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“Tengan un grado de bondad”: Denuncian deterioro de la salud de presa política Mayra Castro

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A través de un mensaje publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Editson Quintero, hijo de Mayra Castro, de 47 años, —presa política desde el 2 de agosto de 2024—, denunció que su madre se encuentra recluida en condiciones inhumanas y que su vida corre peligro  cada día que pasa.

Castro fue detenida por poseer copias de las actas electorales de los comicios del 2015, con las que educaba a miembros de la comunidad de cara a los comicios del 28 de julio, elección que según el Centro Carter, no fue democrática y carece de credibilidad.

“Cada día que pasa, este proceso se vuelve más difícil. La detuvieron por pensar diferente, por ser una dirigente política de un partido opositor. Ella no merece estar allí; no es una criminal. Lo último que quisiera ver en vida es que mi madre muera en prisión o que me informen mañana que la persona a quien le debo la vida ha fallecido entre rejas”, expresó su hijo con profunda emoción.

Quintero hizo un llamado a las autoridades para que “tengan un grado de humanidad” y permitan que su madre recupere la libertad.

Mayra está detenida en la Policía Municipal de Urdaneta en Nueva Cúa y el 17 de febrero fue trasladada al Hospital Osio de Cúa, dicha situación mantiene a la familia en una incertidumbre.

Su familia ha denunciado antes que la dirigente de Primero Justicia (PJ) estaba durmiendo en el piso en una celda, sin posibilidad de ver la luz del sol y sin agua. 

La falta de iluminación la llevó a lesionarse un ojo y le diagnosticaron epiescleritis, una condición que consiste en la inflamación de una estructura membranosa situada en la porción anterior del globo ocular. 

Según las cifras de Foro Penal, 119 mujeres están detenidas por motivos políticos. Para las mujeres, la situación es más grave debido a que no existen médicos especialistas dentro de las prisiones venezolanas, tal como pudo documentar la Organización de las Naciones Unidas. Los detenidos por razones políticas además tienen limitaciones para recibir visitas. 

Los familiares han denunciado graves violaciones de derechos humanos a los presos políticos, afirmando que carecen de condiciones básicas como acceso a agua potable constante, alimentación e hidratación. 

Ruta por los presos políticos

Durante meses, familiares han encabezado protestas en diferentes organismos del Estado para exigir la liberación de sus seres queridos. Sin embargo, continúan sin obtener una respuesta oportuna. 

Por esa razón, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó una ruta por diferentes organismos con el objetivo de continuar exigiendo la libertad plena de sus allegados. 

La ruta iniciará el lunes, 24 de febrero, en el Palacio de Justicia, al día siguiente estarán en la Defensa Pública, después, en la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, acudirán al Ministerio de Servicios Penitenciarios y terminarán en el Ministerio Público. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gremios de la UCV exigieron a autoridades universitarias garantizar derechos a trabajadores y estudiantes

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Representantes de los distintos gremios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ejercieron este miércoles, 19 de febrero, un derecho de palabra ante el Consejo Universitario como parte de los acuerdos de la asamblea intergremial. 

El representante de los profesores ante la casa de estudios, José Gregorio Afonzo, instó al Consejo Universitario a dirigir una carta al Ministerio de Interior y Justicia para comunicar la inconstitucionalidad del “cerco policial” que se mantiene alrededor de la casa de estudios. 

Alfonso señaló que el cerco policial con más de 200 efectivos policiales resulta “inconstitucional, ilegal e inconveniente” e impide la libertad académica.

Por su parte, el representante de los estudiantes de la UCV, Miguelángel Suárez denunció que la comisión presidencial “usurpa las funciones de los obreros y administrativos de la universidad”.

Eduardo Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores, hizo por su parte un llamado al Consejo Universitario a unirse en una concentración para rechazar que llevan tres años sin gozar de un aumento salarial. 

Libertad para los profesores detenidos 

Durante el derecho de palabra, los distintos gremios exigieron también la libertad de los profesores Rocío San Miguel y Jesús Armas, detenidos en el marco de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio.

Informaron que el próximo 24 de marzo habrá manifestaciones en todas las casas de estudios del país para exigir un aumento salarial.

Magaly Vásquez: El mensaje de la igualdad debe venir de arriba y debe demostrarse con hechos

En un mundo donde la violencia de género y la desigualdad siguen siendo desafíos persistentes, las instituciones educativas y empresas tienen un papel crucial en la transformación de estas realidades. 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es un ejemplo de cómo una institución puede tomar medidas concretas para prevenir el acoso, promover la equidad y fomentar una cultura de respeto y denuncia. 

Magaly Vásquez González, secretaria general de la UCAB, abogada y doctora en Derecho y quien en julio de 2024 se convirtió en la primera mujer penalista en ocupar un sillón en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, detalla en esta entrevista los avances y desafíos de la universidad en esta materia, al tiempo que recalca la importancia de que todas las organizaciones asuman similares compromisos.

Equidad de género en la UCAB: avances y desafíos

La UCAB ha logrado un equilibrio notable en cargos directivos y académicos. Aunque actualmente solo hay una mujer en el equipo rectoral, históricamente ha habido una presencia significativa de mujeres en posiciones de liderazgo. 

“Acá nunca ha habido alguna limitación por el hecho de ser mujer, ahorita soy la única mujer del equipo rectoral por una situación coyuntural, pero antes había dos mujeres, de un equipo de seis. En el equipo anterior teníamos la vicerrectora académica y la secretaria”, precisó Magaly Vásquez. Su caso es el mayor ejemplo de su aseveración, ya que en esta casa de estudios ha sido profesora, directora de la Escuela de Derecho, decana de la misma facultad y  directora general de posgrados. 

Hoy en día, en cinco decanatos de la UCAB  hay dos mujeres en los cargos directivos. Además,  hay más mujeres directoras de escuela que hombres directores (8 de 15): “En muchos momentos hemos estado a la par, puede ser que en algún momento haya un director más que una directora, pero en líneas generales, la universidad ha dado la oportunidad por el hecho de que tengas las competencias y capacidades y no por un tema de género”, subrayó la jurista. A esto se suma que, en carreras tradicionalmente masculinas, como Ingeniería Civil, las mujeres están ganando terreno.

La creación de la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra en 2024 es otro paso importante que ha dado la UCAB en este camino. Esta iniciativa alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5  busca visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y promover la igualdad a través de actividades académicas y culturales.

Además, se está trabajando en iniciativas para revisar el material bibliográfico en las distintas escuelas, pues a pesar de tener mujeres destacadas en el área los textos, los que se estudian son escritos por hombres.

“Hay un campo súper vasto para ir interviniendo en él. La UCAB tiene muchas iniciativas, la Encovi tiene una sección que aborda brecha salarial, trabajo doméstico, tenemos una colección de Estudios de la Mujer que lleva el nombre de Evangelina García Price, e inauguramos una sede en Guayana que lleva el nombre de Lucila Palacios. Hay varias cosas que están sensibilizando más sobre el tema y creemos que eso impactará de manera favorable el currículum. La idea es que se vaya incorporando en los diferentes planes de estudio y asignaturas. Nos interesa que sea un proceso gradual, no una imposición, que la gente asuma conciencia de que, efectivamente, todos los informes y estadísticas de organismos nacionales e internacionales indican que, en la medida en la que hay equidad o igualdad, las empresas funcionan mejor”. 

Prevención con efecto disuasivo y educación

El más reciente informe de la red de mujeres Constructoras de Paz (2024) encontró que dos de cada cinco venezolanas entrevistadas había sufrido algún tipo de violencia de género, así como también otro dato poco alentador: una de cada tres mujeres admitió no reconocer situaciones de violencia de género, incluso, cuando se trata de violencia física y sexual. Estas preocupantes cifras subrayan la necesidad de continuar educando y sensibilizando sobre el tema en todos los niveles. Y en el ámbito educativo esta formación resulta crucial. 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) marcó un hito como la primera casa de estudios superiores de Venezuela -y de las pocas en Latinoamérica- en elaborar un protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual.

El protocolo, que consta de siete capítulos y 27 artículos, y que entró en vigencia en septiembre de 2020, se desarrolló con el propósito de crear las condiciones necesarias para  “prevenir, atender, proteger, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y de conductas de acoso por razón de sexo, género, identidad de género u orientación sexual, entre los miembros de la comunidad universitaria”, tanto en el ámbito estudiantil, académico, docente y laboral”.

Magaly Vásquez González -a quien le tocó coordinar la comisión que elaboró el protocolo luego de una denuncia de una exalumna de la extensión Guayana que se viralizó en redes sociales- enfatizó que aunque el protocolo va dirigido a toda la comunidad universitaria, “no importa si se trata de empleados, profesores y estudiantes, sean hombres o mujeres”, para nadie es un secreto que las víctimas de hostigamiento, acoso o abuso en estos casos “frecuentemente son mujeres, y en su mayoría, estudiantes”.

La abogada, quien también fue co-redactora del Código Orgánico Procesal Penal, comenta que la UCAB dio un “gran paso” en la aplicación del protocolo, que a su juicio, cumple una función “disuasiva”.

“Eso no quiere decir que la existencia de un protocolo evitará los actos, pero ya los posibles acosadores se lo piensan mejor. La primera aplicación del protocolo fue en pandemia, se sancionó a un profesor por actos de acoso en línea hacia una estudiante”, detalló

Desde su entrada en vigencia hasta el presente, dos profesores fueron sancionados formalmente, en los términos que establece el protocolo de principio a fin. Pero hubo otros casos en los que no fue necesario llegar a la sanción, porque los señalados se fueron voluntariamente de la universidad, lo que confirma el carácter disuasivo del instrumento. 

Pero, más allá de las sanciones, la universidad ha priorizado la formación y la prevención. “Más que sancionar, nos interesa prevenir, y para la prevención es clave lo educativo”, destaca la doctora en Derecho. 

Es por ello que la universidad ha desarrollado un programa que incluye capacitación para profesores, personal administrativo y estudiantes. En el último semestre de 2024, que culminó en enero, todos los estudiantes de primer semestre recibieron una formación virtual sobre aspectos relacionados con el protocolo.

“La información se ha homogeneizado y se ha consolidado para que todos la reciban en los mismos términos al iniciar la carrera (…) Hemos ido creando una cultura de formación en la universidad sobre esa materia, así como hay un aula de formación para estudiantes hay una para profesores y personal administrativo”, sumó.

Normalizando denunciar y ser intolerantes al acoso

Uno de los mayores retos que enfrenta la UCAB, y cualquier institución que aborde estos temas es fomentar la cultura de la denuncia. A pesar de ello, se reportan algunos avances: las estudiantes, en particular, son cada vez menos tolerantes ante situaciones de acoso o discriminación. 

Para facilitar el proceso, la universidad ofrece asesoría jurídica y psicológica a las víctimas, y les informa sobre sus derechos, incluyendo la posibilidad de acudir a los órganos de justicia para los casos que escapen del ámbito de aplicación del protocolo.

“El principal desafío es crear la cultura de la denuncia, eso sigue siendo difícil. Porque pasa en casos de acoso, o de profesores arbitrarios, los estudiantes no se quejan hasta que termina el semestre. Pero sí hemos visto cambios en la cultura de la universidad porque los, y sobre todo, las estudiantes, son menos tolerantes”, recalca la abogada, que participó como asesora en el  extinto Congreso en la elaboración de la primera ley contra la violencia de la mujer y la familia y quien también se desempeñó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cambiar la cultura: un costo necesario

Cuando se le pregunta a Magaly Vásquez que piensa sobre la frase  “lograr la igualdad y el empoderamiento femenino supone costos para una empresa o institución” no tarda en reflexionar que la implementación de políticas de equidad y la lucha contra la violencia de género no está exenta de desafíos. 

Vásquez considera que el principal “costo”, más que económico, tiene que ver con cambiar una cultura arraigada.  “No es fácil”, admite inicialmente, especialmente en un país como Venezuela, donde ciertos comportamientos contrarios a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de la igualdad están tan normalizados.

“Es duro para las instituciones cambiar esos patrones culturales, el tema de la cultura de la denuncia, cómo convences de que no debes tolerar actos que califican como acoso o abuso en todo sentido, sexual, laboral… Y esos costos hay que ir poco a poco pagándolos, y es necesario no porque sea un ODS o porque esté de moda, es una realidad, y al final las instituciones deben hacer los esfuerzos. Hay que entender que estamos entrenados en una cultura de ese matriarcado del que se ha hablado siempre de Venezuela, lo tenemos muy acentuado, y a veces las mujeres somos las primeras machistas. A lo mejor estamos haciendo un esfuerzo en el plano educativo, y resulta ser que en casa es otra cosa”, abunda Vásquez. 

Para las instituciones que deseen emprender este camino, la abogada y secretaria de la UCAB enfatiza que los líderes deben estar convencidos de la igualdad y lo deben corroborar con hechos. “El mensaje desde arriba tiene que ser de igualdad”, afirma. Esto incluye evitar limitar a las mujeres por razones como el embarazo y garantizar que las oportunidades se otorguen por competencia, no por género.

“Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan aún, como que limiten a una mujer por estar embarazada. Hay que enviar esos mensajes, es muy importante y poderoso que una mujer pueda ver que promovieron a una embarazada. El tema de que la condición de una mujer no impida la contratación, no puedes preguntarle a las mujeres si tienen planes de embarazarse. Lo primero es que la alta directiva de la institución u organización esté convencida de eso, es clave, porque ese mensaje irradiará a toda la organización. Y que se demuestre además con hechos”, opinó.

Respecto al tema de las cuotas según género, tiene sus reservas: “No debe ser obligatorio un  50-50, porque a lo mejor puede ser que ese 50% de un lado o del otro no sea el más competente para estar en esas posiciones. Pero sí creo en que debe haber igual trato, igual oportunidad”, consideró.

La experiencia de la UCAB demuestra que, aunque el camino hacia la equidad y la erradicación de la violencia de género es complejo, es posible avanzar con compromiso y acciones concretas. Las instituciones tienen la responsabilidad de educar, prevenir y sancionar, pero también de liderar con el ejemplo. 

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El Mañanero del 20 de febrero: CNE cambia la fecha de los comicios regionales y legislativos

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En El Mañanero del 20 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: CNE pospone elecciones, la ruta por la libertad de los presos políticos, Trump evalúa revocar la licencia a Chevron y el 2024 es el año con más medidas cautelares aprobadas por la CIDH para venezolanos, son las noticias más importantes del momento.

 

Trump evalúa revocar licencias a Chevron para operar en Venezuela

EnchufaDÍN | Felicita a Ricardo Molina por su nuevo cargo

“Es necesario exponer para que no continúen los abusos, lamentablemente en Venezuela, básicamente por la actitud del Estado frente a cualquier decisión de organismos internacionales, son francamente inoperantes”, afirmó experto sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

El secuestro de una embajada

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@ArmandoMartini

Un teatro del absurdo: la embajada argentina asediada, asilados convertidos en rehenes, el oficialismo jugando al desgaste y la comunidad internacional que finge estar ciega, sorda y muda. La misión argentina en Venezuela se ha convertido en un escenario de presión y hostigamiento, mientras la diplomacia, dada a pronunciamientos solemnes y oficios pomposos cuando le conviene, opta por mutismo selectivo y sordera inexplicable.

Los perseguidos políticos están atrapados en un limbo jurídico, mientras las autoridades locales despliegan su creatividad para hacerles la vida imposible sin que, parezca una violación flagrante de los tratados internacionales. 2024 transcurrió entre advertencias diplomáticas sin consecuencias y evasivas calculadas. 2025 inicia con la misma realidad insoportable, el recinto lleva un año acorralado, en clara contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Declaración de Caracas. Hostigamiento, vigilancia constante, un cerco que la convierte en prisión. Y lo más alarmante, un año de silencio internacional.

Hasta la hipocresía diplomática calla

La hipocresía diplomática, que no escatima en cartas protocolares enérgicas y declaraciones grandilocuentes, ha optado por débiles murmullos y frágiles susurros. Son venezolanos los recluidos en la embajada argentina, privados de su derecho al asilo por un régimen que se burla sin recato de la comunidad internacional. Las dictaduras no solo persiguen a sus opositores dentro de su territorio, ahora imponen su voluntad en las delegaciones extranjeras, confiadas que no enfrentarán consecuencias reales.

Este caso es un escándalo que debería sacudir a cualquier cancillería con un mínimo de pundonor por el derecho internacional. Sin embargo, la respuesta ha sido y aún es patética. Tímidos pronunciamientos, declaraciones vacías y ninguna acción concreta.

Inquietantes precedentes

No es la primera vez que una embajada es convertida en un campo de batalla por la impunidad de un régimen.

  • 1979: Irán toma por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán, reteniendo a 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días.
  • 2019: activistas toman la embajada de Venezuela en Washington, lo que generó una respuesta inmediata.
  • 1980: las fuerzas de seguridad británicas intervinieron para liberar a rehenes en la embajada de Irán en Londres tras un asalto de militantes armados.
  • 1996: en Perú, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru asaltó la residencia del embajador japonés en Lima, secuestrando a cientos de personas, lo que desencadenó un operativo militar sin precedentes.

En todos estos casos, la reacción internacional fue inmediata. ¿Por qué ahora el mundo elige callar?

¿Qué hace falta para que este atropello genere una respuesta firme? ¿Cuántos meses más deben pasar para que se reconozca lo evidente? No es un problema diplomático menor ni un incidente aislado. Es la confirmación de que, si el mundo cede ante la arbitrariedad, ilegalidad y atropello, el derecho internacional se reducirá a ficción decorativa.

Silencio obsceno, cómplice

Es hora de que las democracias actúen, exijan justicia y presionen hasta que se entienda que no pueden secuestrar un recinto diplomático sin consecuencias. Cada día que pasa sin respuesta contundente es una rendición. Y lo que está en juego no es solo la vida de los asilados, sino el principio mismo del derecho de asilo. Un año es demasiado. El silencio ya no es solo cobardía; es complicidad.

¿Será que la diplomacia ha descubierto placer en la discreción o hay causas que no merecen atención? El silencio es una forma de tomar partido. El sigilo y la mudez escandaliza, indigna y ofende. Este vergonzoso suceso no puede ni debe convertirse en precedente aceptable. Si se permite sin secuelas, se abre la puerta para que esta práctica se normalice en cualquier rincón del mundo, erosionando principios de la justicia universal y protección de los perseguidos políticos. Lo que hoy se tolera en Venezuela, mañana se replicará en otras latitudes.

La indignación en gotas homeopáticas

Si esto ocurriera en Europa, habrían retirado a los embajadores y la condena sería unánime. Pero cuando la víctima es una nación latinoamericana y el verdugo es un régimen aliado de otros autoritarios, la indignación se administra en dosis homeopáticas, sin que nadie se atreva a llamar las cosas por su nombre.

La embajada argentina, que es territorio inviolable según jurisprudencia reiterada, es convertida en una cárcel sin barrotes. Mientras la dictadura decide quién entra y quién sale, los guardianes de la legalidad internacional apenas pestañean. Argentina se queja, sus aliados susurran, murmurando en voz baja, midiendo cada palabra como si denunciar lo obvio pudiera desatar un cataclismo.

No hay eufemismos, esto es persecución, acoso diplomático. Y lo más grave, que las democracias lo permitan sin más respuesta que una tímida expresión de “preocupación”. ¿De qué sirven convenciones y tratados si quienes los firman lo utilizan como papel higiénico? Si el respeto a la soberanía significa dejar que el abuso se normalice, es hora de reescribir las reglas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

2024, el año con más medidas cautelares aprobadas por la CIDH para venezolanos

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Venezuela encabezó la lista de países con más medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 2024. De las 74 medidas cautelares emitidas por el organismo internacional, 27 fueron asignadas a Venezuela, lo que la sitúa como el país con el mayor número de solicitudes aprobadas. Le siguen Colombia con 14, Nicaragua con 13 y Cuba con 7. 

Estas medidas, que buscan proteger a personas o grupos en situaciones de riesgo grave y urgente, reflejan la preocupación de la CIDH por las vulneraciones a los derechos humanos en la región, especialmente en el caso venezolano, que concentró más de un tercio del total de resoluciones emitidas.

¿Quiénes recibieron medidas cautelares en 2024? 

De acuerdo al recuento de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, en el 2024 la CIDH le otorgó medidas a  a Jesús Alexander Armas Monasterios. En el documento destacan: “Activista político y defensor, quien fue detenido el 10 de diciembre de 2024, sin que hasta la fecha exista información oficial sobre las condiciones de su detención actual, ni estado de salud”.

El organismo también giró medidas cautelares en  favor de Gina Paola Mercado Núñez, detenida el 29 de julio mientras participaba en una protesta pacífica. La mujer enfrenta graves problemas de salud que no han sido atendidos. 

Arley Danilo Espitia Lara, agricultor colombiano, también figura en la lista. “Agricultor colombiano de 24 años que el 13 de septiembre de 2024 él viajó por tierra desde Cúcuta hacia Venezuela. Una vez en la frontera, en el puente de Ureña, las autoridades de migración le solicitaron su documentación y lo detuvieron”.

Otros venezolanos que recibieron la medida fueron Jorge Luis Graterol Guzmán, Eduardo Emiro Labrador; Franklin Caldera Martínez y Yuraima Martínez, hijo y esposa de Franklin Caldera Cordero; Leocenis Manuel García Osorio; Israel Moisés Crespo Sulbarán, J.D.C.C.,  y Gustavo Adolfo Torres Zambrano. 

Entre las 27 solicitudes al Estado venezolano, se subrayan otros casos como el de Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño. 

La CIDH considera que estas personas “han sido objeto de amenazas y hostigamientos, tras su participación como miembros de campaña de Edmundo González y María Corina Machado en el estado Guárico”. 

El dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, también se encuentra entre las personas a las que le otorgaron medidas, al igual que otras figuras políticas como Osmary Sánchez, Nélida Sánchez, Biagio Pilieri Gianninoto y Jesús Alfredo Pilieri Vasile, al igual que Eleanger David Navas Vida; Perkins Rocha, Ana Carolina Guaita, Freddy Superlano; Carmen Leonor García Azuaje; Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez y María Andreina Oropeza Camacho. 

La CIDH continúa con sus ojos puestos en Venezuela, después de las detenciones ocurridas en el marco de las protestas después de los resultados electorales. En 2025, ha otorgado cinco medidas. 

¿De qué sirven las medidas otorgadas por la CIDH? 

Aunque el país no está vinculado al sistema interamericano de protección, para algunos abogados, consultados por DDHH de Venezuela en Movimiento, las medidas podrían tener beneficios como el reconocimiento de estos casos a nivel internacional. 

“Es necesario exponer para que no continúen los abusos, lamentablemente en Venezuela, básicamente por la actitud del Estado frente a cualquier decisión de organismos internacionales, son francamente inoperantes. Pero esto no quiere decir que la CIDH haya fallado. El que está fallando es el Estado, quien no está cumpliendo con las sugerencias, con las instrucciones y con las solicitudes que le hacen los organismos internacionales en materia de tutelas en derechos humanos, y esto es lo que ha convertido a estas medidas en inoperantes”, indicó un abogado especialista en el tema. 

Otro experto consultado para el informe de Derechos Humanos en Movimiento añadió: “En el caso de las medidas cautelares de la CIDH, tienen un impacto valioso en el reconocimiento internacional de la necesidad y urgencia de la crisis de DDHH en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto (10E) y que atraviesa una persona en cuanto a una violación de derechos humanos que está viviendo o que sería inminente; además, le indica al Estado que es un caso que está siendo observado por la comunidad internacional”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

CNE pospone para mayo comicios regionales y legislativos

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Este miércoles, 19 de febrero, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó que fue pospuesta la elección a gobernadores y alcaldes que estaba pautada para el 27 de abril.

En rueda de prensa, Amoroso indicó que a solicitud de los “diversos actores de la vida democrática del país”, han decidido que las elecciones a la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos regionales ahora se realizarán el domingo 25 de mayo. 

El presidente del CNE informó también que la segunda consulta popular para acoger proyectos de los circuitos comunales para el domingo 27 de abril de 2025.

Centro Carter vuelve a pronunciarse

Han transcurrido seis meses desde la elección presidencial del 28 de julio, y aún el CNE sigue incumpliendo las leyes electorales al no publicar los resultados desagregados por mesa de votación. 

El Centro Carter presentó este lunes, 17 de febrero, su reporte final sobre la observación técnica que hizo de las elecciones presidenciales de Venezuelas, celebradas el 28 de julio de 2024, concluyendo como ya habían denunciado en agosto que las mismas no fueron democráticas.

El organismo recordó en su informe que las elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo en un “contexto de extrema polarización entre los gobierno y la oposición, preocupaciones de larga data sobre la situación de los derechos humanos y la continua emigración de millones de venezolanos debido a la situación económica y política”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Capriles exigió a Edmundo González explicar por qué no vino el #10Ene y otras perlas

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, exigió a Edmundo González Urrutia explicar por qué no vino a Venezuela el 10 de enero a juramentarse como presidente, luego de haber afirmado en días previos que lo haría.

Durante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, Capriles afirmó que votar es un «acto de resistencia» y de reivindicación de los comicios presidenciales de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Nicolás Maduro.

“Lo más fácil es no hacer nada, sobre todo además la cantidad de personas que están presas, la manera de buscar su libertad, de reivindicar su lucha y la de tantos venezolanos, mientras podamos presentar la cédula y votar, yo voy a votar”, insistió.

Cuestionamientos de Capriles a Edmundo González

“Yo la verdad no sé quién lo está asesorando a mi amigo Edmundo González, pero yo creo, que decir cosas y después no hacerlas, hay que explicar por qué no se hacen. No hay que seguir pensando que la idolatría o las consignas son suficientes”.

“La política necesita, no solamente subir el nivel de debate, sino llenarla de contenido, argumento. La gente merece que se le dé una explicación como yo estoy haciendo”.

Ir a votar es un «acto de resistencia»

En sus declaraciones, Capriles aseguró que, a pesar de las adversidades, la oposición sigue en Venezuela y que la voz del pueblo «se hace sentir».

“El escenario perfecto para el gobierno es que usted no haga nada, que usted de se quede en su casa, que opine en las redes (…) Quieren aprovecharse de las circunstancias y la desmotivación”.

“Votar el 27 de abril es un acto de resistencia, es un acto de decir ‘aquí estamos, seguimos en contra de este gobierno, seguimos a pesar de todas las barbaridades’. La voz del pueblo se hace sentir”, mencionó, pues para el momento de su declaración, el Consejo Nacional Electoral aún no había anunciado que posponía el evento comicial para el 25 de mayo. 

“¿Por qué adelantan una elección de la Asamblea Nacional nueve meses? Porque si usted, si el país sale masivamente a votar, pierden”.

“Ah, bueno, ¿que se la van a robar? ¿Cómo se deslegitima más a este gobierno, dejándole el camino libre u obligando a que se lo robe, que tenga que hacer la trampa, que esté la gente del mismo gobierno viendo el proceso como fue el 28 de julio?”.

“Yo quiero reivindicar el 28 de julio, ¿cómo lo reivindico? ¿en mi casa el 27 de abril, en las redes sociales haciendo una transmisión, escribiendo un mensaje en las redes sociales u organizándome cómo pueda, movilizándome como pueda y yendo a votar contra este Gobierno?”, dijo.

 

Críticas a la oposición

Capriles criticó a las fuerzas de la oposición al considerar que se demuelen a sí mismas,

“Pareciera que las fuerzas opositoras, democráticas, son más eficaces demoliéndose a sí misma y a sus propios líderes que a la fuerza del gobierno. No podemos seguir demoliéndonos ni canibalizándonos. Eso tiene cansado al venezolano”.

“Eso suma a la desmotivación, a la desmoralización y a la desesperanza. Para alcanzar el cambio político, y ha sido siempre mi posición, hay que sumar la intolerancia o las calumnias, el perder el respeto por el pensamiento de otro. Si yo hablo de cambiar un gobierno que no es democrático, la oposición tiene que cambiarla con una profunda convicción democrática”.

*Las declaraciones de Capriles fueron hechas un día antes que el CNE anunciara que las elecciones fueron pospuestas hasta el 25 de mayo

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.