La nueva prisión para albergar a 40.000 detenidos desató una discusión en redes sociales entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el colombiano, Gustavo Petro
Activistas de ONG en Venezuela critican dimensión del recinto penitenciario, fustigan exhibicionismo del aparato de propaganda política de El Salvador y cuestionan estado de excepción del país centroamericano que ha generado denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales
Capacidad para 40.000 presos, extensión de 116 hectáreas, ocho módulos, custodia de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, pabellones de confinamiento, sistema de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal, 19 torres de vigilancia y cerco eléctrico de 2,1 kilómetros de longitud son algunas de las características del “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, inaugurado recientemente en El Salvador.
Como si se tratase de una puesta en escena cinematográfica con múltiples cámaras, 2.000 presos rapados con tatuajes en el cuerpo, descalzos, esposados y portando apenas un short blanco son llevados en autobuses desde sus centros de reclusión a la nueva Megacárcel.
Una vez allí, funcionarios de seguridad encapuchados les ordenan sentarse uno detrás de otro. Apilados en el patio del recinto, los reos parecen una composición del fotógrafo estadounidense especialista en desnudos masivos, Spencer Tunick.
No es una película de ficción, es la realidad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que hace un mes presentó la prisión como uno de los principales adelantos de su gestión contra la delincuencia.
“Esta será su nueva casa donde vivirán por décadas sin hacerle más daños a la población”, dijo Bukele a los presos, que mayoritariamente, pertenecen a las maras, organizaciones criminales de pandillas criminales, cuyas actividades incluyen narcotráfico, robo, extorsión, trata, secuestro, asesinatos por encargo y contrabando.
“Me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas y tal vez si lo soy, comparado con los parásitos que nos gobernaron antes, comparado con políticos de otros países que han de ser igual de parásitos”, añadió Bukele.
Arrestos masivos cuestionados por organizaciones de DDHH
Los arrestos masivos en El Salvador a propósito del estado de excepción decretado hace un año para combatir al crimen organizado, han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y líderes de otras naciones.
Apenas este jueves, el presidente de Colombia Gustavo Petro calificó al “Centro de Confinamiento del Terrorismo” como una especie de campo de concentración.
“Ustedes pueden ver las fotos terribles…miles de jóvenes que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta esto indudablemente. Ven a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad y así se disparan las popularidades”, sostuvo Petro.
“Nosotros logramos reducir igualmente la tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre”, añadió el mandatario colombiano a través de su cuenta de twitter.
Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.
Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023
Bukele reaccionó inmediatamente en las redes sociales y escribió: “Señor Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños”.
Señor @petrogustavo,
Los resultados pesan más que la retórica.
Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños.
Dios los bendiga. pic.twitter.com/3AV7Ed6MUq
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 1, 2023
Megacárcel que recolecta aplausos
Paralelo al primer traslado de presos a la nueva cárcel, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación en una Corte de Nueva York que señala a dos altos funcionarios del gobierno de Bukele de haber negociado entre 2019 y 2021 con pandillas criminales la reducción de las muertes en El Salvador a cambio de beneficios.
“Detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder”, sostuvo Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch.
Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, la creación de la cárcel responde principalmente a una conducta populista de Bukele.
“¿Quién puede estar en contra de la impunidad?, pero todo procedimiento requiere del debido proceso y del derecho a la defensa, cuestión que se le ha negado a algunos, solo por tener cara de delincuente y poseer un tatuaje”, dijo Prado.
Prado indicó que además de Human Rights Watch, otras organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado la política carcelaria de Bukele y el estado de excepción por decreto en El Salvador desde 2022.
El activista del OVP sostuvo que el presidente salvadoreño manipula a la opinión pública alegando que lucha contra la delincuencia organizada, mientras omite derechos fundamentales de las personas.
“Nunca se ha encargado de velar por los derechos humanos, cuanto un Estado detiene a una persona esta queda bajo custodia de organismos como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, quienes se encargan de supervisar que se hayan respetado las reglas Mandela, una normativa avalada por la ONU para el tratamiento idóneo de los privados de libertad”, agrega.
A juicio de Marino Alvarado, abogado y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), las políticas de supuesta mano dura siempre han sido aplaudidas por la mayoría de la población.
“Recordemos que acá en Venezuela cuando empezó la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) tenía un nivel de aprobación de casi el 90%; se tiene la sensación de que la mano dura acaba con el delito. En Brasil hubo grandes militarizaciones de zonas populares. Es normal que lo que está pasando con las maras tenga un alto nivel de popularidad, Bukele es un buen comunicador, sabe usar las redes y sabe impactar con imágenes”, explica.
Denuncias de atropellos
Alvarado manifestó que estas iniciativas se dan a costa de afectar a muchos inocentes, como lo han venido denunciando padres y madres de presos en El Salvador.
“Como pasa en Venezuela con los jóvenes en los barrios que son detenidos. Tal vez ahora el gobierno salvadoreño se muestre exitoso frente a la delincuencia, pero si las causas principales que llevan a los jóvenes a delinquir no son corregidas, si no hay una política carcelaria efectiva no se está haciendo nada, le puede servir a Bukele para fines publicitarios, pero el problema de la delincuencia no se está resolviendo”, opinó.
Prado indicó que de acuerdo con estándares internacionales, por cada 10 presos debe haber un funcionario de seguridad.
“Según datos entregados por el gobierno, el recinto será custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, allí hay una falla entonces, otra cosa es que ni militares ni policías pueden encargarse de vigilar cárceles, deben ser agentes formados propiamente para eso”.
Prado señaló que existe un adagio que reza «las cárceles son su personal». «Y sí a esta la dirigirán policías y militares que han sido instruidos para la represión, creo que ello puede poner más violento a los presos y los buenos saldrán de allí malos y los malos mucho peor”, advierte.
Se puede salir de control
Nieto Palma indicó que una cárcel para 40 mil personas pareciera ser un proyecto ambicioso.
“Yo creo que una prisión debe albergar entre 500 o 600 personas, más de eso se puede convertir en un problema”.
Prado concordó con esta tesis. “Si no pueden mantener en paz una prisión con 500 presos, imaginemos una con 40.000, todos juntos sin clasificación por el tipo de delito y grado de peligrosidad, sólo será cuestión de tiempo para que esa bomba les estalle en la cara”.
Alvarado añadió que la instalación de esta cárcel dista de la realidad. “Crear un recinto para 40.000 personas en un país tan pequeño está alejado totalmente de estándares internacionales en materia de políticas penitenciarias”.
Familiares de presos en El Salvador denunciaron que les cobran 170 dólares por la manutención de estos.
“Me parece absurdo, porque al Estado es a quien le corresponde hacer esto. Entiendo que tienen prohibición de visita, incluso conyugal, son hechos graves que se están anunciando y que atentan contra los derechos de los detenidos”, manifestó Nieto Palma.
El director de Una Ventana a la Libertad aseveró que lo admirable de esta cárcel fue el tiempo en el que se construyó.
“Lo más espectacular es que la hayan hecho en seis meses, desde que llegó Hugo Chavez al poder en Venezuela no se han logrado construir más de tres cárceles y desde que existe el Ministerio Penitenciario no se ha construido ninguna. Es un ejemplo para las autoridades venezolanas”.
Según Nieto Palma el recinto penitenciario posee tecnología de punta y los requisitos que establecen las reglas Mandela.
“Por las características, es probable que para hacer esa cárcel hayan recibido financiamiento del exterior y seguramente lo continuarán percibiendo, no es fácil controlar a 40 mil presos”, dijo.
Prado sostuvo que el objetivo de una cárcel es reformar al preso, no hacerlo más criminal.
“El fin de una pena es la reinserción social del convicto, aquí hay violaciones masivas a la dignidad humana y al debido proceso. Al derecho a un espacio digno, al deporte, la cultura, la educación y el trabajo”.
De acuerdo con Alvarado, lo que hoy es aplaudido por muchos, el día de mañana se puede revertir.
“Este es un juego macabro, cuando el Estado institucionaliza la humillación y banaliza las violaciones a los derechos humanos está generando un alto riesgo para la sociedad”, alertó.
