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Bautista tuvo un paso meteórico y gris por el ministerio penitenciario 

Luego de producirse una huelga de hambre y protestas en al menos 19 cárceles del país, este martes 11 de junio, Nicolás Maduro destituyó del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios a Celsa Bautista Ontiveros y nombró en su lugar al diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Julio García Zerpa. 

“Designé como nuevo Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa, para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los Derechos Humanos. Agradezco a la Vicealmirante Celsa Bautista, su importante labor al frente de este ministerio”, se limitó a decir Maduro en una publicación en la red X (antiguamente Twitter).  

De acuerdo a la ONG Una Ventana a la Libertad, de 16 cárceles en protesta, la cifra subió a 19 este martes, cuatro de ellas son anexos femeninos y hay más de 30 centros de detención preventiva o calabozos. 

“Nuestros investigadores nos han dicho que en estados como Zulia y Falcón la protesta sigue, así como en otros lugares. Ellos dicen que no cesarán hasta que el propio recién designado ministro acuda a los lugares”, dijo Carlos Nieto Palma, director de UVL.

Nieto Palma sostuvo que la protesta de los reclusos ha sido hasta ahora pacífica. “Con excepción de la cárcel 26 de julio en el estado Guárico, donde efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana atacaron a los presos”. 

Poco más de un año en el cargo 

Bautista fue nombrada ministra penitenciaria el 13 de febrero de 2023, en reemplazo de Mirelys Contreras.

“Designé a la vicealmirante Celsa Bautista como ministra para el Servicio Penitenciario, para que con su experiencia continúe la construcción de un sistema penitenciario de amplio respeto a los derechos humanos”, escribió en ese entonces Maduro en X.

Bautista no demostró poseer suficiente experticia en la materia y tampoco preservó los derechos de los reclusos como le encomendó Maduro.

Previo a la responsabilidad, Bautista no tuvo relación alguna en temas vinculados a las cárceles.

Nacida en el estado Táchira en enero del 63, la militar fue directora general de Asistencia Social del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno en 2012, de acuerdo al portal Poderopedia.

Igualmente fue directora de Recursos Humanos en el ministerio de Relaciones Interiores y agregada militar en la embajada de Venezuela en Ecuador, Bélgica y Países Bajos. 

Luego de su periplo por el extranjero, Bautista fue nombrada directora general encargada de la Oficina de Gestión Humana en el Ministerio de Interior y Justicia en septiembre de 2021 y un año después fue trasladada a la oficina de Atención al Ciudadano de la misma cartera ministerial.

Apenas la tarde de este lunes 10 de junio, Bautista acudió a las instalaciones de la cárcel del Rodeo III en un supuesto operativo para atender a la población reclusa.

“Iniciamos un abordaje jurídico integral a cada privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo III, garantizando la atención directa a la población penitenciaria. En esta jornada, realizamos evaluaciones psicosociales vía telemática de acuerdo a las solicitudes de los tribunales correspondientes, así como la elaboración de récord de conductas, ofertas laborales y cálculos de las redenciones para ser enviados a los circuitos respectivos”, escribió en X.

Horas después volvió a hacer uso de la red social para agradecer la confianza de Maduro mientras estuvo en el cargo y puso unas condecoraciones a trabajadores del sector penitenciario. 

“Realmente, la ministra hizo un trabajo pésimo al frente de la cartera penitenciaria”, consideró Nieto Palma.

“Pareciera que su trabajo era tomarse fotos y publicarlas en redes sociales, cuando en las prisiones se está viviendo una situación alarmante con el retardo procesal, la escasez de alimentos, las violaciones a los derechos humanos y las enfermedades, que han causado buena parte de las muertes en los últimos años”, agregó el experto.

El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que en la mañana de este martes falleció un recluso identificado como Mario Antonio Boza, de 64 años, en la Comunidad Penitenciaria Fénix en el estado Lara. Bozo presentaba un cuadro de salud delicado por hipertensión e insuficiencia cardiaca y la petición de una medida humanitaria nunca fue atendida por los entes gubernamentales.

Nieto Palma hizo referencia a la pasividad de Bautista en el operativo Gran Cacique Guaicaipuro el año pasado, que devino en la intervención de siete prisiones donde funcionaba la figura del pranato.

“Quien estaba al frente de esto era el ministro Remigio Ceballos, a Bautista ni siquiera la llevaron a la cárcel de Tocorón, que fue la primera intervenida, pareciera que era una figura simbólica, para continuar la tradición al frente del ministerio penitenciario que inició Iris Varela”, abundó. 

 

Los militares y la lucha contra las dictaduras        

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Es evidente que, tanto en el sector civil como en el militar, hay muchos que luchan para defender la democracia. En la actualidad hay 147 oficiales presos, algunos con graves problemas de salud

Civiles y militares han participado en la lucha contra las dictaduras de Gómez, Pérez Jiménez, Chávez y Maduro. La represión a los valientes ha incluido asesinatos, torturas, cárcel y exilio. En artículo reciente mencionamos muchos casos de militares durante la dictadura de Pérez Jiménez. Hoy recordamos dos casos de oficiales asesinados en el exilio.

Tal día como hoy, 11 de junio, se cumplieron 70 años del asesinato del teniente León Droz Blanco y recientemente, siete décadas después, fue asesinado el teniente Ronald Ojeda, con indicios contundentes de que esa acción fue ordenada por el régimen de Maduro. Ambos estaban exiliados.

Conocimos y apreciamos mucho a Droz, quien residía en Barranquilla, después de haber sido expulsado de Trinidad. El sicario fue el agente de la Seguridad Nacional Braulio Barreto, quien purgó varios años de cárcel. Los secuestradores y asesinos de Ojeda en Santiago de Chile están identificados, pero lograron huir.

La Fiscalía chilena determinó que el móvil fue político y se generó en Venezuela. El fiscal del régimen, Tarek William Saab, ha sido descarado al declarar que “se trata de una operación de falsa bandera que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela” y planteó la posibilidad de que estuvieran implicados agentes de inteligencia extranjeros con agentes de inteligencia o de seguridad policial chilenos.

El presidente Boric reaccionó afirmando que “los comentarios del fiscal venezolano muestran que no hay una voluntad adecuada para resolver el caso e instó a la Fiscalía venezolana para que, si poseen antecedentes serios, los pongan a disposición de la Fiscalía chilena”; su canciller afirmó que las declaraciones del fiscal de Venezuela “son inaceptables, pero no nos sorprenden” y que lo esencial es detener a los presuntos responsables del crimen.

Es evidente que, tanto en el sector civil como en el militar, hay muchos que luchan para defender la democracia. En la actualidad están presos 147 oficiales, algunos con graves problemas de salud. No podemos olvidar el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cruelmente torturado, y que dejaron morir al general Isaías Baduel por falta de asistencia médica. Además, cientos de oficiales fueron dados de baja o la solicitaron. Este comentario viene al caso porque a veces se descalifica a los militares, obviando que, al igual que entre los civiles, hay una minoría que ha pecado por acción o por omisión, pero que la mayoría no están incursos en la violación de los derechos humanos, ni son corruptos.

El 28 de julio la Fuerza Armada tiene una responsabilidad histórica con Venezuela. El llamado Plan República, que contempla la presencia de uniformados en los centros electorales, tiene que evidenciar respeto por los electores. Ellos están allí para evitar que los malandros amedrenten a los testigos de Mesa y a quienes van a depositar su voto, así como para impedir otros actos de sabotaje. Edmundo González obtendrá la mayoría, como se evidencia en las encuestas y en las concentraciones, y la Fuerza Armada no debe avalar que Maduro intente desconocer el resultado. Tiene que proceder institucionalmente, tal como la Fuerza Armada chilena ante la intención del general Pinochet de no reconocer su derrota.

Como(había) en botica

  • Venamérica, la Asociación Civil Gente del Petróleo, un calificado grupo de 107 profesionales del área petrolera y el abogado Orlando Viera-Blanco han instado al presidente Biden a que su Administración proteja a CITGO para evitar sea embargada. Nueve representantes del Congreso a la Secretaria del Tesoro y al fiscal general de los Estados Unidos hicieron una solicitud similar; y el ex subsecretario de Estado Elliot Abrams recomendó que las autoridades de su país se dirijan al juez para que posponga la subasta hasta después del 28 de julio. Recordemos que CITGO fue demandada por las expropiaciones ordenadas por Chávez y endeudamiento de Maduro. Esa subasta no beneficia a Estados Unidos, ni facilita la recuperación de nuestra economía cuando asuma la presidencia Edmundo González.
  • Lamentamos el fallecimiento de José Antonio Centellas Rodríguez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com 11/5/2024

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 11 de junio: El terror no termina para los migrantes al entrar a EEUU y más noticias

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En El Mañanero del 11 de junio de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela:  Migrantes cuentan que la ruta del terror no termina al cruzar la frontera con EEUU. El Parque Nacional Canaima, amenazado por la minería ilegal. Maduro anunció un 1x10x7 y el retardo procesal enciende las protestas en las cárceles.

Rocío San Miguel, cuatro meses detenida

Maduro dice que “sicarios de la oposición” quieren hacerle daño

Retardo procesal, la chispa que encendió la protesta en las cárceles

La política de persecución y criminalización se mantuvo en 2023

La ruta del terror para los migrantes no termina al cruzar la frontera de EEUU

El 1x10x7 que anunció Maduro

Parque Nacional Canaima, amenazado por la minería ilegal

 

“México es lo más difícil porque uno es maltratado, golpeado, ultrajado, muchas son violadas (…) A mí, por ejemplo, me metieron en un gallinero. No sé el nombre del cártel, sólo sé que me pidieron 75 dólares y al tercer día me soltaron, me dejaron en una gasolinera. Siempre te dejan donde hay más migrantes”, narró con un rostro que, aunque iluminado por el sol texano incandescente de una mañana de mayo, se ensombreció con la tristeza del recuerdo de sus dos hijas pequeñas dejadas en Venezuela”, expresó migrante venezolana que cruzó frontera de EEUU.

 

La ruta del terror para los migrantes no termina al cruzar la frontera de EE. UU.

—¿Quiénes son venezolanos?, -preguntó un uniformado con voz ronca.

Rompió el silencio en el desierto, donde más de 30 de migrantes sentados en el piso recibían indicaciones de parte de funcionarios de la Patrulla Fronteriza. Acaban de cruzar desde Ciudad Juárez y se entregaron en un sector conocido como la “Puerta 36”, en El Paso, Texas. El lugar donde frecuentemente se ponen a disposición de las autoridades en un intento por legitimar su ingreso a territorio de Estados Unidos.

Una docena de hombres y mujeres respondieron a la pregunta levantando la mano. También, alzaron sus rostros, que hasta entonces mantenían casi enterrados entre sus piernas. Pero no fueron capaces de pararse de la arena en la que estaban uno al lado del otro hasta que un oficial los autorizó.

—Son periodistas. ¿Quién quiere contar tu historia?, soltó el uniformado de verde, que usaba un chaleco negro antibalas. En la espalda resaltaba el bordado amarillo que decía: Patrulla Fronteriza. 

Juan Carlos, Fernando, Manuel, Alejandra y Yesica* se pusieron de píe y conversaron por separado con el equipo de ARI. Además de ser venezolanos, los testimonios de los cinco tenían otra cosa en común: las lágrimas. Contener el llanto mientras narraban su odisea fue casi imposible. 

Alejandra*, con rostro delgado y una piel curtida por el sol, se acercó cuando le hicieron una seña con la cabeza. Dio unos pasos tambaleantes y escuchó atenta: 

—Sí, soy venezolana, -respondió ella en un volumen casi inaudible. 

Alejandra vivió en un gallinero por tres días. Fue a parar ahí cuando hombres vinculados al crimen organizado la secuestraron al norte de México, ese “infierno” y país de tránsito en el que la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados dice que los migrantes venezolanos son —entre todos—  quienes más abusos sufren.

“México es lo más difícil porque uno es maltratado, golpeado, ultrajado, muchas son violadas (…) A mí, por ejemplo, me metieron en un gallinero. No sé el nombre del cártel, sólo sé que me pidieron 75 dólares y al tercer día me soltaron, me dejaron en una gasolinera. Siempre te dejan donde hay más migrantes”, narró con un rostro que, aunque iluminado por el sol texano incandescente de una mañana de mayo, se ensombreció con la tristeza del recuerdo de sus dos hijas pequeñas dejadas en Venezuela. 

Alejandra cruzó cinco países: Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México.

A Colombia llegó en bus, pero el resto de su camino lo hizo a pie hasta llegar al sur de Estados Unidos. El único calzado que le quedó fue unas cholas grises que usaba con medias. Sus tenis los perdió en el Darién.

A 10 días de haber salido de Venezuela ya estaba en Tecún Umán, la ciudad guatemalteca que bordea el río Suchiate y marca la frontera con México. A tierras aztecas entró por Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Ese es el estado mexicano con mayores denuncias por delitos contra migrantes indocumentados. Secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de personas son los principales delitos según los 5.378 reportes recibidos por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación Mexicana entre 2016 y 2022. 

Un zapato está enredado en un alambre de púas cercano a una zona fronteriza de Estados Unidos con México en El Paso, Texas 

En la vida que dejó en el estado Aragua (Venezuela), a 4.690 kilómetros de El Paso, Alejandra era cajera de un modesto abasto y de esa vida que quedó atrás pero que no olvida —ni lo hará hasta no llevar con ella a sus hijas y su mamá—  no le quedó más que la ropa que llevaba puesta. El resto lo tiró en un vertedero de la Puerta 36, en la que se entregó.

Yesica, de 28 años, también era parte del grupo que acababa de entregarse. Hizo el viaje con su esposo desde Coro, en el estado Falcón, al norte de Venezuela. “No vinimos porque nos amenazaron los colectivos (grupos de civiles armados que defienden la revolución bolivariana). Mi esposo trabajaba con el equipo de María Corina Machado (lideresa de la oposición venezolana) y comenzamos a recibir amenazas de estos hombres. Iban a nuestra casa con sus armas”, contó la joven, quien aseguró que la peor parte de la travesía fue el paso por México. Aunque dijo que no les pasó nada grave.

Dijo que se aventuró a cruzar por pasos irregulares “por miedo, tenía miedo de que nos deportaran en México, miedo de nos agarraran los colectivos, porque esa gente está en todas partes. Aquí ya no tenemos miedo”, relató sin lograr contener las lágrimas al mencionar que en Venezuela quedó su madre y toda su familia.

Al llamado de un oficial, las dos mujeres se enfilaron junto a otros migrantes. Había pieles oscuras, blancas; pieles lisas y otras envejecidas; veías cabellos rizados rubios y también cabellos lacios castaños. Las nacionalidades eran muchas: brasileños, haitianos, ecuatorianos, venezolanos. Siempre hay venezolanos. Más de 7,7 millones han salido del país. 

Caminó con las manos cruzadas hacia atrás hacia el imponente portón marrón que conecta con un puente sobre el río. Detrás de ella quedó la cerca de alambre a orillas de un sector de Río Bravo. Delante de ella, un bus que la llevó directo a un centro migratorio en donde le asignarán su caso a una corte que decidirá si su sueño americano se muere ahí o tiene salvación. 

Un grupo de migrantes en El Paso son enviados a un centro de procesamiento

Los que no se entregan 

Más allá de la Puerta 36, en otra área del amplio desierto, el tacómetro marca 80 kilómetros por hora. La aguja sigue subiendo. El viento silba alrededor de la camioneta y todo pasa rápidamente por la ventana. Arriba un helicóptero. Es la guía que sigue el hombre al volante.

La carretera es amplia. Hay cuatro canales, pero el chofer toma una salida a la derecha. Ahora hay una sola vía estrecha, muy estrecha. Unas letras blancas sobre una señalética verde anuncian la entrada a Sunland Park, una ciudad de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos. 

En los asientos de atrás hay dos agentes de frontera. Salieron a trabajar temprano. En el radio transmisor del conductor unas voces hablaban en código. 

—Hay dos migrantes. Vamos a detenerlos. Es lo que nos está informando quienes están ahí, dice el hombre mientras señala una aeronave negra con dorado de la agencia federal de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que sobrevuela el desierto. 

Aunque parece escena de película de Hollywood, para ellos no es una novedad. Al contrario, es parte de su cotidianidad. 

—No hay día en el que no hagamos esto, suelta una agente de la Patrulla Fronteriza. Ella, por cierto, es inmigrante de segunda generación. Sus padres son mexicanos y en su casa también se habla español. Ahora su trabajo es custodiar la frontera. 

Además del chaleco antibala que los protege, en un arnés negro amarrado a la cintura guardan una pistola, un rolo y un “taser”. Si lo accionan descarga corriente. Son las armas del por si acaso: por si acaso el migrante reacciona agresivamente, por si acaso el migrante trata de huir, porsiacaso, porsiacaso… 

También todos ellos tienen un segundo par de ojos, pero en el pecho. Ese pequeñito cuadrado negro sujeto al chaleco lo graba todo, a todo momento. Nunca para. Es una cámara corporal; la única testigo que los defiende ante “alegaciones falsas”. 

Las llantas chirriaron después de una pisada brusca en el freno. Los agentes se bajaron de la camioneta y corrieron sobre la arena. De una segunda unidad de la Patrulla Fronteriza que a toda velocidad trataba de seguirles el paso, se bajaron tres agentes más. 

El estruendoso rotor del helicóptero era ensordecedor. Al fondo, el muro fronterizo que divide Sunland Park del puerto de Anapra, una de las colonias más pobres de Ciudad Juárez, en México. 

Ahí comenzó otra escena de acción. 

Los matorrales en el desierto sirvieron de escondite para dos migrantes, pero no por mucho tiempo. Los seis agentes llegaron hasta ellos y los encontraron boca abajo en el suelo. Uno era de México y el otro de Ecuador. 

—¿Do you speak English? (¿Hablas inglés)?, -preguntó el oficial. 

El migrante no respondió. 

En español, les pidieron quitarse los cordones de los zapatos. Lo hicieron. Seguían en la arena ardiente. 

Uno de los funcionarios agarró al ecuatoriano por el brazo y lo levantó. De inmediato, como por reflejo, el que hizo la ruta con él se levantó del piso. 

No era difícil, para el fornido funcionario levantar a Diego* de un solo tirón. Era joven delgado 18 años de edad, que emprendió solo el viaje desde el país suramericano que hoy está azotado por las pandillas y el crimen organizado. De eso intentaban huir, contó también entre lágrimas. Vestido con ropa juvenil y tenis blanco, no dejaba de llorar mientras relata sus razones para emigrar. También contó que tomó un vuelo de Quito hasta San Salvador, y luego en buses llegó hasta México.

La única funcionaria del escuadrón le ordenó sacar todas sus pertenencias. 

—No, usted no, le indicó otro agente con palabra apurada al migrante méxicano que lo acompañaba. Siéntese, siéntese.

 Mientras los revisaban, ambos tenían la mirada clavada en el suelo, con sus manos detrás de la cabeza, brazos flexionados y las piernas abiertas. Unas manos grandes tocaban por encima de los jeans, sacaban cables de teléfono de los bolsillos traseros, quitaban correas y pedían lanzar al piso billeteras y teléfonos. 

En Nuevo México, dos migrantes, uno de Ecuador y otro de México, esperan a ser enviados a un centro de procesamiento luego de haber sido capturados por su ingreso ilegal a territorio estadounidense 

Cinco minutos después de una llamada, una van blanca se estacionó en la carretera. Se bajó un hombre alto, grueso que vestía una chemise azul y pantalón negro. Llegó por ellos, por los migrantes.

Intentaron pedir ayuda a quienes nada podían hacer por ellos, al equipo de periodistas que reporteaban la detención. No querían terminar en una cárcel. Sólo necesitaban trabajar en Estados Unidos para ayudar a sus familias. 

A las 9:51 am murió asfixiado otro sueño americano. A esa hora echaron sus esperanzas en la misma bolsa plástica ziploc en la que metieron sus identificaciones para ir directo a un centro de procesamiento. De ellos no se supo más. 

Un agente migratorio sostiene una bolsa con los documentos de identidad y otras pertenencias de migrantes capturados cerca del muro que divide Chihuahua y Nuevo México

Frontera al alcance de la mano

“Límite de los Estados Unidos, Tratado de 1848, restablecido por Tratado de 1884-1989”. Es lo que se lee en una placa clavada entre unas rocas. En la otra cara de esa misma placa un texto reza (casi) las mismas palabras. Sólo reemplazan “Estados Unidos” por “República Mexicana”.

Se trata de otro punto de la frontera, donde los migrantes esperan ocultos en una montaña un descuido de la Patrulla Fronteriza para cruzar. Allí con solo estirar la mano ya estás del otro lado de la frontera, no hay muro, ni cerca. 

A lo lejos, usando binoculares se alcanzan a ver unas siluetas. Se recortan a contraluz del sol que se esconde detrás de la montaña. Un halo de incertidumbre está alrededor de ellas. Podrían mimetizarse entre las rocas, pero no lo logran. Son migrantes en lo más alto de una colina de Anapra, en México. Están apenas a unos pasos de Estados Unidos, aunque no pueden cruzar la frontera. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está a 100 metros de ellos, vigilando cada movimiento. 

Agarrarlos no es una opción; el principio de inviolabilidad del territorio se los impide.  

Una placa marca los límites que dividen Estados Unidos de México. Con solo un paso, una persona puede entrar a tierras estadounidenses por Nuevo México

A los agentes no les queda más que seguir con su recorrido cotidiano. Y vaya que les cuesta llegar hasta ese punto. Los migrantes trancan las vías con piedras meteóricas. Así hacen tiempo para correr cuando el helicóptero de patrullaje aéreo los delata y lanza una alerta a los de la Patrulla Fronteriza. 

Los oficiales suben con sus camionetas por esas montañas escarpadas que desafían la gravedad. Cuando no pueden avanzar más; cuando sí o sí tienen que parar, se bajan de sus autos y, con determinación en sus rostros, se reúnen alrededor de las rocas para, al compás de gruñidos y el sonido de las piedras raspando contra el suelo, levantarlas con todas sus fuerzas.

Desde arriba, el muro es sólo una línea negra muy fina. Pero mientras se baja de la cima, el gran muro de nueve metros de alto que se extiende por más de 1.000 kilómetros se magnifica con cada metro avanzado. Se ve el detalle de la pintura oxidada marrón que cubre la rejas, los pequeños cortes de quienes, sin éxito, intentaron cortar los barrotes.  Detrás de las rejas se ven los caseríos de la colonia de Anapra. 

 —¿Ven esa casa verde? Allí se esconden los polleros (coyotes). Cuando no está la Patrulla, mandan señal para que los migrantes avancen hasta el muro, relató un oficial. 

La casa a la que se refería en realidad eran dos grandes paredes de cemento sin techo, donde se atrincheran los eslabones más bajos de la cadena del tráfico de migrantes. En la zona opera el cártel La Línea. La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo considera el brazo armado del cártel de Juárez. Muchos les dicen los “narcocoyotes”. 

De ese lado mexicano las calles son de tierra. Los ranchos están en obra gris, con bloques de cemento que no terminan de cubrir las cabillas. Una escalera de hierro alta y delgada está tirada a las faldas del muro. Es la escalera delatora. 

Apenas se para la camioneta de la Patrulla Fronteriza un silencio intrigante envuelve el lugar.

 —¿De quién es esta escalera?, pregunta un agente. 

Nadie responde.

Apenas la levantan del piso, un hombre llega hasta el muro corriendo y dice que es de su construcción. Los agentes no le creen, pero no pueden hacer más que dejarlo ir con su escalera bajo el brazo. Ellos están al otro lado del muro, y en México no tienen autoridad. Así termina una jornada, que se repite día a día en la frontera entre El Paso, Texas y México.

Un funcionario de la Patrulla Fronteriza estadounidense ve hacia Anapra, del lado de México, a través de las rendijas del muro fronterizo

Treinta niños de El Hatillo disfrutaron un viernes de película con el ARI Móvil

La sede de la Cooperativa El Carmen de El Calvario, en El Hatillo, Gran Caracas, se convirtió en una sala de cine en la que una treintena de niños disfrutaron de la película Intensamente el pasado viernes, 7 de junio. Para ello, las escaleras del centro cultural de la comunidad se transformaron en asientos y el ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga, conformada por El Pitazo, Runrun.es y Tal Cual, fue la pantalla. 

El público, desde bebés hasta adultos, gozó de la proyección tras un mes de espera. La plaza La Cruz, el punto de encuentro anunciado a inicios de mayo, quedó infestada por una plaga de garrapatas que hizo suspender la actividad en dos ocasiones. Pese a que la proyección no fue en la plaza, debido a unos vehículos que impidieron el paso, los hatillanos y miembros de ARI encontraron un espacio en la cooperativa para iniciar la función.

El Calvario
Al frente de la Cooperativa El Carmen, uno de los espacios sociales del vecindario, se proyectó la película Intensamente. | Foto: Gabriel Peraza (El Pitazo)

De la adversidad a la diversión

Karla Barreto, una vecina de El Calvario, reclamó por la situación adversa que vivió la comunidad. Mientras los niños veían la película, junto con los refrigerios donados por la Alcaldía de El Hatillo, exigió que haya una mayor atención a la comunidad por parte de la institución. Si bien reconoció que la Alcaldía fumigó la plaza, reveló que las garrapatas derivaron en las casas y fueron los vecinos quienes terminaron resolviendo el problema.

«Eso se inundó de garrapatas», recordó también José González, otro vecino que asistió a la proyección del ARI Móvil. Explicó que, cuando la situación llegó a los oídos de la Alcaldía, un equipo de fumigación fue a la plaza para erradicar la plaga, pero luego cada quien se ocupó de eliminarlas de su casa.

En el caso de José, los parásitos entraron por la platabanda de la casa de su hermana y luego a las habitaciones. «Lavamos todo, le echamos cloro y demás cosas hasta que logramos eliminarlas», comentó. Además, dijo que, salvo algunas picaduras, nadie tuvo secuelas que agravaran su salud, pero aún desconocen cuál fue el origen de la plaga.

Aunque hubo automóviles que bloquearon el paso hacia la plaza, el ARI Móvil se estacionó en la zona de eventos de El Calvario para proyectar la película | Foto: Gabriel Peraza (El Pitazo)

Tras recordar esa situación desagradable, y con las risas de los niños en el fondo, Karla valoró la actividad del ARI Móvil. Calificó la proyección como una dinámica «excelente» para los niños, por los conocimientos aportados y porque alejan un poco a los jóvenes de los «malos hábitos» que hay en la calle.

«Donde juegan los niños se ven estupefacientes, hay personas consumiendo alcohol», declaró Karla quien, con su hija pequeña a un costado, aseguró que le encantaría que se hicieran estas actividades más a menudo por la educación y el entretenimiento que fomentan. «Crean un desarrollo positivo en cada niño, así los incentivan a cosas positivas», añadió.

Los vecinos también informan

José no es solo un vecino de El Calvario, también es un periodista ciudadano. «Es mi vocación», afirmó el hombre de 74 años que está a cargo de la Coordinación General de Información de Al Tanto, un periódico del municipio.

«Nos caímos cuando tuvimos la crisis del papel, pero lo retomamos recientemente», comentó sobre la edición impresa.

José González presentó una de las ediciones impresas del periódico Al Tanto. Desde la década del 60 participa en actividades periodísticas | Foto: Gabriel Peraza (El Pitazo)

Aseguró que se informa con los medios El Pitazo, Runrun.es y Tal Cual, y reconoció que, con la crisis del papel que hay en Venezuela, son una alternativa para dar noticias a las comunidades. Además, valoró que El Pitazo elabore papelógrafos informativos, ya que es una de las vías por las que él se entera de las noticias.

«El ARI Móvil es una de las actividades que más hacen falta dentro de la comunidad. La gente se informa, pero también tiene un entretenimiento sano», agregó.

Aparte de hacer referencia a la plaga de garrapatas, mencionó otro de los problemas que resolvió la comunidad: el suministro de agua. «Teníamos un problema serio, no llegaba y había tuberías colapsadas», declaró y destacó que la solución llegó por lo «rápido» que se mueven los vecinos.

«No tenemos ayuda gubernamental de ningún tipo. Las calles, las escaleras, todo lo hizo la comunidad», sentenció.

En la misma línea que José, Laineker Díaz, de 33 años, confirmó que «falta full el agua» y propuso que se reactiven las actividades culturales en El Calvario, ya que es algo que ha caracterizado históricamente a este sector. «He sentido que se ha ido perdiendo, sería bueno retomar eso y también hacer una cancha para las actividades deportivas», sugirió.

El camión de la información subió por las elevadas curvas del Alto Hatillo para que los vecinos disfrutaran de un viernes de película | Foto: Gabriel Peraza (El Pitazo)

Pese a las adversidades, la función concluyó a las 9:30 pm y los aplausos de los asistentes resonaron en la comunidad. Cuando Yaya Andueza, coordinadora del ARI Móvil, preguntó cuál fue el personaje que más les gustó, los niños no dudaron: «¡Alegría!». Esa fue la misma emoción con la que se fueron a sus casas.

De esta forma, el camión de la información terminó una nueva jornada. Con el conductor Carlos Hurtado al volante, se retiró por las empinadas y estrechas calles de El Calvario, a donde volverá para seguir fomentando la educación y recreación a sus vecinos.

Texto: Gabriel Peraza (El Pitazo)

Retardo procesal fue la chispa que encendió protestas en cárceles venezolanas

Hasta la tarde de este lunes 10 de junio, al menos 16 cárceles de Venezuela se mantenían en huelga de hambre exigiendo respeto a sus derechos humanos y fundamentales.

Voceros del Observatorio Venezolano de Prisiones informaron que al menos una decena de prisiones en 23 estados del país se sumaron a la protesta que se mantiene desde el pasado fin de semana. 

Dentro de la protesta se incluyen cuatro anexos de mujeres y 14 centros de detención preventiva.

Los detenidos exigen que cese el retardo procesal tal como lo prometió Nicolás Maduro en el año 2021.

También, exigieron que jueces, defensa pública, diputados y funcionarios del Ministerio Público se presenten en los recintos penitenciarios para que cumplan con la “Revolución Judicial” ofrecida por el chavismo hace años atrás.

Entre las notas del himno nacional y un puñado de pancartas, un comunicado leído por un recluso exige libertad inmediata para quienes padecen del retardo procesal, así como para aquellos mayores de 70 años y los que enfrentan una condición médica crónica o delicada.

“Tenemos un problema grave de retardo procesal, de garantías judiciales, de hacinamiento, de salud, de corrupción; tenemos un problema grave de alimentación y tráfico de armas y de drogas”, declaró a EFE, el presidente del OVP, Humberto Prado. 

De acuerdo a la OVP todo lo sucedido entre este fin de semana y ayer se ha documentado para enviarlo a organismos internacionales como Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado y la Federación Internacional por los Derechos Humanos. 

“El retardo procesal de Venezuela es uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema penitenciario, estamos hablando de un 70% de retardo, de cada 100 presos 70 no tienen una sentencia condenatoria firme”, informó el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.

 

“La oposición tiene un grupo de sicarios buscándome para hacerme daño” y otras perlas de Maduro

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El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo 9 de junio, durante un acto con dirigentes del Partido Socialista Unido (PSUV), que “la oposición tiene un grupo de sicarios en el país”  con el propósito de atacarlo. 

Maduro aseguró, en medio de la campaña política que lleva adelante de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, que la oposición supuestamente quiere hacerle daño. 

A continuación las perlas conspirativas de Maduro: 

“Ellos tienen un grupo de sicarios, la ultraderecha (…), tienen un grupo de sicarios ya en Venezuela, buscándome y buscándonos para hacernos daño”.

Dijo, sin mostrar pruebas, que detrás de estos planes están los exalcaldes Leopoldo López y Antonio Ledezma, así como el expresidente del Parlamento Julio Borges.

Asimismo, Maduro responsabilizó por este caso a María Corina Machado, quien realiza una gira política por todo el país promoviendo la candidatura presidencial del ex embajador Edmundo González Urrutia.

“Mis llegadas en todos lados tienen que ser de sorpresa, el pueblo cuidándome y los equipos de seguridad haciendo un buen trabajo, como lo están haciendo. En manos de Dios, voy rumbo a los destinos para cumplir mi misión aquí en la Tierra”, sostuvo.

Rocío San Miguel cumplió cuatro meses detenida 

Cuatro meses detenida cumplió el pasado fin de semana la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

A la activista no se le ha permitido nombrar una defensa privada, aspecto que ningún funcionario del gobierno de Maduro ha explicado, en especial el fiscal general de la República designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su familia.

Días después, el propio Saab la involucró en una conspiración denominada “Brazalete Blanco”, una supuesta operación para derrocar al gobierno madurista.

“Rocío San Miguel ha sido mantenida en detención preventiva sin acceso a un tribunal independiente e imparcial, no se le ha permitido el acceso adecuado a su abogado defensor, y no se han establecido fechas concretas para una audiencia”, expresó la ONG Defiende Venezuela a través de un comunicado.

De acuerdo a la organización al menos cinco derechos se le han violado a San Miguel: derecho a la libertad y seguridad personal, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a no ser sometida a torturas o tratos crueles y a la protección judicial.

Defiende Venezuela expuso que el derecho a un juicio justo está consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

“Se hizo la designación de defensa privada conforme a lo previsto en el artículo 127, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que el juez (Carlos Enrique Liendo) no hizo absolutamente nada para la constitución de la defensa técnica, que no era otra cosa que levantar la correspondiente acta de aceptación y juramentación de los abogados”, dijo el abogado Juan González Taguaruco.

La defensa agregó que debido al incumplimiento del tribunal se interpuso una acción de amparo que fue declarada inadmisible por la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones de Terrorismo, una acción que fue apelada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La ONG también denunció que Rocío San Miguel ha sido sometida a condiciones de aislamiento en la sede del Sebin en El Helicoide y que le ha sido negada atención médica.