Las empresas deberán cubrir pérdidas y aumentar el capital. La banca podrá utilizar su red de agencias para ofertar pólizas y se reduce el tiempo para el pago a los asegurados. Las normas obligan a invertir las reservas en instrumentos que no protegen el dinero
La Superintendencia de Seguros prepara un proyecto de ley que introduce cambios relevantes. De ser aprobado por la Asamblea Nacional, tal y como hoy está redactado, los accionistas de la mayoría de las empresas tendrán que aportar dinero, la banca se convertirá en un nuevo jugador y los asegurados recibirán sus pagos en menos tiempo.
El proyecto incrementa el capital mínimo para operar y la garantía a la nación. Pero antes de cumplir con estos parámetros las aseguradoras tendrán que cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, algo que coloca sobre la mesa el impacto del COVID-19.
La pandemia es un evento no previsto en las pólizas; no obstante, las aseguradoras han tenido que responder por el tratamiento a sus clientes con cobertura en el área de salud. De acuerdo con datos que maneja el sector al cierre de marzo, los tratamientos por COVID-19 sumaban 60 millones de dólares y había pérdidas no cubiertas por el orden de diez millones de dólares.
Una vez cubiertas las pérdidas un grupo de aseguradoras tendrán que aportar dinero para cumplir con los nuevos montos del capital mínimo y la garantía a la nación. Estos parámetros, medidos en unidades tributarias en la ley vigente, comenzarían a calcularse en petros.
En el caso de las empresas que se desempeñan en ramos generales y de vida, el capital mínimo más la garantía a la nación suman 6.760 petros, que equivalen a 381.000 dólares. Esta cifra se traduce en un aumento relevante porque la hiperinflación y la devaluación sepultaron el valor de la unidad tributaria y los montos establecidos en la ley vigente.
Un elemento importante es que el capital mínimo para operar se actualizará cada dos años de acuerdo al valor del petro.
Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que la coyuntura necesita un trato especial. “Es necesario un acuerdo donde las clínicas, no solo las compañías de seguros, asuman el impacto por el Covid y el Estado deje de cobrar una porción de impuestos durante los próximos tres años. Esto es algo que debería estar en el proyecto de Ley”.
Las compañías de seguros aportan a un fondo público entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud. Pedro Raaz considera que este fondo debería formar parte de la solución.
Profundiza en este tema y señala que el capital de las empresas que ya están en funcionamiento lo determina el margen de solvencia y no el capital mínimo. El margen de solvencia actúa como un termómetro trimestral que indica si la compañía tiene suficientes recursos propios para respaldar sus operaciones.
Pero hay un factor a considerar. Las normas para el cálculo del margen de solvencia las establece la Superintendencia a través de providencias que fueron modificadas y debilitaron el indicador.
“Se permite reflejar en el patrimonio propio el 100% de la revalorización de los inmuebles y en los tres primeros trimestres del año el 100% del saldo de operaciones; eso ha traído como consecuencia que el margen de solvencia sea en el caso venezolano técnicamente un saludo a la bandera”, dice Manuel Rodríguez Costa.
“Pero eso es un problema de la forma como se estructuró el cálculo y eso se resuelve con una modificación a la providencia de la Superintendencia para hacer que realmente funcione”, agrega.
La banca en el juego
Desde 2010 la ley de seguros ha mantenido a la banca excluida del negocio, pero el proyecto de reforma abre la puerta para que nuevamente los bancos participen en el juego. Básicamente las compañías de seguros ofrecerían pólizas a través del sistema financiero, que recibiría una bonificación por colocarlas a través de sus 2.974 oficinas en todo el país.
“Suelen ser productos sencillos, muy básicos, con coberturas relativamente pequeñas, primas accesibles que pueden ser financiadas a través del banco o domiciliadas a las cuentas bancarias del cliente; las comisiones son bajas porque la idea es el volumen, es un tema de masificar la comercialización del seguro”, dice Manuel Rodríguez Costa.
Pedro Raaz considera que debe ampliarse el espectro. “Para masificar el seguro no solo debería permitirse la participación de la banca. En ramos como accidentes personales, funerario y vida debe abrirse la puerta a otros canales como supermercados o empresas que funcionen mediante aplicaciones por internet”.
“Esto nos lleva a la necesidad de impulsar los microseguros, los seguros dirigidos a la población de escasos recursos a través de distintas plataformas”, añade Pedro Raaz.
Pago rápido
El proyecto de ley indica que aumenta la protección a los asegurados “al reducir los plazos de indemnización y respuesta oportuna, con la finalidad de impedir un perjuicio en su patrimonio por el transcurso del tiempo”.
En la ley vigente la empresa de seguros está obligada a cumplir con el pago previsto en la póliza en los 30 días siguientes a la fecha en que el asegurado culmina la entrega de recaudos. En el proyecto, este lapso se reduce a diez días “so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Manuel Rodríguez Costa considera que este lapso es muy corto porque “las empresas necesitan realizar un análisis, es algo que no puedes parametrizar en un sistema. Vas a tener muchos procesos sancionatorios por retardo en los pagos y es algo que no tiene mucho sentido”.
Menos control
El proyecto elimina una polémica facultad con que cuenta la Superintendencia. La ley vigente le otorga al superintendente el poder de ordenarle a las aseguradoras, tras un proceso administrativo, el pago de siniestros.
“Si no había acuerdo entre las partes en un proceso amigable la Superintendencia, según la ley vigente, puede condenar a la empresa de seguros a pagar la indemnización como si fuese un tribunal y además puede indexar el pago. Esta competencia se elimina”, dice Manuel Rodríguez Costa.
El proyecto también le quita al superintendente la facultad de autorizar a las aseguradoras la venta de inmuebles y los restos de vehículos. “Si esto se aprueba las compañías tendrían libertad para disponer de esos activos sin esa alcabala de la autorización previa que en muchos casos es engorrosa y se dilata en el tiempo”, explica Manuel Rodríguez Costa.
Reservas evaporadas
Las compañías de seguros están obligadas a mantener reservas a fin de cubrir el riesgo de sus operaciones y garantizar el pago de los siniestros, pero tanto la ley actual como el proyecto de reforma establecen unas disposiciones que no protegen el valor de este dinero.
Actualmente las aseguradoras están obligadas a mantener 50% de las reservas en bolívares depositados en bancos del país y el proyecto solo rebaja esta porción hasta 40%. En medio de la hiperinflación y las bajas tasas de interés este dinero prácticamente desaparece.
La ley actual y el proyecto mantienen que no menos de 30% de las reservas deben ser “títulos valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República”. El problema es que los títulos en moneda extranjera emitidos por la República están en default.
Manuel Rodríguez Costa resume que “esas reservas técnicas terminan siendo sal y agua porque el dinero depositado en los bancos con hiperinflación y tasas de interés negativas básicamente se pierde; títulos de deuda pública que en la mayoría están en default e inmuebles que si bien son bienes seguros son de difícil realización”.
El presidente de una compañía de seguros afirma que “no se termina de asumir lo que es evidente: las reservas deben estar en dólares porque el bolívar y los bonos de la República no valen nada”.
El trasfondo
Las empresas de seguros caminan sobre un piso frágil. La población se empobreció, compañías extranjeras les arrebataron una tajada importante de la clientela, la hiperinflación persiste y el coronavirus impacta el flujo de caja.
Las cifras oficiales desnudan que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas.
Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares.
En los cuatro primeros meses de este año, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de abril, las pérdidas técnicas equivalen a 99 millones de dólares.
