Juristas internacionales denuncian ante la CPI crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Un grupo de destacados juristas y exaltos funcionarios de múltiples países denunció formalmente ante la Corte Penal Internacional la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024
El documento presentado ante la CPI, suscrito por un numeroso grupo de expertos en derecho penal, derecho internacional y derechos humanos, destaca una serie de graves violaciones cometidas contra la población civil por parte del gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad.
Contexto del conflicto electoral
La crisis en Venezuela se profundizó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Edmundo González Urrutia fue el presidente elegido por el pueblo venezolano, según las actas del CNE recopiladas por la oposición y subidas al sitio web resultadosconvzla.com, un resultado reconocido por la comunidad internacional, incluido el Centro Carter. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro rechazó los resultados y desató una ola de represión sin precedentes contra la oposición política y los manifestantes civiles que exigían el respeto a la voluntad popular.
Según el documento, que recoge la firma de juristas de renombre como Lourdes Flores Nano, ex vicepresidenta de la Internacional Demócrata Cristiana, y Marta Lucía Ramírez Blanco, ex vicepresidenta de Colombia, el gobierno de Maduro ha perpetrado una serie de crímenes atroces en su intento por mantenerse en el poder. Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, tortura, violaciones, ejecuciones sumarias y persecución política sistemática, entre otros.
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Denuncia de crímenes de lesa humanidad
El documento detalla que, desde las elecciones, la represión estatal ha escalado “a niveles alarmantes”, con informes de torturas a menores, violencia sexual y asesinatos extrajudiciales. Los firmantes subrayan que estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado dirigida a silenciar a la oposición y cualquier forma de disidencia. La denuncia resalta la responsabilidad de la cadena de mando dentro del régimen, incluyendo a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, quienes habrían ordenado y facilitado estas violaciones.
Entre las instituciones señaladas se encuentran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), además de grupos paramilitares conocidos como “colectivos”, que han actuado con total impunidad bajo la protección del Estado.
Llamado a la acción urgente
Los juristas pidieron a la Corte Penal Internacional que actúe con la mayor celeridad, invocando el principio de urgencia penal para prevenir la continuación de estos crímenes. El documento solicita la emisión de órdenes de arresto y comparecencia forzosa contra los responsables, así como la activación de medidas coercitivas internacionales para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
“Es imperativo que la CPI tome medidas inmediatas para detener las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela,” declaró Camille Wagner, una de las firmantes y exasistente del fiscal general en la Oficina del Fiscal General de D. C., Estados Unidos. “La justicia no puede esperar cuando se trata de proteger vidas humanas y restaurar el orden democrático.”
Apoyo internacional y repercusiones
Este llamado a la justicia cuenta con el respaldo de prestigiosas figuras legales y de diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional. La denuncia es un recordatorio contundente de que la comunidad internacional sigue vigilante ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
“El mundo no puede permanecer indiferente ante la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Venezuela,” afirmó Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y uno de los firmantes de la denuncia. “Es nuestra responsabilidad moral y legal actuar para poner fin a este sufrimiento y llevar a los responsables ante la justicia.”
La denuncia subraya la gravedad de los crímenes cometidos y la determinación de la comunidad internacional para hacerles frente. La Corte Penal Internacional tiene ahora en sus manos la posibilidad de detener la impunidad en Venezuela y de ofrecer esperanza a un pueblo que ha sufrido demasiado.
La comunidad global espera una respuesta firme y decisiva por parte de la CPI, confiando en que la justicia prevalecerá y que aquellos que han cometido estos crímenes atroces serán finalmente responsabilizados por sus acciones.
Firmantes destacados:
El documento cuenta con las firmas de prominentes figuras jurídicas y políticas de América Latina y Europa, entre ellas:
- Víctor Rodríguez Cedeño (Venezuela)
- Marta Lucía Ramírez Blanco (Colombia)
- Orlando Viera-Blanco (Venezuela)
- Camille Wagner (Estados Unidos)
- Lourdes Flores Nano (Perú)
- Blas Jesús Imbroda Ortiz (España)
- Didier Opertti (Uruguay)
- Robert Carmona-Borjas (Venezuela)
Estos nombres, entre muchos otros, representan un frente unido de juristas que demandan justicia y el fin de la impunidad en Venezuela.
“La justicia es el mejor camino hacia la paz. Esperamos que se haga justicia en La Haya.”
La Corte Penal Internacional se enfrenta a una encrucijada histórica que definirá no solo el destino de Venezuela, sino también el compromiso global con los derechos humanos y la justicia internacional.
