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Clippve exige que Cruz Roja visite cárceles de El Rodeo, Yare y Guaicaipuro

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A través de un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) exigió este sábado 22 al gobierno presidido de manera interina por Delcy Rodríguez que permita la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las cárceles de El Rodeo I, Yare y el fuerte Guaicaipuro.

La organización no gubernamental hizo la solicitud luego del anuncio de una agenda de cooperación técnica para verificar las condiciones en varios centros de reclusión del país.

De acuerdo al Clippve el anuncio de cooperación técnica entre el CICR y el Ministerio de Servicio Penitenciario sucede “después de años de exigencias de las familias de personas detenidas por motivos políticos y reiteradas solicitudes formales del propio organismo”.

Para el Comité es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y permita instrumentos de reparación para las victimas de violaciones a los derechos humanos. 

“Valoramos que una demanda sostenida por las familias encuentre una respuesta. Pero todavía falta lo fundamental: que esa respuesta llegue precisamente a quienes han motivado buena parte de estas exigencias”, expuso el comité.

La organización solicitó a la Cruz Roja  entrevistas confidenciales con las personas detenidas y seguimiento de los casos que necesiten atención médica o medidas humanitarias 

“Las familias no piden un privilegio. El Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad y el trato digno de todas las personas bajo su custodia. El Rodeo I, Yare y el Fuerte Guaicaipuro no pueden quedar fuera”, expresaron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El diálogo trata de avanzar saltando las grietas de la oposición

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Las fuentes indican que las negociaciones políticas entre el chavismo y la oposición que se desarrollan en Caracas bajo el auspicio -y la imposición- de los Estados Unidos, marchan a buen paso.

El oficialismo chavista ha entrado a la mesa en buenos términos y complaciendo peticiones (ya ha sucedido antes). Los temas acordados tienen su importancia.  Parece que hay avances importantes en torno a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; disposición para hacer más concesiones en materia de libertad de expresión; posiciones y compromisos que se aproximan en torno al uso del Oro de Inglaterra; consensos para rescatar el dinero confiscado y atender la emergencia social. Se anuncian más excarcelaciones de decenas de presos políticos.

Estados Unidos ha decidido que Primero Justicia y Voluntad Popular serían los interlocutores del campo democrático para comenzar sesiones de diálogo con el chavismo, y nadie ha podido disponer lo contrario. La oposición venezolana ha resultado estar tan tutelada como el chavismo en este momento.  Estos dos partidos no pudieron resistirse a atender el planteamiento y asumir las riendas de la transición. Lo informaron a Machado y se pusieron “a la orden” para intercambiar estrategias mancomunadamente.

Los acuerdos de Panamá, en el cual se reconoce el liderazgo de Machado para llevar adelante la estrategia de la transición a la democracia, y que fueron tan bien ponderados por la opinión pública como aparente símbolo de madurez, nacieron con la letra muerta. Vaciados de contenido. Aquello fue un saludo a la bandera.

Lejos de la unidad

 La líder caraqueña ha tomado categórica distancia, tanto de la iniciativa, sobre la cual no ha sido informada, como de los partidos opositores que asumieron la tarea encomendada por los Estados Unidos. Frente a este escenario, insistieron en que la reconstrucción del país requiere “un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial” y ratificaron los lineamientos del Manifiesto de Panamá para avanzar hacia una transición.

Las cosas dentro de la unidad democrática están encrespadas de nuevo. Este tipo de zancadillas en momentos decisivos entre las tendencias de la oposición se ha producido otras veces en el pasado, y ha envenenado la confianza entre liderazgo mayor del campo democrático.  Aunque ha privado un enorme escrúpulo por no ventilar públicamente estas tensiones, la mayoría de los partidos de la Plataforma Unitaria ha criticado esta movida. Las relaciones están muy quebrantadas.

Optimismo fundamentado

En lo interno, en cambio, la militancia activa de PJ y VP se ha decantado en su determinante mayoría por atender el llamado de los Estados Unidos. Sus dirigentes más conocidos han decidido pasar de puntillas sobre lo decidido.  Consideran que las condiciones están dadas para lograr avances.  En Primero Justicia, en particular, hubo un intenso debate sobre la pertinencia de asistir y los riesgos políticos de quebrar -de nuevo- las filas de la unidad. Las relaciones con Machado, de un tiempo a esta parte, habían mejorado bastante. La tendencia decidida a participar en el diálogo con los chavistas se impuso con mucha claridad frente a quienes objetaban la iniciativa y mostraban sus reservas.

El equipo negociador de la oposición tiene un optimismo que considera fundamentado en torno a lo que se puede lograr en esta ocasión frente a un rival debilitado, al cual se le ha impuesto una dinámica que no ha escogido; con desacuerdos internos; un delicado problema económico y una exigente agenda de reconstrucción post terremoto. Delcy Rodríguez sigue en el poder y expresa el estatus quo porque ha hecho lo que los Estados Unidos piden, y así tendrá que seguir siendo.

No tiene que estar presente necesariamente María Corina en todos los episodios, argumentan, para avanzar en la agenda de la transición a la legalidad, puesto que finalmente todo suma. La exigencia de los Estados Unidos necesitaba una respuesta, expresan estos políticos al razonar su postura. Las puertas quedan abiertas para articular futuros escenarios. Nadie obra sobre la hipótesis de la buena fe y la ingenuidad: al régimen hay que conminarlo a que acuerde. Existe optimismo sobre la posibilidad de una fecha electoral (pero no se sabe si presidenciales).

El riesgo de fracasar

Partiendo del principio según el cual no existe un “momento ideal” para avanzar, los dirigentes políticos de estos partidos han concluido que el marco es favorable y es necesario seguir adelante con la iniciativa. María Corina Machado, la líder más popular del país, entre tanto, se muerde los labios para no incordiar con los Estados Unidos, el aliado natural de la causa democrática. Por mucho que se haya concretado este cisne negro, esta inexplicable malquerencia entre el alto gobierno de los Estados Unidos y la dirigente venezolana (Un interlocutor privilegiados de Venezuela con Washington durante décadas.)

En aquel debate, quienes fueron derrotados en la discusión interna presentaron una objeción en calidad de advertencia: este esfuerzo sigue presentando enormes riesgos que lo pueden hacer fracasar, y estos partidos tendrían que cargar con ese fardo. Y si se llegara a triunfar, no será tan automática la transferencia de simpatías, la recarga política, el agradecimiento ciudadano a lo que han decidido Voluntad Popular y Primero Justicia de espaldas a lo que se había acordado con María Corina Machado en unidad.

Incorporaciones de magistrados suplentes en TSJ viola orden establecido en la ley

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El artículo 47 de la recién reformada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reza que la falta absoluta de un magistrado será suplida temporalmente, mientras la Asamblea Nacional designa a un nuevo magistrado principal, por el suplente correspondiente. 

Por su parte, el artículo 48 de la ley reformada en mayo de 2026, dicta que “para la suplencia de las faltas absolutas de las magistradas o magistrados, hasta tanto se produzca el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional en los términos de esta Ley, se convocará a los o las suplentes en el orden de su designación”.

Pero la conformación del actual TSJ, que las comisiones inmersas en el diálogo entre gobierno y oposición piensa reformar en función de cumplir con el plan de tres pasos del gobierno de Estados Unidos (estabilización, recuperación y transición), no se apega actualmente a estos dos artículos.  

En las doce incorporaciones de magistrados suplentes, la presidencia del TSJ violó el orden de designación y la especialidad de la Sala, y ocho jueces están en Salas para las cuales no fueron designados magistrados en calidad de reemplazo por la AN. 

De acuerdo a la conformación del TSJ, los ocho magistrados suplentes que no cumplen con la normativa son: 

En la Sala Constitucional:

–Janette Córdova: segunda suplente de la Sala de Casación Penal,  incorporada en 2024 en sustitución de Gladys Gutiérrez.

–Anabel Hernández Robles: tercera suplente de la Sala Electoral, incorporada en 2026 en sustitución de Luis Damiani Bustillos. 

En la Sala de Casación Penal:

–Grisell López de Zacarías: primera suplente de la sala electoral, incorporada en 2026 en sustitución de Elsa Gómez y en actual ejercicio de la vicepresidencia de la Sala.

–Eulalia Coromoto Guerrero: primera suplente de la sala político administrativa, incorporada en 2026 en sustitución de Maikel Moreno. Guerrero fue designada magistrada principal de la Sala Político Administrativa en 2014, jubilada en 2022 y designada suplente nuevamente en el mismo año.  

En la Sala Político Administrativa:

–Jaime Báez: primer suplente de la sala de casación civil, incorporado en 2026 en sustitución de Malaquías Gil y en actual ejercicio de la presidencia de la Sala. 

–Juan Pablo Torres: segundo suplente de la Sala Electoral, incorporado en 2026 en sustitución de Juan Carlos Hidalgo y vicepresidente de la Sala. 

En Sala de Casación Civil

–Emilio Ramos: segundo suplente de la sala político administrativa, incorporado en 2026 en sustitución de Henry Timaure y presidente de la Sala. 

–Jacqueline Sosa Mariño: cuarta suplente de la sala constitucional, incorporada en 2026 en sustitución de Carmen Alves.

Opacidad y control político

La ONG Acceso a la Justicia denunció que el proceso para renovar magistrados en el TSJ dista de ser transparente e independiente y vuelve a generar dudas sobre la administración de justicia en Venezuela. 

Acceso a la Justicia publicó que para finales de enero, fecha en la que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una reforma del sistema de justicia, sólo existían cuatro vacantes de magistrados en el TSJ: las de Calixto Ortega, Gladys Gutiérrez, Bárbara César Siero y Carlos Alexis Castillo.

Pero de manera extraoficial, se conoció a través de medios de comunicación y redes sociales que ocho magistrados habrían solicitado su jubilación: Luis Damiani Bustillos de la Sala Constitucional; Henry Timaure y Carmen Alves de la Sala de Casación Civil; Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares de la Sala Político Administrativa; Elsa Gómez y Maikel Moreno de la Sala de Casación Penal y Edgar Gavidia de la Sala de Casación Civil. 

Acceso a la Justicia también denunció que sin haber concluido el proceso de designación de nuevos magistrados, el TSJ anunció a principios de mayo la elección de nueva junta directiva, cuyo período se encontraba vencido desde enero de 2026.

A la par la AN aprobó una reforma de la Ley Orgánica del TSJ para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados.

“Esta reforma va a favorecer la celeridad en el máximo tribunal, y nos va a permitir conformar un ente más plural; mientras mayor sea la composición, mayor será la capacidad de respuesta del tribunal ante los casos pendientes”, dijo entonces el presidente de la AN, Jorge Rodríguez. 

La ONG indicó que el proceso de renovación del TSJ, que comenzó en abril con el nombramiento en la AN de un comité de postulaciones, se detuvo en junio a propósito del doblete sísmico que causó más de 6000 muertes el pasado 24 de junio, según cifras oficiales.  

A propósito de la politización que ha imperado en el máximo tribunal del país, la organización solicitó en una misiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañamiento en la ruta para la renovación del TSJ que acordó la AN actual y la AN de 2015, presidida por Dinorah Figuera.    

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Un fraude procesal mantiene tras las rejas al empresario zuliano Jhon Monnott

Un juicio que culminó con una sentencia absolutoria y una orden de excarcelación que se convirtió en un “fraude procesal” en el sistema judicial venezolano. Jhon Henry Monnott García, director de la academia de tiro Caliber en Maracaibo, estado Zulia, permaneció en reclusión hasta que un tribunal con competencia en terrorismo decretó su inocencia el 18 de junio de 2026. Sin embargo, la liberación nunca se ejecutó y, semanas después, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico de armas.

El expediente judicial involucró a otros dos ciudadanos asociados al funcionamiento del establecimiento. Uno de ellos es Julio Rincón, socio de Monnott en la academia, quien se encontraba fuera del país durante el procedimiento policial y actualmente litiga un proceso de extradición en España.

Asimismo, junto a Monnott, las autoridades también aprehendieron a Humberto Durán, administrador del local Lo hicieron para fundamentar el requisito numérico del delito de asociación para delinquir de mínimo tres personas.

El caso expone un patrón de arbitrariedades institucionales que incluyó la omisión inicial de la permisología emitida por la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), la negativa a permitir la juramentación de juristas privados y la fabricación de una condena sustentada en una supuesta audiencia que jamás se celebró.

Imputación y la prueba que no querían aceptar

La detención de Monnott y Durán ocurrió el 9 de octubre de 2024 –en medio de la represión poselectoral– cuando una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpió en la academia sin presentar orden judicial ni de allanamiento. Los tres días iniciales de reclusión en el estado Zulia sirvieron como antesala a un traslado intempestivo hacia Caracas, donde ingresaron a la sede de reclusión conocida como Zona 4, en el municipio Baruta, mientras sus familiares intentaban ubicar su paradero a través de versiones extraoficiales.

Durante cerca de 60 días, la representación legal y los parientes carecieron de acceso directo a los expedientes y de contacto presencial con los detenidos. En ese lapso, la Fiscalía imputó formalmente los delitos de terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Sofía García, esposa de Jhon Monnott, denunció las dificultades que atravesó durante ese período inicial de incertidumbre. “Pasaron realmente como dos meses donde mi esposo estuvo prácticamente desaparecido. Yo no tenía acceso a él y no sabía de qué se le acusaba”, declaró en entrevista con Runrun.es.

Durante la fase de investigación de 45 días, el propio Ministerio Público requirió la verificación formal de los permisos a la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). La institución militar remitió su respuesta formal al tribunal, confirmando de manera oficial que la academia operaba con toda la permisología reglamentaria y que el inventario de armamento se encontraba debidamente registrado ante el Estado.

Pese a las trabas impuestas por el juez Carlos Liendo, que buscaban desestimar el permiso del porte de armas de la academia como prueba para el juicio, el defensor público asignado a la causa, Miguel Rengifo, promovió e incorporó los correspondientes oficios de la DAEX en el expediente. Dicha actuación garantizó que el caso avanzara a la fase de juicio oral con las constancias de legalidad aprobadas.

Sentencia absolutoria y desacato de la orden de excarcelación

El juicio oral se desarrolló a lo largo de varias sesiones en Caracas. La defensa y los allegados de los procesados gestionaron el traslado de los testigos requeridos desde el estado Zulia para que comparecieran ante el tribunal. Tras diversos diferimientos en el calendario judicial, la audiencia final tuvo lugar de forma telemática el 18 de junio de este año.

El juez de la causa, José Antonio García Morán, dictó una sentencia absolutoria a favor de Jhon Henry Monnott García y de Humberto Durán, ordenando la excarcelación inmediata de ambos y la devolución de los bienes incautados durante el procedimiento policial. La representación del Ministerio Público no ejerció recurso de apelación ni presentó oposición durante la celebración de dicha audiencia.

García detalló la notificación de la medida de libertad y la posterior falta de ejecución por parte de los cuerpos de custodia. “El mismo defensor me llama y me dice: ‘Felicidades, ven a buscar a tu esposo. Quedó en una absolutoria’. Yo voy al día siguiente, viernes, a Caracas y mi esposo no sale. Hasta el sol de hoy sigue detenido”, indicó.

Modificación de condena y vicios en la notificación

Ante el incumplimiento de la orden de excarcelación, García presentó denuncias administrativas e institucionales ante el Ministerio de Relaciones Interiores, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría General de Tribunales. A principios de agosto, la familia hizo pública la situación procesal a través de medios de comunicación luego de casi dos años de silencio para evitar represalias.

El 3 de agosto, Miryin Villegas, asistente del mismo juez que dictó la sentencia absolutoria, convocó a Monnott y a Durán a los tribunales. En ese encuentro, la funcionaria les notificó que una supuesta audiencia celebrada el 30 de julio de 2026 había fijado una pena de 12 años de prisión por el delito de tráfico de armas, desestimando los cargos previos de terrorismo y asociación para delinquir. La defensa sostuvo que la audiencia del 30 de julio no fue realizada ni contó con la presencia de las partes.

“Llaman a mi esposo a una audiencia donde la única persona presente era la asistente del juez. Le notifican que en una audiencia del 30 de julio, que nunca existió, se llegó a una sentencia de 12 años por tráfico de armas”, afirmó. La defensa evalúa como hipótesis que la modificación busque justificar inconsistencias administrativas en el manejo del material bajo custodia estatal.

Trabas a la defensa privada y acciones legales

Tras notificarse la condena, el abogado especialista en derechos humanos Joel García acudió al despacho del juez José Antonio García Morán junto a Sofía García para consignar el documento de designación firmado por los procesados e ingresar formalmente como defensa privada.

El personal del tribunal rehusó recibir la solicitud de juramentación, impidiendo la revisión del expediente físico para conocer los fundamentos de la sentencia. Ante esta negativa, la representación jurídica interpuso una solicitud de amparo constitucional y avanzó en la preparación del recurso de apelación.

A la par de las acciones, la familia anunció que presentará el caso ante organismos internacionales de protección, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando detención arbitraria, denegación de justicia y violación al debido proceso.

Dos años de fractura familiar entre Maracaibo y Caracas

El encarcelamiento de Monnott alteró de forma permanente la vida de su entorno cercano. Comerciante dedicado a la distribución de alimentos y devoto de la Virgen de la Chinita en Maracaibo, Monnott ha permanecido alejado de sus dos hijos de tres y cuatro años, quienes tenían un año y dos años al momento de su detención.

Sofía García realiza viajes semanales desde el estado Zulia hacia Caracas para cumplir con las pautas de visita, sortear las restricciones logísticas y atender las gestiones en los tribunales de la capital.

“Decidí hablar hoy porque esto es una injusticia. Mis hijos tenían un año y dos años cuando se lo llevaron; hoy tienen tres y cuatro. Se ha perdido dos cumpleaños de cada uno. Es un gasto económico y un desgaste emocional no poder estar en la crianza de mis hijos por atender la situación legal de mi esposo”, concluyó García.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Borraron a Ecarri de presidencia del grupo de amistad con Estados Unidos

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El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, destituyó de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos al diputado Antonio Ecarri por supuestamente vulnerar el ordenamiento jurídico. 

La destitución se produce luego que el medio Fortune publicara una exclusiva donde asegura que diputados chavistas estaban acordando una agenda con el economista estadounidense Steve Hanke para dolarizar a Venezuela y erradicar al Banco Central de Venezuela (BCV).

Durante su campaña como candidato presidencial previo a las elecciones de 2024, Ecarri promovió una campaña de dolarización que contaba con la asesoría del profesional norteamericano.

“Sus acciones han sido irresponsables y han vulnerado el ordenamiento jurídico que estamos obligados a defender”, dijo Rodríguez sobre Ecarri en un comunicado oficial publicado en su cuenta de X.

Según Rodríguez, quien lidera por el chavismo la mesa de diálogo con la AN de 2015, Ecarri vulnero el artículo 133 del reglamento interno del parlamento y del artículo 318 de la Constitución, el cual establece que “el BCV ejerce de forma exclusiva las competencias monetarias, teniendo como objetivo fundamental lograr la estabilidad de precio. Define al bolívar como la unidad monetaria nacional y otorga al BCV autonomía para formular políticas y administrar reservas”.

En el texto, Rodríguez resalta que se iniciará un proceso de investigación para establecer responsabilidades y sanciones de acuerdo a lo estipulado en la ley. 

“No permitiré que se utilice un grupo de amistad para intentar socavar de manera torpe y espuria las bases constitucionales y legales de nuestra República”, expuso Rodríguez.

Luego que el propio Rodríguez desmintió este viernes el supuesto acuerdo con Hanke, Ecarri salió al paso en sus redes sociales y convocó para una rueda de prensa este lunes 24 de agosto. 

“Atacan, critican, pero no presentan una sola propuesta para resolver el diferencial cambiario que empobrece todos los días a los venezolanos. Ya se han quemado más de 6.000 millones de dólares en mesas de cambio, sin resolver el problema de fondo”, escribió Ecarri al tiempo que ratificó su trabajo con Hanke y convocó a una rueda de prensa para este 24 de agosto.  

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Estados Unidos flexibilizó sanciones a Conatel y Cantv

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Por intermedio de la Oficina de Control de Activos (OFAC), el gobierno de Estados Unidos emitió las licencias generales 61 y 62, que flexibilizan sanciones en el área de comunicaciones y benefician a empresas como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv). 

Según el sitio web del Departamento del Tesoro, la licencia general 61 autoriza la negociación y firma de contratos para nuevas inversiones, expansión o empresas conjuntas en el sector de telecomunicaciones.

Mientras que la segunda licencia autoriza la provisión de bienes, tecnología, software y servicios para operar, mantener y actualizar las telecomunicaciones en Venezuela, incluyendo el procesamiento de pagos y la organización de envíos, flete aéreo, logística, almacenamiento, seguros y servicios de entrega.

Según el comunicado, los acuerdos pueden incluir la creación de nuevos proveedores, la expansión de operaciones existentes y la formación de nuevas empresas conjuntas, siempre que su ejecución quede expresamente condicionada a una autorización posterior de OFAC. 

Las licencias también establecen restricciones entre ellas la prohibición de hacer negocios con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, asimismo pone un freno a los pagos en oro o transacciones denominadas en monedas digitales emitidas por el gobierno venezolano.

Con información de Reuters 

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El poder no basta

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El ejercicio de lo republicano, como expresión de la soberanía de la nación y aguas abajo, propio de todo pueblo o comunidad organizada reclama de legitimidad, mientras no se simule la libertad. Su hilo de Ariadna es la confianza, que se gana y no se compra ni se puede transar en los altares profanos del poder y de sus burócratas, gobernantes u opositores. Por lo que, a este, en la verdadera democracia, le preceden esas instituciones invisibles a la vez que muy reales. La confianza es la fuente de la legitimidad y el fundamento del poder en un Estado decente.

Sigo e insisto sobre esta cuestión vertebral que, según parece, no alcanzan a valorar algunos venezolanos –élites económicas y partidarias– y que es la obra de la reciprocidad y del mutuo reconocimiento de todos y por todos de la dignidad de la persona humana. Sin esta mal puede haber concordia, ni social y menos política.

El asunto viene al caso y se hace interpelante, pues veo que no se ve o no se está reparando sobre esto que es liminar, para luego avanzar hacia lo objetivo, como lo es la anunciada elección de jueces para que administren leyes sobre un territorio, el de Venezuela, en el que se encuentra ausente el imperio de lo legal. Donde crece una rabia que se vuelve odio hacia quienes simulan la normalidad política, de cara a la nación, con desprecio de sus gentes.

Lo constatable es que se está construyendo una legitimidad de utilería, por ser la consecuencia y suma de la ilegitimidad con la resurrección de una legitimidad ya remota, que nació en 2015 y falleció en 2022. Al igual que se hace despertar de su letargo, como guía, la desmaterializada Constitución Bolivariana de 1999. En momento alguno se repara en que esta fue la obra cimera de una dictadura solo interesada en asegurarse el poder perpetuo y hegemónico, abrogándola de facto una vez como hubiese perdido –como la perdió cabalmente– la confianza del pueblo al agotarse el tráfico de las ilusiones.

¿Cómo se avanza hacia la libertad o se puede imaginar una transición hacia la democracia apuntalada por regentes ilegítimos que se miran en el espejo de un texto de clara estirpe dictatorial?, es la pregunta. O ¿de qué manera obviarán sus predicados militaristas, centralizadores de toda la estructura orgánica de la república, que hace depender a la dignidad humana de todo venezolano de un objetivo preeminente, la seguridad nacional y el sostenimiento del tutelaje?

Si los jueces de ese bufete del poder –el Supremo Tribunal– que todavía dura 26 años desde cuando fue secuestrada la Justicia, en 1999, para darle vida a un régimen de la mentira, de simulación de la legalidad, de fraude sostenido a su propia Constitución, de ilegalidad legalmente organizada como lo diría el maestro Piero Calamandrei, los que les sustituirán en lo adelante ¿qué orden normativo administraran para que haya Justicia, es decir, para que los venezolanos alcancemos el mayor grado de libertad? ¿Se apegarán al dogma bolivariano de 1812, de 1819 y de 1826, tal y como se los ordena el artículo 1 de la resurrecta Constitución chavista?

Me explico. Los alemanes, en 1949, sobre la experiencia totalitaria y ante el daño antropológico que sufrieran bajo el nazismo, optaron por sujetar todos los principios y la organización de su arquitectura constitucional al principio supremo e imperativo de la dignidad de la persona humana (artículo 1). Entretanto, el pórtico de la nuestra reza, claramente, que su fundamento y el eje para la interpretación de sus normas es “la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”; sobre esta se han de afincar nuestro “patrimonio moral y sus valores” (artículo 1). ¿Cuál de sus versiones asumirán nuestros jueces?

En Cartagena de Indias Bolívar maldijo nuestra fundación, la de 1811, para sostener –hoy lo repiten desde USA– que “los sudamericanos no están preparados para la democracia”, pues somos “pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos”. Ante el Congreso de Angostura declaró luego que, “si el Senado en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra República”. Y en su prédica ante los bolivianos, al dictarles su Constitución, prescribió que “el presidente de la República nombra al vicepresidente para que administre el Estado y le suceda en el mando… [tal como ocurrió con Maduro Moros], y así se evitan las elecciones que producen el grande azote de las repúblicas, la anarquía, que es el lujo de la tiranía y el peligro más inmediato y más terrible de los gobiernos populares”.

Pero dejemos a la vera las preguntas del caso, que apenas formulo y me las hago a diario como provocación intelectual. Volvamos a lo vertebral, al limen, a lo previo por sobre el voluntarismo desembozado y el poder arbitrario sin auctoritas que, en el ahora, intenta arropar a nuestra nación, a la venezolana, todavía desmembrada.

No olvidemos que el 30 % de los venezolanos, mediando el dolor de nuestras familias, las que permanecen en la casa común que nos fue embargada el pasado 3 de enero, permanecemos como los pasajeros de un barco al que aún no se le permite atracar en puerto seguro. El que lo haga ha de hacerlo bajo riesgo propio, sin quejarse. Por lo que viene a la memoria y en su ejemplaridad el caso de los 251 judíos que vagaran por las costas europeas y caribeñas a bordo del SS Caribia y el SS Königstein, en 1939. Eran tratados como indeseables – sin TPS que les auxiliara – y, al cabo, los acogieron el presidente de Venezuela, Eleazar López Contreras y su esposa. Este, por lo visto, sí entendía el significado de una transición auténtica hacia la libertad, como la que condujo al término de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez.

Creo haber dicho en otra oportunidad que la libertad nos fue menguada a los venezolanos a lo largo de nuestra historia, o ha sido intersticio, como lo decía Rómulo Betancourt, y desde el instante en que otros asumieron resolver por nosotros sobre nuestro futuro. El positivismo de inicios del siglo XX –Vallenilla Lanz dixit– dando cuenta de nuestro siglo XIX y del primer tramo del siglo que le sigue, describía bien al gendarme necesario, al César democrático. ¡Y es que todos compramos la tesis bolivariana del pueblo desvalido, urgido de ayudas, incapaz de valerse por sí mismo! Así, incluso durante la democracia civil que se nos desparrama y vuelve liquidez en 1998, renunciamos a ejercer nuestra ciudadanía. Aún repetíamos que la política era el oficio vil que solo pueden asumir políticos viles y de oficio, expertos en vilezas, generosos en traiciones.

De modo que, si la libertad nos ha sido una quimera, lo real es que también hemos perdido la soberanía, aquello de lo que tanto se ufanaba El Libertador y que confió a un Ejército hoy integrado por fantasmas. Y esa pérdida se consumó desde 2004, cuando Hugo Chávez le encomienda a La Habana salvarle del referéndum revocatorio que le amenazaba. Le hizo entrega a Fidel Castro del control de nuestra identidad y su documentación. Luego la mineraliza, a partir de 2012, cuando por exigencia de este y ya moribundo, hace buena la tesis “boliviana” de la sucesión en cabeza de su vicepresidente.

Pierre Rosanvallon, lúcido estudioso francés de la democracia, discurre sobre algo que no es especulativo y puedo graficar con un ejemplo, a la manera de otra pregunta: ¿La mesa, el mecanismo que dispone, así sea por delegación y bajo órdenes extranjeras, sobre la mal llamada transición nuestra, ejerce alguna autoridad o auctoritas o usa del poder fáctico y lo comparte? Insisto en decir que la cuestión no es retórica.

Resolver acerca de este dilema o drama será determinante para saber si en Venezuela transitamos, incluso con rezago, hacia un destino cierto de libertad. ¿Nos moldea la auctoritas democrática norteamericana o una procaz lógica de poder o potestas? El ideario bolivariano encuadra dentro de esta última perspectiva. El de nuestros padres fundadores de levita, los de 1811 y de 1959, encontró su horma en los predios de la confianza y de la legitimidad que solo esta puede nutrir.

Una primera consideración es pertinente para resolver en cuanto a la autoridad a ser ejercida sobre y por los venezolanos, pues es una noción que muchos confunden con el poder y su detentación por políticos de oficio. La autoridad o auctoritas responde a una etiología distinta, es la moral, la de quienes aceptan solo la autoridad de aquél en quien confían por haberse ganado la confianza; por lo que bajo su instancia la misma gente se moviliza y la acata. “La autoridad excluye el uso de medios exteriores de coerción”, escribía Hanna Arendt.

Esto nos lo ilustra sobradamente el caso reciente de esa familiar de las víctimas del doble terremoto en La Guaira ante la presencia de soldados portando armas y a los que desafió. Les reclamó ponerlas de lado. Les gritó hacerse de picos y de palas, para que ayudasen en los rescates de los muertos moviendo escombros. Pero permanecieron al margen, en silencio, con las miradas perdidas, confundidos, como ánimas en pena. El poder de sus armas era inocuo y vano ante la pérdida de la autoridad moral de su institución, del régimen de oprobio al que siguen sirviendo e igualmente les esclaviza.

Gustave Le Bon, en su psicología de las masas dice, por ende, sobre la necesidad, en democracia, si se aspira a vivirla y no solo a respetarla, de avanzar más allá de los mercaderes del poder. Ir al encuentro del maestro y de su modelo o ejemplaridad, cuyas cualidades naturales y eminentes sirven de guía espontánea; de virtudes reconocidas por las masas, que no necesitan siquiera de habla ni de que se las hable pues son evidentes. No reclaman de ser inducidas por cantos de sirena, pues la confianza, en efecto, es algo invisible, solo visible para quienes tienen alma.

El general De Gaulle recomendaba organizar a los ciudadanos –a través del ejercicio de la autoridad o auctoritas como institución distinta del autoritarismo– creándoles orden y dirección como en una guerra, decía; pero en la que las armas son otras, a saber, el libre discernimiento como constructor de lazos de confianza, el sufragio, el voto y la papeleta que eligen, como fuentes formales de la legitimidad.

En esta línea, la postergación de tal desafío en Venezuela, creyéndose que todo se podrá resolver con la sola ocupación de espacios dentro de la burocracia de un Estado sin columnas, a primera vista indica que podríamos avanzar sobre dos caminos viciosos y convergentes. Uno, la profundización de la desconfianza, y de la anomia que fomenta, y dos, la vuelta del poder a su cauce autoritario; como mecanismos para someter a las masas que no responden.

Si ello es así y si así se sostiene la trama que impulsan los emisarios de la Casa Blanca como actores de reparto, ocupantes de las sillas en la mesa de diálogo instalada en Caracas, más pronto que tarde buscará regresar por sus fueros el terror. Mas, enhorabuena, con una grave desventaja para quienes se monten sobre el plató del fingimiento republicano. Pasados los terremotos, las víctimas le han puesto un rostro al miedo y le han arrancado sus caretas. Le han perdido miedo al miedo.

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Cinco hechos que demuestran la omnipresencia de Estados Unidos en Venezuela durante la última semana 

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Sin querer queriendo como dijo esta semana el exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y excandidato presidencial, Enrique Márquez, esta semana, “Estados Unidos es el mejor aliado que puede tener Venezuela”.

Después de escuchar frases escatológicas del fallecido presidente Hugo Chávez como “Yanquis de mierda vayanse al carajo” o de ser testigo por más de dos décadas de un discurso supuestamente antiimperialista, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha hecho más concesiones a Estados Unidos en siete meses de las que cualquier venezolano pudo haberse imaginado antes de la extracción de Nicolas Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Aquí van algunas de las concesiones que de seguro no le agradan al llamado chavismo originario:  

Hanke para terminar de dolarizar 

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encargó de desmentirlo ayer y que el país camina al ritmo del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y también del paralelo, el medio estadounidense Fortune publicó que parlamentarios chavistas designaron al economista estadounidense Steve Hanke, conocido como el “médico del dinero”, como asesor especial en asuntos económicos, monetarios y energéticos de Venezuela. 

De acuerdo a la publicación la misión del profesor de la Universidad Johns Hopkins será la de dolarizar al país y eliminar el bolívar, considerado por varios expertos la razón de la constante inflación en la nación. 

El medio estadounidense también asomó la posibilidad de que Hanke recomiende el cierre del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo al medio especializado en economía, la inflación anual en Venezuela se ubica actualmente en torno al 400 %, equivalente a un aumento semanal de precios de alrededor del 8 % en productos de la canasta básica y servicios.

En su campaña electoral, el ahora diputado Antonio Ecarri presentó un proyecto de ley que contó con la asesoría de Hanke para supuestamente recuperar la economía. 

Maquinarias para La Guaira 

En vista de que Venezuela adolece de suministros suficientes para atender emergencias y que hubo denuncias de negligencia en el auxilio a las víctimas por parte del Estado, el gobierno de Estados Unidos entregó 20 maquinarias pesadas para remover los escombros producto de los terremotos del pasado 24 de junio. 

“Estas máquinas permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de forma rápida y segura en zonas de difícil acceso”, dijo el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett.

Barrett agregó que las máquinas teleoperadas fueron entregadas en coordinación con la empresa estadounidense TFI Solutions.

De acuerdo a Oliver Blanco, vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, los equipos de alta tecnología fueron donados en préstamo por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Millones para el sistema 

Apenas esta semana, la cuenta en X de la embajada de Estados Unidos anunció la entrega de 57 millones de dólares en subvenciones al Sistema de Orquestas.

De acuerdo a la vocería de la sede diplomática, la ayuda se hizo en colaboración con el Congreso de Estados Unidos e irá destinada a la conclusión de un Centro de Formación Docente de 18000 metros cuadrados.      

“Esta inversión contribuirá a revitalizar esta institución clave y respaldará programas educativos y culturales en Venezuela. Seguimos comprometidos con la recuperación a largo plazo y la estabilización económica del país bajo el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio”, expuso el comunicado.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros juveniles e infantiles de Venezuela es un programa social creado en 1975 por el fallecido músico, José Antonio Abreu, y su objetivo es beneficiar a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos. 

Pacto entre SLB y Pdvsa 

La embajada también anunció que las multinacionales petroleras SLB (antiguamente Schlumberger) y Hunt Oil Company firmaron un acuerdo con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

“El contrato busca modernizar la exploración y producción venezolana mediante tecnología de vanguardia y herramientas de datos más inteligentes. Bajo el plan de tres fases de Trump y Rubio, la alianza impulsa la eficiencia y promueve un desempeño más confiable en el sector de petróleo y gas”, escribió la embajada sobre el acuerdo con SLB.

Antes de sellar el pacto, ambas compañías habían firmado un memorando en el que se comprometían a abogar por la transformación digital del sector de petróleo y gas de Venezuela.

Hicieron hincapié en que la colaboración entre Pdvsa y ambas compañías persigue fortalecer la ejecución operativa y promover el desarrollo sostenible de los recursos de hidrocarburos venezolanos. 

Expusieron que otro elemento importante a desarrollar es el capital humano “para contribuir a la expansión de la experiencia local y la capacidad técnica”. 

Asesoría bancaria 

La embajada de Estados Unidos también informó apenas este viernes 21 de agosto que el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras instituciones recibieron una capacitación en prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias con el apoyo del Departamento de Estado.

“Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la integración de Venezuela a las mejores prácticas globales”, indicó la delegación en su cuenta de X.

En abril de este año el Gobierno estadounidense levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al BCV. La medida, que fue anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluyó al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco de Tesoro. 

De acuerdo al BCV, los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela contrataron firmas auditoras para garantizar la “tranquilidad e imparcialidad de todos en cuanto al uso de los recursos financieros”. 

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país