Desde el 29 de julio, Carmen Morillo no ha podido ver a su hija Victoria, una adolescente de 16 años que fue detenida en Caracas en el marco de las protestas postelectorales ocurridas luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral adjudicando a Nicolás Maduro el triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según explicó su madre, ella salió el 29 de julio de su casa a pasear con una prima de 25 años y fueron retenidas. Carmen contó que su hija es estudiante de la Orquesta Sinfónica, es modelo y trabajaba como recepcionista en una oficina en sus tiempos libres de vacaciones. Acaba de pasar a quinto año de bachillerato.
No se trata de un caso aislado y forma parte de un patrón repetido durante la represión postelectoral que comenzó el 29 de julio y ha dejado un saldo de 1.102 personas detenidas, de acuerdo con un balance publicado por la ONG Foro Penal Venezolano este martes, 6 de agosto. Y de esas, 100 son adolescentes.
https://twitter.com/ForoPenal/status/1820826807613968583
Para Carolina Jiménez, presidente de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), las detenciones están afectando a otros sectores de la población. “Esta cifra podría ser mayor si tomamos en cuenta las declaraciones de Maduro que dice que hay 1.200 detenidos, la represión se ha profundizado en esta jornada electoral y ahora alcanza a mujeres, líderes vecinales, activistas e incluso niños, niñas y adolescentes (NNA)”, dijo Jiménez.
Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, advirtió que estos jóvenes en muchos casos han sido tratados como adultos, violando lo establecido por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna). “En ese procedimiento se establece que los adolescentes deben ser presentados dentro de las 24 horas siguientes de su arresto y eso no ha pasado. Lo que está pasando es que las causas, no los detenidos, están siendo centralizadas en los tribunales de Caracas con competencia en materia de terrorismo”, explicó Himiob.
El abogado también advirtió de arrestos “indiscriminados”, lo que explica el elevado número de adolescentes detenidos. “Se están llevando no solo la gente que protesta, sino en muchos casos a la gente que sencillamente está caminando por la calle y punto, incluso adolescentes y menores de edad que están frente a sus casas”, indicó.
Patrones identificados en las detenciones de adolescentes
Carlos Trapani, coordinador de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), identificó los patrones que existen en la detención de adolescentes y que se ratifican en el caso de Victoria Morillo.
Detenciones violentas: no solo física sino psicológica, resaltando el uso de la amenaza, intimidación y el uso excesivo de la fuerza, lo que incluso ha causado que adolescentes resulten heridos en los procedimientos.
Incomunicación: Aunque la ley ordena que el adolescente detenido tiene que estar inmediatamente en comunicación con sus padres representantes y abogados de su confianza, “hemos visto como patrón el tema de la incomunicación así como la defensa técnica especializada”, explicó Trapani.
Según el testimonio de Carmen Morillo, desde que retuvieron a su hija, “la llevaron a Maripérez; de Maripérez la llevaron a la Zona 7 de Boleíta y así sucesivamente en una tremenda zozobra. Yo no sé cómo está ella, si come o si duerme”.
Imposición de defensa pública: Esto coarta los derechos de los menores y todo lo que tiene que ver con las garantías especiales propias del proceso penal de adolescentes, vinculado al juicio educativo y la presunción de inocencia, que no se está garantizando.
Exposición en redes sociales: Los adolescentes son expuestos y, a priori se les califica, se le juzga, se les señala y se le estigmatiza sin un proceso previo de investigación.
Lapsos procesales incumplidos: Un adolescente debe ser presentado en un lapso no mayor a las 24 horas, lo cual no se cumple, lo que hace ver que esas detenciones no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
Imputación como terroristas: Aunque Trapani no descarta que haya adolescentes que hayan cometido algún delito, “la destrucción o daños a la propiedad pública o privada per se no constituye el delito de terrorismo”.
Trapani instó al Estado a no criminalizar el derecho a la manifestación, el cual está reconocido por la ley, pero no recomienda que niños, niñas y adolescentes participen en manifestaciones públicas, recordando que en las redes sociales de la organización han difundido fórmulas alternativas para hacer sentir la voz de los adolescentes.
Lo sacaron de su casa
Un adolescente de 17 años estaba durmiendo en casa de su suegra en Antímano, municipio Libertador de Caracas, cuando hombres vestidos de negro y encapuchados entraron a la vivienda y se lo llevaron detenido sin dar ninguna explicación el viernes 2 de agosto.
Desde la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, un familiar contó que el joven estaba en la vivienda con su suegra y su novia cuando se lo llevaron sin mediar palabra. Incluso, intentaron llevarse de su residencia alimentos como azúcar y enlatados.
“Lo busqué por todos lados y me decían que no estaba. Cuando llegué el viernes me dijeron que fuera para Maripérez y después a Zona 7. Fui varias veces”, relató el familiar. Finalmente, al joven lo trasladaron a la Zona 7 de la PNB el viernes 2 de agosto a las 7:00 de la noche.
Los patrones señalados por el equipo de Cecodap se cumplen casi al calco. El pariente del joven contó que no le han permitido tener un abogado privado y tampoco ha podido verlo. Su familiar solo ha podido llevarle comida, jabón, pasta de dientes, un cepillo dental y un interior. No le han permitido pasarle ropa.
“No me dejan verlo. No se sabe nada. No dicen nada (…) Me dijo que estaba en el sótano. Él sabía que era de día porque yo le pasaba la comida. No tiene ni un rayo de luz. Me dijo que estaba un poco tranquilo y que no le estaban pegando ni nada”, relató el familiar.
Según el testimonio de su pariente, el adolescente no estaba en protestas. Dijo incluso que en algunos videos de las protestas que hubo en la zona que se publicaron en redes sociales no se le ve por ningún lado. Acudió a la Fiscalía para tener información y allí le dijeron que tampoco podían hacer nada.
Hasta este martes 6 de agosto, el joven no ha podido ver a su familia. Solo tuvo comunicación por teléfono el lunes 5 de agosto con un familiar y están a la espera de saber si será trasladado a otro centro de detención.
Personas con discapacidad en la mira
Tampoco se han salvado de las detenciones arbitrarias las personas con discapacidad. Gonzalo Himiob destacó el caso de un joven que se encuentra dentro del espectro autista y que tiene 17 años, a quien detuvieron y ni siquiera estaba protestando, sino que estaba fuera de su casa. “Tenía una cacerola en la mano, eso era lo que tenía y se lo llevaron”, señaló el abogado.
El vicepresidente del Foro Penal también denunció en sus redes sociales el sábado 3 de agosto que fue detenido arbitrariamente en El Valle, municipio Libertador de Caracas, Daniel José Rojas Muñoz, de 27 años, el pasado lunes 29 de julio, fecha en la que se intensificaron las protestas contra los resultados electorales del día anterior.
Rojas Muñoz es sordo y según Himiob no maneja el lenguaje de signos y tampoco sabe leer o escribir. “¿En qué condiciones y con qué garantías fue o va a ser presentado ante los tribunales?”, preguntó.
https://twitter.com/HimiobSantome/status/1819833935922343977
Estos casos fueron documentados por la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) mediante un comunicado, y reportaron otro de un joven con discapacidad intelectual detenido en Caracas por presuntamente aparecer en un video alterando el orden público. De acuerdo a los informes, “el joven presenta dificultad de aprendizaje y memoria a corto plazo”.
Consorven pidió a las autoridades a “garantizar el derecho a la libertad y seguridad de la persona contemplado en el artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Por su parte, Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, señaló que los adolescentes con algún tipo de discapacidad que estén involucrados en estos procesos no son imputables y deberían remitirse al Consejo de Protección. “Es un mandato que está en la propia ley, entonces el llamado es a extremar precauciones cuando se trata de niños y adolescentes, más aún cuando ese niño o es adolescente tiene una condición de discapacidad”, concluyó.
