La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) advirtió este 5 de septiembre que la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia no implica, por sí misma, el fin de la persecución política en Venezuela.
La organización se pronunció sobre una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés), que, según Veppex, puede tener consecuencias en los casos de asilo de miles de venezolanos.
De acuerdo con la organización, la BIA determinó en el caso Matter of A-E-V-M- que la salida de Maduro y la transferencia del poder constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ser considerado al evaluar las solicitudes de asilo.
Pero Veppex insistió en que el cambio forzado en la jefatura del gobierno no necesariamente supone el desmantelamiento de las estructuras que participaron en la persecución de opositores.
“Cambiar al jefe del gobierno no significa desmontar el aparato represivo”, afirmó la organización, que planteó como interrogante si continúan activos y con poder los funcionarios, organismos de inteligencia, mandos militares y grupos señalados de perseguir a opositores. “La respuesta es sí”, aseguró Veppex.
La organización recordó además que en su informe “La persecución política continúa en Venezuela”, publicado el 1 de agosto de 2026, ya había advertido que la amnistía parcial y algunas excarcelaciones no habían eliminado las estructuras responsables de la represión.
Veppex pide evaluar cada solicitud de asilo individualmente
Según la organización, Foro Penal registra actualmente 328 presos políticos en Venezuela. También señaló que persisten causas judiciales, amenazas, restricciones, traslados arbitrarios y persecución contra civiles, militares disidentes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
En este contexto, Veppex pidió que la situación de los venezolanos que solicitan protección en Estados Unidos sea examinada de manera individual.
“Un venezolano no debe perder su asilo simplemente porque Maduro ya no ocupe la Presidencia”, sostuvo la organización. Insistieron en que en cada caso deben considerarse elementos como quién persiguió a la persona, si ese actor conserva poder y si mantiene la capacidad e intención de causarle daño.
La organización también pidió a jueces y autoridades migratorias estadounidenses que no equiparen el cambio de liderazgo con el restablecimiento del Estado de derecho.
“Mientras el aparato represivo permanezca intacto, el retorno de numerosos venezolanos seguirá siendo peligroso”, concluyeron.
“Venezuela no será segura mientras existan presos políticos, tortura, causas abiertas y perseguidores protegidos por el Estado. Cambió el gobernante. No desapareció el peligro”.
El alcance del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se ha ido conociendo de forma fragmentada. El presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, hizo el anuncio con grandilocuencia y, desde entonces, han aparecido nuevos datos sobre los campos involucrados, la inversión prometida, los plazos, la participación estadounidense y los mecanismos de control. Cada anuncio ha añadido un elemento a una operación que, por su dimensión, puede alterar la relación de Venezuela con su principal fuente de ingresos.
Del “mayor acuerdo petrolero mundial” aún queda mucho por conocerse. Uno de los datos que necesita ser desarmado no es cuánto petróleo está involucrado, sino cuánto de esa riqueza puede convertirse efectivamente en renta para el Estado venezolano y bajo qué reglas.
El anuncio de Trump habla de 17 campos y más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas, además de una inversión proyectada de hasta $100 000 millones. La Casa Blanca señaló que la empresa privada North American Blue Energy Partners, NABEP, tendrá concesiones por 100 años sobre esos campos.
Mientras, Delcy Rodríguez ha revelado algunos elementos de la ecuación. La presidenta encargada se refiere a un acuerdo de 25 años y de más de $209 000 millones en impuestos y regalías para Venezuela durante ese período, calculados sobre un precio de referencia de $65 por barril.
La renta que todavía necesita explicarse
Esas cifras permiten dimensionar el tamaño de la operación, pero no bastan para saber cuánto dinero terminará efectivamente en las cuentas públicas. Los más de $200 000 millones anunciados como ingresos fiscales son una proyección, no un monto disponible de inmediato. Su materialización dependerá de cuánto petróleo se produzca, cuánto cueste extraerlo, a qué precios se venda y bajo qué condiciones fiscales se calcule la participación del Estado.
El problema es que todavía no se conoce con suficiente detalle cómo se llegó a esa cifra ni cuánto correspondería a regalías, impuestos o qué condiciones se aplicarán a los costos de producción antes de determinar la participación del Estado.
La cifra ya genera dudas entre especialistas. Reuters recogió la evaluación de Francisco Monaldi, del Baker Institute, quien calificó los impuestos anunciados como “increíblemente bajos” para los recursos involucrados.
Por ahora, la cifra sirve para medir la ambición del acuerdo, pero no permite saber cuánto dinero terminará realmente en las arcas públicas.
Más allá de la propiedad, está el control
El gobierno encargado ha insistido en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela. Washington, por su parte, ha anunciado una estructura que le concede una influencia considerable sobre la operación de los campos.
EE. UU. tendrá una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP. Además, tendrá derecho a comprar 20% de la producción a costo y prioridad para adquirir el resto, así como poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva, cuya mayoría deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses.
Es decir, la discusión no pasa solamente por quién es dueño del petróleo que está bajo tierra. También importa quién decide cómo se explota, quién participa en las decisiones de la empresa, quién tiene prioridad para comprar el crudo y bajo qué condiciones se mueve el dinero generado por el negocio.
Esto explica por qué Trump asegura haber obtenido “control mayoritario” sobre esos recursos, mientras que la presidenta encargada sostiene que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre el petróleo. Las dos afirmaciones se refieren a dimensiones distintas de la operación y, precisamente por eso, el alcance del control empresarial adquiere tanta importancia.
Por ahora, el acuerdo deja otra interrogante abierta que va más allá de los porcentajes y tiene que ver con cuánto control conservará realmente el Estado venezolano sobre la operación de esos campos.
¿25 o 100 años?
Hay otro dato que llama la atención cuando se comparan las versiones de ambos gobiernos y es el plazo del acuerdo.
La Casa Blanca habla de concesiones por 100 años para los 17 campos entregados a NABEP. Miraflores, en cambio, presentó el acuerdo como una operación de 25 años, período sobre el cual calculó los ingresos fiscales para Venezuela.
La diferencia no es menor. Rodríguez parece referirse al período utilizado para proyectar los ingresos y desarrollar los campos, mientras que los 100 años anunciados por Trump corresponden a los derechos otorgados a NABEP sobre esos yacimientos.
Aquí aparece otra interrogante. La legislación venezolana establece modalidades y plazos específicos para la participación privada en el sector petrolero, por lo que todavía falta conocer cómo se denomina jurídicamente el derecho otorgado a NABEP, qué disposición de la Ley Orgánica de Hidrocarburos lo sustenta y mediante qué instrumento fue formalizado.
Tampoco se sabe qué ocurrirá después de los 25 años utilizados para proyectar los ingresos fiscales y qué derechos conservaría NABEP durante el período restante.
Más preguntas que certezas
A medida que aparecen nuevos detalles del acuerdo también surgen dudas que todavía no tienen una respuesta completa. Una de ellas tiene que ver con la participación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la empresa matriz de NABEP. Tampoco se sabe cómo se ejercerá ese poder económico y qué alcance tendrá dentro de una operación petrolera ubicada en territorio venezolano.
También queda por aclarar si NABEP tiene la capacidad financiera y operativa para asumir el desarrollo de los 17 proyectos y qué otras empresas terminarán participando en ellos. A esto se suma el papel que tendrá Pdvsa dentro de la nueva estructura y cuánto control conservará sobre los activos y los ingresos asociados a esas operaciones.
Son preguntas que no cambian las cifras anunciadas, pero sí pueden cambiar la lectura del acuerdo. Mientras esas piezas sigan sin estar completamente explicadas, resulta difícil determinar dónde termina la participación venezolana y dónde comienza el control efectivo de Estados Unidos sobre el negocio petrolero.
El verdadero alcance del acuerdo todavía no puede medirse por el tamaño de la operación ni por las inversiones anunciadas, sino por las condiciones bajo las cuales esa riqueza llegará a convertirse en ingresos para Venezuela.
Mientras no se conozcan en su totalidad los contratos, las reglas fiscales y los mecanismos de control, la operación seguirá teniendo más cifras conocidas que certezas sobre cuánto y bajo qué condiciones beneficiará realmente al Estado venezolano.
El Tribunal Tercero en Funciones de Juicio de Barinas esperaba que Jovanny González, un expreso político venezolano de 36 años, lo visitará el 14 de septiembre de 2026. Para ellos era un acto rutinario: Jovanny debería presentarse cada mes. Él tiene esa obligación desde el año 2018.
Pero Jovanny ya no podrá ir más: falleció el 26 de agosto de 2026 postrado en una clínica.
Tenía un cáncer terminal metastásico que, según sus familiares, se detectó en su riñón izquierdo en diciembre de 2024.
Los abogados que acompañaban a Jovanny, de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitaron al tribunal medidas humanitarias para dejarlo en libertad plena.
No hubo respuesta por años: querían que Jovanny visitara los tribunales sin importar qué.
El retardo procesal fue una constante en su caso.
Jovanny González (a la izquierda de la imagen) empezó como asistente parlamentario de Wimer Azueje (derecha de la imagen) a los 19 años. Foto: redes sociales de Jovanny
De espera en espera
A Jovanny lo detuvieron de manera arbitraria el 2 de marzo de 2017. Entonces, él tenía 27 años y era asistente parlamentario del diputado Wilmer Azuaje, a quién también detuvieron ese día.
«Y desde ese momento se le han violado todos sus derechos humanos y constitucionales», recordó Roland García, abogado y director de Fundehullan. «A él lo presentaron 128 días después de su detención. La audiencia de presentación en Venezuela debería ser efectiva 48 horas después de su detención».
Sin embargo, la justicia venezolana tardó 3072 horas para dar el primer paso al caso.
Durante ese tiempo Jovanny estuvo en El Helicoide, una obra arquitectónica inconclusa que el chavismo usó como centro de tortura, según constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí, Jovanny no fue ajeno al trato cruel e inhumano: «La información que tenemos por parte de su madre, Andrea González, es que Jovanny, durante su reclusión en el Helicoide, fue víctima de golpes por parte de funcionarios del Estado venezolano», relató García.
Fue en agosto de 2017 cuando la juez del tribunal de control número 6 del Circuito Judicial del estado Barinas, Dubraska Linares, le imputó 6 delitos a Jovanny: porte ilícito de armas de fuego, posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad.
Fundehullan denunció que no había pruebas para imputar a González de estos delitos. Tampoco le dejaron a los abogados tener acceso a los expedientes del caso.
Desde @FundehullanVzla lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jovanny González, ciudadano barinés detenido en 2017 . Hoy #26Ago partió tras la omisión del Estado venezolano, que le negó la amnistía y mantuvo el régimen de citaciones judiciales a pesar de su crítico… pic.twitter.com/P9KG1N4ZCF
La hipótesis más consistente que la ONG tiene de su detención era por la represión política que se vivía durante las protestas antigubernamentales de la época. Jovanny y Wilmer no fueron los únicos presos políticos ese año: hubo 5511 arrestos con fines políticos y se apresaron 848 personas de forma arbitraria, según los datos de la ONG Foro Penal.
Después de imputar los seis delitos, llevaron a Jovanny al Centro de Procesados 26 de Julio de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico, a 451 kilómetros de carretera de su hogar. Allí esperó un año y un par de meses para que le dieran libertad con medidas cautelares.
De búsqueda en búsqueda
García reiteró que Jovanny también sufrió de tratos crueles en Guárico. Y, si bien estaba fuera de la cárcel, en enero de 2019 surgieron nuevas protestas antigubernamentales. A Jovanny, según Fudehullan, lo perseguía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Pero Jovanny no aguantó más: ese mes se exilió con su familia a República Dominicana.
«Dos años después de su detención [en 2019], empezó tener dolencias en la parte izquierda de la espalda, lo que derivó en dos tumores en el riñón izquierdo», dijo García.
Estos tumores fueron el inicio del cáncer metastásico.
«Tanto su madre como el mismo Jovanny alegan, en teoría, que estos tumores están relacionados con las golpizas que le dieron durante su reclusión. De hecho, ellos guardan evidencias al respecto que presentarán [en el futuro]», agregó el director de Fundehullan.
Con el diagnóstico, el equipo de abogados de González apeló el sobreseimiento del caso. No hubo respuestas por parte de los tribunales.
Jovanny y su familia tuvieron que esperar en el exilio hasta el enero de 2026: cuando Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió el interinato y declaró su intención de crear una Ley de Amnistía para reparar los derechos de todos los presos políticos, desde 1999 hasta la fecha.
Responsabilizamos a las autoridades venezolanas por la muerte del ex preso político Jovanny González tras la negativa del Estado de otorgarle libertad plena por razones humanitarias.
Fundehullan pudo acceder al expediente de Jovanny en enero de 2026, nueve años después de la detención arbitraria. La ONG montó el caso para tener la amnistía y la enviaron el 3 de marzo.
Tardaron 12 días en darles una respuesta: la amnistía fue negada un 12 de marzo. El equipo de abogados interpuso la apelación el 17 de marzo, cinco días después.
«No dieron una respuesta específica de por qué declinaron la amnistía», denunció García. «Su respuesta, primero, era que estaban esperando instrucciones de la capital. Luego, solo comentaron, vía verbal, que al final Jovanny no podía ser beneficiario de la amnistía».
La familia González decidió regresar a Venezuela el 5 de julio de 2026 para seguir la apelación. Jovanny llegó al país en silla de ruedas. Y en el propio aeropuerto lo detuvieron arbitrariamente de nuevo, pero por dos horas. Lo liberaron por su estado de salud, denunció Fundehullan.
Esta vez el golpe le vino con la escasez de medicamentos y servicios oncológicos en el país. Según testimonios de Wilmer Azuaje, Jovanny quedó postrado en cama, con desnutrición y movilidad reducida.
Una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue el 17 de junio. En ella pedía una donación para completar sus estudios médicos.
Aun así, el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas solicitó que Jovanny hiciera presencia ante la corte.
Pero Jovanny ya no podía caminar libremente: exigía que le dieran libertad plena.
Según Fundehullan, González no pudo acudir a ninguna citación del tribunal por su condición de salud. Y el tribunal, según la ONG, hizo caso omiso a las consideraciones humanitarias que le presentaron.
De incertidumbre a una promesa
El viernes 28 de agosto velaron el cuerpo de Jovanny en Barinas. Wilmer Azuaje, su primo y compañero de trabajo, llevó su féretro hasta la sede del Tribunal Tercero de Juicio de Barinas como un acto de protesta.
«¿Dónde están los jueces que le negaron [el sobreseimiento] a Jovanny? Aquí está: en el ataúd», gritó Azuaje.
González esperó a una amnistía que nunca le llegó en vida. Fundehullan y la familia de Jovanny ahora luchan por la reparación de sus derechos.
«Vamos a solicitar investigaciones no solo disciplinarias contra los funcionarios, sino también [investigaciones] penales por la omisión», dijo Roland García. «Lo haremos ante las instituciones concernientes: el Ministerio Público, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo… Y también pensamos acudir a instancias internacionales a denunciar el caso».
Mientras tanto, los abogados de Fundehullan acompañan el duelo de la familia González, rogando que los más de 380 presos políticos que aún siguen tras las rejas, según Foro Penal, consigan su libertad plena.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Laboratorio de Paz advirtió que los recientes acuerdos petroleros abren una discusión que trasciende la llegada de inversiones y alcanza la legitimidad de las instituciones que suscriben contratos de largo plazo. La organización sostuvo que Venezuela necesita capital nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja, recuperar su industria petrolera y reconstruir la infraestructura afectada por los terremotos del 24 de junio, pero señaló que la seguridad jurídica requiere autoridades legítimas, instituciones confiables y controles democráticos.
En un comunicado divulgado el 3 de septiembre, Laboratorio de Paz afirmó que el desafío no consiste en impedir la llegada de inversiones, sino en garantizar que estas puedan mantenerse y contribuir de manera sostenible al bienestar de la población.
“Venezuela necesita inversión nacional e internacional para superar la emergencia humanitaria compleja”, señaló la organización, al enumerar entre las necesidades del país la recuperación de la industria petrolera, la generación de empleos, el restablecimiento de los servicios públicos y la reconstrucción de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto.
Seguridad jurídica y legitimidad institucional
Laboratorio de Paz planteó que cualquier inversión de largo plazo requiere seguridad jurídica y que esta no puede existir plenamente sin autoridades legítimas e instituciones confiables.
La organización sustentó su posición en varios artículos de la Constitución. Recordó que el artículo 5 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, mientras que el artículo 6 define al gobierno venezolano como democrático, electivo, alternativo y responsable.
También citó el artículo 137, referido a las atribuciones de los órganos del Poder Público, y el artículo 138, que establece: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
A juicio de Laboratorio de Paz, estas disposiciones tienen implicaciones económicas porque los cuestionamientos sobre el origen y la duración del mandato de quienes ejercen el poder también pueden trasladarse a las decisiones y contratos mediante los cuales se comprometen recursos del país durante décadas.
“Un contrato puede cumplir formalidades, tener una duración de 25 ó 50 años y seguir teniendo una debilidad fundamental: la falta de legitimidad de las instituciones que lo hicieron posible”, sostuvo.
Acuerdos petroleros bajo controles constitucionales
La organización puso especial énfasis en los contratos relacionados con el sector petrolero, al recordar que el artículo 12 de la Constitución establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público.
Asimismo, mencionó el artículo 150, referido a los controles sobre determinados contratos de interés público, y el artículo 141, que establece principios como transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento a la ley para la Administración Pública.
En ese contexto, Laboratorio de Paz afirmó que los acuerdos sobre recursos estratégicos deben ser públicos, transparentes y sometidos a los controles constitucionales correspondientes.
La organización enfatizó que estos mecanismos no deberían entenderse como una barrera para la inversión, sino como una forma de proteger tanto los intereses del país como a quienes decidan invertir en Venezuela.
El desafío de reconstruir tras el terremoto
El planteamiento también fue extendido a la reconstrucción posterior a los sismos. Laboratorio de Paz señaló que el país necesitará inversiones importantes para recuperar viviendas, hospitales, escuelas, electricidad, agua, carreteras e infraestructura.
Muchos de estos proyectos, advirtió, tendrán horizontes de varias décadas, por lo que quienes participen en ellos necesitarán garantías de que los compromisos asumidos en el presente serán reconocidos en el futuro.
Por ello, la organización consideró que la discusión sobre seguridad jurídica no debe limitarse a los acuerdos petroleros y debería ser tomada en cuenta por los venezolanos, así como por Estados, empresas e inversionistas que evalúen asumir compromisos de largo plazo con el país.
Elecciones como condición para recuperar confianza
Laboratorio de Paz concluyó que la reconstrucción material de Venezuela debe ir acompañada de una recuperación de las instituciones.
“No habrá reconstrucción material sostenible sin reconstrucción institucional”, afirmó, al plantear la necesidad de instituciones confiables, controles democráticos, transparencia, tribunales independientes y autoridades cuya legitimidad provenga de la soberanía popular.
En ese sentido, la organización sostuvo que la realización de elecciones presidenciales auténticas, competitivas y creíbles no representa únicamente una exigencia política, sino también una condición para reducir la incertidumbre, recuperar la confianza y ofrecer seguridad jurídica a las inversiones que, según señaló, Venezuela necesita con urgencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un artículo publicado en la página del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el abogado y investigador venezolano, José Ignacio Hernández, dijo que detrás de la magnitud de las cifras que se desprenden de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos aparecen interrogantes sobre su marco jurídico, el papel de la empresa NABEP (Blue Energy Partners) del venezolano Alejandro Betancourt y las decisiones que podría enfrentar un futuro gobierno elegido democráticamente.
Hernández aseveró que el pacto anunciado por Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela contempla concesiones por 100 años sobre 17 campos con reservas probadas de unos 65 000 millones de barriles. Indicó que de concretarse lo firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright y la gobernante encargada, Delcy Rodríguez esta semana en Miraflores, NABEP pasaría a convertirse en la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por volumen de reservas.
El esquema contempla que el gobierno estadounidense tenga una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa. Además, Estados Unidos tendría derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo para la Reserva Estratégica de Petróleo y un derecho de adquisición preferente sobre el 80% restante. Washington también tendría poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva y la mayoría de sus miembros debería ser estadounidense.
Además, NABEP asumiría el control de las operaciones en los 17 proyectos contemplados. El documento advierte que la compañía, fundada hace apenas dos años y con una trayectoria limitada en la industria, podría necesitar asociarse con otras petroleras internacionales para desarrollar los yacimientos.
Interrogantes abiertas
El esquema convierte a NABEP en una suerte de Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) paralela, una situación que -a juicio de Hernández- plantea nuevos interrogantes jurídicos.
-El problema de las concesiones a 100 años: Una de las principales dudas está en la figura jurídica utilizada para entregar los yacimientos. El documento sostiene que las autoridades interinas no tendrían facultades para otorgar concesiones petroleras por un siglo. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026 establece que la estatal venezolana, a través de Pdvsa Petróleos y empresas mixtas, puede celebrar acuerdos específicos de servicios petroleros con compañías privadas, conocidos como contratos de participación en la producción.
Estos contratos no equivalen a concesiones ni transfieren derechos sobre los yacimientos: otorgan derechos contractuales a empresas privadas que actúan por cuenta de Pdvsa. El documento advierte que la indefinición sobre el título jurídico bajo el cual opera NABEP puede aumentar la incertidumbre que ha frenado la inversión privada en Venezuela. También plantea un posible conflicto con el artículo 303 de la Constitución, que reserva a Pdvsa (o a otra entidad estatal venezolana) el control de la industria petrolera.
-El mandato de las autoridades interinas: El acuerdo también queda expuesto a cuestionamientos por el carácter provisional de las autoridades que lo suscriben. Según el documento, los Departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos sostienen que Nicolás Maduro no fue reconocido como presidente debidamente electo y que Delcy Rodríguez tampoco fue una vicepresidenta debidamente nombrada. Además, el plazo de 180 días para que el vicepresidente ejerciera como presidente interino expiró en julio. Estados Unidos reconoció a Rodríguez como jefa de Estado en marzo de 2026 por el control de facto que ejercía sobre el gobierno después de la captura de Maduro. El propio Departamento de Estado considera a la Asamblea Nacional de 2015 como la última entidad democráticamente electa reconocida internacionalmente en Venezuela. ¿Qué ocurrirá con los acuerdos de largo plazo si Venezuela vuelve a tener un gobierno elegido democráticamente?, es una de las interrogantes abiertas por Hernández.
-Una meta petrolera que tomaría tiempo: La recuperación de la producción tampoco sería inmediata. Aunque no existe un registro oficial con la ubicación de los 17 campos, estimaciones independientes citadas en el documento calculan que las tres empresas conjuntas de NABEP podrían producir unos 124 000 barriles diarios durante la última semana de agosto.
Además, ocho de los proyectos contemplados son greenfield, es decir, instalaciones nuevas que requieren tiempo para desarrollarse. A esto se suman problemas de infraestructura, particularmente en los puertos, y el riesgo de fallas en la red eléctrica. Por estas razones, la meta de alcanzar 1,5 millones de barriles diarios aparece como una estimación a largo plazo. El consumo promedio de petróleo estadounidense fue de aproximadamente 20,6 millones de barriles diarios en 2025, por lo que el 20% de la producción de NABEP destinado a la Reserva Estratégica tendría un impacto mínimo o nulo en el mercado estadounidense en el corto plazo.
-El dilema para un futuro gobierno venezolano: El análisis no descarta que el acuerdo pueda contribuir a la recuperación de la industria petrolera a mediano plazo. Reducir la influencia de China, Rusia e Irán forma parte de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, pero sostiene que desplazar a esos actores no es suficiente, también serían necesarias instituciones estables, creíbles y sólidas.
José Ignacio Hernández también destaca que el acuerdo reconoce que la debilidad institucional contribuyó al colapso petrolero y plantea que la recuperación requiere un sector privado dentro de una transición democrática. Al mismo tiempo, propone un esquema quecalifica como “opaco, frágil y de constitucionalidad cuestionable”, puesto que un futuro gobierno elegido podría verse obligado a decidir qué hacer con un acuerdo que haya sido implementado vulnerando principios constitucionales.
Hernández, investigador asociado sénior (no residente) del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), plantea una alternativa basada en procedimientos públicos, transparencia, rendición de cuentas y acuerdos políticos amplios que incluyan a laAsamblea Nacional de 2015. También propone incorporar mecanismos de caducidad o ratificación que permitan a un futuro gobierno evaluar el acuerdo sin heredar una obligación de largo plazo previamente cerrada.
Cierra con la advertencia de que una estrategia energética duradera entre Estados Unidos y Venezuela difícilmente podría sostenerse sobre una concesión de 100 años no contemplada en la legislación petrolera o sobre un gobierno interino sin mandato democrático.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La deuda externa de Venezuela es un laberinto enredado y sin salida a la vista. Se habla de un monto de 240 000 millones dólares. Este monto incluye deudas contraídas legalmente, y otras tantas que seguramente serán cuestionadas por ilegales. El anuncio reciente de que el gobierno tutelado de Venezuela habría iniciado un proceso de renegociación de la deuda (del que escribimos aquí) es solo otra cortina de humo más. Se parece a la farsa del acuerdo petrolero anunciado por el gobierno de Donald Trump.
La verdad es que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. autorizó al gobierno tutelado de Delcy Rodríguez para que contratara a asesores que eventualmente participarían en una futura renegociación de la deuda. Lo que sí parece seguro es que esos asesores cobrarán una millonaria suma de dinero. Otro negocio redondo para quienes se enchufan con el régimen chavista.
Los gestores de fondos de bonos soberanos y de PDVSA, bonos que entraron en default desde 2017, están bien posicionados para evaluar qué se puede esperar del futuro de la inmensa deuda venezolana. Llevan mucho tiempo siguiendo este mercado, donde se compran y venden bonos de Venezuela con grandes descuentos a través de contratos privados.
Uno de estos gestores, con quien conversamos recientemente, estima que solamente la deuda de los bonos es de unos 60 000 millones de dólares. Existen indicios que parte del dinero de la corrupción de gente ligada al régimen chavista buscó refugio en los bonos soberanos y de PDVSA. Algunos cálculos establecen que ese dinero sucio convertido en bonos podría representar entre el 15 % y el 20 % del total de esa deuda. La pregunta que queda pendiente es la siguiente: ¿esos bonos usados como lavandería de la corrupción serán reconocidos por un futuro gobierno democrático en una eventual renegociación? Pinta como un asunto contencioso que un gobierno legítimo no podría reconocer.
Baja y sube
El mercado tocó fondo después del default en 2017 cuando el gobierno de Maduro dejó de pagar intereses y capital. Los bonos llegaron a cotizarse entre apenas dos y cinco centavos por dólar en el mercado secundario. En los días que han seguido al anuncio del acuerdo petrolero por parte de Trump, el mercado secundario se ha movido al alza. Uno de los gestores de un fondo de bonos venezolanos nos dijo que ha alcanzado su máximo histórico superior a los 50 centavos por dólar. ¿Esto es bueno? Depende para quién. Para los que venden esos bonos pareciera que sí, pues han ganado mucho si compraron a centavos de dólar. Pero no lo es para una futura renegociación de la deuda externa venezolana. La razón es simple: la quita (o reducción) que podría negociar un eventual gobierno legítimo en la renegociación sería establecida por ese mercado, lo que ahora no favorece al deudor.
El otro asunto que está por verse es cuánto de esa deuda es legítima y cuánto no lo es. Esto en el marco de un conglomerado de endeudamiento que se armó durante los 26 años de chavismo. Aquí hay que sumar los bonos (soberanos y de PDVSA), las promisory notes de la propia PDVSA (obligaciones de pago de la petrolera), las deudas pendientes de CADIVI que todavía están siendo litigadas en tribunales, las deudas bilaterales entre gobiernos, y la deuda multilateral con organismos internacionales. Entran en el paquete las acreencias con China, unos 10 000 millones de dólares. Los chinos deberán ahora ponerse en la fila de acreedores para tratar de recuperar su dinero. Ya no contarán con el privilegio de que el gobierno tutelado les pague con petróleo barato, como lo venía haciendo hasta hace poco.
El gestor de los fondos de deuda venezolana nos dijo que la única manera de poner orden en este laberinto financiero es someterse a un proceso de auditoría y reconciliación. Este proceso tiene que acompañarse de instancias de arbitraje aceptadas por todas las partes. Eso no ocurrirá sin la seguridad jurídica que se deriva de un gobierno elegido de forma legítima y con instituciones sólidas. Por ello, todavía no se puede hablar de una renegociación de la deuda. Todo está en el aire.
¿Se puede salir de este laberinto?
Sí, nos afirmó el gestor de los fondos de deuda. El país cuenta con los recursos petrolíferos, gasíferos y minerales (minerales raros, oro y diamantes). Requiere miles de millones de dólares en inversiones y acceso a nuevos endeudamientos. En unos años el potencial económico del país podría llevar su PIB a 500 000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Colombia, y muy lejos todavía del PIB actual de Venezuela, un poco más de 100 000 millones de dólares según el FMI.
Ese potencial de crecimiento no se dará sin que se cumplan unas condiciones básicas. Venezuela debe lograr atraer grandes montos de inversión para reactivar campos y explotar las reservas que tiene de petróleo pesado y extra pesado en la Faja del Orinoco. Se requieren unos 100 000 millones de dólares de las grandes petroleras como ExxonMobile y ConocoPhillips. Por ahora, ni Chevron, ni la italiana ENI, ni la española Repsol, y menos Nabep (la de Alejandro Betancourt) están en capacidad de hacer esas inversiones. El acuerdo firmado entre el Pentágono y la empresa de Betancourt ofrece una garantía del gobierno de EE. UU. para que el cuestionado venezolano levante capital con el fin de incrementar la producción petrolera en los 17 campos que le otorgaron. ¿Lo logrará? Hay fundadas dudas al respecto, como se lo dijo el experto petrolero Evanán Romero a la periodista Nitu Pérez Osuna.
Si eventualmente la industria petrolera fuera reactivada en todo su potencial, el país estaría en mejor posición para renegociar la deuda externa, lograr condiciones de pago beneficiosas, y, lo más importante, volver a emitir bonos que serían atractivos para los mercados financieros. Esto requiere un cambio en la “cultura de hacer negocios” en Venezuela, como lo observó el gestor de fondos de deuda. La mentalidad cortoplacista y enfocada en el negocio fácil (por ejemplo, la típica comisión que pide el funcionario corrupto) no ayudan a generar la confianza para sacar al país adelante. Por eso el cambio político es tan necesario.
En varias oportunidades, en esta columna y otros espacios de opinión, me he referido al subibaja emocional violento en el que la colectividad venezolana está montada desde el 3 de enero con respecto a los titulares de prensa que salen de Washington, D. C. Un subibaja del que no se quiere bajar. Con el futuro de nuestro país en manos de otro país, la inmensa mayoría de los venezolanos parece por los momentos resignada a un laissez-faire geopolítico por el cual lo que Washington decida es nuestro destino inevitable. Por lo tanto, cada vez que las noticias indican que los norteamericanos pudieran conformarse con dejar en el poder a la élite gobernante por tiempo indefinido, cunde la desesperanza. En cambio, cuando las señales son de que una transición democrática está en marcha, hay entusiasmo eufórico.
“Panglosiano” es el adjetivo que mejor describe esta segunda reacción. Una referencia al personaje de Voltaire que, en la crítica del provocador dieciochesco a Leibniz, encarna la creencia de que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”. Me parece que miles, quizá millones de venezolanos estaban predispuestos a asumir esa actitud si Estados Unidos intervenía en nuestro país como efectivamente lo hizo a partir del 3 de enero. Que de verdad creían que Washington se encargaría de imponer todos los cambios deseados por la sociedad venezolana en materia de democracia, justicia y prosperidad. ¡Y sin nada a cambio! Definitivamente, las series y películas de Hollywood son el mayor soft power con el que el coloso del norte cuenta. Le han hecho a creer a un gentío que Estados Unidos no solo es el “policía del mundo”, sino además un policía heroico, absolutamente altruista y desinteresado.
En realidad, como Estado que sí tiene intereses propios, siempre cupo esperar que, si se delegaba a Washington el impulso de los cambios que la inmensa mayoría de los venezolanos desea, de una forma u otra habría un costo. Un costo que olía al llamado “excremento del Diablo”, como se apresuró a dejar claro el propio Donald Trump, con su discurso interminable sobre ponerle las manos encima al petróleo de Venezuela. En un principio, no parecía que hubiera algún descontento masivo al respecto. Pero ahora, con la firma de un gigantesco acuerdo entre la Casa Blanca y Miraflores por el que el mismísimo Pentágono interviene en un número importante de pozos petroleros, en condiciones opacas y posiblemente muy onerosas para la República, empiezan a caer en cuenta los ilusos sobre el volumen del costo en cuestión.
Sobre todo, por la posición privilegiada que en este esquema tiene el señor Alejandro Betancourt, un nombre no precisamente popular entre sus connacionales, por razones que es innecesario detallar. La alianza entre Betancourt y los estadounidenses, defendida a capa y espada hasta por Marco Rubio, fue un balde de agua a temperatura bastante bajo cero (finjamos que tal cosa es físicamente posible, solo por la metáfora). La visión idealizada de Estados Unidos se les vino abajo. Resulta que el Capitán América tiene tanta existencia como el Ratón Pérez. El Tío Sam ahora se les ve más como el Mr. Danger de Rómulo Gallegos. Dicen sentirse burlados y traicionados. Si sus nociones sobre geopolítica no hubieran sido un cuento de hadas en el que el héroe arquetípico derrota al villano arquetípico, hoy estarían con mucha razón inquietos por el arreglo petrolero, pero al menos se ahorrarían aquellos términos melodramáticos y hasta pueriles.
Ahora bien, pudiera alguien tratar de llamar a la calma señalando que, si bien el mega acuerdo es indeseable para el país, se pudiera revisarlo en mejores circunstancias futuras, las cuales solo serán posibles si Venezuela vuelve a contar con un gobierno al que le interesa la respublica, cosa que a su vez necesita que el “nuevo momento político” desemboque en la transición democrática prometida. A eso los más decepcionados están respondiendo, a gritos y con llanto a moco suelto, que todo está perdido. Que no habrá ninguna transición. Que Trump impuso la preservación del statu quo ante enero. Lo que yo les preguntaría a esos individuos es: ¿Qué les hace estar tan seguros de ello?
Convengamos en que la transición democrática, por más que Washington la cacareara, nunca fue algo seguro. Aún hoy no lo es. Convengamos también en que el argumento de que los norteamericanos tal vez no quieran que Venezuela tenga un gobierno democrático, pues el mismo pudiera tratar de anular el arreglo petrolero, es razonable. Pero por razonable que sea ese argumento, sigue siendo hipotético. No es un fait accompli.
Mientras, hay en marcha un proceso de reforma de los poderes públicos acordado en la mesa de negociación en la que el Departamento de Estado tiene un peso determinante. Ese proceso no fue suspendido por el acuerdo petrolero. Al contrario, siguió esta semana con la aprobación, por la Asamblea Nacional en segunda discusión, de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que corresponde a la ciudadanía interesada en la transición es estar pendiente de los siguientes pasos, a ver si los cambios son reales y no cosméticos.
A propósito, con el anuncio del acuerdo petrolero, quedó enterrada otra noticia importante que hubo ese mismo día: el regreso al país de Omar González, dirigente de Vente Venezuela. Se trata de una persona que antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024 estuvo, junto a varios correligionarios, confinado a la Embajada de Argentina en Caracas, para así evitar una detención arbitraria. Luego les tocó el exilio. Pero el señor volvió. Sin problemas. Como si nada. Regreso que es parte de una mejora considerable en el clima de libertades civiles y políticas desde enero. La mejora no ha avanzado a paso óptimo (para muestra, los cientos de presos de conciencia que siguen tras las rejas). Pero tampoco ha experimentado un retroceso grave.
Y hablando de Vente Venezuela, no han sido pocos los ciudadanos que se han preguntado si la líder de dicha organización y de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, no va a denunciar públicamente el megaacuerdo petrolero. Algunos señalan que no hacerlo sería una falta de temple y una afrenta a la soberanía del país que Machado aspira a gobernar algún día, más temprano que tarde. El problema es que, si Machado hace tal denuncia, su relación con el gobierno de Trump, ya frágil, se hará añicos.
Trump tendría entonces todos los estímulos para asegurarse de que lo que sea que esté preparando la mesa de negociación excluya a Machado de cualquier oportunidad para obtener el poder por vía del voto. Exclusión que pudiera extenderse a todo opositor prominente del gobierno con el que se hizo el acuerdo. Si Machado y la oposición que ella encabeza no pudieron imponer sus reclamos a la elite gobernante, ¿es razonable creer que podrán hacerlo a la elite gobernante y a Estados Unidos al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Con una población mayoritaria pero que hasta el sol de hoy sigue casi totalmente desmovilizada y que se limita expresar sus quejas en redes sociales? Visto lo visto, pienso que el mejor escenario realista para Machado es insistir en que haya una transición democrática, hacerse con el gobierno mediante elecciones libres y justas, y esperar a que llegue otro ocupante de la Casa Blanca con el que se pueda renegociar el acuerdo.
El petróleo lubricó el subibaja emocional. Este último descenso fue particularmente brusco. Tal vez no será el último. Pero quizá al menos ahora, con una visión más clara sobre lo que el delegado de los cambios busca, las masas sabrán a qué atenerse.
La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, denunció este 4 de septiembre un supuesto plan para afectar el sistema eléctrico nacional mediante la manipulación del suministro de gas destinado a las plantas termoeléctricas y pidió a los trabajadores de Corpoelec y Pdvsa mantenerse “alertas”
Durante su intervención, Rodríguez afirmó que el apagón del pasado sábado en el occidente del país habría sido provocado por la manipulación de las presiones de gas, lo que ocasionó la caída del sistema termoeléctrico en el estado Zulia y, posteriormente, afectó otras zonas de la región occidental.
“Manipularon las presiones de gas para que cayera el sistema termoeléctrico en el Estado de Zulia, y se llevó a Occidente. Anoche, gracias al equipo de PDVSA Gas, detectamos que cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas, las termoeléctricas y caiga el sistema eléctrico nacional, que está tan golpeado por las sanciones, por la demanda de crecimiento eléctrico, y por la demanda derivada de las altas temperaturas”, expresó rodríguez Durante un encuentro con los trabajadores de la industria petrolera en Caracas.
La presidenta encargada no ofreció en la declaración detalles sobre quién habría ejecutado estas acciones, ni presentó elementos técnicos o pruebas que permitan verificar de manera independiente su denuncia. Simplemente, atribuyó las presuntas acciones de saboteo a lo que calificó como “mafias extremistas”.
Rodríguez relacionó además las presuntas acciones contra el sistema eléctrico con las protestas generadas por la firma de acuerdos petroleros.
“En protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros, la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano (…) “Nosotros, todos de pie y alerta para defender a Venezuela, para defender a nuestro pueblo”, manifestó.
También, reivindicó la actuación de los trabajadores petroleros, a quienes calificó como “insignia y ejemplo” de la resistencia del país e hizo un llamado específico a los trabajadoresde Corpoelec para que permanezcan atentos ante posibles nuevas acciones contra la infraestructura eléctrica.
Al menos cinco estados quedaron a oscuras
El occidente de Venezuela sufrió un apagón masivo la noche del sábado 29 de agosto de 2026 que dejó completamente a oscuras a cinco estados de la región: Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas
La interrupción general del suministro comenzó aproximadamente a las 8:38 p. m., precedida por dos fuertes fluctuaciones o “bajones” de voltaje que alertaron a los ciudadanos. Aunque en algunas zonas céntricas el servicio comenzó a restablecerse de forma progresiva después de las 9:00 p. m., múltiples comunidades y sectores andinos permanecieron sin electricidad durante toda la madrugada.
🚨#ÚltimaHora | La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el reciente apagón en el occidente del país.
"Detectamos que cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas y las termoeléctricas, y caiga el sistema eléctrico nacional que está tan golpeado por las… pic.twitter.com/UffJ7HpWN7
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