A poner fin a la incomunicación de presos políticos y liberarlos de forma inmediata e incondicional instó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno venezolano.
A través de un comunicado el organismo condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y prolongados períodos de aislamiento, especialmente luego de las elecciones del pasado 28 de julio
De acuerdo a la CIDH, al menos 903 personas continúan detenidas por motivos políticos en el país, de esa cantidad, 64 familias no han recibido información oficial sobre el lugar de reclusión de sus seres queridos.
La CIDH informó que los parientes solo saben que sus afectos están vivos gracias a otros presos o llamadas de trabajadores penitenciarios solicitando medicinas o ropa.
“La incomunicación coactiva está prohibida por los estándares internacionales e interamericanos”, expresó a través de un comunicado la CIDH.
La organización ha recibido testimonios sobre maltratos, requisas invasivas y humillaciones contra familiares.
La CIDH denunció que en reiteradas oportunidades, el personal penitenciario se niega deliberadamente a permitir visitas o brindar información sobre el estado de salud de los presos.
Tal es el caso de los políticos Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, todos con medidas cautelares emitidas por la Comisión.
En el informe Venezuela: graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral, publicado en enero de este año, documentó una estrategia de represión dirigida a impedir la participación política opositora y sembrar el miedo entre el pueblo.
Según cifras oficiales, tras los comicios del 28J, 2.229 personas fueron arrestadas, incluyendo 177 niñas y niños que luego fueron excarcelados por el régimen de Maduro.
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