77 trabajadores de la comunicación social fueron blanco de atropellos desde que fue decretado el estado de alarma el pasado 13 de marzo hasta el 22 de junio de este año, según Ipys
22 agresiones e intimidaciones a periodistas y 18 detenciones arbitrarias se contabilizaron en poco más de tres meses
Desde que fue decretado el primer estado de alarma por el Ejecutivo Nacional a propósito del coronavirus el 13 de marzo y hasta el 22 de junio de este año, 77 periodistas han sufrido atropellos en su labor de informar a la colectividad.
La cifra manejada por el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) evidencia un recrudecimiento de la persecución a representantes de medios comunicación social durante la pandemia de la Covid-19, etapa que se combina con escasez de gasolina y la custodia de miembros de cuerpos del Estado en las estaciones de servicio.
De acuerdo a Ipys, en el lapso del 13 de marzo al 22 de junio se produjeron 22 agresiones y hechos de intimidación a periodistas, 18 detenciones arbitrarias, en 13 ocasiones se negó el acceso a información pública, 7 agresiones fueron con el uso de normas vigentes, como el paso por tribunales y hubo 5 denuncias de censura interna.
“Desde el pasado 13 de marzo, hemos contabilizado más de 120 casos de violaciones a los derechos informativos de los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos”, dijo Marianela Balbi, directora ejecutiva de Ipys.
En el renglón de detenciones arbitrarias resaltan las de Darvinson Rojas de Monitor de Víctimas a manos de las Faes, Carol Romero de FM Center por la Guardia Nacional Bolivariana en El Junquito y las de Marco Antoima y Mimi Arriaga por el Cicpc, estos dos últimos ex empleados de Venevisión y condenados a casa por cárcel por el supuesto delito de instigación al odio.
“Los culparon de incitar al odio, cuando hay solo una presunción. Se toma una decisión bajo un supuesto, no bajo un hecho cumplido”, dijo el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía.
Entre los victimarios se documentaron 41 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y el resto repartidos entre tribunales, gobernaciones y dependencias, directivos de medios y desconocidos.
“La pandemia no ha hecho más que profundizar la clara conducta autoritaria y la acción represiva para silenciar e imponer un discurso único, vertical y sin posibilidad de complementar con información adicional especializada e independiente y con versiones plurales sobre la situación sanitaria que permitan corroborar o desmentir los mensajes que salen de Miraflores”, sentenció Balbi.
Mayo en rojo
Solo en mayo, la ONG Espacio Público registró 112 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un total de 556 incidencias al cierre del quinto mes del año.
Durante los dos primeros meses de cuarentena (marzo y abril) fueron detenidas 840 personas, entre ellas 22 periodistas de acuerdo a Espacio Público.
La ONG registró 1.049 violaciones a la libertad de información y expresión en 2019, la cifra más alta en los últimos 18 años.
Durante el año pasado, cerraron 27 estaciones de radio y dos canales de televisión. Las instituciones del Estado fueron responsables del 60% de los casos de violación a la libertad de expresión en internet.
Según Reporteros Sin Fronteras, Venezuela ocupa el puesto 147 entre 180 países en lo que se refiere a libertad de prensa.
“Aparte de lidiar con las limitaciones de la pandemia, los periodistas venezolanos han tenido que enfrentar la intimidación y la persecución. El gobierno busca criminalizar la práctica y decir que los periodistas están incitando al odio”, dijo Tinedo Guía, presidente del CNP.
A juicio de Balbi, la respuesta del gobierno de Maduro al trabajo periodístico durante la pandemia ha sido esencialmente militar, policial y represiva.
“Detrás de una política de aparente transparencia y diligencia, con la presentación periódica de cifras oficiales, se muestra una negligente atención a la crisis sanitaria que intenta enmascarar con información que resulta imposible de corroborar o contrastar, muchas veces confusa y contradictoria”, señaló Balbi.
Otro golpe a la libertad de expresión se dio el 19 de mayo, cuando la empresa estadounidense AT&T anunció el cese de operaciones de Directv en Venezuela, afectando a 2,5 millones de familias y a alrededor de 600 trabajadores.
Cuatro días antes del episodio de Directv, la estatal Cantv y la empresa Inter bloquearon al portal informativo Runrunes. Se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS), según el Observatorio de Internet, Ve Sin Filtro.
Tinedo Guía aseveró que desde que el gobierno anunció el racionamiento y los nuevos precios de la gasolina, las denuncias de periodistas e infociudadanos han sufrido un salto exponencial.
“Les incautan los equipos o les obligan a borrar el material audiovisual en las bombas de gasolina, incluso les han negado el acceso a surtir gasolina”, sentenció el presidente del CNP.
Para Balbi, los periodistas en Venezuela deben enfrentarse a un trabajo periodístico doblemente complejo. “Enfrentar el restringido acceso a la información en una sociedad que se encuentra bajo vigilancia y medidas de control social ahora justificadas bajo el decreto de alarma, aunado a las restricciones propias de nuestra crisis de servicios públicos, internet, gasolina e hiperinflación”.
Guia indicó que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una lucha titánica, pero enriquecedora.
“El trabajo se sigue haciendo pese a las agresiones. Continuaremos luchando porque el país merece estar informado”, añadió Guia.
De acuerdo a Balbi no se puede hablar de una labor periodística bajo una “nueva normalidad”, sin antes recuperar principios fundamentales de libertades democráticas.
“La situación de retorno a una nueva normalidad deberá pasar por una recuperación de la democracia y de las condiciones sociales y económicas que permitan atender la emergencia humanitaria compleja, que restablezca la atención sanitaria como la exige el tratamiento de la pandemia, por una sociedad donde la cuarentena obligatoria no atente contra la manutención de sus ciudadanos, por una sociedad donde un gobierno atienda la necesidades fundamentales en lugar de restringir accesos, reprimir, detener arbitrariamente y conculcar los derechos civiles y políticos. Se ha demostrado que podemos confinarnos para protegernos y resistir al virus, pero eso no es suficiente”, dijo la directora ejecutiva de Ipys.
