Después del fraude electoral del 28 de julio del 2025, se puede afirmar que en Venezuela gobierna una dictadura con apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas y un sistema de poderes públicos al servicio del régimen.
No hay “normalidad” en el país después del secuestro de la voluntad popular y la imposición, por la vía de la violencia de Estado, de una “paz” lograda por medio de secuestros, desapariciones, detenciones y torturas de líderes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas. El régimen pretende hacernos creer que la aparente desmovilización de la ciudadanía implica la aceptación de la dictadura y aspira a imponer el miedo como recurso que sustituya la legitimidad que no obtuvo en las elecciones.
Esta necesidad de tratar de amedrentarnos obliga al régimen a renovar, semana a semana, sus gestos de violencia. Actos de “graduación” de efectivos militares en medio de amenazas a la disidencia política, interminables ruedas de prensa donde se habla de planes conspirativos de la oposición, largas exposiciones del fiscal general atacando a organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales, las amenazas que semana a semana hace el hombre del garrote a activistas de DD. HH., periodistas y líderes políticos, son parte del repertorio de un régimen que necesita amenazar a una población desarmada y pacífica que decidió desalojarlos del poder.
La llamada “unidad cívico, militar y policial” no es más que un eufemismo que emplea la dictadura para justificar la militarización de la sociedad con el despliegue de las fuerzas armadas, el partido de gobierno, los milicianos y una red de informantes (sapos) en las comunidades. Esta supuesta fusión de lo militar con lo civil, evocando un nacionalismo infantil y supuestos valores bolivarianos (¡falso!), es la excusa de un régimen que pretende componer una sociedad vertical y sumisa donde el Estado se confunda con el partido de gobierno, la existencia de los servicios públicos dependa de la lealtad al régimen y el derecho a la ciudadanía se gane por medio de la fidelidad al dictador.
Quienes gobiernan a Venezuela desean erigirse en salvadores de la patria, pero apenas logran mostrarse como unos matones que se aferran al poder.
No hay normalidad después del 28 de julio y no hay forma de que el régimen nos convenza de pasar la página. El venezolano no ha renunciado a su compromiso de ser libre. Ellos lo saben y por eso repiten sus amenazas mientras que la mayoría del pueblo se organiza para hacer frente a la dictadura y retomar el camino del cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los venezolanos.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Roberto Patiño es cofundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive | rpatino.com
- Según la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994), se “considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
- Según el balance mensual de Foro Penal, para el 2 de abril se desconocía el paradero de 62 presos políticos, una situación que debe ser considerada como una desaparición forzada”. Luchar por el retorno de democracia es trabajar por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
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