La complementariedad que alega el fiscal ante la CPI –el agotamiento previo de los recursos judiciales dentro de cada Estado– no procede donde ha desaparecido el Estado de derecho
Vuelvo a mi columna anterior –El sueño de la razón y las polaridades– a objeto de retomar con sentido práctico, basado en la experiencia reciente, mis explicaciones sobre el dominio del absurdo en Occidente; como cuando el embajador portugués en Caracas, cuyo nombre me es irrelevante, pide mantener las distancias entre el régimen represor de Nicolás Maduro, acusado junto a su cadena de mando de crímenes de lesa humanidad, y sus víctimas, es decir, el pueblo venezolano que votó el 28J para elegir otro rumbo en libertad, cuya soberanía popular ha sido pisoteada a mansalva.
O, como cuando la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional le dice al sátrapa venezolano y ante los Estados parte del Estatuto de Roma que: “La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”. En pocas palabras, dirigiéndose a los gobiernos que le han intimado por su retraso, responde y le dice a Maduro, casi, que se apresure; pues su tiempo para seguir cometiendo crímenes se le agota, y que él como fiscal que le observa se está cansando, esperando que cumpla lo pactado.
Y no especulo. Leo en el informe “Política de complementariedad y cooperación” de la Fiscalía, de abril de 2024, estos dos párrafos más que decidores: “En el contexto de sus actividades en la situación en Venezuela, por ejemplo, el Gobierno de Venezuela ha dado buena acogida a esa coordinación y ha trabajado tanto con la Fiscalía como con la ACNUDH para fomentar las condiciones que permitan una administración de justicia genuina y eficaz”. “El rumbo que la Fiscalía ha trazado en Venezuela procura transformar la tensión que podría ponerse de manifiesto entre los principios de asociación y de vigilancia, aprovechando la posibilidad de unas líneas de actividad que se refuercen mutuamente. A medida que la Fiscalía vaya avanzando en estas dos vías de actividades, continuará afirmando su jurisdicción ante la CPI hasta que llegue a considerar que Venezuela puede cumplir eficazmente con sus obligaciones”.
Grande sorpresa, pues y por lo visto. El fiscal cree, tanto como la oposición funcional venezolana, que el régimen de Maduro es redimible y hasta puede volverse bueno. Que solo cabe esperar, hasta que cese el mal absoluto que le apresa, por medio de una entente civilizada con este, con espíritu de tolerancia.
Al especular sobre esto –al opinar, que es un derecho sin derecho a réplica, salvo que alguien opine distinto y lo haga público– apunto a dos hipótesis plausibles:
una, que el fiscal y el gobierno portugués vean de inevitable al régimen de Maduro, estimándole como suerte de dictador norcoreano y militarmente potente e insustituible; dado lo cual solo cabe contenerlo dentro de algunos límites, como lo hiciese en su momento Donald Trump con Kim Jong-un.
La otra, que la prefiero y es verificable, es la incidencia normalizadora de las violaciones de derechos humanos por parte de los gobiernos de izquierda, impulsada por la Galaxia Rosa del progresismo. Buscan salvar a sus asociados del degredo e impedir la emergencia de liderazgos democráticos distintos y a secas, a los que tachan de fascistas y representantes de la derecha imperial.
Así, en esa suma que reúne a dictaduras del siglo XXI con autoritarismos desembozados, e izquierdas democráticas –algunas enquistadas en la burocracia de la Unión Europea– las últimas, sobre los anteriores, buscan ralentizar los atentados abiertos a los derechos humanos solo para evitar su desbordamiento, mientras se negocia con el victimario puertas adentro.
Lo hacen con el régimen de Maduro los gobernantes de Brasil, Colombia y México. Tratan de mantener al aliado criminal dentro del sistema de “simulación” de la democracia y evitar que se coloque fuera del mismo, para que todos a uno conserven sus poderes de mando y se sigan beneficiando del capitalismo salvaje y desregulado imperante en Venezuela. Así de simple.
La falla estructural, al cabo, es una. De allí, repito, el dominio del absurdo que nos escandaliza al común. Como cuando el diplomático portugués, muy próximo al régimen –lo que se debe entender, pues recién le acreditan ante este para que sea lazo de comunicación de su gobierno– yerra al hacer pública su visión: la equidistancia. Es tibio, en efecto, como lo es el gobierno que representa y es minoritario, por lo que su primer ministro, Luis Montenegro, de centro derecha, cultiva el sincretismo: dice que no gobernará ni con izquierdas ni con derechas. Deja de lado la enseñanza apocalíptica, o frío o calor, pues tibio se vomita.
Pienso, pues, en los juicios de Nuremberg, que resolvieron sin ambages sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos bajo el nazismo –investigaron y juzgaron en cuatro años, 1945/1949– por ser contestes ante lo que priva y ha de ser preferido sobre la totalidad y las partes, el respeto a la dignidad de la persona humana. Esto lo olvida el gobierno portugués, no su embajador. Pero esto lo olvida, para peor, el fiscal ante La Haya.
La complementariedad que alega –léase también, el agotamiento previo de los recursos judiciales dentro de cada Estado– no procede allí donde ha desaparecido el Estado de derecho, como en Venezuela. La doctrina es terminante, al efecto. Y la desmaterialización jurídica y judicial en Venezuela ha sido confirmada, de manera suficiente, por Naciones Unidas y la OEA.
De allí que, en mi precedente columna, haya dicho sobre “la pérdida de toda relación de lo humano en Occidente con la Esencia de las esencias… Ha cedido la tensión funcional entre los extremos necesarios que giran sin control, y deshacen vínculos como rompen, en lo humano, el valor gregario de los afectos y de la solidaridad en el dolor. Y ese equilibrio mal puede restablecerse, lo señalé, mediante transacciones entre partes o polaridades, como si pudiese concebirse una tregua entre la bondad y la maldad, entre el buen vivir a costa de todos y la vida buena para uno junto a los otros.”
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