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La revolución del 45. Auge y caída

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@ovierablanco

La Junta Revolucionaria de Gobierno fue derrocada el 24/11/1948. Pérez Jiménez apoyado por Delgado Chalbaud –quien contaba con menos apoyo en las FF. AA. (asesinado en 1950) – disuelve el Congreso y suspende la Constitución de 1947. Continuaba una era de “sable, revólver y peinilla”, divorciada de una civilidad que no volvimos a ver desde los tiempos de Soublette, Vargas y Páez hasta la constitución de 1961 y perdimos con la constituyente irrita de 1998 y la Constitución bolivariana de 1999.

En esta II parte de la Revolución del 18 de Octubre de 1945, veremos cómo una impronta de republicanos –entre adecos y antiadecos [medinistas, copeyanos, uredistas, comunistas]– carean oficiales ambiciosos, todo lo cual aterriza en el decenio de Pérez Jiménez y, más tarde, en el nacimiento [1958] y muerte [1998] de la democracia.

De la Junta Revolucionaria [1945] al derrocamiento de Gallegos [1948]

En sus primeros meses de actividad la Junta Revolucionaria de Gobierno [JRG] creó el Ministerio de Comunicaciones, la Escuela Náutica y un fondo [diez millones de Bs.] para establecer la Marina Mercante Nacional. Estableció la Corporación Venezolana de Fomento (mayo 1946) y la Flota Mercante Gran Colombia, en sociedad con Colombia y Ecuador. Rebajó los alquileres de los inmuebles y de los pasajes aéreos nacionales; decretó la reapertura de la Universidad del Zulia (clausurada desde 1904); reorganizó la policía creando la Seguridad Nacional (agosto 1946) y fijó la fecha del 27/10/1946 para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente [Constitución de 1947]. Trataba de emerger un Estado moderno, de Estado-hacienda a Estado-democrático.

Nos recuerda Jorge Olavarria [discurso del 5/7/99]: “La Constitución de 1947 fue la primera que consignó lo que puede llamarse la doctrina militar del Estado democrático. Esa doctrina –paradójicamente– fue inspirada y colocada en esa Constitución por los oficiales que derrocaron a Medina Angarita, por especial influencia de la mentalidad del entonces ministro de la Defensa, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien, en 1946, expresó públicamente su convicción de que las FF. AA. venezolanas debían ser obedientes, no deliberantes, apolíticas, institucionales y profesionales”. Todo ello quedaría consolidado por la Constitución de 1961 y liquidado en la Constitución de 1999.

Pertinente mencionar el decreto número 321 de la JRG [1946], acerca de las «Calificaciones, promociones y exámenes en educación primaria, secundaria y normal». Pretendía lograr un mayor control del Estado en materia educativa [Estado-docente], lo que provocó un acalorado enfrentamiento con los defensores de la educación privada, particularmente los colegios religiosos. Manifestaciones y huelgas obligaron a la JRG a suspender la aplicación del «321». Algo así como el decreto 1011 de Hugo Chávez [supervisores itinerantes], que inspiró el movimiento “con mis hijos no te metas”.

A pesar de ello, las elecciones para la Asamblea Constituyente arrojaron una mayoría del 78,43 % de los votos a favor de Acción Democrática [AD], lo cual avivó el temor de una Venezuela encaminada hacia un régimen de partido único a la mexicana. Justo destacar el control férreo de AD sobre el movimiento sindical en detrimento del Partido Comunista.

La Asamblea Constituyente se reunió el 17/12/1946. Ratificó el gobierno de la junta, aprobó su gestión político-administrativa y sancionó una nueva Constitución nacional. Clausura sesiones después de encendidos debates, mientras se abría un nuevo proceso para elegir al presidente de la república, los cuerpos deliberantes y los concejos municipales. El 14/12/1947 resultó electo presidente el novelista Rómulo Gallegos, para entonces presidente de AD, por el 75 % del electorado [AD obtiene más de un millón de votos].

La oposición militar a la JRG se hacía manifiesta. Desde su primer año de gobierno la JRG enfrentó varios alzamientos. El más serio fue el del 2/12/1946, que llegó a dominar Valencia y La Victoria, y capturar hangares y aviones militares en Maracay. Los conjurados eran estimulados –cuando no financiados– desde República Dominicana por Rafael Leónidas Trujillo y según se dijo [no está comprobado] por el Gral. Eleazar López Contreras desde el exilio. Las tensiones cívico-militares no cedían. Pero no fueron esos elementos externos quienes dieron al traste con el régimen de octubre de 1945 y la presidencia de Rómulo Gallegos, el 15/2/1948. Fue un acuerdo de los comandantes de las FF. AA. quienes depusieron a Gallegos el 24/11/1948.

Quiero citar un fragmento del mayor Julio Cesar Vargas [hermano de Mario Vargas, quien integraría la Junta de Gobierno –1945– por sugerencia de Carlos Delgado Chalbaud]:

“A las 7:00 p. m. –ya libre el camino [por la emboscada del Plan de Monte Piedad y del Estanque del Calvario a cargo de Miquelena] nos dirigimos a Miraflores en un camión de los llamados ‘Ingenieros Tren’, y que el pueblo llamaba ‘Ingenieros Plan’. El mayor Pérez Jiménez se negó a acompañarnos [a Julio Cesar Vargas y otros oficiales]. Una vez en Miraflores nos reunimos para formar la Junta de Gobierno. Tomó la palabra Rómulo Betancourt… para que eligiéramos a dos militares de los presentes, conforme lo acordamos. Salieron los militares del salón y después de deliberar eligieron al mayor Julio Cesar Vargas y el mayor Carlos Delgado Chalbaud para la JRG. Entonces se paró Delgado Chalbaud y dijo: ‘Señores yo voy a hacer otra proposición: los que vamos a la Junta de Gobierno somos el capitán Mario Vargas y yo’”.

Escribe Julio Cesar Vargas: “Aceptada por los militares esta proposición, se procedió a elegir a los elementos civiles entre cinco donde solo uno era independiente. Cuatro de AD. Los militares protestaron. Debían ser al menos dos independientes y uno de AD. Betancourt contestó que era imposible. En la Junta de Gobierno quedaron 4 miembros de AD [Betancourt, Leoni, Barrios y Prieto Figueroa], un independiente Edmundo Fernández, y dos militares, Chalbaud y Vargas”. La junta comenzaba con sinsabores.

Nos comenta sobre el episodio, el coronel Edito Ramírez [testigo y protagonista del 18/10/45] en su libro, El 18/10 y la problemática venezolana actual: “A través de estas cortas líneas podrá apreciar el lector el exceso de idealismo y la inexperiencia política que pecaron los militares. Por contraste, esta ‘chivatería’ de Betancourt será parte negativa de la revolución de Octubre […] la prima causa del 24/11/1948 y la caída de Gallegos”. Un amplio sector militar –comenta– no quería generar un quiebre con el partido. Pero militares resentidos del predominio partidista y aseguramiento del poder, fueron seducidos.

Este sentimiento antiadeco de los militares se extendía en profundas divisiones entre AD, COPEI, URD, lopecistas, medinistas, generales chopo e’ piedra [de vieja escuela] y jóvenes legionarios, liderados por Pérez Jiménez. Y llegó el fin del gobierno de don Rómulo Gallegos.

Pérez Jiménez: andinos al poder y civiles a sus casas

Nos cuenta en su obra el coronel Edito José Ramírez, agregado militar en la Embajada de Venezuela en Chile [1948], expulsado a la postre por el Gobierno de Pérez Jiménez al tiempo de su regreso al país, por causa de esta anécdota: “Cuando el teniente coronel Pérez Jiménez tocó Santiago [1948], tuvo a bien hacerme una confidencia: Mira Edito, el Gobierno está cayendo o está caído. Los oficiales se agrupan alrededor mío y necesitamos hacer del ejército una casta, semejante a la que existe en el Perú, con oficiales andinos por base. ¿Qué opinas tú?

–No estoy de acuerdo, contestó Edito.

–¿Y por qué, siendo tu contrario a AD [replica Pérez Jiménez], siendo deseoso de que caiga su gobierno y por añadidura andino y militar?

–Todo eso es verdad, riposta Ramírez. “Pero… no es honorable que habiéndose presentado Uds. al Congreso como representantes del ejército a formularle al Gobierno promesas de lealtad y apoyo a sus gestiones, vengan al día siguiente a tumbarlo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién los obligó? […] En cuanto a la casta militar, siempre he pensado que esta “casta militar” es lo que tiene ensamblado al Perú, porque ha sido instrumento de esa rosca socio-económica vigente desde la Colonia. Los militares no caemos del cielo ni somos producto del averno. Tenemos el espíritu liberal de nuestro pueblo, respetuoso del poder civil y cumplidora de la ley. Y en cuanto a lo andino, respeto el amor por nuestra patria chica, pero creo que hemos ejercido una hegemonía política por más de medio siglo a punta de peinilla y machete, que ahora debemos tratar de ejercer con cerebro y preparación.

Episodios que revelan un mar de fondo entre civiles y militares, que condujo a Venezuela a un destino de chivateos cívico-militares, violento y oscuro.

Pérez Jiménez se hace del poder básicamente a raíz de la muerte de Carlos Delgado Chalbaud [en noviembre de 1950 en manos de Rafael Simón Urbina]. Germán Suárez Flamerich asume la Presidencia de la Junta de Gobierno del 48. Pero pronto se hizo realidad la profecía de “andinos militares al poder” lanzada por Pérez Jiménez. Hizo de las FF. AA. un componente de castas y de roscas, un régimen de revólver y seguridad nacional. Si bien hubo un desarrollo urbano notable, notables dirigentes como Ruiz Pineda y Pinto Salinas murieron asesinados. Y en la mazmorra de San Juan de los Morros Luis Alberto Carnevali murió de cáncer.

Pérez Jiménez no pudo contener la división entre civiles y militares, y de estos en los cuarteles. Una vocación fragmentaria, tensa y desagregada que subyace desde Páez a la fecha. Brechas que le han costado a Venezuela un doloroso proceso de decantación política y social, que aún no culmina. En medio de esta resaca irresoluta, llegó Chávez y sus “anuncios revolucionarios”.

Así lo plasmó Jorge Olavarría en su alegórico discurso [ob. cit. 1999]: “Los hechos de hoy plantean ante la conciencia moral de los venezolanos de hoy la obligación de hacer algo por lo que hoy amenaza la esperanza de cambiar lo que hay que cambiar […] y van a hacer retroceder a Venezuela a un ayer, cuyos atavismos de violencia están latentes, y solo falta alguien que los despierte. Y alguien los está despertando […] Pero estas no son las amenazas de un reformador de lo que se niega tercamente a ser reformado. Son los anuncios de un destructor”. Fin de la cita.

De la modernización al Pacto de Puntofijo y la muerte de la democracia

El politólogo e historiador Andrés Stambouli ha analizado el proceso político venezolano. Stambouli destaca que la Revolución de octubre de 1945 marcó el fin de la hegemonía andina y el inicio de una etapa de democratización y modernización política. Sin embargo, también resalta las tensiones y desafíos que surgieron en el proceso de consolidación democrática. El historiador Manuel Caballero se refería al movimiento del 18 de octubre de 1945 como el inicio de la verdadera democracia en Venezuela, resaltando su carácter revolucionario. “Se lograron avances significativos en el ‘entendimiento’ de una Venezuela convulsa en el plano cívico-militar”.

El período de Pérez Jiménez, en medio de la represión, genera una era de prosperidad, urbanismo y “orden”. Se acentúa aquella expresión de que “los civiles no están preparados para gobernar este país”, de lo cual es fácil deducir que, para el ala militar, el pueblo tampoco está preparado para elegir a mandatarios civiles. La caída de Pérez Jiménez, en 1958, trae el alumbramiento de la democracia pactada. Una suerte de reactivación de la voluntad civilista y consensuada que sembró la revolución del 45, donde el quiebre de las FF. AA. fue definitorio de la transición hacia la democracia. Sin la intervención de Trejo y Larrazábal, no había 23 de enero. Pero fue el Pacto de Puntofijo el que vino a sellar la consolidación de la civilidad, la secularización de la política y los militares a los cuarteles. Un pacto roto por la pérdida de la capacidad de consenso.

La doctrina militar del Estado democrático quedó consagrada en la Constitución de 1961 [artículo 132], que establece con admirable elocuencia que “las FF. AA. nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas, y el respeto a la Constitución y las leyes, y la integridad de la República y, en ningún caso, al de una persona o parcialidad política”. Pero la destrucción se hizo ley.

La brecha histórica entre civiles y militares comporta un distanciamiento frágil e inoportuno. Una sociedad que tiene décadas resintiendo los vaivenes entre partidos, militares y sociedad civil. Una sociedad huérfana de redención civilista y ataviada de sable. Todavía no zanjamos ese mar de fondo que trató de sanar el 18 de octubre de 1945. Y esos pantanos destructores llevaron al sepulcro a la democracia pactada de 1958.

¿Estamos a la víspera del auge de una nueva revolución del 45? ¿Un pacto de renovación y transición posible? ¿Existe una reserva política-civilista moralmente sólida? ¿Y militar?

Esta historia continuará. 1989: de la pérdida de la democracia pactada al por ahora…

vierablanco@gmail.com | Presidente de VenAmérica / USA

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

“La comunidad internacional no puede mantenerse indiferente”: EGU al recibir Premio al Coraje en Ginebra

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Edmundo González Urrutia recibió este martes en Ginebra el Premio al Coraje en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia e hizo un llamado a que se mantenga la presión exterior hacia el régimen de Nicolás Maduro por sus repetidos abusos.

“La comunidad internacional no puede mantenerse indiferente. La lucha del pueblo venezolano no es solo una lucha por su voluntad, sino por mantener la estabilidad democrática en todo el continente”, aseguró González Urrutia en el discurso de recepción del galardón, también concedido a María Corina Machado aunque ella no pudo viajar a Suiza para recibirlo.

El premio a los dos líderes opositores “es un homenaje a la resiliencia de un pueblo que, ante la adversidad, ha elegido no rendirse ni callarse”, subrayó González Urrutia.

El que fue principal candidato opositor en las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024 aseguró que en esa jornada, “tras 25 años de amenazas, los venezolanos votaron, elevaron sus voces, y continúan luchando hoy”.

“Pero el coste de esa lucha ha sido alto”, agregó González Urrutia, recordando que desde los comicios más de 2.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria y citando los casos de opositores y activistas aún privados de libertad como Enrique Márquez, Rocío San Miguel o Javier Tarazona.

 

Recordó a su yerno, detenido desde hace 41 días

Posteriormente, González escribió en la red social X que el galardón era para los venezolanos “que seguían luchando con coraje para que se respete su deseo de cambio”

También, publicó unas imágenes en las que sostenía una fotografía de su yerno, Rafael Tudares, detenido desde hace 41 días.

“La libertad es la causa que me motiva a continuar. La libertad de mi país. La libertad de todos los pesos políticos. La libertad de Rafael. La libertad de mi hija y mis nietos. La libertad de todas aquellas madres, padres, hijos, esposos que hoy sufren la desaparición forzada o el secuestro de sus seres queridos en Venezuela”, sentenció.

Machado: “Venezuela será libre”

María Corina Machado pudo intervenir a través de un mensaje de vídeo en el que aseguró que la oposición a Maduro “seguirá luchando hasta el final, hasta que la justicia impere de nuevo en Venezuela y podamos traer a nuestros hijos de vuelta”.

“Ya hemos alcanzado tanto que el régimen está aislado a nivel nacional, es rechazado internacionalmente y está dividido”, subrayó.

“Estamos preparados y decididos y sabemos que no estamos solos, como hoy se ha demostrado aquí. Venezuela será libre”, concluyó la líder opositora.

Con información de EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Informe final del Centro Carter concluye que elecciones del 28 de julio no fueron democráticas

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El Centro Carter presentó este lunes, 17 de febrero, su reporte final sobre la observación técnica que hizo de las elecciones presidenciales de Venezuelas, celebradas el 28 de julio de 2024, concluyendo como ya habían denunciado en agosto que las mismas no fueron democráticas.

En su informe, la organización recordó que el 7 de marzo de 2024 recibió una invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar el proceso electoral y, el 9 de mayo, se firmó un memorándum de entendimiento para garantizar que el Centro Carter “pudiera observar libremente y hablar públicamente sobre sus hallazgos y conclusiones, de acuerdo con la metodología estándar del Centro”.

A pesar de los compromisos que asumió el CNE para dar plena libertad y acceso a la misión, la noche de las elecciones, el Centro no tuvo acceso a información detallada del CNE sobre los resultados electorales, lo cual “no estaba en consonancia con el memorando de entendimiento acordado antes del despliegue de la misión”.

La misión técnica de observación electoral internacional se desplegó el 29 de junio de 2024 y estuvo liderada por Jennie Lincoln, asesora senior para América Latina y el Caribe. La misión estuvo conformada por 17 expertos y observadores, incluidos equipos con sede en Caracas, Barinas, Maracaibo, y Valencia.

Durante el proceso, la misión se reunió con una amplia gama de partes interesadas, incluido el CNE, candidatos, partidos políticos, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, fuerzas armadas, y expertos electorales.

Dado que la misión no incluyó un corto plazo completo delegación de observadores, sus observaciones en los lugares de votación fueron de alcance limitado y “no son necesariamente representativa de los procesos en todo el país”. Por lo tanto, el Centro señala que su informe no proporciona “una evaluación exhaustiva del proceso de votación y escrutinio”.

El 30 de julio de 2024, el Centro emitió una declaración preliminar el 30 de julio, concluyendo que “las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y [no podrían] considerarse democráticas”. En el momento de la publicación de en este informe final, el CNE no ha publicado los resultados oficiales de la votación a nivel de mesa electoral.

El contexto previo a las elecciones

El Centro Carter recordó en su informe que las elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo en un “contexto de extrema polarización entre los gobierno y la oposición, preocupaciones de larga data sobre la situación de los derechos humanos y la continua emigración de millones de venezolanos debido a la situación económica y política”.

Recordó la institución que los acuerdos de Barbados de 2023 se veían como una oportunidad para que el CNE llevara a cabo unas elecciones ofreciendo una competencia leal y la eventual aceptación del resultado por todas las partes.

Sin embargo, el Centro Carter concluyó que el proceso electoral reflejó un “claro sesgo hacia el presidente en ejercicio”, sesgo que fue evidente en el proceso de registro de candidatos, la exclusión de la mayoría de electores en el exterior y las condiciones desiguales de la campaña.

A pesar de las trabas, la Plataforma Unitaria Democrática pudo presentar un candidato, Edmundo González Urrutia. Para el Centro Carter, eso representó que la elección fuera “competitiva y los votantes tuvieron opciones claras cuando acudieron a las urnas el día de las elecciones”.

En cuanto a la prueba y auditoría de las máquinas, el Centro consideró que fue “generalmente transparente en el período preelectoral” y todos los partidos que se reunieron con la institución “estaban satisfechos con que el el sistema de votación electrónica brindó garantías suficientes para una votación precisa y transparente recuento y tabulación de resultados”.

Tropiezos del día de la votación

El Centro Carter indicó que el día de las elecciones, los ciudadanos venezolanos “parecían ansiosos por participar en unas elecciones democráticas proceso” y a pesar de los problemas en algunas áreas, incluyendo reportes de incidentes violentos el 28 de julio “fue generalmente pacífico, y los votantes acudieron en gran número a expresar su voluntad”.

Señaló la organización que en el número limitado de centros electorales que visitó la misión, los funcionarios parecían seguir los procedimientos correctamente en su mayoría. “Sin embargo, el proceso se deterioró rápidamente la noche de las elecciones”, alertó.

En medio de los reclamos generalizados en redes sociales y medios de comunicación que la oposición había ganado por amplio margen, el CNE anunció que Nicolás Maduro había ganado la reelección con el 51,2% , mientras que Edmundo González Urrutia tenía el 44,2%.

Además, recordó que el CNE no proporcionó los resultados de ninguna mesa electoral, alegando que el sistema había sido hackeado. Mientras tanto, el Comando ConVzla comenzó a difundir las actas que imprimían las máquinas de votación. “Estos formularios de resultados demostraron una victoria clara y convincente para el principal candidato de la oposición, González”, señaló el Centro.

Elecciones no fueron democráticas

A pesar de que el Centro y otros en Venezuela, la región y en todo el mundo pidieron mayor transparencia para garantizar que los resultados generales anunciados coincidan con la evidencia proporcionada por cada máquina de votación, el CNE se negó a proporcionar evidencia alguna de su anuncio.

El Centro Carter destaca en su informe final que el  CNE no publicó ningún resultado ni lo puso a disposición del público las copias de las actas que recibió de cada mesa electoral.

“Debido a la extraordinaria negativa del CNE a cumplir con la función más básica de precisión informar los resultados y la abrumadora evidencia física en forma de actas recopiladas en a nivel de mesa electoral, el Centro Carter concluye que las elecciones de Venezuela de 2024 no reunieron los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”, señaló el informe.

El Centro Carter destacó que, además de la ausencia de transparencia en el anuncio de resultados y “la aparente falsificación del resultado, las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varios compromisos fundamentales”.

Recomendaciones del Centro Carter

La recomendación general del Centro Carter es que las autoridades muestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos al permitir un proceso independiente y transparente. Otras que se apuntan en el informe son:

Marco Jurídico

– Asegurar que cualquier enmienda significativa al marco legal electoral se haga bien en adelanto de elecciones y con amplio consenso político encaminado a dar certeza de ley, oportunidad adecuada para ajustes operativos y sensibilización de las partes interesadas.

– Enmendar, derogar o retirar leyes, proyectos de ley y reglamentos que buscan restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo; la Ley para el Control, Regularización, Operación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Afines; y la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo.

Administración Electoral

– Reconsiderar los procedimientos de nombramiento del CNE para garantizar una mayor participación interpartidaria y de las partes interesadas apoyo y confianza en el CNE como organismo independiente, imparcial y profesional.

– Publicar toda la información relevante de manera rápida y sistemática, incluidas las decisiones del CNE y el calendario electoral, y celebrar reuniones periódicas del marco de consulta con las partes interesadas aumentar la transparencia y la confianza en el proceso.

– Mejorar el sistema de notificación y la capacitación del personal de votación para que sea menos probable que lo sean. reemplazado el día de las elecciones por individuos partidistas sin entrenamiento.

– Para garantizar la transparencia, dar a conocer los criterios para solicitar el establecimiento de nuevas votaciones. estaciones y los motivos para otorgar o rechazar solicitudes.

– Establecer un calendario electoral de manera oportuna que permita el buen desarrollo de preparativos electorales.

Educación del Votante

– Aumentar la efectividad y el alcance de los proyectos de educación electoral destinados a aumentar comprensión del proceso electoral, mejorando la confianza en la integridad de las elecciones, e instruyendo a los votantes sobre el uso de máquinas de votación.

Registro de Votantes

– Promulgar medidas efectivas para abordar el subregistro de votantes antes de las próximas elecciones, así como planificar de manera efectiva campañas especiales de registro de votantes.

– Para aumentar la participación ciudadana, organizar un registro integral de votantes venezolanos migrantes sin restricciones innecesarias basadas en su estatus migratorio.

Registro de Candidatos

– Abolir la facultad de la Contraloría General de la República de descalificar a los ciudadanos de la candidatura como sanción administrativa o complementaria, por lo que los derechos políticos quedan suspendidos únicamente por decisión judicial y sujeto a todas las garantías procesales apropiadas.

Campaña

– Garantizar el cumplimiento de las reglas de campaña mediante la imposición de sanciones para crear más competencia electoral equitativa, en particular abordando el mal uso de los recursos estatales en la campaña electoral.

Financiamiento de Campañas

– Adoptar una ley que regule efectivamente el financiamiento político, como se recomendó en 2021.

Observación Electoral

– Eliminar restricciones contrarias a los estándares internacionales y las buenas prácticas para observación ciudadana de todas las etapas del proceso electoral, garantizando la libertad de circulación y expresión y asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstrucción.

Medios de Comunicación

– Fortalecer la capacidad del CNE para garantizar que los recursos de los medios estatales no se utilicen para fines partidistas.

– Implementar programas de alfabetización y verificación para combatir el discurso de odio y la desinformación sobre redes sociales.

– Restringir la práctica de bloquear sitios web y bloquear medios, plataformas multimedia, y herramientas de elusión de la censura, entre otras, incluso asegurando que cualquier acción para el contenido del bloque es proporcional a su propósito previsto y ordenado por un independiente y tribunal imparcial.

Tecnologías Electorales

– Establecer requisitos legales claros para la realización de auditorías previas y posteriores a la elección y certificación de máquinas de votación electrónica y procesos de votación electrónica para mejorar integridad y confianza en el proceso.

Jornada Electoral y Anuncio de Resultados

– Establecer límites claros a los mecanismos de control social de los votantes y prevenir la infracción de derechos de los votantes, como “puntos rojos” para verificar que la gente haya votado.

– Asegurar la publicación oportuna y completa de todos los datos relacionados con los resultados electorales declarados, incluidos resultados por mesa electoral, y asegurar la publicación de todos los formularios de resultados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“El libro rojo de Maduro”: ONG exponen violaciones a DDHH antes y después del #10Ene

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Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, una iniciativa de organizaciones de derechos humanos venezolanas que denuncian y documentan la situación en el país, presentó este 17 de febrero el informe “El libro rojo de Nicolás Maduro: crisis de DDDH en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto el 10 de enero“,  un reporte en el que evalúan la situación de DDHH en el país entre el 10 de diciembre de 2024 –un mes antes del acto de juramentación de Nicolás Maduro- y el 10 de febrero de 2025 –un mes después.

Las ONG denuncian que el 10 de enero de 2025 “ocurrió el hecho más grave para el estado de derecho y la institucionalidad democrática en Venezuela desde el año 1958: la instalación de un gobierno de facto“. En el documento indican que existen al menos cinco razones que soportan que la decisión de los ciudadanos fue haber escogido al candidato Edmundo González como presidente para el período 2025-2031.

Entre esas razones, enumeran la no divulgación ni publicación de los resultados detallados por estados y mesas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las conclusiones de los reportes de dos misiones de observación internacional invitadas formalmente por las autoridades venezolanas: el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter.

Citan también las actas que publicó la oposición en el sitio web https://resultadosconvzla.com/ y los 895 videos de lecturas de resultados en mesas electorales, posteadas en https://macedoniadelnorte.com/videos;  las encuestas hechas previamente por cinco importantes encuestadoras del país (Delphos, Poder y Estrategia, Clear Path, ORC Consultores y More Consulting –que daban una clara ventaja a González Urrutia sobre Nicolás Maduro- y lo comentado recientemente por el presidente chileno de tendencia izquierdistas, Gabriel Boric, quien expresó en una declaración:  “No tengo dudas: en Venezuela se robaron la elección”.

Las ONG agrupadas bajo este movimiento presentaron en septiembre de 2024 un primer reporte denominado “El libro negro de la dictadura de 2024” que recogía las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto poselectoral. El nombre aludía al editado de forma clandestina por José Agustín Catalá “Venezuela bajo el signo del terror”, que sería conocido como “el Libro Negro de la dictadura” y que exponía los atropellos de la tiranía de Pérez Jiménez, la censura, la tortura y los nombres de las víctimas, la descripción de los campos de concentración y la valerosa conducta de la resistencia

A continuación, las claves sobre el reciente informe que engloba la crisis de derechos humanos en el país en torno a lo que las ONG llaman “la instalación de un gobierno de facto” el 10 de enero y que también califican como una “tercera etapa de represión” con el empleo de mecanismos “duros y blandos” para “silenciar, desalentar y anular la oposición” al Gobierno.

Más de 130 detenciones arbitrarias

Durante los 63 días de cobertura del informe las ONG documentaron, al menos, 138 detenciones arbitrarias por razones políticas, 116 hombres y 22 mujeres.

El Distrito Capital fue el estado con mayor cantidad de detenciones (23), seguido por Zulia (19) y Trujillo (18), pero se reportaron  detenciones en 19 estados del país.

“Esta cifra sugiere que cada día, desde el 10 de diciembre de 2024, se detienen a dos personas en el país por razones políticas, una cada 12 horas“, exponen.

Denuncian que  alrededor del 10 de enero “se afianzó el patrón de detenciones selectivas, que intentan mandar un mensaje ejemplarizante al resto de la población” y destacan que el único “patrón novedoso y consolidado” alrededor del acto de juramentación “sería la detención de extranjeros para intentar forzar una negociación bilateral con sus gobiernos”.

En el reporte se resalta la situación en Yaracuy, donde ocurrieron 8 detenciones arbitrarias por razones políticas los días 8 y 9 de enero 2025. La ausencia de movilizaciones por la democracia en esa entidad se explica por la movilización oficialista durante esos días, a partir de las llamadas “Unidades Populares por la Paz” (UPPAZ): “Frente a esta situación la población ha realizado concentraciones de naturaleza religiosa”, indica Derechos Humanos en Movimiento.

Caso emblemático de detención arbitraria: Enrique Márquez

El informe destaca el caso de Enrique Márquez, quien fue detenido en Caracas la noche del 7 de enero de 2025. Para el momento del cierre del informe se encontraba en situación de “desaparición forzada”. Precisan que voceros del gobierno lo vinculan con un supuesto complot contra el gobierno, junto a un ciudadano estadounidense del FBI y el yerno del líder opositor  Edmundo González Urrutia. Diosdado Cabello mostró un documento que supuestamente era “una propuesta impulsada por Márquez para que González fuera juramentado presidente de Venezuela ante una asamblea de ciudadanos venezolanos, en una sede diplomática del país”.

Márquez fue candidato presidencial en julio de 2024, apoyado por el partido Centrados en la Gente, el Partido Comunista de Venezuela y el partido REDES, y tras esa postulación, denunció las inconsistencias en los números divulgados y fue una de las personalidades que introdujeron un amparo constitucional para exigir que se presentaran los resultados de las votaciones desglosados mesa por mesa. 

Al menos 27 desapariciones forzadas y denuncias de torturas

Las ONG indican que durante el lapso se registraron 27 denuncias sobre desaparición forzada de corta duración contra personas privadas de libertad por razones políticas situación que, alertan, las familias temen denunciar

“También se registró una ejecución extrajudicial presuntamente por motivaciones políticas, el del teniente del ejército Jean Carlos Amarante Zárraga, asesinado el 29.01.25″, recalcan, en un hecho en la alcabala de Borojó en el estado Falcón.

Según datos de la periodista Sebastiana Barraez, quien contactó a los familiares, todo ocurrió luego que privaran de libertad a la esposa de Amaranto: “A la esposa la detuvieron el día antes, martes; le quitaron el teléfono y la computadora. Ella llamó para decirle que estaba detenida, por lo que Jean Carlos le respondió que ya iba de regreso a Coro, pero nunca llegó”.

El medio “Noti Coro” agregó que habitantes de la zona contaron que  el exmilitar iba en un Chevrolet Spark azul acompañado otro ciudadano, del cual no se ha podido conocer identidad, pero que estaría detenido. Iban en sentido al estado Zulia. 

El informe de Derechos Humanos en Movimiento incluye también las denuncias hechas por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) respecto a  “torturas y tratos inhumanos y crueles” contra los detenidos.

“Destaca el caso de Jesús Armas, detenido por efectivos encapuchados del Sebin. Durante su reclusión habría sido torturado bajo asfixia mecánica en una casa clandestina de Santa Mónica, Distrito Capital, resumen. 

Patrones represivos se mantienen y acentúan

Alrededor de la juramentación del 10 de enero, en los días previos y posteriores, los expertos en derechos humanos encuentran que los patrones represivos se mantienen. Uno de los consultados indicó:  “A las personas se les desaparece, así sea dentro de este esquema de desaparición forzada breve en los primeros momentos de arresto. Generalmente, se las detiene sin que estén cometiendo delitos y sin  orden de captura. A todas se les imputan básicamente los mismos delitos que se le imputaron a todos los que fueron detenidos en las elecciones, el año pasado: Terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir. A todos se les niega el derecho a estar asistidos por abogados de su confianza. Ese es el patrón que se ha mantenido”. 

El experto dijo que se han registrado detenciones selectivas, dependiendo de cada caso, “todas ellas orientadas al cumplimiento de una finalidad política precisa. Por ejemplo, el caso de los extranjeros ya lo sabemos: utilizarlos como fichas de intercambio. En el caso de los defensores
de derechos humanos neutralizarlos e intimidar a todo lo que es la comunidad de defensores”. 

Otra fuente consultado opinó que se ha venido afianzando la política de detener a familiares, tanto en casos conocidos como en otros que no se han hecho públicos.

“Ya tenemos que hablar del patrón madurista de detener a familiares y hacer menos referencia que esto lo aplicaban los nazis o no. Ya es un patrón instalado en la dictadura madurista. Por otro lado, la detención de extranjeros, con toda la premeditación, porque están conscientes que no tienen ninguna responsabilidad, que no estaban entrando al país para cometer algún delito”, señala. 

Defensa de los DDHH pende de un hilo

En el lapso estudiado, tres personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos fueron detenidas en el país. El caso más relevante fue el de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.

Aunado a ello la defensa de los derechos humanos, alertan las ONG,  sufre de “importantes restricciones debido a la sinergia entre la potencial aplicación de normativas restrictivas (Ley Simón Bolívar, Reforma de Ley de Comunas y Ley de Justicia de Paz Comunal y la Ley de Fiscalización de ONG) “y la progresiva disminución de la cooperación internacional, en donde se incluye el hito de la abrupta interrupción del apoyo de USAID, que alertan,  “afectará notablemente a portales de información y organizaciones humanitarias y de derechos humanos”.

Libertad de expresión cada vez más restringida

Las ONG documentan que seis personas fueron detenidas entre el 10 de enero de 2025 y el 10 de febrero  por mensajes que circularon a través de las redes sociales, incluyendo el caso del sindicalista Juan Valor, “detenido por divulgar un video invitando a la manifestación del 09.01.24 y acusado de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad”.

Adicional a ello, se registró el caso de dos emisoras (Más Network Coro 97.9 fm y Criolla 100.7 FM de Bolívar) y un programa de radio (“Profundidad de Campo, conducido por Augusto Hernández) que fueron clausurados por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Durante las manifestaciones del 09.01.25.

Además, según datos de Ipys Venezuela, se registraron cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. 

De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, se mantienen privados de libertad 11 periodistas y trabajadores de la prensa.

Mientras que a los bloqueos conocidos al contenido de redes sociales se sumó el bloqueo a la red social TikTok. Hasta el 17 de enero de 2022, VE Sin Filtro reportaba que el bloqueo llevaba 11 noches consecutivas.

Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre, declaró entonces a Runrun.es que en Venezuela “prácticamente todo el ecosistema de medios independientes está bloqueado”.

Actuaciones de colectivos

Sobre la actuación de los grupos de civiles armados (Colectivos), las ONG documentaron 21 incidentes distribuidos en 11 estados del país el día 9 de enero, cuando se convocaron protestas opositoras.

“Según opinión de analistas las autoridades estarían creando sus propios grupos civiles de choque, a través de las llamadas “Unidades Populares para la Paz” (UPPAZ)”, abunda el documento.

Lo que piden a la comunidad internacional

Las organizaciones que hacen vida dentro de la coalición Derechos Humanos en Movimiento instan a la comunidad internacional a “mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para allanar el camino a una transición a la democracia” y a que se empleen “nuevos mecanismos multilaterales y de protección a derechos humanos, que logren contener el abuso de poder y proteger a la población”. 

Exigen también que los mecanismos conocidos de la comunidad internacional aumenten la “responsabilización individual de funcionarios que, por acción u omisión, estén comprometidos en las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país”.

Exhortan también a que los Estados parte procuren la  “incidencia necesaria en la Corte Penal Internacional” para que la recurrencia de delitos contra la humanidad en Venezuela, luego de los comicios del 28J, sea tomada en cuenta por la Fiscalía y allane, en un tiempo perentorio, una decisión sobre el inicio judicial de casos concretos sobre el expediente denominado “Venezuela I”.

Piden también que se mantengan las fuentes de financiamiento para organizaciones que promueven la defensa de derechos humanos,  sobre todo en los casos  de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ante el  “abrupto retroceso de la cooperación internacional a nivel
mundial, así como el retiro de importantes agencias de cooperación de Venezuela” que denuncian, “está acelerando el cerco contra la sociedad civil”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Violaciones de derechos indígenas continúan ante el silencio gubernamental

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El Estado venezolano se reunió con los indígenas de las comunidades Ye’kwana y Sanema en Santa Rosa de Tencua, municipio Manapare del estado Amazonas el pasado domingo 9 de febrero para atender los graves conflictos que la minería ilegal ha traído a sus territorios ancestrales.

Para la comunidad significó un logro, pero es una atención clamada por los indígenas desde hace más de una década. 

Esto sucedió luego de que el pasado 22 de enero, mineros ilegales quemaron una churuata comunal – sitio sagrado para las etnias-, viviendas en la comunidad de Puerto Unión y embarcaciones de transporte de los Ye’kwana en el Alto Ventuari de la Amazonía venezolana, ”dejando a muchas familias sin hogar y empeorando la crisis humanitaria”, de acuerdo a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia). 

”Hay una valoración de las pérdidas, las cuales están siendo cuantificadas por la comisión de diálogo entre la Gobernación del estado, las instituciones y las organizaciones indígenas que está asistiendo a las comunidades”, indicó el profesor y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar. 

Venganza

Las brutales acciones de los mineros fueron una respuesta a las acciones de los pueblos el 20 y 21 de enero, enmarcadas en un operativo denominado ”Plan Parú”, cuando alrededor de 90 indígenas, en coordinación con organizaciones locales (Organización Ye’kwana del Alto Ventuari, Unión Makiritare Alto Ventuari y los Guardianes Territoriales Ye’kwana) expulsaron a los mineros ilegales estacionados en el alto río Paru. 

”En una acción pacífica, inhabilitaron cinco máquinas de extracción de oro, evitando confrontaciones directas”, relató el Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri en una publicación de Instagram.

La comunidad tenía el objetivo de defender su hogar y ”sanear su territorio de actividades ilegales que destruyen el ambiente y contaminan las aguas”, tomando en cuenta que la minería está prohibida en Amazonas desde 1989 a causa del Decreto Presidencial Número 269”, para preservar y conservar los recursos naturales de la región. 

Llamados repetidos al gobierno

El 22 de enero, Ye’kwanas de Tencua realizaron un pronunciamiento en redes, ”tras haber agotado todas las vías”, donde se dirigieron a Nicolás Maduro para solicitar la activación y presencia de autoridades, como el Ministerio Público, para atender la situación que viven a raíz del extractivismo aurífero.

Mencionaron que durante los incendios, hubo heridos, entre ellos una mujer embarazada que fue agredida físicamente. ”Buscamos una solución antes de que ocurra una tragedia mayor, como pérdidas humanas (…)” y reiteraron su rechazo a la minería ilegal en su tierra.

 
 
 
 
 
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El 28 del mismo mes, hubo un pronunciamiento con otros representantes donde se recalcó que denunciaron repetidas veces la situación ante la fiscalía durante 2024, sin recibir respuesta, y que mientras se encontraban bajo asedio, fuerzas militares se hacían la vista gorda. 

Negociaciones

El 9 de febrero, Wayamoutheri informó el inicio de una mediación en Tencua entre la Gobernación de Amazonas, el Ministerio de Pueblos Indígenas, Orpia y las organizaciones de base de los Ye’kwana y Sanema, con el objetivo de dar fin a los conflictos y establecer medidas permanentes para prevenir la entrada de mineros. 

Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) comentó que por primera vez, desde que fue aprobado el Capítulo VIII de los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional, se inició ”un proceso de diálogo intracultural (…) para detener la minería ilegal que se está produciendo en sus territorios y que ha desatado una ola de violencia a lo interno de las comunidades”.

Tras dos días de negociaciones, Wayamoutheri indicó que ”se vislumbró un acuerdo que tendrá como fundamento el plan de vida del pueblo Yek’wana y Sanema del Medio y Alto Ventuari (…) Estos pueblos cuentan desde hace mucho tiempo con etnocartografías y planes de vida sustentados en sus demandas de demarcación basadas en la autodemarcación. Este diálogo intercultural sienta un precedente importante en los futuros procesos de acuerdos comunitarios entre los pueblos indígenas”.

Hasta los momentos, las organizaciones no han emitido más detalles.

Una historia de despojo y violencia

Desde 2016, la minería ilegal ha invadido los territorios de estas etnias. Con la llegada de maquinaria pesada, grupos armados nacionales y extranjeros, y la ausencia de control gubernamental, la minería se disparó durante la pandemia por COVID-19 en 2020, y llegó a destruir más de 934 hectáreas de selva para mayo de 2023.

La organización SOS Orinoco documentó que la Huella Minera -territorio perjudicado por la explotación minera- en la Amazonía superó las 173.000 hectáreas para 2024 y afectó el hogar ancestral de 27 grupos indígenas, además de dejar suelos infértiles, contaminación en cuerpos de agua y peces consumidos por las personas, vegetación arrasada, degradación profunda de los ecosistemas, campamentos mineros ilegales y un clima de violencia por el control de territorios.

En reiteradas oportunidades, los representantes de las comunidades acudieron al Estado venezolano para buscar una solución y apoyo al problema, pero encontraron silencio gubernamental.

Así lo reportaron ONG como SOS Orinoco, que en su informe ”Autana: guerrilla, minería y narcotráfico al pie del Árbol de la Vida” de 2019, explicó el ingreso de grupos armados provenientes de Colombia al municipio Autana, al noroeste de Amazonas, y cómo los pueblos buscaron a las instituciones oficiales para denunciar las actividades ilícitas desde 2013. 

Un grupo de doce líderes de organizaciones indígenas de Amazonas agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) viajaron a Caracas para reunirse con el vicepresidente – Jorge Arreaza en ese año- sin éxito, también consignaron cartas a múltiples entes y figuras gubernamentales regionales y nacionales.

Ante la falta de respuesta, en 2014 hicieron su primer pronunciamiento “por la presencia de grupos armados no estatales y mineros ilegales en nuestro territorio ancestral”.

A inicios de 2020, la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus) hizo público un pronunciamiento donde declararon la decisión de defenderse por sus propios medios y de estar cansados ante la falta de atención de los gobiernos. ”Siempre será de manera pacífica, con paso firme y decidido, hasta haber logrado nuestro objetivo”, insistieron.

En el Parque Nacional Yapacana, igualmente invadido por mineros ilegales y grupos guerrilleros colombianos, ORPIA y Wataniba denunciaron la situación en 2019. 

”Queremos destacar que desde el año 2015 las organizaciones indígenas venimos alertando al Presidente de la República (…) La minería en todo el estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos, el incremento de enfermedades como la malaria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, delincuencia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y abandono de comunidades, la presencia de grupos irregulares armados (…)”, manifestaron.

Silenciados para siempre

En algunos casos, hubo respuesta ante los pronunciamientos y denuncias, pero de grupos armados irregulares.

El profesor Aguilar, recordó que el año pasado un protector territorial Ye’kwana del Alto Ventuari fue asesinado.

Su nombre era Joaquín Hernández y se caracterizaba por estar dispuesto a enfrentarse a los invasores de los territorios ancestrales, describió Eligio Dacosta, líder del pueblo baniva y coordinador general de Orpia. 

Dacosta manifestó que Hernández hizo un llamado de atención a mineros ilegales que se encontraban en el territorio, lo que terminó en una discusión acalorada y amenazas hacia el Ayukuweny – guardián territorial-. El 1 de septiembre fue abordado por tres personas encapuchadas que ingresaron a su hogar y lo golpearon al punto de causar hemorragia interna. Falleció tres días después. 

A raíz del suceso, las organizaciones indígenas de Amazonas solicitaron al Ministerio Público medidas cautelares en favor de los guardianes territoriales indígenas del pueblo Ye’kwana, y recordaron los asesinatos de los defensores Virgilio Trujillo Arana en 2022 y Freddy Menare en 2017.

Responsabilidad del Estado

Aguilar puntualizó que ”son constantes las violaciones a los derechos establecidos en el Capítulo VIII de la Constitución.  Se está violentando el derecho a la vida a través de la vulneración de los derechos territoriales y los derechos de la naturaleza”, apuntó. 

El gobierno venezolano es responsable de salvaguardar las tierras y comunidades ancestrales a lo largo de todo el territorio. El académico apuntó que  para  procurar un paso hacia esto, ”debe procederse de manera inmediata a la demarcación de los territorios indígenas mediante el reconocimiento de las auto demarcaciones realizadas por estos pueblos indígenas. En el caso de los pueblos indígenas Yek’wana y Sanema, está auto demarcación ya está mapeada mediante la etnocartografía y ya cuentan con un protocolo intercultural de consulta libre, previa, informada y de buena fe en sus territorios, el cual tiene aplicación directa en sus hábitats y tierras ancestrales”.

Fotografía principal: Mongabay (Luisovalles)

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Exrector de la UCAB llama a la “unidad” para restitución democrática en Venezuela

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El padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita y exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló que Venezuela necesita llegar a la unidad entre distintos factores que aspiran a la restitución democrática.

Así lo dijo el pasado 14 de febrero en el conversatorio “Perspectiva País 2025”, espacio realizado entre Medianálisis y el Centro Gumilla y que es respaldado por Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN).

El evento conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione, tuvo como invitado especial a Luis Ugalde, quien destacó la importancia de una ruta democrática en la búsqueda de la reconciliación nacional.

Durante su intervención, el exrector de la UCAB comentó que de momento observa un clima de modestia y realismo en ambos bandos políticos, a su juicio los actores políticos venezolanos han entendido que la reconstrucción del país no va a ser un tema fácil.

Asimismo, indicó que se debe valorar mucho la capacidad de “sumar fuerza, incluso con quien no se está de acuerdo”, resaltando que es hora de una unidad entre los distintos factores que aspiran a la restitución democrática en Venezuela.

Por otro lado, expresó que el venezolano no busca la violencia ni se ha planteado una salida por la vía armada, enfatizando lo señalado en el más reciente documento publicado por la Conferencia Episcopal Venezolana.

“Estamos en un momento en el cual es imprescindible que tanto los civiles como los militares nos hagamos la idea de que no hay más remedio que salir de este callejón sin salida y entendernos, incluso entre quienes han podido ser rivales muy enfrentados”, destacó el teólogo.

Andrés Cañizález preguntó sobre si es posible que se esté caminando hacia un frente nacional que enarbole las banderas del pasado 28 de julio, a lo que el padre contestó que aún hay obstáculos fuertes que lo impiden.

Ugalde explicó que no se ha presenciado la intención por parte de algún dirigente de la oposición o el oficialismo que busque la unificación en el diálogo, dado que puede ser tachado como un traidor o vendido.

El sacerdote subrayó que los eventuales mediadores entre ambos factores políticos están inhibidos, “el país en este momento, me parece que está en modo resignación”.

Nota de prensa

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Las deportaciones perjudican a los emigrantes y a Estados Unidos

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Las deportaciones y discriminaciones en contra de extranjeros son de vieja data. Los espartanos utilizaban el término xenelasia a la medida de expulsar extranjeros que percibían como indeseables. En la Atenas de Pericles, los extranjeros o metecos eran considerados ciudadanos de segunda. Hoy, está comprobada la contribución de los inmigrantes al desarrollo de los países que los aceptan, pero la xenofobia va en aumento.

El presidente de Estados Unidos está utilizando un discurso agresivo y medidas severas en contra de venezolanos y de otros emigrantes que buscan eludir persecuciones políticas o satisfacer necesidades vitales. En Europa han surgido movimientos similares. La solución no está en construir murallas y deportar, sino en tomar medidas para disminuir la pobreza y las persecuciones políticas en los países que originan esas olas.

Sin duda que la xenofobia aumenta cuando se produce una inmigración masiva que satura los servicios públicos y que es difícil de absorber en economías no boyantes, complicándose con el ingreso ilegal de muchos, entre ellos unos pocos malhechores y, en algunos casos, por marcadas diferencias culturales.

En Estados Unidos la situación es más fácil de manejar porque tiene una economía fuerte y en expansión, que requiere mano de obra calificada y no calificada. En Venezuela se produjo una gran ola migratoria por la persecución política, deterioro la economía, colapso de los servicios públicos y escasez de alimentos y de medicinas. Algunos lograron asilo y la mayoría se acogieron al Temporary Protected Status (TPS), calculándose que hay unos 600.000 con esta protección. Una última ola es de inmigrantes que están en situación ilegal.

Lamentablemente, el presidente Trump basó su campaña en descalificaciones a nuestros emigrantes en base a un criminal que cometió un horrible asesinato y por las acciones de delincuentes agrupados en el llamado Tren de Aragua. Al juramentarse eliminó el TPS, por lo que sus portadores deben salir del país, unos en abril y otros de septiembre. Él es un hombre de negocios y confiamos en que, después del impacto mediático ante sus votantes, evalúe el costo-beneficio que implica la expulsión de los venezolanos y otros emigrantes para la economía de su país y que sus asesores le presenten cifras que evidencian que los portadores de TPS son honestos, trabajan y pagan impuestos.

La situación política, económica y social de Venezuela ha empeorado a raíz del golpe de Estado electoral que dio Maduro para desconocer el triunfo de Edmundo González. Prorrogar los TPS y eventualmente otorgar la residencia sería una medida humanitaria y beneficiosa para ambas partes. Con respecto a las deportaciones de quienes están ilegales lo procedente sería revisar caso por caso y otorgar permiso temporal de permanencia.

El presidente Trump debe considerar que, para disminuir las olas migratorias desde Venezuela, debe presionar para que Maduro reconozca el triunfo de Edmundo González. Un nuevo gobierno reactivaría la economía y haría aumentar la producción petrolera mediante inversión privada. Él ha declarado que Estados Unidos no requiere el petróleo de Venezuela. Cierto que, a corto plazo, no le es imprescindible, aunque tiene importancia para reducir costos de refinación en la Costa Este. Pero, a mediano plazo, le será imprescindible porque sus reservas se agotarán. Si Trump ayuda a que Maduro renuncie sería un ganar-ganar.

Por otra parte, no podemos dejar de expresar que deseamos que Estados Unidos sea un país próspero, fuerte militarmente y respetado por los ciudadanos del mundo. Por ello, su presidente debe ser prudente. Las deportaciones, la abrupta interrupción de la ayuda humanitaria de la USAID, declaraciones de que quiere anexar Canadá, tomar el canal de Panamá, comprar Groenlandia y desalojar a más de dos millones de palestinos de la Franja de Gaza ocasionan rechazo, aunque las cuatro últimas sean habladurías.

Como (había) en botica

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 18 de febrero: EGU llevó clamor por respeto a DDHH a Ginebra

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En El Mañanero del 18 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: Edmundo González Urrutia denunció ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, la vulneración de derechos humanos de presos políticos, dirigentes opositores y familiares de los detenidos en Venezuela, mientras su yerno cumple 40 días detenido y sin que su familia haya podido verlo. Un médico en Falcón fue detenido por envío de mensajes de WhatsApp. 

Detenido médico en Falcón por mensajes en un grupo de WhatsApp

Yerno de Edmundo González Urrutia cumple 40 días detenido

Opinión | Animales indefensos frente a seres humanos

Opinión | 200 años de la llegada de judíos a Coro

María Corina Machado: “Van a salir del poder con o sin negociación”

González Urrutia denunció en Ginebra la persecución “sistemática” en Venezuela

Opinión | Los normalizadores no respetan al pueblo venezolano

 

🇨🇭🇻🇪 | LO ÚLTIMO

Edmundo González denuncia persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde la Cumbre de Ginebra, expuso la detención arbitraria de su yerno y el acoso a opositores asilados en la embajada argentina en Caracas.pic.twitter.com/YaGPUcw1f9

— UHN Plus (@UHN_Plus) February 17, 2025 height=”48″ />

 

“Hasta este momento ellos no han querido una negociación. Sigo creyendo que esa es su mejor opción, pero si se niegan también saldrán porque la realidad es la realidad. Necesitamos relanzar nuestras fuerzas, hacerlas crecer cada día más y obviamente coordinarlas con un paquete de acciones que provienen de la comunidad internacional y que cortan los flujos que el régimen hoy utiliza para sostener ese aparato represivo”, expresó María Corina Machado en entrevista a Tal Cual.