La Cruz Roja Venezolana brindó este sábado 12 de abril asistencia sanitaria a los asilados que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas.
Así lo informó la organización en un comunicado suscrito por su presidente Luis Farías.
“Basados en nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, y contando con la aceptación de las partes involucradas, informamos que en el día de hoy, sábado 12 de abril de 2025, hemos brindado asistencia en salud a los ciudadanos que se encuentran en la residencia de la Embajada de la República Argentina en Caracas”, expuso la misiva colgada en las redes sociales del organismo internacional.
La Cruz Roja indicó que la asistencia se realizó tras la solicitud de los ciudadanos que permanecen en la sede diplomática custodiada por el gobierno de Brasil.
La organización no ofreció detalles sobre el estado de salud de los refugiados, que el pasado 20 de marzo cumplieron un año en la sede diplomática del gobierno de Javier Milei.
“La Cruz Roja esta aquí para atender a quienes lo necesiten, sin discriminación de ningún tipo”, prosiguió la misiva.
En la sede de la embajada argentina se encuentran protegidos Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machadoy sobre quienes pesan órdenes de captura por parte del Ministerio Público, conducido por el fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab.
Desde que se refugiaron en la sede diplomática, los venezolanos han denunciado asedio por parte de efectivos policiales, presencia de francotiradores, cortes de energía eléctrica y agua potable, restricciones en el ingreso de alimentos y negativa del régimen de Maduro a concederles salvoconductos para abandonar el país.
Venezuela y Argentina rompieron relaciones diplomáticas luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador a Maduro sin ofrecer resultados desagregados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este sábado, 12 de abril, familiares y amigos de Christian Méndez y José Ángel Lepaje, detenidos el pasado mes de enero en Tucupita, estado Delta Amacuro, realizaron una caminata solidaria para exigir su liberación.
Desde tempranas horas de la mañana, unas cien personas se concentraron en el Paseo Manamo para pedir la liberación de Méndez, entrenador personal y líder del movimiento deportivo “Rompe tus límites”; también la excarcelación de Lepaje, quien se dedica a vender café y guarapo en la entidad.
“Por la libertad de Christian y José Ángel” y con globos blancos en las manos, los conocidos de ambos deltanos recorrieron las calles Bolívar, Dalla Acosta y la Avenida Arismendi. Finalmente, la última parada de la caminata solidaria tuvo lugar en la Iglesia San José, en donde todos los presentes elevaron plegarias para que los dos hombres sean puestos en libertad.
¿Qué paso con Méndez y Lepaje?
Christian Méndez no se salvó de la ola de detenciones arbitrarias desencadenadas antes y después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. El 13 de enero, en horas de la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Tucupita, llegaron al lugar donde entrenaba Méndez y, sin mediar palabras, se lo llevaron detenido.
Según detalla María Méndez, madre de Christian, el 9 de enero opositores en Delta Amacuro protestaron en rechazo a la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial. Aunque el entrenador no estaba protestando, testigos afirman que pasó por el lugar y se detuvo a grabar con su teléfono celular todas las incidencias de la marcha.
“Tucupita es un pueblo muy pequeño y las calles son literalmente pequeñas. Cuando se formó el problema, él quedó en medio de la concentración, del bullicio, de los que estaban tirando piedras y de los colectivos que lanzaban tiros al aire. Hay videos donde se evidencia que Christian sí estuvo grabando, pero él no estuvo incitando al odio ni, faltándole el respeto a nadie”, detalló María Méndez.
Al entrenador personal y fundador y líder del movimiento deportivo “Rompe tus límites” se le acusa de incitación al odio, lesiones personales graves, terrorismo y agavillamiento, según el escrito acusatorio de la Fiscalía 99 de Delta Amacuro.
Ese mismo día, pero horas más tarde, también detuvieron a José Ángel Lepage, de 45 años, conocido por todos en Delta Amacuro por vender café y guarapo en las calles.
Lepage y Méndez no se conocían, y ese día ni siquiera estaban cerca el uno del otro. Ahora, los dos se conocen porque están acusados por los mismos delitos y comparten la misma causa.
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A poner fin a la incomunicación de presos políticos y liberarlos de forma inmediata e incondicional instó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno venezolano.
A través de un comunicado el organismo condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prolongados períodos de aislamiento, especialmente luego de las elecciones del pasado 28 de julio
De acuerdo a la CIDH, al menos 903 personas continúan detenidas por motivos políticos en el país, de esa cantidad, 64 familias no han recibido información oficial sobre el lugar de reclusión de sus seres queridos.
La CIDH informó que los parientes solo saben que sus afectos están vivos gracias a otros presos o llamadas de trabajadores penitenciarios solicitando medicinas o ropa.
“La incomunicación coactiva está prohibida por los estándares internacionales e interamericanos”, expresó a través de un comunicado la CIDH.
La organización ha recibido testimonios sobre maltratos, requisas invasivas y humillaciones contra familiares.
La CIDH denunció que en reiteradas oportunidades, el personal penitenciario se niega deliberadamente a permitir visitas o brindar información sobre el estado de salud de los presos.
Tal es el caso de los políticos Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, todos con medidas cautelares emitidas por la Comisión.
Según cifras oficiales, tras los comicios del 28J, 2.229 personas fueron arrestadas, incluyendo 177 niñas y niños que luego fueron excarcelados por el régimen de Maduro.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
—¿Te gusta el pollo? ¿Te gusta el pescado? ¿Te gustan las frutas? ¿Comes todo lo que te sirven en el plato?
La nutricionista no para de hacerle preguntas a Carlos, un adolescente de 11 años que, en compañía de su madre, acaba de entrar a su consulta. La especialista necesita entender su historia, sus hábitos, el modo en que se alimenta: quiere ayudarlo, cómo ha ayudado a tantos en ese consultorio.
Ahora lo pesa, lo mide. Y sigue haciéndole interrogantes. Cada dato le permite conocerlo mejor. La conclusión de su pesquisa es que Carlos padece desnutrición aguda severa. De acuerdo con las tablas de referencia de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su Índice de Masa Corporal está por debajo del percentil 3, más bajo de lo esperado para su edad y sexo. El rango considerado normal está entre los percentiles 15 y 85.
La nutricionista les explica a Carlos y a su mamá lo que el adolescente debe consumir, de qué manera y en qué horario… todo lo que debe hacer para recuperarse. Además, le entrega un récipe a la mujer para que en el cubículo de al lado retire suplementos nutricionales que le acaba de recetar a su hijo.
—¡Nos vemos en tres semanas!
El niño asiente, se despiden chocando los puños.
El impacto de la organización Ponte Poronte se traduce en la asistencia diaria de madres, representantes y niños hasta los 14 años para darles apoyo nutricional
Afuera, en el pasillo, sentados en una hilera de sillas plásticas, más niños, niñas y adolescentes esperan para entrar al consultorio. Los acompañan sus mamás, sus papás o sus abuelas. Todos, como Carlos, están en el Centro de Protección Nutricional Ponte Poronte, de la asociación civil Prepara Familia, ubicado en la parroquia San Bernardino, en el centro norte de Caracas, la capital de Venezuela.
Una pediatra dicta un taller sobre alimentación saludable en casa.
Otra pediatra sostiene un muñeco para mostrarles a la madre y a la abuela de una bebé las posiciones adecuadas para sacarle los gases. “Lactancia es paciencia”, les dice.
En la cima de un mueble archivador, las acompaña la figura de Nuestra Señora de La Leche, una advocación de la Virgen María que amamanta al Niño Jesús.
Aquí los reciben con calidez, con sonrisas. Es un espacio agradable. Las puertas son amarillas como los girasoles, y hay paredes de tonos pastel decoradas con arcoíris y árboles de hojas verdes, anaranjadas, azules, fucsias. En los estantes —donde guardan medicamentos y suplementos alimenticios— reposan osos de peluche, figuritas de superhéroes.
Este lugar es una melodía alegre. El nombre le queda bien: Ponte Poronte es una rima infantil, una canción que se entona mientras se van chocando las manos en un juego divertido.
Pero, que quede claro, esto no es un juego. Aquí todos se toman su trabajo muy en serio. Cada día un equipo de especialistas, nutricionistas y pediatras atienden a niños —de 0 a 14 años— que están en riesgo de desnutrición, y ofrecen consultoría a mujeres embarazadas y lactantes. En una pared de la entrada, muestran fotos de los niños que se recuperaron gracias a este servicio: es un mosaico con decenas de imágenes de bebés en los brazos de sus madres; niños y adolescentes, con el pulgar hacia arriba.
Quizá lo exhiben como una muestra de que siempre es posible mejorar.
Es una postal motivadora.
Una pared con fotos instantáneas hechas a quienes han salido de los cuadros de desnutrición, adorna los espacios de Ponte Poronte en Caracas
En 2008 un grupo de personas, entre ellas Katherine Martínez, abogada de profesión, comenzó a hacer voluntariado en el Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, el principal centro asistencial pediátrico de Venezuela. Gestionaban donaciones, les cantaban a los pacientes, celebraban sus cumpleaños. En 2014, ese voluntariado se convirtió en la asociación civil Prepara Familia, dirigida por Katherine, dedicada a acompañar y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes enfermos y de las mujeres cuidadoras.
Esa labor fue tejiendo un vínculo no solo con médicos y especialistas, sino con los niños y sus familias. Un vínculo que, en esos años duros de 2016, 2017 y 2018, ya se había consolidado. Inflación. Escasez. Desabastecimiento de insumos médicos. Migración de especialistas. Deterioro de la infraestructura. La realidad en “el JM”, como llaman los pacientes y sus familiares al centro de atención infantil, estaba entretejida por los hilos de distintos problemas que se convertían en una red que impedía que los niños gozaran de sus derechos.
En el último trimestre de 2016, el sistema de monitoreo en niños menores de 5 años de Cáritas Venezuela documentó que 8,9% de los evaluados presentaban desnutrición moderada o severa. A finales de 2017, ese indicador aumentó a 16,2%. En 2018, 34% estaba en riesgo de desnutrición.
Katherine Martínez recuerda el agobio de los médicos, quienes se encontraban en sus consultas a niños que no tenían enfermedades de base, pero que no crecían ni ganaban peso. En el Hospital de Niños no podían proporcionarles los suplementos nutricionales porque no había.
En agosto de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas cautelares para que el Estado protegiera a los niños, niñas y adolescentes de 13 servicios del hospital, incluyendo el área de nutrición, crecimiento y desarrollo, al considerar que estaban en riesgo debido al desabastecimiento de medicamentos, el estado de las instalaciones y falta de personal e insumos médicos.
La abogada Katherine Martínez ha impulsado desde la ONG Prepara Familia el Centro Nutricional Ponte Poronte. Martínez lidera al grupo de especialistas que luchan por los derechos de niños en Venezuela
Al no contar con los suplementos nutricionales, los doctores hacían sugerencias a las madres: “Cambia la dieta”, “Intenta este menú”, “Prioriza las proteínas”. ¿Pero cómo comprar pollo, carne o pescado? A las familias el dinero, sencillamente, no les alcanzaba para atender esas recomendaciones. Resolvían saciar el hambre con lo que podían. Era una realidad nacional. En 2018, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reportó que 89% de los hogares recibían ingresos insuficientes para comprar alimentos.
Las voluntarias de Prepara Familia veían a niños que salían de las consultas de nutrición y tiempo después volvían al hospital sin recuperarse. Por eso, empezaron a ofrecer apoyo: hacían cuanto podían para conseguir donaciones de suplementos nutricionales y vitaminas para esos niños en situación de vulnerabilidad.
Haciéndolo sentían que podían aportar más. Que esa labor podría tener un poco más de estructura. Y así impactar en más vidas. Fue de esa preocupación que nació la idea: ¿qué tal abrir un espacio en el que a los niños se les hiciera el tamizaje nutricional (proceso rápido para detectar riesgo nutricional) y reciban la suplementación que requieren para recuperarse?
En 2020 se aliaron con varias organizaciones (entre ellas Mapani y Meals4Hope, que en varias regiones del país trata de erradicar la desnutrición) para crear Ponte Poronte. Entre un grupo de médicos y Susana Raffalli, nutricionista especializada en seguridad alimentaria y emergencias humanitarias, diseñaron un protocolo de atención gratuita. El objetivo era preciso: que en 14 semanas los niños reciban acompañamiento y suplementos adecuados según sus requerimientos.
Los niños tendrían sus consultas con nutricionistas, que les harían seguimiento a su evolución. Les entregarían suplementos según el diagnóstico, entre los que se podría incluir el RUTF amarillo o rojo, alimento terapéutico listo para usar, desparasitantes, vitaminas, ácido fólico y Lactovisoy. En algunos casos, podrían indicarle exámenes para descartar patologías y, de ser necesario, remitirlos al hospital. Les darían vitaminas a las mujeres embarazadas y lactantes que lo requiriese. En paralelo, durante el tratamiento, ofrecerían talleres sobre buenas prácticas alimenticias.
Hasta que el paciente se recuperara.
Ese era el norte hacia el que debían transitar siempre.
Conformaron un equipo de especialistas para que trabajaran en el centro. Entre ellos, pediatras y nutricionistas que conocían la labor de Katherine y Prepara Familia.
Pero la idea era eso: una idea. Necesitaban un espacio físico para que ese sueño pudiera hacerse realidad. Y ese era un problema. En plena pandemia de covid-19 era difícil conseguir un alquiler. En medio del confinamiento, nadie accedía a mostrarles algún espacio. Pero un voluntario sirvió como mediador para que alguien accediera a enseñarles y alquilarles una oficina.
Era perfecta. Quedaba cerca del hospital. No hizo falta buscar más.
Con mascarillas y escudos faciales para protegerse de la covid-19, empezaron a transformar ese espacio: quitaron la alfombra vieja de los pisos, pintaron las paredes y consiguieron y cargaron los muebles. Se dice fácil. Se dice rápido. Pero les tomó seis meses convertir esa oficina en la sede llena de color que habían imaginado.
En enero de 2021, el Centro de Protección Nutricional Ponte Poronte abrió sus puertas. Comenzaron a ofrecer atención nutricional gratuita a niños y a mujeres embarazadas y lactantes, y en el tiempo estipulado en el protocolo los primeros niños se recuperaron de la desnutrición.
Hasta diciembre de 2024, Ponte Poronte había atendido a 2.800 niños y más de 800 mujeres o cuidadoras brindando atención nutricional en Venezuela
Hasta 2024 atendieron a más de 2.800 niños y más de 800 mujeres. Y hoy siguen en su empeño de luchar contra la desnutrición infantil en Venezuela, que está lejos de ser vencida.
Una madre o representante que considere que su hijo está en riesgo de desnutrición, porque no gana peso, no crece o no quiere comer o que necesite consejería de lactancia materna puede llamar a los números de Ponte Poronte y agendar una consulta gratuita. Si el niño está en riesgo de desnutrición, los especialistas lo sumarán al protocolo.
Aquí, en medio de los desafíos, siempre están buscando motivos para celebrar. Festejan los cumpleaños, cada mes hacen una fiesta para los niños que van al centro. Todos llevan algo para compartir, y hay torta, música y juegos.
Para Katherine todos aquí son como una familia. Por eso procuran entender el hogar de cada niño, ver de qué otras maneras pueden apoyarles.
—Se les hace el tamizaje nutricional y si el niño no tiene desnutrición, ¡gracias a Dios! Las doctoras a veces dicen: “Vamos a ayudarle con algunas vitaminas porque no está en riesgo”. Evalúan la situación de la familia para ver si hay que prevenir que llegue al estado de alarma, explican a las mamás que deben hacer algunos cambios en la alimentación o las invitan a algunos de los talleres —cuenta Katherine.
Hay mamás que les han dicho que no pueden asistir cada semana porque se les hace difícil costear el transporte. En esos casos han resuelto espaciar las consultas de control a cada 15 días. Han ajustado el protocolo a 7 consultas distribuidas en 14 semanas e, igualmente, en cada cita se evalúa el avance de los pacientes y les entregan los suplementos hasta el próximo encuentro.
Se esfuerzan en ofrecer acompañamiento y las herramientas para que los niños terminen el programa con éxito, pero a veces se enfrentan a los casos de reingreso: niños que, tras haberse recuperado, luego de un tiempo vuelven al centro con riesgo de desnutrición. Entonces evalúan qué ocurrió. Y el proceso vuelve a comenzar.
El apoyo de Ponte Poronte trasciende la atención médica: se dan charlas de lactancia materna y talleres nutricionales para el manejo adecuado de los alimentos
El trabajo que se hace en Ponte Poronte va trenzando una red de apoyo que se extiende. Invitan a la gente a observar en sus comunidades si algún niño o niña presenta signos de alarma que requieran atención nutricional.
—Es un espacio donde la gente vuelve, sabe que siempre estamos aquí. Las madres vienen y traen a las cuñadas, a los sobrinitos, a los vecinitos, aquí hay muchas herramientas que se les dan.
Allí esperarán también a Carlos y su mamá. En 21 días, volverán a evaluar su peso, talla y circunferencia de su brazo para determinar qué suplementos y vitaminas deben suministrarle para que continúe con su recuperación. Ponte Poronte acompañarán a Carlos y a su mamá a vencer la desnutrición, que acecha a la infancia venezolana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció la desaparición forzada de más de 200 migrantes que fueron enviados de Estados Unidos a El Salvador.
De acuerdo a la organización, los migrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua se encuentran en una situación de “desaparición forzada y detención arbitraria”.
El pasado 15 de marzo, el gobierno de Donald Trump envió a 238 migrantes (la mayoría venezolanos) al país centroamericano, donde fueron encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Luego de entrevistar al menos a 40 familiares de las personas enviadas a El Salvador, HRW indicó en un comunicado que “los venezolanos permanecen incomunicados desde su traslado”.
“Los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares”, expuso HRW.
HRW exhortó a las autoridades estadounidenses a “hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador y al gobierno salvadoreño a confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior”.
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos. La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, declaró a DW, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Los familiares de detenidos entrevistados por Human Rights Watch dijeron que las autoridades estadounidenses de migración les indicaron que estos iban a ser devueltos a Venezuela.
“Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”, afirmó Goebertus.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Otro avión con 191 deportados a bordo arribó la mañana de este viernes 11 de abril al aeropuerto internacional de Simón Bolívar Maiquetía procedente de Estados Unidos.
Según fuentes oficiales es el tercer avión que viene de territorio norteamericano.
De acuerdo al canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), el vuelo aterrizó poco después de las 8 de la mañana en la terminal ubicada en La Guaira.
Fuentes oficiales revelaron que el vuelo salió de Texas hacia Guantánamo, hizo escala en Honduras y llegó a Venezuela.
Según el ministro de Transporte Ramon Velásquez dentro de los pasajeros venían dos personas con antecedentes penales.
“De acuerdo al análisis que han hecho nuestras autoridades migratorias, nuestras autoridades policiales, de los 191 connacionales que vienen en este vuelo, solamente hay registro de captura internacional de dos ciudadanos que, por cierto, es una solicitud hecha a través del Interpol de Colombia”, dijo el funcionario.
El ministro indicó que del total de pasajeros, 175 son hombres y 16 son mujeres, con los que suman 2.559 los repatriados desde el pasado mes de febrero, en un total de 13 vuelos.
De estos, 10 han sido en Conviasa y el resto en tres de aviones estadounidenses, según Velásquez.
El pasado jueves 10 de abril, 178 venezolanos deportados por Estados Unidos retornaron a Venezuela en un avión de Conviasa, entre ellos, una persona con alerta roja de la Interpol, de acuerdo al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. “Esta persona está acusada de cometer un homicidio y por eso se fue huyendo”, dijo el funcionario.
Cabello indicó que pese a que repatriar a deportados tiene un costo importante para el Estado, el gobierno madurista lo seguirá haciendo.
“Traer ciudadanos de Estados Unidos depende de que las autoridades norteamericanas estén listas”.
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La Cancillería de República Dominicana anunció este viernes, 11 de abril, su intención de facilitar el ingreso al país de los familiares de los venezolanos fallecidos en el trágico incidente ocurrido en la discoteca Jet Set el pasado lunes.
El anuncio, difundido en las redes sociales de la Cancillería, permitirá que los familiares de los 11 venezolanos puedan realizar los trámites necesarios para retirar los cuerpos y darles sepultura.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha aprobado la emisión de facilidades de entrada a República Dominicana para que familiares de venezolanos fallecidos en la tragedia ocurrida en el centro de diversión puedan venir al país a gestionar el traslado de los restos de sus seres queridos a su nación de origen”, se lee en el comunicado.
La cancillería indicó que los venezolanos que deseen viajar a la República Dominicana deben enviar información del familiar fallecido, documento que demuestre el parentesco familiar, información del familiar que solicita el ingreso, copia del pasaporte del familiar que solicita el ingreso e información del vuelo en el que se tiene previsto viajar a los siguientes correos electrónicos: documentos@mirex.gob.do y luis.meneses@cadoven.com, o llamar de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. al número telefónico +1 809-696-5628.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha aprobado la emisión de facilidades de entrada a República Dominicana para que familiares de venezolanos fallecidos en la tragedia ocurrida en el centro de diversión, puedan venir al país a gestionar el traslado de los restos… pic.twitter.com/rlifkUKZwA
— Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) April 11, 2025
El petróleo, la ubicación geoestratégica y su aporte a la economía nacional han hecho del estado Zulia, a lo largo de su historia, una de las entidades más importantes de Venezuela.
Hoy, otros detalles ponen el nombre del estado Zulia en el panorama internacional. La entidad, ubicada al occidente de Venezuela en límite con con los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander de Colombia, se ha convertido en una zona de transporte aéreo, marítimo y fluvial para el narcotráfico, así por la instalación y convivencia con grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
A este complejo escenario, se le suman las acciones políticas tomadas desde la administración de Nicolás Maduro y de su ministro de Interior Justicia y Paz y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dispuesto a recuperar el control de la frontera y de todas las operaciones que allí ocurran.
Desde la designación de Cabello y en los últimos seis meses, ocho de los 21 alcaldes que tiene el estado Zulia han sido detenidos y retirados de sus funciones. Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, y Nabil Maalouf, del municipio Cabimas, fueron los primeros. Luego siguieron Fernando Loaiza Chacón, Danilo Añez, Alberto Sobalvarro, Jorge Nava y Nervis Sarcos, alcaldes de los municipios Catatumbo, Enrique Lossada, Almirante Padilla, Miranda y Colón, respectivamente.
La última detención se efectuó el miércoles 2 de abril, cuando fue llevada a Caracas, a las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la alcaldesa del municipio fronterizo La Guajira, cuya capital es Sinamaica, Indira Fernández.
Los ocho mandatarios municipales han sido señalados, entre otros delitos, por corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y contrabando, en un operativo liderado por el Ministro de Interior, Justicia y Paz, que han denominado “Operación Relámpago”.
Ocho alcaldes del estado Zulia han sido detenidos entre octubre de 2024 a abril de 2025. Durante sus últimas alocuciones sobre el tema, Diosdado Cabello los ha involucrado en una presunta red de narcotráfico (Connectas)
La razia va más allá de la militancia política. Ramírez, Maalouf y Sarcos son dirigentes de los partidos de oposición Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que acompañaron a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la campaña presidencial de las elecciones del 28 de julio de 2024. Sobalvarro, Nava, Añez y Fernández son líderes del oficialismo, pues forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), mientras que Loaiza es del partido Acción Democrática, del ala que dirige el secretario general Bernabé Gutiérrez. En cada municipio ha quedado encargado, de acuerdo a los reglamentos internos, un representante del ejecutivo municipal o algún edil del Concejo Municipal de la circunscripción.
El poder en la frontera
En la última rueda de prensa ofrecida sobre el tema, el pasado 4 de abril, cuando confirmó la detención de la alcaldesa de la Guajira, Cabello aseguró que los alcaldes, tanto oficialistas como opositores, “son cómplices en una gran red de narcotráfico, tráfico de armas y entrenamiento de paramilitares”.
En esa intervención, el ministro Cabello aseguró que el empresario José Enrique Rincón, propietario de empresas camaroneras que operan en las riberas del lago de Maracaibo, fungía como intermediario para “el lavado de dinero y el traslado de droga proveniente de Colombia”.
Como parte del entramado, y agregando el toque que politiza la operación, Cabello responsabilizó a los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, de liderar la red, donde presuntamente los alcaldes serían enlaces tanto con representantes del ELN, como de los carteles del narcotráfico.
El pasado 4 de abril el ministro venezolano Diosdado Cabello dio detalles oficiales de la Operación Relámpago y de la destitución de los alcaldes (Foto Ministerio Interior, Justicia y Paz de Venezuela)
Pero, aunque Diosdado Cabello expone que toda esta operación es una lucha contra la guerrilla y el narcotráfico en el estado Zulia, fuentes del PSUV consultadas por #LaHoraDeVenezuela aseguran que existe una pugna interna por el control de las zonas sensibles, en este caso la frontera entre el estado occidental venezolana y Colombia. Además de buscar fortalecer la decisión política de recuperar la gobernación del Zulia, administrada por el gobernador opositor Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en las elecciones que se efectuarán el 25 de mayo.
“Diosdado Cabello siempre ha intentado tener el control de las fronteras. Llegó a tenerlo, especialmente en Apure, Táchira, Bolívar y Zulia, por la afinidad con los gobernadores, que pertenecen al ala del PSUV que él controla. (Nicolás) Maduro aprovechó la coyuntura política regional del Zulia (las elecciones regionales de 2021), para restarle poder, pero tras las elecciones de julio 2024, necesita fortalecer su relación con el ala militar y le otorgó nuevamente libertad para poner orden en la frontera”, asegura una fuente política relacionada con el PSUV en el estado Zulia, que solicitó la reserva de su identidad.
El vocero promueve la tesis de que la decisión contra los alcaldes de oposición es básicamente política, pero con los del Psuv pasa por la “falta de lealtad” mostrada por los alcaldes, “quienes han hecho negocios por su cuenta, sin respetar la línea de mando en el partido”.
La misma fuente indicó que la selección como candidato a la gobernación del Zulia por el PSUV del ingeniero Luis Caldera, quien ha sido los últimos 20 años el alcalde del municipio Mara (San Rafael de El Moján), una de las zonas en donde hay presencia del ELN y grupos de crimen organizado, es prueba del interés del Gobierno de consolidar un código de convivencia en la zona. “Caldera cuenta con el aval de Maduro y Cabello, pero también de los grupos irregulares”.
En su última referencia pública sobre el tema, en el programa televisivo Con el Mazo Dando del miércoles 9 de abril, Cabello informó, que a esa fecha el Operativo Relámpago había incautado en la frontera entre el estado Zulia y Colombia, durante el mes de marzo, poco más de 31 toneladas de presunta cocaína. Así mismo, lanzó una advertencia: “la investigación prosigue y ningún alcalde está protegido”.
La guerrilla y el narcotráfico mandan
La convivencia entre el poder y los grupos irregulares en los municipios zulianos más cercanos a la frontera con Colombia no es algo novedoso. Por eso, para los analistas políticos consultados por #LaHoradeVenezuela y que solicitaron la reserva de su identidad, las detenciones ordenadas por Cabello, está más relacionada con el desarrollo de una nueva zona de control.
En el informe “ELN: Corrupción, Crimen Organizado e Internacionalización” publicado en 2024 por la Fundación Paz y Reconciliación, un trabajo conjunto con la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de Venezuela, se explica que la presencia del ELN en el estado Zulia aumentó exponencialmente en la última década, especialmente cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dominaba el gobierno regional y todas las alcaldías.
La investigación señala que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene presencia activa en, al menos, 10 de los 21 municipios del estado Zulia, específicamente en los municipios Jesus Maria Semprun, Catatumbo, Machiques de Perijá, Colón, Francisco Javier Pulgar, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, la Cañada de Urdaneta, Mara e Indigena Guajira. Cuatro de estos 10 municipios estaban bajo el mando de un alcalde detenido.
Según las declaraciones de los habitantes de estos municipios para el referido informe, los alcaldes, tanto del oficialismo como de la oposición, sostienen relaciones con los representantes del ELN, para definir unas especie de reglas de convivencia y garantizar la paz. “Ellos incluso dan dinero para financiamiento de obras menores en los municipios, porque no mandan recursos de Caracas o de la gobernación”, aseguró uno de los habitantes del municipio Jesús Enrique Lossada, donde fue detenido el alcalde Danilo Añez (PSUV).
Con el narcotráfico, el escenario no es diferente. En el reporte “Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande”, realizado por Transparencia Venezuela en el exilio, se expone como se ha levantado un corredor de movilización, aérea, fluvial y marítima para la hoja de coca y la cocaína, un negocio bajo el control de los carteles de los Soles (Venezuela), Sinaloa (México) y del Golfo (Colombia), desde el Norte de Santander a través de diversos municipios del estado Zulia.
A pesar del discurso oficial de incautaciones y control, para quienes residen en los municipios fronterizos del estado Zulia con Colombia, la presencia del ELN y representantes de carteles venezolanos, colombianos y mexicanos es muy notoria (Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela)
El informe de Transparencia Venezuela en el exilio, publicado el 19 de marzo de 2025, expone que desde el Catatumbo (Norte de Santander) se hacen movimientos de cargas de cocaína a la población de El Cruce en el municipio Jesús María Semprún (Casigua El Cubo) y de allí trasladada a los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Maracaibo, por vía terrestre. El documento agrega que desde El Cruce se hacen movimientos al municipio Catatumbo y Colón para realizar traslados a través del Lago de Maracaibo hasta los puertos de Altagracia en el municipio Miranda y al municipio Almirante Padilla (isla de Toas).
“Toda esta articulación es conocida por las autoridades municipales, regionales y nacionales, es por ello que todas las acciones del ministro Cabello, más que decisiones para enfrentar el problema, son acciones para ratificar que hay un cambio en quien tiene el control y el poder en el estado Zulia”, expone una fuente del área de seguridad, consultada para este texto y quien solicitó se omitiera su identidad.
La fuente analiza la incidencia del ELN y de los carteles en los gobiernos locales, colocando como ejemplo lo ocurrido en el municipio Jesús María Semprún, en donde han habido tres alcaldes los últimos cuatro años. “Hay que recordar que en 2022, durante una operación denominada “Mano de Hierro”, las autoridades apresaron a la alcaldesa del municipio Semprún y militante del Psuv, Keyrineth Fernández Epieyu, también por narcotráfico. Se le incautaron 7,1 kilos de droga en un vehículo oficial, mientras transitaba por el estado Falcón, junto a la diputada nacional del chavismo, Taina González. Ambas se encuentran en prisión”, refiere el criminalista.
Fernández, quien fue electa en 2021, fue sustituida por Wuyhsmans González, quien falleció el 20 de julio de 2023, en un accidente vehicular registrado en la autopista Gran mariscal de Ayacucho en el estado Miranda. El actual alcalde es Darío Diaz, también militante del PSUV.
