La batalla migratoria se recrudece en Estados Unidos: un juez federal ha suspendido temporalmente las medidas ejecutivas ordenadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados. La Casa Blanca no ha tardado en reaccionar y ha anunciado este martes que el Gobierno apelará el fallo, puesto que considera que Obama ha actuado “dentro de su autoridad legal”.

“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se implemente esta política legal y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará dicha decisión”, ha agregado el portavoz de Obama, Josh Earnest, en un comunicado. No está claro sin embargo cuándo se presentará la apelación, que deberá ser atendida la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans.

Pese a que la lucha legal no ha hecho más que comenzar, la decisión del juez Andrew Scott Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas -el Estado que ha encabezado la demanda- paraliza por el momento las medidas migratorias que estaban a punto de comenzar. Este miércoles se abría el plazo para extender la Acción Diferida para jóvenes llegados en la infancia (DACA), el popular programa que desde 2012 le ha permitido a más de medio millón de jóvenes indocumentados frenar su deportación y obtener un permiso temporal de trabajo. A este paso le debía seguir, en los próximos meses, el inicio de un nuevo programa para conceder permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, conocido como DAPA, un plan que estaba previsto que empezara a implementarse en mayo.

En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados contra las acciones ejecutivas argumenta que de no frenarlas se produciría un “daño irreparable”, hecho por el cual ha concedido “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta “una orden ulterior de este tribunal”.

“Sería imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella”, ha subrayado Hanen, que dice coincidir con los demandantes en que la legalización de millones de inmigrantes indocumentados es una acción “virtualmente irreversible”. Según un análisis del instituto demoscópico Pew Research Center, casi la mitad de los indocumentados que se podrían beneficiar de las medidas de Obama, 2,3 millones de personas, viven en alguno de los Estados que interpusieron la demanda.

El magistrado, conocido por otras resoluciones críticas con la política migratoria, considera que la Administración no ha llevado a cabo los procedimientos básicos exigibles para aplicar el plan migratorio. Además, le reprocha al Gobierno que no haya sido capaz de un mayor control de las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigración ilegal, según detalla The New York Times. En esa línea, apoya la queja de los Estados en relación con el coste que ya les supone la lucha contra la inmigración irregular.

La base de la demanda era la convicción de los Estados que la presentaron de que con las medidas migratorias Obama había “sobrepasado” los poderes que tiene como presidente y fallado así en su obligación en garantizar que las leyes son cumplidas. El gobernador de Texas -que fue quien presentó la demanda el año pasado, cuando todavía era el fiscal general de ese Estado- Greg Abbott, ha saludado la decisión judicial. “El presidente había renunciado a su responsabilidad de proteger la Constitución de EE UU en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, y la decisión de Hanen le pone freno”, ha señalado en un comunicado.

Pese al revés, las organizaciones que apoyan la reforma migratoria se han apresurado a afirmar que continuarán trabajando para que las acciones ejecutivas de Obama entren en vigor.

“Esta no es más que la primera ronda de un largo proceso legal”, ha señalado Apolonio Morales, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés).

“Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta demanda sin fundamentos que no hace más que malgastar dinero de los contribuyentes, priva de derechos a trabajadores inmigrantes y sus familias y le priva a los Estados de ingresos muy necesitados”, ha añadido.

Para Lupe López, de la Alliance for Citizenship, la demanda presentada por los 26 Estados no es más que una “táctica para provocar miedo” impulsada por fiscales y gobernadores antiinmigrantes que pretenden “ahuyentar a los inmigrantes que podrían solicitar” las medidas ejecutivas, pero que no tendrá éxito, ha sostenido. “Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta odiosa demanda”, ha coincidido con las otras organizaciones.

“No estamos de acuerdo con la decisión de la corte y creemos que un tribunal superior va a reafirmar la legitimidad de las medidas (de Obama), al igual que incontables expertos legales que afirman que el presidente tiene autoridad para actuar”, ha declarado también Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza, una de las organizaciones hispanas más influyentes de EE UU.

La vía legal no es más que uno de los caminos tomados por los que se oponen a las acciones migratorias dictadas por Obama en noviembre, frustrado por la negativa del Congreso a aprobar una reforma migratoria que propusiera una solución para los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.

La oposición republicana, que domina las dos cámaras del Congreso desde enero, ha tratado también de revertir las medidas presionando mediante la retirada de fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Este ministerio es el único que no ha conseguido financiación hasta finales del año fiscal, sino que se quedará sin recursos a partir del 27 de febrero, a menos que los congresistas aprueben una nueva partida de dinero. Algo que hasta ahora no ha funcionado por los intentos republicanos de incluir en ella medidas para revertir las acciones ejecutivas migratorias, hecho tajantemente rechazado por los legisladores demócratas.

El fallo judicial de Texas le ha servido al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, para reclamarle a los demócratas que cedan en esta batalla legislativa. “Ojalá que los demócratas del Senado que afirman que se oponen a esta extralimitación ejecutiva permitan ahora que el Senado empiece a debatir una propuesta de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional”, ha dicho.