La Compañía Nacional de Teatro Down APOYE se complace en invitar al público en general a la presentación de la obra “Algo grave le va a pasar a este pueblo”, una historia basada en el cuento de Gabriel García Márquez, bajo la dirección general de Daniela Vielman.
Las funciones a beneficio de la agrupación teatral serán los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de mayo, viernes 6 de la tarde, sábado y domingo a las 5pm, las entradas tienen un valor de 5$ y se pueden comprar en APOYE o en la taquilla de Rajatabala.
Esta agrupación de teatro, fundada en el año 2.000 por Ignacio Márques y un grupo de padres de jóvenes Síndrome de Down, tiene como misión cambiar paradigmas y abrir espacios en la sociedad que permitan mejorar la calidad de vida de las personas para mejorar su formación integral, integración social y su vida independiente.
En estos 24 años de labor, Apoye se ha valido, entre otras actividades y programas, del teatro y la danza como recursos para potenciar las habilidades artísticas y creativas de los jóvenes Down, así como también para lograr la integración e interacción social necesarias para su desarrollo e independencia.
Después varios años de formación actoral y teatral, Apoye está listo para presentar ante el público caraqueño su espectáculo “Algo grave le va a pasar a este pueblo” una divertida comedia que nos describe cómo sociedad. Habla sobre los rumores y cómo pueden influir en un pueblo. Un colorido y hermoso vestuario y una divertida selección musical acompañan esta maravillosa representación.
Esta es una producción de APOYE AC, en alianza con producciones DV y la Embajada de Francia en Venezuela.Para mayor información visitar el perfil en Instagram @apoyeac o llamar a los teléfonos: 0412-9369108 y 0412-3638038.
Durante febrero 10 niñas y niños quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres en Venezuela y 12 en el exterior. En total, 22 niñas y niños perdieron a sus progenitoras de manera violenta, de acuerdo con elObservatorio Digital de Femicidios de Cepaz.
Desde el 1 al 29 de febrero de este año 10 niños y niñas quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres en Venezuela. En este mismo periodo, 12 niños quedaron huérfanos a consecuencia de la muerte violenta de sus madres venezolanas en el exterior.
De acuerdo con el monitoreo, las niñas y los niños que quedan huérfanos es uno de los fenómenos asociados a los femicidios más preocupantes. En uno de los casos registrados en febrero, los hijos presenciaron el femicidio de su madre.
En febrero hubo un total de 11 femicidios consumados y 12 en grado de frustración en Venezuela. Según el monitoreo de la ONG, hubo una acción femicida cada 30 horas durante el segundo mes del año.
Cepaz
Por otra parte, el monitoreo precisó que todas las víctimas eran venezolanas. El 67% de las víctimas conocía a sus agresores. En el 18,2% de los casos de femicidios consumados se menciona a mujeres involucradas en los hechos. Y en el 8,2% de los femicidios frustrados, aparece una mujer como coautora.
Aragua, Distrito Capital y Mirandaconcentran la mayor cantidad de acciones femicidas (54,6%), con dos casos consumados en cada región. La mayor frecuencia de femicidios frustrados se aprecia en Carabobo (3 casos) y Zulia (2 casos).
De todas las víctimas, dos eran menores de un año. Ante eso, el observatorio alertó que femicidio infantil no se encuentra expresamente tipificado en nuestra legislación. “Presupone una relación de subordinación de las víctimas frente al ofensor, acompañada muchas veces de un estado de desprotección”, señaló el texto.
Sobre las víctimas y los agresores
En el 90,9% de los casos de femicidios consumados en Venezuela, ocurridos durante el mes de febrero de 2024, el agresor es de nacionalidad venezolana. Y en caso de femicidios frustrados, el 91,7%.
Para todos los casos la edad de los agresores no arrojó un dato significativo,salvo que uno de los agresores fue un adolescente. La edad de su víctima no se pudo establecer, agregó la ONG.
Además, la organización precisó que frente a 23 acciones femicidas, solo un caso (frustrado) reseña para el ofensor la existencia de antecedentes penales por violencia de género. Del monitoreo de femicidios consumados se documentó que el 36,4% de los agresores están en fuga. El 45.5% fue posteriormente aprehendido.
De acuerdo con el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz, en febrero de 2024 hubo 4 muertes violentas de venezolanas en el exterior. No hubo femicidios en grado de frustración.
En promedio, cada 7 días hubo una acción femicida contra una mujer venezolana en el exterior. El 50% de los casos ocurrieron en Colombia. Otro 25% de los casos ocurrieron en Estados Unidos y el restante 25% en Ecuador.
Con respecto al rango etario, en el 50% de los casos la víctima se encontraba entre los 22 a 30 años, y el otro 50% de 34 a 45 años. El femicidio ocurrió en el ámbito privado (la casa del agresor y la mujer) en el 50% de los casos.
No se mencionó la aparente motivación del agresor en el 75% de los casos. Asimismo, en un 25% de los casos la motivación del agresor fue que la víctima había decidido separarse. En un 25% de los casos el cuerpo de la víctima presentó mutilación/descuartizamiento.
Sobre los contextos femicidas, Cepaz destacó que un 75% de los casos se trataba de un femicidio íntimo y en un 25% de los casos no se registraron datos al respecto en los medios digitales.
También, se supo que en el 50% de los casos se utilizó un arma blanca o punzo penetrante como mecanismo de comisión del hecho delictivo. En otro 25% de los casos se utilizó la propia mano y pies (golpes de puño/ patadas) y en un 25% de los casos el arma o mecanismo de comisión fue diferente a los enlistados como posibilidades en la investigación.
“Así te queríamos agarrar”, estas fueron las últimas palabras que, según testigos, habría escuchado Danny José Pérez, de 21 años de edad, cuando un grupo de funcionarios del Cicpc lo interceptó y luego disparó contra él, causándole la muerte.
El crimen ocurrió la noche del 11 de abril de 2024, cuando Danny iba camino a su casa, ubicada en el barrio El Bolívar de Quíbor, municipio Jiménez del estado Lara.
La hermana de Pérez, quien por temor a represalias pidió no ser identificada, contó que los funcionarios se valieron de la oscuridad y de que él iba por el callejón, para evitar que alguien los viera.
“No querían dejar evidencias, pero los vecinos, claramente, escucharon cuando uno de los funcionarios le dijo: `Así te queríamos agarrar´. Mi hermano no opuso resistencia, como ellos (Cicpc) quieren hacer creer”, sostuvo la dama.
El comisario general Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, Policiales y Científicas (Cicpc), informó que Danny Pérez murió en un presunto enfrentamiento contra los policías. Sin embargo, la familia del joven negó que haya habido un intercambio de disparos.
La hermana de Pérez comentó que no era la primera vez que el Cicpc visitaba al muchacho. Alegaron que siempre que ocurría un delito, los detectives lo señalaban a él y llegaban hasta su casa.
“En el grupo de funcionarios que mató a mi hermano estaba uno que siempre lo visitaba para extorsionar. Cualquier roce o situación irregular que se presentara, lo involucraban a él y tenía que darles plata para que se quedarán tranquilos”, dijo la hermana al equipo de Monitor de Víctimas.
Los familiares contaron que Danny Pérez o el “Bebo”, como cariñosamente le decían, fue detenido siendo menor de edad, por el delito de robo. Una vez que salió de prisión, se fue a Quíbor para vivir con su mamá, porque ella se quedó sola después de que otro hijo fue asesinado en un operativo policial de funcionarios del Cicpc.
Pese a que Pérez tenía años de haber salido de la cárcel, la hermana contó que aún los funcionarios lo visitaban para “quitarle dinero”. Aseguró que la cantidad era de más de 20 dólares.
Para la familia Pérez, denunciar su crimen no lo va a revivir, pero están confiados en la “justicia divina”.
Febrero violento
El Cicpc indicó que la víctima, presuntamente, estaba solicitada por el Juzgado de Control Quinto, por homicidio calificado en contra de Ramiro Alexander Rodríguez, hecho ocurrido en el año 2019, en El Pueblito, municipio Morán.
Este año (2024), se han registrado 19 homicidios, de los cuales solo 13 fueron asesinados en el mes de febrero, el más violento hasta ahora.
Este es el primer caso en el año, en el que se acusa como victimarios a funcionarios del Cicpc. En otros dos casos se responsabilizó a funcionarios de la PNB y en uno a un policía estatal.
En El Mañanero del 06 de mayo de Runrun.esresumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La OEA pide a la CPI investigar crímenes de lesa humanidad, Oswaldo Castillo ya lleva más de cinco años preso, 1 de cada 4 migrantes interceptados en México es venezolano y el salario mínimo, son las noticias más importantes del momento.
Miliany Castillo, hermana del preso político Oswaldo Castillo: “A mi hermano lo detuvieron el 6 de octubre, dos meses después del intento de magnicidio, es mentira que estaba en la clandestinidad, él estaba haciendo sus diligencias para presentar la tesis y graduarse”
Cuando la popularidad comienza a disminuir, se abren todas las compuertas que dan paso a revueltas, protestas y, eventualmente, a la misma caída del régimen
La historia nos ha demostrado que cuando un gobernante pierde su popularidad, se desencadenan una serie de eventos con consecuencias devastadoras para su país. Pero también, y subrayo el “también”, para el mandatario en cuestión. ¿Por qué? La respuesta es muy simple: la popularidad es crucial para mantener su poder y control sobre la población, por lo que cuando esta comienza a disminuir, se abren todas las compuertas que dan paso a revueltas, protestas y, eventualmente, a la misma caída del régimen.
Esa pérdida de popularidad puede deberse a una enorme variedad de factores, empezando por la corrupción. Dejar que sus adláteres roben es una fórmula mágica para luego tenerlos con la rienda corta. Ha habido numerosos casos de líderes políticos que han estado involucrados en actos de corrupción –o han permitido que sus familiares y colaboradores se enriquezcan ilícitamente– a cambio de lealtad y apoyo. Esto puede ser utilizado posteriormente como un mecanismo de chantaje, no solo para garantizar la fidelidad de los involucrados, sino para evitar que revelen información comprometedora. Pero entre cielo y tierra no hay nada oculto.
La represión, tortura y cualquier otra violación de los derechos humanos de quien ose enfrentarlos, es otro factor importante: la siembra de miedo como manera de mantener subyugada a la población. También podemos mencionar la mala gestión económica, que causa desempleo, hambre y falta de servicios básicos. Todo lo que vaya sumando en el descontento público, aunque no se haga público.
Ese descontento generalizado de la población, sea cual sea su origen, produce el mismo resultado: la legitimidad del gobernante se ve cuestionada y, por lo tanto, su poder se ve amenazado. Cuando esto sucede, el alto gobierno suele recurrir a medidas desesperadas para intentar mantenerse en el poder. Estas medidas incluyen la represión violenta de las protestas, la censura y cierre de los medios de comunicación y, por encima de todo, la persecución de opositores políticos. Mucho más si gozan de popularidad y –han calado en el alma del pueblo.
Sin embargo –y es lo que parece que sucede en los círculos más cercanos al poder es que no se percatan de lo perniciosas que pueden ser estas acciones para ellos mismos, porque suelen alimentar aun más el descontento y la rabia de la población. A menudo, han conducido a un aumento de la violencia y la inestabilidad en el país. “Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe” reza un sabio dicho popular.
Y ha habido casos en los que la pérdida de popularidad del régimen totalitario ha llevado a su destitución o incluso, a su derrocamiento. Ha ocurrido a través de elecciones libres y justas, protestas masivas o incluso insurrecciones de sus otrora aliados. Sea como sea, el resultado suele ser un cambio de gobierno y la búsqueda de un nuevo liderazgo que pueda restablecer la estabilidad y la confianza en el país.
Casi siempre, la pérdida de popularidad de un gobernante es el inicio de un proceso peligroso con consecuencias impredecibles. Si los líderes autoritarios comprendieran la importancia de gobernar con justicia y transparencia, y de respetar los derechos y deseos de su pueblo, y también de cuándo dejar el poder, evitarían caer en el abismo al que la impopularidad y la desconfianza pueden empujarlos. Me remito a la historia porque los pueblos que no conocen la suya, están condenados a repetirla. Esto no lo digo yo, lo han dicho desde Cicerón hasta Santayana, pasando por Napoleón, Marx, Churchill y otros. Después no se quejen de que no fueron advertidos…
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) exigió este domingo que el salario mínimo en el país, actualmente de 130 bolívares (unos 3,5 dólares al cambio oficial), se aumente a 200 dólares por mes, como una estrategia de «rescate del valor del trabajo», señaló.
«La CTV ratifica su lucha pacífica en la recuperación del valor real del salario. Ratificamos nuestras aspiraciones de 200 dólares de arranque, (en) cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, por el rescate del valor del trabajo», indicó la organización en un mensaje publicado en la red social X.
La confederación rechazó el pago de bonos que, a su juicio, es una estrategia usada por «los patronos en detrimento del valor del trabajo productivo, la eliminación del salario y las prestaciones sociales del trabajador».
Aumento de salario mínimo en lugar de ingreso mínimo indexado
El miércoles, Nicolás Maduro anunció el alza del 30% -hasta los 130 dólares- del denominado «ingreso mínimo integral indexado» (IMII), cancelado en bolívares a la tasa oficial de la fecha de pago y conformado por dos bonos que no generan pasivos laborales.
«He decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares, el mínimo, y que impacte (…) en la capacidad de los trabajadores», dijo el jefe de Estado en un acto con motivo del Día Internacional del Trabajo.
Aunque Maduro no ofreció detalles sobre esta nueva medida, el exministro de Trabajo y diputado chavista Francisco Torrealba explicó, a través de X, que el llamado ‘Bono de Guerra Económica’ pasó de 60 a 90 dólares, mientras el bono de alimentación sigue en 40, para un total de 130 dólares.
Entretanto, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares al mes, hoy 3,5 dólares, un 88% menos respecto a los 30 dólares a los que equivalía cuando lo aumentaron por última vez, en marzo de 2022, como consecuencia de la devaluación de la moneda local frente a la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
Maduro responsabilizó a la «guerra económica» de la pérdida del poder de compra del salario, que alcanzó los 384 dólares en el año 2008, bajo el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
La Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) de Venezuela exigió al Estado la reactivación del programa de trasplantes de órganos para garantizar el derecho a la salud de quienes requieran este tipo de intervención.
“Desde la REDHNNA exigimos al Estado reactivar el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), para que así, los miles de niños, niñas y adolescentes con patologías renales puedan soñar con una vida digna y un futuro mejor”, escribió la organización en una publicación en X.
La red indicó que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar el derecho a la salud de los menores de edad.
Desde la #REDHNNA exigimos la reactivación de trasplantes en #Venezuela para que así, los niños, niñas y adolescentes, puedan soñar con tener un futuro. No hacerlo, vulnera el #DerechoALaSalud y a la vida, consagrados en el artículo 83 de la Constitución de Venezuela. pic.twitter.com/Sr9awgluQ0
Asimismo, dijo que no reactivar este programa “vulnera el derecho a la salud y a la vida, consagrados en el artículo 83 de la Constitución de Venezuela”.
El pasado 2 de junio, una comisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) anunció un proceso de recolección de firmas de “víctimas” de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el país suramericano, para posteriormente “consignarlas ante organismos internacionales”.
El jefe de esta comisión, el chavista Pedro Infante, aseguró entonces, de acuerdo a una nota de prensa, que las medidas estadounidenses “impiden atender a niñas y niños que requieren trasplantes de médula ósea para salvar sus vidas”.
Varias ONG y activistas de Venezuela llevaron a cabo una campaña en junio pasado para exigir la reactivación del programa de trasplantes de órganos.
La directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, dijo a EFE que hay pocas opciones para los pacientes, pues la posibilidad de que la donación sea de vivo a vivo -única que se practica en el país- es “excepcional”, entre otras cosas, señaló, por las carencias en los hospitales públicos que impiden la ejecución de estas intervenciones.
A Oswaldo Castillo solo le faltaba presentar la tesis para graduarse de ingeniero en mantenimiento mecánico en la Universidad Rafael María Baralt, del estado Zulia. Estaba en trámites para estudiar una segunda carrera cuando la Universidad Central de Venezuela (UCV) le informó que había sido admitido en la Escuela de Economía. Decidido a continuar con sus estudios, decide viajar a Caracas para formalizar su inscripción.
Durante todo el viaje, el joven estudiante estuvo en contacto con Miliany Castillo, su hermana, en el último mensaje que le envió le dijo que no pudo inscribirse en la universidad porque le faltaba un papel que debía gestionar en Maracaibo y que se iba a devolver.
Cuando Oswaldo llegó a la ciudad el Venado en el Zulia, el 6 de octubre de 2018, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Cuenta Miliany que días después recibió una llamada desconocida que le informó que su hermano estaba preso, pero no le dijeron dónde. Tiempo después, se enteró que había sido su hermano quien mandó a que la llamaran para que supiera que estaba detenido, pues los policías no le permitían comunicarse.
Lo buscaron en todas las comisarías y organismos policiales del Zulia y no daban con él. “Un policía nos dijo, váyanse a Caracas que seguro lo tienen allá”.
“Cuando llegamos a la capital yo desconocía todos los nombres de las policías, Sebin, Dgcim, Cicpc, Dip… yo no sabía que existían. Lo buscamos por todos lados y nos decían que no estaba, hasta para la morgue me mandaron a buscarlo porque ya tenía 11 días desaparecido, pero para allá no fuimos porque mi mamá presentía, su corazón le decía que Oswaldo no estaba muerto”, dijo Miliany.
Oswaldo Castillo formaba parte del movimiento estudiantil y era muy activo durante las protestas de 2014 y 2017. Según cuenta Miliany, antes de que lo detuvieran era un chamo muy activo, le gustaba mucho la computación, hacer deporte y jugar fútbol.
“No hay evidencias en su contra”
Miliany y su mamá se enteraron dónde y quiénes tenían a Oswaldo gracias a una cadena nacional en donde el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicaba los detalles del plan de magnicidio que ocurrió el pasado 4 de agosto de 2018 mientras se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Durante la cadena, Rodríguez presentó fotografías y un video en donde aparece Oswaldo -en lo que parece leyendo su propia confesión- explicando que había participado en las protestas de 2014, 2015, 2016 y 2017 y que estuvo en un campamento donde supuestamente se estaba planeando el magnicidio por órdenes de Julio Borges.
En el audiovisual, Oswaldo Castillo afirma que no quiso participar en el plan porque no le parecían las ideas. Jorge Rodríguez indicó que por Oswaldo desertar del plan, la oposición lo estaba buscando para asesinarlo y por eso tuvo que continuar su vida en la clandestinidad.
“A mi hermano lo detuvieron el 6 de octubre, dos meses después del intento de magnicidio, es mentira que estaba en la clandestinidad, él estaba haciendo sus diligencias para presentar la tesis y graduarse”, dijo Miliany Castillo.
Miliany Castillo aseguró que el día del magnicidio, su hermano estaba en el cine con sus amigos, “hay fotos con fecha y hora que lo confirman, los vecinos lo vieron, es imposible que una persona pueda estar en dos lugares tan distantes al mismo tiempo”.
Oswaldo Castillo fue recluido en el Sebin del Helicoide, sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos y, luego de 144 audiencias y un juicio que duró más de dos años, fue sentenciado a 30 años de prisión por los delitos de “traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República”; así como homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración, y lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas.
Además de Castillo, también condenaron con la pena máxima a: Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Alberto Bracho, Brayan Oropeza , Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Emirlendris Benítez, Yanin Pernía, Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.
Según detalla Miliany, en el expediente de su hermano “no hay nada”. Explicó que ni siquiera se tomaron la molestia de “sembrarlo” como sí lo han hecho en otros casos.
“Cuando a los funcionarios que detuvieron a mi hermano los llamaron a declarar por ser los testigos al momento de la detención, ellos mismos dijeron que no encontraron evidencias de la participación de él en el magnicidio”, dijo Miliany y agregó que introdujeron una apelación, pero los abogados no han podido hacer mayor cosa porque “los poderes están secuestrados”.
Trasladado al Rodeo I
El pasado 5 de abril, el Centro de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela alertó que Oswaldo Castillo y otros presos políticos habrían sido trasladados de manera clandestina, bajo engaño y sin notificar a los familiares, a la Cárcel de El Rodeo I.
#Alerta | Oswaldo Castillo y otros presos políticos en el Sebien, fueron trasladados de manera clandestina a la cárcel de El Rodeo, bajo engaño, sin notificar a sus familiares.
Exigimos el cese de las violaciones a sus derechos. Son inocentes y merecen estar en libertad. https://t.co/wsO1gSAi1V
Miliany Castillo describió las condiciones de reclusión en el Rodeo como inhumanas: Una celda 2×2 con letrina, comiendo en el mismo espacio donde hace sus necesidades, no le permiten almohadas, no le permiten libros, no le permiten llamadas.
Detalla que la última vez que lo vio fue el pasado sábado. Con un nudo en la garganta y la voz entrecortada pudo decir que viven en una “angustia y desesperación constante por las condiciones en las que está Oswaldo”.
“Sabemos que los que están recluidos ahí han perdido mucho peso y no tienen ni dos meses detenidos. Mi hermano me dice que la comida es poca y por lo general es pura harina, bollitos de masa, arroz, pasta”, dijo.
Explicó que las visitas aunque son semanales, son monitoreadas, solo duran 15 minutos y son a través de teléfonos. “Alrededor siempre hay funcionarios escuchando lo que uno habla, yo me imagino que a ellos los amenazan para que no cuenten las condiciones”.
Miliany aseguró que no permiten pasarles ni agua, ni comida, ni sus cosas personales. No tienen actividad física, ni recreacional, está totalmente aislado.
“Mi mamá está en el Zulia y yo estoy allá y acá. Yo tomé las riendas de esto porque mi mamá está muy afectada, está muy deprimida, porque sus padres fallecieron y su hijo está preso injustamente. No ha podido reponerse. Ha sido muy duro. Será el tiempo el que la ayude”, dijo.
Miliany comentó que aunque su hermano ya lleva cinco años detenido, la fe de él está firme y ora todos los días para que se haga justicia. “Él tiene fe de que este es el año”, dijo.