“Mi hijo siente temor de pensar que puede regresar a la cárcel”, contó a Runrun.es Yelitza Vergara, madre de uno de los jóvenes excarcelados. La familia pensó que después de que su hijo, de 18 años, fuera declarado inocente por terrorismo, su vida regresaría a la normalidad.
Sin embargo, el miércoles, 5 de febrero, llegaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a la puerta de su casa. El miedo se apoderó de todos y ella hizo lo que pudo para contenerlo.
“Me dijeron que le habían indicado mi dirección, le insistí que no éramos las personas que buscaban y uno de ellos reiteró que le dijeron que era mi casa la que estaban buscando”, indicó.
Durante y después de la visita de los funcionarios, el miedo permaneció junto a toda la familia. “La cara de mi hijo era de absoluto terror, después de todo lo que vivió en prisión”.
La insistencia por parte de los funcionarios puso a la familia en alerta. “Mi molestia es que relacionan a mi hijo y él es inocente, no es terrorista. Lo único que queremos es tener una vida normal, hacer vida en este país, a pesar de todo, pero el temor de que en cualquier momento pueden llegar a tu casa está ahí presente”.
De acuerdo al balance del Comité de Por la Libertad de los Presos Políticos, no es la primera vez que esta situación ocurre y puede ser interpretado como un nuevo patrón represivo por parte del Estado.
Andreína Baduel, miembro del comité, especificó que muchos de los excarcelados salen bajo medidas cautelares, entre ellas, régimen de presentación y prohibición de salida del país.
“Esto es un patrón repudiable y que no solo ataca a la disidencia, también a los excarcelados. Estas personas estuvieron meses cautivas en condiciones inhumanas y ahora están acechando a los familiares”, manifestó.
“El miedo vive con nosotros”
Otra madre, que prefirió resguardar su identidad, mencionó que después de que su hijo fue excarcelado en diciembre de 2024, ver a un funcionario cerca le genera ansiedad.
“El miedo vive con nosotros (…) Los funcionarios no tienen ningún tipo de respeto por la gente y cuando saben de alguien que estuvo detenido, creen que tienen el derecho de tratarte como quieran. Es injusto”, añadió.
El joven fue detenido en Caracas, el 29 de julio, cuando estaba transitando con su motocicleta. Un funcionario le afirmó que ese día “había toque de queda”. El joven mencionó que desconocía “esa orden” y la respuesta de los uniformados fue que por “hablar feo” se lo llevarían preso y así fue.
Cuando salió de prisión, le exigieron que no debía dar declaraciones a medios de comunicación y le dijeron que “se tenía que portar bien”, porque de lo contrario, lo llevarían a prisión otra vez.
Desde entonces, intenta estar “bajo perfil” y salir a trabajar, después regresa a casa. Su madre anhela que su vida regrese a la normalidad, pero cree que -por lo pronto- eso no será posible.
Sobre esta situación, Baduel explicó que muchas familias no se atreven a decir abiertamente que están siendo perseguidos o amedrentados, pero que es una circunstancia que se ha repetido.
“En la mayoría de solicitudes que hemos recibido, las personas están horrorizadas y temen por su familia o que los excarcelados vuelvan”, añadió.
Para Baduel es importante que el mundo y los venezolanos sepan “que continúan los patrones de tortura y que nos quieren silenciar de todas las formas”.
Estos familiares creen que el Estado debería protegerlos y ofrecer libertad plena a sus seres queridos “porque ellos son inocentes”. Sin embargo, muchos de los excarcelados deben cumplir un estricto régimen de presentación y tienen prohibido salir del país.
Persecución política
Después de los controvertidos resultados electorales del 28 de julio, la represión se hizo cada vez más presente. Foro Penal, una organización que se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos de los presos políticos, contabiliza, hasta el 4 de febrero, 1196 presos políticos.
Desde el Comité de Presos Políticos afirman que los números de excarcelados dados por el Ministerio Público no son reales y que “miles están sufriendo condiciones de detención inhumanas”.
A las condiciones de reclusión y al desamparo que viven las familias, se les suma la persecución política que viven aquellos que salieron de prisión. En el 2024, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió sobre el aumento de represión en Venezuela.
Volker Türk, el alto comisionado, expresó su “profunda preocupación” y habló sobre las detenciones arbitrarias poselectorales: “Muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes”.
“Parece apoyar a los verdugos que atentan contra la población, convirtiéndose, de esa forma, en protector de los victimarios”, dijo el alto comisionado sobre el fiscal general, Tarek William Saab, y le pidió rectificar.
Pese a esto, en sus últimas declaraciones a BBC Mundo, Saab declaró negó que en Venezuela existiera la desaparición forzada y hasta denunció que se utiliza el tema de los derechos humanos para “dañar la imagen” del gobierno venezolano.
“Nosotros hemos revisado numerosos casos y hemos otorgado, hasta este momento, 1.897 medidas a personas detenidas por estos hechos de violencia”, aseguró en esa conversación, al tiempo que defendió la actuación “correcta” de los cuerpos de seguridad y la justicia en el contexto poselectoral.
“Yo creo que actuamos de manera correcta e impecable. Se evitó un daño mayor. Se evitó que se propagara la violencia durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que era lo que ellos querían para evitar la juramentación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, el 10 de enero”, sostuvo.
Esa “correcta actuación” a la que se refiere el fiscal le ha costado a miles de familias un calvario durante estos meses, un sufrimiento que no acaba con la excarcelación.
En un mensaje en su cuenta en X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que cese el hostigamiento contra familiares de presos políticos excarcelados, algunos de los cuales, aseguran, “se han visto obligados a abandonar sus hogares para evitar la angustiante situación de sentirse vigilados o perseguidos, así como el temor constante de volver a ser encarcelados injustamente”.
“Esto evidencia la continuidad del terror de Estado contra la población, en particular, contra los presos políticos excarcelados y sus familias, quienes siguen enfrentando procesos judiciales por delitos que no cometieron y cuya libertad plena sigue siendo una deuda del Estado venezolano. Exigimos cesar estas prácticas de terrorismo de Estado que no contribuyen a un ambiente de verdadera paz en el país, por el contrario, revictimizan a quienes han vivido la injusticia durante estos largos meses, profundizando su sufrimiento”, concluyeron.
El temor a la represión persiste tras la excarcelación”
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
