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Aproximación a León XIV

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@asdrubalaguiar

La elección de León XIV como sucesor en la cátedra de Pedro ha sorprendido al mundo. No aparecía en las quinielas del mercado y su elección se presagiaba tormentosa, tras el repetido argumento de la división de la Iglesia católica entre cardenales progresistas y tradicionalistas. De un americano del sur tenemos ahora a un hombre de las Américas, en plural. No obstante, la pregunta que se repite y habrá de ser despejada por el electo es la misma: ¿continuidad o disrupción?

Y como las simplificaciones están a la orden del día, algo propio del ecosistema globalizador dominante, nutrido de polarizaciones y posverdades y de una contracultura de la fugacidad, será pertinente esperar. Luego podrá situarse en sus justas dimensiones el sentido y la trascendencia del papado que se inaugura. Lo expedito en la deliberación del cónclave indica que sí obró el Espíritu Santo. Los problemas de ayer siguen siendo los mismos, de allí que la continuidad se impone. El método para resolver acaso sea distinto, pues el carisma y la personalidad del pontífice son otros. Al cabo, los fundamentos de la Iglesia de Cristo cuentan con un respaldo milenario. 

León XIV es un sacerdote agustino, prior que fue de su orden y luego cardenal prefecto de la Congregación de los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. De 69 años, nacido en Chicago, de madre española y padre norteamericano, es descendiente inmediato de inmigrantes franceses y procedentes de España. Mas, el ahora pontífice, creado príncipe de la Iglesia por Francisco, sirvió como misionero y obispo en Chiclayo. Un hombre universal, en suma.

De apariencia sencilla, recatado, de sentido común según los que le conocen, ajeno a ser el centro de la atención fue llamado a Roma, donde previamente alcanza su licenciatura y doctorado en derecho canónico en la Universidad Angelicum. Su preocupación por la labor de la Iglesia en favor de los pobres y haber sido director de misiones de la Orden de San Agustín antes de ser arzobispo, hubo de llamar la atención del papa recién fallecido.

Robert Francis Prevost Martínez, ahora sumo pontífice, un licenciado en matemáticas por la universidad agustina de Villanova sita en Filadelfia, en su primera aparición en la plaza de San Pedro evocó el ejemplo de papa Bergoglio, asegurando la uniformidad en la Iglesia católica. Mas el nombre que ha elegido, León, marca su decisión de atajar y conducirnos en el tiempo nuevo, Rerum Novarum. Tratará, es lo previsible, de hacer cesar las tendencias –exacerbadas por el mundillo de las redes y resueltas tras su elección fast track– ofreciéndoles una perspectiva trascendente en un mundo de inmediateces digitales.

Sin lugar a dudas, papa Prevost, por su oficio y el carisma de ser hijo de San Agustín, compartirá la opción preferencial por los pobres, al ser, además, más que un obispo estadunidense un prelado latinoamericano nutrido con las enseñanzas del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño); en lo particular, con las actualizadas en Aparecida de 2007 y alcanzadas bajo el pontificado de Benedicto XVI, tanto como realizadas con fervor magisterial por el mismo Francisco: “La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso. De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos: el Dios cercano a los pobres y a los que sufren”, precisaba entonces papa Ratzinger.

Al presentarse ante la plaza de San Pedro, sin hacer menguar la serenidad de su sencillez y la firme ecuanimidad de su carácter, retomó los ornamentos papales, el llamado traje de coro, que incluyó la muceta. Y en sus palabras ante la urbe romana destacó su condición de agustino e hizo presente su vínculo afectivo con la ciudad peruana sede de su obispado y de habitantes cálidos.

De modo que, repito, habremos de esperar por las primeras líneas intelectuales que trace en sus documentos apostólicos, para discernir sobre León XIV, lejos de las especulaciones más propias a los conciliábulos ocupados del poder político y por quienes aún se empeñan en hacer del Vaticano una filial de las internacionales posmodernas del progresismo y el nacionalismo: “Mi reino no es de este mundo”, predica Jesús (Juan: 18:36).

A modo de ejercicio hipotético, sin embargo, algunos signos acaso pueden ser indicativos del cambio o de la continuidad metodológica a que haya lugar en el gobierno de la Iglesia de Roma y su Estado Vaticano, sin que ello signifique la probabilidad de modificaciones o reinterpretaciones en el plano de lo teológico.

La escogencia por el papa de su nombre evoca el pontificado y la ejemplaridad de León XIII, Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, que duró 25 años, fue puente entre los siglos XIX y XX, y autor de la celebérrima encíclica sobre las Cosas nuevas, adoptada en un contexto crítico, el de la revolución industrial y las tensiones sociales que aparejaba hacia 1891. Su propósito era promover la protección de los trabajadores y su afiliación en sindicatos católicos a objeto de ordenar sus relaciones con los patronos, alejándolos de la pugnacidad animada por los marxistas y los anarquistas, encontrando un equilibrio entre las corrientes liberal y socialista, y respetándose a la propiedad privada.

Esa fue, al caso, la fuente nutricia posterior de los partidos y movimientos demócrata cristianos en las Américas, tras la visita a Roma de dos jóvenes líderes universitarios católicos, en 1933, reunidos en Congreso con sus pares europeos, el chileno Eduardo Frei Montalva y el venezolano Rafael Caldera.

La Rerum Novarum del presente –en medio de una acelerada relajación de los referentes morales y la punzante ansiedad en la que todos vivimos, como decía de las suyas León XIII– están a la vista. Son las que deja Francisco y hacen presa de su sucesor. Sobre ellas habrá de proveer este, como guía espiritual de la cristiandad, a saber, sobre el desorden geopolítico y la cultura del relativismo sobrevenidos tras las grandes revoluciones industriales del siglo XXI, la digital y la de la inteligencia artificial (IA). “Caminar con ustedes como una Iglesia unida, buscando la paz y la justicia”, ha sido el pedido inaugural del pontífice a sus “hermanos cardenales”.

El carisma agustiniano

El otro elemento de juicio a considerar, ya mencionado, es el carisma del papa elegido. Se trata de un cuidador de las enseñanzas de Agustín de Hipona, San Agustín. Estas, como principios filosóficos son útiles como aproximación para el manejo de las realidades temporales y en su testeo bajo las reglas que, para su acción social y eclesial, hizo suyas su predecesor. Constan en Evangelium Gaudium (2013), escrita por Francisco al iniciar su pontificado: “El tiempo es superior al espacio; la unidad prevalece sobre el conflicto; la realidad es más importante que la idea; el todo es superior a la parte”.

Así como Francisco pone un cable en tierra y atiende a la perspectiva cabalmente humana en su razonamiento –a los poderosos y los políticos solo les importa el espacio para instalarse, olvidando que lo esencial reside en los procesos e impulsarlos a lo largo del tiempo– en la cosmovisión agustiniana la mente es el lugar en el que se produce la experiencia tanto del tiempo como del espacio. Siendo el tiempo presente del pasado, presente del presente y presente del futuro, a la luz de las enseñanzas del obispo de Hipona, el espacio como el tiempo se viven e interpretan a la luz de cada experiencia y de su percepción. Son elementos, ambos y sin jerarquías, constitutivos de la realidad interior y espiritual del hombre.

La unidad agustiniana, en el mismo orden, reside en Dios y en su búsqueda por todos, en la armonía del alma, ha de ser lo común. Entretanto, el conflicto es lo propio de la lucha interior entre la voluntad y las pasiones, que incluyen a las divisiones políticas y sociales. Aun así, son el anverso y el reverso de la experiencia existencial: expresión esta de la Ciudad del Hombre y aquella de la Ciudad de Dios. Bergoglio, al respecto, se ubica para su reflexión en la cotidianidad de lo humano, soslayando la trascendencia sin negarla, exigiendo se aborden los conflictos sociales y políticos con espíritu de colaboración, para sostener y privilegiar la unidad en la diversidad. De donde cabría una pregunta a ser resuelta: ¿acaso en la unidad de los ánimos y mediante un sincretismo entre la luz y la escuridad?

San Agustín regresa de nuevo al interior de la persona –cuya libertad bendice tanto como su natural vocación al bien, pues, en su criterio, el mal carece de entidad. Solo es ausencia o carencia de bien– explicándonos que la realidad y las ideas están íntimamente relacionadas, la una con la otra, pues son fundamentales para comprender la Verdad, que es la base de todas las ideas y es Dios mismo.

No por azar, San Pablo dice que son los hombres quienes aprisionan la verdad con la injusticia; pues el mismo Dios se manifiesta en ellos –sus imágenes– y les muestra sus perfecciones invisibles haciéndoselas visibles a la inteligencia, a través de las cosas creadas. La realidad objetiva, así, no es la que forma o precede a las ideas. Las ideas solo se aclaran en la inteligencia, recibida como don, en su verificación a través y en contraste con la obra material de la Creación. A Evangelium Gaudium le preocupa, antes bien, el divorcio de las ideas con la realidad tangible, tanto como si fuese posible una unidad de perspectiva sobre esta, en el marco de la diversidad humana y la experiencia única e irrepetible de cada persona.

En fin, en cuanto a la relación del todo con las partes, que a tenor de la aproximación terrenal del pontificado franciscano dicha totalidad enraíza con la misión de la Iglesia y en su opción preferencial por los pobres, según la perspectiva carismática de los agustinos la unidad como idea es la de Dios, mientras que las partes integran al orden cósmico en el que cada criatura tiene una función; su sentido es el propender al bien de la totalidad. Podría decirse así que, relacionándose la partes a través de Dios como un todo, no siendo perfectas ni eternas aquellas sino perfectibles, son, sin embargo, los testimonios de la sabiduría y la creatividad divinas.

Restaría decir, por lo pronto y al margen que, en consonancia con el principio del “buen vivir” (Sumak kawsay), ancestral de los pueblos indígenas y predicante de la armonía del hombre –varón y mujer– con la Naturaleza y su comunidad, tal como lo recoge la Exhortación apostólica querida Amazonia (2020), San Agustín apunta a lo universal, a la idea de la “vida buena”. Ciertamente, defiende las características y leyes inherentes a las cosas creadas, a la llamada naturaleza, pero pone su énfasis en la voluntas beate vivendi, como don de Dios dado a toda criatura humana, sobresaliente en la Creación.

Ello significa, según Saturnino Álvarez (1988) y conforme a lo predicado por el santo de Hipona, que la voluntad de vida buena se pierde si se le limita al liberum arbitrium; pues la arbitrariedad en la libertad conlleva al pecado. La voluntad de bien como poder ha de ser entendido, según este, para que se vuelva verdadera libertas o vida buena, como la liberación para hacer el bien e inmunizarnos contra la servidumbre. La vida buena no es, por ende, buen vivir. Es conciencia de libertad, como poder ordenado al bien, bajo la premisa de la caritas.

León XIV en su última homilía como obispo en Chiclayo, persuadido del sufrimiento, de las dificultades y del desanimo que cunde en no pocos y los lleva incluso a decir ¡Basta, Señor!, nos pide que “sigamos caminando”. Lo ha repetido hace pocas horas en Roma. “Solos no lo lograremos”, precisó. In illo uno unum (En Aquel que es Uno, somos uno) reza su escudo papal, tomado de un comentario de San Agustín al Salmo 127.

correoaustral@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Corte Suprema autorizó revocación del TPS para más de 300 000 venezolanos 

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La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió este lunes revocar el Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) a más de 300 000 venezolanos.

El máximo tribunal estadounidense accedió ante una solicitud de emergencia presentada por la administración del presidente Donald Trump, lo que significa que las autoridades pueden proceder a no renovar el TPS a los venezolanos.

En vista de la inestabilidad política en Venezuela, en marzo de 2021 el gobierno de Joe Biden declaró que los venezolanos eran elegibles para el programa federal que existe desde 1990 en procura de brindar ayuda humanitaria a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.

De acuerdo a las leyes, las personas aceptadas en el programa poseen estatus legal en Estados Unidos y pueden obtener autorización de trabajo por hasta 18 meses, sujeta a prórrogas.

El TPS forma parte de una serie de apelaciones de emergencia que la administración de Trump ha presentado ante la Corte Suprema, la mayoría relacionadas con la migración. 

La semana pasada, el gobierno solicitó a la Corte que le permitiera cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales por los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados ​​de ser miembros del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organización Mundial contra la Tortura pide poner fin a aislamiento prolongado de presos políticos

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) pidió poner fin al aislamiento prolongado de los presos políticos en Venezuela y expresó su rechazó a las detenciones arbitrarias, la tortura y la violación al debido proceso.

La OMCT señaló que desde el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela, se ha registrado un aumento significativo de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, incluyendo aislamiento prolongado e incomunicación con sus familiares, llegando algunos a pasar hasta nueve meses sin contacto con el exterior.

La organización detalló que los detenidos, en su mayoría, no han tenido acceso a una defensa adecuada ni han podido contar con abogados de su confianza. También se les ha negado atención médica, incluso en casos de enfermedades o condiciones que requieren tratamiento urgente, lo que refleja un patrón sistemático de violaciones impulsado desde el Estado.

En su pronunciamiento, la organización exige al Estado venezolano que cese inmediatamente el aislamiento prolongado, garantice el contacto con sus familias y permita visitas regulares. Además, pide la liberación incondicional de todos los presos políticos, el respeto al debido proceso, el acceso a defensa legal independiente y atención médica adecuada. La OMCT también hizo un llamado a adoptar medidas para proteger la seguridad y bienestar de los detenidos y sus familiares, quienes enfrentan amenazas y represalias por exigir justicia.

Los familiares de 11 personas privadas de la libertad por razones políticas denunciaron las duras condiciones de detención en las que se encuentran Freddy Superlano, Perkins Rocha, Afredo Díaz, Biagio Pilieri, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Baduel y, además, solicitaron a la comunidad internacional su apoyo para exigir su liberación inmediata.

La organización reafirmó su compromiso de seguir vigilando y denunciando estas violaciones, en defensa de la dignidad y los derechos de todos los presos políticos en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El adolescente Gabriel Rodríguez lleva casi cinco meses detenido y su juicio está estancado

El proceso de juicio del adolescente Gabriel Rodríguez de 16 años, detenido el pasado 9 de enero en el ambulatorio de Cabudare, estado Lara, en medio de la represión poselectoral, no ha avanzado desde que se le dio apertura el pasado 18 de marzo.

La última audiencia del juicio de Gabriel Rodríguez estaba prevista para el pasado viernes 16 de mayo de forma telemática. Según declaró un familiar del adolescente, la misma no se pudo efectuar “porque no se presentaron los elementos probatorios de acusación”. Le dieron una nueva fecha inicial para el 28 de mayo, pero terminó fijada para el viernes 30.

“Esto de verdad es una odisea muy grande, porque yo no entiendo qué más quieren. No entiendo, no comprendemos. Hace dos semanas atrás entregaron nuevamente todos los recaudos y no entendemos qué es lo que pasa. Se entregaron también nuevamente en la Fiscalía General, nuevamente a su defensor público”, declaró a Runrun.es un familiar de Gabriel Rodríguez que prefirió resguardar su identidad por seguridad.

El familiar conoció que en la audiencia anterior, realizada hace dos semanas, el adolescente “le clamó al juez que lo dejara estudiar“. Asimismo, expresó: “Él quería graduarse con sus compañeros de clase. Salió muy destrozado cuando lo sacaron de tribunales vía telemática. Esto me da miedo, me da impotencia”, denunció el familiar.

A pesar de que el adolescente se está alimentando, su salud mental se ha visto sumamente deteriorada. Su familia alertó que se ha deprimido mucho porque considera injusto estar detenido por algo que él no hizo. “Se deprimió mucho por la graduación, porque para él su estudio era primordial”.

“Él salió devastado. Toda mi familia me dijo que estaba muy mal, que lloró demasiado saliendo porque él ha pedido que le den sus beneficios, porque realmente él quiere terminar sus estudios y él no quiere ya seguir ahí. Él dice que no ha hecho nada como para estar en una prisión, él no es un delincuente, no ha robado, no ha matado. Siempre trató de hacer las cosas bien para no caer en eso”, añadió su familiar.

En Venezuela hay cinco adolescentes detenidos en medio de la represión poselectoral, de acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano actualizadas hasta el 12 de mayo. Gabriel Rodríguez forma parte de ese grupo de menores de edad que siguen detenidos.

Detenido por tener “pinta de guarimbero”

El 9 de enero de 2025, Gabriel Rodríguez salió de su trabajo vacacional en una panadería artesanal en Cabudare, estado Lara. Con fiebre alta, llegó al ambulatorio más cercano en el centro de la ciudad. En ese lugar, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron sin ninguna explicación.

El adolescente fue detenido en el mismo sector que Jesús Useche, un joven de 19 años con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), quien fue excarcelado el pasado 11 de abril con medidas cautelares.

Desde muy pequeño, Gabriel se acostumbró a colaborar con su familia, por eso estaba trabajando en una panadería artesanal durante sus vacaciones. Este establecimiento está comenzando, por lo cual no disponían de uniformes. Ese día vestía con una bermuda y un suéter. Solo por ese motivo los efectivo lo calificaron como un “guarimbero”. Actualmente está recluido en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como “El Manzano”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Suspenden todos los vuelos provenientes de Colombia

El gobierno de Nicolás Maduro anunció este lunes la suspensión de todos los vuelos provenientes de Colombia ante una eventual llegada de supuestos “mercenarios” con el pretendido propósito, según denunció, generar violencia en las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo 25 de mayo.

Así lo expresó en una alocución a través del canal Venezolana de Televisión (VTV) el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

”Hemos dado instrucciones nosotros de que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela, porque la información que traemos, que tenemos, tiene que ver con este tipo de traslados de gente”, dijo el funcionario público.

Cabello indicó que hasta ahora hay 38 detenidos, entre ellos, 17 extranjeros, supuestamente vinculados a “grupos mafiosos de violencia, de terrorismo y de conspiración que entraron a Venezuela«por la vía de la frontera terrestre con Colombia o en vuelos procedentes del país vecino”.

Según el ministro, las embajadas acreditadas en Venezuela son el principal blanco para un supuesto ataque, seguidas de comandos policiales, hospitales, centros asistenciales, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas.

A juicio de Cabello, el plan también incluye atentar contra personalidades tanto del oficialismo como de la oposición, especialmente candidatos opositores a los comicios del 25M.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el proceso habilitará un total de 15.736 centros de votación en los que habrá 27.713 mesas.

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero,  dijo que habrá un total de 1.236 centros de acopio que resguardarán máquinas de votación en caso de que alguna presente fallas en un centro.

  *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El habeas corpus, una garantía judicial que no se respeta en Venezuela

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El habeas corpus, del latín «deberías tener el cuerpo», es una garantía judicial cuyo fin primordial es poner a disposición de los jueces la persona detenida a fin de que éste examine la legalidad de la privación y, de considerarlo pertinente, decrete la libertad. En Venezuela, este es un mecanismo poco efectivo que no se respeta.

En un reportaje publicado por el medio aliado TalCual, se recuerda que existe un patrón que consta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, presos aislados y sin derecho a visitas, lo cual ha sido denunciado en Venezuela por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Además de la violación al debido proceso de los detenidos por razones políticas, estas prácticas representan una tortura psicológica para los familiares, quienes se ven obligados a recorrer diariamente las cárceles venezolanas en búsqueda de sus seres queridos.

El caso más reciente es el del abogado de Provea Eduardo Torres, quien fue visto por última vez el viernes 9 de mayo en Parque Central, Caracas. Desde ese momento, su esposa comenzó las gestiones para encontrarlo, pero sin obtener respuesta. El 13 de mayo fue cuando el fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, confirmó su detención, pero sin ofrecer detalles.

Habeas corpus y su propósito

Esta garantía judicial implica que una persona debe poder comparecer ante un tribunal para que un juez pueda evaluar si esa persona ha sido detenida legalmente. Se trata de una especie de barrera contra el arresto ilegal y el procedimiento es menos formal.

Este mecanismo fue concebido para terminar con detenciones ilegítimas, es decir aquellas que se hayan practicado sin una orden judicial escrita o por una autoridad incompetente, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de Venezuela y con los instrumentos internacionales.

El principal uso del habeas corpus ha sido tratar de liberar a las personas que se encuentran encarceladas. Asimismo, puede dar lugar a la desestimación de cargos penales, nuevos juicios o apelaciones, el nombramiento de un abogado y órdenes judiciales que instruyan la reparación de condiciones de confinamiento crueles o inhumanas.

De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución de Venezuela, se establece el derecho a la acción de amparo a la libertad o seguridad personal. La norma señala que el procedimiento será «oral, público, breve y gratuito»; además, indica que el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto.

Efectividad en Venezuela

El informa “Tutela judicial efectiva e independencia judicial del Tribunal Supremo de Justicia en procedimientos de habeas corpus”, elaborado por la organización Acceso a la Justicia, afirma que el instrumento legal creado en la Edad Media como limitación al poder de los monarcas «no es un recurso efectivo» en la actualidad para garantizar la libertad individual ni la vida en Venezuela.

Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU denunció el pasado 14 de mayo la falta generalizada de protección judicial efectiva en Venezuela.

Según la revisión de casos desde el año pasado, la Misión corroboró que en al menos 20 casos los recursos de habeas corpus no fueron recibidos, fueron rechazados o no obtuvieron respuesta.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Informe revela que la Defensoría del Pueblo “ha funcionado como un apéndice discursivo del poder”

En Venezuela, la institución encargada de velar por los derechos humanos se ha convertido en un engranaje más del aparato estatal. Así lo demuestra el informe elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que analiza el desempeño de la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Alfredo Ruiz.

Este informe pone en evidencia que, lejos de actuar con autonomía frente a los abusos del poder, la Defensoría ha permanecido inactiva —e incluso cómplice— ante graves violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de tortura y asesinatos documentados por instancias nacionales e internacionales.

Inspirado en la figura de Argos, el centinela de cien ojos de la mitología griega, el informe denuncia cómo la Defensoría ha cerrado los suyos frente al sufrimiento ciudadano. A través de una revisión normativa, testimonios de víctimas y un análisis comparativo con otras experiencias regionales, se concluye que la institución ha sido cooptada políticamente, degradada internacionalmente y vaciada de contenido. La trayectoria de Alfredo Ruiz simboliza la regresión de un defensor de derechos a un legitimador del abuso.

“En lugar de actuar como contrapeso institucional, la Defensoría ha funcionado como un apéndice discursivo del poder, reproduciendo narrativas oficialistas y minimizando denuncias”, advierte el informe.

Origen y funcionamiento institucional de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo (DP) de Venezuela fue creada en 1999 con la nueva Constitución como parte del Poder Ciudadano, junto al Ministerio Público y la Contraloría, con el mandato de promover, proteger y vigilar los derechos humanos. Su estructura y funciones se formalizaron en 2001 con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP), que establece su autoridad, organización y competencias.

De acuerdo con el informe, la Defensoría del Pueblo actúa bajo principios de autonomía, independencia e imparcialidad, aunque sus decisiones no son vinculantes. Cuenta con oficinas regionales, direcciones especializadas y un reglamento interno aprobado en 2007 que define su operatividad.

En 2015 se añadieron cinco líneas generales de actuación: promoción, defensa, vigilancia, mediación y propuesta de políticas públicas en materia de derechos humanos. Desde su creación ha tenido cuatro titulares. Aunque su marco normativo es robusto, su desempeño en la práctica ha sido cuestionado por inacción ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Evaluación de la actuación de la Defensoría del Pueblo venezolana

Los Principios de París

Los Principios de París, adoptados por la ONU en 1993, establecen los estándares internacionales que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), como las Defensorías del Pueblo. Estos principios exigen que las INDH tengan un mandato claro y amplio, basado en la Constitución o la ley, para abordar cualquier violación de derechos humanos sin limitación.

De acuerdo con el informe de “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”, estos principios deben actuar con independencia política y financiera, garantizar la pluralidad social en su estructura, y cumplir funciones amplias, como monitorear violaciones, emitir recomendaciones, educar en DDHH, y colaborar con organismos internacionales.

La cooperación internacional es clave para reforzar sus capacidades. Estos estándares buscan asegurar instituciones que actúen con efectividad, autonomía y legitimidad en la protección de los derechos humanos.

Organismos internacionales que monitorean a las Defensorías del Pueblo

Diversos organismos internacionales evalúan el desempeño de las Defensorías del Pueblo. Entre ellos destaca GANHRI, que otorga acreditaciones según el cumplimiento de los Principios de París: “A” (pleno cumplimiento), “B” (parcial) y “C” (incumplimiento). La Defensoría venezolana recibió la acreditación “A” en 2006, pero fue degradada a “B” en 2016 por pérdida de independencia.

Otros organismos clave son el Instituto Internacional del Ombudsman, que brinda capacitación y apoyo técnico; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que supervisa el rol de las defensorías frente a crisis; RINDHCA, que promueve buenas prácticas en América Latina; y la OACNUDH, que ofrece asistencia técnica y evalúa la aplicación de los Principios de París.

El informe advierte que la degradación de la Defensoría venezolana ha limitado su participación internacional, debilitando su legitimidad y capacidades ante organismos de DDHH.

Evaluación de los organismos internacionales de DDHH

Organismos internacionales han criticado severamente la actuación de la Defensoría del Pueblo en Venezuela. Informes de la Misión de la ONU (2020–2024) documentan su inacción frente a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, denunciando obstáculos en la recepción de casos y una actitud pasiva. También señalan su alineación con el gobierno y pérdida de credibilidad.

Por su parte, ACNUDH ha criticado la falta de independencia y transparencia de la Defensoría del Pueblo, aunque ha reportado casos puntuales de cooperación reciente. Por su parte, la CIDH incluye a Venezuela entre los países con peores registros en DDHH, denunciando que la Defensoría ha sido cooptada políticamente y no responde adecuadamente a las violaciones.

A nivel regional, el ente de monitoreo y protección más importante es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha incluido a Venezuela en el capítulo IV -destinado a los países con peor desempeño en DDHH- de su informe anual y ha realizado reportes especiales sobre la situación del país.

Evaluación de las organizaciones nacionales

En Venezuela, según recuerda el informe, organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia destacan la ineficacia, opacidad en la rendición de cuentas y la designación irregular en la Defensoría del Pueblo. En conjunto, se evidencia un fuerte deterioro de la función de la Defensoría, alejándose de los estándares internacionales.

Una de las críticas de la ONG Acceso a la Justicia es que la Defensoría no publica sus informes anuales ni ofrece información clara sobre denuncias tramitadas, resultados o impactos de sus gestiones, y más del 60 % de los casos son catalogados sin resolución clara.

Antecedentes de la gestión de la actual Defensoría del Pueblo

La designación de Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo

Alfredo Ruiz fue designado Defensor del Pueblo el 23 de diciembre de 2017 por la extinta constituyente, en un proceso considerado ilegítimo por organizaciones nacionales e internacionales. Antes de asumir ese cargo, fue adjunto en Derechos Humanos durante la gestión de Tarek William Saab, y tuvo una amplia trayectoria como defensor de derechos humanos en la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Diversos activistas que lo conocieron destacan su compromiso inicial con comunidades populares de Caracas, su vinculación con movimientos cristianos de base y su rol destacado dentro de la Red. Fue descrito como un líder respetado, con vasto conocimiento jurídico y ético, aunque de carácter reservado. Su labor en sectores como La Vega y la Cota 905 dejó huella como un referente comunitario, incluso formando espacios de convivencia inspirados en valores religiosos.

Sin embargo, pese a su origen en el activismo social y comunitario, la falta de legitimidad en su nombramiento como Defensor del Pueblo y su desempeño posterior han generado críticas sobre su independencia y compromiso real con la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Según recuerda el informe, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz surgió en 1985 en Caracas tras una emergencia habitacional y luego se transformó en una ONG de derechos humanos tras el asesinato de Freddy Dugarte a manos de la policía. Fue pionera en el país en documentar abusos, ofrecer asistencia jurídica y presionar por reformas legales. Alfredo Ruiz, figura clave de la organización, destacó por su trabajo en la prevención de la tortura y la promoción de instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma.

Sin embargo, la llegada del chavismo en 1998 marcó un giro ideológico. Muchos integrantes, incluido Ruiz, se alinearon con el gobierno, adoptando una visión clasista y partidista de los derechos humanos. Ruiz se vinculó al entorno de Tarek William Saab y desde allí se desplazó hacia un activismo político. Otros miembros de la Red también asumieron cargos gubernamentales.

Con el tiempo, la Red se distanció del resto de ONG independientes, especialmente tras la reforma policial y el retiro de Venezuela de la CIDH. La organización pasó a representar la “sociedad civil” afín al gobierno en foros internacionales, generando confusión. Aunque algunos testimonios revelan contradicciones internas, la trayectoria de Ruiz muestra una progresiva identificación con la narrativa oficialista del poder.

La actuación de la Defensoría del Pueblo en torno al 28 de julio

Para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Alfredo Ruiz anunció el despliegue de 700 funcionarios en todo el país para supervisar el respeto a los derechos humanos y al sufragio. Se planificaron visitas a más de 1.400 centros y 3.000 mesas electorales. Además, se impartieron talleres sobre el derecho al voto a 3.300 personas, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, el Plan República y otras instituciones del Estado.

El día de la elección, Ruiz calificó el proceso como “democrático” e hizo un llamado a votar en paz. Sin embargo, guardó silencio ante las denuncias de represión, asesinatos durante manifestaciones poselectorales y acusaciones de fraude en la publicación de resultados, las cuales fueron señaladas por observadores internacionales.

Su siguiente declaración ocurrió el 22 de agosto, cuando respaldó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro. También estuvo presente en el acto de juramentación presidencial del 10 de enero de 2025.

Un análisis de la cuenta oficial de la Defensoría en la red social X muestra una narrativa alineada con el discurso oficial, sin referencia crítica a los abusos denunciados tras el proceso electoral.

De activista a funcionario tolerante del abuso de poder

En el año 2013 fue aprobada la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Alfredo Ruiz, desde la Red de Apoyo, tendría una participación estelar en las mesas técnicas organizadas desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

En ese momento, según el informe, se pudiera esperar que con una persona como Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, su principal trabajo sería erradicar la práctica de la tortura en el país. Sin embargo, “los datos contradicen esa posibilidad”.

Si se toman los datos de los años en que Ruiz ha sido defensor del Pueblo, a partir de 2018, un total 1.135 personas han sido torturadas y 40 han fallecido como consecuencia de las torturas bajo su gestión. “No existe evidencia pública que ningún funcionario haya sido sancionado según la Ley promovida por el activista Alfredo Ruiz, en el año 2013”.

Valoración actual del rol de la Defensoría por activistas, víctimas y familiares

Además de defensores y defensoras que lo conocieron durante su época de trabajo en una ONG, Derechos Humanos, se consultó la opinión de activistas, víctimas y familiares de violación de derechos humanos sobre su experiencia concreta con la Defensoría del Pueblo en los actuales momentos.

“Es cómplice de la persecución, de la represión porque hay total opacidad e indiferencia con las denuncias que hacen las distintas víctimas. En las gestiones que hemos hecho este último año no se han negado a recibirnos, como si se negó la Fiscalía, tampoco dan respuesta”, declaró el familiar de un preso político.

Responsabilidad penal y administrativa de la Defensoría por omisión en el ejercicio de sus funciones

Diferentes normativas sancionan las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, en su artículo 19, que habla sobre la colaboración, encubrimiento y obstrucción, señala: “El funcionario o funcionaria pública que colabore de cualquier forma o encubra a los agentes responsables de tortura y tratos crueles será sancionado con de 13 a 23 años de prisión, e inhabilitación del ejercicio de la función pública por el mismo período”.

Otro ejemplo es la Ley Contra la Corrupción, la cual señala en su artículo 71: “Constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, cuando: 12) Realice en el ejercicio de su cargo, cualquier otro acto, hecho u omisión en el cual su interés particular, directo o indirecto, se contraponga al interés público”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Elecciones regionales y parlamentarias: ni por las buenas ni por las malas

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Las encuestas de opinión de este momento ubican la intención de voto para estas elecciones parlamentarias y de gobernadores en un porcentaje que oscila entre 35%-38%. De ellos, no todos están seguros de ir a votar, y claramente no todos lo harán.

No hay condiciones emocionales en la población para atender de forma masiva el llamado de estas elecciones. A simple vista, luce completamente explicable.  La gobernabilidad en Venezuela está muy lastimada y el deterioro es general. Hace tiempo que no se oye nada relevante de la gestión de un gobernador. Ni siquiera un gobernador chavista está seguro de poder afirmar que terminará su mandato: puede terminar como ministro a los dos años.

 No hay condiciones económicas para una fiesta electoral, ni muchísimo menos. Lo sucedido el pasado 28 de julio, con el duro proceso represivo que vino después, tiene contenidos e implicaciones muy protuberantes, sobre las cuales, como es natural, no se ha reflexionado. Las explicaciones oficiales han sido poco convincentes, no han abundado los detalles para dejar a la gente tranquila. Todavía hay personas saliendo de la cárcel por ejercer el derecho a manifestarse. Este episodio no ha terminado de ser digerido por completo por la población.

El llamado hecho por María Corina Machado para que la población se abstenga el próximo domingo cae sobre un silente estado de irritación, de una molestia inercial que tiene una explicación que va más allá de la política, producto de una realidad cotidiana plagada de insuficiencias, que nadie desconoce en este país.

De todos los estratos sociales y políticos de Venezuela, únicamente el chavismo duro, aquel que es incondicional con la revolución bolivariana -un 18%-20% de la población- parece totalmente decidido a participar en estas elecciones.

La probable ausencia de las mayorías nacionales es un problema para el oficialismo chavista y su narrativa de movimiento popular invicto, pero no un impedimento. El chavismo tiene técnica para pasarle por encima a estos vacíos.  Se ha encerrado en las paredes de su militancia y de sus consignas y puede movilizar algunas personas para felicitarse por su victoria. No es muy difícil adelantar maniobras sobre una ilusión de mayoría en tiempos de post verdad. Las cargas del futuro, pensaran en el gobierno, se enderezan en el camino.

En un marco de poca participación política, por supuesto que el oficialismo chavista parte con ventaja y probablemente obtenga la mayoría en las gobernaciones y la bancada mayoritaria del parlamento.

 El aparato político chavista del PSUV, empotrado en el Estado venezolano, hará lo de siempre: movilizar logísticamente a sus electores, aunque ahora sean muchísimo menos que antes, y hacer lo necesario para especular con las circunstancias del momento. Una de esas circunstancias es la abstención.

Las corrientes disidentes opositoras que están participando en esta elección -el partido Un Nuevo Tiempo y la tendencia de Henrique Capriles que se fue de Primero Justicia-, no tienen metas especialmente ambiciosas. Enunciadas, sin embargo, se aprecian bastante optimistas. Son espacios claramente minoritarios en el campo democrático.

Una bancada electoral aceptable-algunos políticos que no han querido identificarse han llegado a hablar de 60 o 70 diputados, y acaso unos 5 o 6 gobernadores (las encuestas les asignan 3 o 4). El más importante de ellos sería Manuel Rosales en el estado Zulia, que le daría continuidad a una importante plaza en la oposición.

Queda claro que el fomento a la participación de opositores como Henrique Capriles, Manuel Rosales, Juan Requesens o Tomás Guanipa forma parte de un ensayo aperturista del régimen para descomprimir la presión en su contra y dar una imagen de pluralismo político mejor a la actual.

Miraflores, como siempre, administra las tensiones con ellos. El mensaje es el mismo: aquel no se ponga a estar ganando elecciones o pensando en quitarles el poder, puede participar. Si no dan guerra y tienen una gestión de bajo perfil, se les permitirá existir. Si se crecen en exceso o cuestionan de más, es probable que se les acose institucionalmente y se les sancione. Estos políticos opositores no la tendrán fácil con estas reglas de juego.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país