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Niña de cuatro años falleció tras ser arrollada por una patrulla del Cicpc en Propatria

Pasaban las 2:00 pm del pasado viernes 26 de abril de 2024, cuando se escucharon los gritos de Ashley Layle Urdaneta (4), en la estación de gasolina de Propatria, parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas.

El conductor de una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) la había arrollado, cuando arrancó de forma rápida para salir del lugar.

El vehículo oficial está adscrito a la Delegación Municipal de Eje oeste de Propatria, a pocos metros de donde se reportó el lamentable suceso.

Familiares y allegados de la víctima explicaron, al día siguiente en la morgue de Bello Monte, que la niña de cuatro años acostumbraba a acompañar a su mamá, Mayerling Soto, mientras se ganaba la vida como cuidadora de carros y motos en la zona.

“Cuando todo ocurrió, dos de los agentes se bajaron de la patrulla y salieron corriendo. La gente gritaba que eso no era correcto. Luego, varios funcionarios llegaron al sitio y lavaron la sangre”, contó uno de los acompañantes de la familia.

Relataron que la menor fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, también conocido como Los Magallanes de Catia, a donde llegó sin signos vitales.

Aseguran que el hecho quedó grabado por varias cámaras de seguridad de la zona y de la estación de servicio.

El sábado 27 de abril, los familiares y allegados de la pequeña hicieron los trámites para retirar su cuerpo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde exigieron justicia.

Expresaron sentirse preocupados, pues temen que al tratarse de funcionarios del Cicpc, “nadie se haga responsable”.

“Ellos son de una familia de bajos recursos y como (su mamá) no tenía con quién dejarla mientras trabajaba, se la llevaba con ella. Ellos llegaron a decirle, luego de atropellarla, que pensaron que se trataba de un perro”, mencionó uno de los allegados a la familia, quien prefirió resguardar su identidad.

Por otra parte, señalaron que cuando la madre de la niña acudió hasta la sede de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en El Llanito, municipio Sucre, estado Miranda, fue sometida a un largo interrogatorio del que salió pasadas las 8:00 de la noche de ese mismo viernes.

Protestan por justicia

Este lunes 29 de abril 2024, familiares y amigos, luego de sepultar a la niña, se fueron a las adyacencias del lugar del suceso y hasta la sede de la Delegación Municipal del Cicpc, eje Oeste, para exigir justicia.

Con globos blancos y pancartas y bajo la consigna “justicia, justicia”, pidieron que la muerte de Ashley Layle Urdaneta no quede en impune y que los responsables “paguen”. También comentaron que no tenían miedo.

Mayerling Soto relató, junto a todos los manifestantes, cómo la patrulla del Cicpc arrolló a su hija menor de cuatro años.

“Yo estaba con ella, vinieron de retroceso y se estacionaron. Nunca nos percatamos de que el vehículo estaba encendido. Mi hija me preguntó si tenía los zapatos bien puestos y yo le dije que no, que se los acomodara. Se ubicó en una esquina y, cuando el carro arrancó, me pisaron a mi hija y le pasaron por encima. Mi hija no estaba dentro de ninguna caja. Yo estaba con ella”, dijo Soto entre lágrimas.

Dos versiones y un detenido

Sobre la muerte de Ashley Layle Urdaneta, hay dos versiones.

La primera de estas, por parte de familiares, es que la niña estaba sobre unos cartones junto a su madre poniéndose unos zapatos, cuando el conductor de la patrulla arrancó, de forma abrupta, y pisó a la infante.

La segunda versión, extraoficial y de fuentes policiales, es que la víctima estaba dormida, tapada con algunas cajas y cartones, por lo que al momento de mover la patrulla, no lograron verla.

Deudos de la niña informaron que también denunciaron su muerte en las oficinas del Ministerio Público, en la avenida Urdaneta.

De manera extraoficial, se conoció que un detective del Cicpc, presuntamente, conductor de la patrulla, está detenido.

Van 14 arrollamientos

Cifras recopiladas por el equipo de Monitor de Víctimas revelan que, durante 2023, se registraron 61 muertes como consecuencia de arrollamientos en el Área Metropolitana de Caracas. De estas, 7 ocurrieron en la parroquia Sucre, 7 en El Recreo y 8 en Coche.

Llama la atención que de enero a marzo de 2024, se han reportado 14 víctimas por esta causa. De ese total, la parroquia El Paraíso registra 5 casos y Petare, 4.

@jheilyn_cermeno

Alertan que detenciones arbitrarias atentan contra proceso electoral del 28 de julio

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Organizaciones no gubernamentales advirtieron el 30 de abril que las detenciones arbitrarias atentan contra el proceso electoral  presidencial que se  celebrará el 28 de julio. 

Mediante un comunicado, las ONG rechazaron la “política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas, en flagrante violación a lo establecido en el Acuerdo de Barbados”.

Al respecto, recordaron que en el estado Portuguesa. Esas detenciones “violan los derechos de libertad de reunión, asociación, expresión, manifestación e integridad física, en medio del contexto electoral presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela”.

También, señalaron que en la campaña política que realizan sectores de la Plataforma Unitaria Democrática se han presentado acciones de  “criminalización, persecución y judicialización contra integrantes de sus partidos políticos en diferentes estados del país como Barinas y Caracas”.

Los hechos más recientes ocurrieron en Portuguesa, los días 27 y 28 de abril. Presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron el sábado, 27 de abril, a Óscar Castañeda, un simpatizante de María Corina Machado que participó en un acto de la opositora en Turén.

Después, el domingo 28 de abril, presuntos funcionarios del Sebin detuvieron al director del comando de campaña de Vente Venezuela en el municipio Santa Rosalía Víctor Castillo. Ese mismo día detuvieron a Ámbar Márquez, vicepresidente de organización política Primero Justicia en Santa Rosalía y miembro del comando de campaña municipal.

De acuerdo con el comunicado de las ONG, todas estas detenciones se hicieron sin ninguna orden.

Estas detenciones, en medio del proceso electoral, son violatorias de los derechos humanos y transgrede el derecho a la libertad de reunión y asociación. Además, vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y evidencia “el cierre del espacio cívico y el aumento de la represión y judicialización en el contexto electoral del 28 de julio”.

La visita de María Corina Machado a Portuguesa es el primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, por lo que “constituye un grave precedente que puede influir negativamente en el desarrollo de la campaña electoral, así como en los derechos de elegir y ser elegidos de toda la población venezolana”.

En ese sentido, las ONG señalaron sus recomendaciones y exigencias al Estado venezolano ante esta situación, entre las que se enumeran:

Garantizar el derecho a la libertad de reunión y asociación de los ciudadanos y no criminalizar su libre ejercicio, garantizar la libertad de asociación y de reunión de los ciudadanos venezolanos, y no estigmatizar la labor de las organizaciones políticas y sociales del país

El cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales.

El respeto a la vida e integridad de los 3 ciudadanos detenidos arbitrariamente por presuntos funcionarios de Sebin en el municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa, así como el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza.

La liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y respeto al derecho a la libertad personal, como lo establece el artículo 44 CRBV: “ninguna persona podrá ser detenida sino en virtud de una orden judicial o a menos que sea sorprendida en flagrancia”.

Solicitaron a la comunidad internacional, a través de sus mecanismos diplomáticos y de protección a los derechos humanos, realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento de los Acuerdos de Barbados, que permitirían un proceso electoral libre y confiable el próximo mes de julio.

Aspiran a que este #1May levanten la inhabilitación al aumento del salario

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En protesta nacional los trabajadores exigirán este 1 de mayo el aumento del salario mínimo a $200 con incidencia en las tablas.

Este 29 de abril, desde la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), gremios y sindicatos convocaron a la manifestación nacional y expusieron detalles de sus peticiones.

En un comunicado que leyó José Elías Torres, secretario general de la CTV, enfatizó que los trabajadores protestarán “contra la política hambreadora del gobierno, para exigir un salario mínimo que resuelva realmente los problemas económicos de los trabajadores y marque el inicio de la recuperación del valor de trabajo”.

Aseveró que los trabajadores venezolanos no seguirán “cargando con el peso de una crisis creada por quienes dirigen el Estado”.

Recordó que desde marzo de 2022 no se aumenta el salario mínimo en Venezuela: “Los 130 Bs hoy son menos de $4 mensuales. El salario no alcanza ni para medio comer tres veces por día al mes, tampoco las jubilaciones ni pensiones”.

En el comunicado rechazaron la política “perversa” de bonificaciones que, denuncian, los empobrece porque los montos son “irrisorios” y no les procuran ingresos seguros. 

Destacaron además que, por los bajos ingresos que perciben, se ven obligados a buscar más de un empleo y a jornadas extenuantes, o a emigrar para buscar mejores condiciones de vida. 

Recordaron también al gobierno que el foro tripartito del diálogo social aprobó el método de fijación del salario mínimo, para cumplir con lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo. 

“Este 1 de mayo se cumplirán tres meses del acuerdo (…) Presidente, no siga evadiendo las obligaciones de esta materia”, instaron.

En Caracas, la protesta tendrá distintos puntos de concentración debido a que en anteriores convocatorias, según denunciaron los voceros de la actividad, han sido bloqueadas las rutas. El principal hasta ahora es Plaza Venezuela. 

Víctimas de la persecución

En el comunicado, respaldado por la Asociación de Profesores de la UCV, la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ASI Venezuela, la CTV y la Confederación General de Trabajadores (CGT) se resaltó también que quienes exigen en el país mejores condiciones de trabajo son víctimas de persecución política. 

“Cuando reclamamos salarios dignos, el gobierno nos reprime, nos criminaliza y los jueces mandan a nuestros dirigentes a la cárcel. Tenemos a compañeros presos o en libertad condicional por defender los derechos de los trabajadores”, reclamaron.

No obstante, recalcaron que continuarán en su lucha por “devolverle el valor al trabajo” y lograr “condiciones dignas”. 

“La pelota está en la cancha del presidente”

Marcela León, presidente de ASI Venezuela, destacó en una entrevista radial que la pelota “está en la cancha del Presidente” porque las centrales que participan en el diálogo para fijación del salario mínimo lograron una propuesta salarial acorde con el proceso de equilibrio que tiene que haber entre el crecimiento, el desarrollo económico y las necesidades de los trabajadores.

“Ese método lo ayudó a construir la OIT y también definimos una canasta mínima de consumo para los trabajadores (…) pensamos que es posible un salario mínimo de arranque de $200 para ir cónsonos con la recuperación económica (…) Ya se cumplió el método, ahora es el Presidente, como lo establece la Constitución, quien debe dar una respuesta a esa consulta efectiva después de haber escuchado a trabajadores y empleadores”, insistió.

Remarcó que si el propio gobierno ha reportado recuperación económica en los últimos, lo más sensato es que los trabajadores también perciban mejoras salariales.

“De ese chorro de petróleo que hay producto de la flexibilización de sanciones en octubre de 2023, queremos que se reconozca a los trabajadores que hemos tenido que aguantar el peso de la crisis política, social y económica”, agregó.

León enfatizó en que no se oponen a la política de bonificación para complementar el salario, pero que estos instrumentos no pueden seguir sustituyendo al salario mínimo. 

“Mientras tengan los contratos colectivos congelados y los salarios congelados, el ciclo económico se paraliza. Es falso que la inflación la generen los aumentos salariales. El propio Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en sus informes, que el aumento del salario mínimo reactiva la economía y el consumo”, concluyó.

No hay razones para tal contención salarial

A la fecha, Venezuela no solo tiene el salario mínimo más bajo de la región, sino que tras 775 días sin ajuste -hasta el 29 de abril de 2024- los 130 bolívares equivalen a $3,2 al mes, o $0,12 la hora, especificó en su cuenta en X el economista y profesor universitario Hermes Pérez. 

“En dicho lapso, la inflación acumulada ha sido de 805%, por tanto, el alza de precios no puede imputarse a los ajustes salariales”,  remarcó el experto. 

Pérez, quien fue el último jefe de la mesa de cambio en el Banco Central de Venezuela precisó que el último ajuste salario se realizó en marzo de 2022 y la inflación de ese mes fue justamente la más baja de todo el 2022 y el 2023 (1,4%), lo que reafirma que la génesis de nuestra inflación “obedece a razones distintas”.

El economista considera que no hay razones fiscales que expliquen “semejante contención salarial”.

“En 2023, el país recibió $ 16 mil millones (MM) por ingresos petroleros, más que lo percibido por Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay por sus exportaciones totales. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2024 los ingresos crecieron 35% por mejores precios. Así, Venezuela exportó crudo por $ 4,6 millones en ese lapso. En contexto: Las empresas estatales de Bolivia (Gas) y de Chile (Cobre) exportaron $2,37 MM y $1,18, cada una, en todo el 2023”, amplió Pérez. 

 

El Mañanero del 30 de abril: Fiscalía involucra a la oposición en corrupción y otras seis noticias sobre Venezuela

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En El Mañanero del 30 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La oposición condenó la detención de los tres dirigentes de comandos municipales en Portuguesa. Tarek William Saab informó que Carlos Ocariz, Julio Borges, Leopoldo López y Carlos Vecchio están involucrados en la trama Pdvsa-cripto y la imputación de Antonio Sequea, son las noticias más importantes.

Oposición condena detención y desaparición de tres dirigentes de comandos municipales en Portuguesa

“NO”: La película sobre dictadura con la que TalCual celebró su 24 aniversario

Fiscalía involucra a Ocariz, Borges, López y Vecchio en Pdvsa-cripto

Denuncian que imputaron a militar Sequea por fuga de Leopoldo López

El reto de educar a las niñas en tiempos de redes sociales

5% del llamado G4 ha sido intervenido por el TSJ

Gabriela Rojas, periodista: “Hemos logrado identificar unos sectores que tienen una carencia importantísimas de información y estamos buscando la manera de hacer que ese liderazgo que vive y reside en esas comunidades pueda recibirlo” 

 

Reseña de los candidatos que cohabitan con Maduro

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El candidato de la unidad opositora es Edmundo González. Se han presentado otros que simulan querer un cambio, pero son candidatos que cohabitan con Maduro

 

En democracia es válido que se presenten varios candidatos a la presidencia, pero ante un régimen violador de los derechos humanos, destructor y corrupto lo procedente es que los demócratas postulen a un solo contendor. Este requisito es conveniente para derrotar a Maduro, quien, por contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sumisos, obliga a ganar con el mayor margen posible.

El candidato de la unidad opositora es Edmundo González, pero se han presentado otros que simulan querer un cambio, pero que son aliados del régimen. Por ello hay que exponerlos, aunque las encuestas indican que obtendrán muy pocos votos.

Antonio Ecarri: militó en Primero Justicia, en Proyecto Venezuela y en Copei. Participó como uno de los precandidatos de la Mesa de Unidad para competir por la Alcaldía de Libertador en 2012. Como perdió, desconoció esa primaria y se postuló como independiente, rompiendo la unidad. Se postuló por segunda vez a esa alcaldía en 2020 por su partido Alianza del Lápiz, desconociendo al candidato seleccionado por la Mesa de Unidad Democrática. Nuevamente fue derrotado.

No se atrevió a participar en la primaria para elegir el candidato que enfrentaría este año a Maduro. Argumentó que los otros contendientes habían apoyado al gobierno interino de Guaidó, lo cual es falso. Se inscribió como candidato a la presidencia y cuenta con el apoyo de Avanzada Progresista, cuyo secretario general es Luis Romero, quien aceptó que el régimen le otorgara una diputación en la Asamblea Nacional 2020, en la que no participaron los partidos opuestos al régimen y que fue desconocida por más de sesenta países. Si gana, ofreció mantener a Padrino López como ministro de Defensa.

Luis Eduardo Martínez: conocido entre sus allegados como “el Burrito”. Fue gobernador de Monagas y sin explicaciones abandonó el cargo. Pertenece al ala de Acción Democrática encabezada por Bernabé Gutiérrez, a la que el TSJ del régimen le concedió graciosamente la representación “legal”. Aceptó una diputación otorgada por Maduro en la farsa electoral del 2020. Los precandidatos Juan Carlos Alvarado y Luis Ratti declinaron a su favor. Alvarado es el secretario general del ala del partido Copei a la cual el TSJ le concedió la representación “legal” y el régimen le regaló una curul en la farsa del 2020.

Ratti es el mandador del régimen para introducir demandas de nulidad ante el TSJ de cuanta cosa pueda perjudicar a la oposición.

Daniel Ceballos: inició su carrera política luchando en contra del régimen. Estuvo preso y la cárcel lo cambió. Creó el partido AREPA y se postuló para la presidencial de este año. Cuenta con el apoyo del ala de Voluntad Popular intervenida por el TSJ. Acepta que se puede convivir con Maduro.

Claudio Fermín: es un caso patético de transformación. Pudo ser el líder de Acción Democrática, pero prefirió las mieles de la cercanía al régimen. Creó el partido Soluciones, quizá para solucionar sus problemas. Recientemente declaró que “no ha habido ningún Gobierno sometido al acoso y sometido a la conspiración externa como el de Maduro”.

José Brito: por generosa concesión del TSJ y del CNE, violando la ley electoral, logró le otorgaran la tarjeta del partido Primero Justicia. Su mala fama es conocida mundialmente, incluyendo relación con Alex Saab.

Javier Berctucci: desde hace tiempo intenta mezclar la política con la religión, aunque al parecer no es muy santo. Fue detenido por razones no políticas, pero por congraciarse con Maduro no ha sido sentenciado.

Benjamín Rausseo: es inexplicable que siga insistiendo en la política. Está lejos de ser un Zelenski.

Enrique Márquez: no entendemos qué es lo que busca, pero su candidatura beneficia a Maduro.

Ninguno de estos candidatos cuenta con electores y en una contienda limpia no perjudicarían a Edmundo González. Sin embargo, en las actuales circunstancias facilitan que el régimen haga trampa distribuyendo votos que arbitrariamente le resta a Edmundo. Si insisten en sus candidaturas es porque desean la continuidad de Maduro.

Como (había) en botica

  • Excelente el discurso de Edmundo, y María Corina sigue atrayendo votantes en sus recorridos en apoyo a nuestro candidato.
  • A Maduro lo apoyan trece partidos de maletín. Se quedó con muy escasos seguidores.
  • Honor a Juan Pablo Pernalete y a todos los asesinados por querer un mejor país.
  • Lamentamos el fallecimiento de Ángel Martínez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Denuncian que imputaron a militar Sequea por fuga de Leopoldo López

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La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció este lunes 29 de abril que el capitán Antonio Sequea fue imputado por la fuga del dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, en octubre de 2020.

La ONG recordó que el militar se encuentra preso desde mayo de ese año por su presunta vinculación en la denominada Operación Gedeon, inicialmente en la cárcel de Ramo Verde y ahora en El Rodeo I.

Según la ONG, el capitán Sequea fue sentenciado en 2020 a 30 años de prisión por su aparente participación en el caso Gedeon y luego en 2023 fue acusado por otro caso. 

La tarde de este domingo familiares de Sequea denunciaron que este ha perdido peso y se encuentra en deplorables condiciones en la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I.

La hermana del militar, Fátima Sequea, denunció en sus redes sociales que este ha perdido peso de forma considerable desde que fue llevado a ese centro de reclusión. 

Aseguró que solo le permiten tener agua por dos minutos y la celda en la que se encuentra “es un horno lo cual lo deshidrata”.

Sequea pidió al defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que “revise y visite a los presos que fueron trasladados” porque la situación de la comunidad penitenciaria es similar a la de su hermano. 

“La abogada no ha podido entrar porque dicen que como no está juramentada, pues no es su abogada. Pero a Antonio jamás le han permitido juramentar un abogado, jamás tuvo derecho a la defensa, no hubo presunción de inocencia”, dijo un familiar.

“Antonio es un militar forjado en cursos de supervivencia. Él nunca se había quejado, ni siquiera cuando lo torturaron”, afirmó.

Sequea fue capturado junto a varios hombres, entre ellos su cuñado Fernando Noya, el 4 de mayo de 2020 durante una incursión en las costas de Aragua, bajo la llamada operación Gedeón.

Familiares de al menos 45 presos políticos que han sido trasladados a la cárcel de El Rodeo aseguran que es “un nuevo centro de torturas” y han denunciado la grave situación de esa prisión. 

Ninguno de los presos comparte celda, las cuales tienen una dimensión de 2×2 metros, y se les prohíbe tener contacto entre ellos. La alimentación es restringida, no tienen agua de forma regular, tampoco cuentan con luz eléctrica o reciben luz directa del sol.

Allegados manifestaron su preocupación por la pérdida de peso en todos los presos políticos, lo que podría desencadenar enfermedades.

 

 

75 % del llamado G4 ha sido intervenido por el TSJ

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El 75% de los partidos políticos del G4 han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así lo señala una nota publicada en el portal web Suprema injusticia, una iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela. 

El G4 es la cúpula de la oposición tradicional en Venezuela que acoge en su seno a formaciones políticas históricas como: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).

Primero Justicia (PJ) se ha convertido en el partido opositor más reciente en ser descabezado por el TSJ. La Sala Constitucional, intérprete del texto fundamental, tomó la medida en su sentencia número 207, dictada el pasado 22 de abril de 2024 y cuyo contenido íntegro no ha sido publicado todavía en el sitio web del TSJ.

Con la intervención de Primero Justicia ya son tres las organizaciones que han sido objeto de una decisión similar del TSJ desde 2020. Acción Democrática y Voluntad Popular también vieron cómo sus autoridades eran removidas por el TSJ. Un Nuevo Tiempo, el partido del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, estuvo a punto de correr la misma suerte, aunque la Sala Constitucional del TSJ jamás tramitó la petición que buscaba su intervención y tres años después la desechó, al tiempo que multó a quienes la interpusieron.

Expropiación de partidos ya es costumbre 

Por segunda ocasión en cuatro años, el TSJ intervino al partido de la tolda aurinegra en respuesta a una solicitud del diputado de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, José Brito.

Brito, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Primero Venezuela, fue nombrado presidente ad hoc de la junta directiva de PJ y ahora posee el aval para emplear la tarjeta y los símbolos del partido.

El pasado miércoles 24 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó un lapso de 48 horas para que la nueva junta directiva de PJ se adhiera a una de las postulaciones admitidas por el ente comicial de cara a los comicios del 28 de julio.

Brito acudió el pasado 15 de marzo a preguntar por el “limbo jurídico” en el que se encontraba el partido y un mes después, luego de que el CNE admitiera las postulaciones para presidente, le devolvieron las riendas de la tolda amarilla.

José Brito fue expulsado de PJ en 2019 luego que un reportaje del portal Armando.info revelara aparentes nexos con el empresario colombiano Alex Saab y una supuesta red de malversación de fondos en torno al programa de Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). La eventual trama de corrupción fue bautizada como «Operación Alacrán» por la oposición.

Un año después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Brito y a otros seis diputados, entre ellos el también ex miembro de Primero Justicia, Luis Parra, por su participación en el intento de juramentar una junta directiva paralela en la Asamblea Nacional.  

En noviembre de 2023, abogados españoles demandaron a Brito y a otros diputados por estar supuestamente en la trama de corrupción con Saab y los CLAP.

Fiscalía involucra a Ocariz, Borges, López y Vecchio en Pdvsa-cripto

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En su ya acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el fiscal general designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó a los dirigentes políticos de oposición Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio y Carlos Ocariz de estar involucrados en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

“El objetivo y el fin de esta mafia, encabezada por Tareck El Aissami, no era otro que implosionar la economía nacional; destruir nuestra moneda presionando al alza el valor del dólar paralelo, y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”, dijo el funcionario. 

Saab también involucró al ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story Y mostró el audio de una supuesta llamada telefónica entre Julio Borges, Carlos Ocariz y Samark López.

“Éstas personas mencionan a James y a otra persona que tiene un papel importante. Mencionan a Story y a un Foley como si fueran dioses, con el fin de favorecer y ejecutar éste plan en contra de la nación venezolana”. 

El fiscal indicó que por esta supuesta red de corrupción hay 66 personas detenidas.

“Altos funcionarios, muchos de ellos presidentes de filiales de Pdvsa, quienes luego de ser detenidos declararon cómo utilizaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales”, agregó.

Saab aseveró que  no se descartan nuevas detenciones y nuevos nombres en esta trama de “conspiración política”.

López y Borges salen al paso a fiscal 

Desde el exilio, Leopoldo López desmintió estar vinculado al caso de supuesta corrupción en la principal filial petrolera del país.

“La dictadura, siempre inventando cosas e intentando desviar la atención”, dijo en una rueda de prensa online en la que presentó su investigación para el Wilson Center de Washington “Crypto en Venezuela: Dos caras de una moneda”. 

Lopez aseguró que el madurismo utilizó las criptomonedas para “evadir sanciones, lavar dinero y profundizar en la corrupción”.

El ex alcalde de Chacao considera que el sistema financiero del país es vulnerable y que está “enjaulado y controlado”.