En la 112.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se reveló el talante dictatorial de Venezuela y Nicaragua

@froilanbarriosf

Desde su fundación, en 1919, se realiza anualmente el evento más importante a nivel global concerniente al mundo del trabajo: la Conferencia Internacional del Trabajo. En el marco de la relación tripartita entre gobiernos, trabajadores y empleadores se concretan las deliberaciones. Estas se traducen en convenios laborales acordados para dignificar el trabajo, firmados por los países firmantes cuya cifra alcanza a 187 en la actualidad.

En esta ocasión acaba de finalizar la 112.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Dicho evento se celebró en Ginebra del 3 al 14 de junio de 2024 con la asistencia de más de 4900 delegados. Estos representaban a gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores. El lema central fue la convocatoria “para hacer del progreso de la justicia social la base para una paz sostenible, una prosperidad compartida, la igualdad de oportunidades y una transición justa”. Las conclusiones identifican cuatro áreas de enfoque para la acción política:

1. fortalecer la gobernanza de los mercados laborales;
2. libertad de asociación y diálogo social, incluyendo la negociación colectiva;
3. formalización y empresas sostenibles; e
4. igualdad e inclusión.

¿Cómo se traducen estas orientaciones para cada gobierno? Su aplicación dependerá de las políticas públicas de cada administración y de las orientaciones de cada gestión. El resultado equivaldrá a reconocimientos si aplican las orientaciones y convenios firmados por los Estados o, por el contrario, serán sancionados con condenas al verificarse reiteradas violaciones a los convenios laborales.

Nicaragua y Venezuela en la mira de la Conferencia Internacional del Trabajo

En América Latina resaltan dos casos: los de Nicaragua y Venezuela, lamentablemente reconocidos por su tendencia dictatorial. Con referencia a Nicaragua, la OIT instó en los términos más enérgicos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que restituya la legalidad del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ilegalizada hace un año, y que también cese la persecución contra las organizaciones sindicales independientes y sus líderes.

La Comisión de Verificación de Poderes de la OIT elaboró un informe que detalla la persecución de la dictadura de Nicaragua contra los sindicatos independientes no controlados por el gubernamental Frente Sandinista y contra la empresa privada, cuyos líderes han sufrido destierro, cárcel, exilio, desnacionalización y confiscaciones

En esa dirección, el organismo tripartito instó al Gobierno en los términos más enérgicos a garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan reconstituir sus organizaciones sin la injerencia estatal y puedan operar sin autorización previa conforme al artículo 2 del convenio 87 de libertad sindical. Así también ofreció restablecer el diálogo social con los interlocutores e instalar una mesa de dialogo tripartito anunciando que en el próximo mes de noviembre revisarán la grave situación laboral del país

Venezuela en el espejo de Nicaragua

Cuando se conocen los atropellos de la dictadura sandinista se puede identificar que en Venezuela las organizaciones empresariales y sindicales han vivido un calvario parecido durante el presente siglo. En efecto, al reconocer estos datos para 2024 en nuestro país, la calificación ha empeorado, alcanzando la máxima categoría (5). La OIT observa que las autoridades continúan persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando.

En agosto de 2023, en un juicio sin pruebas ni testimonios, un tribunal de Caracas condenó a 16 años de cárcel, por conspiración y asociación para delinquir, a Gabriel Blanco, director de Comunicaciones de la sección de Caracas de la central Alianza Sindical Independiente (ASI).

Recibieron la misma condena Emilio Negrín, Reynaldo Cortés Gutiérrez, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, activistas sindicales y defensores de los derechos humanos afiliados a sindicatos de CODESA, CTV y no confederados. Los sindicalistas creen que la medida fue una represalia por el hecho de haber reivindicado aumentos salariales. Posteriormente los seis sindicalistas liberados en diciembre de 2023, pero siguen sujetos a disposiciones que limitan su capacidad para desempeñar sus funciones sindicales.

Venezolanos al Consejo de Administración de la OIT

En este contexto de permanente violación de las libertades sindicales, la 112.ª Conferencia OIT ratificó el regreso de una representación de los trabajadores venezolanos al Consejo de Administración de la OIT. Las organizaciones y corrientes sindicales del país debieran aprovechar esta circunstancia para reconducir el sindicalismo ante la extrema debilidad sindical en nuestro país. Deben reconocer que solo han quedado siglas de lo que fue un poderoso movimiento laboral a escala continental.

La anterior representación de los trabajadores tuvo en Jesús Urbieta, de la CTV, una reconocida labor durante su permanencia en el Consejo de Administración hasta 2006, al aprobarse las primeras condenas de la OIT contra el gobierno de Hugo Chávez, el envío de varias misiones de contacto directo al país, la calificación de huelga general al paro cívico nacional de 2002-2003 y el reenganche con pago de salarios caídos a los trabajadores petroleros despedidos como consecuencia de dicho conflicto.

Las conclusiones de la 112 Conferencia conllevan para nuestro país una anhelada transición política, que derive en el reconocimiento de los derechos laborales conculcados por una tiranía que ha violentado los convenios firmados por el Estado en periodos democráticos. Un régimen que demostró su talante autoritario en las fracasadas reuniones del Foro Social realizadas desde el 2022 hasta el presente 2024.

Movimiento Laborista*Movimiento Laborista.

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