La diputada María Gabriela Hernández alertó que la extracción de minerales en el país afecta el caudal de los ríos
Hay otras zonas de Venezuela donde se están extrayendo otros minerales como el sílice
@saracosco
La diputada de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernandez (PJ-Monagas) aseguró que la extracción de oro en Canaima puede afectar el suministro eléctrico de todo el país.
En reacción al trabajo especial Canaima: el paraíso envenenado por el oro de Runrun.es, la parlamentaria ratificó que en toda esa área natural protegida no se debe extraer oro porque está prohibido por ley.
“Tenemos que tomar una decisión certera y radical como país y es que no podemos extraer oro. Eso hay que acabarlo”, señaló.
Explicó que en esas zonas es donde nacen los ríos que alimentan la red eléctrica de Venezuela. “Todo eso que se está destruyendo al final va a desembocar en que 80% de la energía eléctrica, que depende de la fuerza del agua, no exista”.
Hernández, quien forma parte de la Comisión de Ambiente del Parlamento, agregó que la situación eléctrica solo puede empeorar con la extracción del oro en Canaima.
“Como están destruyendo el cauce del río, también destruyen su caudal, entonces (el agua) no llega a la represa y no hay fuerza para producir la energía”, expresó.
Igualmente la diputada recordó que la extracción se hace en un Parque Nacional, que es un área resguardada y sensible. “Son suelos y vegetaciones de muchísimos años y su mal trato acarrea destrucción”.
Hernández señaló además que como la naturaleza está interconectada, lo que se haga en Canaima y también en el Arco Minero del Orinoco, va a afectar en otras zonas como el Mar Caribe y las islas que se encuentran allí. “Ya se consigue vida marina contaminada con mercurio”, advirtió.
Se extiende la protección
María Gabriela Hernández, quien ha trabajado el tema ambiental desde su llegada al Parlamento en 2015, dijo que en la Comisión han hecho las alertas desde el inicio de la creación del Arco Minero del Orinoco.
La AN decretó que la actividad de extracción del oro y creación de empresas en esa zona es ilegal e inconstitucional, porque la medida nunca fue legitimada por el Poder Legislativo.
“Aunque (el decreto del Arco Minero del Orinoco) pasara por la Asamblea Nacional, el impacto ambiental es de tal magnitud que no podría ser aprobados. Va contra la Constitución, contra el establecimiento de los derechos ambientales y contra el establecimiento institucional”, esgrimió.
Además a finales del año 2018, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, con el cual se recalcó que esas áreas son parques nacionales y además se extendió el área de protección a aquellas zonas donde nacen los ríos.
“En esa ley se derogó expresamente todo lo que ya se había declarado nulo”, indicó la diputada.
El ambiente no es el único afectado
El daño al medio ambiente con la extracción de oro en Canaima, no es la única preocupación de la diputada María Gabriela Hernández, quien advirtió que hay una afectación económica para el país y los pobladores de la zona.
Reconoció que sí hay indígenas que trabajan como mineros dentro del parque, pero que han sido corrompidos por el sistema.
“No son todos, pero sí los que tienen voces importantes. Terminaron siendo corrompidos por el sistema. Por mucho que ellos intenten hacerlo sin depravar su área no hay forma de evitarlo, lo están haciendo”, agregó.
La diputada explicó que jóvenes de otras ciudades del Oriente del país viajan hasta el sur para trabajar en las minas, esto debido a la crisis económica que vive el país.
Hernández refirió que si bien algunos regresan a sus hogares, otros no tienen tanta suerte o terminan enfermos “En Monagas, por ejemplo, puedes conseguir a más de una familia cuyo hijo no regresó”.
“En Monagas hay muchos preparadores de gallos (para peleas) y los llevan a las minas, para venderlos y no regresan. Una actividad tan sencilla como esa”, comentó.
Minerales en la mira
La diputada Hernández informó que Bolívar no es el único lugar de Venezuela donde hay minería ilegal. En la Comisión de Ambiente tienen registros en Táchira, Mérida y Lara, en donde se extrae sílice, un mineral que se puede utilizar para hacer vidrio, porcelana, cristales y cemento.
“En Mérida y en Táchira se han paralizado por parte de las gobernaciones. Pero continúan las amenazas de estas empresas que vienen sencillamente a extraer y destruir”, expresó.
Hernández indicó que en Lara continúan los trabajos y sería cercano a Carora, sobre un cerro, donde hay sílice de alta calidad. “Esto contaría con el permiso del Ministerio de Ecosocialismo, antes de Ambiente”.
“Al empezar a destruir esas montañas, el agua va a escasear también y recordemos esas son tierras altamente productivas de alimentos y gran parte de Occidente y Caracas se nutren con los alimentos de Lara”, alertó.
