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El Mañanero del 17 de abril: Detención de Carlos Julio Rojas y más noticias sobre Venezuela

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En El Mañanero del 17 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: cinco delitos imputarán al periodista y activista Carlos Julio Rojas. EEUU pide estar “atentos” a reimposición de sanciones. Una cuarta parte de los homicidios en Venezuela los comete el Estado según un reciente informe y la deserción escolar en comunidades populares. 

El Estado usa el traslado carcelario como castigo a presos y sus familiares

Laboratorios de Paz: las tres leyes que amenazan el proceso electoral

Maduro ordena cierre de embajada y consulados en  Ecuador en solidaridad con México

EEUU pide estar atentos ante posibilidad de reimponer sanciones a Venezuela

 

Cinco delitos le imputarán al periodista Carlos Julio Rojas

Jóvenes de zonas populares abandonan sus estudios por la crisis económica

Venezuela, el país con mayor índice de abuso de la fuerza letal en Latinoamérica y el Caribe

 

El Estado ha vuelto una práctica común el traslado de los presos a discreción de las autoridades como un recurso para amenazar o como forma de castigo tanto al privado de libertad como a sus familiares», aseveró Humberto Prado, director del OVP, en una rueda de prensa digital.

Gracias por leer El Mañanero de Runrunes del lunes 15 de abril de 2024.

Venezuela, política, pacto y elecciones

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María Corina y Rosales pueden ponerse de acuerdo, pero antes deben firmar frente al país un pacto de reconstrucción, cogobierno y emancipación ideológica, instrumental e histórica

 

@ovierablanco

Este año se conmemoran 116 años del natalicio de Rómulo Betancourt y 68 [1956] de la edición de su regia obra: Venezuela, política y petróleo. La oportunidad es buena para hacer un ejercicio reflexivo sobre el papel del petróleo en la política, en el marco de una coyuntura histórica oscura, donde lo electoral no luce suficiente para alcanzar el retorno de la democracia y la paz […] paz que jamás es autoritaria porque no sería paz.  

El chinche de sembrar el petróleo. Con mis hijos…no te metas

Pongamos las cosas en contexto. Decir que por culpa del petróleo Venezuela dejó de ser un país solvente, sea agrícola, pecuario, tecnológico, industrioso, comunicacional, financiero o urbano es temerario. Rómulo Betancourt supo anticipar este cliché propio de la narrativa proautoritaria que, desde los tiempos de Gómez, intentaba ocultar los estragos de una economía feudal, por causa de la economía petrolera.

Betancourt alegaba “que insistir en aquello significaba seguirle el juego a los defensores póstumos del gomecismo, quienes liberaban de culpa al gobierno del fallecido jefe único, por el desacertado manejo de la grave crisis que venía aquejando al sector agrícola desde mucho antes del estallido de la gran depresión en 1929”. Para Betancourt, “Venezuela venía arrastrando una crisis crónica que vino a acentuarse durante el régimen dictatorial de Gómez, debido a la persistencia de un anticuado sistema de producción latifundista, caracterizado por la concentración de la tierra en pocas manos, métodos de cultivo anticuados y el mal aprovechamiento de las aguas para el regadío agrícola”. El petróleo, en su opinión, “solo vino a dejar al descubierto un terrible mal olímpicamente ignorado por los personeros oficiales. Más que culpable de la ruina del campo, el codiciado mineral le dio la estocada final a un estado de cosas que no resistía más la inserción de los nuevos tiempos”.

La revolución industrial había pasado casi inadvertida por Venezuela. Apenas la humareda de los ferrocarriles construidos por el guzmanato y algunas máquinas de poca monta eran presentadas como símbolos inequívocos de un proceso modernizador que fluiría por sí solo, gracias al apoyo del torrente de capitales ingleses y alemanes dispuestos a rendir frutos en esta parte del mundo […] Haciendo mofa de aquellas expresiones chapuceras, Betancourt rebate precisando que “si en lugar de haber destinado aquel primer ‘boom’ petrolero a llenar los bolsillos de los acólitos de turno y a mantener operativo el Estado controlado por Gómez, se hubiese utilizado [aquella súbita riqueza instrumental] para apalancar la economía campesina, distribuyendo su benéfica renta entre toda la población, otro destino se habría escrito para la dinámica productiva del país”.

Estas reflexiones de Betancourt calzan al dedo con la historia patria reciente. Si el presidente Chávez no hubiese destinado la mayor renta petrolera que ha recibido Venezuela en su historia a un populismo irredento a lo interno, a sus camarillas y a una política de subsidio externa plagada de coleópteros, hoy Venezuela sería la Suiza del continente. Bueno acotar que fuimos el país más rico de Sudamérica [2011-13.000 US$ pp] y el más pobre [2023-1340 US$ pp]. Esa ha sido la verdadera guerra económica que devastó el país.

A quienes hablan de las sanciones como factor de depresión económica, Betancourt les hubiese respondido: son los defensores póstumos de un chavismo demoledor, quienes buscan liberar al fallecido jefe único de una economía confiscatoria, de una responsabilidad ineludible.

La tecnología, las comunicaciones, la educación, el trabajo y la industria; el internet de las cosas; puentes y ferrocarriles que quedaron en las arcas de Odebrecht y en los bolsillos de alacranes; nuestro oro, nuestro petróleo, más satélites perdidos en el espacio; nuestro desarrollo y futuro, se desfalcaron en derroche, dádivas y cohecho conductor de la pobreza, desigualdad y crisis humanitaria más extrema.

Si a lo anterior le agregamos que Venezuela todavía obsequia el 10 % de su disminuida protección petrolera [calculada en 700 m/bd] a Cuba y el Caribe, el crimen patrimonial es insólito. Acabaron con el cono monetario, las reservas del BCV y la capacidad industrial instalada. La agricultura quedó transformada en un inmenso desierto rojo, sin planificación ni campesinos, peor que en los tiempos de Gómez. Convirtieron a Venezuela en un país de economía de puerto, donde la “independencia alimentaria”, quedó reducida a bolsas CLAP. Hoy pensionados y jubilados venezolanos hacen colas de horas para recibir una taza de arroz, un par de pollos y un trozo de carne. Esa es la economía revolucionaria, esa es su visión de poder.

De nada hubiese servido “sembrar el petróleo”. Ahí están los índices de construcción, industrialización, movilización social, masificación educativa y hospitalaria que registró el país en 4 décadas de gobiernos progresistas, que en medio de sus dificultades y errores, llevaron a PDVSA ser la primera empresa petrolera del mundo; construir más universidades, carreteras y hospitales que cualquier otro país en la región, represas y centros generadores de energía y electricidad suficientes hasta para exportar, tecnología de punta y comunicaciones a nivel de países desarrollados y un respeto de nuestro derechos civiles y políticos, donde el voto, la justicia, la Asamblea Nacional, los grupos de interés, la academia, las FF. AA., la Iglesia, permitieron la elección de Chávez presidente [no  inhabilitado], elegir una constituyente [no prevista en la Constitución de 1961], votar una nueva Constitución [militarista y reglamentaria] y “relegitimar” poderes públicos con un ventajismo nauseabundo.

El 11A-2002 [que cumplió 22 años], fue un levantamiento masivo de esa Venezuela que gritaba al mundo “con mis hijos, con mi negocio, con mi petróleo y con mi libertad, no te metas”. Lamentablemente esa hermosa demostración de defensa ciudadana quedó fulminada por una reprochable desagregación política, que le permitió “al buen salvaje y buen revolucionario” [Carlos Rángel dixi] regresar con crucifijo en mano. Prohibido olvidar.     

Cómo estamos y hacia dónde vamos

El Acuerdo de Barbados marcó una ruta electoral. Elecciones justas, transparentes y verificables de los legítimos representantes de candidatos de oposición y de los partidos políticos legítimamente representados por sus dirigentes. Nada de ello se ha cumplido.

Revisando el último informe de coyuntura económica de la UCAB, vemos algunos datos que son buenos cruzarlos con lo político. En lo petrolero, “se calcula que el precio promedio del Brent durante el primer trimestre ha sido de $/b 82,7 y que tenderá a descender en el resto del año, para ubicarse en un promedio anual de $/b 82,4 […] Para 2024 se proyecta una tasa de crecimiento [Venezuela] del PIB total de 4,5 %, por encima del 1,3 % que se registró para 2023. Si dicho crecimiento se hiciera efectivo, el tamaño de la economía este año sería similar a la que ya había alcanzado en 1969 o la de El Salvador de hoy.

En este escenario es fundamental para el régimen cumplir con los acuerdos políticos. Las posibilidades de expansión económica en Venezuela no solo dependen de la movilidad eficaz y competitiva de la producción y ampliación del mercado petrolero, sino del retorno de las capacidades de inversión, producción y distribución del sector privado. “Aproximadamente el 50 % del crecimiento del PIB este año estaría explicado por la expansión de la actividad petrolera que podría crecer a una tasa superior al 16 %”.

En otras palabras, sin producción petrolera, no habrá expansión. Chevron no puede atender las expectativas de mejoramiento de la explotación petrolera para generar un repunte económico en el país. Pero sin elecciones libres no hay cumplimiento político; sin cumplimiento político siguen las sanciones, con las sanciones se afecta la expansión petrolera y sin expansión petrolera no hay mejoramiento del PIB, por lo que el país seguirá estancado. ¿Quién es el responsable? ¿Las sanciones?, ¿el modelo?, ¿María Corina?

Es verdad que la variable económica no ha sido la variable dependiente para causar el quiebre de la coalición dominante. Sin embargo, no es una constante desestimable. El informe de coyuntura [UCAB] identifica que “como primer factor de impacto en la producción (76 %), el cobro de excesivos tributos, desplazando la falta de financiamiento y la baja demanda al segundo y tercer puesto respectivamente”. Los sectores productivos [privados] defienden el levantamiento de sanciones, pero también piden eliminar la acción voraz del Estado. Entonces lo electoral trasciende en la medida que produzca un verdadero cambio del modelo de poder. La coexistencia con un Estado de terror -vigilante y mordaz-, no es transición. ¿Qué actor garantiza ese cambio?

Veamos la realidad laboral del país. “El año pasado, de los 20,5 millones de habitantes en edad laboral solo el 54 % estaba ocupado (11 millones). De los ocupados, el número de los empleados asalariados bajo dependencia se redujo en 5 %. Los empleos públicos se redujeron a 2,2 millones de puestos de trabajo, mientras que los empleos asalariados en el sector privado se ubican en 2.8 millones aproximadamente.

Venezuela es un país desempleado. Las personas que no participan en el mercado laboral venezolano se dedican a los quehaceres del hogar (40 %), al retiro (jubilados y pensionados 29 %) y a estudiar exclusivamente (20 %). Todas las reservas de petróleo no serían suficientes mientras un Estado insaciable y de terror siga vigente.

El pasado 15 de marzo se cumplieron dos años desde el último incremento del salario mínimo mediante un decreto presidencial. El monto vigente del salario mínimo nominal es de Bs 130, que inicialmente representaban $30, pero que es equivalente a $3,6/mes en los últimos seis meses. El 65 % y el 75 % del total de ocupados en Venezuela trabaja bajo condiciones de informalidad. Según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cuentan con un trabajo decente.

Nada de estos índices hacen suponer que el futuro mejorará en Venezuela si no vamos a una transición que no es solo política, sino económica, actitudinal, republicana, ciudadana ¡y ética! Betancourt advirtió en 1956: “Los gobernantes venezolanos de 1946 estábamos –y estamos– convencidos, de que nuestro país no puede saltar la etapa de desarrollo capitalista de su economía. El estado que atravesamos reclamaba una transformación nacional-revolucionaria y no una ajustada a modelos socialista o comunista”. Y Betancourt tuvo claro que esa visión había que pactarla. 

De la pobreza a la riqueza material, espiritual y humana

Venezuela regresó a niveles de retroceso económico, social y político peores a los vividos durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. La solución comienza por elecciones libres conductoras de un nuevo modelo de poder. Participar en la contienda electoral demanda condiciones al derecho de elegir. Sin garantías electorales no habrá cambio real.

Lograr un pacto de unidad -en medio de los obstáculos- hace necesario un pacto previo de cogobernabilidad que se haga público; que abrace visiblemente una transición del Estado-gobierno miliciano al Estado democrático y liberal; un proceso de reinstitucionalización basado en un proyecto-país industrioso donde el petróleo sea el arco estratégico de la modernidad, la felicidad y el regreso a casa.

María Corina garantiza una transición real, profunda, estructural. También está persuadida que debe garantizar la paz ciudadana, que no es la paz que se dobla por la paz autoritaria, sino una paz duradera por estar fundamentada en la justicia, la palabra empeñada y la prosperidad de la gente.

Betancourt, a lo largo de su trajín político y a la luz de las lecturas de diversos autores (Hegel, Marx y Engels), alertó: “Fue operándose en nuestras conciencias un proceso de esclarecimiento ideológico. Comenzamos a darnos cuenta de cómo Gómez era algo más que un déspota nacional: era el instrumento y el vehículo para el control férreo de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros”. Betancourt pactó con Jóvito y Caldera romper con el yo-esclavo, romper las cadenas de una ideología instrumental, déspota y servil. Ahora toca hacerlo.

María Corina y Rosales pueden ponerse de acuerdo, pero antes deben firmar, frente al país, un pacto de reconstrucción, cogobierno y emancipación ideológica, instrumental e histórica. Con pragmatismo puro y duro no trasciende lo útil, lo bueno y lo necesario, donde lo bueno es la libertad, la paz y la prosperidad; y lo malo es seguir atados a un instrumento, a un vehículo, para el control férreo de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros e ideológicos.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Reimpondrá EEUU las sanciones? Funcionario de Biden pidió estar “atentos”

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Estados Unidos insistió este martes en que reimpondrá las sanciones sobre Venezuela si no se cumplen los Acuerdos de Barbados para unas elecciones libres e hizo un llamado a estar “atentos” a la decisión que la Administración de Joe Biden tomará esta misma semana.

El próximo jueves vence el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano que Washington aprobó en octubre para incentivar a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cumpliera con los acuerdos pactados con la oposición antichavista.

“Estamos a dos días del 18 de abril. Hemos dejado muy claro que si Maduro y sus representantes no implementan plenamente los Acuerdos de Barbados, volveríamos a imponer sanciones. Lo que diría es: estén atentos”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa.

Miller destacó que se han cumplido algunos aspectos de los acuerdos, como el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación internacional, pero al mismo tiempo se ha “bloqueado a candidatos de la oposición”.

El portavoz, que no quiso dar detalles sobre la reunión de la semana pasada entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en Ciudad de México, aseguró que la Administración de Joe Biden ha dejado “muy claro directamente a Maduro y sus representantes” que espera el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados.

Una de las condiciones que puso EE.UU. para no reimponer las sanciones era que todos los candidatos opositores pudieran concurrir, pero la principal aspirante de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada para los comicios del 28 de julio.

Las autoridades electorales tampoco dejaron registrar a su reemplazo, Corina Yoris, lo que generó incluso críticas de aliados de Maduro como Colombia y Brasil.

El acuerdo irrespetado

El pasado 15 de abril, la candidata opositora electa en primarias, María Corina Machado, declaró en entrevista que el Acuerdo de Barbados y las primarias tenían sentido en tanto se pudiera llegar a unas elecciones limpias y libres “en las cuales los venezolanos pudiesen elegir el candidato en quien confían para que los represente”.

“Si ese candidato y liderazgo se desecha, y es Maduro quien elige el candidato, ¿para qué sirvió el Acuerdo de Barbados? Es inconcebible que sea Nicolás Maduro quien elija al candidato que lo va a enfrentar en las próximas elecciones presidenciales”, sostuvo en una entrevista con NTN24.

Semanas atrás, Machado envió una carta al Reino de Noruega en la que expuso detalladamente las violaciones al Acuerdo de Barbados, entre las que mencionó la ratificación de la inhabilitación en su contra, las limitaciones de libre tránsito que se le imponen en Venezuela, las amenazas a cadenas de radio y televisión para que la entrevista, la detención de al menos ocho personas de su comando de campaña y la calificación de su partido político como “terrorista” por parte del gobierno y el impedimento para la inscripción de la candidata sustituta, Corina Yoris. 

Con información de EFE

Venezuela, el país con el mayor índice de abuso de la fuerza letal en Latinoamérica y El Caribe

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Según el tercer reporte del Monitor de Uso de la Fuerza Letal en América Latina y El Caribe (MUFL), publicado este 16 de abril, en Venezuela entre 21 y 25,3 % de las muertes violentas durante los años 2020 y 2022 fueron a manos de miembros de la fuerzas de seguridad del Estado.

«Que una cuarta parte de los homicidios de un país lo cometa el propio Estado es ya un indicador del uso abusivo de la fuerza. Venezuela tiene el índice más alto en la región», aseveró Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ICP – UCV), en una rueda de prensa digital.

Advirtió que durante ese periodo el número de casos de personas que han muerto a manos de funcionarios de seguridad venezolanos bajó, pero el índice de letalidad aumentó. «Los números siguen siendo muy altos, no solo en comparación con los datos históricos del país en la última década, sino en comparación al resto de la región», advierte Ávila.

La tasa de homicidios por parte del Estado en Venezuela fue de 4,4 personas por cada mil habitantes en 2021 y de 2,6 por cada mil habitantes en 2022. Solo Trinidad y Tobago superó ese renglón en el año 2022, con una tasa de 3,14 por mil habitantes. 

Menor incidencia, mayor letalidad

«La incidencia en Venezuela aún no baja de los registros del 2014, que ya para ese momento era bastante alta comparada con la región», aseveró el investigador del ICP – UCV.

Según los reportes de la prensa nacional, hubo 2 847 homicidios en 2020; 1 449 en 2021 y otros 876 en 2022. En total hubo 5199 casos. Estas cifras solo son superadas por los datos oficiales de Brasil, que para cada año registró más de 5 600 homicidos por parte de funcionarios de seguridad del Estado. 

«Quizás hay un menor nivel de vulneración del principio necesidad, pero hay un nivel igual o mayor de la moderación y la proporcionalidad de la fuerza», reflexionó Ávila. 

Por el momento, el MUFL maneja varias hipótesis sobre la disminución de los casos en Venezuela: el aumento de la desigualdad socioeconómica —«que disminuye las oportunidades para la delincuencia de tipo violenta y callejera»—, la reducción de la población en al menos 20 % por el éxodo migratorio —«donde más de la mitad de esa población eran hombres jóvenes, la población con incidencia activa y pasiva de la violencia en el país»—, la cuarentena por el covid-19 y las denuncias de las ONG e instituciones internacionales por las violaciones a los Derechos Humanos en el país. 

Aumenta la opacidad regional

«Muchos países de América Latina y El Caribe están retrocediendo en temas de trasparencia en datos oficiales sobre los abusos de la fuerza letal de los Estados», advirtió Ignacio Cano, director del Laboratorio de Análise da Violencia de la Universidad de Rio de Janeiro. «Si contamos solo los datos de la región obtenidas por la prensa, Venezuela casi lidera todas las listas a excepción de Brasil». 

El tercer informe del MUFL concluyó que en cinco países el Estado no ofreció datos sobre las muertes violentas a manos del Estado, incluidos las muertes de los funcionarios de seguridad durante algún operativo. Aunque Venezuela ya lleva un historial de opacidad desde el 2019, Colombia y Perú se unieron a la tendencia. 

El Monitor pudo constatar a través de la prensa venezolana que al menos 152 funcionarios de seguridad del Estado murieron de forma violenta en el contexto de alguna operación. Por parte de las víctimas, el 98,27 % eran de género masculino y 57,4 % del total tenía entre 18 y 27 años al momento del crimen.

El informe advirtió que no se pueden identificar patrones de crímenes raciales debido a que «el racismo en Venezuela es un tema tabú, un problema no admitido ni asumido». 

«Los índices de muertes a agentes policiales aumentaron en los años 2021 y 2022 por el incremento de los enfrentamientos con presuntas bandas delictivas en la frontera y dentro del país (como la Operaciones Trueno en 2022). Paradójicamente, esto no disminuyo el número de muertes a civiles, sino todo lo contrario. Esto demuestra que, durante este periodo, el Poder Ejecutivo se ha mantenido en el poder en base al uso de fuerza excesiva», concluyó Ávila. 

Maduro ordena el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en Ecuador por conflicto con México

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Yván Gil, canciller de la administración de Nicolás Maduro, anunció este martes, 16 de abril, el retorno del personal diplomático de Venezuela que estaba en la Embajada de Ecuador, así como de los consulados de Quito y Guayaquil.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Gil señaló que, por orden del gobernante Nicolás Maduro, dio instrucciones para apoyar la propuesta de México de solicitar la expulsión de Ecuador de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Previamente, durante la cumbre de Presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), Maduro dio esta orden “hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en Ecuador”.

“Tenemos un encargado de negocios, el profesor Pedro Sassone, y desde aquí le doy la orden de que prepare todo, cierre y se regrese”, señaló Maduro en su intervención en la cumbre.

Maduro señaló que el acto del presidente Daniel Noboa, “decidido por él, de asaltar el territorio de México -su embajada-, de golpear, apalear a su personal diplomático a la vista del mundo, de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glas, es un acto de barbarie condenado por el mundo entero”.

Esta decisión se toma ante la crisis política entre Ecuador y México, pues el pasado 5 de abril las autoridades del gobierno de Daniel Noboa irrumpieron de forma abrupta en la Embajada de México para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Glas ingresó a la Embajada mexicana en Quito en diciembre de 2023 y solicitó asilo. Fue vicepresidente de los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno y está acusado de corrupción.

Posteriormente, el exvicepresidente de Ecuador fue trasladado a la oficina del fiscal general y luego a un aeropuerto para tomar un vuelo a Guayaquil, con planes de trasladarlo a un centro de máxima seguridad.

El abogado de Jorge Glas dijo que la Policía de Ecuador “pateó a su cliente varias veces” mientras se resistía al arresto y lo arrastró fuera de la Embajada. Había recibido el asilo político de México.

Cinco delitos le imputaron a periodista Carlos Julio Rojas

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Al periodista Carlos Julio Rojas lo imputaran por los delitos de terrorismo, conspiración, instigación y asociación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Así lo expuso ayer el fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en una rueda de prensa donde presentó videos de los testigos Jerry Ostos y Carlos Eduardo Castillo, en los que develaban supuesto plan desestabilizador encabezado por María Corina Machado y el partido Vente Venezuela. 

Saab dijo que el supuesto plan orquestado desde el seno de Vente Venezuela tenía como objeto “sembrar zozobra en la población, interrumpir el proceso electoral del venidero 28 de julio y propiciar una intervención extranjera”.

“El plan era interrumpir la inscripción del presidente de la República ante el CNE. Además de generar incertidumbre y conmoción a nivel nacional, para producir en la población una falsa sensación de debilidad del presidente”. 

El funcionario dijo que el objetivo de Ostos y Castillo era atacar espacios como el Metro de Caracas, tomar cuarteles, sabotear al sistema eléctrico nacional y generar actos de violencia.

“A Jerry Ostos se le encontró un arma de fuego calibre 9 mm con 12 municiones. Y a Carlos Castillo, se le encontró un arma de fuego calibre 7.65 mm, con 6 municiones”,  informó el fiscal.

 

Rechazo a la detención de Rojas

Diversos organismos y personalidades dentro y fuera de Venezuela condenaron la detención del periodista y activista por los derechos fundamentales de los caraqueños.

“Rechazamos la detención arbitraria de Carlos Julio Rojas, demostración de una política de Estado que  impone el miedo, liquidando a quienes critican la gestión gubernamental, es claro el mensaje  de las altas esferas del poder”, escribió el Colegio Nacional de Periodistas en su cuenta de X.

Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó la aprehensión de Rojas: “Está siendo acusado vilmente de formar parte de un supuesto magnicidio. Exigimos su libertad inmediata y  el cese de la persecución en contra de la dirigencia social y política que legítimamente se opone a este régimen”.  

Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitó ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para Rojas. 

Por su parte, el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, sostuvo que esto no es más que un pase de factura a Rojas por su papel activo en todas las protestas que se llevan a cabo en La Candelaria.

“También le cobran su apoyo a las comunidades, durante las denuncias por la crisis de servicios públicos y de todos los problemas que afectan a Caracas. Le cobran ser un luchador social. Rechazamos esta nueva detención y nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y a todos los líderes sociales que como él, acompañan a nuestro pueblo para exigir sus derechos. Todo esto solo suma a la crisis y le resta al encuentro de soluciones que demanda el país”, denunció. 

 

Laboratorio de Paz: las tres leyes que amenazan el proceso electoral

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Durante las últimas semanas las autoridades venezolanas han  promovido tres leyes que tendrían impacto directo en el proceso electoral y en una mayor reducción del espacio cívico, según advirtió la ONG Laboratorio de Paz.

El pasado 3 de abril, Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. En su artículo 6, la ley establece que: “Venezuela no se someterá a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros, incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

Además, esta normativa establece en su artículo 25 la prohibición de optar a cargos de  elección popular a “las personas que, en cualquier momento  antes de la elección (…), hayan adoptado conductas que di recta o indirectamente favorezcan o respalden la posición de  la República Cooperativa de Guyana”.

Finalmente, el artículo 26 indica: “La  impugnación de la postulación de una candidata o candidato por  razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en  esta Ley, se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia”.

Esta normativa generó el rechazo de la República Cooperativa de Guyana, Caricom y la OEA. A pesar de lo expresado en la ley el 9 de abril, Venezuela consignó en la sede de la CIJ los documentos para defender su  posición en la disputa.

Por otra parte, se promovió la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, aprobada en primera discusión el pasado 2 de abril. La aprobación de la misma significará “el fin de la pluralidad política y la libertad de expresión”, advirtió la ONG.

Además, sus artículos del 12 al 17 “tendrían incidencia directa en el proceso electoral”, permitiendo la disolución de organizaciones y la prohibición de acceso a cargos públicos para quienes “hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo”.

Para la organización Acceso a la Justicia no se trata de una ley represiva más, sino de “un cambio en el sistema penal venezolano, transformando el sistema sancionatorio existente”.

La “ley contra el fascismo” generó críticas del Colegio Nacional de Periodistas, Consejo Universitario UCV, Centro para la Paz y los DDHH UCV y del académico Jesús María Casal.

 

La tercera legislación sería la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro, de la cual trascendió un informe de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para su segunda discusión.

Este documento ratifica que su objetivo sería “establecer el régimen de constitución, registro y funcionamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro”, que obligaría a todas las asociaciones del país a gestionar un nuevo registro para su funcionamiento.

¿Cómo afectan estas leyes al proceso electoral y los mecanismos de negociación y acuerdos?

Durante la semana del 8 al 12 de abril visitó Venezuela una Misión Exploratoria de la Unión Europea para reunirse con las autoridades nacionales y electorales, así como diferentes sectores de la sociedad, para evaluar la posibilidad de realizar observación electoral, según lo establecido en el Acuerdo de Barbados.

El pasado 5 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se invitaría “a 67 organismos electorales de todo el mundo, así como a diferentes personalidades, y las listas de acompañantes que emanen de las organizaciones con fines políticas”.

Agregó que para el mes de abril se esperaban las visitas del Centro Carter y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para coordinar “detalles logísticos de su despliegue y acompañamiento al proceso electoral”.

Posteriormente, el 11 de abril, el CNE suscribió un “acuerdo de observación” con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir).

Nicolás Moscoso, del Ceela, declaró que “el observador no viene a dictaminar si la elección está bien o mal, sino a colaborar con los organismos electorales para que el sistema electoral continúe mejorando”, agregando que “los resultados de ese trabajo serán conocidos exclusivamente por el CNE”.

Carlos López, presidente de Opeir, declaró que “el de Venezuela es uno de los sistemas electorales más firmes y transparentes a nivel global”.

Por la información trascendida tanto Ceela como Opeir realizarían labores de “acompañamiento” y no de “observación”.

Finalmente, el 8 de abril se divulgó la invitación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y en especial a Colombia, para que sean observadores en las elecciones. Diferentes analistas recordaron que Colombia no contaba con tradición ni reputación en observación electoral.

Jóvenes de zonas populares de Caracas abandonan sus estudios por la crisis económica

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La ONG Mi Convive reveló que el 57% de los jóvenes de las zonas populares del municipio Libertador de Caracas afectados por la violencia armada abandonaron sus estudios por la crisis económica del país, a pesar de que 81% de quienes desertaron querían continuar con sus estudios.

Así lo señala el estudio “Encara: encuesta a jóvenes caraqueños”, el cual se realizó en 13 parroquias del municipio Libertador para indagar sobre las condiciones sociales y factores de riesgo, con jóvenes entre 15 y 25 años.

Este estudio se hizo en 2021 con una muestra de 355 participantes provenientes de comunidades de Caracas afectadas por la violencia armada.

De acuerdo con la ONG, en los últimos 5 años, Caracas ha estado entre las ciudades más violentas de la región. Los y las jóvenes están propensos a situaciones de déficit económico, expuestos a la violencia armada, y excluidos de posibilidades efectivas de educación, trabajo y desarrollo integral.

Entre los hallazgos, Mi Convive señala que el 5,8% de los jóvenes logró acceder a estudios universitarios o técnicos, y 33,4% no completó el bachillerato. La edad media en que se abandonan los liceos y escuelas es a los 16 años.

Esta deserción escolar también está asociada al embarazo temprano, es decir, adolescentes y jóvenes que tienen hijos y deben responder por las familias que han formado. También se detectó que 27,6% de esos jóvenes sufren doble exclusión: no estudian ni trabajan.

Por otra, parte, la mayoría de los jóvenes viven en hogares con cinco miembros en promedio y en 84% de hogares predomina la figura adulta de la mujer, lo que reafirma la desigualdad en roles domésticos entre hombres y mujeres.

Con relación a la violencia, 1 de cada 3 encuestados prefirió no emitir opinión sobre las bandas delictivas y fuerzas armadas; y quienes sí hablaron 45% expresó que en sus zonas hay bandas criminales y 76% no se siente seguro con ellas. Los cuerpos de seguridad del Estado tampoco les ofrecen confianza. De hecho, 1 de cada 3 jóvenes encuestados había sido víctima de un robo, pérdida de un familiar y/o violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El estudio de Mi Convive también señala la exposición a otros factores de riesgo como el fácil acceso a drogas y alcohol.

Aunque la encuesta se realizó en 2021, la situación económica y social no ha hecho sino empeorar, de acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello en 2023 (Encovi).

Los jóvenes caraqueños trabajan para “resolver” el día a día, lo cual les genera experiencias emocionales de intranquilidad, desconfianza y angustia, y dan cuenta de una transición adelantada y atropellada hacia la adultez.

Puede leer el estudio completo aquí