Al menos 42 periodistas y trabajadores de la prensa han perdido la vida de manera violenta en Venezuela durante los últimos 35 años. Según un recuento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la persistente impunidad en estos crímenes no solo deja deudas impagables de verdad, justicia y reparación con los dolientes, sino que debilita las garantías democráticas y fomenta un clima de miedo y autocensura en el ejercicio del periodismo.
Para el gremio, la inacción del Estado transmite un mensaje peligroso a los agresores: atacar a quienes informan puede quedar sin consecuencias. Esta desprotección obliga a las familias a asumir, con un enorme desgaste emocional y económico, la carga de una búsqueda de justicia que corresponde garantizar a las instituciones.
Patrones letales: de las manifestaciones a las sedes de medios
El análisis de estos 42 casos revela circunstancias recurrentes que el SNTP considera indispensables para reabrir o profundizar las investigaciones: disparos durante coberturas de protestas, amenazas previas ignoradas, ataques a viviendas e incursiones violentas en instalaciones de medios de comunicación.
La cronología de la violencia muestra una evolución en los métodos, pero una constante en la falta de esclarecimiento:
En el ejercicio directo de la reportería: Virgilio Fernández murió en noviembre de 1992 cuando dispararon contra el vehículo de El Universal en el que circulaba durante el intento de golpe de Estado. Meses después, en enero de 1993, María Verónica Tessari falleció por lesiones de una bomba lacrimógena mientras cubría una manifestación. Una década más tarde, Jorge Ibraín Tortoza Cruz fue asesinado el 11 de abril de 2002 mientras fotografiaba los enfrentamientos en el centro de Caracas.
Periodismo de investigación y DD.HH.:Mauro Marcano y Orel Sambrano fueron asesinados tras difundir información sobre narcotráfico y corrupción. Mijail Martínez trabajaba en un documental sobre abusos policiales en Lara cuando fue ejecutado frente a su vivienda en 2009, un caso en el que la FIDH y la OMCT advirtieron sobre un vínculo directo con su labor defensora.
Señalamientos a agentes estatales: En agosto de 2018, Manuel Alejandro Parejo fue asesinado en la sede de Telesol en Cumaná. Dos años después, en agosto de 2020, los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres murieron durante un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Guacamaya TV, en Cabimas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó estos hechos y exigió investigar la participación de funcionarios del Estado.
Las sombras de la justicia: casos que exigen claridad
El SNTP hace un llamado especial a esclarecer muertes cuyas circunstancias oficiales han sido cuestionadas por organismos internacionales o que presentan vacíos forenses.
Es el caso de Edwin Santos, sobre cuya muerte la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó elementos que ponen en duda la versión oficial de “accidente”, sin que se haya establecido una causa alternativa. De igual manera, persisten interrogantes sobre la muerte de Yolimar Hidalgo, hallada con una herida de bala, en un caso donde las hipótesis de homicidio y suicidio siguen abiertas. El gremio aclara que la inclusión de estos nombres en el recuento no anticipa una conclusión forense, sino que exige al Estado agotar todas las líneas de investigación para descartar o confirmar la vinculación con su labor informativa.
La exigencia: ir más allá del “chivo expiatorio”
La respuesta judicial en Venezuela ha sido desigual: existen casos con condenas parciales, otros sin responsables sancionados y expedientes opacos sin información pública sobre las diligencias realizadas.
El SNTP enfatiza que las detenciones de bajo perfil o los anuncios policiales no sustituyen una investigación completa. “La condena de un ejecutor material no permite dar por esclarecido un crimen cuando quedan pendientes su móvil y otras responsabilidades”, señala el gremio.
Por ello, exigen que las fiscalías contrasten con pruebas las amenazas previas, los intereses económicos o políticos afectados por las denuncias, y la posible participación de funcionarios o grupos armados. Solo alcanzando las responsabilidades materiales, intelectuales y de mando, Venezuela podrá comenzar a saldar una deuda histórica con la libertad de expresión y con las 42 familias que aún esperan justicia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La inflación en Venezuela mostró una desaceleración mensual en octubre, pero el daño acumulado al poder adquisitivo de los hogares sigue siendo severo.
Según el último reporte del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, los precios subieron 5,45 % en bolívares y 1,69 % en dólares durante el décimo mes del año.
Si bien esta variación en moneda nacional representa la más baja de los últimos doce meses (frente al 12,05 % de septiembre), la perspectiva interanual revela una realidad distinta: en los últimos 12 meses, la inflación se ha disparado un 457,11 % en bolívares y un 40,83 % en dólares, demostrando que la dolarización de facto de la economía no ha blindado a los ciudadanos del encarecimiento sistemático de la vida.
El colapso del poder adquisitivo
El dato más contundente del informe radica en la brecha entre los ingresos y el costo de vida. Para adquirir la canasta de consumo promedio (61 bienes y servicios para una familia de tres personas) en Caracas, Valencia y Maracaibo, se requieren 879.226,28 bolívares, equivalentes a 990,9 dólares.
Para cubrir este monto, un hogar depende de 4,12 salarios integrales (calculados en 213.082 bolívares cada uno). En la práctica, esto significa que un trabajador debe destinar el equivalente a un salario integral completo solo para cubrir una semana de gastos básicos, evidenciando la insostenibilidad de la estructura salarial vigente.
Maracaibo desplaza a Valencia como la ciudad más cara
El análisis territorial del OGP detectó un cambio significativo en la dinámica de precios regionales. Maracaibo registró la inflación mensual más alta del país en octubre, con un incremento de 10,02 % en bolívares y 6,1 % en dólares, arrebatándole a Valencia el puesto de ciudad más costosa.
El desglose por ciudades muestra una disparidad marcada:
Maracaibo: el costo de la canasta se fijó en 941.613,71 bolívares (1.061,21 dólares).
Valencia: registró un aumento de 5,12 % en bolívares, con un costo de canasta de 919.894,56 bolívares (1.036,73 dólares).
Caracas: fue la única que mostró una variación negativa en divisas (-2,86 %), con un costo de 776.170,57 bolívares (874,76 dólares).
No obstante, en el rubro crítico de alimentos, tanto Maracaibo (+9,11 ) como Valencia superaron el promedio nacional, mientras que Caracas registró un ligero retroceso (-3,07 %) en este específico rubro.
Restaurantes y cuidado personal lideran las alzas
Durante octubre, la presión inflacionaria no provino de los servicios básicos (que apenas subieron 0,13 % en bolívares y bajaron 3,44 % en dólares), sino del consumo discrecional y la alimentación. Los rubros con mayor repunte mensual en divisas fueron:
Restaurantes: +7,58 %
Perfumería y cuidado personal: +7,45 %
Alimentos: +3,74 %
A nivel interanual, el rubro de Recreación y esparcimiento es el que más se ha encarecido en dólares (+86,29 %), seguido por Restaurantes (+66,74 %) y Perfumería (+57,52 %).
Proyecciones al cierre de 2026
A pesar de la desaceleración de octubre, que ubicó la inflación acumulada de 2026 en 262 (por debajo del 390 % registrado a la misma fecha en 2025), el escenario de fin de año sigue siendo volátil. Cedice estima que la variación acumulada al cierre de 2026 oscilará entre 329 % y 446 % en bolívares, y entre 17% y 46 % en dólares.
El organismo advierte que alcanzar el techo de este rango en moneda nacional requeriría que la inflación se mantenga en un promedio mensual cercano al 23% durante noviembre y diciembre, impulsada por la estacionalidad de las fiestas y la inestabilidad del tipo de cambio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Los recientes reportes sobre operativos militares contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, que incluirían el uso de drones y cooperación de inteligencia extranjera, marcan un punto de inflexión en la dinámica de seguridad de la frontera colombo-venezolana.
Así lo expresó el investigador de la Universidad del Rosario, Jorge Mantilla, en la más reciente edición del programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Tal Cual, El Pitazo y Runrunes.
Mantilla dijo al panel integrado por Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes que estos hechos no responden a una política de Estado coherente, sino a una compleja disputa por el control de economías ilícitas y minerales críticos, en medio de un abandono humanitario sistémico.
Contrario a la narrativa de una alianza monolítica entre Caracas y la guerrilla, Mantilla sostiene que la relación entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha negociado históricamente a nivel de “mandos medios” y protectorados regionales como los reportados en Apure y Táchira.
Mantilla indicó que estos arreglos permitieron al ELN actuar como una autoridad de facto en la frontera: controlando trochas, cobrando impuestos al contrabando de gasolina, ganado y alimentos, e incluso validando permisos migratorios tras el cierre de la frontera en 2015.
“El ELN ya no es solo un grupo armado con fusiles; se ha convertido en un intermediador que absorbe capital y se mezcla con el poder comunal, los colectivos y las economías locales”, advirtió Mantilla
El investigador señaló que cualquier operación militar busca romper estos equilibrios regionales, a menudo desencadenados por disputas sobre rentas ilícitas.
Mantilla señaló que el interés geopolítico en los recursos de la frontera se ha acentuado.
“La zona del Alto Orinoco y Atabapo, rica en oro y coltán, se ha convertido en un foco de atención. La posibilidad de que estos operativos cuenten con el respaldo o la ejecución de drones estadounidenses responde a una estrategia de seguridad energética y control de minerales críticos, un tema que ha ganado tracción en las agendas de Washington y Bogotá”, dijo el investigador.
Explicó que el hermetismo y la aparente contradicción en la respuesta del gobierno colombiano bajo la administración de Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado operaciones como “Esparta” en la ciudad de Cúcuta, mantiene un silencio estratégico sobre las incursiones en territorio venezolano, mediado por la desconfianza institucional y las tensiones de una supuesta transición política.
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, aunque los ataques convencionales han disminuido, el uso de drones explosivos por parte de la guerrilla se ha multiplicado exponencialmente en la frontera, con decenas de ataques reportados en Norte de Santander.
Mantilla advirtió que una eventual retaliación del ELN no se daría en confrontaciones a campo abierto, donde la FANB ha mostrado históricamente debilidades operativas, sino a través de guerra urbana, ataques con explosivos de alta tecnología y, sobre todo, mimetizándose entre la población civil y las estructuras del poder local para protegerse de bombardeos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
119 organizaciones de la sociedad civil instaron a la derogación de la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que los recientes anuncios oficiales de revisión y reforma parcial “resultan insuficientes, pues se trata de instrumentos inconstitucionales e incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Las ONG señalaron que, tras los acontecimientos de inicios de 2026, la recuperación de la institucionalidad y del Estado de derecho exige la garantía de un espacio cívico seguro y habilitante.
“Estas leyes son inconstitucionales en su origen o en su contenido, e incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que deben ser derogadas en su totalidad”, afirmaron las organizaciones.
Críticas a la reforma
Las organizaciones recordaron que la Ley Contra el Odio fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente en usurpación de las funciones del Parlamento, por lo que “padece un vicio de origen irreformable”. Las oenegés afirmaron que una norma nula en su origen no se convalida reformándola; “la reforma hereda el vicio y el aval judicial solo lo prolonga”.
Las 119 ONG sostienen el contenido de la reforma es insuficiente: elimina la pena de prisión, pero conserva sanciones administrativas discrecionales a cargo del Ejecutivo, definiciones imprecisas y el retiro de contenidos sin orden judicial.
Sobre la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que “representa una amenaza directa contra la labor de denuncia en derechos humanos”.
Denunciaron que su núcleo punitivo viola el principio de legalidad y la libertad de expresión al tipificar penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, juicios en ausencia y castigos a medios de comunicación.
Por otra parte, destacaron que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro no figura entre las leyes cuya revisión ha sido anunciada, pese a que afecta de manera estructural el derecho a la libertad de asociación.
Luz verde a los abusos
La ONG sostienen que las implicaciones de estas leyes y del resto del entramado normativo no son abstractas: su vigencia permite que los abusos y las arbitrariedades continúen de forma sistemática.
Una encuesta realizada por CIVILIS a 101 organizaciones de todos los sectores de la sociedad civil confirma el efecto disuasivo de la Ley de Fiscalización: el 20,8 % de las organizaciones consultadas suspendió actividades y, de las que intentaron completar el nuevo registro, solo el 17 % lo logró.
Entre julio y septiembre de 2026, el Monitor Cívico de CIVILIS documentó 204 eventos represivos que se tradujeron en 375 incidencias de vulneración de derechos, principalmente de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a la participación.
Los actores más afectados fueron partidos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, con la participación directa de cuerpos de seguridad del Estado y de autoridades legislativas, judiciales y administrativas que actuaron de forma coordinada.
Exigencias concretas
Frente a la permanencia de estas restricciones, las 119 organizaciones firmantes —entre las que destacan Provea, Foro Penal, Cecodap, Espacio Público, Acceso a la Justicia, Cepaz, Consorven y la Redhnna— demandaron:
a) A la Asamblea Nacional: la derogación integral de la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG.
b) Mientras tanto: la suspensión inmediata de su aplicación y de todo procedimiento sancionatorio, penal o administrativo en curso basado en ellas.
c) A las autoridades registrales: el restablecimiento del registro de las organizaciones afectadas bajo un régimen de simple notificación de acuerdo con las normas del Código Civil.
d) A las partes de la mesa de diálogo: incluir la Ley de Fiscalización de ONG en su agenda y abrir un mecanismo formal de participación de la sociedad civil y de las víctimas.
e) A la comunidad internacional y a quienes acompañan la negociación: hacer de la derogación de este marco una condición mínima de cualquier acuerdo de reinstitucionalización.
f) A todas las autoridades: actuar en estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El portal humorístico La República TV y la ONG Laboratorio de Paz publicaron este 5 de noviembre el informe «Memes, libertad de expresión y participación juvenil en Venezuela», donde analizan 112 piezas de humor gráfico adaptado para contenido digital elaborados para el concurso «Memes para no callarme», organizado por ambas instituciones.
Para ellos, la juventud venezolana usó el refrán «entre broma y broma, la verdad se asoma» como un mantra ante la censura y opacidad sistemática del Gobierno chavista.
En Runrun.es te resumimos los hallazgos del informe elaborado por el politólogo Ayrton Monsalve en 3 claves:
Los memes farmean aura frente a la represion
La cesura chavista tomó esteroides tras las elecciones presidenciales de 2024. El gobierno chavista —liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— detuvo arbitrariamente al menos 2014 personas, según la ONG Foro Penal. De ese grupo, al menos 173 eran adolescentes.
Meses después, la ONG Cecodap pudo confirmar que al menos 118 de esos jóvenes recibieron imputaciones amparadas por la Ley Contra el Odio, una norma que la sociedad civil ha denunciado en reiteradas ocaciones como un instrumento del chavismo para reprimir la libertad de expresión.
Frente a ese panorama, La República TV y Laboratorio de Paz observaron que el meme fue una herramienta de comunicación efectiva para evadir la censura y mitigar el miedo que impartía el Gobierno al revisar los celulares de los venezolanos en busca de una detención arbitraria.
Meme dedicado a la represión chavista. Captura del informe «Memes, libertad de expresión y participación juvenil en Venezuela» (2026), de La República TV y Laboratorio de Paz
«En una sociedad donde la represión había minado las relaciones de confianza, compartir una imagen humorística podía ser una forma mínima de restablecer vínculos», escribió Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz. «Alguien más había identificado el absurdo, la contradicción o la arbitrariedad».
Eso sí, el meme por sí mismo no es un mecanismo de reparación de derechos humanos: «No sustituye la organización social, no modifica por sí solo las relaciones de poder ni ofrece garantías frente a la violencia estatal. Incluso puede funcionar como una válvula de escape que permita soportar situaciones que deberían provocar indignación. O la locura. Pero tampoco es una actividad políticamente irrelevante», advierte el activista.
Desde el 3 de enero de 2026, con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Gobierno interino avalado por Estados Unidos le ha bajado dos a la represión. Pero, para la sociedad civil no es suficiente: aun se mantienen los sistemas armados de represión del Gobierno y el PSUV busca hacer «reformas cosméticas» a leyes restrictivas como La Ley del Odio.
Pieza presentada en el informe «Memes, libertad de expresión y participación juvenil en Venezuela» (2026). Fuente La República TV y Laboratorio de Paz
Los que quieran memes, ¡vengan conmigo!
El concurso «Memes para no callarme» recibió 112 piezas publicadas en septiembre de 2026. Allí, las instituciones confirmaron que la juventud venezolana participa activamente en el discurso político, pero lo hace con códigos distintos a los canales offline por la conjunción de las plataformas digitales y la reducción del espacio cívico en el país.
«Con frecuencia se habla de una juventud alejada de la política, cuando también corresponde preguntarnos desde cuáles espacios, formatos y lenguajes esperamos que participe», escribió Monsalve en el informe. En los memes, «la política apareció conectada con la cotidianidad y con una manera concreta de evaluar al poder: por sus resultados y por las consecuencias que las decisiones públicas tienen sobre la vida de las personas».
De las 112 piezas evaluadas, al menos 54 (48,21 %) hablaban directamente de política: críticas a la gestión Gobierno interino avalado por Estados Unidos, sus denuncias sobre los acuerdos petroléros opacos con Norteamérica, la falta de elecciones presidenciales y/o el proceso de transición a la democracia en Venezuela—.
Pieza ganadora del concurso «Memes para no callarme». Fuente: Laboratorio de Paz y La República TV
Otras 31 piezas (27,67) critibaban la gestión del Estado, desde los servicios básicos hasta las gestiones administrativas dentro de instituciones públicas. Al menos 11 piezas tocaban la economía como su tema principal: la inflación y la escasez de porder adquisitivo.
Pieza presentada en el informe «Memes, libertad de expresión y participación juvenil en Venezuela» (2026). Fuente La República TV y Laboratorio de Paz
También había memes que hablaban sobre derechos humanos, especialmente la libertad de expresión (con 3 piezas), la justicia transicional (con 6), al acceso a una educación de calidad y la autonomía universitaria (con 6) y la migración (con 1 pieza).
El informe advierte que estos memes no prueban que existieran condiciones de plena libertad ni que sus autores estuvieran libres de temor. De hecho, varios de sus autores optaron por el anonimato frente al contexto sociopolítico que aun vive el país.
Aún así, los organizadores consideraron que el meme puede ser un fotograma de problemas más complejos, una forma de procesar la coyuntura venezolana. Los memes, en este caso, fueron un reflejo sobre la libertad de expresión juvenil si tienen la cancha para opinar.
Democracymaxxing
Para La República TV, estos memes encerraron al menos tres características de la libertad de expresión: la crítica al poder sin dar argumentos extensos, denunciar la vulnerabilidades actuales y la proyección de ideales y/o metas de democracia.
«Existe crítica, pero también expectativa; existe denuncia, pero algunas piezas incorporan demandas; existe frustración, pero no toda representación del futuro está cerrada», escribe Monsalve. «Esta superposición ayuda a comprender por qué no conviene reducir el meme a entretenimiento. El humor puede ser el vehículo, pero aquello que circula mediante él contiene posiciones sobre problemas públicos».
Sin la intención de que el meme acapare toda la discusión política, el informe recalcó que los memes son herramientas válidas para la libertad de expresión, sin importar la edad de quien lo haga.
«Para quienes trabajamos desde medios, sociedad civil, universidades y organizaciones de derechos humanos, la experiencia deja también una responsabilidad: no reducir la participación juvenil a los formatos que ya conocemos ni confundir irreverencia con indiferencia. Reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos civiles y políticos supone aceptar que pueden cuestionar, disentir, crear y participar desde códigos propios, incluso cuando esos códigos no se parecen a los lenguajes tradicionales de la política o de las instituciones», reflexionó Monsalve.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) presenta el estudio Desiertos de Noticias Locales 2026, una investigación que evidencia la fragilidad del ecosistema informativo local en el país y las dificultades que enfrentan millones de personas para acceder a información periodística plural y oportuna desde sus comunidades.
Los resultados revelan que 304 de las 366 unidades territoriales estudiadas (83%) son desiertos o semidesiertos de noticias. De acuerdo con las estimaciones poblacionales utilizadas en la investigación, esta situación afecta a 17,7 millones de personas, equivalentes al 61,7 % de la población venezolana.
El estudio analizó 548 proyectos periodísticos en las 24 entidades del país. El levantamiento de información se realizó entre abril y julio de 2026, tomando como referencia las condiciones registradas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La investigación aplicó cuatro categorías —desierto, semidesierto, semibosque y bosque— basadas en la metodología del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
La distribución territorial muestra un panorama preocupante: 104 unidades (28,4 %) fueron clasificadas como desiertos de noticias y 200 (54,6 %) como semidesiertos. En contraste, apenas 47 (12,8 %) corresponden a semibosques y 15 (4,1 %) a bosques. Estas cifras sitúan a Venezuela con la mayor proporción conjunta de desiertos y semidesiertos entre los cinco países comparados en el estudio: Argentina, Chile, México, Perú y Venezuela.
Más restricciones para informar
La investigación identifica importantes limitaciones económicas y operativas que comprometen la continuidad y la calidad del periodismo local. El 46,5 % de los proyectos periodísticos funciona con equipos integrados por apenas uno a tres periodistas profesionales, mientras que la publicidad constituye la principal fuente de ingresos para el 66,8 %. Además, un 6,2% no cuenta con ninguna fuente de financiamiento.
Estas condiciones restringen la capacidad de los medios para movilizarse, cubrir comunidades rurales, desarrollar investigaciones y hacer seguimiento sostenido a los problemas que afectan a la ciudadanía.
A las dificultades económicas se suman las presiones que condicionan el ejercicio periodístico. El 53,8% de los proyectos consultados reportó prácticas de autocensura, el 28,5% señaló presiones indirectas y el 21,9% denunció censura directa.
En cuanto a la distribución de contenidos, las redes sociales se han convertido en canales fundamentales para los medios locales. Instagram está presente en el 90,9% de los proyectos, Facebook en el 65,3% y TikTok en el 46,4%. Aunque estas plataformas permiten mantener una presencia informativa con menores costos, también generan dependencia de servicios digitales cuyas reglas y condiciones están fuera del control de los medios.
La radio conserva un papel relevante: el 39,2% de los proyectos mantiene señal AM o FM, generalmente acompañada de plataformas digitales.
Garantizar el derecho a saber
Ante este panorama, Desiertos de Noticias Locales 2026 plantea la necesidad de una respuesta articulada que combine garantías para el ejercicio periodístico con mecanismos de apoyo sostenido a los medios locales.
El estudio señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública y poner fin a las prácticas de censura e intimidación. También identifica un papel fundamental para la cooperación internacional, los anunciantes, los gremios periodísticos, la sociedad civil y la academia en el impulso de iniciativas de financiamiento, formación, protección y colaboración entre medios.
Entre las prioridades de acción destacan la diversificación de las fuentes de ingresos, el fortalecimiento de la reportería territorial y la verificación de información, la dotación de equipos de transporte, conectividad y protección, así como la creación de protocolos de emergencia y mecanismos de apoyo psicológico para periodistas.
La investigación ofrece una base de diagnóstico para orientar recursos y esfuerzos hacia las comunidades más desatendidas, fortalecer las capacidades de los medios y promover un ecosistema informativo local sostenible.
Sin periodismo local, las comunidades pierden una herramienta esencial para conocer lo que ocurre en sus territorios, exigir rendición de cuentas y tomar decisiones informadas. Fortalecerlo es una condición indispensable para garantizar el derecho a saber y la vida democrática.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de esteviernes, 6 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Lamentar la pérdida de un ser querido y enfrentar la imposibilidad económica de costear un entierro o cremación es una situación dolorosa. Cuando el Estado o el sistema de salud pública terminan disponiendo de un cuerpo en una fosa común debido a la falta de recursos de la familia, se vulnera principalmente el derecho a una sepultura digna y el derecho al duelo, los cuales forman parte de un entramado de derechos humanos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como en el contexto venezolano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la CRBV (Artículo 21) prohíben la discriminación por condiciones sociales o económicas. Cuando el acceso a una despedida digna y a una parcela individualizada queda restringido únicamente a quienes pueden pagar los altos costos del sector privado, se genera una vulneración al derecho a la igualdad, donde la pobreza priva a los ciudadanos de un trato humano y respetuoso en sus momentos más vulnerables.
Runrun.es conversó en la Morgue de Bello Monte con familiares de fallecidos para indagar las dificultades que se presentan cuando la muerte visita de repente. Lea más aquí.
Antes de partir a Puerto Rico para el Miss Universo, la Miss Venezuela, Clara Vegas, fue homenajeada en la ceremonia de entrega de bandas especiales del certamen.
La derrota electoral sufrida por Donald Trump en las elecciones de medio término y el control que sobre el Congreso de Estados Unidos y una mayoría de gobernaciones han alcanzado los demócratas, podría indicar ―es un condicional― que la deliberación política, como la búsqueda de un eje central que le ponga término a las polaridades destructivas de la democracia y defina el espacio de certidumbres sociales y políticas, encuentra su occāsio, su oportunidad.
Los errores de gestión y el deslave de arbitrariedades en el ejercicio del poder siempre se castigan, en una democracia madura. Cuanto falta esta los cobran la represalia, la insurgencia social, la ingobernabilidad. De modo que lo ocurrido en las señaladas elecciones es una buena noticia.Solo la nación es la dueña de su propio destino.
Que esto signifique el final de Trump es, como premisa, una falsa apreciación. Bill Clinton perdió las elecciones de medio término ante los republicanos en 1994 y logró su reelección en 1996. Se trata, obviamente, de dos personalidades distintas, si bien aquél sufrió una derrota que igualmente puso fin a cuatro décadas de control demócrata de la Cámara y entregó a los republicanos el control de todo el Congreso.
Cuando el actual ocupante de la Casa Blanca fue reelegido, afirmé que, con vistas al proceso de deconstrucción global, de crisis terminal de Naciones Unidas, de postergación por los gobiernos occidentales del principio ordenador del respeto a la dignidad humana, y de las amenazas que se han cernido sobre un Occidente avergonzado de sus raíces, Trump se mostraba como el líder necesario.
El general norteamericano George Smith Patton Jr. fue reconocido por su liderazgo agresivo en la guerra acorazada y por su fuerte carácter durante la Segunda Gran Guerra del siglo XX. Y cierto es, en efecto, que el mundo todavía presencia, por etapas, a partir de 1989 y sobre todo desde cuando China y Rusia impulsan la guerra contra los ucranianos, una modalidad bélica global y de nueva generación.
El desiderátum, aspiracional, es el parto, la espera y forja de otro orden. Es el final establecimiento de una norma mundi renovada ―uso el giro de la brillante filósofa del derecho española, Cristina García Pascual, autora de la Lucha por el derecho internacional (2015)― que deje atrás, acaso como utopía, la tensión agonal corriente y en todos los lugares entre el poder y la legalidad. Es un ciclo o elipse que debe cerrarse, finalmente.
Mal puede entenderse la anterior dinámica sino se regresan hacia atrás las páginas escritas. Hoy se olvida u omite el texto firmado el 4 de febrero de 2022 por Vladímir Putin y Xi Jinping, en Pekín, una declaración conjunta que consagró una asociación estratégica “sin límites” orientada a impulsar un orden mundial multipolar frente a la influencia de Estados Unidos.
Casualmente, forte quadam o como especie de casualidad según decían los romanos, la pandemia de COVID-19, de origen chino, fue uno de los factores decisivos que influyeron en la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de 2020. Tanto como incidió sobre las mismas el debate por la gobernanza digital, por la tecnología 5G, que le cerró espacios en las redes. Llegó luego a crear la suya.
Cabe, así, con vistas a lo actual, recordar que Venezuela, como laboratorio estratégico situado en el corazón de las Américas, era parte de esa entente del Oriente, a la vez que poseedora de una colosal reserva energética definitoria al momento de balancearse las capacidades que aseguren las potencias y los repartos o conductas que vendrán a determinar los contenidos del orden global en formación.
Los errores de Trump, sin embargo, no cabe minimizarlos. En lo global es de observar la traición que de los activos intelectuales de libertad que son propios de la cultura judeocristiana como fuentes de Occidente, vino a significar su Estrategia de Seguridad Nacional. La ejemplaridad de USA, a saber, el servir como referente de la estabilidad mundial a partir de valores mundialmente compartidos, quedó abrogada. Sobrevino una visión entrópica y egoísta: “Los asuntos de otros países solo nos incumben si sus actividades amenazan directamente nuestros intereses”.
Lo último, cabe decirlo sin ambages, fue lo que determinó la acción del 3 de enero de 2026 en Venezuela, para descabezar al entramado narcocriminal instalado y que había secuestrado los poderes del Estado, a la república, para asegurarse su impunidad tras el valladar de la soberanía. En modo alguno medió preocupación por el rescate de la libertad y la experiencia de la democracia para el bien de los venezolanos.
Entre la fuerza y el poder de la legalidad, la estrategia de la Administración Trump optó por la primera, por la creación de un miedo colectivo ante USA que obligase a las demás naciones, gobernantes e individuos, a “buscar nuestra ayuda y sean receptivas a nuestros esfuerzos para resolver conflictos y mantener la paz”, reza el documento respectivo.
El asunto no baladí, tampoco ilusorio en el marco de la deconstrucción global en avance, sino que, mal podrá renovarse un orden como el construido al término de la Gran Guerra en 1945, que vivió la experiencia del Holocausto, o asegurar la firmeza de otro diferente, si se parte de la concepción atomista que decidió asumir Trump: “El mundo funciona mejor cuando las naciones priorizan sus intereses. Estados Unidos priorizará sus propios intereses y, en sus relaciones con otras naciones, las alentará a que también prioricen los suyos”.
La libertad, sacrificada en el altar de las grandes potencias
La historia, por lo visto, no opera para la actual Norteamérica, para su Estado cabe precisarlo, como madre y maestra. El planteamiento antes esbozado significa, en su esencia, la reinstalación de la lógica con la que se fundó la antigua Sociedad de Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial. Al privilegiarse los intereses nacionales, huérfanos de una visión de conjunto compartida como norma fundamental (Grundnorm) o de base, se le pavimentó el camino al nazismo y a la siguiente conflagración, a partir de 1939.
El “equilibrio de fuerzas” fue el origen del fracaso de la organización imaginada al término de la guerra mundial que se iniciara en 1914 y es la tesis que hoy actualiza Washington: “Trabajaremos con aliados y socios para mantener el equilibrio de poder global y regional y prevenir el surgimiento de adversarios dominantes.”
Por si no bastase, la libertad y la democracia entendidas como la institucionalización del Estado constitucional y garantista de los derechos fundados en la dignidad de la persona ―norma de orden público internacional aceptada por el conjunto las grandes potencias vencedoras, entre estas China y Rusia, concretada en la Declaración Universal de Derechos Humanos― han sido disueltas dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional.
He aquí la paradoja. El indicado documento ofrece su consenso, una tácita adhesión al principio ordenador fijado en el acuerdo de Pekín antes citado ―Declaración Conjunta sobre las Relaciones Internacionales en una Nueva Era y el Desarrollo Sostenible Mundial― y a cuyo tenor Rusia y China sostienen que: “Depende del pueblo del país decidir si su Estado es democrático”, o no lo es.
De modo que, el que haya o no democracia en Venezuela o en los otros países iberoamericanos ganados por las formas autoritarias electivas, dictaduras del siglo XXI, es un asunto irrelevante para las grandes potencias de actualidad.
La buena noticia, a todas estas, es que el pueblo, pensemos otra vez en el venezolano dada su resiliencia y tozuda genética libertaria, que se ha sobrepuesto a las repúblicas autoritarias que ha padecido a lo largo de una historia patria bicentenaria, como laboratorio de la cuestión global, de buenas a primeras entendió la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores ―creyéndola como el resultado de una “protección humanitaria”― al apenas descubrir su verdad y trasfondo, el control de la riqueza petrolera venezolana, aquél tiró al piso su aprecio por Trump y su delegada, Delcy Rodríguez.
Todavía más. Vaya como dato de relevancia, pues contextualiza el daño de la regresión ética ocurrida en el gobierno norteamericano a partir de su atomista Estrategia de Seguridad Nacional, la persecución indiscriminada de los venezolanos en Estados Unidos, que recrea las sucedidas contra los judíos durante el Nacional Socialismo, en Alemania. La nación norteamericana ha cobrado con severidad ese mayúsculo dislate ocurrido, indigno de la tradición humanista de sus padres fundadores y su Ilustración, como Thomas Jefferson, Benjamín Franklin y Thomas Paine. Se distanciaron y denunciaron la cuestión emblemáticas figuras republicanas, como María Elvira Domínguez, Mario Díaz Balart y Carlos Giménez.
En hora buena, a diferencia del general Patton, que dada su formación militar respondía a códigos de comportamiento mineralizados, el presidente Trump, hombre de negocios y suerte de comerciante fenicio, que eleva el precio de sus transacciones para luego bajarlo a su nivel esperado, de ordinario cambia sus decisiones al ritmo de las circunstancias.
Durante su primer mandato hizo de China objeto de repulsión. En el actual recibe con honores y afecto desbordado a Xi Jing Ping. Le cerró las puertas a Putin, y angustiado por los efectos del aumento de los precios del petróleo que han dañado la economía de sus electores dejó atrás a Ucrania y se entiende con su nuevo mejor amigo, el dueño del Kremlin. Y es que, como bien se dice, “ambos comparten rasgos de personalidad y una concepción transaccional de la política centrada en el territorio, el dinero y las relaciones de fuerza, más que en la diplomacia tradicional” y los valores fundamentes de la civilización judeocristiana y grecolatina.
Ciertamente que, la premisa del interés propio luego queda encubierta como aporía en la Estrategia de Seguridad Nacional escrita, afirmándose la preocupación por la inestabilidad de los terceros: “Como resultado de la guerra de Rusia en Ucrania, las relaciones europeas con Rusia se han visto profundamente deterioradas, y muchos europeos consideran a Rusia una amenaza existencial. Gestionar las relaciones europeas con Rusia requerirá una importante intervención diplomática estadounidense, tanto para restablecer la estabilidad estratégica en toda la masa continental euroasiática como para mitigar el riesgo de conflicto entre Rusia y los estados europeos”.
En suma, entre avances y retrocesos, dogmas y aporías, arrebatos y sensatez, como lo recién declarado por Donald Trump al saber de su derrota ―“esperamos poder trabajar con ellos”, los demócratas. “Probablemente lleguemos a algún acuerdo”. “Hicieron un buen trabajo”― lo sensato es permanecer atentos y esperar al desarrollo de los acontecimientos. A este le quedan dos años por delante. Son pocos para administraciones medianas y sin recursos. Son suficientes para que una potencia mundial como Estados Unidos lidere el porvenir y la globalización o termine como la Roma del joven emperador Rómulo Augústulu, en el año 476 d. C.