El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU está investigando casos de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, los cuales podrían considerarse como desapariciones forzadas. Así lo confirmó Ana Lorena Delgadillo, integrante de este organismo, quien aseguró que ya se han enviado las notificaciones correspondientes a los gobiernos implicados.
“Recibimos información de que ya está siendo procesada a través de nuestro mandato (…) Hemos recibido información de casos que se podrían considerarse como desapariciones forzadas”, expresó Delgadillo en una conversación con El Pitazo. Indicó además que estas comunicaciones fueron remitidas recientemente a los países involucrados.
El 16 de marzo, el gobierno de Estados Unidos trasladó a 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, utilizando como base legal la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y alegando que estos formaban parte del grupo delictivo Tren de Aragua. Posteriormente, el 31 de marzo, se anunció el envío de otros 17 migrantes, señalados de estar vinculados al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS.13), aunque no se especificó cuántos de ellos eran venezolanos.
Delgadillo señaló que en muchos de estos casos se ha detectado un patrón que incluye desaparición forzada y violaciones al debido proceso. Los migrantes no fueron informados del destino al que serían llevados, ni se les permitió comunicarse con sus familiares o apelar la decisión. “Con el agravante de que están siendo enviados a un país distinto, donde además sus familiares no pueden ir a preguntar directamente”, añadió.
A partir de estas deportaciones, numerosos familiares han reportado irregularidades, muchos de ellos lo han hecho públicamente en medios y redes sociales. Aseguran que los deportados no tenían antecedentes penales, órdenes de deportación, ni fueron sometidos a procesos legales adecuados. Algunos fueron detenidos solo días antes de su traslado. Una característica común fue la presencia de ciertos tatuajes, lo que aparentemente motivó una expulsión acelerada y sin posibilidad de defensa.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre estos procedimientos, los cuales salieron a la luz a través de una lista filtrada a la cadena CBS con los nombres del primer grupo de deportados.
Estos traslados se realizaron a pesar de una orden judicial emitida por el juez James Boasberg, que exigía suspender temporalmente las deportaciones y devolver a los migrantes ya enviados a El Salvador. Sin embargo, la Corte Suprema anuló esa decisión el 7 de abril, permitiendo que el gobierno de Trump continuara con las deportaciones bajo la mencionada ley.
Delgadillo también expresó su respaldo a las familias afectadas por estos hechos, los cuales, en ciertos casos, podrían ser considerados desapariciones forzadas. Reafirmó que el grupo de trabajo mantiene estricta confidencialidad sobre la información que recibe, la cual suele llegar por medio de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas o abogados.
“Incluso, pueden unirse varias familias y solicitar un taller para conocer lo que puede hacer el grupo de trabajo”, explicó. Además, alentó a los familiares a organizarse colectivamente para fortalecer sus denuncias. “La experiencia en México nos ha enseñado que cuando las familias se unen es más contundente el mensaje”.
Respecto a la labor del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Delgadillo aclaró que su función principal es facilitar la comunicación entre los familiares de las personas desaparecidas y los Estados involucrados, actuando de forma independiente del resto de instancias de la ONU. En casos que involucran a más de un país, como el de los migrantes venezolanos, se envían comunicaciones a ambas naciones, y si hay respuestas, estas se notifican de inmediato a las familias.
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