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El Día de la Mujer no es para memes en Instagram

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El 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino para recordar las batallas que han librado las mujeres a lo largo de la historia y las deudas que aún existen en materia de igualdad de género. No se trata de felicitaciones o flores, sino de enaltecer una lucha cotidiana por los derechos, la equidad, libertad y seguridad. Es un recordatorio de que, en todas partes del mundo y también en Venezuela, hay mujeres enfrentando desafíos por el simple hecho de serlo.

El Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse en 1975 y dos años más tarde fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) . El lema del Día Internacional de la Mujer de 2025 es “para todas las mujeres y niñas: derechos, igualdad y empoderamiento”. Tanto en Venezuela como en el mundo, la ocasión es propicia para exigir justicia por las mujeres víctimas de violencia y por quienes se enfrentan día tras día situaciones de opresión y desigualdad. 

En las siguientes claves resumimos cuáles son las batallas que enfrentan las venezolanas, un recordatorio de lo que falta en el país para poder construir una igualdad de derechos, poder y oportunidades y un futuro feminista. 

Desigualdad laboral, materia siempre pendiente

La Encuesta de Uso del Tiempo 2023, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo, encontró desigualdades de género “profundas y persistentes” en Venezuela con una participación laboral significativamente menor de las mujeres (23 puntos porcentuales menos) en comparación a los hombres. Esta significativa brecha de género es mayor en el grupo etario de 26 a 65 años. 

El estudio también encontró que las mujeres en Venezuela trabajan en promedio 13 horas diarias, lo que representa 11% más que el tiempo que dedican los hombres. 

En el país, el trabajo no remunerado está profundamente feminizado según los resultados de esta investigación: 88,7% de las venezolanas mayores de 10 años lo practica tanto dentro como fuera del hogar, mientras que solo 60,7% de los hombres lo hacen. De acuerdo con los datos recopilados en esta encuesta, se estima que el trabajo no remunerado representó entre el 12,9% y el 15% del PIB venezolano en el año 2023, de las cuales tres cuartas partes fue producido por mujeres. 

Violencia basada en género, una constante

La violencia basada en género es noticia diaria en Venezuela. De acuerdo con la organización no gubernamental Utopix, en 2024 se registraron al menos 185 femicidios, lo que significa, en promedio, uno cada 47 horas. La ONG siempre puntualiza que, debido al subregistro existente, las cifras pueden ser aún mayores.

Utopix también ha venido alertando sobre un incremento en los posibles femicidios en grado de frustración, que ocurren uno cada 41 horas. A estos datos se suman los 11 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Aunado a ello, y de acuerdo con la tercera edición del a tercera edición de la Red de Mujeres Constructoras de Paz,  titulado “El alto precio de la desigualdad”, 71 % de las mujeres encuestadas reportó haber experimentado violencia psicológica y el 42 % violencia física. Las más afectadas se encuentran en los estratos más bajos.

Llama la atención que un tercio de las entrevistadas no es capaz de identificar las conductas abusivas y tiene dificultades para reconocer situaciones de violencia de género, incluso en casos de violencia física y sexual, falta de reconocimiento “que contribuye a la perpetuación de la violencia”. 

Persecución y represión política, otra amenaza

Las elecciones presidenciales de 2024 no sólo intensificaron las violaciones de derechos humanos en general en el país, sino que expusieron de manera aguda la vulnerabilidad de las mujeres frente a un sistema que las desatiende y discrimina. 

Organizaciones feministas elaboraron el informe “Violencia en Femenino, el Libro Violeta de la Represión en Venezuela”, en el que analizaron los hechos de violencia, represión, cierre del espacio cívico y persecución perpetrados contra mujeres venezolanas en el contexto pre y postelectoral.

La investigación encontró que mujeres lideresas, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos enfrentaron “agresiones sexistas, amenazas, acoso y campañas de difamación que perpetúan estereotipos de género antes, durante y después de las elecciones”.

En el caso de las madres, esposas,  hermanas o hijas que quedaron a cargo de la búsqueda de justicia por un familiar detenido, y también del cuidado de otros familiares, se denunció que fueron “criminalizadas, perseguidas y victimizadas” por el Estado. 

A lo largo de más de siete meses, han sido sometidas a desnudez forzada, requisas invasivas y extorsiones y además han sufrido un impacto económico “devastador”, pues deben procurar recursos para viajar a otros estados, mantenerse y mantener tanto a sus familiares dentro de las prisiones como fuera de ellas. 

A la fecha de la publicación de esta nota, y según cifras del Foro Penal, en el país hay 121 presas políticas, algunas con condiciones de salud que ameritan atención, como han denunciado distintas ONG, entre ellas están Emirlendris Benítez y  la defensora Rocío San Miguel. 

Los desafíos en la salud sexual y reproductiva

El 40% de las mujeres menstruantes encuestadas por la Red de Mujeres Constructoras de Paz en 17 estados del país  reportó no utilizar métodos anticonceptivos, cifra alarmante que muestra el riesgo latente a embarazos no intencionados. Los altos costos y la falta de acceso a consultas ginecobstétricas son algunas razones que obstaculizan su uso. 

Otro dato revelador en materia de salud sexual y reproductiva es que una de cada tres mujeres (34%) se ha ausentado a su área laboral o académica por razones relacionadas con la menstruación. El dolor es la principal causa, seguido por la falta de productos de gestión menstrual y de agua limpia. Mujeres de grupos feministas han alzado la voz por el tema de la gestión menstrual en las privadas de libertad. Algunas familiares han denunciado alteraciones en el ciclo menstrual de presas políticas y falta de condiciones -como acceso al agua- para gestionar sus menstruaciones.

Por otra parte, y a pesar del reclamo de las feministas y de que el acceso al aborto legal y sin riesgos es un derecho humano que establece la Organización de las Naciones Unidas, en el país sigue siendo ilegal la interrupción voluntaria del embarazo. Solo se permite en los casos en los que esté comprometida la vida de la madre, pero no existe un manual o procedimiento claro que explique este estatuto. Lo que sí está claro es que si una mujer toma la decisión de abortar, la ley está lista para castigar. El artículo 432 del Código Penal establece: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”. 

Sin embargo, que esté penalizado no significa que las mujeres no recurran a él, Amnistía Internacional estimó que, en el año 2019, se realizaban alrededor de 15 abortos por día en el país, más de 2000 en un año.

Violencia obstétrica, práctica invisibilizada 

En Venezuela, en muchas ocasiones, el proceso de parto viene acompañado de  agresiones, maltratos, humillaciones y rutinas innecesarias por parte del personal de salud.  El informe de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, titulado “Mujeres que resisten: El alto precio de la desigualdad”, encontró que 53 % de las mujeres consultadas en 17 estados del país manifestaron haber sufrido violencia obstétrica durante el parto. Añadieron que esta cifra puede aumentar hasta el  60 % en mujeres de estratos bajos.

Un reportaje publicado por Runrun.es en noviembre de 2024 encontró eco en decenas de mujeres que compartieron sus testimonios.

En el trabajo se relató la historia de Sandra, mujer sometida a violencia obstétrica en Ciudad Bolívar, quien requería que le hicieran cesárea por presentar hipertensión arterial, pero en ninguno de los dos hospitales públicos que visitó le hicieron la cirugía ni le prestaron la debida atención, lo que le generó una hemiparesia, condición médica que se caracteriza por la debilidad o falta de control muscular en la mitad del cuerpo, que a la larga ocasionó que su hijo naciera con párpados caídos. 

En la red social Instagram, hubo al menos 954 comentarios de respuesta al post sobre el tema de mujeres que expusieron que fueron víctimas de indiferencia, insultos, vejaciones, maltratos físicos, verbales y emocionales; además de complicaciones de salud producto de la negligencia médica. 

Ataques de género en las redes

La violencia contras las mujeres, que lamentablemente se ejerce a sus anchas en el espacio físico, también se reproduce en lo digital. El informe “Violencia en Femenino, el Libro Violeta de la Represión en Venezuela”(2024)  concluyó que 50% de las mujeres líderes en la política reportó haber sido blanco de ataques sexistas en redes sociales, medios de comunicación y otras plataformas

Los ataques incluyeron insultos sobre su apariencia y cuestionamientos sobre su capacidad. 73% reportó haber recibido amenazas directas a su integridad física, 73% optó por reducir su visibilidad pública, 55% indicó que su salud mental se ha deteriorado significativamente y un 37% ha considerado abandonar su labor política. 

Un estudio realizado por la consultora Anova sobre violencia basada en género en la política venezolana identificó que las activistas políticas recibieron 41% más tweets violentos que sus homólogos masculinos.  Además, destaca que la violencia por sexualización, instrumentalización y la violencia directa es dirigida casi exclusivamente a mujeres.

Mujeres de la comunidad Lgtbiq+ también son blanco

Durante el 2024, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) registró 68 casos de discriminación y violencia en contra de las mujeres de la comunidad. La organización indicó que 17 de los casos fueron por su orientación sexual y 16 por su identidad o expresión de género. 

En total, contabilizaron 83 agresiones en contra de las mujeres cis, las más comunes fueron agresiones o humillaciones verbales, golpes o lesiones, acoso sexual, casos de intimidaciones o amenazas, acoso o negativa para el acceso o permanencia en un espacio público. 

La lucha constante por la equidad

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes “en las manifestaciones de  mujeres que reclamaban, a comienzos del siglo XX, el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos”, afirma la ONU. 

En marzo de 1911, el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, que cobró la vida de más de 123 mujeres, sirvió como base para el avance de los derechos laborales de la mujer. Ese día el cielo se tiñó de morado, color de las blusas que se fabricaban en el lugar y que es utilizado en las manifestaciones actuales por los derechos de las mujeres, destaca Amnistía Internacional. 

Han pasado 114 años de aquel suceso y aunque todavía falta mucho por lograr una verdadera equidad de género, los avances son notables. En Venezuela, los testimonios de mujeres líderes en su campo de trabajo recogidos por Runrun.es a través de Voces de Equidad dan cuenta de las luchas que han dado las mujeres dentro de las organizaciones en favor del empoderamiento femenino y el trabajo equitativo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Cuidar también es luchar: la trampa invisible que perpetúa la violencia contra las mujeres en Venezuela 

En Venezuela, hablar de violencia de género no es solo hablar de golpes, amenazas o femicidios. También es hablar de un sistema que deja a las mujeres sin acceso a salud sexual y reproductiva, que las ata a la sobrecarga de cuidados y que limita su autonomía económica, dejándolas sin salidas frente a la violencia.  

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la reflexión debe ir más allá de las denuncias sobre agresiones directas: urge reconocer cómo la negación de derechos esenciales—como la salud sexual y la corresponsabilidad en los cuidados—se convierte en un mecanismo estructural que perpetúa la violencia basada en género.

Cifras que muestran una realidad alarmante  

Un estudio reciente de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) evidencia cómo las mujeres con menor acceso a la salud sexual y reproductiva son más vulnerables a la violencia. Los datos son contundentes:  

  • 61% de las sobrevivientes de violencia tiene un acceso bajo o nulo a servicios de salud sexual y reproductiva, mientras que entre las mujeres que no han sufrido violencia, la mayoría (43%) tiene un mejor o mediano acceso a la salud.
  • 80% de las mujeres acude solo una vez al año o nunca a consulta ginecológica, aunque 7 de cada 10 ha tenido patologías ginecológicas.  
  • 57% de los embarazos no fueron planificados, lo que limita la autonomía reproductiva y coloca a muchas mujeres en relaciones de dependencia.  
  • 32% de las mujeres sexualmente activas no usa métodos anticonceptivos, aunque 87% de ellas no desea tener hijos/as. En Lara, la cifra de necesidades anticonceptivas insatisfechas sube al 46%.  
  • 81% de las mujeres tiene conocimientos insuficientes sobre Educación Sexual Integral, lo que limita su capacidad para ejercer sus derechos y reconocer signos de violencia.  
  • El 58% de las mujeres ha sufrido violencia basada en género, pero el 79% no se reconoce como sobreviviente, lo que demuestra la normalización de la violencia en la sociedad.  

El acceso a la salud sexual y reproductiva no es solo un asunto médico: es una herramienta clave para la autonomía y la prevención de la violencia. Sin información, sin acceso a métodos anticonceptivos y sin controles ginecológicos adecuados, las mujeres quedan en mayor riesgo de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y, en consecuencia, relaciones de dependencia donde la violencia puede volverse una constante.  

Cuidar sin descanso: el peso invisible que atrapa a las mujeres 

Pero el problema no termina ahí. Mientras enfrentan obstáculos para ejercer su salud sexual y reproductiva, las mujeres también llevan sobre sus hombros una carga de trabajo doméstico y de cuidados que las mantiene en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.  

Los diagnósticos de Avesa en comunidades vulnerables de Táchira y Zulia realizados en el 2023 revelan que:  

  • Las mujeres invierten entre 14 y 16 horas diarias en tareas de cuidado no remuneradas: limpieza del hogar, preparación de alimentos, atención de niños/as, cuidado de personas enfermas o adultas mayores.  
  • 75% de ellas también trabaja fuera del hogar, lo que significa que muchas enfrentan jornadas de 18 horas diarias o más.  
  • El 68,5% de las mujeres casadas o en unión estable depende económicamente de su pareja masculina.  
  • Incluso después del divorcio, un 10% de las mujeres sigue dependiendo de su expareja, lo que las mantiene atrapadas en relaciones abusivas o condicionadas por el miedo.  

Este desequilibrio en los cuidados no solo refuerza la desigualdad, sino que limita la posibilidad de que las mujeres puedan buscar ayuda, generar ingresos propios o romper el ciclo de la violencia. Cuando una mujer no tiene tiempo ni recursos para ella misma, es más difícil que pueda salir de una relación violenta.  

El círculo vicioso: salud, cuidados y violencia  

Los estudios de Avesa dejan en evidencia un patrón preocupante: a menor acceso a la salud sexual y reproductiva, mayor vulnerabilidad a la violencia.  

  • Las mujeres con peor acceso a servicios ginecológicos y anticonceptivos tienen un 22% más de probabilidades de ser sobrevivientes de violencia de género.  
  • Las que tienen mayores conocimientos sobre Educación Sexual Integral reportan un 17% menos de casos de violencia en sus vidas.  
  • Las que han participado en programas de corresponsabilidad de cuidados logran mayor autonomía económica y tienen mayor capacidad para salir de relaciones abusivas.  

En comunidades donde se han implementado programas de redistribución de los cuidados, las mujeres han reportado cambios significativos:  

  • Más tiempo para su autocuidado. 
  • Mayor participación en actividades económicas.  
  • Reducción del estrés y la fatiga asociada a la carga de cuidados.  
  • Mayor capacidad para identificar y actuar frente a situaciones de violencia.  

8 de marzo: Llamado a la acción  

En el marco del Día Internacional de la Mujer, no basta con discursos sobre empoderamiento. Es momento de exigir acciones concretas para desmontar las estructuras que perpetúan la violencia de género.  

  • Garantizar el acceso a salud sexual y reproductiva en todos los niveles del sistema de salud, con énfasis en anticoncepción, planificación familiar, atención ginecológica y prevención de ITS.  
  • Implementar Educación Sexual Integral en escuelas y comunidades, como herramienta clave para la prevención de la violencia.  
  • Promover políticas públicas de corresponsabilidad en los cuidados, para que el trabajo doméstico y de atención a personas dependientes no recaiga exclusivamente sobre las mujeres.  
  • Ampliar el acceso a servicios de protección y apoyo a sobrevivientes de violencia, con enfoque integral que contemple salud, economía y autonomía.  

Este 8 de marzo, la lucha de las mujeres en Venezuela va más allá de las calles. Está en sus casas, en sus cuerpos, en sus trabajos invisibles. Sin acceso a salud sexual y reproductiva, sin autonomía económica y sin un sistema que reconozca la importancia de los cuidados, la violencia seguirá encontrando terreno fértil para perpetuarse. 

Cuidar también es luchar. Y luchar por una vida sin violencia implica garantizar que todas las mujeres puedan decidir sobre su salud, su tiempo y su futuro.

 

Fuentes:

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal de los adolescentes en casos de acoso escolar?

El término acoso escolar no es nuevo y ha existido desde siempre en todas las escuelas venezolanas. Sin embargo; con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, este problema ha aumentado exponencialmente tanto en colegios públicos como en privados.

Sobre el tema del acoso aún hay mucho camino por andar y muchas cosas por hacer, pero sí algo establece la ley es que, en Venezuela, los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 tienen responsabilidad penal en casos de acoso escolar.

En un live transmitido por la red social Instagram, el abogado y coordinador de los Centros comunitarios de Atención (Cecodap), Carlos Trapani, explicó que los adolescentes en dicho rango de edad que cometan delitos, incluyendo el acoso escolar, serán juzgados por un juez especializado en justicia para adolescentes.

Aunque en Venezuela se está ampliando el marco legal para prevenir y sancionar el acoso escolar con instrumentos legales como la Ley Antibullying, Acoso y Violencia Escolar -aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional y que establece sanciones hasta por seis años- y el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica para la Prevención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra el Acoso Escolar, que busca promover la convivencia pacífica y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas, a juicio de Carlos Trapani, “falta mucho por hacer” en el marco jurídico.

“La ley que se aprobó en la Asamblea Nacional ‘ahí quedó ’. No hubo mayor impulso. Le falta mucho trabajo, le falta mucho análisis, le falta mucho mejorar su contenido para que la ley sea una herramienta de trabajo”, opinó.

¿Qué pasa cuando el adolescente es menor de 14 años?

La responsabilidad penal de los adolescentes está regulada por la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) esta ley establece que las sanciones a menores pueden incluir medidas de protección, medidas socioeducativas y, en casos excepcionales, sanciones privativas de libertad.

Sin embargo, quedan algunas dudas sobre la responsabilidad penal en menores de 14 años, y sobre este punto Trapani explicó que el adolescente que cometió el delito “responderá penalmente en la medida de su culpabilidad, pero con un procedimiento especial regulado por ley”.

“Si hay un adolescente de 12 o 13 años, o un niño menor de 11 años, se entiende que es irresponsable penalmente y que no tiene capacidad para ser imputado. En esos casos, se va al Consejo de Protección para buscar canales y mecanismos que permitan solucionar el problema”, indicó el coordinador de Cecodap.

¿Qué medidas de protección podría dictar el Consejo de Protección para adolescentes de 12 o 13 años?

Trapani explicó que el Consejo de Protección es una instancia administrativa municipal que se encarga de atender los temas de infancia y adolescencia antes de que pasen a instancias mayores.

Puntualizó que en la intervención que hace el Consejo de Protección se dictan medidas de protección, que son órdenes de carácter inmediato que hacen cesar la violación o hacen cesar la amenaza a través de un conjunto de acciones que debe tomar la familia, el agresor, o incluso, el propio niño o adolescente.

Entre las medidas que puede dictar destacan el tratamiento médico, psicológico e invitación a los padres para que cumplan sus obligaciones en materia educativa, o separar al maltratador del entorno del niño. “Hay un catálogo de medidas que se ajustan a cada caso”, especificó.

El coordinador de Cecodap indicó que entre las responsabilidades penales más comunes predominan el acoso, hostigamiento, delito de lesión en sus distintos niveles y homicidio.

Denuncia estratégica

El abogado considera que, en casos de acoso escolar, es mejor la prevención que la intervención, pues, asegura que es “difícil” hacer que un adolescente entienda que su comportamiento es violento y dañino. 

En caso de hacer una denuncia por acoso, el abogado aconseja hacerlo de manera estratégica, es decir, articulada con el Consejo de Protección y con la Defensoría del Niño.

Resaltó que cualquier persona tiene el derecho de hacer una denuncia por un acto de violencia que involucre a un niño o adolescente y que para ello no se exige ningún tipo de cualidad, de parentesco, relación filial o algún tipo de requisito o evidencia, siempre y cuando el contexto lo permita “porque hay contextos de riesgo, contextos de amenaza, contextos de violencia, en los que una víctima puede estar en riesgo o el denunciante puede estar en riesgo”, advirtió el experto.

 

Cedice registró un repunte de 20,35% de inflación en febrero

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El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad informó que en febrero de 2025 la inflación repuntó notablemente y llegó a 20,35% en bolívares, aunque evidenció una leve baja de -0,84% en dólares.

El reporte señaló que la “Cesta Cedice”, que mide el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia, alcanzó el valor de 41.142,36 bolívares al mes. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 643,52 US$/mes

“Este nivel de consumo requiere 4,85 salarios integrales de Bs 8.481,2, es decir, poco más de un salario integral por semana”, informó el OGP.

Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país, reveló el estudio, pues la “Cesta Cedice” costó 47.094,34 bolívares y 735,84 dólares. En Maracaibo las cifras son: Bs. 41,150. 03 y 640,57 US$ y en Valencia Bs. 35.182,74 y 554,15 US$.

La variación de precios interanual, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, fue de 113,67% en bolívares, mientras que en dólares fue de 20,61%.

Los rubros que más aumentaron

Según los cálculos del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, los rubros que más aumentaron en febrero fueron:

– Alimentos: +19,02% Bs, -1,69% US$
– Restaurantes: +23,99% Bs +2,33% US$
– Servicios: +23,01% Bs, +1,48 US$
– Recreación: +16,79 % Bs, -3,48% US$
– Perfumería y cuidado personal: +14,33% Bs, -5,52%
– Transporte: +22,97% Bs, +2,1% US$

En una comparación con el mes de febrero de 2024, se puede apreciar las variaciones tanto en bolívares como en dólares de los mismos rubros: 

– Alimentos: +105,91% Bs, +16,18% US$
– Restaurantes: +84,68% Bs +4,21% US$
– Servicios: +127,48% Bs, +28,35 US$
– Recreación: +73,07 % Bs-2,3% US$
– Perfumería y cuidado personal: +91,85% Bs, -+8,33%
– Transporte: +226,98% Bs, +85,3% US$

Joven con TDAH aún sigue detenido en Lara: “No tenemos respuesta del Ministerio Público”

Durante el asueto de carnaval, el Ministerio Público que dirige el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN de tendencia chavista, Tarek William Saab, anunció la excarcelación de otras 110 personas detenidas en el marco de la represión desatada por el régimen madurista luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con lo que ya -según el MP- suman dos millares de beneficiados.

Aunque la cifra de excarcelados informada por el Ministerio Público no coincide con la manejada por varias ONG, a cuenta gotas y de forma opaca han abandonado los centros de reclusión adolescentes, personas con discapacidad, jóvenes y algunos miembros de la tercera edad. Pero el grueso de los dirigentes políticos y uno que otra persona con discapacidad siguen bajo la sombra de la opresión. 

Tal es el caso de Jesús Gabriel Useche Moncada, de 19 años, quien padece trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Aunque según el Foro Penal Venezolano, al menos 16 personas con discapacidad han sido excarceladas por el Ministerio Público, Useche sigue tras las rejas.

El exfiscal Zair Mundaray sostuvo que debido a su condición, Useche es inimputable. “¿El Ministerio Público no maneja conceptos tan elementales? No se le puede seguir proceso alguno ¿Por que lo mantienen encerrado?”, escribió en sus redes sociales.

Su madre, Marisela Moncada de Useche indicó que Jesús Gabriel se encuentra recluido en el destacamento 123 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara.

“El está bien, se mantiene optimista, un poco ansioso por su misma condición, ya se van a cumplir dos meses de su detención y no tenemos respuesta del Ministerio Público, a pesar de que la medicatura forense certificó su condición”, sostuvo.

Piden intervención del Ministerio Público

Useche fue aprehendido el pasado 9 de enero en horas del mediodía mientras se dirigía a su casa cerca de la avenida Intercomunal en Cabudare. De acuerdo con familiares, en las cercanías había una modesta manifestación a propósito de la convocatoria hecha por la líder opositora María Corina Machado antes de la juramentación de Maduro el pasado 10E. Según la familia de Useche, este ni siquiera estaba protestando.

La madre de Useche argumentó que a su hijo lo acusan de terrorismo.

“Damos gracias a Dios que, a pesar de todo, lo podemos ver todos los días, llevarle sus alimentos y su tratamiento”, dijo. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TDAH afecta principalmente la capacidad de concentración, autocontrol y otras habilidades. La condición genera dificultad para regular las emociones, para concentrarse en tareas prolongadas, seguir instrucciones o terminarlas, aspecto que convierte a Jesús Gabriel en un blanco más vulnerable estando en cautiverio.

Moncada de Useche indicó que, pese a que su hijo lo acusan de terrorismo, no ha recibido amenaza alguna.  

“Hasta ahora no han asomado nada de un posible juicio ni han  amenazado con trasladarlo a una cárcel, más bien hablan de que cuándo se va a casa. Lo han tratado demasiado bien diría yo”, reconoce. 

Además de recibir el apoyo de varias ONG en Venezuela como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el pasado 30 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Useche Moncada. 

De acuerdo a la CIDH, Useche “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.

La CIDH expuso en su comunicado que desconoce si el beneficiario cuenta con las garantías mínimas necesarias para proteger sus derechos fundamentales.

“Esta situación se ve agravada por los impactos diferenciados que enfrentan las personas privadas de libertad con discapacidad (…) el cambio extremo de rutina, alejamiento de su ambiente familiar y seguro, y la falta de información sobre su tratamiento de salud conforme recomendado, se traduce en un cuadro de serio riesgo para Useche por su situación de discapacidad”, advirtieron. 

La CIDH recomendó al Estado “adoptar medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Useche, asegurar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales teniendo en cuenta su condición de discapacidad, garantizar el contacto regular y acceso con sus familiares y abogados de confianza, informar sobre la situación jurídica si ha sido presentado ante un tribunal y realizar una valoración médica”.   

Hay que recordar también que de acuerdo a las Reglas Mandela, también conocidas como Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, “no deben permanecer en prisión las personas que no se consideran responsables penalmente o a quienes se diagnostica una discapacidad o enfermedad  o enfermedad mental grave y cuyo estado puede agravarse en prisión”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

Reconocen esfuerzos en gestión de la sostenibilidad de FEMSA y Coca-Cola FEMSA

FEMSA y Coca-Cola FEMSA obtuvieron calificaciones sobresalientes en la más reciente evaluación del CDP, la organización mundial sin fines de lucro que mide el desempeño ambiental de las principales industrias del mundo.

Ambas empresas fueron reconocidas gracias a su destacado desempeño en las áreas de Clima y Seguridad Hídrica, esfuerzos coordinados, que les permitieron alcanzar la categoría Management (B score), la segunda más alta de todo el sistema de evaluación del CDP.

Para FEMSA, ambas calificaciones son fruto de sus acciones coordinadas en pro de la sostenibilidad y ratifican su elevada responsabilidad y liderazgo con la gestión ambiental.

“Este reconocimiento por parte de CDP refuerza nuestro objetivo de impulsar iniciativas ambientales que generen un impacto positivo en la sociedad. La transparencia y la acción climática son clave para un futuro sostenible, y en FEMSA trabajamos cada día para ser parte de la solución”, destacó Víctor Treviño, director de Energía y Sostenibilidad de FEMSA.

Por su parte, Coca-Cola FEMSA logró una mejora significativa en su calificación respecto a evaluaciones anteriores, avanzando de C- a B en Clima y de C a B en Seguridad Hídrica, un claro indicador del compromiso de la empresa enfocado en crear un futuro sostenible. Este progreso responde a la implementación de estrategias que incluyen la reducción de emisiones en sus operaciones y cadena de valor, así como la eficiencia, el reabastecimiento y el acceso al agua.

“En Coca-Cola FEMSA estamos orgullosos de crear el futuro en todas las aristas de nuestra organización. Estos resultados en el Carbon Disclosure Project nos motivan a continuar con nuestro compromiso de impulsar acciones para contribuir a mitigar los impactos del cambio climático, así como para la correcta gestión del agua. Hoy somos una empresa que trabaja con resiliencia, eficiencia y mejora continua para lograr más y mejores resultados”, afirmó Catherine Reuben, Directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA.

Las calificaciones otorgadas por CDP son un estándar para la transparencia y acción ambiental corporativa. La misma constituye una referencia clave para inversionistas, clientes y grupos de interés en todo el mundo, ya que miden el desempeño y la transparencia ambiental de las empresas.

Este reconocimiento, que destaca los esfuerzos por gestionar de manera responsable el impacto ambiental, se suma a la inclusión de ambas compañías en la edición 2025 del S&P Global’s Sustainability Yearbook, una de las publicaciones más prestigiosas para analizar los esfuerzos de sostenibilidad en el mundo empresarial, lo cual reafirma el liderazgo de FEMSA y Coca-Cola FEMSA en este importante aspecto.

“No hemos podido escuchar su voz”: Biagio Pilieri, 190 días de aislamiento e incomunicación

Biagio Pilieri, coordinador nacional del partido Convergencia, cumplió 190 días detenido este jueves, 6 de marzo, y desde su detención está en situación de aislamiento y sin poder comunicarse con sus familiares.

El partido político Vente Venezuela denunció en X que a Pilieri le niegan el debido proceso, derecho a la defensa, a la asistencia jurídica y permanece sin recibir visitas. Además, su salud podría estar en riesgo, debido a varias condiciones médicas previas. 

Pilieri fue detenido el 28 de agosto de 2024 cuando salía de la concentración realizada en las inmediaciones del Centro Lido. Fue secuestrado junto a su hijo Jesús Pilieri y dos personas más que le acompañaban, aparentemente por funcionarios del Sebin, y llevado luego a El Helicoide.

El pasado 25 de febrero, María Livia de Pilieri, esposa del dirigente, denunció que seguía sin poder ver a su esposo cuando ya habían pasado más de seis meses de su detención.

“Durante este largo tiempo no hemos podido acceder a él, no hemos podido verlo, ni siquiera una llamada. No sabemos directamente de él, que es lo que queremos (…) Escuchar su voz, cómo se encuentra, cómo se siente”, dijo la esposa del dirigente en un video que publicó el periodista Francisco Cáceres en X.

Para ese momento, María Livia de Pilieri señaló que solo recibian información cuando acuden a llevar la paquetería. Al recibirla, le indican que “está bien”, pero la familia sigue sin poder constatar su estado físico ni su situación de salud.

La esposa del dirigente ha expresado reiteradamente su preocupación, pues el dirigente político sufre de problemas digestivos, de hipertensión arterial, fibromialgia y desgaste óseo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Restablecen suministro de agua en El Helicoide tras huelga de hambre

La huelga de hambre que iniciaron hace casi una semana los presos políticos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide se mantiene activa, aunque ya han atendido algunas de sus demandas.

De acuerdo con la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, “se ha restablecido el suministro de agua potable, lo que es un logro importante en el contexto de las duras condiciones de reclusión”.

Durante esta huelga de hambre, que iniciaron los presos políticos de El Helicoide para protestar por las condiciones de reclusión y la violación de sus derechos básicos, no han reportado maltratos físicos por parte de las autoridades contra los detenidos, según testimonio de los familiares.

Además, la ONG recibió información de que algunas de las demandas de los huelguistas han comenzado a ser atendidas, lo que ha generado cierto alivio en las familias, entre ellas, el acceso a agua potable.

También, la organización informó que la autorización para las visitas familiares ha sido renovada en algunos casos, “lo que permite que los familiares puedan nuevamente llevar alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales”.

“Valoramos positivamente este avance parcial y seguimos exigiendo, como siempre, la liberación inmediata de todos los presos por razones políticas en Venezuela, el respeto a sus derechos fundamentales y la mejora de sus condiciones de reclusión”, añadió la organización en X.

Las circunstancias que presionaron inicio de huelga

El pasado lunes, 3 de marzo, Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la situación de los privados de libertad en El Helicoide “ha llegado a un punto insostenible”.

Señaló la ONG que, según los testimonios recabados, “los internos enfrentan traslados arbitrarios, requisas abusivas, retrasos procesales injustificados y la suspensión de las visitas familiares”.

A esto se suman condiciones de hacinamiento extremas, alimentos en mal estado o insuficientes, y la “humillación constante” hacia los familiares que intentan ejercer su derecho a brindar apoyo.

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