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La Conversa | Javier Tarazona: “El tiempo nos está dando la razón”

“El tiempo nos está dando la razón”. Con esta frase, Javier Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes, resumió su análisis sobre los recientes operativos militares reportados en el estado Apure contra presuntos campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tarazona fue uno invitado de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 3 de noviembre, donde estuvieron la directora Ronna Rísquez; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.     

Tras casi cinco años de privación de libertad, Tarazona aseguró en una reciente intervención pública que la supuesta participación de drones de Estados Unidos en estas operaciones, revelada por The New York Times, y la presencia de cuerpos sin vida trasladados a las morgues de San Fernando de Apure, confirman las denuncias por la que él, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar De Dios García pagaron con años de cárcel.

“Lo que se cayó, se negó y se ocultó durante tanto tiempo, lo que utilizaron para criminalizarme y llevarme a la cárcel hoy sencillamente se sigue evidenciando una vez más”, declaró Tarazona, quien aunque se encuentra en libertad, sigue judicializado con régimen de presentación periódica y prohibición de salida del país bajo cargos de “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”.

El “gran viraje” y la exigencia de transparencia

Según el monitoreo realizado por el voluntariado de Fundaredes en los estados fronterizos, lo ocurrido en Apure durante el pasado fin de semana marca lo que la organización denomina un “gran viraje” en la narrativa oficial. 

Durante años, el gobierno nacional negó la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en territorio venezolano, llegando a tildar a quienes lo denunciaban de “traidores”.

Ante los reportes de enfrentamientos y la recuperación de cadáveres, Tarazona exigió el fin de la opacidad: “Desde Fundaredes pedimos transparencia. Exigimos que cese la opacidad y se implemente una política pública que atienda verdaderamente a la frontera”.

Drones de EE. UU. y el desborde de la FANB

Al ser cuestionado sobre la información publicada por The New York Times, que cita fuentes del Pentágono confirmando el uso de drones e inteligencia estadounidense en apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra el ELN, Tarazona no descartó esta cooperación.

El activista recordó el conflicto armado de abril de 2021 en Apure (zonas de La Victoria y El Rápial), donde militares venezolanos fueron desbordados por la capacidad de fuego de los grupos irregulares. “A esta hora hay familias que aún no tienen respuesta de los militares que fueron desaparecidos en ese conflicto, como el sargento Dani Vásquez. El Estado venezolano no les ha dado la cara”, señaló.

Para Tarazona, la eventual cooperación internacional es una consecuencia lógica de la “emergencia humanitaria compleja” que vive Venezuela desde 2015, y de la necesidad de la FANB de recibir apoyo para actuar contra organizaciones que se han enquistado durante años en el territorio.

La frontera: entre la acción militar y el abandono estatal

Pese a reconocer la necesidad de contención militar, Tarazona fue enfático en que las balas no resolverán el problema de fondo: el abandono sistemático del Estado.

“La frontera ha estado por años abandonada; ha sido el territorio fértil para que se imponga una economía paralela y la ley de estos grupos”, argumentó. Para ilustrar el colapso, citó datos contundentes: actualmente, 90000 niños venezolanos cruzan diariamente la frontera solo por el estado Táchira para estudiar en Colombia, mientras los hospitales de Norte de Santander atienden a una población venezolana que carece de asistencia sanitaria en su propio país.

“Si la población fronteriza no tiene incentivos que permitan contrarrestar estas redes de economía paralela, estaremos hablando de acciones espasmódicas que no resolverán la gran demanda”, advirtió, haciendo un llamado a la despartidización y profesionalización de la FANB, y recordando a oficiales como Humberto Quintero Aguilar o Juan Carlos Caguaripano, quienes en el pasado actuaron contra la guerrilla y fueron encarcelados por ello.

Próximo informe sobre Amazonas y Bolívar

Tarazona adelantó que la próxima semana Fundaredes presentará en Caracas un nuevo informe documentado sobre la situación en los estados Amazonas y Bolívar. Allí se evidenciarían “desplazamientos no comunes” y una nueva etapa en la dinámica de los grupos armados irregulares en el sur del país, consolidando el patrón de violencia que la organización ha denunciado desde 2004.

“Levantó la voz con contundencia por el Táchira, donde nací, pero también por el Zulia, Falcón, Apure, Bolívar y Amazonas, que son tierra de nadie y han llevado la consecuencia del desgobierno de una política solo de anuncios”, concluyó el activista, cuyo caso de persecución judicial ha sido señalado por observadores de derechos humanos como un patrón que se repite contra periodistas y denunciantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Sociedad civil documental al menos 198 casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en 2026

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En su informe más reciente, publicado este 5 de noviembre, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) LGBTIQ+ documentó al menos 372 casos de violencia y discriminación contra la comunidad sexodiversa en Venezuela y otros 198 casos entre enero y septiembre de 2026.

La ONG advirtió que la opresión documentada contra la comunidad LGBTIQ+ venezolana fue una continuación del sistema represivo que mantuvo el Gobierno chavista tras las elecciones presidenciales de 2024. Una de las limitantes para la comunidad, según la institución, fue el bloqueo de la red social X (Twitter), donde la comunidad expresaba sus denuncias.

Los datos del 2026, por su parte, la vulnerabilidad de la comunidad sexodiversa recae en un sistema gubernamental que mantiene un sistema que viola los derechos humanos y los terremotos del 24 de junio, que aumentan los riesgos ante poblaciones vulnerables como mujeres, las infancias y la comunidad LGBTIQ+ de sufrir violencia.

La ONG advirtió que existe un subregistro de los casos debido a la opacidad del Gobierno venezolano en ofrecer cifras y protocolos de protección contra la violencia de la comunidad sexodiversa en el país.

El discurso discriminatorio es una constante

La categoría denominada «discurso discriminatorio» marcó la mayoría de los casos en ambos años. La ONG documentó 315 casos en 2025 (84,68 % de ese periodo) y otros 150 casos en lo que va de 2026 (75,76, % del periodo).

La institución destacó a dos victimarios principales de esta clase de violencia: el Gobierno interino venezolano —principalmente liderado por el chavismo bajo el aval de Estados Unidos— y el movimiento «Por la Familia Venezolana», una iniciativa liderada Linda Aguirre de Márquez que promueve la penalización del aborto y el matrimonio civil fuera de las parejas heterosexuales.

En los 21 meses evaluados por la ONG, estos victimarios concentran el 82,8 % de los casos.

Evolución del registro mensual de casos de violencia contra la comuidad LGBTIQ+ durante los primeros nueve meses de 2026. Fuente: OVV LGBTIQ+

Para el OVV LGBTIQ+ la perpetuación de estos discursos consolida «la discriminación desde espacios con alcance público y debilitan aún más el marco de protección cívica y la penalización social. A esto se le suma la ausencia absoluta de campañas de concientización y prevención de la violencia y discriminación en medios públicos».

En los 21 meses evaluados por la ONG, estos victimarios concentran el 82,8 % de los casos.

El prejuicio sobre la justicia

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado en reiteradas ocasiones que el Gobierno venezolano —liderado principalmente por el chavismo— comete crímenes de lesa humanidad con agravantes en poblaciones vulnerables como las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

El año 2025 no fue la excepción: el OVV LGBTIQ+ registró la detención arbitraria de cinco personas. Una de ellas, Ysrael Serrano Riera —profesor universitario, investigador, activista— murió bajo custodio del Estado en el Helicoide. Hasta la fecha, las autoridades gubernamentales no han ofrecido datos ni declaraciones sobre la casusa de muerte.

Evolución del registro mensual de casos de violencia contra la comuidad LGBTIQ+ durante el año 2025. Fuente: OVV LGBTIQ+

Meses después, ya en 2026, el Gobierno interino avalado por Estados Unidos excarceló a cuatro personas de la comunidad LGBTIQ+ consideradas presas políticas. Sin embargo, estos casos no viven con una libertad plena: deben recurrir periódicamente a los tribunales y el Estado, hasta ahora, no ha establecido canales de reparación.

También existen los casos de detenciones arbitrarias para extorsionar a las víctimas. El OVV LGBTIQ+ documentó al menos seis casos en el periodo de 21 meses (cinco en 2025 y uno en 2026).

«Fuerzas de seguridad del Estado retuvieron a estas personas por su orientación sexual, les extorsionaron y amenazaron con revelar su orientación sexual. Adicionalmente, en dos de los casos, les obligaron a contactar a personas conocidas para pedirles dinero», explicó la ONG en su informe.

Instituciones gubernamentales prejuiciosas


Dentro de los casos destacados que reveló el informe están la revictimización y prejuicio de los entes del Estado. Entre ellas están la detención arbitraria de 33 hombres en la ciudad de Barquisimeto que, «de acuerdo con el relato de los afectados, los acusaron de ejercer el delito de la homosexualidad» y el suicidio inducido de una joven activista tras ser discriminada en el sistema de justicia ante una denuncia de violencia basada en género. Ambos casos ocurrieron en 2026.

Para la institución, estos casos documentados «reflejan una impunidad estructural y la ausencia de garantías básicas de debido proceso».

El pasado 6 de noviembre, la ONG denunció un modus operandi de las fuerzas de seguridad del Gobierno chavista: crearse cuentas falsas en app de citas de la comunidad LGBTIQ+, extorsionar a las víctimas con revelar su identidad y exigir sumas de dinero a cambio de su libertar o silencio.

La ONG denuncia que los actos de prejuicio en ambientes cotidianos, como denegar el acceso a una persona de la comunidad LGBTIQ+ o discriminarlo en ambientes laborales y en su búsqueda de empleo se mantienen en Venezuela. En los 21 meses evaluados en el informe se registraron 46 casos como mínimo en distintos contextos y distintos victimarios.

Ante este contexto, la ONG reiteró la necesidad de derogar leyes que restringen el espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación, mitigar los discursos de odio y discriminatorios contra la comunidad LGBTIQ+ y otras poblaciones vulnerables e integrar una respuesta inclusiva durante la emergencia por los terremotos en Venezuela.

Rubio habla de elecciones “idealmente” en 2027 y de una alianza militar “más estrecha” con Venezuela

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las elecciones presidenciales en Venezuela deberían celebrarse «idealmente» en 2027, condicionado a que se cumplan pasos previos de reforma institucional, de los cuerpos de seguridad y reestructuración de la deuda en el marco del plan de transición respaldado por Washington.

Las declaraciones las dio en una entrevista al New York Times, en las que recalcó que Estados Unidos estaba centrado en apoyar el retorno de Venezuela a la democracia. También, expresó que apoya una cooperación militar” más estrecha” entre los dos países.

Rubio insistió en que antes de convocar a las urnas es indispensable transformar la infraestructura electoral, lo que incluye designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y reformar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de asegurar libertad de prensa y participación multipartidista. Otro punto en el que hizo énfasis fue en que cualquier proceso electoral debe contar con elo respaldo y la reforma de las fuerzas de seguridad en Venezuela, para garantizar la gobernabilidad y el orden durante el proceso.

«Tienes que contar con el respaldo de las fuerzas de seguridad en cualquier país del mundo, porque eso es lo que vas a necesitar para gobernar”, recalcó.

Deuda externa y cooperación militar

Respecto a los pasivos financieros que obstaculizan la inversión en Venezuela, el secretario de Estado señaló que la reestructuración corresponde inicialmente a las autoridades interinas, pero podría alcanzar a una futura administración electa, calificando el problema como una «nube que impide la inversión» que requiere apoyo generalizado.

Paralelamente, fuentes oficiales de EE. UU. indicaron que resolver este aspecto resulta indispensable para destrabar las sanciones.

Acerca de la permanencia de militares de EE. UU. en Venezuela, Rubio explicó que se busca un acuerdo orientado a cooperación conjunta, aclarando que los detalles de una alianza duradera deberán discutirse a futuro y que no se han discutido esos detalles.

“Nos gustaría tener en algún momento un acuerdo de presencia, pero en gran parte desde un punto de vista legal, para asegurarnos de que nuestras tropas allí tengan protecciones legales y estén operando de manera conjunta con ellos”, dijo. “Pero tendríamos que entablar una conversación más profunda con ellos con el tiempo sobre qué tipo de cooperación duradera podrían tener ambos países”, amplió.

Rubio se negó a comentar si el ataque en Apure a campamentos guerrilleros fue llevado a cabo en conjunto por fuerzas estadounidenses y venezolanas. Pero insistió en que a Venezuela le convendría más este apoyo que el de otros grupos extranjeros.

“Tener una relación con las fuerzas de seguridad de EE. UU. —ya sean las fuerzas armadas, la agencia de control de drogas— es por mucho preferible a que tengan la misma relación con actores extranjeros, con intereses malignos”. Agregó que Estados Unidos podría ayudar a los militares venezolanos “no solo a aumentar su profesionalismo sino sus capacidades para atacar cosas que también son amenazas para su país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Deficiencia de los servicios públicos golpea gastos de empresas y familias 

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Las deficiencias de los servicios públicos obligan a familias y empresas a destinar recursos adicionales para suplir las fallas de infraestructura y cubrir necesidades que deberían estar atendidas por estos sistemas. La compra de agua, la contratación de conexiones de respaldo a internet, la adquisición de equipos y el gasto en combustible se incorporan a los presupuestos familiares y a los costos operativos de los negocios, reducen los recursos disponibles para otros gastos y limitan el margen para invertir. 

En el informe semestral presentado en septiembre de 2026, Monitor Ciudad encontró que 98% de las familias consultadas en Caracas y Táchira sufría fallas de servicios públicos al menos una vez por semana. El suministro de agua por tubería promediaba 58 horas semanales, mientras que 7% de los hogares había sufrido daños en equipos electrónicos por fluctuaciones eléctricas. 

El gasto en alternativas privadas 

En 2024, el Observatorio de Gasto Público de Cedice estimó que las familias destinaban alrededor de 60 dólares mensuales a alternativas para suplir las deficiencias de varios servicios. En octubre de 2026, un reportaje de Crónica Uno recogió casos de hogares caraqueños que gastaban entre 14 y 20 dólares al mes únicamente para comprar agua potable. Las cifras dan cuenta de los recursos que los hogares deben destinar para cubrir necesidades básicas ante las fallas de los servicios. 

A las dificultades con el agua y la electricidad se suman los gastos para garantizar el acceso a otros servicios básicos, incluido salud y recolección de desechos. Una encuesta digital del Observatorio de Gasto Público de Cedice encontró que 72% de los que participaron en el estudio había contratado un proveedor adicional o de respaldo para contar con una conexión estable a internet, con planes que costaban entre 20 y 60 dólares mensuales. En cuanto al gas doméstico, la prensa documentó que la recarga de bombonas de 10 kilos costaba entre 3,20 y 5 dólares en sectores de Caracas, por encima del precio regulado de entre 1,15 y 1,50 dólares.  

Una encuesta de la Cámara de Comercio de Maracaibo señala que, durante el segundo trimestre de 2026, 43% de los negocios consultados aumentó sus desembolsos en soluciones alternativas para suplir las fallas de los servicios, mientras que 42% calificó como significativo o alto el impacto sobre sus costos y operaciones. Otro 46% lo consideró moderado, una distribución que muestra cómo las deficiencias de infraestructura se incorporan a los gastos habituales de la actividad comercial. 

La consulta a 1872 establecimientos comerciales ubicados en corredores y centros comerciales de la capital zuliana ofrece otra mirada de esa dependencia de soluciones privadas. El 96% reportó racionamientos eléctricos y 35% había instalado plantas propias para mantener sus operaciones durante las interrupciones del suministro. La generación eléctrica dejó así de ser una contingencia ocasional para convertirse en una inversión que parte del comercio debe asumir para funcionar. 

Fallas que frenan la producción 

Durante el segundo trimestre de 2026, las empresas manufactureras consultadas por Conindustria reportaron un promedio de 214 horas sin suministro eléctrico de las 488 horas laborables del período. En algunas pequeñas compañías, el gasto en combustible para los generadores supera los 2.500 dólares mensuales, según informó Tito López, presidente de Conindustria. 

Un estudio de ANOVA Policy Research, publicado en septiembre de 2026, estimó que las fallas en los servicios de agua y electricidad reducen la probabilidad de participación laboral y de estar empleado. Al proyectar esos efectos sobre el conjunto de la economía, el modelo calculó una pérdida de producción anual cercana a 1600 millones de dólares, equivalente a 1,4% del PIB, y un efecto sobre la ocupación de unas 495.000 personas. Esto, sin tomar en cuenta el impacto por caída de la conexión a internet o el costo por retrasos que en la movilidad provoca la precariedad del transporte público. 

Solo a largo plazo 

La recuperación del sistema eléctrico requeriría entre 15 000 y 40 000 millones de dólares y podría tomar entre cinco y quince años, según estimaciones de técnicos de Siemens y General Electric. La magnitud de esos recursos, calculados para un solo sector, da una referencia de las necesidades de inversión que enfrenta la infraestructura pública. 

El plan de trabajo a dos años que prepara el Banco Interamericano de Desarrollo para Venezuela incluye el sector eléctrico y la protección social, aunque todavía no contempla créditos aprobados. La institución mantiene suspendidos los nuevos préstamos mientras el país no salde más de 2000 millones de dólares en atrasos. Para cubrir esa deuda, las autoridades venezolanas evalúan solicitar un préstamo puente a Catar, una negociación que aún no se ha concretado. 

Mientras la infraestructura no recupere su capacidad para prestar servicios de forma continua, familias y empresas seguirán destinando recursos a soluciones privadas que encarecen sus gastos y reducen el margen para otros consumos e inversiones. En una economía que necesita ampliar su producción y generar empleo, esos desembolsos representan recursos que no se incorporan a nuevas actividades productivas, mientras las interrupciones de agua y electricidad restringen las posibilidades de trabajar y operar con regularidad. La recuperación de los servicios públicos es, por tanto, una condición para reducir esos costos y mejorar la capacidad de crecimiento de la economía. 

En una consulta a 1872 establecimientos comerciales de la capital zuliana, 96% reportó racionamientos eléctricos y 35% había instalado plantas propias para mantener sus operaciones.

La compra de agua, la contratación de conexiones de respaldo a internet, la adquisición de equipos y el gasto en combustible se incorporan a los presupuestos familiares costos operativos de los negocios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

OVP denuncia que sismos agravaron el retardo procesal en La Guaira

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El paso de las horas en los tribunales de La Guaira ya no parece depender de la complejidad de los casos, sino de un horario reducido que deja a numerosos familiares esperando por una respuesta. Antes de los sismos del 24 de junio, las jornadas podían extenderse hasta las siete de la noche. Ahora, según los testimonios recopilados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la actividad judicial suele terminar alrededor del mediodía y se limita, en buena medida, a atender casos de flagrancia.

La reactivación a media máquina comenzó aproximadamente dos meses después del doblete sísmico. La justificación ha sido el riesgo estructural de dos edificios ubicados en los alrededores de la sede judicial, que sufrieron daños durante los movimientos telúricos y cuyo destino —si serán demolidos o no— todavía no está definido.

Sin embargo, el inmueble donde funcionan los tribunales se encuentra en condiciones adecuadas y la presidenta del circuito, Dayanhara González Seijo, ha habilitado salas progresivamente. Pese a ello, el horario de atención continúa reducido, de acuerdo con los testimonios que recogió el Observatorio.

“Antes del terremoto se hacían las 7:00 p. m. y uno podía estar ahí en los tribunales. Ahora no, solo pasan los casos de flagrancia”, contaron personas afectadas al OVP.

La limitación de las jornadas agrava un problema que, de acuerdo con los familiares, ya existía antes de los sismos: el retardo procesal penal. Por eso, solicitan que se agilicen las audiencias o que se realicen de manera telemática, para evitar que los expedientes de sus seres queridos continúen paralizados.

Cobros, extorsiones y presunta siembra de pruebas

Las denuncias recogidas por el OVP no se limitan a la demora en los procesos. Familiares señalaron que en el Circuito Judicial de La Guaira ocurrirían presuntos cobros irregulares y extorsiones a cambio de otorgar libertades o evitar que las personas detenidas sean enviadas a juicio.

También reportaron supuesta siembra de evidencias, como armas o drogas. Según los testimonios, algunos familiares que se negaron a pagar los montos exigidos habrían sufrido actos de amedrentamiento en sus propias viviendas.

A estas acusaciones se suma la presunta obstaculización del acceso a evidencias procesales. El observatorio conoció el caso de una juez que se habría negado a entregar a los familiares los audios de los juicios, pese a tratarse de un proceso abierto. Los afectados aseguraron que, posteriormente, las declaraciones fueron modificadas para justificar las imputaciones.

El acceso a los expedientes también representa un gasto adicional. Los familiares deben pagar por las copias de los documentos y, en casos específicos, el OVP recibió denuncias sobre exigencias de insumos para iniciar los procesos legales: dos resmas de hojas blancas, dos cajas de bolígrafos y cuatro repuestos de tinta para impresora.

Un funcionario para custodiar a 200 detenidos

La contingencia provocada por los terremotos también dejó al descubierto las condiciones de custodia en los centros de detención preventiva de la entidad, una situación que el OVP asegura haber denunciado reiteradamente.

En el centro de detención de Macuto, al menos 200 hombres privados de libertad fueron trasladados desde los calabozos hasta un espacio abierto, parecido a un patio. Allí quedaron bajo la supervisión de un solo funcionario policial.

Los detenidos relataron que el movimiento telúrico fue tan fuerte que tuvieron que agarrarse de los brazos para poder caminar hasta el lugar donde buscarían resguardo. La situación se complicó cuando comenzaron a circular rumores sobre las consecuencias del terremoto. En medio de la confusión, el único funcionario encargado de la custodia abandonó el recinto y se dirigió a la playa para verificar una supuesta información sobre la llegada de un tsunami.

El episodio expuso los riesgos a los que estuvieron sometidos los detenidos durante la emergencia, tanto por las condiciones de los espacios de reclusión como por la falta de personal para garantizar su custodia.

El OVP pide una auditoría de los expedientes

Ante este panorama, el Observatorio Venezolano de Prisiones pidió al Poder Judicial y a los organismos de control del Estado que ordenen una inspección y auditoría desde Caracas para revisar los expedientes paralizados y aquellos que, según las denuncias, estarían viciados en el Circuito Judicial de La Guaira.

La organización también exigió que se restablezca de inmediato el horario completo de trabajo de los tribunales y que se garantice el cumplimiento de la ley, sin las limitaciones que atribuye a las minutas centralizadas. Como alternativa ante las condiciones actuales de la sede, planteó la búsqueda de otro espacio habilitado o el traslado de los procesos a Caracas, con el propósito de resguardar el derecho a la vida y al debido proceso.

Además, instó a la Fiscalía, al Ministerio para el Servicio Penitenciario y a la Defensoría del Pueblo a abrir investigaciones penales rigurosas sobre las denuncias de cobros irregulares, extorsión y siembra de pruebas, que presuntamente involucrarían a jueces, fiscales y funcionarios de los cuerpos de seguridad de La Guaira.

Mientras no se revisen los expedientes ni se investiguen las acusaciones, los familiares siguen enfrentados a dos obstáculos: un sistema judicial que trabaja con horario reducido y denuncias de prácticas que, de comprobarse, comprometerían las garantías más elementales de quienes esperan una decisión sobre su libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

«No están solos»: Machado llevó un mensaje de libertad al Rodeo I

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Hay una loma desde la que las familias de los presos políticos intentan hacerse escuchar por quienes están encerrados en el Rodeo I. Desde allí gritan nombres, envían mensajes y esperan alguna señal desde el otro lado de los muros. Desde allí se han enterado cuando sus familiares son objeto de malos tratos dentro del recinto. Desde allí han escuchado cuando son sofocados con bombas lacrimógenas. Pero este viernes, 7 de noviembre, se enviaron y se recibieron mensajes distintos. María Corina Machado llegó hasta ese lugar. Casi 15 días luego de su retorno a Venezuela y después de una compleja caminata montaña arriba, definida por el sofocante calor, los empujones, pero también y quizás mucho más, por la expectativa de quienes interpretaban la visita como una profecía de lo que anhelan.

«Esto es esperanza. La ilusión de que salgan todos», decía una mujer mientras avanzaba hacia ese punto. La frase resumía lo que había llevado a decenas de personas hasta las inmediaciones de la cárcel: la posibilidad de que sus familiares dejaran de estar presos.

La esperanza en los rostros de los asistentes/ Foto: María Gracia Lacruz

La del viernes no fue una visita protocolar. Lucía más como una suerte de procesión. En cada tramo del recorrido había madres, esposas, hijos y allegados con fotografías de quienes permanecen tras las rejas. Querían que Machado los escuchara. Que mirara sus rostros. Que supiera sus nombres.

Pasadas las 2:00 de la tarde, la dirigente opositora apareció entre una multitud que intentaba acercarse. El calor apretaba y los camarógrafos de varios canales de televisión ocupaban el espacio por el que Machado trataba de avanzar. Mientras caminaba, la ganadora del Premio Nobel de la Paz recibía mensajes breves de los familiares. Cada uno tenía una urgencia distinta, aunque todos apuntaban al mismo reclamo: libertad.

Cuatrocientos nombres para dejar de contar presos

En la primera parada de su trayecto, Machado se detuvo a leer los nombres de al menos 400 presos políticos. La cifra puede variar según los registros de las organizaciones que documentan estos casos, pero más allá de la precisión, el gesto buscaba algo más que establecer un número: la intención era ponerle nombre a quienes suelen aparecer agrupados en estadísticas y se diluyen también entre ellas.

Detrás de cada uno hay una historia y, en muchos casos, patrones que se repiten: detenciones arbitrarias o prolongadas sin imputaciones ni juicios; procesos amañados cuando llegan a celebrarse; negación de amnistía; aislamiento, incomunicación, torturas y otros tratos crueles.

En las esquinas del recorrido, los familiares levantaban fotografías. Algunos intentaban abrirse paso para mostrarle a Machado el rostro de sus hijos, hermanos o parejas. Otros aguardaban una palabra, una mirada, cualquier señal de que su reclamo había sido escuchado.

La caminata avanzaba con dificultad. Los allegados se cruzaban con los camarógrafos que buscaban captar las imágenes de la visita. La disputa por el espacio terminó convirtiéndose en otra escena de la jornada.

«Entonces, la prensa se robó el show», reclamó molesta una de las mujeres. «La emergencia es de nosotros, no de ellos, son nuestros familiares los que están ahí», agregó. Un camarógrafo le respondió: «Bueno, ¿entonces para qué nos llaman a cubrirlo?», ripostaba un camarógrafo.

El calor sofocante volvió más lenta la marcha. Aun así, Machado llegó hasta la loma que los familiares utilizan para enviar mensajes a quienes permanecen en prisión. Quienes la acompañaban buscaron confirmar que los presos estuvieran atentos. Gritaron para establecer contacto. Al recibir respuestas de los recluidos, Machado sostuvo el megáfono, tomó fuerza con un respiro, elevó la voz y dirigió unas palabras hacia el recinto.

«Estoy acá con ustedes, no están solos. Libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para los familiares, memoria para que nunca más vuelva a ocurrir y garantías para la justicia y libertad. Con Dios de la mano hasta el final, Venezuela será libre para siempre», expresó con visible conmoción.

El grito por justicia sigue vigente

Lelis Navas, hermana del preso político fallecido bajo custodia, Víctor Hugo Quero Navas, lo recordó tanto a él como a su madre, Carmen Teresa Navas, también desde esa misma loma en la que minutos antes estuvo Machado. Emocionada casi hasta el llanto, destacó que su madre fue la encarnación del verso de aquel poema que expresa que “cuando se tiene un hijo, se tiene a todos los hijos del mundo“.

“Ella se sintió con la responsabilidad de representar las madres caídas, las que no tuvieron la oportunidad de visitar a sus hijos por las razones que fuesen. Mami visitó 21 centros carcelarios, en los que fue burlada y vejada por las autoridades, pero nunca dio su brazo a torcer, su lucha fue incansable”, dijo.

Lelis Navas también agradeció a los venezolanos por la solidaridad para con la causa por la que luchó hasta el último aliento su madre: respuestas sobre el paradero de Víctor Quero Navas.

«Solo hace falta una decisión política»

Entre quienes acompañaron a Machado estaban dirigentes políticos, activistas y personas que conocen la prisión desde dentro. Juan Pablo Guanipa insistió en que la situación venezolana continúa siendo «profundamente grave», tanto en el terreno político y socioeconómico como en el de los presos políticos.

Celebró la presencia de Machado en el Rodeo I y reclamó la liberación sin condiciones de los civiles y militares detenidos por razones políticas. Para Guanipa, no basta con que una persona salga de prisión si continúa sometida a restricciones que limitan su libertad.

«No puede ser posible que digan ‘te voy a soltar, pero tienes que ir cada mes al tribunal, no puedes salir del país, no puedes declarar a medios (…) es inconcebible que este año no se haya logrado que todos sean libres. Solo hace falta una decisión política», insistió.

Ramón Centeno, periodista y expreso político, llegó caminando por tercera vez hasta las inmediaciones del Rodeo I. La primera, recordó, tuvo que hacerlo en silla de ruedas. La prisión dejó marcas en su cuerpo y en su familia. Su madre, que luchó por su liberación, no pudo verlo caminar nuevamente.

«Esta es la tercera vez que logró venir acá de pie. La primera vez lo hice en silla de ruedas. Fue tanta la tortura, la saña, el dolor que me infligieron tanto a mí, como a esta señora que cargo en mi pecho, que es mi madre, que no me pudo ver caminando lamentablemente. Pero justamente yo honro esa lucha que ella dio por mi libertad, y también honro la lucha de tantas madres que están esperando que sus hijos salgan en libertad», expresó.

Ramón Centeno: “Bendito el 3 de enero porque fue un parteaguas. Estoy trabajando junto a Guanipa y HRW por los derechos humanos. Todavía hace falta mucho para que la transición llegue a puerto seguro”. https://t.co/bHiAbUmlm9— Runrunes (@RunRunesWeb) November 6, 2026

Centeno dijo estar agradecido de encontrarse «medianamente libre», pero consideró que esa libertad no puede ser plena mientras más de 370 personas sigan detenidas. También defendió, la necesidad de «un perdón con justicia» y calificó a María Corina Machado como «la líder más coherente de las fuerzas democráticas».

Jesús Armas, activista, exconcejal y también expreso político, insistió en que la palabra” libertad” atraviesa a dos prioridades del país: la libertad de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos, pero también, la de todos los venezolanos a través de elecciones.

Armas consideró que Delcy Rodríguez y su gobierno tienen una oportunidad de demostrar si existe una voluntad real de diálogo y democratización. A su juicio, la señal más clara sería permitir la salida de las personas encarceladas injustamente.

En el Rodeo I, mientras tanto, las familias seguían buscando un espacio para mostrar sus fotografías y hacer llegar sus mensajes. La visita de Machado no abrió las puertas de las celdas. Tampoco resolvió la espera de quienes llevan meses o años pendientes de una llamada, una noticia o una decisión judicial. Pero durante unas horas, la loma volvió a llenarse de voces y a conjugar una ilusión: que salgan todos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Tamara Adrián anuncia su postulación a magistrada del TSJ

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Este viernes, 6 de noviembre, la abogada Tamara Adrián anunció su postulación a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Estoy aquí frente de la Plaza Bolívar de Caracas para anunciar que acabo de consignar la documentación para postularme a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil y en la Sala Constitucional”, informó a través de un video difundido en Instagram.

Adrián señaló que su postulación fue hecha por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal institución de enseñanza superior del país.

¿Quién es Tamara Adrián?

Tamara Adrián Hernández es abogada, profesora universitaria, activista por los derechos humanos y política venezolana. Es mundialmente reconocida por haber sido la primera diputada abiertamente transgénero elegida en la historia de Venezuela.

Su carrera como docente inició en 1982 en la Universidad Católica Andrés Bello. Posteriormente se incorporó a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1986 y a la Universidad Metropolitana, destacándose principalmente en la cátedra de Derecho Comercial y Derecho Civil.

Es una de las voces más prominentes en América Latina en la lucha por la igualdad y el reconocimiento legal de la comunidad LGBTIQ+.

En el 2002 se sometió a una cirugía de reasignación de género en Tailandia. Pese a haber introducido recursos legales ante el TSJ desde 2004 para que su identidad de género fuera reconocida de forma oficial, el sistema legal venezolano le ha negado históricamente el cambio legal de su nombre y sexo.

Su vida y su lucha por el reconocimiento legal inspiraron la película dramática venezolana Tamara (2016), dirigida por Elia K. Schneider. Adrián también formó parte del documental Yo, indocumentada (2011), que retrata las dificultades de las mujeres trans en Venezuela.

Proceso de postulación

El proceso de recepción de postulaciones comenzó el pasado 28 de octubre y concluirá el próximo 11 de noviembre.

Se prevé que la designación de los nuevos 32 jueces se concrete el 11 de diciembre.

Según el Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 12 personas de la sociedad civil y 11 diputados, los interesados deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

El pasado martes, Jesús María Casal anunció que se postulará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impulsar la reinstitucionalización del Poder Judicial.

“Yo me voy a postular porque pienso que es un gran momento para dar una contribución al país y hacer un esfuerzo para logra la reinstitucionalización del Poder Judicial. Quiero poner mi nombre a disposición del país en ese proceso”, comentó Casal en entrevista con Román Lozinsky a través de Circuitos Éxitos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

3 x 3 | Derrota republicana posiblemente acelere democratización en Venezuela    

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Un “tsunami demócrata” arrasó este martes 3 de noviembre las costas de la muralla republicana. El brazo político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quedó torcido. Contra todo pronóstico, los republicanos perdieron la Cámara de Representantes y el Senado.

En la Cámara Alta se renovaron 35 de los 100 escaños. El bloque demócrata logró arrebatar bancas decisivas para definir la mayoría en el Senado frente al Partido Republicano.

En la Cámara Baja, donde la totalidad de los 435 escaños estuvieron en disputa, los demócratas sumaron 236, más de los 218 necesarios para ganar la contienda. 

El escenario para el partido y el mandatario es de clara debilidad política, marcado por una derrota que los analistas califican como un “referéndum de castigo” contra su gestión.

La inflación, el aumento desproporcionado de la gasolina, la guerra contra Irán, el precario acceso a la salud, la afrenta a los derechos civiles y la libertad de prensa y la caza de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conspiraron contra las aspiraciones de los republicanos que perdieron dominios emblemáticos.

Estos temas no solo movilizaron a las bases partidistas más radicales, sino que también capturaron la atención del crucial votante independiente, cuyo desencanto o apoyo suele inclinar la balanza en los distritos más competitivos.

La geografía electoral volvió a demostrar su peso decisivo en el resultado final. Los llamados “estados oscilantes” (swing states) y los distritos suburbanos se convirtieron en el campo de batalla definitivo.

El resultado fue impulsado por una alta participación electoral con más de 124 millones de votantes reportados y un desempeño histórico de candidatos de minorías, incluyendo un impacto significativo y decisivo del voto latino en estados clave como California, Nevada y Arizona.

Aunque Texas sigue siendo un estado de mayoría republicana a nivel estatal, los demócratas lograron voltear escaños clave en el Senado y la Cámara de Representantes. Mientras que Iowa como Kansas vieron cómo sus escaños senatoriales pasaron a manos demócratas.

Estados Unidos pasó a ser un país que quedó teñido de azul y en el que Trump tendrá serias debilidades para gobernar   

Para analizar la contienda electoral, en Runrunes hicimos tres preguntas a igual número de expertos: Gustavo Garagorry, presidente del Venezuelan American Republican Club (VARC); la analista demócrata, Daisy Báez, y el politólogo y periodista, José Alfredo De Bastos.  

¿Te esperabas ese resultado en la Cámara de Representantes y el Senado?

Gustavo Garagorry:  No me esperaba esto de tal magnitud, vi venir un golpe importante, pero nunca esto que ocurrió, se perdió el Senado y la Cámara de Representantes. Es una situación bien complicada y esto se refleja a todo nivel: desde cada municipalidad, estado, hasta la nación completa, esto es un golpe duro para el Partido Republicano, que no sé hasta qué  punto tengo capacidad de analizar estos resultados y reorganizarse. Definitivamente, gran parte de la responsabilidad es de Trump, en estos dos años hubo muchas señales de que no estábamos yendo por un buen camino, no hubo la rectificación necesaria y nos metimos en muchos problemas. Mis expectativas para estos dos años no fueron cubiertas, se habló de bajar las tasas de interés, de que el país se iba a repotenciar y de que íbamos a resolver el tema de las guerras y no lo hicimos, más bien todo se complicó, se presentó el problema del aumento de la gasolina por el cierre del estrecho de Ormuz, pienso que esto puede conducir a un impeachment al presidente Trump.

Daisy Báez: Se esperaba que los demócratas iban a obtener el control del Congreso y posiblemente el Senado, pero hemos visto más que un tsunami, y un total repudio a Trump. Él dice que no estaba en la boleta, pero si lo estaba, sus acciones y su programa legislativo se reflejó ahí, el país se volcó contra sus iniciativas, en Texas no solo ganó Gina Hinojosa como gobernadora y James Tallarico como senador. Estados que nunca habían tenido un senador o gobernador demócrata lo lograron. Tenemos a la primera gobernadora afroamericana en Georgia y al primer gobernador latino en California. 

José Alfredo De Bastos: El resultado se esperaba que fuese positivo para los demócratas, pero no esa cantidad amplia de escaños en la Cámara de Representantes y más de 50 representantes en el Senado, ganando en sitios como Carolina del Sur y quizás potencialmente en Mississippi. Eso no lo esperaba nadie, solamente los más optimistas del Partido Demócrata habían hablado de algo así, la expectativa era un poco menor, el resultado fue el peor posible para el Partido Republicano y el mejor posible para el Demócrata   

¿Puede esto beneficiar o perjudicar a Venezuela? 

Gustavo Garagorry: No sé hasta qué punto esto sea beneficioso para Venezuela porque una de las cosas que algunos demócratas querían era devolver a Nicolás Maduro a Caracas y liberarlo de la cárcel, por otro, lado el proceso que se estaba desarrollando en Venezuela lo veo un poco paralizado. Trump perdió todo el poder y quedó aislado en la Casa Blanca, ya veremos qué hacen sus asesores para manejar la política internacional.

Daisy Báez: Lo que hemos visto es un presidente estadounidense que prácticamente ha tratado a Venezuela como una provincia donde el petróleo es de su propiedad, yo espero que con esto veamos una política más pragmática hacia Venezuela, donde se produzca un cambio real que conduzca a elecciones reales sin Delcy Rodríguez, que es una titere de Trump, creo que al final es positivo para Venezuela.

De Bastos: Creo que esto puede beneficiar a Venezuela, porque puede darse una combinación única de tener en la presidencia a alguien que ya usó la fuerza para intervenir y sacar a Maduro en su momento y que mantiene esa amenaza sobre Delcy Rodríguez y su entorno; el Partido Demócrata no hubiese apoyado una acción militar, pero ha sido muy insistente en recuperar la democracia en Venezuela, abogando por el regreso de Maria Corina Machado. Creo que habrá un poco más de presión desde el Congreso y también se buscará mayor transparencia entre los acuerdos con Delcy que involucran a entidades y personas un tanto turbias, puede que le ponga un freno a eso, en líneas generales me parece que es beneficioso para Venezuela.

¿Cómo gobernará Trump los dos años que le quedan con un Congreso en contra?

Gustavo Garagorry: Trump gobernará con mucha dificultad y es probable que sea sometido a un impeachment por parte del Partido Demócrata, va a ser difícil que aprueben sus decisiones, ahora tendrá las manos atadas, después de haber tenido una capacidad increíble de manejo de gobierno, que lamentablemente perdió.

Daisy Báez: Seguirá siendo un presidente indisciplinado, rabioso y vengativo, ya dijo que va a ser el presidente del veto, no va trabajar con ninguna de las cámaras. Va a seguir emitiendo insultos desde la mañana, poniendo sobrenombres a la gente. Trump no es un legislador, todo para él es poder y eso es lo que vamos a continuar viendo, creo que la era de Trump se acabó y no va a renacer, no va a continuar con ninguna de sus políticas, la gente aprendió la lección de no estar experimentando con semi-dictadores, vamos a volver a ser una gran nación.  

De Bastos: Es un misterio cómo va a gobernar Trump el resto de su periodo, en estos días se mostraba abierto a negociar con los demócratas, al final lo que puede hacer es terminar siendo pragmático. Probablemente no podrá pasar ningún proyecto de ley,  puede que tenga problemas para conformar su propio gabinete, proponer magistrados en el sector judicial y terminar aislado en la Casa Blanca.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país