Durante abril de 2025 la ONG Espacio Público documentó una disminución en la frecuencia de casos registrados sobre violaciones del derecho a la libertad de expresión. En total, contabilizaron 5 casos, lo que representan diez violaciones del derecho, categorizadas en hostigamiento judicial (4), Intimidación (4) y censura (2). La detención arbitraria fue una constante en el mes.
Mediante su reporte mensual, Espacio Público detalló que las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, con 5 casos, seguidos de los cuerpos de seguridad a quienes identificaron en 3 ocasiones como violadores del derecho fundamental a la libertad de expresión. En cuanto a las víctimas, la organización señaló que se vio afectada la ciudadanía en dos ocasiones, 2 particulares, un camarógrafo/a o técnico/a y un reportero/a.
Espacio Público recordó que el Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó el 10 de abril medida privativa de libertad en contra de la periodista de Impacto Venezuela, Nakary Mena, y de su esposo Gianni González bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras más de 70 horas desaparecidos.
“Ambos desaparecieron en la tarde del 8 de abril luego de terminar de producir un reportaje en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas días después de la publicación en Impacto Venezuela de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad”, recordó la ONG.
Por otra parte, recordaron el caso del señor Luis López, de 82 años de edad, tiene tres meses detenido. Lo detuvieron el 21 de enero de 2025 por llevar un panfleto con resultados electorales en su centro de votación y una Constitución. Fue imputado por “terrorismo” e “incitación al odio”.
Periodismo detenido
El periodista Carlos Julio Rojas cumplió un año detenido el 15 de abril. Eduardo Torres, abogado de Rojas, alertó que todavía no tienen acceso al expediente del caso y que Rojas es víctima del “triángulo de la injusticia: jueces del terrorismo, la Fiscalía que no actúa de buena fe sino que es el brazo operativo para perseguir y encarcelar, y finalmente las defensas públicas”.
Édgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas recordó en una rueda de prensa que 13 periodistas o trabajadores de la prensa detenidos que no tienen acceso a un abogado de confianza y a quienes se le ha violado el derecho al debido proceso. “Al periodista o al trabajador de la prensa imputado falsamente se le priva de libertad y los juicios se desarrollan estando en cautiverio”, alertó.
El Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo ratificó la condena de 15 años de prisión para el activista político Nelson Piñero, el 28 de abril. Cuando ocurrió la detención de Nelson Piñero, el 22 de noviembre de 2023, su hijo declaró que en su caso no se cumplió el debido proceso, así como tampoco hubo una orden judicial. Meses después, sus familiares informaron que Piñero no recibía tratamiento médico para su hipertensión, diabetes y enfermedad renal.
Por su parte, Conatel impuso medidas económicas a las empresas que brindan el servicio de Internet, un mecanismo indirecto que afecta el derecho a la libertad de expresión y se suma a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
