Las intensas precipitaciones registradas la tarde y noche de este sábado 25 de julio provocaron diversas afectaciones en el territorio nacional. Entre los hechos más graves se reporta el impacto de un rayo en las inmediaciones del aeropuerto en Valencia, estado Carabobo, e inundaciones y deslizamientos de tierra en la región capital.
Durante una fuerte tormenta eléctrica en Valencia, se conoció que un rayo impactó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. El hecho causó lesiones a por lo menos nueve personas.
Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia acudieron rápidamente al lugar para atender la contingencia y brindar los primeros auxilios, según difundió el medio Notitarde. Reportes preliminares de periodistas locales indican que entre los heridos se encuentran cuatro funcionarios de la Guardia Nacional y cuatro civiles, quienes fueron trasladados de emergencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera para recibir atención médica.
Inundaciones y colapso vial en la capital
En Caracas, que este sábado celebra su 459 aniversario, fuertes precipitaciones causaron anegaciones, principalmente en el oeste. En la parroquia Antímano, usuarios de redes sociales documentaron cómo la corriente de agua que bajaba de las zonas altas arrastró varias motos y obligó a los conductores a paralizar el tránsito por el riesgo del caudal.
ESTO OCURRIÓ LA TARDE DEL SÁBADO 25 DE JULIO. BARRIO SANTA ANA, CARAPITA, ANTÍMANO: No se trató de quebradas obstruidas por basura. En los barrios no hay alcantarillas subterráneas ni torrenteras superficiales para la escorrentía de aguas de lluvia. LAS CALLES SE VUELVEN RIOS,… pic.twitter.com/qeWUcfAPL6
— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) July 26, 2026
#25Jul#Caracas#Lluvias Este sábado 25 de julio, una fuerte lluvia en KM1 de la carretera del Junquito ocasionó inundaciones y corrientes que arrastraron barro y piedras, dificultando el tránsito en la zona. – Noticia058 pic.twitter.com/qfF0hyv89F
También se registraron pequeños derrumbes y grandes lagunas a lo largo de la autopista Caracas-La Guaira, reseñó Globovisión, lo que causó retrasos e inconvenientes en el tráfico. Hasta el momento de esta publicación no se reportaron víctimas fatales ni viviendas afectadas en la zona metropolitana.
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a las 8:55 p. m., persisten zonas nubladas que generan precipitaciones variables, algunas con descargas eléctricas, en partes de *nuestra Guayana Esequiba, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, oeste de Barinas, Apure, Guárico, norte de Cojedes, noreste de Portuguesa, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, oeste de Falcón, Zulia, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un mes después de los terremotos de gran magnitud que afectaron a Venezuela, Cecodap y la Agencia PANA registraron 1405 casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de la emergencia. La cifra se obtuvo mediante la verificación de reportes públicos, y representa un piso de documentación ante la ausencia de un parte oficial desagregado por edades por parte del Estado.
Según el informe, la mayor proporción de los casos identificados corresponde a 437 NNA heridos (31,10 %) y 273 desaparecidos (19,43 %). Además, se registraron 233 menores de edad bajo la condición de desplazamiento interno (16,58 %) y 221 fallecidos (15,73 %). Los niños y niñas de 0 a 11 años representan el grupo más afectado, y concentran la mitad de los casos totales y la mayoría de las muertes documentadas.
Geográficamente, el estado La Guaira concentra la inmensa mayoría de los casos críticos, con 1052 de los NNA afectados, lo que equivale a casi el 90 % del total. En esta entidad costera se contabilizan 397 heridos, 267 desaparecidos y 207 fallecidos. Por su parte, estados como Sucre, Anzoátegui y Yaracuy se han convertido en los principales destinos de acogida para las familias desplazadas.
El estudio saca a la luz graves irregularidades en los procesos de búsqueda y protección, como la difusión de afiches digitales con datos inexactos o incompletos y casos de falsas identificaciones de rescate. Asimismo, se documentaron 32 niños, niñas y adolescentes que quedaron separados de sus familias y actualmente se encuentran bajo el resguardo de entidades de atención o del Estado en Carabobo, Guayana y Caracas, lo que evidencia la urgencia de priorizar la reubicación con familiares extendidos.
Cecodap exhortó a fortalecer los registros oficiales, garantizar la salud mental y mantener la búsqueda activa de los desaparecidos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mientras Venezuela continúa enfrentando los embates del doblete sísmico del pasado 24 de junio, desde la sociedad civil han surgido iniciativas que buscan atender las necesidades de los afectados, en un contexto en el que la respuesta oficial no logra cubrir todos los frentes.
A un mes de los terremotos, el país sigue convaleciente en medio de una profunda crisis económica que data de varios años; aun en ese escenario, la organización comunitaria y el esfuerzo voluntario se activaron con rapidez para apoyar a los afectados por el peor desastre natural de la historia reciente del país.
De la misma manera en que las ondas sísmicas afectaron a 856 edificaciones y produjeron el colapso total de otras 190, así de inmediata y expansiva fue la respuesta humanitaria de la sociedad civil, con iniciativas que van desde la fabricación de literas y la confección de ropa interior, hasta la atención estética en hospitales y refugios.
Literas desde Barquisimeto
Los impactantes videos de la destrucción que generaron los dos terremotos en La Guaira circularon con rapidez por todo el país despertaron una inmediata y contundente reacción de solidaridad desde varios estados del país.
En la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a unos 365 kilómetros de la capital, una familia que durante décadas se ha dedicado a la fabricación de santamarias utilizó su taller para producir literas desarmables para los refugiados de La Guaira.
Los López al ver la magnitud del desastre pensaron rápidamente en que algo tenían que hacer para ayudar desde la distancia.
“Mi padre fue el de la idea. Dijo: ‘¿Qué podemos hacer desde aquí?’. Y se le ocurrió la idea de las literas para que los afectados pudieran dormir más cómodos. Así empezamos a armar las primeras literas con el material que teníamos en el taller”, relató Jesús.
Lo que comenzó como una iniciativa familiar, rápidamente, en cuestión de horas, se convirtió en un gran movimiento comunitario: vecinos y voluntarios de otras ciudades se sumaron para ayudar en la fabricación de las literas.
“Niños venían a pintar, señoras hacían café y preparaban arepas para los trabajadores. Gente de Morón, Acarigua y Barinas se quedan a dormir afuera del taller para no perder tiempo regresando a sus casas”, detalló.
Durante 2 semanas la empresa de la familia López permaneció abierta las 24 horas del día. Cuando se les agotó el material recibieron donativos de tubos, electrodos, discos de corte, tornillos y otros materiales.
Este viernes, 24 de julio, a un mes de la tragedia, la familia López informó a través de sus redes sociales que alcanzaron la meta que se habían propuesto desde el principio de entregar 500 literas —equivalentes a mil camas— en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En vista de que las morgues de la capital y La Guaira estaban colapsadas, una empresa vecina del taller de la familia López se sumó para ayudar en la emergencia fabricando ataúdes, un gesto que permitió brindar una sepultura digna a las víctimas de los terremotos.
Ropa interior y kits de higiene
Ari Duarte tuvo que armar, por segunda vez en lo que va de 2026, un bolso de emergencia y abandonar su casa. La primera ocurrió el 3 de enero, cuando la situación en su zona —muy cerca de Fuerte Tiuna— lo obligó a resguardarse en otro sitio. La segunda, el 24 de junio, tras el doble terremoto. En aquella primera salida, Ari olvidó por completo llevar ropa interior. De esa mínima omisión nació una iniciativa que hoy produce ropa interior para familias afectadas por el doblete sísmico.
“Cuando pasa una emergencia como esta, nadie piensa en llevar ropa interior. Uno piensa en salvar su vida, pero una vez a salvo el tema de la ropa interior se complica porque es algo muy personal”, comentó Ari.
Duarte y los Basiliscos, una comunidad de juegos de mesa de la que forma parte, se organizaron rápidamente para responder a una necesidad que nadie estaba atendiendo: ropa interior para las personas que lo perdieron todo.
Ari empezó con telas que tenía en su casa, pero, con el paso de las horas, a la iniciativa se sumaron costureros, ilustradoras, vecinos, freelancers y agrupaciones como Tijeras de Plata, quienes además de confeccionar ropa infantil y cobijas, realizaron más de mil bolsas mortuorias para las víctimas de La Guaira.
Hasta el momento, el grupo ha confeccionado más de 750 piezas distribuidas en kits que contienen entre 2 y 3 piezas por persona. En el caso de los sets para mujeres, cuando es posible, incluyen también toallas sanitarias.
Ari y su grupo han llevado su ayuda a campamentos adyacentes al Panteón Nacional, al Hospital Vargas, a la avenida Baralt, a zonas cercanas al Ministerio de Educación y a La Guaira. En algunos sectores, especialmente en Los Corales, enfrentaron restricciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
Peluquería solidaria
Otra iniciativa solidaria nació en la peluquería Rulos de Venezuela, ubicada en Chacao. Allí, Paulette Abdallah, su directora, decidió activar jornadas de atención estética para pacientes hospitalizados y personas en refugios. Su motivación surgió de una trayectoria previa de voluntariado en comunidades afrodescendientes y de bajos recursos.
El 1 de julio, Paulette y un pequeño grupo de estilistas acudieron al Hospital Pérez Carreño, donde atendieron a pacientes que llevaban días sin poder lavarse o desenredarse el cabello.
“Había personas con tres cirugías encima y todavía con escombros y tierra en el cabello. Para nosotros atenderlos con cariño, desenredarles, hacerles algún corte o unas trenzas también es ayudarlos con su proceso de recuperación, porque para el venezolano es muy importante estar al día con su imagen”, dijo.
El trabajo de Rulos se viralizó rápidamente en redes sociales y el apoyo se hizo masivo. Paulette contó que llegaron más lavacabezas, champús, acondicionadores y voluntarios.
Desde entonces han atendido a más de 200 personas en hospitales y refugios, como el Domingo Luciani, el refugio de Naiguatá, comunidades en Baruta, Catia La Mar, y han hecho jornadas especiales para rescatistas y médicos organizadas junto con la Cruz Roja.
El objetivo de Paulette y su equipo ahora es sostener las jornadas durante los próximos seis meses y llegar a comunidades costeras que aún no han recibido apoyo.
Hospital de peluches
A través de las redes sociales también han surgido otras iniciativas que han ayudado a aliviar la situación de los afectados, especialmente la de miles de niños que perdieron sus juguetes.
Por esta razón, el Hospital de Peluches ha entregado peluches y kits de apego a los niños que perdieron sus juguetes durante los terremotos, un gesto que busca ofrecer contención en medio del trauma y devolverles una mínima sensación de seguridad.
El equipo trabaja desde varios puntos del país, articulando voluntarios que colaboran desde sus casas en la elaboración de tarjetas, etiquetas y materiales que acompañan cada peluche.
Así como estas iniciativas que nacieron de la más profunda solidaridad del venezolano, existen muchas otras que se han dedicado a ayudar a los afectados, lo que demuestra la gran capacidad de la sociedad civil para organizarse cuando las estructuras oficiales fallan.
Cada esfuerzo, distinto en forma pero con el mismo propósito, ha demostrado que, frente a la emergencia, fueron los ciudadanos quienes sostuvieron a todos los afectados los primeros días de la emergencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A un mes del doblete sísmico en Venezuela, la ONG chilena Techo inició una campaña internacional de recaudación de fondos para apoyar en el proceso de reconstrucción del país.
La organización, que tiene presencia en 18 países de la región, llamó a la iniciativa “Unidos por Venezuela”. Su objetivo es construir módulos de instalación rápida para las personas que se encuentran a la intemperie, y entregar suministros para reparar viviendas con daños estructurales.
“Venezuela está atravesando una emergencia que dejó consecuencias devastadoras y es fundamental actuar con decisión. Esta campaña busca movilizar voluntades para cambiar esa realidad y transformar la solidaridad en acción”, indicó en un comunicado el CEO de Techo, Juan José Ayerza. En la página web de la organización está disponible una sección para quienes deseen realizar donaciones.
La emergencia por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ya contabiliza casi 5400 muertos, al menos 16 740 heridos y cerca de 18 000 personas sin vivienda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este viernes 24 de julio que en Venezuela “no están realmente preparados aún” para realizar unas elecciones. Sin embargo, aseguró que ha habido “mucho progreso” en el proceso de transición.
“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas aún. Pero ha habido mucho progreso”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Luego dijo que algún día el país estaría listo para unos comicios.
El mandatario aprovechó la ocasión para decir que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha hecho “un trabajo fantástico”, especialmente en lo que al sector petrolero se refiere. Aseguró que el país está generando una cantidad de dinero como nunca lo había hecho y que EE. UU. se estaría llevando también una buena parte.
Rodríguez cumple casi siete meses como mandataria con el aval de Washington, luego de que el 3 de enero pasado fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Actualmente ambos enfrentan cargos por múltiples delitos, incluido narcotráfico, en un tribunal de Nueva York.
La semana pasada, la Asamblea Nacional y un sector de la oposición venezolana anunciaron conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia, iniciativa respaldada por Washington.
La dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza un grupo que iniciará un proceso de diálogo con el chavismo, aseguró que la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, es “muy importante en este proceso”.
Trump, por su parte, hizo énfasis en la necesidad de reconstruir el país antes de avanzar hacia unas elecciones, priorizando la estabilización institucional y económica.
"Donald Trump" es tendencia por sus declaraciones sobre las elecciones en Venezuela:
“Aún no están realmente preparados para eso. Pero ha habido un progreso enorme hasta el momento, Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”. pic.twitter.com/1N4VuyHJ9U
— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 25, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Habitantes del sector Playa Grande, en La Guaira, alertaron la mañana de este sábado, 25 de julio, que funcionarios del Estado trancaron el acceso vehicular a la calle 6 norte y desalojaron el sector, presuntamente porque prevén demoler los edificios Samantha y Costa Dorada, afectados por los terremotos de hace un mes en el país.
Una de las residentes de la zona, que pidió no ser identificada por temor a represalias, contó a Runrun.es que el martes 21 de julio el alcalde José Manuel Suárez visitó Playa Grande para informar que debían demoler ambas estructuras colapsadas parcialmente tras el doblete sísmico, hecho del que quedó constancia en un acta firmada por vecinos.
Sin embargo, residentes del sector denuncian que el procedimiento ha sido opaco y desconocen si hay riesgos para los edificios en los alrededores que presentaron daños menores.
Vecinos preocupados
La fuente indicó que en los escombros de las infraestructuras que colapsaron aún hay cadáveres de personas que quedaron tapiadas y que sus familiares desean recuperar para darles santa sepultura.
Por otro lado, les preocupa que hay otras residencias aledañas que se mantienen en pie, de donde sus habitantes no han podido sacar sus pertenencias y objetos de valor. Este sábado, funcionarios del Estado retiraron a vigilantes privados de varias residencias. “No sabemos qué fiesta van a hacer ahí con lo que nos queda”, dijo.
Este sábado en la calle 6 se observaron funcionarios que en la parte de atrás de sus camisas tenían escrito “explosivos”. En el operativo estarían involucrados personal de la Alcaldía, de la Oficina de Catastro, miembros de la Guardia Nacional, entre otros. Los habitantes de la zona exigen “que el procedimiento no se haga de manera arbitraria” y pidieron realizar una reunión con las autoridades encargadas.
Tras un encuentro con las autoridades, a la 1:00 p. m. les informaron que pospondrían la demolición. Esto debido a que los vecinos informaron que en la zona aún había familiares a la espera de recuperar los restos de sus seres queridos de entre los escombros.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los gobiernos de Perú y Venezuela anunciaron este 24 de julio el inicio de un proceso progresivo para la reanudación integral de sus relaciones bilaterales. Como primer paso, acordaron la reactivación de las oficinas consulares con el propósito inmediato de garantizar la atención, documentación y protección legal de sus ciudadanos.
El vínculo diplomático entre ambos países se fracturó el 31 de julio de 2024, cuando el Gobierno venezolano decretó la ruptura de relaciones tras el desconocimiento de los resultados electorales por parte de la Cancillería peruana y su posterior reconocimiento al opositor Edmundo González Urrutia. La medida implicó la salida del personal diplomático y la paralización de las sedes consulares en Lima y Caracas.
En respuesta, el Gobierno venezolano calificó la postura de “injerencista”. Entonces, decretó la ruptura de relaciones y ordenó el retiro del personal diplomático peruano.
Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Perú alberga a cerca de 1,63 millones de venezolanos, lo que lo posiciona como el segundo principal destino de esta migración en el mundo. Por su parte, la comunidad peruana en Venezuela abarca unos 35 000 ciudadanos, de acuerdo con estimaciones consulares.
La apertura de los consulados busca destrabar la expedición de pasaportes, visados y registros civiles paralizados durante dos años. El anuncio se produce mientras Perú se prepara para la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta electa. Durante su campaña, la funcionaria recibió el respaldo de parte de la oposición venezolana.
“Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y a Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y nuestra región”, señalaron en un comunicado.
Los gobiernos de la República del Perú y de la República Bolivariana de Venezuela tienen a bien informar que han decidido iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales 🇻🇪🇵🇪 pic.twitter.com/o4088mA8WZ
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los movimientos telúricosque sacudieron a Venezuela hace un mes provocaron la muerte de más de 5000 personas, ocasionaron el desplazamiento de miles de familias y profundizaron la crisis humanitaria. Las ondas sísmicas derrumbaron estructuras de concreto en La Guaira, Caracas y otros 5 estados. Al mismo tiempo, sobre una infraestructura mucho menos visible —la del acceso a la información— empezaron a abrirse nuevas grietas. El silencio oficial, la censura y la intimidación contra periodistas se convirtieron en otra de las réplicas de la tragedia.
Los terremotos encontraron a Venezuela con una libertad de información ya colapsada. Desde agosto de 2024 la red social X permanecía bloqueada en el país y más de 90 portales informativos seguían enfrentando restricciones de acceso, lo que limitaba ya el flujo de información independiente precisamente cuando la población más la necesitaba.
Durante las horas posteriores al desastre, miles de ciudadanos reclamaron el levantamiento inmediato de esos bloqueos. Bajo la etiqueta #ConatelDesbloqueaYA, usuarios exigieron recuperar el acceso a X y a los medios digitales para compartir reportes sobre personas desaparecidas, edificios comprometidos, vías obstruidas y necesidades urgentes en las zonas afectadas.
Algunos usuarios reportaron que las principales operadoras comenzaron a retirar las restricciones para acceder a X, pero el levantamiento del bloqueo ha presentado fallas, interrupciones y un comportamiento inestable según la región y el proveedor de internet, por lo que múltiples usuarios continúan quejándose de dificultades de acceso.
Mientras rescatistas, bomberos y voluntarios removían escombros para buscar sobrevivientes, las restricciones a la cobertura periodística también empezaban a multiplicarse. Las primeras horas de la emergencia dejaron claro que informar también se convertiría en un terreno de disputa.
El mismo 24 de junio, mientras transmitía en vivo desde una de las zonas afectadas por el colapso de edificaciones en Caracas, el locutor Gabriel Tinoco fue amenazado por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según documentó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), el funcionario, quien se identificó como el comisario Robinson Navarro, le exigió abandonar el lugar y lo amenazó con trasladarlo a la sede del organismo. Además, intentó interrumpir la transmisión lanzando un manotazo contra el teléfono celular con el que realizaba el reporte.
Al día siguiente, el 25 de junio, las restricciones dejaron de ser un hecho aislado. Durante la cobertura del colapso del edificio Moisés, en San Bernardino, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) obstaculizaron el trabajo del equipo de Runrun.es. Los efectivos obligaron a los periodistas a apagar las cámaras e intentaron borrar el material registrado. En el lugar también fueron censurados otros medios independientes. Mientras tanto, el único equipo autorizado para realizar tomas aéreas fue un dron perteneciente al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
#25Jun | Efectivos de la PNB y la GNB obstaculizan la cobertura de los medios de comunicación en el edificio Moisés de San Bernardino. Pidieron que apagaran las cámaras y pretendieron borrar las imágenes tomadas. Solo permitieron que permaneciera un dron de VTV pic.twitter.com/0ektFyCoGd
El pasado 28 de junio de 2026 una reportera deRunrun.es acudió a las inmediaciones del edificio Don Pepe, en la urbanización Bello Campo (Caracas), para documentar el estatus de los daños de esa infraestructura parcialmente colapsada. Dos funcionarios la abordaron.
“Uno de ellos vestía uniforme militar (diría que era de la Guardia Nacional Bolivariana) y estaba acompañado por otro ciudadano, cuyo cuerpo de seguridad no puedo precisar. El primer funcionario exigió que borrara un material audiovisual que yo había grabado previamente, argumentando que en el video algunos efectivos aparecían sentados y que esto ‘daba una mala imagen a la institución’. Ante mi negativa de eliminar el material, los funcionarios me pidieron que les suministrara mi nombre completo y el nombre del medio de comunicación para el cual trabajo”, relató la afectada.
Ese mismo día, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez centralizó el acceso de la prensa a las zonas de desastre de La Guaira. La cobertura comenzó a depender de un sistema de acreditación instalado en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Periodistas, reporteros gráficos e incluso los conductores de los vehículos que los trasladaban debían registrarse antes de trasladarse al estado en emergencia. El procedimiento incluía la entrega de datos personales, la identificación del medio para el que trabajaban y el registro fotográfico de la cédula de identidad.
Paralelamente, el Ejecutivo dispuso unidades de transporte para trasladar exclusivamente a corresponsales internacionales durante al menos tres días. El mecanismo fue suspendido posteriormente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) cuestionó la medida al considerar que el Estado utilizaba argumentos “sanitarios” para limitar el ejercicio independiente del periodismo y restringir la circulación de información sobre la emergencia.
El 29 de junio, el Colegio Nacional de Periodistas advirtió públicamente sobre las trabas operativas y los actos de hostigamiento registrados durante la cobertura de los terremotos. Un día después, el balance elaborado por IPYS Venezuela confirmó que los incidentes ya respondían a un patrón.
Entre el 24 y el 30 de junio de 2026, la organización documentó al menos doce restricciones al ejercicio periodístico relacionadas con la cobertura de la emergencia. El registro incluyó cuatro impedimentos de cobertura, tres casos de hostigamiento e intimidación, el decomiso de una credencial de prensa y una medida institucional orientada a imponer censura previa sobre la tragedia.
La mayoría de los casos ocurrió en Caracas, donde funcionarios de seguridad y personal de custodia impidieron registrar los daños en edificaciones colapsadas y las labores de ayuda humanitaria en sectores como San Bernardino, Altamira y Pinto Salinas, así como en centros asistenciales como el Hospital J. M. de los Ríos y el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Las restricciones también se extendieron a La Guaira, Bolívar, Falcón y Sucre.
Aunque cada episodio presentaba particularidades, las conductas se repetían: bloqueos físicos a los equipos de prensa, intentos de interrumpir grabaciones mediante el uso de la fuerza, amenazas de detención y hostigamiento verbal por parte de funcionarios del Sebin, la GNB, la PNB y personal de custodia.
La emergencia evolucionaba; la censura, también
Lejos de disiparse con el paso de los días, las restricciones al ejercicio periodístico continuaron expandiéndose durante julio. Si la primera semana después de los terremotos estuvo marcada por episodios de intimidación dispersos, las siguientes evidenciaron un patrón de control sobre quién podía acceder a las zonas devastadas, qué podía registrar y bajo qué condiciones.
El 3 de julio de 2026, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, convocó a corresponsales internacionales para presentar un balance oficial de la emergencia. Hasta ese momento el Gobierno contabilizaba más de 2500 fallecidos. El encuentro estuvo marcado por la confrontación de los corresponsales, quienes desmintieron la narrativa oficial de un “despliegue inmediato” y denunciaron que los sobrevivientes estuvieron abandonados sin maquinarias apropiadas para el rescate durante las primeras 72 horas.
Durante su intervención, Rodríguez defendió la actuación del Estado, sostuvo que se movilizaron miles de funcionarios y desvió la responsabilidad de los derrumbes, al asegurar que el 80 % de los edificios colapsados eran de desarrollos privados. Además, culpó a “laboratorios mediáticos” por las denuncias. Las descalificaciones continuaron poco después. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó a los periodistas extranjeros como “miserables”, “malvivientes” y los acusó de recibir financiamiento externo.
Las diferencias entre el relato oficial y el trabajo de la prensa no se limitaban a la interpretación de los hechos. Comenzaban a traducirse nuevamente en obstáculos sobre el terreno. Un día después de la rueda de prensa, mientras un equipo de Runrun.es documentaba las labores de rescate en las ruinas del edificio Coral Bella, en Los Corales, la autoridad militar intentó obstaculizarla labor periodística.
Aunque funcionarios del Ministerio de Obras Públicas habían autorizado previamente el ingreso de la periodista, un militar identificado como el coronel Expósito le exigió que debía solicitar permiso y notificar formalmente a los coordinadores antes de comenzar a grabar. La reportera respondió que el acceso ya había sido autorizado y recordó que en el país no regía un estado de excepción que limitara la libre circulación o el ejercicio periodístico.
El oficial intentó presentar sus exigencias como simples “recomendaciones de coordinación”. Sin embargo, el episodio reflejó cómo, incluso allí donde trabajaban conjuntamente bomberos, Protección Civil y voluntarios, la autoridad militar terminaba condicionando el flujo de información:luego del incidente, los familiares que esperaban el rescate de las víctimas del terremoto, y que habían manifestado intención inicial de declarar, se negaron a hacerlo.
Refugios bajo control
Ese mismo día, el equipo visitó el refugio instalado en el Polideportivo José María Vargas, uno de los principales centros temporales para damnificados en La Guaira.
El coordinador del campamento aceptó facilitar entrevistas únicamente después de que periodistas y fotógrafos registraran sus nombres en un cuaderno custodiado por militares.
La lógica del control volvió a repetirse dos días más tarde. El 5 de julio, una periodista de Runrun.es intentó ingresar al refugio habilitado por el Ejecutivo en el Coliseo de La Urbina, conocido también como Coliseo de Petare, para documentar la situación de las personas damnificadas.
“A pesar de presentar debidamente mi acreditación oficial emitida por el ministerio competente para la cobertura de esta contingencia, el acceso me fue negado. Un funcionario que se identificó como parte de la Alcaldía de Sucre impidió mi entrada argumentando que, ‘por dignidad de las personas’, la prensa tenía prohibido el ingreso. Alegó que se trataba de una orden superior”, detalló la afectada.
Las restricciones siguieron acumulándose. El 6 de julio, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que dos reporteros de Efecto Cocuyo y TalCual fueron amenazados con ser denunciados ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas mientras cubrían la situación en el edificio Tahití en La Guaira.
#6Jul | Rechazamos las amenazas contra Reynaldo Mozo @reymozo de @EfectoCocuyo ,quién junto a colega de @DiarioTalCual, fueron intimidados con ser denunciados ante el CICPC mientras cubrían la situación en el edif Tahití, La Guaira. Informar NO es un "delito" es un deber. pic.twitter.com/iQYQkHoQc6
El 8 de julio de 2026, mientras varios equipos de prensa se mantenían en expectativa frente a la OPPE 33 en Caraballeda ante un presunto hallazgo de personas con vida, una corresponsal extranjera narró que había sido amenazada a través de su cuenta en Instagram el día previo, luego de una cobertura inmersiva en una zona de escombros de La Guaira.
“Me escribían ‘vamos por ti, sabemos quién eres, estás mintiendo’. La mayoría de las cuentas parecían bots. Yo nunca hablé mal del Gobierno, solo hice un reportaje. Tengo miedo de que me prohíban salir del país, o de que no me permitan la entrada de nuevo”, confesó, razón por la que pidió que su identidad fuese omitida en este trabajo.
Al recuento se suma lo ocurrido el pasado 22 de julio, cuando el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en su programa televisivo semanal, señaló a una periodista independiente de intentar manipular con sus preguntas a las personas refugiadas en un campamento transitorio dispuesto en el colegio Leonardo Infante, parroquia Petare, del estado Miranda. Cabello también vinculó a la periodista con Runrun.es, pese a que no forma parte del equipo de este medio.
En esa misma edición de su programa, Cabello arremetió contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Opinó que está “más desprestigiado que la OEA”, los llamó “recontramiserables” y los acusó de imponer una narrativa de noticias falsas
Las crecientes restricciones, hostigamientos e impedimentos que han enfrentado los reporteros al cubrir la emergencia por los recientes sismos en Venezuela no han pasado desapercibidas. Hace una semana, ocho organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión —entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) e IPYS Venezuela— manifestaron su profunda preocupación por estos hechos yrecordaron que el acceso a información oportuna e independiente es un derecho humano fundamental durante contingencias humanitarias, indispensable tanto para proteger a las poblaciones vulnerables como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas oficiales.
Las organizaciones exhortaron al Estado venezolano a garantizar el acceso libre y seguro a las zonas de desastre para la prensa nacional e internacional, proveer soporte operativo para asegurar las telecomunicaciones de los comunicadores y levantar de inmediato el bloqueo que pesa sobre al menos 65 portales de noticias en el país.
“Facilitar el trabajo de la prensa durante una emergencia fortalece la respuesta institucional, promueve la confianza pública y protege el derecho de todas las personas a recibir información esencial para su seguridad y bienestar”, concluyeron.
El silencio obligado crea otra emergencia
En una catástrofe sísmica, la información deja de ser únicamente un componente del debate público: se convierte en un mecanismo de resguardo para la población, en una herramienta para proteger otros derechos fundamentales, en un recurso para sobrevivir. Conocer qué vías permanecen transitables, dónde funcionan los centros de salud, cuáles edificios continúan siendo inseguros o dónde se concentra la ayuda humanitaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Por eso, indicó Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, restringir la cobertura periodística durante una emergencia no afecta únicamente a los medios de comunicación, también limita la capacidad de la población para protegerse. Sostuvo que la “transparencia y la libertad de informar no son un lujo que se pueda suspender durante una catástrofe como esta”, sino más bien “parte integral de una respuesta de emergencia”.
“Cuando las autoridades toman la decisión de restringir este flujo de información, y además intimidar a periodistas o dificultar la cobertura independiente, no solamente están afectando el trabajo de la prensa, sino limitando también la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia seguridad y la de su familia”, insistió.
Desde la perspectiva jurídica, Uzcátegui señaló que la imposición de trabas al trabajo informativo contraviene los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela, al igual que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas limitaciones contradicen además las pautas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual sostiene que el acceso a información confiable es un componente esencial de una respuesta eficaz.
El impacto del silencio trasciende el ámbito legal. Cuando desaparecen los reportes independientes, explicó, proliferan los rumores, aumenta la incertidumbre y se dificulta coordinar la asistencia humanitaria: “Las personas no saben adónde acudir, qué servicios funcionan, qué zonas son seguras, o dónde recibir ayuda. Entonces, la incertidumbre termina convirtiéndose en una segunda emergencia”.
La cobertura periodística, añadió Uzcátegui, también permite identificar necesidades, orientar la solidaridad ciudadana y facilitar que la cooperación nacional e internacional llegue a quienes más la necesitan. Obstaculizar ese trabajo, alertó, reduce la capacidad de la sociedad para organizarse colectivamente frente al desastre.
La reconstrucción también necesita verdad
Un mes después de los terremotos, la ausencia de una lista oficial de personas desaparecidas es uno de los elementos que sigue reflejando la opacidad con la que las autoridades habían manejado algunos de los datos más sensibles de la tragedia.
Para Uzcátegui, esa falta de transparencia revela que las decisiones oficiales privilegiaron la contención política por encima de la protección integral de las víctimas.
El sociólogo y defensor de derechos humanos advirtió, además, que ignorar el conocimiento técnico acumulado durante décadas en materia de gestión del riesgo compromete la efectividad de las políticas públicas y dificulta una reconstrucción basada en estándares internacionales.
Advierte que, si las decisiones continúan subordinadas a criterios de conveniencia política, el país no solo enfrentará mayores dificultades para responder a futuras emergencias, perderá también la oportunidad de reconstruir con dignidad la vida de miles de familias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
