La liberación inmediata para Luis López de 83 años solicitó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
López fue detenido luego de haber mostrado un cartel con cifras sobre las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso dio como ganador a Nicolas Maduro sin hasta ahora mostrar datos desagregados.
“Desde su detención, las autoridades han mantenido en secreto el lugar exacto donde fue capturado y el centro de reclusión donde permanece. A pesar de que su familia ha alertado sobre su delicado estado de salud, propio de su avanzada edad y de enfermedades preexistentes, Luis sigue privado de libertad”, aseguró el OVP a través de X.
A López se le acusa de terrorismo e incitación al odio.
El OVP indicó que el pasado 28 de febrero la Fiscalía habría emitido una boleta de excarcelación para López, pero “continúa injustamente encarcelado, en una clara expresión de trato cruel, inhumano y degradante”.
“Esta negativa injustificada, lejos de ser un error aislado, refleja el patrón sistemático de represión y desprecio por la dignidad humana que impera en Venezuela”, añadió la organización.
La ONG exigió la liberación de López y de todas las personas que “se encuentran injustamente encarceladas por ejercer sus derechos fundamentales”.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 presos políticos, la mayoría detenidos luego de los comicios presidenciales.
La líder opositora María Corina Machado llamó héroes a los más de 800 ciudadanos que, aseguró, están detenidos por motivos políticos.
“Mi compromiso es infinito con ellos”, dijo.
Según la administración de Maduro en Venezuela no hay y quienes están encarcelados responden a la comisión de hechos punibles.
Tales afirmaciones han sido rechazadas por familiares, ONG, activistas y algunos opositores.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Familiares de presos políticos acudieron este lunes, 28 de abril, a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigirle al organismo la revisión de todos los casos y denuncias que han presentado sobre las víctimas de privación de libertad arbitraria, muchas de las cuales están aisladas e incomunicadas desde hace meses, pero el organismo se negó a recibirlas.
Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que ya han transcurrido tres meses en los que no ha podido ver a su hermano. Alertó también que a otras cuatro familias cuyos parientes están en la cárcel del Rodeo I, les suspendieron las visitas tras una vigilia que realizaron en días pasados.
Baduel llamó la atención sobre las exigencias que hace el gobierno de Nicolás Maduro sobre los venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, mientras “en Venezuela se siguen violando los derechos humanos de los presos políticos y las familias venezolanas solo por pensar distinto”.
#EnVivo | Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, denuncia que ya son tres meses en que no ha podido ver a su hermano, recluido en la cárcel de El Rodeo I. También señala que a otras cuatro familias, tras una vigilia en esa prisión, se les suspendieron las… pic.twitter.com/MzX1gAaOMY
#EnVivo | 10:55 am. Familiares junto al Comité por la Libertad de los Presos Políticos protestan frente a la sede del Ministerio Público para exigir la libertad de todos los detenidos por razones políticas en el país. Reclaman al fiscal Tarek William Saab respuestas a los ocho… pic.twitter.com/d32sZDv89c
Al lugar acudieron también madres y esposas de presos políticos, como Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, quien trabajaba como director de Despacho de la Alcaldía de Maracaibo. Figueredo denunció que su esposo lleva casi ocho meses detenido y aislado en la sede del Sebin en El Helicoide. “Está cumpliendo 214 días detenido, poco más de siete meses aislado, sin visitas, sin llamadas ni derecho a un abogado”.
“Hace pocos días escuchamos unas declaraciones de Nicolás Maduro donde pide todas estas cosas por los detenidos en El Salvador. Estamos totalmente de acuerdo porque ningún venezolano debe estar bajo estas circunstancias. También pedimos que seamos coherentes con lo que pedimos y lo que hacemos. No vamos a dejar de pedir que se respeten sus derechos humanos”, añadió Figueredo.
#EnVivo | Carol Figueredo, esposa del preso político Pedro Guanipa, denuncia que ya son ocho meses de la detención arbitraria y el aislamiento de su esposo en el Sebin Helicoide. Pide "coherencia" a las autoridades y se garanticen los derechos humanos de todos los detenidos… pic.twitter.com/wAcSbv2ixe
#EnVivo | Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas, señala que, al igual que otros detenidos en el Sebin Helicoide, no han podido verlo o tener comunicación con él desde el momento de su detención.
Preso político recluido en Tocorón tiene problemas de salud
Eleinis Medina, madre del joven José Ramón Ferrer, detenido el 31 de julio de 2024 en Coro, estado Falcón, y que está recluido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua), denunció que su hijo presenta dolores cerca del corazón y ha bajado de peso de forma considerable. “Yo digo que es porque no comen bien y al no comer bien él presenta ese dolor”.
Medina también alertó que muchas madres de Falcón ya no cuentan con los recursos para poder ir a visitar a sus hijos y llevarles galletas y chocolates, que es lo que reciben en el penal de Tocorón. “Es más lo que uno gasta en transporte que lo que le llevamos para allá adentro”, expresó.
#EnVivo | Eleinis Medina, madre de José Ramón Ferrer, un joven detenido el pasado 31 de julio en Coro, estado Falcón, y que se encuentra recluido en la cárcel de Tocorón (estado Aragua). Denuncia que su hijo presenta dolores cerca del corazón y ha bajado de peso de forma… pic.twitter.com/4bX1683LUL
Este #28abril desde las 10 am, un grupo de familiares de presos políticos en #Venezuela, realizó una protesta pacífica frente al Ministerio Público para exigir garantías de derechos de quienes permanecen injustamente detenidos. #CaleidoIforma#NotiDescapic.twitter.com/Mb9nLQIar5
Pasada la 1:00 de la tarde, Andreina Baduel informó que después de más de dos horas de espera, el fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, “dio órdenes” de que no les reciban un documento “que denuncia las graves violaciones de derechos humanos” de los presos políticos y de sus familias. Baduel explicó que este documento solo contiene una actualización de todas estas denuncias, ya que es la décima vez que acuden a denunciar la situación.
“Hacemos responsable al régimen de cualquier cosa que pueda pasarle a nuestros familiares y a los presos políticos y a todas las víctimas que a pesar del ensañamiento y del horror al que somos sometidos no vamos a callar porque estamos convencidos que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido”, agregó.
Asimismo, reiteró que el Ministerio Público “está en el deber de investigar las denuncias por escrito y comunicacionalmente y hasta la fecha eso no ha ocurrido”. En tal sentido, hicieron un llamado a la comunidad internacional, a la Oficina del Alto Comisionado, a la Misión de Determinación de los Hechos “a que sigan de cerca las violaciones de derechos humanos a todas las víctimas venezolanas por pensar distinto”.
🚨 ATENCIÓN | Desde la sede del Ministerio Público (@MinpublicoVEN), en Parque Carabobo, denunciamos ante el país y el mundo que el Fiscal General de #Venezuela se negó a recibir la denuncia formal que intentamos consignar hoy, #28Abr, ante esta máxima institución del Estado… pic.twitter.com/Vj8ZcS1IOm
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) April 28, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Conocí al gran Mario Vargas Llosa en Nueva York, hace unos once años, en una reunión del Atlas Foundation. En esa reunión estaba con su esposa Patricia y su hijo Álvaro, quien resultó ser un joven encantador y hasta se sentó en nuestra mesa a departir un rato.
El recuerdo de esa velada en la que conocí a su padre, es indeleble. Para alguien que ama escribir, como yo, conocer a Vargas Llosa, quien además ya tenía el Premio Nobel de Literatura, fue un sueño hecho realidad. Pero mucho se ha dicho sobre el escribidor… yo hoy quiero referirme al artículo de otro escribidor, su hijo Álvaro, en el que se despide de su padre, a quien llama, como su gente más cercana lo hacía, “Varguitas”. Terminé llorando a mares. Yo fui muy cercana a mi padre y sentí, de alguna manera, que Álvaro hablaba por mí. Rendir homenaje a un padre es una forma de reconocer y valorar su influencia en nuestras vidas. Y aunque ciertamente cada relación es única, hay diversas maneras en las que un hijo puede expresar su gratitud y amor hacia su padre, y Álvaro lo hizo de manera ejemplar y especial. De casta le viene al galgo…
En las biografías sobre Mario Vargas Llosa, siempre mencionan la pésima relación que tuvo con su padre. Empezando porque cuando él y su madre se separaron, a Mario le hicieron creer que había muerto… cosas de la hipocresía religiosa de la época, cuando el divorcio era la vía expedita al infierno. Cuando retoma la relación con su padre, aparentemente fue mala desde el primer día. Y tal vez por eso, Varguitas, cuando tuvo hijos, fue tan buen padre. Por eso la elegía de su hijo es tan maravillosa.
Despedir a un Premio Nobel de Literatura con una vida y obra tan prolífica es muy difícil, más siendo su hijo. Pero Álvaro escogió tres aspectos de su padre para resaltar al ser humano: iluso, hidalgo, franco. Una combinación que embellece su esencia y hace que su escritura resuene todavía más en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y también en quienes lo conocen a través de sus escritos.
Evocando al iluso, Álvaro recuerda la noche -tendría él unos ocho años- cuando escucharon ruidos de asaltantes y su padre bajó a enfrentarlos armado… de una pantufla… El hecho es que los asaltantes, no se sabe por qué razón, se fueron. La ilusión es una característica que a menudo se asocia con la juventud, pero en el caso de un escritor, puede mantenerse viva a lo largo de la vida. Varguitas, con su pluma en mano y un brillo en los ojos, aquella noche con una pantufla, abordó la vida y la escritura con una ilusión contagiosa. Tanto, que sus historias se convirtieron en refugios para quienes se adentraban en sus letras.
Tras el iluso, Álvaro encontró al franco: el hombre que siempre decía la verdad, sin importar cuán dura esta fuera, enseñando a sus hijos la importancia de la honestidad en cada una de sus acciones, fomentando las relaciones de confianza y, sobre todo, de autenticidad.
Y finalmente, el hidalgo. El hombre que trabajaba sin horario, que sabía reconocer sus errores, que sabía pedir disculpas públicamente.
Sí, Álvaro. La Humanidad perdió a un gran hombre, pero tú perdiste a tu padre. Te doy mi sentido pésame, te insto a seguir escribiendo, porque lo haces maravillosamente bien, y a seguir dialogando con Varguitas. Él te enseñó a hacerlo aún después de haberse ido.
Tu escrito es el mejor homenaje que un hijo puede rendir a un padre, porque nace del corazón y refleja la relación única que compartieron. Te abrazo como lo hacemos los venezolanos: apurruñado y mecido.
En El Mañanero del lunes 28 de abril de Runrun.esresumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: Una sensación de mordaza parece haberse instalado en el sentir colectivo venezolano, alimentada por instrumentos legales que, bajo un manto de promover la convivencia, restringen severamente la libre expresión. La pieza central de este mecanismo es la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la hoy extinta y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.
“Yerwin Torrealba (…) fue sacado de emergencia a un centro médico por presentar fuerte dolor abdominal y en sus piernas, debido a las condiciones de reclusión a las que está sometido”, Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela #26Abr.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó este domingo, 27 de abril, que separó a una niña venezolana de apenas dos años de edad de sus padres, bajo la acusación de que ambos pertenecen -supuestamente- al Tren de Aragua.
En una declaración oficial, el DHS señaló que el padre de la niña, llamado Maiker Espinoza-Escalona, “es teniente del Tren de Aragua y supervisa homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual y dirige una casa de tortura”. Sobre la madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, el organismo afirmó que “supervisa el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.
“Estos inmigrantes ilegales delincuentes crearon una casa de terror para su pequeña hija”, añadió el DHS en su publicación.
El Departamento de Seguridad Nacional agregó que “bajo el liderazgo de la secretaria (Kristi) Noem, esa niña ahora está a salvo y segura bajo el cuidado de una familia de acogida”.
Maiker Espinoza-Escalona is a Lieutenant of Tren De Aragua who oversees homicides, drug sales, kidnappings, extortion, sex trafficking and operates a torture house.
Yorely Escarleth Bernal Inciarte oversees recruitment of young women for drug smuggling and prostitution.
Estas afirmaciones se producen tras la denuncia hecha por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien acusó al gobierno de Estados Unidos de que «se está robando niños venezolanos migrantes».
Durante su programa radial Sin truco ni maña, Cabello dijo que una madre fue obligada a abordar un vuelo de repatriación sin su hijo de dos años, asegurando que el caso podría estar vinculado a una presunta trata de personas.
Por su parte, María Escalona Fernández, madre de Maiker Espinoza, declaró al medio aliado TalCual que su hijo migró buscando un mejor porvenir y tenía la intención de solicitar asilo en Estados Unidos. Según relató, Espinoza, junto a su pareja e hija, fue detenido el 14 de mayo del año pasado en Texas por agentes migratorios.
Espinoza tenía una orden de deportación emitida desde el 8 de julio de 2024. En una declaración escrita a la que sus familiares tuvieron acceso, manifestó: «Tengo miedo de que me trasladen a Guantánamo. Creo que corro el riesgo porque tengo una orden de expulsión definitiva, soy de Venezuela, y por mis 20 tatuajes, aunque no tengan nada que ver con las bandas».
El joven venezolano es uno de los ciudadanos trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador el pasado 31 de marzo. «Lo reconocimos con la cabeza rapada y porque en el video dice que tiene ganas de vomitar porque se le baja la tensión», contó su madre.
Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda y actual candidato a las elecciones parlamentarias del próximo 25 de mayo, sugirió este domingo, 27 de abril, que Nicolás Maduro fue quien lo inhabilitó políticamente, y que también fue el responsable de que ahora esté habilitado.
Durante una entrevista que concedió al programa Abriendo Puertas, transmitido a través de Venevisión, Capriles negó también que haya negociado con Maduro para que lo habilitara nuevamente para ejercer cargos públicos. De hecho, en días pasados manifestó estar “sorprendido” de que le quitaran la inhabilitación.
“Yo fui inhabilitado inconstitucionalmente”
El pasado viernes, 25 de abril, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, respondió a las afirmaciones de Capriles sobre su sorpresa de la habilitación. “No seas inmoral. Tú pusiste como condición que te quitaran la inhabilitación”, dijo Cabello en el programa radial Sin truco ni Maña. Ante eso, la periodista Margarita Oropeza le preguntó si había negociado con el gobierno para participar en las elecciones.
“Esa pregunta me la han hecho y la respuesta es una sola: No. Yo fui inhabilitado inconstitucionalmente hace 8 años”.
“Diosdado dijo hasta el cansancio que yo tenía que ser inhabilitado de por vida. Que le pregunta a Maduro por qué me habilitó. Aquí es obvio Margarita aquí no hay Contraloría, ni Fiscalía ni Tribunal. Aquí hay un solo poder que controla absolutamente todo. Es obvio que quien me inhabilitó decidió habilitarme”, añadió.
“Que vaya Diosdado y le pregunte a Maduro por qué decidió habilitarme, porque para mí la inhabilitación desde el día uno, que no me dieron derecho a la defensa, era absolutamente arbitraria. El chisme por aquí, la intriga por allá. La cizaña hay algunos que son expertos en generar cizaña. Esos son unos tarimeros profesionales”.
Henrique Capriles niega negociación con el Gobierno para su habilitación electoral.
Henrique Capriles afirma que su habilitación fue una decisión unipersonal y no institucional.
"Diosdado Cabello dijo hasta el cansancio que yo tenía que ser inhabilitado de por vida; entonces qué le pregunta a Nicolás Maduro porque me habilitó" https://t.co/kd7JfEtfz3pic.twitter.com/qsVDJm5MT5
“Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos”
Henrique Capriles insistió en que no va a “tirar la toalla” y consideró si se fue a elecciones con el Consejo Nacional Electoral actual el pasado 28 de julio, también hay que hacerlo ahora.
“Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos, ni tenemos por qué resignarnos. Hay que seguir luchando por el cambio que queremos. Este es el peor Consejo Nacional Electoral que ha habido en la historia de nuestro país”.
“Ese Consejo Nacional Electoral es el mismo del 28 de julio. Y por eso yo digo si fuimos el 28 de julio en estas condiciones, en estas circunstancias tan difíciles contra todos los abusos de poder que se dieron. Oye, persistamos, que la voz de este pueblo se escuche”.
“Al único al que le bajo la cabeza es a Dios, a mi papá o a mis hijas y para pedir la bendición. Yo ni me he entregado, ni me entrego y sigo luchando por el cambio. Que el debate ahora sea la descalificación o el insulto, lo único que demuestra es que no hay argumento”.
"Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos… Este es el peor Consejo Nacional que ha habido en la historia de nuestro país".
"Pero con este Consejo Nacional Electoral ustedes van ahora el 25 de mayo? Claro, contra ese Consejo Nacional Electoral también que es el mismo… pic.twitter.com/bkXwG8TfTX
"Yo Margarita al único que le bajo la cabeza es a Dios, a mi papá o a mis hijas como dicen para pedir la bendición. Yo ni me he entregado ni me entrego y sigo luchando por el cambio" @hcaprilespic.twitter.com/duxa0lloZJ
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Más allá de la diatriba sobre votar o no en los comicios fijados para el 25 de mayo, que tiene como protagonista a la oposición mayoritaria, el político, abogado y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, señala que para avanzar en la lucha por el cambio político y evitar un nuevo estancamiento se impone un nuevo acuerdo entre los actores políticos, quizás hasta con nuevas voces.
Lejos de lo que pretende hacer ver Miraflores tras la elección presidencial del 28 de julio, Aveledo enfatiza que en el país no hay normalidad y no la habrá en ningún ámbito mientras se insista en permanecer en el poder a espaldas de la voluntad de cambio de los venezolanos.
En estos momentos, advirtió, luce “dificilísima” y “lejana” una negociaciónentre la oposición y la administración de Nicolás Maduro para salir de la crisis, pero en esa misma medida la considera necesaria.
-Nueve meses después de las elecciones presidenciales, ¿cómo ve en estos momentos la situación del país? Por estos días escuchamos mucho las palabras normalización, desesperanza…
-Yo creo que la gente está deprimida, triste, desesperanzada. No son robots; son personas y van de la ilusión a la decepción. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha mejorado? Nada, la economía no ha mejorado. Los índices que había de crecimiento ya parecen agotados. Es muy difícil mantener cerrada la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, que son síntomas de la desconfianza. No hay confianza en los actores económicos, no hay inversiones nuevas, no hay creación de nuevos empleos.
-Un problema, además, muy serio es que el propio grupo en el poder sabe que lo que pasó (el 28 de julio) no es lo que ellos dicen que pasó. Su propia gente que estuvo en las mesas electorales, que fueron testigos de mesa, sabe lo que paso en esas elecciones; así que esa sensación de desconfianza es en todos los sectores.Entonces, es difícil pensar que estamos en una situación normal o tendiente a normalizarse.
-Y yo no confundo esa depresión, ese desánimo, con conformidad. Eso no es lo que uno siente. Uno siente la inconformidad por todos lados, no hay que engañarse. La situación anímica de los venezolanos no es la de una resignación a que esto se quedó así y se lo llevó quien lo trajo; sino de una inconformidad. Pero también como una impotencia de no saber qué hacer. Por eso es tan importante que el liderazgo pueda ofrecer caminos de acción, caminos para hacer cosas, para que la gente participe y por eso no se puede desaprovechar ninguna oportunidad, por muy estrecha y por muy cuestionada que esté.
-Eso deberían comprenderlo los políticos que representan una alternativa y también los que están en el gobierno, que no pueden vivir la fantasía de que porque el ambiente está tranquilo el país está bien. No está bien, esto no está llevando a ningún lado.
– ¿Percibe inacción en ese liderazgo que condujo a la victoria del 28 de julio?
-Es un liderazgo múltiple. Hay una figura más destacada, más descollante que adquirió un liderazgo, digamos, por encima de los demás en esa etapa, ciertamente.
-Cuidado con ese juicio (inacción) porque hay persecuciones, detenciones, procesos en los que no puedes nombrar a tu defensor, en muchos casos; ni siquiera saben dónde estás. Nadie te dice fehacientemente dónde está el detenido. Eso, por supuesto, intimida e inmoviliza.
-Es muy fácil ser injusto. Por eso, yo prefiero ponderar. Aquí hay mucho valiente, pero con la testosterona ajena. En las regiones es muy serio, porque ocurre el acoso o la persecución sin que la gente sea muy famosa, sin tener demasiada repercusión.
-Tenemos también un problema de una cierta perplejidad en esos actores, porque hay unos que nos dijeron que hasta el final, como si la elección condujera electoralmente al fin del gobierno, el cambio del gobierno; y eso no pasó. Y después lo que uno ve es que están arrimando el mingo para obtener prórrogas en la confianza popular que va disminuyendo.
-Y otros opositores que decidieron participar en la elección del 25 de mayo, pero es importante que esa participación esté acompañada de un mensaje claro de cuáles son las razones para participar. Y una cosa importante es que forme parte -no estoy diciendo que lo anuncien, porque eso sería poderosamente temerario-, pero que uno sienta que forma parte de una estrategia de más largo aliento y, como el destino de esa elección es incierto, al día siguiente seguir teniendo una presencia. Hay distintos factores que pueden hacer sentir a la gente que hay inactividad en los opositores.
-¿Cómo ve la situación en la Plataforma Unitaria Democrática? ¿Cree que está destinada a desaparecer? ¿Es necesaria otra instancia de articulación?
-El éxito de una instancia como la PUD depende de que haya objetivos claros, compartidos y el acuerdo de luchar juntos. Luego debe haber reglas claras para tomar decisiones y que se respeten. En una coalición múltiple es verdad que pueden descollar liderazgos, pueden adquirir un papel protagónico mayor, pero como se trata de una alianza que es plural no hay tal cosa como una jefatura única.
-Entonces, ellos tendrán que renegociar sus condiciones para seguir adelante, conversar de nuevo acerca de los objetivos, de toda la estrategia para alcanzarlos, de las reglas para la toma de decisiones. Eso va a tener que ocurrir, por el 28 de julio y todo lo que pasó después, porque la historia no se detiene en ningún momento, porque la vida sigue.
–El país sigue demandando respuestas, exigiendo soluciones a sus dramas, a sus carencias y ese es el deber del liderazgo político. No importa el nombre, pero tiene que haber un nuevo acuerdo. Habrá actores que ya están anotados, actores nuevos.
-Hay una parte que es partidaria de no votar, porque considera que defender el 28 de julio es deslegitimando este proceso. Y otra que es partidaria de votar para hacer, para movilizarse y para organizarse y para salir a la calle. Ese mismo hecho nos dice que evidentemente hay un debate que se quedó frustrado, que no terminó en nada, que no se realizó. Y ese debate tiene que realizarse, aunque sea puertas adentro, y salir un nuevo acuerdo. ¿Cómo va a ser? ¿Con quiénes va a ser? Mucho pedir vaticinarlo ahorita.
-Creo que lo central es que se renegocie un acuerdo nuevo. Y digo que se renegocie sin complejo, porque a final de cuentas es lo que es una negociación, la búsqueda de un entendimiento, con mutuas concesiones.No hay manera de que dos personas o dos sectores se entiendan cuando uno le impone al otro o a la otra todas sus condiciones.
-¿Hacen falta caras nuevas?
-Otra cosa que yo creo que hay que ver es que es posible que haga falta un cambio en el elenco. Deberían contemplar la posibilidad de que la gente quiera ver caras nuevas, que, por supuesto, eso no se improvisa. Tienen que salir de la vida real. Yo creo que a lo mejor esta elección parlamentaria de gobernadores y de Consejos Legislativos puede ser una oportunidad para que aparezcan nombres nuevos, no en su totalidad, porque tú no puedes cambiar completamente el elenco, como quien voltea un guante, eso no es realista esperarlo, pero si que vayan apareciendo otras voces.
-Recordemos lo que significó la aparición de los estudiantes en el intento de reforma constitucional de Hugo Chávez en 2007. En aquel momento la aparición de esa generación distinta refrescó el ambiente y le quitó, digamos, carisma; un territorio que en ese momento era patrimonio de Chávez y ahora ya la revolución no es carismática sino burocrática, porque utilizan el poder, no generan entusiasmo.
El dilema electoral
-Más allá del dilema de votar o no, ¿que se debe plantear en el país para un cambio político?
-El asunto es que la política no quede más allá sino más acá. Lo que necesitamos es una política que se ocupe más de los problemas de la vida real, lo que acontece a los venezolanos.
-En este momento lo más importante es ver qué se puede hacer para ir recuperando cotas de ejercicio democrático verdadero, de cumplimiento de la Constitución, de garantía de nuestros derechos y posibilidades reales de reclamar; de cumplimiento con ese poder distribuido y separado que la Constitución consagra. Eso será un proceso, es largo, trabajoso. No es una vía de tren en la que se va derecho, sino que a veces se detiene, se devuelve, a veces se desvía, pero es importante mantenerse haciendo. Por eso votaré (el 25 de mayo), porque es una forma de hacer.
-En espacios tan constreñidos, una de las cosas que pueden hacer los ciudadanos es votar y no voy a dejar de hacerlo. Pensaba que no íbamos a tener por quién votar, pero he visto que han salido candidaturas creíbles, gente que propone una alternativa al presente. Lo que hay que hacer es hacer y en una dirección que nos permita ir reconstruyendo nuestra vida cívica y económica y social.
-¿Son traidores o normalizadores los que están llamando a la participación electoral el próximo 25 de mayo?
-No, yo creo que no. Creo que hay distintas visiones de lo que hay que hacer. Hay unos que piensan que lo mejor es abstenerse, porque es un modo de defender el resultado del 28 de julio; y otros piensan que la mejor manera de defender ese resultado es seguir avanzando y haciendo que la gente se movilice.
-Comprendo perfectamente que el ambiente está muy frío y que son muchos los motivos que tiene la gente para no votar, así que quien haga campaña por no votar se monta en una ola relativamente fácil. Creo que lo responsable es lo contrario: es participar, es presentar una alternativa y ponérsela difícil al poder. Si el poder no tiene adversarios, hará lo que quiera sin ninguna dificultad. Si los tiene, lo pone en un disparadero también.
-No solo no son traidores, sino que considero que hacen una política correcta, respetando a quienes opinan que no se debe participar. Los que están diciendo que sí se debe participar y los que no van a tener que encontrarse más adelante, que nadie diga tantas cosas o que dinamite de tal manera los puentes que sea imposible reconstruirlos mañana. Lo lógico es que más adelante se reencuentren todos los que quieran en una democracia para nuestro país.
– ¿Qué opina de la forma como el CNE está organizando el proceso electoral del 25 de mayo?
-La impresión que yo tengo como ciudadano es que las decisiones se toman en otra parte. No es bueno para el CNE, ni para la Constitución ni para el país. Mientras tengamos los ciudadanos la sensación de que las decisiones electorales no las toma el CNE no habrá confianza en que se trata de un proceso limpio.
-No es juego un juego serio. Usar eso para mantenerse en el poder, a lo mejor funciona por un tiempo, pero es difícil pensar que de ese modo el país va a salir de la crisis. Estimular la desconfianza lo que hace es prolongar la crisis, una crisis nacional que no es solo política, es económica, social y todo está interconectado. No hay manera de que haya progreso económico y por lo tanto equilibrio social, si la institucionalidad es tan defectuosa que la gente no confía en ella.
.- ¿Pero entonces no se está llamando a votar a ciegas?
-Lo que estoy viendo es que los actores políticos, Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, no están a ciegas, saben que están en un terreno que es pantanoso, que es incierto, no hay transparencia, no hay claridad.
-Uno cuando está caminando en la oscuridad, uno no está ciego, pero está en la oscuridad. Entonces tiene que andar con la cautela que aconseja al que camina en la oscuridad. Una cosa es andar a ciegas y otra cosa es andar en la oscuridad y los que nos pasa es lo segundo. Los venezolanos estamos en la oscuridad, estamos en las penumbras, no se ve mucho más allá y eso naturalmente obliga a los actores del debate político y a los ciudadanos también a andar con mucho cuidado para no caerse.
-¿Cree que es posible la reactivación de las negociaciones entre oposición y gobierno?
-La política no es el arte de lo posible, es el arte de hacer posible aquello que es necesario. Una negociación ahorita es dificilísima porque hay una brecha grande de desconfianza, cada uno presenta razones, argumentos o pretextos para devaluar la negociación y ha habido tantas negociaciones fallidas que la gente se siente desanimada y piensa que no vale la pena.
-Sin embargo, no habrá solución a los problemas básicos, a la crisis nacional sin que haya un diálogo y una negociación. Lo demás es fantasia.Es imposible que se le imponga al gobierno una solución distinta a su permanencia y es imposible que el gobierno gobierne para todos los venezolanos imponiéndole a los demás su posición a rajatabla, a quedarse sea como sea.
-Ambas posibilidades nos meten en una calle ciega, la única manera de abrir caminos es la vía de la negociación que hoy en día luce lejana, difícil, pero por eso mismo luce muy necesaria.
Aveledo enfatiza en que no hay normalidad en el país como lo pretende hacer ver Miraflores luego del 28 de julio (La Hora de Venezuela)
Reforma constitucional
-¿Qué piensa del planteamiento de Nicolás Maduro de reformar la Constitución?
-Lo que hace falta es una evaluación de lo que no ha funcionado de la Constitución para poder modificarla y cuánto de lo que no ha funcionado es atribuible a la Constitución o a los que tienen la obligación de cumplirla y hacerla cumplir.
-Por ejemplo, la Constitución establece unas pautas para un Poder Judicial independiente, autónomo, con reglas sobre concursos de oposición para entrar y ascender en el Poder Judicial y no es así. Se establece un sistema federal descentralizado con competencias para el gobierno nacional, para los estados y municipios y no es lo que ocurre en la vida real. Se establece el debido proceso para todas las personas y sabemos que no es así. Entonces, ¿es un problema de diseño de la Constitución o de que no se ha cumplido?
-En Venezuela ha habido 26 Constituciones y en lugar de resolver lo que no se ha cumplido, simplemente se cambia una Constitución por otra. Lo que procede es una valoración de la Constitución y su cumplimiento. Lo otro es que la Constitución es para todo el país, no para un solo sector y es necesario que se produzca lo más parecido a un consenso nacional.
.-Esperaría que más allá de lo que pase en estas elecciones, que la oposición sea capaz de ponerse de acuerdo para enfrentar esa reforma con una estrategia?
-No se si el gobierno se atreverá a una reforma constitucional y a un referendo porque están muy conscientes de su situación. Pueden aparentar no estarlo, pero sí lo están. No muestran las encuestas, pero sí las saben y lo que está pasando.
-Es un deber prepararse para ese debate y prepararse significa tener una estrategia, mientras más unida mejor, y aparte de eso una propuesta más allá de decir que no. Por ejemplo, que la Constitución requiere unos ajustes para garantizar que se cumpla, que funcione. Cuidar premisas como la soberanía que reside en el pueblo, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, sobre todo del judicial que es muy importante.
-Cuando se creó la Sala Constitucional no me pareció mala idea, pero lo que hemos vivido nos demuestra que esa Sala no ha servido para cuidar la Constitución, sino para justificar una interpretación de plastilina a la Constitución, que le va dando forma al poder de acuerdo con su necesidad coyuntural, son temas que se deben atender.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Una sensación de mordaza parece haberse instalado en el sentir colectivo venezolano, alimentada por instrumentos legales que, bajo un manto de promover la convivencia, restringen severamente la libre expresión. La pieza central de este mecanismo es la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la hoy extinta y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 8 de noviembre de 2017.
Desde su implementación, esta normativa no solo ha sido señalada como una herramienta para silenciar la disidencia política y el trabajo de periodistas y activistas, sino que ha extendido su alcance al ámbito digital afectando directamente a creadores de contenido (influencers) y ciudadanos por sus mensajes en redes sociales.
En los últimos años, el patrón para la aplicación de la Ley Contra el Odio apunta hacia amedrentar y sancionar a figuras con alta visibilidad en plataformas digitales, al igual que ciudadanos comunes que expresan sus opiniones críticas o satíricas sobre el gobierno o figuras públicas en línea. Han sido objeto de amenazas, investigaciones judiciales y, en algunos casos, detenciones bajo la acusación de “incitación al odio”.
La organización no gubernamental Espacio Público ha documentado un número de denuncias de violaciones a la libertad de expresión vinculadas a esta ley. Entre noviembre de 2017 y diciembre de 2023, se registraron 162 denuncias, derivadas de al menos 63 casos individuales. Si bien estas cifras reflejan un patrón general de amedrentamiento, la aplicación de la ley ha generado un clima de temor y autocensura en todo el ecosistema digital venezolano.
Dos casos recientes ilustran esta tendencia. En abril de 2025, Leonel Moreno, conocido en redes sociales como “Leíto oficial”, fue procesado tras su deportación de Estados Unidos. Aunque los cargos específicos no se hicieron públicos de inmediato, defensores de la libertad de expresión presumen que estén relacionados con sus comentarios en redes sociales.
Tras su deportación a Venezuela, el influencer Leíto Oficial, fue imputado por los mensajes expresados en sus redes sociales (La Hora de Venezuela)
Una adolescente de 16 años también fue imputada el lunes 24 de febrero por “instigación al odio”: se trata de “Ashley Ways”, quien a través de un video publicado en TikTok se hizo viral por burlarse de la muerte de la madre de otra tiktoker.
Anteriormente, en abril de 2022, Olga Mata, una popular creadora de contenido en TikTok de 72 años, fue detenida por un video satírico en el que hacía humor sobre figuras del gobierno. Su arresto generó una ola de críticas a nivel nacional e internacional, evidenciando como la Ley Contra el Odio puede ser utilizada para penalizar incluso expresiones humorísticas en redes sociales.
En noviembre de 2023, dos ciudadanos fueron reportados como detenidos por comentarios en Twitter considerados “incitación al odio” contra un funcionario del gobierno. En febrero de 2025, el activista político Nelson Piñero fue condenado a 15 años de prisión por “el simple hecho de informar en las redes sociales”, denunció Encuentro Ciudadano.
Los tuits publicados por Nelson Piñero, le valieron una condena de 15 años de prisión (La Hora de Venezuela)
Para analistas y organizaciones de derechos humanos, la Ley Contra el Odio es la punta de lanza de un andamiaje legal más amplio, meticulosamente preparado por la administración de Nicolás Maduro con el objetivo de controlar y callar a la opinión pública.
La aplicación de esta ley, argumentan, no solo vulnera la libertad de expresión, sino que también cercena derechos fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, pilares esenciales de un sistema de justicia imparcial, al permitir procesos expeditos con garantías limitadas.
Este enfoque represivo se evidencia, además, en un patrón recurrente observado en los procesos judiciales contra disidentes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado como buena parte de las detenciones arbitrarias resultan en acusaciones penales casi ‘calcadas’. En ellas, se imputan sistemáticamente delitos como incitación al odio (amparándose en la ley de 2017), junto a otros cargos graves como terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, tipos penales amplios que permiten encarcelamientos prolongados y dificultan la defensa.
El espectro de la “incitación al odio”
La figura de la incitación al odio, recuerda el texto “Andamiaje legal para la represión”, es una adición reciente al marco legal venezolano, incorporada en 2017 cuando la constituyente asumió funciones legislativas. Este organismo comenzó a promulgar lo que denominó “leyes constitucionales”, una categoría no reconocida dentro del ordenamiento jurídico venezolano, pero que el Ejecutivo nacional ha legitimado y aplicado.
La constituyente se disolvió en diciembre de 2020 sin haber presentado o aprobado jamás un proyecto de nueva Constitución, el objetivo para el que fue convocada. Sin embargo, las leyes que se aprobaron desde ese organismo —cuyos 545 escaños fueron ocupados íntegramente por el oficialismo— siguen aplicándose sobre los venezolanos.
El artículo 20 de la Ley Contra el Odio establece que cualquier persona “que públicamente o a través de medios apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
El artículo puede parecer inocuo e incluso de objetivos nobles: quien públicamente fomente, promueva o incite al odio será castigado con cárcel. Sin embargo, la determinación queda sujeta a interpretación y se convierte en un arma arrojadiza contra críticos de la administración Maduro.
Acceso a la Justicia ha dicho que esta normativa viola al menos cinco derechos y libertades, como la posibilidad de expresarse, opinar e informar, el derecho a manifestar pacíficamente, participar políticamente o asociarse, así como el derecho a la democracia.
“Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio (…) Castiga cualquier actividad de odio, fascista o de violencia política. Cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado”, señaló Acceso a la Justicia.
Nicolás Maduro incluso ha asomado que la Asamblea Nacional, que preside Jorge Rodríguez, trabaja en un proyecto de ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales.
La validez y la aplicación de la Ley Contra el Odio es fuertemente cuestionada por expertos legales. El abogado Saúl Blanco señala, en primer lugar, la dudosa legitimidad de su origen, al haber sido promulgada por una asamblea constituyente cuya competencia para legislar es discutible.
Blanco se centra en la problemática de su redacción. A su juicio, la ley adolece de una “vaguedad intrínseca”, al estar redactada de forma “amplia y generalizada”, lo que facilita la arbitrariedad y permite que cualquier crítica o expresión disidente pueda ser interpretada como una violación.
El abogado advierte que bajo esta normativa, no solo la incitación al odio, sino incluso el “vilipendio cuando se critica a un funcionario o una gestión” podrían ser castigados.
Un punto especialmente preocupante para Blanco es la ausencia de una definición clara de “odio” o “incitación” en el texto legal, a pesar de las severas penas contempladas en su artículo 20. Esta falta de precisión otorga un margen de discrecionalidad alarmante a las autoridades.
El director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, coincide con esa apreciación, y califica la normativa como una “ley penal en blanco”. Explica que esta denominación se debe a que la ley no especifica claramente los delitos, lo que confiere al juez una “alta discrecionalidad” al momento de tomar decisiones, basándose en “generalizaciones” sobre las conductas.
Apitz advierte sobre las graves implicaciones de esta falta de especificidad: “Cuando escribes ese artículo, esas conductas son puras generalizaciones. También deja la puerta abierta para que se tomen medidas privativas de libertad sin suficientes pruebas”.
El académico alerta que, bajo esta lógica, “una afirmación, un rumor, pueden ser pruebas para tomar medidas”, lo que socava las garantías del debido proceso.
El docente Juan Carlos Apitz señala que la Ley del Odio socava las garantías del debido proceso (Foto #LaHoradeVenezuela)
Finalmente, Blanco destaca un patrón reciente de imputación sistemática del delito de incitación al odio en detenciones posteriores a las elecciones presidenciales, incluso en casos donde las personas simplemente ejercieron su derecho a la libertad de expresión.
Consecuencias para la ciudadanía
Abogados y defensores de derechos humanos alertan sobre cómo la Ley contra el Odio se ha convertido en una herramienta para silenciar la disidencia y restringir la libertad de expresión, más allá de los límites aceptables en una sociedad democrática.
Saúl Blanco enfatiza que “la Ley contra el Odio contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Argumenta que “la vía judicial no puede ser la primera vía para responsabilizar a las personas por ejercer su derecho legítimo de la libertad de expresión”.
Reitera la preocupación central sobre la ambigüedad de la ley, pues “es tan general que todo puede entrar y no hay claridad de cuándo es legítimo o no usar esta normativa”.
El impacto sobre el entorno digital es variado, advierte el abogado. “Prestadores de servicio de internet se vuelven un vigilante para censurar comentarios. Se puede incluso quitar la concesión de medios de comunicación cuando Conatel, que es un ente del gobierno, determine que alguien envió mensajes de odio”.
También describe los patrones en la aplicación discrecional de la normativa: “Los procesan, los privan de libertad, sin que exista el derecho a la presunción de inocencia, o pese a que no hay elementos suficientes para procesar a alguien. Detienen primero y luego investigan”.
“Cuando privan de libertad a las personas pueden ocurrir dos situaciones. La dejan recluida por meses o años o le establecen medidas cautelares: régimen de presentación, prohibición de salida del país o ni hablar del tema, amenaza por parte de figuras públicas”, señala el abogado.
En opinión de Saúl Blanco, la Ley Contra el Odio se ha convertido en una forma del gobierno de enviar un mensaje claro a la ciudadanía: “Si hablas en mi contra te vamos a denunciar por instigación al odio”. Esta percepción generalizada fomenta la autocensura y limita severamente el debate público y la crítica al poder, constriñendo el espacio para la libre expresión y la participación ciudadana.
La ambigüedad inherente a la Ley Contra el Odio, señalada por expertos legales, tiene un impacto directo en la administración de justicia. Juan Carlos Apitz, es categórico al afirmar que esta normativa ha exacerbado la arbitrariedad judicial en el sistema venezolano.
Apitz considera crucial recordar el contexto en que nació esta ley: Fue aprobada por la constituyente de 2017, un órgano cuya elección e instalación fueron ampliamente cuestionadas nacional e internacionalmente por su legitimidad de origen. La ANC surgió como respuesta de Nicolás Maduro a meses de intensas protestas antigubernamentales que sacudieron al país ese año.
En ese clima de alta conflictividad política y social, la Ley Contra el Odio fue presentada como un instrumento para pacificar el país, aunque sus críticos la vieron desde el inicio como una vía para criminalizar la disidencia expresada durante las manifestaciones.
Manifestar, protestar o expresar críticas en redes sociales puede ser utilizado como pruebas condenatorias por la Ley del Odio en Venezuela (Foto #LaHoradeVenezuela)
Juan Carlos Apitz advierte que esta ley “en la forma en que fue aprobada si algo ataca es la garantía del debido proceso”.
Esta garantía, explica, “se acompaña con el derecho a la defensa permite rechazar cargos en tu contra y para que eso sea así tienes que estar claro de lo que te están imputando. Cuando la acusación es vaga y se trata de generalización ¿Cómo te puedes defender de eso? Cuando hablas de una generalización no hay forma de precisar modo, tiempo y lugar de lo que te imputan”.
El académico señala que en el caso de la detención de “Leíto Oficial” los delitos que posteriormente se conocieron y le fueron imputados (Promoción e Incitación al Odio y Lucro por Trabajo de Niño o Niña) son anteriores a la aprobación de la Ley Contra el Odio y que, además, presuntamente fueron cometidos fuera del país.
En este sentido, sostiene que “no tiene fundamento jurídico que lo procedan con la Ley Contra el Odio. Es el elemento más patético del exabrupto que significa esta norma”.
El gobierno venezolano y la extinta ANC han calificado la Ley Contra el Odio como “constitucional”. Sin embargo, esta denominación ha sido cuestionada por expertos legales, quienes señalan que el término “ley constitucional” no existe formalmente dentro de la jerarquía normativa venezolana.
Al respecto, el abogado Saúl Blanco explica que “no hay una argumentación legal que soporte esa definición”. Detalla que la norma venezolana establece una distinción clara entre leyes orgánicas, leyes organizativas y leyes ordinarias, sin incluir la categoría de “ley constitucional”.
Para Blanco, la calificación de la ley como “constitucional” por parte de la ANC responde a una estrategia política: “Al final la crearon para presionar y dar legitimidad a la ANC. Para resaltar un carácter que no tiene. Si dices lo contrario estás en contra de la normativa interna”.
De esta manera, se busca elevar el estatus de la ley por encima de las críticas y equipararla a la propia Constitución, dificultando su cuestionamiento.
Frente a las crecientes críticas nacionales e internacionales, entre ellas de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, funcionarios de Maduro han defendido consistentemente la Ley Contra el Odio. Argumentan que es una herramienta necesaria para combatir el fascismo, la discriminación y la violencia política, y que busca proteger a la ciudadanía de discursos que promuevan la agresión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país