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Ana Guaita, otra periodista detenida en la ola represiva poselectoral

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Detenciones, hostigamiento y acciones represivas contra los periodistas no han cesado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. Periodistas y trabajadores de prensa han sido blanco en medio de una ola represiva que, hasta el 19 de agosto y según cifras del Foro Penal, se resumía en 1505 detenciones y al menos 23 muertes, según el conteo de Monitor de Víctimas. 

La más reciente detención de una periodista fue condenada por gremios y defensores de derechos humanos. Se trata de Ana Carolina Guaita Barreto, joven reportera de La Patilla,  a quien presuntos miembros del Sebin detuvieron en la urbanización El Rincón, en Maiquetía el pasado 20 de agosto.

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Ve) reseñó que a Guaita Barreto se la llevaron en un carro blanco saliendo de su casa. Fue detenida sin una orden judicial, agregó el abogado defensor Perkins Rocha.

Guaita es hija de dos dirigentes opositores de La Guaira, Xiomara Barreto y Carlos Guaita. El director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, aseguró que ambos activistas decidieron salir del país después del 29 de julio “producto de la persecución y acoso político, ya que tenían días bajo asedio por organizar y participar activamente en la victoria de Edmundo González”. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó que ella es la sexta periodista detenida luego del 28 de julio: “No hay delito en ser periodista, no hay delito en ser hija de dirigentes de oposición, no hay delito en pensar distinto”, remarcaron. 

 Alberto Ravell, fundador y director de La Patilla, escribió en X que no hay motivos para actuar contra Guaita. “Rechazamos las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas que su única función es informar”, agregó.

Mientras que el Women Press Freedom  condenó “enérgicamente” esta detención, pidió liberar a la joven periodista  y denunció que forma parte “de un preocupante patrón de creciente persecución de periodistas bajo el régimen de Nicolás Maduro”.

Enfatizaron que desde las elecciones  “han documentado un alarmante aumento de las violaciones a la libertad de prensa” en Venezuela, que incluyen agresiones físicas, múltiples detenciones y acoso por parte de las autoridades: “La persecución estatal de los periodistas independientes debe terminar”, sentenciaron. 

Desde el 28 de julio no ha cesado la represión a periodistas

Un día antes de la detención de Ana Carolina Guaita fue detenido el periodista Víctor Ugas, a quien presentaron ante los tribunales luego de un conflicto con el tiktoker Emmanuel Marcano. Desde el 28 de julio y hasta el 20 de agosto  Ipys Venezuela ha registrado además  las detenciones de Yousner Alvarado (Barinas), Paúl León (Trujillo); Joaquín de Ponte (Guárico, ya liberado); Deysi Peña (Miranda); Roland Carreño, (Caracas); José Camero (Guárico) y Ana Guaita (Vargas).

A estos casos se le suma el de Dayana Krays, corresponsal internacional del medio La Data de Ecuador, quien fue detenida el 3 de agosto, pero liberada a las pocas horas.  Krays estaba cubriendo la concentración de María Corina Machado en el Distrito Capital. 

También, la noche del 16 de agosto, fue detenido el editor del portal web La Sapa del Orinoco, Gilberto Reina, en su residencia en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, luego de que publicara en su cuenta personal en Instagram un llamado a participar en la protesta mundial por la verdad. 

El día de esa manifestación mundial, 17 de agosto, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) atacaron e intentaron detener al periodista del diario El Periodiquito, David Marcano, mientras cubría una protesta convocada por la oposición en la plaza Bicentenario de Maracay, estado Aragua. Un guardia nacional lo trató con improperios porque un grupo de periodistas grababa en el momento en el que civiles eran atacados sin motivos con bombas lacrimógenas. 

 

La ONG Espacio Público contabiliza, desde el 28 de julio, 122 casos entre detenciones arbitrarias, ataques y hostigamientos físicos y verbales, bloqueos digitales y criminalizaciones al discurso crítico en redes sociales.

El propio día de las elecciones (28 de julio)  la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a la periodista Erika Rincón y al camarógrafo Miguel Pachano, del Diario Órbita en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui. Según la denuncia hecha por la oenegé Espacio Público, ambos hacían tomas audiovisuales de la jornada electoral en la plaza Bolívar con un dron, que aparentemente fue la causa de la aprehensión. A las 2:20 de la tarde fueron puestos en libertad pero les decomisaron el dron.

Ese domingo electoral también fue detenido arbitrariamente el periodista e historiador Jesús Piñero. Según el reporte de la oenegé Provea, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras hacía acto de presencia en un centro de votación en La Pastora, Caracas.

Despidos de trabajadores de medios públicos

Espacio Público informó también que al menos 100 trabajadores del canal estatal Venezolana de Televisión fueron despedidos luego de que les revisaran sus estados en WhatsApp y encontraran  “mensajes y contenido contrario al gobierno o de descontento en el contexto postelectoral”.

El SNTP también refirió que periodistas de RNV también resultaron afectados: “Hay terror en denunciar y algunos testimonios los hemos recogido en medio de llantos y susto. Los han despedido por darle like a cualquier publicación de María Corina Machado o por escribir ‘fraude’ en sus estados de WhatsApp”. 

Persecución previa a las elecciones

A los casos acá reseñados hay que sumar los del periodista, dirigente gremial y líder vecinal Carlos Julio Rojas en Caracas, detenido desde el pasado mes de abril. A Rojas lo interceptaron supuestos funcionarios encapuchados del Sebin cerca de su residencia en la urbanización caraqueña de La Candelaria y lo montaron a la fuerza en una camioneta sin placas. Estuvo más de 80 horas desaparecido. Luego, fue acusado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de estar involucrado en una conspiración para desestabilizar la “democracia” en Venezuela y lo imputaron por traición a la patria, asociación para delinquir, terrorismo y magnicidio en grado de tentativa.

A Rojas le imputaron los cargos de traición a la patria, asociación para delinquir, terrorismo y magnicidio en grado de tentativa.

En el mes de junio se produjo la detención de Luis López, específicamente el 14 de ese mes en Caraballeda cuando se trasladaba a cubrir la detención del activista juvenil Jeancarlos Rivas. A López lo acusaron posteriormente de los delitos «incitación al odio» y «asociación para delinquir» y lo mantienen recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.

Tres días después, el 17 de junio, Ismael Gabriel González, activista de Vente Venezuela y comunicador social egresado de la Universidad Católica Santa Rosa, pasó a formar parte de la lista de presos por razones políticas. González participaba en el equipo de prensa de Vente Venezuela desde el año 2016. Lo imputaron tras una detención arbitraria por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir. 

El pasado 17 de agosto, a propósito de cumplirse dos meses de su detención, Vente Venezuela recalcó que su “delito” a los ojos del gobierno fue “ejercer la comunicación política y querer una Venezuela libre”.

 

11 trabajadores de la prensa extranjeros expulsados

A las detenciones de periodistas venezolanos se suman también las expulsiones a corresponsales extranjeros. Según los registros de IPYS Venezuela, fueron 11 entre el 25 de julio y el 3 de agosto. 

Entre los casos destacan el del periodista Ivan Núñez y el fotógrafo José Luis Tapia, corresponsales internacionales del medio chileno 24 horas, detenidos a las 10 de la mañana del 1 de agosto en Chururú, estado Táchira, a pesar de ingresar legalmente a territorio venezolano a través de la frontera con Cúcuta. Luego fueron deportados.

El jueves 1 de agosto el SNTP también denunció la expulsión de los corresponsales del canal italiano Rai News 24, el periodista Marco Bariletti y su camarógrafo Ivo Bonito, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

A su vez, en la madrugada del lunes 29 de julio, fue detenido por la DGCIM el periodista español Cake Minuesa, reportero de Ok Diario, quien fue deportado ese mismo día en un vuelo por Bogotá.

 

Se usaron datos recopilados por ARI e Ipys para la elaboración de esta nota

Oposición: cualquier sentencia que valide “fraude electoral” será nula

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En un comunicado conjunto emitido el 21 de agosto, la dirigente opositora María Corina Machado, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática advirtieron que cualquier sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que valide el “fraude electoral” será “ineficaz y nula” conforme a lo establecido en la Constitución.

“La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder. El CNE debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”,  indica el comunicado, en el que se reitera que “el pueblo decidió” que el nuevo presidente constitucional es González Urrutia. 

Recuerdan que el CNE incumplió con los lapsos previstos para totalizar los votos y publicas las actas de escrutinios de esos votos como lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

“La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”, remarcan.

La oposición afirma que, por esas razones y según la Constitución,  “sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”.

“Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos'”, advierten en el texto.

“Tenemos las pruebas que el CNE no publica”

En el documento se reitera que los venezolanos conocen lo que pasó en las urnas el 28 de julio y recalcan que a más de tres semanas de los comicios, el  CNE no  publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control.

“Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo. Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió”, insisten.

Machado, González Urrutia y los partidos integrados a la Plataforma Unitaria Democrática agradecen a los países que han pedido la realización de una  auditoría internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas. De igual forma, alertan a esos mismos países la pretensión de “aniquilar judicialmente la soberanía popular”.

El comunicado cierra con un mensaje de certeza: “Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

Peritaje del TSJ: elementos para desconfiar

El peritaje para validar el resultado electoral emanado por el CNE y que declaró a Nicolás Maduro como ganador de la contienda del 28 de julio genera más dudas que certezas. 

El proceso ha transcurrido sin presencia de los partidos que apoyaron a la PUD, con una presidenta del TSJ exmilitante del PSUV, invitados internacionales afectos al chavismo y con un CNE que aparentemente se lavó las manos en torno a la entrega de resultados detallados. 

Aunque Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), José Luis Cartaya (Mesa de la Unidad Democrática) y Simón Calzadilla (Movimiento Por Venezuela) de los partidos que apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acudieron en primera instancia al TSJ ante un llamado del principal tribunal del país, ninguno de estos fue convocado para el supuesto peritaje imparcial.

La revisión del material electoral está siendo supervisada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, otrora militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), concejal y ex alcaldesa encargada del municipio Libertador de Caracas, luego de la renuncia de Erika Farías. 

Además de Rodríguez y el resto de los integrantes de la Sala Electoral del TSJ, el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, invitó a miembros del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela), el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir) y un grupo de técnicos de la Universidad Simón Bolívar (USB). 

De acuerdo, al director de Votocospio, Eugenio Martínez, estas organizaciones invitadas a Venezuela son conocidas como “zombies”.   Según Martínez “el peritaje del TSJ no puede contar con los técnicos de confianza del CNE, eso equivale al CNE auditándose a sí mismo”.

Por su parte, un informe de Transparencia Electoral, alertó que con la participación de “falsos observadores” se pretendía “legitimar el fraude en Venezuela”.

La organización aseguró que buena parte de estos observadores foráneos vinieron a Caracas previo a los comicios para participar en un encuentro por la autodeterminación de los pueblos organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), afín al chavismo.

Cada acta, un testimonio y una fe de vida

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Testigos guardando el acta de escrutinio en un librito de la Constitución o en un bolsillo del pantalón, protegida como algo sagrado.

Una de esas testigos, de un barrio de Caracas, que se encomienda a la Virgen María porque cree que necesitará compañía divina, camino a su centro electoral, donde siempre ha ganado el chavismo y ella misma votó tantas veces por ellos.

Gente de la comunidad llevándoles una empanada, un café, una vianda de arroz con pollo.

Votantes, afuera de sus centros, exigiendo que se les permita a los testigos firmar el acta, estar en el conteo y la transmisión de los datos, y que les sea entregada la copia del documento que les correspondía por derecho. 

Votantes —vecinos de toda la vida— escoltando a los testigos hasta un lugar seguro para ellos y para las actas.

Las actas, pasando de mano en mano, sigilosamente, hasta que llegaran a donde tenían que llegar, algunas llevadas a toda prisa en moto con el riesgo de que volaran por los aires.

Gente cantando los resultados de su mesa, aplaudiendo, llorando de alegría porque ganó el opositor Edmundo González Urrutia, y luego inundando las redes sociales con los videos del momento grabados con luz tenue. 

Gente empapelando el mural de la plaza Sadel de Las Mercedes, en Caracas, con las actas impresas en grande, encabezadas con fotografías de las víctimas de la represión, dejando escuchar el susurro de la paz activa como forma de protesta.

Y así.

 

Robert Putnam, un académico estadounidense, se preguntó por qué algunos gobiernos democráticos triunfan y otros fracasan. En su libro Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (1994), hizo un análisis comparativo de la calidad de la democracia en distintas regiones de Italia, todas arropadas por la misma supra-institucionalidad. Y una de sus conclusiones fue que lo que define la calidad de una democracia (y la prosperidad económica) es la cultura democrática de los ciudadanos. 

Esto, que puede nombrarse de muchos modos (humanismo cívico, ciudadanía virtuosa, espíritu comunitario, redes de asociación, confianza y cooperación, inteligencia colectiva), ¿acaso no fue lo que se reveló en las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio en Venezuela? ¿No podría describirse así todo ese engranaje que se tejió para la defensa del voto? ¿Eso que fue organización política bajo un liderazgo que logró aglutinar miles de voluntades ciudadanas?

Son muchas las historias que muestran que esta no fue una elección más, que fue un proceso del que muchos ciudadanos se apropiaron y que habla —dice Carmen Beatriz Fernández, aguda experta en comunicación política— de una cultura cívica y un tejido social muy vigorosos.

Son muchas las historias. Aquí apenas contaremos tres 

La historia de Andrés

Una semana antes de las elecciones, a Andrés lo contactó Un Nuevo Tiempo (UNT) —uno de los dos partidos opositores que pudieron poner su logo en el tarjetón electoral—, para pedirle que diseñara un programa para la totalización, proyección y análisis de los resultados en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. De 54 años, vive en Puerto Ordaz, es administrador con conocimientos en programación y, como voluntario, había hecho lo mismo en otras elecciones.

Le pidieron coordinar un equipo. Su enlace sería un profesor de matemáticas, que hoy describe como inolvidable la jornada de ese domingo, aunque comenzó meses atrás. Incluso antes de que estuvieran definidos los lineamientos del comando central de la oposición, se pusieron en la tarea de consolidar un padrón electoral con información de 98 por ciento de las 1 mil 565 mesas de votación habilitadas en el estado, cosa que lograron gracias a la unificación de distintos partidos políticos, asociaciones civiles, gremios profesionales, voluntariado y los llamados comanditos. 

Ese padrón electoral sería el punto de partida para Andrés, quien el viernes 26, faltando apenas dos días, encontró el cómo: usaría un software de código abierto, que suele emplearse para contabilidad e inventario de empresas, y lo adaptaría hasta conseguir que los resultados de los centros electorales hicieran las veces de productos y con ello poder hacer cruces de variables que permitieran todo tipo de análisis.

Se sumó a un equipo conformado por un ingeniero informático, cuatro estudiantes universitarios y dos líderes comunitarios. Como la idea era poder proyectar y analizar el comportamiento electoral, hicieron una selección de los cinco centros más grandes de distintas parroquias, otros de apenas una o dos mesas y, muy importante, de centros tradicionalmente chavistas en los que nunca antes la oposición había tenido representantes. Llamarían, uno a uno, a los testigos de UNT en las 495 mesas seleccionadas, para obtener reportes de participación (en tres momentos del día) y los resultados de la votación. Primero verbalmente y luego de las propias actas impresas por las máquinas. Y todo eso lo volcarían en el programa.

Así lo hicieron, como parte de una iniciativa que Andrés llamaría “alternativa” a la armazón logística nacional. 

Luego de procesadas, iban consignando las actas de escrutinio en el centro de acopio del Comando ConVzla en Puerto Ordaz. El profesor de matemáticas las buscaba y las llevaba. A las 8:00 de la noche ya tenían 40 actas en su poder y podían ver el resultado: Edmundo González estaba ganando “escapado” con 79%  a favor. Sabían que podía haber un margen de error, pero también que esos números debían estar muy cerca de la realidad por la diversidad de centros que conformaban la muestra que habían seleccionado.

Y alrededor de esa misma hora, los testigos comenzaron a decirles: “No quieren dar actas”, “me sacaron del centro”, “no pude firmar el acta”. Eran testigos acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Como en todo el país, habían sido capacitados a mediados de julio en una reunión intensiva, con una prioridad clara: exigir la copia del acta de escrutinio en físico —tal y como lo establece la Ley de Procesos Electorales— y garantizar su resguardo.

Entonces, temiendo por su seguridad, el equipo decidió abandonar la oficina en la que estaba operando, y trasladarse a una casa particular. Y a las 10:00 de la noche, con los resultados que iba arrojando el programa y ante el reporte angustiado de los testigos, Andrés lo supo: 

“Se van a robar las elecciones”.  Fue una certeza que le recordó el sentido de propósito de aquello que estaban haciendo, y que él sintetiza en una frase que ha verbalizado muchas veces en estos años para combatir la abstención entre amigos y familiares: “Si voy por la calle y un malandro me quiere robar, el único modo de poder denunciarlo es que no me robe la cartera”. Eso eran las actas. La cartera.

Redoblaron los esfuerzos. Sin haber pegado ni un ojo a lo largo de la noche, al día siguiente la consigna fue movilizarse para buscar actas. Las traían y, otra vez lo mismo, las escaneaban y procesaban sus datos, cargados de una connotación casi espiritual. Luego las entregaban en el centro de acopio.

Al cabo de dos días, lograron reunir 300 actas. Y cuando se hizo público el portal creado por la plataforma unitaria para alojarlas, incorporaron a su inventario el resto de la información disponible del estado Bolívar. “Nos apropiamos de esos resultados”, dice hoy Andrés. Y por eso está segurísimo de que, con los datos que pudo cargar hasta este martes 6 de agosto, Nicolás Maduro ganó únicamente en 74 de las 1 mil 129 mesas de este sur de Venezuela. “Por cierto, mesas muy pequeñas que suman no más de 11 mil votos para el oficialismo, contra 8 mil para la oposición”. 

La historia de Mauricio

Fue una carrera de relevos, que en atletismo supone el uso de un testigo, también llamado testimonio: una barra cilíndrica de metal o de un material similar. En este caso, el testimonio era cada acta. 

Eso que hizo el equipo coordinado por Andrés en Bolívar, lo hicieron muchos otros en todos los estados del país, y llegaba a Caracas para encontrar su relevo. Mauricio, un joven de 34 años que trabaja por día en locales comerciales del centro de la ciudad, fue uno de esos venezolanos tomadores del testigo.

Los días siguientes a la elección, no se despegó de su teléfono celular. Donde sea que estuviera, si lograba una buena conexión a internet, escaneaba y procesaba actas. Lo hizo junto a otro compañero porque, además de apoyarse con los dispositivos, debían hacerlo por resguardo de su seguridad. Había visto cómo un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entró a su edificio buscando a dos jóvenes que habían estado en las protestas del lunes 29.

Desde el comando central se indicó a los partidos que convocaran a voluntarios dispuestos para el escaneo de los QR de las actas. Mauricio fue uno de los postulados. Pensó en su mamá, en la preocupación que esto le causaría, pero luego de unos segundos decidió aceptar. El martes 30 llegó a la quinta El Bejucal de Caracas, y vio a otros 50 jóvenes como él que esperaban en una sala. La inducción duró solo 10 minutos. No preguntó, pero sabía que en otras habitaciones había otros grupos. 

Antes de ingresar al salón dispuesto para el equipo al que se uniría, notó un bullicio. Entraban de uno en uno distintos dirigentes de los partidos opositores y, entre ellos, alguien de estatura menor que asomaba la cabeza y sonreía discretamente. Era Edmundo González. 

—¿Cómo está la cosa? —les preguntó, como si los conociera desde siempre.

Mauricio lo grabó con su teléfono: en el video se ve cuando la mayoría de los presentes hicieron un acto de postura firme para saludarlo llamándole “presidente”, llenos de optimismo.

Se fue a su casa y vio al menos unos 500 mensajes. Eran imágenes de los QR. Estaban siendo enviadas a través de un grupo de WhatsApp creado para ello. Comenzó el escaneo. Notó que apenas en 15 actas de aquel aluvión Maduro había obtenido más votos que González.

Cada comandito electoral, forma organizativa creada por la oposición para estas elecciones (más de 60 mil en todo el país), incluía unas 10 personas, entre estos el capitán o coordinador de centro, dos radares, dos coaches y dos testigos por mesa. Los radares tenían la asignación de escanear, el día de la elección, los QR de las actas físicas, directamente desde una aplicación diseñada para tal fin. Muchos no pudieron hacerlo y enviaban al comando la fotografía del código por WhatsApp. Y de ahí a los voluntarios de escaneo, día tras día.

Lo importante es que cada documento tuviera los elementos para verificar su autenticidad: el hash (código único, irrepetible, que sirve para identificar el acta en las bases de datos del CNE) y el código que aparece al final, debajo del QR, que se genera a partir de la dirección MAC de la máquina, con una clave que solo conoce el ente comicial.

No fue posible la recolección de las actas de cientos de los 15 797 centros de votación del país. Aun así, en las primeras 24 horas posteriores a la elección, la oposición contaba con 73,2% de las mismas y un resultado: 6 274 182 votos para González, y 2  759 256 para Maduro. Luego fueron más, así como más amplia la brecha entre los dos candidatos. Una brecha enorme, imposible de cambiar.

Fue como un panal de abejas que hizo posible reunir tal cantidad de testimonios. Se ha dicho que hubo casos en los que intervinieron militares del Plan República e incluso testigos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, que desafiaron “la orden emanada de arriba” de no entregar las actas o de sacar a los testigos opositores de los centros. 

Y luego vino su publicación. Cada documento digitalizado tenía como destino el sitio web Resultados Presidenciales Venezuela, diseñado por los mismos creadores de la aplicación para los comanditos. Si bien el sitio se había empezado a engranar antes, no fue sino hasta el propio domingo que se sincronizó con la app. En las primeras 12 horas al aire, la web (aunque protegida con servidores en el exterior) ya había recibido 4 millones de ataques al software. También habían ingresado 3 millones de personas.

El trabajo en el grupo de WhatsApp creado para el protocolo de la web disminuyó con los días. Sobre la imagen de cada acta digitalizada quedó el emoji del dedo pulgar alzado, y Mauricio entiende que ya la segunda fase de la organización fue cumplida. Las actas ya eran de todos. 

 Para leer el resto de la historia consulte el texto originalmente publicado en La vida de Nos

El Mañanero del 21 de agosto: Peritaje electoral del TSJ: una serie de eventos que generan desconfianza y más noticias

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En El Mañanero del 21 de agosto de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Gobierno crea por decreto un “Consejo Nacional de Ciberseguridad” en el marco de la crisis poselectoral, Advierten que ley contra las ONG castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH, La crisis poselectoral oscurece las perspectivas de la economía y Peritaje electoral del TSJ: una serie de eventos que generan desconfianza. 

Gobierno crea por decreto un “Consejo Nacional de Ciberseguridad” en el marco de la crisis poselectoral

Advierten que ley contra las ONG castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH

Telefónica volvió a omitir datos sobre solicitud de bloqueos e interceptaciones en Venezuela

La crisis poselectoral oscurece las perspectivas de la economía

Peritaje electoral del TSJ: una serie de eventos que generan desconfianza

El derrame petrolero equivalente a 37 000 canchas de fútbol que afecta a Carabobo y Falcón

“La crisis poselectoral es el peor escenario que pudo haber ocurrido, desde el punto de vista de la industria petrolera, porque impide que se puedan seguir flexibilizando las sanciones y más bien genera el riesgo de que alguna de estas sanciones se modifique para restringirlas más”, Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice. 

No más impunidad

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La fase de investigación faculta al fiscal de la CPI exigir medidas coercitivas de arresto a la perpetradores de crímenes de lesa humanidad

@ovierablanco

La Corte Penal Internacional (CPI) o Tribunal Penal Internacional (TPI) es un tribunal de justicia internacional de última instancia regido por el Estatuto de Roma. Su carácter es permanente y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

En esta entrega nos referiremos muy puntualmente a los crímenes de lesa humanidad y el deber de esta Corte es investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos.

Historia de la CPI y crímenes de lesa humanidad

Para comprender la complejidad de los procesos propios de la justicia penal internacional es necesario retroceder a los orígenes de esta jurisdicción universal. Lo primero es reconocer que se trata de un salto evolutivo inmenso de la humanidad. Ser juzgado penalmente por órganos de justicia supranacionales supone un alcance jurídico, un nivel de comprensión de fuero, jurisdicción y competencia, extraordinario.

Siglos de reflexión, aceptación y evolución ética y filosófica se necesitaron para entender que los derechos fundamentales del hombre no los tutela únicamente una autoridad local, un Estado o una nación, sino a la humanidad toda. Valor consagrado en la Declaración Universal de los DDHH de 1947 [Asamblea General de las NNUU, París 10/12/1948]. 

Los fundamentos políticos, jurídicos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal penal internacional han significado un largo recorrido para Occidente. En 1919, una vez terminada la I Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la II Guerra Mundial.

Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas –tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como la S. S. o la Gestapo o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos [aplicando tipicidades penales no contempladas retroactivamente]– fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.

Posteriormente, en los albores de la ONU, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos que se explorara la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. Después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994).

En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el derecho internacional de los DD. HH. y por el derecho penal internacional, se celebró en la ciudad de Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, cuya acta final [constitutiva] fue suscrita el día 17/7/1998. Se trata así del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional.

Según el Estatuto de Roma [1998], son crímenes de lesa humanidad once tipos de conductas y situaciones, siempre que sean «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque»:

  1. Asesinato, homicidio intencional;
  2. Exterminio: imposición de condiciones de vida que tienden a destruir parte o toda una población;
  3. Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños;
  4. Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional;
  5. Encarcelamiento: privación grave de la libertad física;
  6. Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control;
  7. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; viii. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto;
  8. Desaparición forzada de personas, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo;
  9. Crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen;
  10. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad.

Situación Venezuela I

A raíz de las protestas en Venezuela [2014, 2017], la CPI recibió la remisión de seis países miembros del Estatuto de Roma, denunciando conforme al artículo 14.1.2 del Estatuto a Venezuela por Crímenes de lesa humanidad: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Esta remisión obligó a la Oficina del Fiscal abrir la fase preliminar de examen que la denominó la Situación Venezuela I.

Por la naturaleza complementaria/supletoria de la jurisdicción universal de la CPI, los procesos deben agotar fases de verificación judicial de alcance también “diplomático”’, que impiden una rápida actuación, salvo actos de guerra, genocidio o agresión, que suponen casos de urgencia reconocidos por el derecho internacional. No desmerezcamos la grave situación de criminalidad, desplazamiento y represión en Venezuela. Son precisamente estos eventos los que debe revisar la CPI y avanzar en su rápida valoración para dictar medidas de detención, alertas y/o comparecencias forzosas.

La fiscal del momento [2017] Fatuo Bensouda, dicta medida de examen preliminar el 8/2/2018.  Han pasado más de seis largos años desde esa medida, después de lo cual la CPI debió agotar la fase de complementariedad o verificación de inexistencia de justicia imparcial en el país miembro; Fase de cooperación [agotada por el fiscal Karim Khan en sus visitas a Venezuela], donde el despacho fiscal se tuvo que reunir con el representante del estado Venezolano así reconocido por la ONU y la CPI, y fase de Investigación [actual], que fue objeto de disputas procesales y acciones dilatorias por parte del Estado Venezolano.

La fase de investigación faculta al fiscal a exigir medidas coercitivas o de arresto a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. A pesar de que, a nuestro criterio, existen suficientes elementos probatorios para haber procedido con estas medidas, es a raíz de los eventos postelectorales del 28/7/24 donde se vienen a registrar y acumular a las existentes. Una arremetida de incidencias criminales que han sido detalladamente informadas a la CPI por grupos de interés y activistas de DD. HH.

Hemos consignado al despacho fiscal 702 incidencias en las últimas dos semanas, identificando la cadena de mando de poderes públicos, de las fuerzas del orden al servicio de esa cadena represiva, fobernadores de estados, funcionarios del poder Judicial, grupos paramilitares o colectivos. Toda una estructura que la Corte Interamericana de DDHH [CIDH] reconoce como terrorismo de Estado.

El fiscal ineludiblemente, tal como lo hizo contra Putin en Rusia, Netanyahu en Israel o representantes del grupo terrorista Hamás en Gaza, debe proceder con estas órdenes coercitivas. Omitir es favorecer la impunidad. Y de la impunidad al desbordamiento criminal hay un paso, que ya se observa en Venezuela. Podemos comprender que el agotamiento de procesos y plazos es riguroso e inevitable. La justicia penal supranacional así lo prevé, precisamente porque se trata de un órgano de fuerza judicial que va más allá del Estado agresor.

Pero estando en el momento procesal que justifica actuar con determinación y contundencia, el fiscal de la CPI no tiene otra alternativa que solicitar las medidas preventivas de seguridad a la Sala de Cuestiones previas para cumplir, además el deber de proteger que contempla el ER y la Carta de las Naciones Unidas.

Petición de un grupo de juristas

Un grupo de reconocidos juristas internacionales ha enviado una petición de urgencia criminal a la Oficina del Fiscal de la CPI en la cual describe, con hechos y detalles, las atrocidades confesas que en solo días ulteriores a las elecciones presidenciales [28/7/2024], se han cometido en Venezuela por fuerzas represivas –civiles, policiales y militares– donde se destacan crímenes de lesa humanidad.

Asesinatos, persecución, desapariciones forzosas, encarcelamiento, torturas, segregación política, violación y abusos sexuales, más otros tratos crueles, van por libre en Venezuela con absoluta y preocupante impunidad, bajo la mirada impune de los órganos de justicia, y muchas veces, bajo su aquiescencia.  

LA OEA ha aprobado una resolución que condena estos hechos y llama al cese del hostigamiento, liberación de presos políticos y grave violación de DD. HH. El panel de expertos de la ONU reconoció que no hubo una elección íntegra y transparente, por lo que el derecho a protestar es legítimo, y el mismo llamado lo han hecho la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU y el Alto Comisionado de DDHH de este mismo organismo. El propio fiscal de la CPI Karim Khan le ha notificado al régimen de Caracas que se abstenga de seguir reprimiendo, siendo que acusa recibo de numerosas incidencias criminales, a la par de monitorear los hechos en Venezuela. Venezolanos, no estamos solos.

Pero, sin duda, es hora de que el honorable fiscal de la CPI, Karim Khan, actúe conforme al ER y al derecho de las víctimas y los venezolanos a ser protegidos. Es la impostergable necesidad de que haya justicia en La Haya, siguiendo el espíritu, propósito y razón de Nuremberg y de Tokio [salvando la materialidad, territorialidad y temporalidad de los hechos], siguiendo el mandato del Estatuto de Roma, que es resguardar la población civil inocente e indefensa, como se hizo justicia a partir de los hechos de Yugoslavia o Ruanda. Es proteger a nuestros niños, jóvenes, mujeres, mayores y población indefensa como lo hizo con la población de Ucrania y Gaza.

La misión de la justicia penal internacional es clara y diáfana: prevenir y proteger a los pueblos del mundo de los graves crímenes contra la humanidad y castigar a sus perpetradores para conseguir lo que busca la justicia, que es la paz.  Es tiempo. No más impunidad.

vierablanco@gmail.com

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Ley de Fiscalización a ONG va contra la libertad de denuncia y expresión

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El director de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, Nelson Fréitez, aseguró que la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines no solo cuenta con el rechazo de la organizaciones nacionales sino también delas internacionales que defienden los derechos humanos.

Fréitez indicó que se han pronunciado contra el instrumento legal aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional chavista Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

“El oficialismo pretende hacer ver que con esta ley se impedirá que las asociaciones y organizaciones que se ocupan de velar por los Derechos Humanos puedan documentar que en Venezuela fueron violados los derechos de millones de personas que ejercieron el sufragio del 28 de julio”, sostuvo.

El sociólogo manifestó que a través de esta y la ley del fascismo que igualmente promueve Nicolás Maduro se busca ocultar que el CNE impidió la inscripción de al menos cuatro millones de venezolanos en el Registro Electoral dispersos por el mundo entero.

“O que, debido a medidas autoritarias, se impidió que hubiera observación internacional en esas elecciones, o que en Venezuela no se cumple con los requisitos esenciales para optar a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o las condiciones de independencia política que deben tener los rectos del Consejo Nacional Electoral”, añadió.

El profesor universitario señaló que por tal razón defensores de los DDHH se encuentran tras las rejas.

“Cualquier observación que hacen las organizaciones no gubernamentales son objeto de detención de algunas de las personas más significativas, como son los casos de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, o de Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, quienes son defensores de los Derechos Humanos”.

Amnistía Internacional: castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó en un comunicado que la ley contra las ONG es una arremetida de la administración de Nicolás Maduro en contra de quienes luchan por los derechos humanos. 

“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente legalizarlas de forma masiva”, afirmó. 

 

 

Con información de El Impulso

La crisis poselectoral oscurece las perspectivas de la economía

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Tras las elecciones del pasado 28 de julio Venezuela se ha sumergido en una crisis política más profunda que amenaza con golpear a una economía frágil que podría ingresar nuevamente en el túnel de la recesión o, a lo sumo, continuar con un crecimiento a ras de piso que excluye a la mayoría de la población.

Lejos de la normalización comienza a vislumbrarse un mayor aislamiento internacional y la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones. A esto se añade que el país continuará sin acceso al crédito internacional, sin ayuda de los multilaterales y con un entorno que aleja la inversión extranjera.

En una elección cuestionada por el Panel de Expertos de la ONU y señalada como no democrática por el Centro Carter, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró vencedor a Nicolás Maduro y le otorgó un nuevo mandato sin desglosar el resultado por centro de votación. La oposición afirma que las actas en su poder demuestran el triunfo de su candidato, Edmundo González.

A tres semanas de haberse realizado las elecciones la Unión Europea, Estados Unidos y países latinoamericanos como Chile, Brasil, Colombia y México no reconocen el resultado anunciado por el CNE y piden la publicación de las actas auditadas por observadores independientes.

La turbulencia política no es nueva para Nicolás Maduro. En 2018, se reeligió a través de unas elecciones cuestionadas por una larga lista de países incluyendo a Estados Unidos, que aplicó un conjunto de sanciones con las que la administración de Donald Trump intentó desplazarlo del poder.

La incertidumbre

Para salir de la letal combinación de recesión e hiperinflación que trituró la calidad de vida entre 2014-2020, Maduro permitió la circulación del dólar e hizo una eliminación de facto de los controles de cambio y precios. Al mismo tiempo, aplicó un severo ajuste.

El ajuste se fundamenta en el anclaje del tipo de cambio para calmar las expectativas y restarle velocidad al aumento de los precios, para ello el Banco Central vende divisas y el gobierno dosifica la inyección de dinero para que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares.

El resultado es un entorno donde la cotización del dólar prácticamente no ha variado en lo que va de año, los precios aumentan a menor velocidad y el crecimiento es bajo y encapsulado en pocas áreas. Esta “normalidad” de los últimos dos años luce comprometida.

El giro en las expectativas, por la mayor conflictividad y la disminución de la posibilidad de una transición política, amenaza con aumentar la demanda de dólares, algo que impactaría la estabilidad del tipo de cambio que en lo que va de año se ha mantenido en 36 bolívares por dólar.

La oferta de divisas también se vería afectada si se endurecen las sanciones de Estados Unidos o no se otorgan nuevas licencias para que empresas extranjeras operen en el sector petrolero, que produce ocho de cada diez dólares que ingresan al país.

En noviembre de 2022 Washington otorgó una licencia a Chevron permitiéndole que opere en Venezuela y recientemente aprobó licencias similares a Repsol y Maurel & Prom. Gracias a Chevron la producción de petróleo, de acuerdo a las fuentes secundarias de la OPEP, aumentó 14% en los primeros siete meses de este año para ubicarse en 852 mil barriles diarios, una cantidad que si bien es una mejora es similar a la de 1945.

Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, explica que la crisis poselectoral “es el peor escenario que pudo haber ocurrido, desde el punto de vista de la industria petrolera, porque impide que se puedan seguir flexibilizando las sanciones y más bien genera el riesgo de que alguna de estas sanciones se modifique para restringirlas más”.

Añade que si solo se mantienen las licencias a Chevron, Repsol y Maurel & Prom “el techo para la producción es bajo porque a lo sumo estamos hablando de que podríamos esperar alrededor de cien mil barriles más de Chevron y sesenta mil de los europeos. No estaríamos viendo mucho más”.

En 1999, al llegar el chavismo al poder, Venezuela extraía diariamente 3,1 millones de barriles de petróleo. Analistas estiman que Venezuela requiere inversiones por el orden de 80 mil millones de dólares en los próximos ocho años para regresar a este nivel, algo que hoy luce remoto.

La debilidad

Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, indica que “si se produce un endurecimiento de las sanciones y al mismo tiempo aumenta la demanda de dólares por el quiebre en las expectativas difícilmente el Banco Central va a poder seguir defendiendo la estabilidad del tipo de cambio”.

Para el Banco Central ya es costoso mantener la estabilidad del dólar. La consultora Síntesis Financiera precisa que en el primer semestre de este año se vio obligado a vender 1.900 millones de dólares, un monto que superó en 29% a la oferta del mismo lapso de 2023.

La combinación de un dólar que se mantiene fijo y es visto como muy barato con la inyección de un poco más de bolívares por parte del gobierno durante la campaña electoral, impulsó la demanda de divisas.

Si el anclaje del tipo de cambio cede, la inflación, que se ha desacelerado y en los primeros siete meses del año acumula 9,7%, comenzará a ganar potencia.

Además, Luis Zambrano Sequín indica que “si se consolida el choque político vamos a tener un resultado de crecimiento más desfavorable y podría estar entre 2% y 3% en el mejor de los casos”.

A comienzos de año el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, del que forma parte Luis Zambra Sequín, previó un crecimiento de 4,5%.

A esto se añadiría que en un nuevo sexenio de Maduro a través de una elección no reconocida el país seguiría sin acceso al financiamiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Además, sería muy poco probable una reestructuración de la pesada deuda externa que la administración de Maduro no paga desde 2017 y que solo por bonos de Pdvsa y la República, suma 90 mil millones de dólares.

Sin reestructurar la deuda y sin poder acudir a los multilaterales el país no tendrá acceso al financiamiento que necesita para acabar con las deficiencias en el suministro eléctrico y mejorar la situación de servicios públicos esenciales como salud y educación.

Los BRICS

Consciente de las limitaciones Maduro señaló el pasado tres de agosto que Venezuela está en condiciones de recibir inversión en el sector petrolero por parte del grupo de países que forman parte de los BRICS.

La adición, a partir del primero de enero de 2024, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina a los cinco miembros originales del BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- creó un grupo que representa 37% de la economía global.

Si bien puede lucir impactante lo cierto es que los países petroleros son competidores de Venezuela y no tienen mayor interés en que ingrese nuevo petróleo al mercado.

Francisco Monaldi explica que en el caso de Rusia son “un mal socio porque son competidores de Venezuela y tienen necesidades muy grandes en su propio país para evitar la declinación en la producción”.

Según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano entre 2007-2015 Venezuela recibió créditos por 59 mil millones de dólares. El financiamiento se dilapidó y no fue utilizado para aumentar la producción petrolera, diversificar las exportaciones o mejorar la infraestructura. Venezuela paga la deuda con envíos de petróleo y se estima que el resta por pagar unos 15 mil millones de dólares.

En septiembre de 2023, durante la visita de Maduro a China, no hubo anuncios de nuevos créditos o inversiones en petróleo y el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie, mencionó la deuda destacando que “en los últimos años se ha reajustado el reembolso aliviando la carga de pago”.

Francisco Monaldi señala que su estimación es que si bien China va a seguir siendo un aliado geopolítico de la administración de Maduro “no va a invertir mientras no haya una flexibilización de sanciones y una normalización de las relaciones con Occidente”.

Agrega que empresas privadas de India difícilmente invertirán “sin una flexibilización de las sanciones y un nuevo panorama político para el país porque no es solo que te den una licencia es que sientas que hay estabilidad y puedes invertir a largo plazo”.

“Mientras esto no ocurra lo que va a suceder son operaciones como las que realiza Chevron que está cobrando el dinero que le debe Pdvsa y usan parte del flujo de caja que generan las operaciones, pero no están poniendo un dólar nuevo”, dice Francisco Monaldi.

Advierten que ley contra las ONG castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH

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Después de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, también conocida en la sociedad civil como ‘Ley anti-ONG’, diversos actores se han pronunciado en contra. 

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó en un comunicado que dicha ley es una arremetida de la administración de Nicolás Maduro en contra de quienes luchan por los derechos humanos. 

“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente legalizarlas de forma masiva”, afirmó. 

Piquer insistió en que la normativa es un intento de “asfixiar el espacio cívico” y representa otra forma de represión por parte de las autoridades venezolanas para acallar a las organizaciones que han denunciado violaciones de los derechos humanos en los últimos años.

“La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro”, denunció Piquer. 

EEUU: la ley solo aislará más a Maduro

Sobre la ley para regular y controlar las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EEUU, Brian Nichols, destacó que solo aislará más a Nicolás Maduro de la comunidad internacional. 

Nichols se pronunció el 19 de agosto por medio de X, antiguo Twitter, y aseguró que la ley es un ataque directo a la sociedad civil. 

“La nueva ley de Maduro y sus representantes para controlar a las ONG venezolanas es un ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación, socava la democracia e impide la participación ciudadana en los espacios cívicos. Esta acción solo aislará aún más a Maduro”, escribió. 

¿Qué hay detrás de la “ley anti-ONG”? 

En una sesión del 15 de agosto, la Asamblea Nacional, de tendencia oficialista, aprobó la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles sin fines de lucro. El objetivo principal de esta normativa es regular las actividades de dichas organizaciones.

Entre los puntos que más preocupan a las organizaciones de Venezuela está que todas las organizaciones quedan ilegalizadas y deben presentar, otra vez, todos los requisitos para operar de forma legal en el país.  Desde su aprobación, de acuerdo al artículo 26, tendrán un plazo de tres meses para presentar los estatutos para su legalización. 

Además, según el artículo 28, numeral 4 de la ley, se establece que la falta de pago de las multas impuestas en la ley se consideraría una causal de disolución de las organizaciones, que además ahora están obligadas a proporcionar una relación completa de las donaciones recibidas, “identificando a los donantes y especificando si son nacionales o extranjeros, y si las donaciones son esporádicas o recurrentes”, precisa Defiende Venezuela.

En un trabajo especial de Runrun.es, titulado “13 puntos de preocupación de la ley contra las ONG aprobada en la AN”, el abogado, Alí Daniels, aseguró que esta ley podría traer consecuencias terribles para la ayuda humanitaria”. 

“La ayuda humanitaria implica asistencia para la vida y salud de personas víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, si se va a agregar la necesidad de que alguien diga que los fondos son lícitos y que pueden aplicar, se imaginan las consecuencias que tendrá”, agregó Daniels.