Después del fraude electoral del 28 de julio del 2025, se puede afirmar que en Venezuela gobierna una dictadura con apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas y un sistema de poderes públicos al servicio del régimen.
No hay “normalidad” en el país después del secuestro de la voluntad popular y la imposición, por la vía de la violencia de Estado, de una “paz” lograda por medio de secuestros, desapariciones, detenciones y torturas de líderes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. El régimen pretende hacernos creer que la aparente desmovilización de la ciudadanía implica la aceptación de la dictadura y aspira a imponer el miedo como recurso que sustituya la legitimidad que no obtuvo en las elecciones.
Esta necesidad de tratar de amedrentarnos obliga al régimen a renovar, semana a semana, sus gestos de violencia. Actos de “graduación” de efectivos militares en medio de amenazas a la disidencia política, interminables ruedas de prensa donde se habla de planes conspirativos de la oposición, largas exposiciones del fiscal general atacando a organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales, las amenazas que semana a semana hace el hombre del garrote a activistas de DD. HH., periodistas y líderes políticos, son parte del repertorio de un régimen que necesita amenazar a una población desarmada y pacífica que decidió desalojarlos del poder.
La llamada “unidad cívico, militar y policial” no es más que un eufemismo que emplea la dictadura para justificar la militarización de la sociedad con el despliegue de las fuerzas armadas, el partido de gobierno, los milicianos y una red de informantes (sapos) en las comunidades. Esta supuesta fusión de lo militar con lo civil, evocando un nacionalismo infantil y supuestos valores bolivarianos (¡falso!), es la excusa de un régimen que pretende componer una sociedad vertical y sumisa donde el Estado se confunda con el partido de gobierno, la existencia de los servicios públicos dependa de la lealtad al régimen y el derecho a la ciudadanía se gane por medio de la fidelidad al dictador.
Quienes gobiernan a Venezuela desean erigirse en salvadores de la patria, pero apenas logran mostrarse como unos matones que se aferran al poder.
No hay normalidad después del 28 de julio y no hay forma de que el régimen nos convenza de pasar la página. El venezolano no ha renunciado a su compromiso de ser libre. Ellos lo saben y por eso repiten sus amenazas mientras que la mayoría del pueblo se organiza para hacer frente a la dictadura y retomar el camino del cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los venezolanos.
Según la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994), se “considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Según el balance mensual de Foro Penal, para el 2 de abril se desconocía el paradero de 62 presos políticos, una situación que debe ser considerada como una desaparición forzada”. Luchar por el retorno de democracia es trabajar por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, celebró la salida de los cinco asilados de la Embajada de Argentina en Caracas, asegurando que este hecho demuestra que el gobierno de Nicolás Maduro “no es impenetrable, se resquebraja desde adentro”.
“Omar, Magallí, Pedro, Claudia y Humberto ya están a salvo. Tras más de un año de encierro injusto en la embajada Argentina,en Caracas, su liberación es una victoria de la dignidad frente al abuso, y una prueba de que el régimen no es impenetrable, se resquebraja desde adentro”, expresó González Urrutia a través de su cuenta en X.
Omar, Magallí, Pedro, Claudia y Humberto ya están a salvo. Tras más de un año de encierro injusto en la embajada Argentina,en Caracas, su liberación es una victoria de la dignidad frente al abuso, y una prueba de que el régimen no es impenetrable, se resquebraja desde adentro.… https://t.co/BcVAK7YUb2
El dirigente opositor agradeció a los gobiernos de Estados Unidos y Argentina por su determinación en la operación y reafirmó que, pese a la represión, “no hay estructura autoritaria que aguante la presión de unos ciudadanos decididos a cambiar y una comunidad internacional que no se rinde”.
Los opositores, que permanecieron más de un año asilados en la sede diplomática argentina bajo asedio por parte de los funcionarios policiales del gobierno de Nicolás Maduro, fueron trasladados bajo resguardo de Brasil y posteriormente liberados en Estados Unidos en lo que ha sido calificada como una “operación de rescate internacional épica”, según María Corina Machado.
González Urrutia destacó que la liberación de los asilados es “una victoria de la dignidad frente al abuso y un mensaje claro para el país y el mundo”.
Hasta el momento, el gobierno de Maduro no ha emitido declaraciones oficiales sobre la salida de los asilados, mientras que sectores de la oposición han reiterado que este hecho evidencia la fragilidad del régimen y la creciente presión internacional.
Libres, sanos y salvos
Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero, dirigentes de Vente Venezuela que estuvieron más de un año asilados en la embajada argentina en Caracas difundieron un comunicado en el que reiteraron que se encuentran “sanos y salvos en suelo estadounidense”, tal y como lo había revelado horas antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
En el texto, difundido en las redes sociales de Comando con Vzla, se destaca que este hito “marca un nuevo capítulo en su lucha y en la de todos los venezolanos que anhelamos libertad“.
“En nombre de Omar González Moreno, Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos, y desde el Comando Con Vzla, expresamos nuestra más profunda gratitud a todos los que hicieron posible esta acción histórica. Tras más de un año de injusto encierro en el recinto diplomático, esta operación es un testimonio del compromiso de muchos actores que, para sorpresa del régimen de Nicolás Maduro, lograron romper las cadenas de la opresión”, se lee en el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Lindomar Jesús Amaro Bustamante, el joven que falleció en la cárcel de Tocorón, era uno de los venezolanos a los que se “les condenó sin una investigación exhaustiva previa”. Así lo dijo el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour.
Según la versión del Comité por la Libertad de los Presos Políticos(Clippve), Amaro se suicidó en su celda de la cárcel aragüeña.
El PCV denunció que Amaro murió “bajo custodia del Estado”.
“Es uno de esos venezolanos que fueron detenidos y que, a priori, se condenaron por parte de voceros del alto Gobierno y de la Fiscalía General de la República”, dijo Jabour.
El dirigente añadió que Amaro fue una de las miles de personas que fueron detenidas por el mero hecho de protestar y a las que “se les señaló y se les condenó sin una investigación exhaustiva previa”.
El vocero del PCV denunció que el régimen chavista viola la Carta Magna y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
“Muchos de ellos siguen presos, siguen privados de libertad y los que han sido liberados, han sido liberados de manera condicional, bajo régimen de presentación, sin derecho a la protesta, sin derecho a declaraciones. Estas acciones son violatorias de los derechos políticos establecidos en la Constitución”, manifestó.
Jabour sostuvo que manifestar pacíficamente y expresarse son derechos consagrados en la Constitución y contemplados en cualquier sistema democratico.
“Decir lo que se piensa son derechos que han conquistado los venezolanos a lo largo de décadas de luchas, los cuales hoy se ven mermados por las acciones del Estado”, agregó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Votar o no votar, he ahí el dilema”, parece ser la encrucijada de los venezolanos frente a las elecciones regionales y legislativas del venidero 25 de mayo luego de la experiencia de los comicios presidenciales de finales de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora ofrecer resultados desagregados.
A propósito de esta incertidumbre, el título de La Conversade la Alianza Rebelde Investiga (ARI) fue Votar en mayo ¿Peor es nada? y contó con la participación de la profesora universitaria y analista, Colette Capriles, además de Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.
A juicio de Capriles, cada elección es diferente y por lo tanto el voto posee una eficacia distinta.
“El voto puede ser una voz, aunque no se escuche, puede servir para expresar la voluntad, tiene varios niveles de eficacia, la eficacia de esta del 25M no es la misma que la del 28J”.
Para Capriles, las condiciones del proceso de este 25M son las peores que hayan existido en los últimos años.
“No conocemos el cronograma ni qué pasó con el Registro Electoral, hay un atrincheramiento por parte del gobierno que no había existido antes, están dejando unas rendijas muy estrechas. Mi opinión es que hay que rebobinar la estrategia y avanzar en lo que se pueda, llenar los espacios, no se pueden dejar vacíos”.
A juicio de Capriles, el pasado 28J se hizo un daño crucial a la población.
“Y ese daño hace que a la gente le cueste mucho reflexionar y es perfectamente entendible, votar es un derecho y también una obligación, creo que debemos votar, la gente tiene que hacerlo de manera racional y lamentablemente algunas personas actúan emocionalmente”.
La profesora universitaria expresó que quienes voten el 25M lo harán en unas condiciones precarias que no van a cambiar.
“El 28J veíamos el cambio como algo muy cercano y luego nos percatamos que ese cambio no depende de la voluntad del votante, para que Venezuela vaya hacia un cambio político tienen que darse una serie de acuerdos y negociaciones muy complejas”.
Batiz informó que según un estudio efectuado por la firma Datincorp de mediados de abril, la participación electoral el 25M podría ser de 38%, 27% de la población está decidida a no votar y 19% tal vez lo haga.
“Esas serían cifras buenas, pero no estoy segura de que ocurra, lo cierto es que al gobierno no le conviene un número de alta participación. El 28J no solo se le hizo daño al votante opositor, sino que también al chavista que se dio cuenta de que su voto no fue respetado, porque hasta ahora no conocemos los resultados de ese proceso. El gobierno se podría estar planteando la pregunta de por qué no proponer un sistema donde el voto sea irrelevante, donde la participación política podría desaparecer”.
Capriles expresó que es evidente la frustración del votante del 28J, quien percibe que la expresión de su voluntad para construir una especie de legitimidad fue inútil.
“Estamos jugando un juego que no tiene reglas. Puede ser que vayamos a un lugar donde no pongamos las reglas más nunca. El gobierno ha hecho un gran trabajo en aras de devaluar el voto, tenemos un abstencionismo crónico”.
Blanco recordó que durante las más de dos décadas del chavismo en el poder, los venezolanos han votado y dejado de votar.
“Este debate estéril entre votar y no votar, puede convertirse en un arma para provocar una baja participación en un supuesto referéndum constitucional, deja el campo libre para una nueva Constitución y por eso creo que nosotros debemos de tener un papel más activo. En Venezuela la democracia está en riesgo”.
Según Capriles, el sistema electoral funcionó el 28J.
“Lo que se hizo después fue desconocerlo y me parece mal que se use esto para pisotear a quienes quieren participar en la contienda de este 25M. No hay que convertir esto en un juego del odio y del insulto”.
Para Capriles en la actualidad existen dos imposibilidades: una elección en condiciones óptimas y que un gobierno o ente extranjero resuelva los problemas del venezolano.
“No pueden haber elecciones de calidad en las condiciones en las que estamos, hay que edificar esas condiciones. Tenemos que construir espacios de legitimidad mutua que puedan llevarnos a una alternancia política”.
Salieron los refugiados
Capriles también celebró la salida de cinco miembros del equipo político de la líder opositora María Corina Machado de la sede de la embajada Argentina en Caracas.
Este martes 6 de mayo en la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el quinteto que permanecía asilado en la sede diplomática desde marzo de 2024 fue rescatado en una operación y llegó a salvo a territorio norteamericano.
“Es reconfortante porque hay vidas de por medio, pero esto qué significa. ¿Se trata de una señal?, ¿Hay una conversación, entre quienes y con qué objeto? Deja demasiadas preguntas y ojalá haya un resquicio de diálogo. Sabemos que las conversaciones por mantener a flote a Chevron en Venezuela no han cesado, la operación se termina en teoría el 27 de mayo”.
Amaya apuntó que según fuentes de TalCual, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos no salieron al mismo tiempo y se especula que algunos estén en un destino diferente a Estados Unidos.
“Para evadirse tuvo que haber un engaño y en eso debió haber participado mucha gente, incluso personas que se dicen están del lado del oficialismo”, dijo Batiz.
Amaya recordó que en algún momento se denunció que al lado de la residencia argentina había una residencia tomada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Esto evidentemente incluye la participación de personas en actividades clave”, puntualizó el director de TalCual.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este martes 6 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró la segunda parada de la Ruta Global por la Justicia y la Libertad Plena de todos los Presos Políticos y Excarcelados con Medidas Restrictivas, con una visita a la Embajada de México en Caracas para pedir solidaridad a la presidenta de ese país.
Durante la actividad, con consignas y pancartas, madres, familiares, amigos y defensores solicitaron al gobierno de Claudia Sheinbaum “su solidaridad activa con las víctimas de la represión en Venezuela y una diplomacia firme en defensa de los derechos humanos”.
“Solicitamos protección consular para los ciudadanos mexicanos Bruno Juárez y Wilbert Castañeda, actualmente presos políticos en Venezuela, así como respaldo a la causa de la libertad plena e inmediata de todos los detenidos por razones políticas”, señaló el Clippve en una publicación hecha en redes sociales.
Asimismo, denunciaron la también la “muerte institucional que enfrentan quienes permanecen tras las rejas sin atención médica, sin visitas familiares ni defensa legal adecuada, sometidos a condiciones inhumanas y crueles. Este abandono ha costado ya la vida, bajo custodia del Estado venezolano, de al menos seis presos políticos, cuyas muertes siguen impunes”.
El comité señaló que elevó su voz para denunciar la violencia sistemática del Estado contra las mujeres: “Las que están encarceladas por razones políticas, bajo condiciones inhumanas de reclusión. Y las que, como madres, esposas, hermanas e hijas, sostienen el dolor y la resistencia fuera de las cárceles, siendo las principales afectadas por la represión y el abandono institucional”.
La jefa de misión adjunta, Eleita González Hernández, y la cónsul de la Embajada recibieron a los familiares de presos políticos, según informó el Clippve, “con respeto, sensibilidad y disposición solidaria”.
Desde las afueras de la embajada, una de las familiares recordó que en 10 oportunidades han acudido al Ministerio Público a denunciar la situación de sus seres queridos sin obtener ninguna respuesta.
“Estamos acudiendo a una ruta internacional en solidaridad de los presos políticos extranjeros. Tenemos conocimientos de que hay mexicanos y por eso estamos aquí. Le solicitamos a la Embajada de México que por favor utilice sus políticas internacionales para intermediar con el gobierno de Venezuela, para lograr una solución pacífica”, señaló.
Bruno Juárez y Wilbert Castañeda son dos presos políticos de nacionalidad mexicana, detenidos en cárceles venezolanas.
Este martes #6May, se realizó la segunda parada de la Ruta Global por la Justicia y la Libertad Plena de todos los Presos Políticos y Excarcelados con Medidas Restrictivas, con una visita a la Embajada de México en Caracas.… pic.twitter.com/2cTualumIV
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) May 7, 2025
"Estamos acudiendo a esta ruta internacional en solidaridad con los presos políticos extranjeros. Tenemos conocimiento de que hay mexicanos y por esa razón nos encontramos aquí"
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Los habitantes del barrio José Félix Ribas, en la parroquia Petare (municipio Sucre, estado Miranda), se aferran a una aparente normalidad que oculta un profundo temor. La muerte de Wilexis Acevedo, alias “el Wilexis”, el 22 de enero de 2025, marcó el fin de una gobernanza criminal que controló la zona durante casi una década. Pero en lugar del alivio esperado, ahora viven bajo una atmósfera de miedo, zozobra y desconfianza generada por la presencia constante de fuerzas de seguridad del Estado, que vigilan cada rincón y escuchan cada comentario; por colectivos y otras bandas delincuenciales.
Tras asumir el control de José Félix Ribas, autoridades del gobierno de Venezuela aseguran que la delincuencia en la parroquia ha disminuido drásticamente tras la muerte de Wilexis. Reportan que los asesinatos en Petare descendieron de 61, entre enero y noviembre de 2024 (según el registro del Monitor de Víctimas), a solo dos desde la caída del presunto delincuente (ambos fallecidos eran supuestos miembros de la banda), y que solo se registran detenciones por violencia vecinal, riñas, hurtos y microtráfico de drogas.
Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que la criminalidad persiste y ahora es ejercida por otros grupos delictivos que operan en el lugar. A esto se suma una gran presencia policial y de colectivos (grupos de civiles armados simpatizantes del oficialismo), que parece más enfocada en el control social que la reducción de la delincuencia.
Wilexis Acevedo, de 38 años y mejor conocido por el alias de “Wilexis”, lideró durante más de una década una megabanda de unos 200 miembros en el barrio José Félix Ribas,Petare en Caracas. Allí ejerció un férreo control territorial y dominaba algunos delitos como el narcotráfico, extorsión y sicariato. Además impuso una gobernanza criminal mediante la cual regulaba la distribución de alimentos del programa estatal Clap, imponía toques de queda y ejercía autoridad con violencia armada, desafiando a bandas rivales y cuerpos de seguridad.
Entre abril y mayo de 2020, Petare vivió una ola de violencia por enfrentamientos entre Wilexis y Christian Tovar, alias “el Gusano”. Las balaceras eran constantes y también hubo una incursión policial violenta. Estos episodios dejaron ocho muertos, hubo civiles heridos, las escuelas suspendieron sus actividades y el transporte público se paralizó. Wilexis escapó, mientras “el Gusano” murió en un operativo policial.
Violencia silenciada
Una residente del barrio El Carpintero, lejano a José Félix Ribas, pero también bajo el control de grupos criminales, relató que recientemente hubo un tiroteo donde balas perdidas entraron a algunas viviendas.
Para la elaboración de este trabajo se consultó a varios residentes de los barrios de la parroquia Petare y a funcionarios de cuerpos de seguridad. Todos expresaron temor a declarar, convencidos de que cualquier comentario que dijeran, podría ser malinterpretado. En medio de un contexto de tensión, se sienten obligados a guardar silencio por prudencia.
Narraron asimismo que cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en José Félix Ribas tras la muerte de Wilexis, los habitantes del lugar enfrentaron amenazas de policías que apuntaban a vincularlos con la banda del fallecido líder sin mayores argumentos.
Contaron que las autoridades comisionaron a vecinos para identificar a presuntos colaboradores de la banda, y así desataron disputas en la comunidad y rumores de que cualquiera podría ser añadido a una lista de sospechosos. De esa manera, intensificaron el miedo y la desconfianza en la zona.
Uno de los entrevistados atribuyó el temor que sienten a las decisiones que ha tomado el Estado cuando la gente se queja o denuncia. “A los vecinos que han intentado denunciar algo después de la muerte de Wilexis, los persiguen y vigilan, entonces muchos preferimos no hablar con la policía”, señaló.
La tensión alcanzó su punto álgido con el asesinato de Elizabeth Aricua Aguirre, líder comunitaria de 57 años, baleada el pasado 3 de marzo, mientras se dirigía a una iglesia en José Félix Ribas. Las autoridades detuvieron a un periodista que cubrió el hecho, acusándolo de “difusión de noticias falsas”, aunque días después confirmaron la muerte de dos sospechosos del crimen: Jhonaiker Alexander Cáceres Zarate, adolescente de 17 años conocido como “El Guajiro”, a quien mataron en Petare, y Leoangel Alfredo Pereira Guaimara, alias “Caricatura”, quien murió en Caricuao, al suroeste de Caracas. Ambos murieron en supuestos enfrentamientos con la policía.
El temor a ser señalados como colaboradores de bandas criminales ha llevado a algunos residentes de los barrios 5 de Julio y 19 de Abril a abandonar sus hogares y ponerlos en venta a través de plataformas como Marketplace. Vecinos reportan casos de familias que, tras vivir sometidas por grupos delictivos, ahora son señaladas por la policía como cómplices. Otros han expresado su intención de emigrar.
Siempre vigilados
Habitantes describieron que, constantemente, grupos de entre 7 y 10 funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recorren Petare. Llegan en moto o patrullas y se bajan con armas largas para caminar por callejones y veredas a plena luz del día. “Los vemos llegar mientras hablamos con los vecinos en la puerta de nuestras casas y decimos: ‘ay Dios mío, qué va a pasar’”, dijo una habitante de José Félix Ribas.
También indicaron que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) incrementaron los operativos. Describieron que quienes disparan son en su mayoría los encapuchados de la PNB.
Lugareños explicaron que, si bien José Félix Ribas está custodiado por las fuerzas de seguridad, sectores más profundos de Petare como San Blas y La Pajarilla “son zona roja”. Precisaron que hace tres meses “hubo una masacre en medio de estos sectores”.
De igual modo, señalaron que en el sector Fechas Patrias opera una banda integrada por adolescentes entre 13 y 15 años, que hace tres meses ingresaron a una casa a acabar con una fiesta a tiros. Una de las balas perdidas hirió a un niño que iba a una bodega a comprar un refresco. “Aquí la gente vive aterrorizada porque de esta banda ni se habla, no la han reseñado los medios de comunicación, pero existe, y nosotros tampoco la vamos a denunciar porque luego la policía nos toma como sospechosos”, declaró una vecina consultada.
Aparente calma
Entre los fallecidos confirmados por el Estado están figuras clave de la banda de Wilexis, como Carlos Alberto Aguilar Flores, alias “Cara de Muerto”, asesinado en Guaicoco (Petare) el 25 de enero de 2025, y Daniel José Blanco Rodríguez, alias “El Danielito”, muerto el 3 de abril en Carapita, también en presunto enfrentamiento con el CICPC.
Vecinos y voceros del Cicpc señalaron a “El Danielito” como el principal colaborador de Wilexis y posible sucesor en el entramado delictivo.
Pese a la desarticulación de la banda de Wilexis, los habitantes de José Félix Ribas reportaron la presencia de otras agrupaciones criminales activas, como “Los Chicorrios”, “El Cotorro”, “Pitufo”, “Enrique” y “La China”, que durante los últimos seis años encabezaron tiroteos contra Wilexis por el control del narcotráfico en Petare.
Vecinos también mencionan a “El Menor”, otro colaborador de Wilexis, aún sin reportes de captura. A diferencia de los operativos contra la banda de Wilexis, no se han anunciado detenciones vinculadas a estas otras organizaciones, lo que alimenta la percepción de la comunidad de que la violencia criminal en Petare está “en pausa”.
Policías ahora tienen presencia constante en Petare. Foto: Archivo
El Gobierno promueve la “recuperación” de Petare mediante el Plan Antonio José de Sucre, que incluye 90 cuadrantes de paz activados el 21 de febrero y la pronta instalación de cámaras de seguridad para “pacificar” al municipio Sucre.
Sin embargo, esta iniciativa, descrita como una transformación social, es percibida por muchos habitantes de la zona como una fachada que oculta la represión ejercida por diversos cuerpos de seguridad, manteniendo el clima de miedo en la comunidad.
No podían faltar los colectivos
Además de los cuerpos de seguridad, residentes de José Félix Ribas denunciaron que luego de la muerte de Wilexis los colectivos ingresaron al barrio, amparados bajo la figura de jueces de paz. Según los testimonios, estos grupos se encargaron, junto con varios vecinos, de organizar las listas que señalaban, sin pruebas, a residentes supuestamente vinculados a la banda del delincuente que murió en febrero.
Los habitantes relataron que, bajo el control de Wilexis, quienes reclamaban por la distribución de gas, bolsas CLAP, suministro de agua o recolección de desechos sólidos debían denunciarlo ante él, quien mediaba con las autoridades del municipio Sucre para exigir soluciones. Los residentes enfatizaron que no apoyaban la delincuencia, sino que vivían sometidos. Pero la intervención de los colectivos y su rol de “justicieros” y delatores no es algo nuevo.
En los operativos policiales de los últimos meses, los vecinos destacan la participación de encapuchados vestidos de civil que acompañan a la PNB. Aunque se presentan como funcionarios de inteligencia, los residentes los identifican como colectivos que también persiguen y hostigan a líderes vecinales, opositores y chavistas críticos del Gobierno. Una práctica similar fue reportada entre 2015 y 2017 con las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), donde colectivos encapuchados también acompañaban a las autoridades en la búsqueda de presuntos delincuentes.
La presencia de colectivos en Petare tampoco es algo reciente. Un confuso episodio protagonizado por el colectivo Cara Al Río en febrero de 2024 evidenció el poder que ya tenían estos grupos en esa parroquia del este de Caracas.
La pugna de los colectivos y las megabandas por controlar el territorio tampoco es nueva. Una residente de José Felix Ribas explicó que durante las elecciones del 28 de julio de 2024, los colectivos también intentaron ingresar a los barrios de Petare junto a la autoridades para detener a las personas que rechazaban el desconocimiento del verdadero resultado electoral, pero en algunos casos los miembros de la banda de Wilexis se lo impidieron.
En 2020, un colectivo denominado Sombra, que operaba en las cercanías a la Redoma de Petare también tenía diferencias con Wilexis por el control de ese territorio.
Las personas consultadas revelaron que en diciembre pasado, durante las elecciones de jueces de paz, Wilexis suspendió los comicios en las zonas 6 y 10 al identificar que la mayoría de los candidatos eran afines a los colectivos. “Esas mismas personas a las que el presunto delincuente no les dio cabida, ahora dicen que son líderes sociales de la comunidad”, dijo un entrevistado.
Los dirigentes de Vente Venezuela que estuvieron más de un año asilados en la embajada argentina en Caracas difundieron un comunicado en el que reiteraron que se encuentran “sanos y salvos en suelo estadounidense”, tal y como lo había revelado horas antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
En el texto, difundido en las redes sociales de Comando con Vzla, se destaca que este hito “marca un nuevo capítulo en su lucha y en la de todos los venezolanos que anhelamos libertad“.
“En nombre de Omar González Moreno, Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos, y desde el Comando Con Vzla, expresamos nuestra más profunda gratitud a todos los que hicieron posible esta acción histórica. Tras más de un año de injusto encierro en el recinto diplomático, esta operación es un testimonio del compromiso de muchos actores que, para sorpresa del régimen de Nicolás Maduro, lograron romper las cadenas de la opresión”, se lee en el comunicado.
Aseguran también que el gobierno, hasta último instante, se negó a otorgar los salvoconductos solicitados desde marzo de 2024, al tiempo que indican que aún así no pudieron detener “la fuerza de este movimiento ciudadano incansable, ni la solidaridad global expresada en múltiples formas”.
Los dirigentes políticos extendieron un reconocimiento especial a la administración del presidente Donald Trump y a Marco Rubio, así como al presidente de Argentina, Javier Milei, “por su apoyo inquebrantable en estas horas cruciales”. Expresaron que su liderazgo “ha sido un faro de esperanza para estos dirigentes y para toda la nación venezolana, que clama por justicia y dignidad”.
“No podemos dejar de agradecer al gobierno de Argentina por otorgar a nuestros compañeros el estatus de asilo político y al gobierno de Brasil por asumir la custodia y protección de la embajada de Argentina durante nueve meses. De igual forma, a quienes, a pesar de las restricciones impuestas por un régimen que transformó una embajada en una cárcel, brindaron su apoyo esencial para garantizar la supervivencia de nuestros compañeros durante este largo y doloroso año. También, y muy especialmente, a los diplomáticos y personal de Argentina y de Brasil desplegados en Caracas que, a pesar de las restricciones impuestas por el régimen, brindaron apoyo y protección a los asilados durante sus meses de encierro”, abundaron.
Por otra parte, enviaron un mensaje a los ciudadanos venezolanos, en donde les reafirmaron el “compromiso inquebrantable” de no descansar “hasta que los más de 900 presos políticos aún en manos del conglomerado criminal chavista recuperen su libertad, y hasta que logremos el fin definitivo de esta tragedia que aflige a millones dentro y fuera de nuestras fronteras. Venezuela merece, y logrará, ser libre”.
En Brasil se enteraron la noche del 6 de mayo
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de Lula reveló que conoció apenas la noche del 6 de mayo sobre la salida de los dirigentes de Vente Venezuela.
Recordaron que desde agosto de 2024, Brasil era el responsable de representar los intereses de Argentina en Venezuela y proteger la integridad física de estos solicitantes de asilo.
Insistieron en que actuaron través de la vía diplomática para “resolver la situación en la residencia” y que insistieron “en numerosas ocasiones, al más alto nivel”, para conseguir los salvoconductos necesarios y que habían ofrecido transportar por vía aérea a los solicitantes de asilo, a fin de resolver diplomáticamente la crisis.
Aclararon que estos reiterados intentos no fueron atendidos, “lo que prolongó la difícil situación humanitaria en la residencia de la embajada argentina en Caracas, que fue rodeada por fuerzas de seguridad“.
“El anuncio de la salida pone punto y final a este episodio y al drama vivido por los solicitantes de asilo durante más de 400 días”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Durante abril de 2025 la ONG Espacio Público documentó una disminución en la frecuencia de casos registrados sobre violaciones del derecho a la libertad de expresión. En total, contabilizaron 5 casos, lo que representan diez violaciones del derecho, categorizadas en hostigamiento judicial (4), Intimidación (4) y censura (2). La detención arbitraria fue una constante en el mes.
Mediante su reporte mensual, Espacio Público detalló que las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, con 5 casos, seguidos de los cuerpos de seguridad a quienes identificaron en 3 ocasiones como violadores del derecho fundamental a la libertad de expresión. En cuanto a las víctimas, la organización señaló que se vio afectada la ciudadanía en dos ocasiones, 2 particulares, un camarógrafo/a o técnico/a y un reportero/a.
Espacio Público recordó que el Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó el 10 de abril medida privativa de libertad en contra de la periodista de Impacto Venezuela, Nakary Mena, y de su esposo Gianni González bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras más de 70 horas desaparecidos.
“Ambos desaparecieron en la tarde del 8 de abril luego de terminar de producir un reportaje en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas días después de la publicación en Impacto Venezuela de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad”, recordó la ONG.
Por otra parte, recordaron el caso del señor Luis López,de 82 años de edad, tiene tres meses detenido. Lo detuvieron el 21 de enero de 2025 por llevar un panfleto con resultados electorales en su centro de votación y una Constitución. Fue imputado por “terrorismo” e “incitación al odio”.
Periodismo detenido
El periodista Carlos Julio Rojas cumplió un año detenido el 15 de abril. Eduardo Torres, abogado de Rojas, alertó que todavía no tienen acceso al expediente del caso y que Rojas es víctima del “triángulo de la injusticia: jueces del terrorismo, la Fiscalía que no actúa de buena fe sino que es el brazo operativo para perseguir y encarcelar, y finalmente las defensas públicas”.
Édgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas recordó en una rueda de prensa que 13 periodistas o trabajadores de la prensa detenidos que no tienen acceso a un abogado de confianza y a quienes se le ha violado el derecho al debido proceso. “Al periodista o al trabajador de la prensa imputado falsamente se le priva de libertad y los juicios se desarrollan estando en cautiverio”, alertó.
El Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo ratificó la condena de 15 años de prisión para el activista político Nelson Piñero, el 28 de abril. Cuando ocurrió la detención de Nelson Piñero, el 22 de noviembre de 2023, su hijo declaró que en su caso no se cumplió el debido proceso, así como tampoco hubo una orden judicial. Meses después, sus familiares informaron que Piñero no recibía tratamiento médico para su hipertensión, diabetes y enfermedad renal.
Por su parte, Conatel impuso medidas económicas a las empresas que brindan el servicio de Internet, un mecanismo indirecto que afecta el derecho a la libertad de expresión y se suma a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
