El quiebre generacional entre militares, partidos políticos y sociedad civil sigue sin sanar. Ello se evidencia con la toma de poder por Marcos Pérez Jiménez y resurge cuando un celebro-debutante, con su “por ahora”, [Hugo Chávez] intenta su leva de armas el 4F-92
@ovierablanco
El análisis sobre una transición política en Venezuela pasa por la revisión de las fortalezas que hacen posible un cambio de régimen. En esta ocasión partimos de la hipótesis determinista de que, sin intervención de las FF. AA., es difícil lograr un cambio de poder, sobre todo de un gobierno autoritario a un gobierno democrático.
Históricamente en Venezuela no ha habido casos de transición política sin la intervención de las FF. AA. La muerte de Gómez, el 17/12/1935, permitió el inicio de una etapa de “modernización del Estado” [Andrés Stambouli dixit] en términos institucionales. Venezuela pasaba de ser una hacienda política y comercial de militares chopo’e piedra [gendarmes sin formación académica que ocupaban altos mandos por antigüedad] a un Estado de vocación legalista, constitucional, partidista y socialmente educado. López Contreras se quitaba el uniforme y se vistió de civil para lanzar la apertura de una nueva nación camino a la democracia. Pero la impronta de un sector militar descontento con la emergencia de una sociedad civil y plural aún subyace.
De López Contreras a Medina
El general Eleazar López Contreras fue una figura clave en la historia de Venezuela, desempeñando un papel fundamental en la transición del país tras la dictadura de Juan Vicente Gómez hacia un sistema más abierto y democrático. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez [1935], López Contreras –su ministro de Guerra y Marina– asumió provisionalmente la presidencia. Posteriormente fue designado presidente constitucional, iniciando su mandato en 1936.
López Contreras implementó una serie de reformas destinadas a modernizar el Estado y promover una mayor participación política como la revitalización del poder local, la convocatoria a elecciones municipales, el reconocimiento de la clase obrera y la promulgación de una nueva Ley del Trabajo. Estableció la Contraloría General de la República en 1938 y el Banco Central de Venezuela en 1939, fortaleciendo la estructura financiera y administrativa del país. En temas de derechos civiles y ciudadanos consagró la libertad de expresión y asociación permitiendo la formación de partidos políticos y sindicatos, reconociendo el derecho a la huelga y promulgando [en el marco de la nueva Ley del Trabajo] el Seguro Social Obligatorio.
A pesar de sus esfuerzos por democratizar el país, López Contreras enfrentó desafíos significativos. Sectores conservadores [militares y civiles del antiguo régimen] intentaron mantener el control político. También se vivieron movilizaciones populares. En febrero de 1936, manifestaciones en Caracas exigieron mayores libertades y la destitución de funcionarios asociados al gomecismo.
López Contreras respondió destituyendo al gobernador de Caracas, Félix Galavís, y restableciendo las garantías constitucionales. Fue notoria la expulsión de líderes políticos. En marzo de 1937, ordenó la expulsión del país de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Jóvito Villalba y otros 43 dirigentes políticos.
López Contreras sentó las bases para la transición democrática en Venezuela. Su gobierno fue un puente entre la dictadura de Gómez y una etapa de mayor apertura política, preparando el camino para su sucesor, Isaías Medina Angarita. Se negó a legalizar el comunismo y eliminó la reelección presidencial inmediata. Redujo el período de gobierno a cinco años (aplicando la medida a él mismo), por lo que en mayo de 1941 entrega la presidencia de Venezuela al general Isaías Medina Angarita, quien también había sido elegido presidente de manera indirecta por el Congreso venezolano. Un período interesante y valioso de ilustración democrática, pero de una huella militar perenne.
Estos nudos entre el liderazgo político civil y militar, llegaron a su clímax en la denominada revolución del 18 de Octubre de 1945, con el derrocamiento del primer soldado de la democracia, el feneral Isaías Medina Angarita. Nos disponemos a demostrar cómo ese nudo gordiano –que distancia civiles y militares– aún no ha sido desatado.
De la Revolución de Octubre [1945] al Pacto de Puntofijo [1958] y Chávez [1998]
La denominada Revolución de Octubre de 1945 en Venezuela representa un hito fundamental en la historia política del país. Isaías Medina Angarita continuó las reformas democráticas. Rómulo Betancourt estaba de vuelta en Venezuela. Funda Acción Democrática. Los comunistas tienen que esperar un poco más. A finales de 1945 se legalizó el Partido Comunista de Venezuela. El gobierno había creado su partido: el Partido Democrático de Venezuela. Copei no fue fundado hasta iniciado el trienio adeco. La libertad de expresión en Venezuela alcanza niveles similares a los de un país democrático y los sindicatos también experimentan mayores libertades.
Aunque Acción Democrática [AD] reconocía los avances en materia de libertades civiles, su principal reclamo era lograr elecciones presidenciales universales, secretas y directas. En ese momento solamente los venezolanos mayores de 21 años que supiesen leer y escribir –el 10 % de la población– podían participar en elecciones de concejales, los cuales luego elegían a los diputados al Congreso, quienes a su vez designaban a los senadores y, finalmente, las dos Cámaras del Congreso elegían al presidente de Venezuela […].
Betancourt reconocía en este sistema un escollo insuperable para que AD –un partido autodenominado popular– alcanzase el poder. AD exigió al presidente Medina desmantelar ese sistema. Medina se negó. El Ejército no lo deseaba así. Esta diferencia –a la postre leitmotiv entre civiles y militares– no solo es la brecha medular que produce el golpe de Estado de 1945 [acompañada de las ambiciones de nuevas generaciones de militares como Pérez Jiménez y sus legionarios], sino un alejamiento aún no superado.
Nuestra historia ha estado marcada de recíprocas etiquetas excluyentes: “los militares deben ser los garantes del orden y la estabilidad” [Juan Vicente Gómez], “los civiles no están preparados para gobernar este país” [Marcos Pérez Jiménez], “la estría de Venezuela no es otra cosa que la lucha entre civiles y militares” [Rómulo Betancourt], “la democracia es el producto de la civilización. El militarismo el producto de la barbarie” [Andrés Eloy Blanco], “el pueblo debe entender que la lealtad de los militares a la patria es más importante que la lealtad a un gobierno” [Carlos Andrés Pérez].
Esta tensión entre civiles y militares condujo a amaneceres de golpe. Betancourt se lo pensó. Al ser contactado por un grupo de oficiales militares de rango medio, liderados por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, comienza a armarse la conjura. Pérez Jiménez fundó la Unión Militar Patriótica (UMP) para planificar el derrocamiento de Medina Angarita. Arrancó con trece oficiales y el número de conspiradores creció luego a 150. Sus razones para conspirar fueron resumidas por él mismo en el exilio, en 1983: los nuevos oficiales eran escasos y mal preparados, había rumores de que el ejército sería convertido en una policía nacional, los sueldos eran bajos, y los oficiales al mando no tenían preparación militar moderna.
En resumen, Pérez Jiménez se quejaba de que el ejército no se estaba modernizando y que se estaba quedando atrás respecto a otras naciones sudamericanas. Betancourt aceptaría estas razones, pero luego del trienio adeco renegaría de ellas. Betancourt pensaba que los oficiales jóvenes solo tenían deseos de mando y ayudaron a derrocar a Medina porque resentían de los viejos altos oficiales [llamados por ellos chopo’e piedra], a quienes consideraban incapaces y con ideas militares obsoletas.
Queda claro que el golpe contra Medina nace de una “alianza cívico-militar” [AD-Pérez Jiménez et al] que pronto se distanció por no compartir un ideal de gobierno.
Isaías Medina Angarita tenía sus propios planes de sucesión presidencial. Después de descartar a Arturo Uslar Pietri como su sucesor [por no ser tachirense] eligió a Diógenes Escalante, quien desde hace varios años se desempeñaba como embajador en Washington D. C. Betancourt se comprometió a apoyar al candidato del presidente Medina, pero en agosto de 1945 Diógenes Escalante perdería la razón abruptamente al regresar a Venezuela.
El presidente Medina propuso entonces a su ministro de Agricultura y Cría, Ángel Biaggini en lugar de Escalante, pero no contó con el favor de Betancourt. Una semana antes del golpe, AD difunde un comunicado al resto de las organizaciones partidistas cuestionando la decisión de participar en las elecciones presidenciales.
El 17 de octubre convocaron un mitin en el Nuevo Circo de Caracas al que acudieron más de 20.000 personas. En la plaza taurina intervienen Rómulo Gallegos, Leonardo Ruíz Pineda y Rómulo Betancourt. Medina decreta la suspensión de las garantías constitucionales y detiene a Pérez Jiménez. El 18 de octubre de 1945, los oficiales golpistas iniciaron sus acciones rebeldes prematuramente al enterarse de que Marcos Pérez Jiménez había sido arrestado. Estalla la revuelta en la Escuela Militar en Caracas. Por la tarde se había extendido a los cuarteles de San Carlos, La Planta y Miraflores en Caracas, más la guarnición de Maracay.
El presidente Medina fue aconsejado por uno de los veteranos generales gomecistas (chopo’e piedra), que atacara la Escuela Militar. El mandatario se negó: “¡Yo no asesino cadetes!”. El presidente Medina Angarita contaba con unidades militares fieles en Caracas –incluyendo a la Policía–, pero prefirió entregarse para evitar un derramamiento de sangre. El apoyo de la aviación con sobrevuelo en Caracas y el apoyo en la calle de milicianos adecos que se sumaron a los insurrectos, fueron cruciales en la consolidación del golpe.
La logia militar y el partido AD constituyeron una Junta Revolucionaria de Gobierno el 19 de octubre, presidida por Rómulo Betancourt y siete miembros: Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto y Gonzalo Barrios por AD, el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el Cap. Mario Ricardo Vargas por parte de las FF. AA., y el médico Edmundo Fernández, quien sirvió de enlace entre ambos grupos.
Desde el momento mismo de su instalación, la Junta Revolucionaria de Gobierno anuncia 2 objetivos: establecer una institucionalidad democrática surgida del voto universal directo y secreto, y moralizar la administración pública. Se convoca a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente con un estatuto electoral en el cual se consagra el voto de los jóvenes a partir de los 18 años de edad, el voto de las mujeres y lo más importante (porque abría oficialmente los colegios electorales a la masa campesina), el voto de los analfabetos.
En cuanto a la moralización de la administración pública, la nueva junta creó el Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, encargado de establecer responsabilidades por presuntos enriquecimientos ilícitos de funcionarios gomecistas, lopecistas, medinistas y de sus allegados. El cumplimiento de ambos compromisos trajo resentimientos y oposiciones. Muy poca gente censuraba abiertamente la necesidad de democratizar la vida pública, pero se temía que su puesta en práctica con el ingreso de un pueblo poco letrado en la política, podría abrir la puerta a la demagogia.
La oposición política al nuevo régimen fue tomando cuerpo. En diciembre de 1945 nace el partido Unión Republicana Democrática (URD) y, en enero de 1946, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Los juicios por peculado, iniciados con la creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa (27/11/1945) fueron supervisados por el nuevo procurador general de la nación, Rafael Caldera. Se acentuaron las divisiones y los odios. Se ordenan restituciones patrimoniales expropiadas.
Esta diferencia entre partidos incipientes drena con el Pacto de Puntofijo de 1958. Pero el quiebre generacional entre militares y de estos con los partidos políticos más sociedad civil es una impronta que sigue sin sanar. Ello queda en evidencia con la toma de poder por Marcos Pérez Jiménez y resurge cuando un celebro-debutante –con su “por ahora”– (Hugo Chávez), intenta su leva de armas el 4F de 1992. Chávez fue producto de un reflujo histórico entre una sociedad movilizada, petro-saudita-clientelar, benefactora y becaria de un Estado rentista vs. otra relegada y excluida, si acaso olvidada y rechazada.
En las elecciones de 1998, Chávez supo “capitalizar” la ilusión del regreso del hombre de sable, bota y cachucha a lo Pérez Jiménez, que caracterizaría un nuevo “orden gendarme”, “mano dura” contra la corrupción y la injusticia. Este sería el origen seminal y sociopolítico y cultural de una sociedad mesiánica, todavía encandilada del caudillismo del siglo XIX y el taita chopo e’ piedra, revolucionario y populista del siglo XX. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Hemos redimido esta división entre militares y civiles y entre sociedad civil movilizada vs. relegada? ¿Seguimos embriagados del líder mesiánico, del imaginario salvador?
La Revolución de Octubre de 1945 dejó un legado perdurable en la política venezolana. Sentó las bases para la instauración de la democracia representativa y la participativa ciudadana, elementos que serán fundamentales en la configuración del sistema político venezolano en las décadas siguientes. Pero todavía subyace una clara crisis de poder entre partidos, sociedad civil y militares que no ha cesado.
En una próxima entrega analizaremos la etapa de Pérez Jiménez a la modernización liberal, el pacto de Puntofijo y la muerte de la democracia.
vierablanco@gmail.com | Presidente de VenAmérica / USA
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