontera de Ecuador pidiendo cola en mulas. (…) En el camino conocimos padres con sus bebés de meses hasta niños pequeños de 2 años y 3 años caminando, también».
Los horrores del desprecio xenófobo han derivado hasta en abuso sexual: «Hubo momentos que uno no quisiera recordar jamás. Se aprovechaban de nuestra situación. En una ocasión, en un lugar de Colombia donde hace demasiado frío, le pedimos a un “gandolero” que nos sacara de ahí (…) Me tuve que arrodillar para que me sacara de ese lugar porque el frío me iba a matar. Y el señor sí nos dio la cola, pero igual se aprovechó de la situación; me puso a hacer cosas que no se pueden contar», recoge en 2019 una publicación de ACNUR 2019.
La xenofobia ha alcanzado grados impensables de agresión y violencia contra migrantes venezolanos. Recientemente en Chile les fueron quemadas sus carpas donde se refugiaban. La violencia ha sido estimulada incluso por los dirigentes políticos. Abundan los casos en Perú, Colombia y muchos otros países.
La gigantesca herida de la diáspora
Los venezolanos huyen de una tragedia que parece no tener fin, al menos en el corto o mediano plazo; abrigando la esperanza de encontrar condiciones para aliviar sus penurias y contribuir con la de quienes dejan atrás.
Ese desgarramiento humano del territorio nacional se hace más desconsolador al saber que el 90 % (seis millones) se han ido entre 2017 y 2021 (EN 5 AÑOS).
En su ensayo La gran migración Hans Magnus Enzensberger, notable ensayista alemán, recuerda que «entre 1851 y 1901 (en 50 AÑOS) emigraron alrededor del 71 % de los irlandeses», aproximadamente 6 de 8,5 millones.
La comparación revela la magnitud de la diáspora venezolana. Es un dato doloroso que dibuja la herida inmensa y profunda que ha dejado sobre la nación. Y la amenaza de que aumente el desplazamiento de los refugiados entumece el alma nacional.
El desguace demográfico de Venezuela no tiene precedentes en América Latina. Ninguna otra tragedia poblacional en el continente durante los dos últimos siglos ni siquiera se le asemeja.
En proporción, la diáspora criolla supera incluso el drama de Haití, calculada por ONU en cerca del quinto de la población, próxima a los dos millones de personas forzadas a dejar su tierra después del devastador terremoto de enero de 2010; más del doble del tiempo en que ha ocurrido la venezolana.
La diáspora de doce millones de mexicanos, aunque más numerosa, ronda solo el 10 % de la población total del país azteca. Y su ocurrencia se ha espaciado por cinco o seis décadas.
La nicaragüense anda en un 10 % de su población. Y los cerca de seis millones de colombianos que viven fueran de su país anda en un 12 % de su población. En el ámbito mundial, la tragedia venezolana se acerca a la de Siria, con la diferencia de que la diáspora en ese país es producto de una guerra.
Una nación de parias que no se deja
La dimensión de la catástrofe se aprecia con mayor nitidez cuando advertimos que el número de emigrantes es la misma cantidad de habitantes que tenía el país en 1958, cuando los venezolanos se dieron la democracia como forma de gobierno.
Siete millones de venezolanos es una cifra difícil, inmanejable, que estalla en conflictos de toda índole. Son los visitantes inesperados que se vuelven un factor del juego político en los países donde llegan.
La indefinición de su estatus jurídico es terreno abonado para que en torno a ellos se tejan intereses y despierten sentimientos encontrados de afirmación y negación, aceptación y rechazo, uso y abuso, solidaridad y xenofobia, sinceridad y manipulación.
En su mayoría, andan en condición de parias o como desplazados excluidos de las ventajas que gozan los nacionales del país en donde se encuentran. En una condición de ciudadanos de segunda o simplemente como ilegales.
El drama de la mayoría de los emigrantes venezolanos es ese capitis deminutio que enfrentan día a día, en la calle, en los puestos de trabajo, ante las instituciones nacionales; en la xenofobia que los agrede y trata con desprecio. Sin que ello disminuya su afán de luchar personal o colectivamente por mejorar su situación.
La voluntad de salir adelante
Pero no todo es trágico. Allende las fronteras nacionales hay una Venezuela que late por el mundo cuyo papel será determinante en el futuro de la nación.
La diáspora venezolana tiene también una potencialidad que se expresa en triunfos individuales y colectivos en el arte, la ciencia, el deporte y en muchas cosas más con mayor o menor intensidad de acuerdo a los sitios en las que se ubica.
La aprobación del TPS en Estados Unidos, con una comunidad de más de medio millón de venezolanos, ha dado mayor estabilidad que repercutirá en un mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y en su aporte a ese país. Una eventual aprobación de la Ley de Inmigración, ofrecida por la vicepresidenta Kamala Harris, reforzaría con creces esa tendencia.
La conciencia de su elevado número le ha dado fortaleza que deviene en organización y en movilización. El manejo de las redes sociales y las ONG ha ayudado mucho en esos cometidos y en su mayor dinamismo. Por lo demás, no es un mero dato que la gran mayoría de los venezolanos tiene además experiencia en la lucha política contra la dictadura.
El alto nivel educativo promedio es, con mucho, superior al de otras comunidades de inmigrantes e incluso al de los nacionales. Dice ENCOVI que el 56 % de los migrantes es bachiller y el 32 % tiene educación superior. Un 39 % habría cursado algún año de educación universitaria o había completado estudios a ese nivel.
Ventaja a la que se suma su juventud. Según la encuesta ENJUVE (UCAB), el “51 % de quienes dejaron el país en los últimos cinco años son jóvenes de 15 a 29 años y 90 % si se considera el tramo de 15 a 49 años». Son «jóvenes en edades activas, cuya principal razón de emigrar es la necesidad de buscar empleo en otro país (86 %)».
Los avances en la condición jurídica de los venezolanos serán, sin duda, una fuente para mayores éxitos. Mientras tanto, el denuedo y la voluntad de salir adelante es el mejor signo de la Venezuela que crece afuera, siempre pensando y ayudando en y a la que sigue adentro.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Según la plataforma R4V, más de 5.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han salido del país
Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas designado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, denunció este sábado 24 de octubre que la crisis migratoria venezolana se acerca a ser la más grande del mundo, al mencionar las nuevas cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
«Casi 6 millones de venezolanos se han visto en la obligación de irse de su país por culpa de la emergencia humanitaria compleja que ha generado el régimen de Nicolás Maduro; nos acercamos a convertirnos en la crisis migratoria más grande del mundo», escribió a través de su cuenta de Twitter.
Casi 6 millones de venezolanos se han visto en la obligación de irse de su país por culpa de la Emergencia Humanitaria Compleja que ha generado el régimen de Nicolás Maduro; nos acercamos a convertirnos en la crisis migratoria más grande del mundo. https://t.co/yXnVXtWRZG
Según las cifras divulgadas por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de 5.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han salido del país, de los que el 82 % vive en países de América Latina y el Caribe.
Los datos de la plataforma revelan que Colombia es el país que más venezolanos ha acogido (1,74 millones), seguido por Perú (1,29 millones), Ecuador (482.900), Chile (448.100) y Brasil (261.400).
R4V fue creada después de que, en abril de 2018, el secretario general de las Naciones Unidas diera directrices para que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lideraran y coordinaran la respuesta regional a la situación de los migrantes.
Para el canciller Jorge Arreaza, el pugilista «no es un refugiado» sino un migrante, por lo que «puede volver a casa (Trinidad y Tobago) cuando quiera»
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) aseguró este 27 de julio que procura brindar ayuda al boxeador venezolano Eldric Sella, que asistió a los Juegos de Tokio como parte del Equipo Olímpico de Refugiados, un día después de que su padre revelara que el pugilista no puede regresar a Trinidad y Tobago, donde había estado viviendo.
Sella duró solo 67 segundos en su pelea inaugural contra el dominicano Euri Cedeño, lo que acabó con las aspiraciones olímpicas del boxeador de 24 años que en 2018 huyó de Venezuela hacia Trinidad y Tobago.
Su padre, Edward Sella, había dicho a VPItv un día antes de la participación del boxeador, que su hijo no puede regresar a Venezuela y que la familia había buscado ayuda de Acnur.
«El gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tiene un documento válido para otorgarle la visa porque el documento no es válido», dijo Sella padre.
«Acnur está en conversaciones para evaluar la solución más adecuada para Eldric Sella y su familia (…) Estamos muy orgullosos de los logros de Eldric como parte del Equipo Olímpico de Refugiados y estamos agradecidos por todo el apoyo brindado a él ya su familia hasta ahora», dijo un portavoz del organismo.
No quedó claro por qué Sella no podría regresar a Trinidad y Tobago, donde había solicitado asilo.
Antes de viajar a Japón, tuvo que obtener una exención del gobierno de Trinidad y Tobago debido a su condición de refugiado.
En un comunicado publicado en Twitter, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, dijo que Sella «no es un refugiado» y acusó a Acnur de «usarlo ideológicamente contra Venezuela».
«Nadie lo está persiguiendo», dijo Arreaza, quien destacó que Sella había «migrado» a Trinidad, por lo que «puede volver a casa cuando quiera».
