A dos semanas de las elecciones presidenciales, Annabella Azín, madre del actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, pidió a sus compatriotas no dejar que el país se convierta en una Venezuela, Nicaragua o Bolivia.
La también miembro de la Asamblea Nacional sostuvo que la nación vive un momento histórico importante.
“Estamos luchando por nuestra democracia, nuestra libertad . Por no regresar al totalitarismo, por mantener al dólar como moneda. Depende de nuestra lucha en estos últimos 15 días, tenemos que llevar el mensaje del presidente Noboa”, enfatizó Annabella.
Noboa, quien busca la reelección y gobernar hasta 2029, viene de sostener el sábado pasado una reunión privada en Estados Unidos, con el presidente de ese país, Donald Trump.
González, quien está apoyada por el exjefe de Estado, Rafael Correa, dijo recientemente en un debate televisado que de ganar, reconocerá a Maduro y entablará relaciones para deportar de Ecuador a los miles de venezolanos “irregulares” que supuestamente dejó ingresar al país el gobierno de Noboa.
Noboa llegó el viernes pasado a Estados Unidos con una propuesta para que tropas americanas regresen a Ecuador. Dentro de sus planes se encuentra el establecimiento de una nueva base militar en la localidad de Manta, zona costera que ha sido afectada por la violencia vinculada al narcotráfico.
Azín destacó que su hijo mantiene una lucha activa contra 22 bandas criminales, a las que el gobierno calificó de terrorista luego del conflicto armado interno en enero de 2024.
Más de 13 millones de personas están convocadas a las urnas el próximo 13 de abril para reelegir a Noboa o convertir a González en la primera presidenta electa de Ecuador.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En algunos casos, el gobierno de Estados Unidos ha optado por transferir a cientos (tal vez hasta miles) de individuos acusados de terrorismo a otras naciones, como El Salvador. Este proceso, al menos a mí, me plantea una serie de interrogantes y preocupaciones que abarcan cuestiones legales, derechos humanos y si está siendo apropiada la tan cacareada “administración de la justicia”.
Las transferencias de presos, particularmente aquellos acusados de terrorismo, suelen estar motivadas por diversos factores, empezando por el deseo de deshacerse de individuos considerados peligrosos más que la intención de colaborar con gobiernos extranjeros en el manejo de la seguridad. Esto en sí mismo no es criticable. Pero estas decisiones han sido y siguen siendo objeto de intensos debates y análisis en el ámbito político y social. ¿Por qué? Porque dentro de esos grupos hay personas inocentes.
Tomemos como ejemplo El Salvador, un país que ha enfrentado violencias y conflictos históricos, incluyendo una guerra civil por largos años. Ha buscado cooperación internacional para fortalecer sus capacidades de seguridad y no hay duda de que lo ha conseguido bajo el mandato del presidente Bukele. Sin embargo, la implementación de estas estrategias, aunque muy aplaudidas por la mayoría, ha generado tensiones en el mundo de los derechos humanos, básicamente por las implicaciones que estas significan para los inocentes.
En algunas ocasiones, las acusaciones de terrorismo pueden estar basadas en pruebas insuficientes o en interpretaciones subjetivas de la ley. En El Salvador ha sido muy criticado que todo el que tenga un tatuaje está considerado, de plano, de pertenecer a una mara. Y eso no es una regla, ni es cierto en todos los casos. Esto lleva a que personas inocentes sean consideradas culpables, lo que subraya la importancia de garantizar un sólido sistema de justicia que respete los derechos de todos los acusados. Menos mal que en los Estados Unidos todavía existen jueces imparciales, capaces de ponerle un parado hasta al mismísimo presidente.
Otro problema que hay que resaltar es que, al trasladar a personas acusadas de delitos graves, existe el riesgo de que estas personas enfrenten un trato injusto o abusivo. No hay informes sobre las condiciones de detención en El Salvador, por lo que se han generado preocupaciones adicionales sobre el tratamiento de aquellos que son encausados, sobre todo, repito, de los que son inocentes. ¡Qué pesadilla! ¡Qué injusticia!
¿Es que nadie ha pensado que para los inocentes el ambiente carcelario podría ser profundamente negativo y contraproducente? Hay una inmensa necesidad de que haya un enfoque justo, y eso no lo veo por ninguna parte.
Frente a esta situación, las instituciones internacionales, así como las organizaciones de derechos humanos, pueden desempeñar un papel crucial en la supervisión y evaluación de estas transferencias para asegurarse de que se respeten los derechos de todos los individuos involucrados. Y sí, también de los que son culpables. El que sean culpables no significa que no tengan derechos. Lo que hay que evitar, de plano, es la transferencia de personas que son inocentes.
Quienes hoy aplauden la transferencia de presos acusados de terrorismo de Estados Unidos a El Salvador deberían pensar si todas estas personas pasaron por un cuidadoso examen y si existen pruebas contundentes en su contra. Para garantizar que el sistema de justicia refleje los principios de equidad y humanidad es fundamental que las decisiones en torno a estos traslados se basen en un respeto riguroso por los derechos humanos, garantizando el debido proceso y, por encima de todo, la protección de aquellos que son inocentes. Mi corazón con sus familias.
En El Mañanero del lunes 31 de marzo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de Venezuela: El 24 de mayo de 2017, dos días antes de que se cumpliera un mes del asesinato de Juan Pablo Pernalete, la entonces fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó en una rueda de prensa la razón de la muerte del joven estudiante de 20 años: el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta. Esa fue la primera vez que una autoridad del Estado explicó públicamente cómo las fuerzas de seguridad mataron a un ciudadano en el contexto de manifestaciones antigobierno de ese año. Sin embargo, el caso sigue impune después de ocho años.
“Él es operado del corazón. Necesitamos que un cardiólogo lo asista, ya que su esternón está abierto y sufre de diferentes patologías. Ahora tiene dengue y se siente muy mal”, Yesenia Gutiérrez, esposa de Juan Iriarte, coordinador de Vente Venezuela en Maiquetía, estado La Guaira, quien está detenido desde junio de 2024.
La tarde de este domingo, 30 de marzo, arribó a Venezuela otro vuelo proveniente de Estados Unidos con 175 migrantes venezolanos, de los cuales 11 son mujeres, que fueron deportados del país norteamericano.
Desde el Aeropuerto de Maiquetía “Simón Bolívar”, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recibió al grupo y afirmó que desde Estados Unidos se dijo que inicialmente serían 220 personas pero al final repatriaron a 175. El grupo llegó en un vuelo de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines.
Se trata del tercer vuelo de migrantes que retornan a Venezuela luego que la administración de Nicolás Maduro acordó con EEUU reanudar los vuelos de repatriación hace una semana El lunes 24 de marzo llegaron 199 migrantes que salieron de Texas e hicieron escala en Honduras, a los que se sumaron 178 el viernes 28.
✈️ LLEGA A VENEZUELA NUEVO VUELO CON 175 VENEZOLANOS DEPORTADOS PROVENIENTES DE EEUU
Diosdado Cabello afirmó que entre los migrantes se encontraría un hombre solicitado por la justicia venezolana, pero que no pertenecería a la banda del Tren de Aragua sino a otro grupo delictivo pic.twitter.com/LeJiElrBIM
Llegó un miembro de una banda delictiva, según Cabello
Diosdado Cabello aseguró que en este nuevo grupo de 175 migrantes hay uno que era buscado por la justicia venezolana, pero que no pertenece al Tren de Aragua.
“Por primera vez, en estos vuelos que estamos haciendo, llega alguien de peso que era reclamado por la justicia venezolana y no es del Tren de Aragua”, dijo Cabello.
Según Cabello, esta persona -de la cual no mencionó su identidad- forma parte de una banda delictiva del estado Trujillo llamada “El Cagón”. Precisó que es una persona “de nivel en esa banda”.
La banda “El Cagón” está encabezada por Rivas Garcías, y se dedica a la extorsión, secuestro, sicariato, tráfico de drogas y robo entre otras actividades ilícitas, reseñó un reportaje publicado en Runrun.es en el año 2018.
ÚLTIMA HORA | Llegan a Venezuela 175 migrantes deportados de EE.UU.
"Ninguno de los repatriados pertenecen al extinto Tren de Aragua y solamente uno está siendo solicitado por pertenecer a la banda de El Cagón", anunció Diosdado Cabello. https://t.co/iprAtSlh93pic.twitter.com/525ws69qAH
Cabello reiteró que la supuesta vinculación de migrantes venezolanos con la megabanda delictiva Tren de Aragua con ese grupo es «una gran mentira» usada para «estigmatizar y para criminalizar a los venezolanos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Después de recorrer las regiones Capital, Andes, Centro, Occidente y Oriente de Venezuela escuchando a las 39 voces preseleccionadas y luego de recibir más de un centenar de propuestas, ocho artistas clasificaron para reunirse que se reunirán en Caracas el próximo sábado 5 de abril en la final del Festival Música Urbana, en el Centro Cultural de Arte Moderno en La Castellana.
Este año el Festival de Música Urbana, espacio cultural promovido por séptima vez consecutiva por Amnistía Internacional Venezuela y la Fundación Nuevas Bandas, está dedicado a las personas migrantes que están pasando por momentos difíciles de discriminación y retroceso en los convenios de protección a solicitantes de asilo. El lema principal del festival será “Basta de abusos a migrantes” y se otorgará un reconocimiento especial al artista que traiga a la tarima el mejor tema sobre la situación que atraviesan las personas migrantes.
El cartel de protagonistas
Uno de los artistas seleccionados por la región Occidente es Nar de Barinas, un freestyler que conquistó al público y al jurado en Barquisimeto con letras que hablan del respeto, el feminismo y el papel de la mujer en nuestra sociedad.
Del Arenal, Mérida, Graham GAM es un vocalista que debutó en Lima, Perú a mediados del 2019 y ya tiene un álbum en su haber (No maten al mensajero), además de más de 10 producciones musicales independientes y colaborativas. Regresó a Mérida en 2022 para continuar con su quehacer artístico.
Dann González, es una rapera original de Valencia y resultó clasificada por la región Centro con sus ritmos envolventes y un estilo que fusiona la calle con el sabor del Caribe. Por la región Oriente, se impuso el maturinés Rivas R, con un catálogo musical que abarca desde el R&B, pop, balada, lo-fi, DanceHall, e indie rock, entre otros ritmos.
Completan los clasificados: el rapero Rodny.P, de la parroquia Caricuao, que fusiona diferentes corrientes musicales; Andrea Molina, mejor conocida como Dru Flecha, especializada en rap y hip-hop, con algunos matices de pop; la rapera Ama Faustine, en representación de Los Valles del Tuy y finalmente, Van Der Dijs, una agrupación de 4 integrantes que fusiona rap y rock sobre la tarima.
Todos ellos se reunirán en el evento de cierre el sábado 5 de abril de 2025 en el Centro Cultural de Arte Moderno de La Castellana a partir de las 4 de la tarde, frente a un jurado conformado por DJ Trece, QFX, representantes de AI y FNB, además de Smile Soul, ganadora del FMU en 2024. Los artistas estarán compitiendo por 3 premios: Ganador FMU 2025, Mejor Mensaje y Artista Revelación.
Antes del evento final y como parte del ciclo de encuentros planificados, el 4 de abril los clasificados participarán en un ciclo de acciones formativas sobre arte y derechos humanos, desarrollada por Amnistía Internacional Venezuela. A la vez, ocurrirá la proyección del documental “Venezuela Subterránea”, de los realizadores Héctor Barboza y Juan Carlos Echeandía, gestores culturales y además impulsores del Festival Por el Medio de la Calle y la publicación Plátano Verde, centrada justamente en la música y las artes urbanas.
Desde 2018, el Festival de Música Urbana ha sido un semillero enorme de talento, amplificando las voces de nuevos artistas de toda Venezuela y continúa haciendo el esfuerzo por mantener en el tapete la conversación y la expresión artística alrededor de los derechos humanos.
Yesenia Gutiérrez, esposa de Juan Iriarte, coordinador del partido político Vente Venezuela en Maiquetía, estado La Guaira, denunció este domingo, 30 de marzo, que el estado de salud del dirigente es delicado, por lo que clamó por asistencia médica.
Mediante un video que publicó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Gutiérrez alertó: “Necesitamos que lo asistan. Por favor, necesitamos que no se nos muera en el Helicoide. No permitamos que un hombre trabajador, luchador se nos muera en El Helicoide, por favor”.
La esposa del dirigente acudió el sábado 29 de marzo al centro de reclusión, pero no pudo verlo porque sentía mucho malestar. “Fuimos a visitarlo y no lo pudimos ver, porque se sintió tan mal que tuvo que bajar a asistencia médica”, advirtió Gutiérrez.
“Él es operado del corazón. Necesitamos que un cardiólogo lo asista, ya que su esternón está abierto y sufre de diferentes patologías. Ahora tiene dengue y se siente muy mal”, añadió la esposa de Juan Iriarte.
Ante esta situación, el Comité de DDHH de Vente señaló: “Alertamos de esta situación y exigimos atención médica especializada. El régimen es responsable de su integridad física y su constante deterioro”.
🚨#Urgente "No podemos permitir que un hombre trabajador se nos muera en El Helicoide".
Juan Iriarte fue detenido en su casa en la madrugada del 15 de junio de 2024. Fue presentado ante Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo esa misma noche, siendo imputado de los delitos de «incitación al odio» y «asociación para delinquir».
El activista fue presentado junto con los periodistas Luis López y Gabriel González, y el activista juvenil de partido Voluntad Popular Jeancarlos Rivas por participar en una marcha de Vente Venezuela en Maiquetía hasta un comando de la Guardia Nacional Bolivariana, a donde se movilizaron con Edmundo González.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El 24 de mayo de 2017, dos días antes de que se cumpliera un mes del asesinato de Juan Pablo Pernalete, la entonces fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó en una rueda de prensa la razón de la muerte del joven estudiante de 20 años: el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta. Esa fue la primera vez que una autoridad del Estado explicó públicamente cómo las fuerzas de seguridad mataron a un ciudadano en el contexto de manifestaciones antigobierno de ese año. Sin embargo, el caso sigue impune después de ocho años.
La hoy exfiscal General de la República se esmeró en detallar en aquella alocución cómo todas las experticias, inspecciones, análisis técnicos y de laboratorio y declaraciones de testigos que recogió su equipo demostraban la culpabilidad de la GNB y así desmontó la tesis promovida por el gobierno: que a Pernalete lo asesinaron sus propios compañeros de marcha con una pistola de perno cautivo, un arma usada para sacrificar ganado.
El retraso de la justicia en el caso de Pernalete no es el único. Desde el Ministerio Público y los tribunales del país se ha dilatado, una y otra vez, la resolución de al menos 70% de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron las fuerzas policiales y militares venezolanas en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014, 2015, 2017 y 2019. Así lo revela esta investigación de Runrun.es que entrevistó a los parientes y abogados de 27 de las 104 víctimas que murieron en estos años, además de una serie de expertos en derechos humanos, leyes y derecho internacional.
Más allá del retardo procesal generalizado en el país, este especial llamado El patrón del olvido muestra una estrategia de dilación que se vale del cambio de fiscales, obstrucción de la información sobre los presuntos implicados, construcción de expedientes débiles, diferimientos constantes de audiencias y ausencia de investigación sobre las cadenas de mando, sin contar los maltratos, coacciones y amenazas a las que someten a los familiares de los asesinados.
Esta táctica busca, por un lado, cansar a los dolientes de las víctimas, hacer que desistan y olviden el caso, y, por otra, proteger a los funcionarios culpables de los asesinatos, sobre todo aquellos que pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana.
Ante este panorama, los familiares fijan su mirada en la CPI, el tribunal internacional que podría abrir causas específicas a altos funcionarios del gobierno chavista que hoy es investigado por la comisión de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con los expertos, la Corte todavía no ha incluido las ejecuciones extrajudiciales de disidentes entre los delitos que indaga. ¿La extensa duración de estos procesos ahuyentará, con el paso de los días, esa esperanza de justicia?
Rory y Alejandra* no pasan un solo día sin hablar largo. Sobre el trabajo, sobre la serie que están viendo, sobre sus vidas, sobre el país, sobre cualquier cosa. Se conocieron un tiempo atrás gracias a una amiga en común. Tan pronto comenzaron a hablar, hicieron clic: se dieron cuenta de que congeniaban en muchas ideas. Eso los hizo inseparables. Llevan más de una década siendo casi hermanos.
Últimamente, cada jueves y cada martes, a las 6:00 de la tarde, sin falta, Rory la llamaba mientras esperaba a que su novio saliera de un curso de italiano. Esa llamada que se hizo habitual, dos veces por semana, era un alto en sus ajetreadas rutinas.
Pero la tarde del jueves 20 de febrero fue distinta.
Transcurrían los minutos y nada que la llamada ocurría. Alejandra pensó que algún inconveniente de última hora había retrasado la puntual llamada de Rory. No le dio mayor importancia y siguió esperando. Pero esperó y esperó y el tiempo siguió corriendo y el celular no sonó.
¿Habrá pasado algo?, ¿algo malo?
Al rato, el teléfono repicó.
Qué alivio.
Se asomó a la pantalla y no, no era Rory, sino la mamá de él.
Le pareció extraño y atendió de inmediato:
—Señora Ana, ¿cómo está?, ¿pasó algo?
No, tampoco era la señora Ana.
—Ale, a Rory se lo acaban de llevar detenido —dijo Marcos, el novio de Rory.
Alejandra, súbitamente, se desbordó en lágrimas. ¿Pero qué pasó?, ¿cómo es posible? Conforme hacía preguntas se alteraba más. Marcos, del otro lado del teléfono, trataba de calmarla. Y le explicó lo ocurrido: iban en el vehículo de Rory por Macaracuay, en el este de Caracas, cuando de pronto dos motorizados armados, vestidos de civil, los interceptaron.
Él respondió que sí, e inmediatamente le dijeron que estaba detenido.
Sin mostrarle orden de aprehensión alguna, uno de los hombres se subió al carro, tomó el volante, le pidió a Rory y a Marcos que se pasaran a la parte de atrás, y arrancó.
Mientras, el otro funcionario los seguía en una moto.
Recorrieron la autopista Francisco Fajardo hasta el cruce hacia Plaza Venezuela, donde los esperaba otro vehículo. En ese punto, dejaron ir a Marcos, no sin antes decirle que llevarían a Rory al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Rory Branker es miembro del equipo del medio La Patilla. Se desempeñaba como editor. Su familia no sabe de su paradero desde el 20 de febrero de 2025 cuando fue detenido (Cortesía Familia Branker)
Rory Branker tiene 46 años de edad. Es periodista, editor e internacionalista. Trabaja en el medio digital LaPatilla.com, fundado por Alberto Ravell, quien en 2015 fue demandado por Diosdado Cabello alegando “daños morales”. Luego de esto, un tribunal le impuso a Ravell una multa de 32 millones de dólares. Los directivos de LaPatilla.com decidieron resguardarse en el exterior y allá siguen.
Y ese contexto es necesario porque, poco antes de aquel jueves 20 de febrero en que se llevaron a Rory,Diosdado Cabello se había referido nuevamente a Ravell: lo señalaba de haber recibido fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a cargo de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior, y que recientemente fue intervenida por la administración de Donald Trump.
Ser nombrado por altos funcionarios del chavismo en televisión nacional suele ser una alerta, un llamado de atención, una señal de que desde el oficialismo te están viendo. Pero Rory no sospechó que irían contra él. Sabiéndose un periodista más bien de bajo perfil, se quedó tranquilo.
Sin embargo, más de uno sí divisó en el horizonte el presagio de lo que se avecinaba.
Alejandra, tratando de hallar respuestas a la detención de su amigo, comenzó a preguntar a residentes y encargados de la vigilancia de la urbanización donde vive Rory. El portero y varios de los vecinos le confirmaron que unos hombres de negro y armados habían estado preguntando por el periodista un par de días antes. Que sospechaban que eran funcionarios del Sebin.
Pero nadie se lo dijo a Rory.
Aquella tarde de la detención, esos mismos hombres de negro volvieron a la urbanización a allanar la vivienda. Alejandra estaba ahí. Atareada, llamaba a organizaciones como el Foro Penal, que acompaña jurídicamente a los presos políticos en Venezuela; y llamaba a todo el que ella pensaba que podía ayudar en algo.
En medio del atolladero, lo que más le preocupaba era la mamá de su amigo, la doña Cheryl Ann Branker, a quien todos llaman cariñosamente Ana. Tiene 75 años y hace dos años sufrió un evento cerebrovascular. Desde entonces su salud es muy frágil. No lograba procesar lo que sucedía a su alrededor, por qué esos hombres entraban a revolcar su casa:
—Pero, ¿qué fue lo que hizo mi hijo? ¡Él no ha hecho nada! ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? —preguntaba.
Doña Ana Branker, madre de Rory enfrenta las secuelas de un evento cerebro vascular. No entiende qué sucede con su hijo y pregunta incesante por su ubicación, sin respuesta (Cortesía Familia Branker)
Marcos les pidió a los funcionarios del Sebin que hicieran las cosas con calma, les explicó que Ana no estaba en pleno conocimiento de lo ocurrido. Aunque ella había recibido la noticia, no lograba asimilarla. Después de revisar cada rincón de la vivienda, los hombres armados se llevaron tres computadoras, tres teléfonos móviles y otros objetos personales de Rory.
Esa noche, los abogados del Foro Penal le recomendaron a Alejandra esperar hasta la mañana siguiente para formular la denuncia ante la Fiscalía General venezolana, y empezar a recorrer centros de reclusión para precisar el paradero del periodista.
“Es muy pronto para saberlo”, “No podemos averiguar mucho porque nos metemos en problemas”, “Hay que esperar”. Esas eran las respuestas de gente con ciertas fuentes dentro de las esferas de poder del chavismo a las que Alejandra logró tener acceso.
Ella también se comunicaba con una hermana de crianza de Rory, para que estuviera al pendiente de la señora Ana, mientras el resto de la familia se encargaba de movilizarse haciendo cuanto trámite legal les decían que hicieran.
Unas 18 horas después de la desaparición de Rory, en la sede del Sebin en El Helicoide y en la Zona 7 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar decían lo mismo: “Aquí no está”, “No tenemos información”.
Con el apoyo de la organización Provea, intentaron introducir un habeas corpus —un recurso legal que permite a una persona solicitar su libertad si considera que ha sido detenida ilegalmente, y este pueda comparecer ante un juez si es el caso—, pero no fue aceptado.
Pasaron seis días. Seis días sin ninguna información. Entonces llegó un dato. Más bien un mensaje: en su programa semanal, que conduce a través del canal del Estado, Diosdado Cabello mencionó a Rory Branker:
—Alberto Ravell está muy preocupado por Rory Branker (…). Está moviendo sus antiguos tentáculos para montar matrices comunicacionales contra el gobierno. Dile a Ravell que tranquilo, que lo estamos esperando con ansias. Ravell debe rendir cuentas por todo el dinero que manejó cuando estuvo al frente del CCN durante el llamado interinato. También debe explicar cómo vivía de la Usaid —leyó de una supuesta carta anónima que le llegó.
Alejandra entonces pensó en una hipótesis: quizá todo esto es una suerte de venganza contra Ravell, y con lo que significa un medio de comunicación.
Durante los años del chavismo, sobre todo en el transcurso de los más recientes con Nicolás Maduro al frente, el ejercicio periodístico ha sido perseguido y criminalizado. LaPatilla.com no ha escapado del hostigamiento. De acuerdo con un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), solo en 2024 se registraron 571 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios, activistas por los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Ese mismo reporte precisa que 11 reporteros tuvieron que salir de Venezuela tras amenazas de posibles arrestos.
Rory Branker es especialista en Periodismo Digital. Su participación como integrante del equipo de La Patilla era de bajo perfil. A pesar de ello fue detenido por el Sebin (Foto Cortesía Familia Branker)
Alejandra, que hizo una maestría de periodismo digital con Rory, se ha tenido que ocultar desde la detención de su amigo. Muchos archivos de trabajo y personales que compartían, se encontraban en las computadoras que se llevaron los funcionarios del Sebin en el allanamiento.
Por seguridad, a doña Ana también la sacaron de su casa y la llevaron a otra en la que estaría más segura. Ahí está con el hermano de Rory —quien recientemente regresó al país— y con otra amiga.
Doña Ana no deja de preguntar por su hijo a diario.
—¿Cuándo volverá Rory?, ¿a dónde fue? —insiste.
—Pronto, mamá. No te angusties. Pronto.
En verdad, esa y las demás respuestas que se les ocurre darle son vacías. Nadie sabe cuándo volverá Rory. Ha transcurrido más de un mes desde que se lo llevaron y nadie sabe con certeza dónde lo tienen. Nadie ha logrado verlo. Nadie sabe de qué lo acusan, pues, hasta donde saben, ni siquiera le han hecho la audiencia de presentación. Rory Branker es víctima de una desaparición forzada.
A la familia le ha llegado el rumor de que se encuentra detenido en Maripérez, que “está bien, comiendo” y que “no ha sido golpeado”. Pero son eso: rumores, posibilidades, nada certero.
Por este caso se han pronunciado organismos como la Federación Internacional de Periodistas, el Knight Center for Journalism in the Americas y la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión de la CIDH. El Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y organizaciones como Espacio Público no paran de recordar que Rory está desaparecido. Con él, son 12 los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela antes y después de la elección presidencial del 28 de julio.
Solo una alocución de Diosdado Cabello, confirmando la detención de Rory, es lo que manejan familiares, amigos y colegas del periodista que se encuentra en desaparición forzada (Cortesía Familia Branken)
Los amigos cercanos y ex compañeros de Rory —muchos de los cuales migraron porque saben que Venezuela es un terreno difícil para ejercer el periodismo— hacen lo posible por seguir alzando la voz. Dentro, son pocos los que pueden hacerlo. Y es algo que Alejandra lamenta pero que entiende: sabe que ellos también corren peligro. Muchos cuentan que Rory es un buen amigo: inteligente, honesto y siempre dispuesto a tenderle la mano a quien lo necesite.
“¿Estás bien?, aquí estoy por cualquier cosa”, le llegó a escribir a amigos, a las 4:00 de la mañana, cuando sabía que la estaban pasando mal. Alejandra insiste en que son detalles como ese los que dibujan a su amigo. No quiere que se olviden de él, de que está preso, de que está desaparecido.
Ella había estado esperando “lo peor” desde aquel jueves que no recibió la llamada de Rory. Creyó que en cualquier momento darían una noticia fatal sobre él. Sus presentimientos se calmaron al escuchar a Cabello mencionarlo, porque sintió que, al menos, era un indicio de que sigue con vida.
Un familiar acude a diario a los tribunales para tratar de obtener información, y nada. Se regresa sin respuesta alguna. “Su vida podría estar en juego y ni siquiera lo sabemos. Lo peor podría estar por venir y no sabemos ni cómo estar preparados”, dicen sus allegados.
Doña Ana a veces cree que Rory está en su habitación o en la cocina, hasta que recuerda que no, que no ha vuelto. Que no saben donde está detenido. “Esta situación me está matando”, “¿realmente no saben dónde está?”, le insiste a Alejandra.
Hace pocos días, doña Ana fue a uno de los centros de reclusión a ver si le daban alguna pista. Pero le tocó devolverse sin respuestas.
Por eso se sigue haciendo la misma pregunta: ¿dónde está mi hijo Rory?
*Algunos nombres en esta historia fueron cambiados por razones de seguridad.
