El Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina (CADAL), anunció que el periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas, quien lleva más de un año detenido, fue galardonado con el premio «Graciela Fernández Meijide», correspondiente a la edición 2025.
Rojas compartió el reconocimiento con personas reconocidas por su trayectoria en contextos autoritarios como Nancy Henríquez de Nicaragua, Lizandra Góngora y Alexander Fabrega de Cuba.
Luego de evaluar las postulaciones recibidas provenientes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, el jurado expresó de manera unánime, su “alta consideración y reconocimiento a la trayectoria y valentía de todos y cada uno de los nominados, señalando la injusta situación de presidio por la que atraviesan por el solo hecho de defender de manera pacífica los ideales y principios que reglan la vida en democracia”.
En el caso del periodista y preso político, el Cadal reseñó que Rojas “ha asumido un rol más allá de informar; también el de promover acciones de cambio social y político”.
“A través de su oficio ha buscado concientizar sobre la crisis económica y social que afecta severamente a los ciudadanos de Venezuela, los abusos e ineficacia del poder gubernamental y dar voz a quienes no la tienen en beneficio de su comunidad y el país. Carlos Julio Rojas forma parte del grupo de 894 presos políticos actualmente en Venezuela”, se lee en el reconocimiento.
El Cedal recalcó que el oficio de periodista en Venezuela implica un grave riesgo en un país donde existe un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra con las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”.
El próximo sábado 23 de agosto, en recuerdo de las víctimas del totalitarismo, un panel hará la entrega del premio a una personalidad en representación del preso político galardonado.
Caso Carlos Julio Rojas
Rojas fue arrestado el pasado del 15 de abril de 2024 y acusado de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa, según el fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab.
Familiares, gremio periodístico y organizaciones de Derechos Humanos han solicitado la liberación de Rojas, además de denunciar la violación del debido proceso y el derecho a la defensa privada.
Por considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”, en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al periodista
Asimismo, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado de acción urgente por la libertad de Rojas y otros presos de conciencia para quienes pidió protección a su vida, seguridad y a no sufrir torturas mientras estén bajo custodia del Estado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El próximo domingo, 25 de mayo, ocho candidatos se disputarán la gobernación del estado Miranda para el periodo 2025-2029.
Con una población de 4.088.343 habitantes en 2023 y con un padrón electoral que supera los 2,2 millones de votantes, la entidad es una de las “joyas de la corona” tanto para el gobierno como para la oposición.
En esta contienda electoral, marcada por el sinsabor que dejó el resultado electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el llamado a la abstención y la división de la oposición, varias figuras políticas competirán para liderar esta importante región.
A continuación, presentamos a los principales candidatos y un breve resumen de quiénes son y que han hecho para optar por el cargo a la gobernación de Miranda:
Juan Requesens (UNT – UC)
Juan Carlos Requesens Martínez (36) es un politólogo y político venezolano. Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y líder estudiantil en las protestas antigubernamentales de 2014.
Requesens fue diputado por el estado Táchira a la Asamblea Nacional para el período 2016-2020 bajo el ala de Primero Justicia. En agosto de 2018, fue detenido y acusado de estar implicado en el intento de magnicidio con drones en un acto militar en Caracas.
El político pasó más de dos años encarcelado, recibió el beneficio de casa por cárcel hasta que en octubre de 2023 fue liberado tras el Acuerdo de Barbados.
En abril de 2025, Requesens presentó su candidatura a la gobernación de Miranda deslindándose del llamado a la abstención que mantiene la Plataforma Unitaria, que agrupa al partido Primero Justicia. Horas después, mediante un comunicado, el partido hizo pública su expulsión.
Elio José Serrano Carpio (61) es ingeniero electricista oriundo de los Valles del Tuy, estado Miranda. Desde septiembre de 2024, es el gobernador encargado del estado en sustitución de Héctor Rodríguez.
Entre 1995 y el año 2000 se desempeñó como concejal por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el Municipio Paz Castillo. Luego fungió como alcalde de la misma localidad hasta el 2008.
En el 2009 lo designaron como diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Partido Socialistamo viceministro de Gestión para Planificación de Infraestructura, del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.
En 2010 resultó electo como diputado al Partido Socialista Unido de Venezuela. Formó parte de la Comisión Permanente de Administración y Servicios.
Negal Morales (AD – Alianza Democrática)
Negal Manuel Morales Llovera (53) es un político militante de la junta ad hoc de Acción Democrática (AD) y actual secretario general de la facción en el estado Miranda.
En 2018-2019 fue secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, posteriormente formó parte de la controvertida directiva liderada por Luis Parra en 2020-2021, reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El 9 de enero Morales fue destituido de AD por incurrir en autoexclusión, un proceso conocido por algunos factores como “Operación Alacrán”, al aceptar la nominación como secretario del parlamento.
El 13 de enero, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo sancionó junto a otros siete diputados por su participación en el intento de juramentar a una junta directiva parlamentaria paralela.
Eric Ondarroa (Alianza del Lápiz)
Eric Daniel Ondarroa (42) es abogado y secretario general nacional de la Alianza del Lápiz. Aunque es poco reconocido en el ámbito político, Ondarroa cuenta con 21 años de experiencia en la gerencia de cargos públicos y en la dirección y activismo dentro del partido que también lidera
Actualmente, se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, institución dedicada a la promoción de la educación y la cultura en Venezuela.
Desde su rol en la Alianza del Lápiz, partido que lo postuló como candidato a la gobernación de Miranda, ha denunciado las precarias condiciones laborales de los docentes venezolanos y se ha destacado por ser un crítico acérrimo de la actuación del partido de gobierno y de la oposición.
En reiteradas ocasiones ha manifestado que “Venezuela se cansó de que el PSUV y la MUD sean más de lo mismo”, al tiempo que propone una agenda “centrada en la inclusión juvenil y en la educación”.
Máximo Sánchez (Fuerza Vecinal)
Máximo Sánchez es politólogo y se desempeña actualmente como presidente del Concejo Municipal de Chacao, además es el secretario general nacional del partido Fuerza Vecinal. Fue concejal metropolitano y ocupó la presidencia del Colegio de Politólogos de Venezuela
Para Sánchez, “la educación será el pilar fundamental de su gestión en el estado Miranda”. El politólogo es respaldado por los partidos: Derecha Democrática Popular, Arepa Digital, Min Unidad, Fuerza Vecinal y Ecológico.
Mérida Cabrera Valderrama (Bandera Roja)
De Mérida Cabrera Valderrama poco se sabe. En su perfil de Instagram se define como “cristiana, profeta del Dios Todopoderoso. Felizmente casada, madre de tres tesoros, empresaria y de San Fernando de Apure”. Es, según el portal Contrapunto, amiga y compañera de partido de Luis Ratti, quien se postuló a la gobernación del Zulia.
María Isabel García Villanueva (Unión Nacional Electoral UNE)
María Isabel Garcíaes candidata a la gobernación de Miranda con el apoyo del partido Unión Nacional Electoral. Egresada de la Universidad Simón Bolívar. De García Villanueva poco se conoce. En sus redes sociales indica que fue diputada por el estado Monagas y luchadora social.
Armando Felipe Melo (Confederación Nacional Democrática)
Armando Felipe Melo es abogado y director del partido Confederación Nacional Democrática (CONDE) en el estado Miranda, el cual es liderado por Benjamín Rausseo. En sus redes sociales expresa su intención de ofrecer una alternativa distinta a la del oficialismo y la oposición.
Cinco adolescentes que fueron detenidos en el contexto de la represión poselectoral siguen tras las rejas. Sus familiares acudieron este miércoles, 21 de mayo, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para pedir al organismo internacional interceder para que todos sean liberados.
Desde las afueras de la Torre Parque Ávila, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, los familaires de Luisneidel Zúñiga, Abrahan Rivero, Gabriel Rodríguez, Jonathan Bravo y Ángel González clamaron para que todos los adolescentes salgan en libertad. Algunos de ellos están detenidos desde el 29 de julio de 2024, día en que se registraron protestas masivas en todo el país en rechazo a los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones presidenciales.
Al lugar los familiares llevaron juguetes, balones, bates de béisbol, camisas de liceo y de equipos deportivos; objetos que los cinco adolescentes no pueden utilizar porque siguen privados de libertad. Asimismo, llevaron pancartas con frases como “liberen a los adolescentes injustamente detenidos”, “no más infancias encarceladas”, “son niños, no terroristas”, “los niños y adolescentes deben estar en la escuela, no en prisión”; entre otras.
#21May En protesta frente a la sede de la Unicef en Caracas exigen la libertad de los cinco adolescentes que siguen detenidos tras la represión poselectoral. Llevaron muestras simbólicas de objetos que no pueden usar por la prisión injusta, como bates, guantes y balones pic.twitter.com/m65lo3uD0y
#21May Franelas deportivas con sus nombres, camisas beige del liceo. Bates, guantes, balones, pelotas de béisbol. Objetos de los adolescentes detenidos que han estado sin uso y que fueron exhibidos en la protesta frente a Unicef bajo el clamor unísono de "libertad" pic.twitter.com/JeSak7Ff4Q
Jonathan Bravo tiene 17 años. Fue detenido el pasado 11 de enero, un día después de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Funcionarios encapuchados y armados entraron sin ninguna orden judicial a su casa en Coro, estado Falcón. Según el relato de su madre, Francys Palencia, los agentes actuaron con violencia y sin identificarse adecuadamente.
El adolescente fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) a los cinco años. También tiene tics motores. Actualmente está recluido en la Entidad de Adolescentes Varones de Coro, donde según el relato de su madre, ha tenido episodios de estrés, depresión y un absceso. Jonathan iba a comenzar a estudiar Odontología dos días después de ser detenido.
“Mi hijo se ha enfermado, ha estado con fiebre y dolencias. Es un solo corre-corre y gastos para su cuidado (…) Mi hijo desde que fue arrestado, fue maltratado por un policía de la PNB. Es maltratado desde el momento en que se le violan los derechos humanos”, denunció su madre en la protesta.
Foto: Runrunes
#21May Francys Palencia, madre de Jonathan Bravo, de 17 años, detenido en Falcón: "Nuestros hijos son inocentes, no deben estar detrás de una celda (…) Mi hijo tiene TDAH y tics motores, está deprimido, le pido al Presidente, al fiscal, les dé la libertad" pic.twitter.com/xjUbkNBuqf
#21May Francys Palencia, madre de Jonathan Bravo, de 17 años, detenido en Falcón "Mi hijo, además del TDAH, se ha enfermado en prisión, ha tenido fiebre, le salió un absceso (…) Le han violado sus derechos a la educación, a la salud a su libertad" pic.twitter.com/QVUPoaMzBw
Gabriel Rodríguez tiene 16 años y cursaba quinto año de bachillerato cuando fue detenido el 9 de enero de 2025. Para aquel momento, trabajaba en una panadería en su período vacacional tras haber hecho un curso de panadería. Como presentaba fiebre, acudió al ambulatorio de Cabudare, estado Lara, donde fue detenido sin justificación alguna.
Joany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez, recordó que el adolescente es deportista y que cuando lo detuvieron la excusa fue que tenía ropa que lo hacía ver como un “guarimbero”, porque llevaba puesto una bermuda negra y un suéter negro. “Dijeron que solamente por su aspecto había que presentarlo ante tribunales”.
La última audiencia del juicio de Gabriel Rodríguez estaba prevista para el pasado viernes 16 de mayo de forma telemática. Según declaró a Runrun.es un familiar del adolescente en días pasados, la misma no se pudo efectuar “porque no se presentaron los elementos probatorios de acusación”
Foto: Runrunes
#21May Joany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez, joven de 16 años detenido en Cabudare en enero de 2025: "Se lo llevaron alegando que tenía pinta de guarimbero. Practica béisbol, hizo un curso de panadería, ese día hizo su primer turno, cuando llegó al ambulatorio lo detuvieron" pic.twitter.com/FZR270WsFJ
Ángel González fue detenido a los 16 años en La Guaira en agosto de 2024. Cumplió 17 años el pasado 19 de mayo, estando en prisión. Actualmente, está recluido en el Retén de Caraballeda para Adolescentes y Mujeres. “Ha sido duro. Se nos ha enfermado. Le han salido cuatro abscesos. La última vez tuvo fiebre y gripe y bajó más de cinco kilos”, denunció Mirbelis González, hermana de Ángel.
El adolescente tiene un bebé de siete meses que no ha podido conocer por estar privado de libertad. Su hermana relató que el muchacho ha podido ver a su hijo únicamente en fotos, cuando les permiten ingresarlas. “Él trabajaba de albañilería con mi papá. Su pareja estaba embarazada y él la ayudaba con sus gastos médicos. Ahora nos quedamos sin ayuda para el bebé”, relató Mirbelis González.
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#21May Ángel González, de 16 años, fue detenido en La Guaira en agosto de 2024. Cumplió 17 años en prisión y tiene un bebé que no ha podido conocer: "Le pido al fiscal de la República, el 7 de diciembre nos dijeron que lo iban a liberar y no cumplió", expresó su hermana pic.twitter.com/MfFuwr6S4J
Abrahan Rivero, de 16 años; y Luisneidel Zúniga, de 17, también están recluidos en el retén de Caraballeda para adolescentes. Ambos fueron detenidos el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales. Sus padres se enteraron de lo ocurrido un día después gracias a personas que estaban en la bajada del Playón y los ubicaron en el centro de detención donde han estado desde ese momento.
“Pido que nos ayuden a que esos muchachos salgan. Ya tiene 10 meses detenido”, declaró el señor Armando Rivero, padre de Abrahan, quien eleva su petición a la Unicef para que interceda por la liberación de su hijo y los cinco adolescentes.
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#21May Armando Rivero, padre del adolescente Abrahan Rivero, detenido el 29 de julio en La Guaira hace un llamado claro a Unicef: "Espero que nos ayuden en verdad a que esos muchachos salgan, está bueno ya, por favor" pic.twitter.com/TLFWySynSh
Asimismo, Marianmaye PérezSilva, madre de Luisneidel Zúniga, señaló que su hijo trabajaba vendiendo ostras en la playa. “También juega fútbol y es tamborero. Exijo justicia por mi hijo (…) Ha sido terrible, he sido maltratada, tuve un accidente y no me he podido operar”, declaró.
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#21May Marianmaye PérezSilva, madre de Luisneidel Zúniga, de 17 años, detenido en La Guaira. Trabajaba vendiendo ostras en la playa: "Juega fútbol y es tamborero. Exijo justicia por mi hijo (…) Ha sido terrible, he sido maltratada, tuve un accidente y no me he podido operar" pic.twitter.com/IpI1cEPVG2
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Esta historia se desarrolla entre los cerros de Tocoma y Santa Bárbara, en el sur del estado Bolívar. Allí Pedro pudo hacer el contraste entre dos mundos: el de las empresas básicas de Guayana, con sus salarios dignos y beneficios sociales, y el de las minas ilegales.
Él tenía una carrera, un currículo bien formado. En la Escuela Otto Rivero se formó como electricista bajo el auspicio del INCE. Durante décadas trabajó en Sidor, Interalúmina, Carbonorca y proyectos como la ampliación de Guri y la construcción del puente Orinoquia. En aquellos años el trabajo venía con estabilidad: salarios que le permitieron comprar una casa, mantener dos carros, llenar la despensa sin preocupaciones y hasta disfrutar de vacaciones familiares.
Las empresas ofrecían colegios para los hijos, hospitales bien equipados y utilidades que se pagaban completas en noviembre, suficientes para adquirir un vehículo o invertir en un negocio. Al contarlo, pronuncia una frase que viene de una herida aún fresca: “Éramos ricos y no lo sabíamos”.
Después vino el declive económico del país, ese que lo arrastró hacia la desesperación.
Con 60 años, sin oportunidades laborales y un salario que ya no alcanzaba ni para los medicamentos, aceptó la invitación de un conocido que un día lo conminó: “Vamos a las minas, allá se gana bien”.
Ya no tenía un trabajo fijo ni ingresos significativos. A esta situación se le sumó su “salida” de la empresa sin haber recibido una jubilación formal.
Por eso se fue.
Desesperado, comenzó su viaje con la expectativa de que su experiencia técnica fuese bien valorada y de que le serviría para ganar una buena cantidad de dinero.
No sabía que, en realidad, estaba entrando en un territorio con una ley salvaje.
El viaje no fue hacia el legendario El Dorado. Las minas donde trabajó Pedro se ubican en zonas remotas del sur del estado Bolívar. Los puntos de entrada se encuentran entre las localidades de Tocoma y Santa Bárbara, pero estos pueblos son solo una referencia aproximada. Para llegar se trasladaron en un Jeep Wrangler y tuvieron que abrir picas y dormir en la vía para alcanzar el punto de extracción. La travesía duró aproximadamente 22 días, en los que se valieron de sus provisiones y de animales de cacería para alimentarse, abriendo trochas con motosierras, reparando puentes colapsados y durmiendo a la intemperie, acechados por serpientes y plagas. El agua escaseaba, y cuando había, estaba contaminada con azufre y desechos orgánicos.
El panorama era desolador; se dieron cuenta apenas pisaron aquel territorio. La mina estaba controlada por un grupo de hombres, algunos recién liberados de prisión, armados con fusiles R-15 y motosierras. Su líder, a quien llamaban Javier, exigía, bajo amenazas de muerte, un porcentaje de todo el oro extraído.
Al llegar, Pedro y su amigo presentaron un documento de un general que los respaldaba, lo que les permitió evitar pagos iniciales. Pedro fue puesto a cargo de un molino industrial grande (de 30 toneladas), con la misión de procesar piedras para extraer el oro. Esa capacidad era inusual, ya que por la zona solo llegaban maquinarias pequeñas, de un máximo de 19 toneladas. Este gran molino procesaba cientos de baldes de piedra al día. Pero cada gramo de oro estaba vigilado. Una de las condiciones que debía soportar era“el tributo a la causa”; es decir, el pago que los mineros debían entregar a la banda. Pedro debía operar el molino, registrar la producción y entregar el 2% del oro a la banda, además de 25% para el dueño del molino. No recibía un salario fijo: su ganancia dependía de lo que quedara después de estos pagos.
Una de las ventajas iniciales era que el molino tenía mayor capacidad que la acostumbrada en aquellas zonas. Este poder industrial fue rápidamente aprovechado para aumentar la explotación del material aurífero en grandes cantidades y en menor tiempo.
Lo que Pedro planificó como una incursión de un par de meses se alargó más de lo esperado. En las minas, debía endeudarse para obtener recursos básicos como alimentos y derecho a explotar un pedazo del área, lo cual se volvería insostenible a largo plazo.
Pedro vivía en un campamento improvisado cerca del molino, compartiendo espacio con otros mineros, algunos de los cuales tenían prontuario delictivo. En ocasiones dormía en una hamaca colgada de los árboles o en ranchos cercanos; otras veces, se recostaba en el suelo y ahí pasaba la noche. Para estar un poco más cómodo, excavaba un hueco que le servía de protección contra la brisa y los residuos que circulaban en las cercanías. Para alimentarse comía lo que podía cazar, con una escopeta de un solo tiro conocida como bácula, como venados y morrocoyes; o compraba en la bodega del campamento. “Un kilo de pollo costaba el equivalente a días de trabajo”, cuenta. La compra se llevaba a cabo intercambiando productos por “puntos de oro”, que muchas veces no necesariamente tenía a la mano, por lo cual se endeudaba. Si no encontraba suficiente oro para pagar las deudas, los de la banda le impedían la salida del campamento.
Claro que a Pedro sus conocimientos mecánicos también le servían como una moneda de cambio, ya que se ofrecía a reparar equipos y herramientas de otros mineros a cambio de favores o protección ante otros mineros. Trabajaba todos los días, sin descanso, pues la producción no paraba. Su jornada iniciaba en la madrugada, a eso de las 5:00 de la mañana, para poner a punto el molino y empezar la extracción de oro.
Cada mes y medio, un helicóptero militar recogía bidones de agua de 5 litros llenos de oro, mientras los mineros eran desplazados a la fuerza hacia la montaña. Era el cobro de la mensualidad por el “derecho” de explotar los recursos auríferos. Según Pedro, la banda se mantenía en comunicación con las autoridades a través de guardias nacionales que visitaban constantemente la mina, y quienes avisaban con anticipación que iban con su helicóptero. Él llegó a ver los bidones de cinco litros llenos de oro, porque era el encargado de pesar y registrar la producción diaria antes de que se la llevaran.
Otra de las dificultades que tuvo que enfrentar fue “la justicia de los malandros”. Lejos de ser un pueblo sin ley, las minas se constituyen como un complejo sistema de normas y jerarquías establecido por las bandas que controlan la zona. Quienes robaban oro eran eliminados a la vista de todos y sus restos eran descuartizados con motosierras y luego arrojados a los huecos de las minas más lejanas. De hecho, Pedro fue testigo de cómo un hombre que robó un gramo de oro fue ejecutado frente a todos por orden del jefe Javier.
En el caso de las mujeres —cuyo rol en las minas se centraba en brindar apoyo en la cocina o en la limpieza—, eran violadas, y ningún reclamo llegaba a las autoridades, pues, insiste Pedro, en muchas ocasiones la Guardia Nacional era cómplice.
Las condiciones de vida eran precarias: enfermedades como el paludismo, diarrea e infecciones cutáneas por el agua contaminada de metales pesados eran muy comunes.
Quienes caían enfermos debían seguir excavando para pagar sus deudas con la bodega del campamento. Pedro contrajo paludismo y una diarrea severa que casi lo mata. Fue una mujer indígena quien lo salvó con remedios naturales, pues no había médicos ni medicinas. “Me vine flaco como un cadáver, con solo 25 gramos de oro después de 7 meses”, relata.
Todo lo ganado lo gastó en recuperar su salud.
Su experiencia en las empresas básicas de Guayana le había mostrado un país donde el trabajo era sinónimo de progreso. Pero en las minas descubrió lo contrario: el oro no enriquece al minero, solo a los grupos armados y a quienes están en el poder. “Allá no sales con real, sales enfermo y listo para morir”, sentencia.
Antes de su experiencia en las minas, Pedro era un hombre seguro, optimista, con una carrera estable. Su confianza y simpatía le valió ganarse el favor de varias personas dentro del campamento. Tras la mina, quedó marcado por un trauma físico y emocional. Aunque mantiene su resiliencia y en cierta forma el sentido del humor, su relato refleja desilusión y advertencias claras sobre los peligros de las minas. Su fe (dice que allá leía la Biblia) y su experiencia técnica fueron sus únicos apoyos en lo que describe como “ese infierno”. No hay oro que valga una vida destruida.
Por razones de seguridad hemos cambiado el nombre real de la protagonista de esta historia.
Esta historia fue producida en el Programa Formativo Contar Fronteras, una alianza entre El Bus TV, Runrun.es y La Vida de Nos para mostrar la realidad en estados fronterizos de Venezuela.
Luego de la liberación del militar estadounidense Joseph St. Clair, de acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela todavía quedan 79 presos políticos extranjeros.
St. Clair estaba recluido en la cárcel del Rodeo I desde el pasado 1 de noviembre y ya se encuentra en territorio estadounidense.
Se trata del séptimo ciudadano de ese país liberado desde el pasado 31 de enero, cuando Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue recibido por Nicolás Maduro y sus acólitos en el Palacio de Miraflores.
St. Clair fue entregado a las autoridades estadounidenses en la isla de Antigua luego de una negociación entre Grenell y funcionarios del régimen madurista.
Antes del militar fueron liberados los estadounidenses David Estrella, David Guttenberg Guillaume, Aaron Barrett Logan, Eric Auther, Gregory David Werber y Samuel Batista.
“Felicitaciones a él y su familia.Esperemos se produzca la liberación de 900 presos políticos, 79 con nacionalidad extranjera”, dijo el director de la ONG, Alfredo Romero.
Según el Foro Penal, en las cárceles venezolanas aún permanecen los presos políticos estadounidenses Wilbert Joseph Castañeda Gómez, Jonathan Pagan González, Lucas Hunter, Jorge Marcelo Vargas, Renzo Huamanchumo Castillo y Fabián Buglione Reyes, estos dos últimos con doble nacionalidad.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos señaló que el régimen chavista mantiene a 23 colombianos detenidos y pidió un pronunciamiento firme del presidente de ese país, Gustavo Petro.
“La mayoría de los ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente por razones políticas en Venezuela aún no han podido reencontrarse con sus familiares ni acceder a visitas consulares“, apuntó el Comité.
Por su parte, el gobierno de España recordó que 14 de sus ciudadanos con doble nacionalidad siguen tras las rejas en Venezuela bajo acusaciones de terrorismo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
*Ángel es un estudiante universitario de 21 años de Caracas. Después del 28 de julio de 2024, a la rutina de su madre de echarle la bendición antes de dirigirse a la Universidad Central de Venezuela para que tenga un día productivo se sumó una pregunta obligada.
“‘Hijo, ¿borraste los chats’?, me pregunta siempre. A veces me quita el teléfono y ella misma lo revisa. Me recuerda todo el tiempo que no suba estados al WhatsApp que tengan que ver con temas políticos. Desde que detuvieron a un vecinito en esos días luego de las elecciones porque le revisaron el celular y le encontraron fotos que le llegaron de una protesta, ella no ha salido de ese estado de pánico. Y, en el fondo, yo tampoco he dejado de tener temor. Antes compartía mensajes políticos, reflexiones, pero ahora reconozco que estoy completamente en silencio sobre esos temas, al menos públicamente”, narra.
En el marco del mes de la libertad de prensa, la iniciativa Conexión Segura transmitió el pasado 19 de mayo, en Youtube, el foro virtual “Censura y represión digital en Venezuela”, una conversación que justamente versó sobre la acentuación en el retroceso de las libertades digitales en el país luego de las elecciones presidenciales de 2024 y cómo se ha utilizado este tipo de represión para instaurar un “estado de terror” e hipervigilancia en los ciudadanos.
Moderado por el periodista y activista por los derechos humanos, Luis Carlos Díaz, el panel reunió a tres voces clave: Pedro Vaca, relator especial de la CIDH para la libertad de expresión; la abogada y activista digital Marianne Díaz Hernández y el director de VE Sin Filtro, Andrés Azpúrua.
Los expertos coincidieron en que, tras las elecciones del 28 de julio, Venezuela atraviesa su momento más oscuro en términos de censura, vigilancia y represión digital. Un ecosistema donde los bloqueos, el miedo y la hipervigilancia se entretejen para desarticular la protesta y quebrar la voluntad social.
Una estrategia prolongada de hipervigilancia y control
Marianne Díaz Hernández, activista y abogada especializada en derechos digitales, describió el actual panorama como el clímax de una estrategia de control desarrollada durante décadas: “A raíz de las elecciones pareciera que los pequeños elementos que se fueron configurando en estas décadas para la vigilancia masiva y el control biosociopolítico en internet encajaron unos con otros para convertirse en el aparato que existe hoy”
“Hace 17 años aparecieron los primeros sitios web censurados, filtrados de contenido, luego aparece ese sistema sociobiopolítico con implementación de voto electrónico, controles biométricos, ciertos municipios tienen cámara de seguridad, y esas cámaras tiene biometría, digitalización de sistemas como pasaportes, carnet de la patria, que tiene elementos digitales… parecían cosas aisladas, pero empezamos a ver desde hace un año que hay una articulación que responde a principios políticos, cómo se articulan todos estos elementos para crear un sistema macro. Lo que configura el momento social y político de mayor control respecto a las dos décadas anteriores”, profundizó.
Díaz explicó que, aunque la tecnología usada por el Estado no necesariamente ha evolucionado en complejidad, sí lo ha hecho su uso estratégico y acumulativo: se han sumado capas de censura digital —bloqueo de medios, plataformas sociales, aplicaciones de mensajería y hasta apagones de infraestructura— en una suerte de “casa de legos de censura digital”.
Más allá del bloqueo, lo más peligroso —advirtió— es la intención de crear un Estado de terror interiorizado.
“Es un estado de terror que no inicia ahora, inicia con los sistemas biométricos de digitalización forzada del cuerpo para acceder a votar, a comprar alimentos y medicinas, era un mecanismo para romper la dignidad de las personas, quebrantar la integridad, la autonomía, sensación de control sobre propio cuerpo y existencia para penetrar en la mente. Esto comenzó hace 15 años y ha avanzado hasta este estado en donde tenemos drones, algunos de los cuales el gobierno ha dicho que están armados, hipervigilancia extrema, registro de celulares en la calle (…) El propósito es que se instale el terror dentro de la gente, que tengan miedo de ser la próxima víctima. Son estrategias terroristas que requieren que el Estado sea frontal y lo diga abiertamente”, amplió.
La etapa más oscura para el internet en Venezuela
Para Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro, la situación actual no tiene precedentes:
“Desde el inicio de la campaña electoral hasta enero de 2025 vivimos el período con la peor censura de internet que hemos visto en Venezuela”.
Azpúrua explicó cómo el gobierno ha ensayado bloqueos masivos y experimentales: se han censurado plataformas como Telegram, Signal y X (antes Twitter), incluso en horarios específicos.
“En las noches bloqueaban TikTok, como una especie de toque de queda digital, es algo que se repite en regímenes autoritarios donde bloquean las redes sociales en las noches porque el gobierno tiene menos capacidad de acción y bloquear narrativas en las redes”, relató.
Narró también que en el marco de la “estrategia coordinada para limitar la libertad de expresión e información de los venezolanos” o se consultaran las actas del 28 de julio se registraron incidentes donde –en un intento por bloquear páginas específicas- el gobierno afectó de forma colateral porciones enteras del internet, bloqueando servicios como Amazon Web Services y Cloudflare.
Añadió que al bloqueo de redes sociales para silenciar las protestas, se sumó una estrategia de intimidación para que la gente no saliera a las calles y no emitiera opinión siquiera para evitar detenidos.
“Se hacía propaganda morbosa de esas detenciones para meter el mayor miedo posible. Las descripciones en los reportes no son suficientes. La experiencia de vivirlo como venezolano, en Venezuela, es otra cosa. Se creó un ecosistema para crear terror en los videos de las detenciones, la música que usaban, hasta para obligar a las personas a pedir perdón por insultar a al presidente y ministros, fue bochornoso. Era una violación a la persona que pasaba por todo esto, y a la vez, una intimidación masiva para que nadie se atreviera a decir qué pensaba del resultado del CNE. Vimos hasta uso de drones de vigilancia e intimidación, y además exhibían el zoom que tenían sus drones, como para decir que podían ver las caras de los manifestantes, a María Corina (Machado)”.
Opina también Azpúrua que ha habido una conducta algo dócil y complaciente de empresas de telecomunicaciones y proveedores de internet, “que censuran antes incluso de recibir la orden para quedar como ‘niños buenos’ ante Conatel”.
“El Estado obliga a las empresas de telecomunicaciones a ofrecer un servicio de peor valor a los clientes con la censura, y eso lo cumplen con mucha facilidad, sin menor oposición. Hay proveedores de internet que censuran más que otros, o censuran antes de que les llegue la orden (…) Empresas de telecomunicaciones que están agrupadas en cámaras, que pudieran colectivamente poner demandas para por lo menos ser transparentes cuando se les obligue a censurar algo, no lo hacen. En Venezuela los que tienen algunas cosas que perder decidieron doblegarse”, consideró.
Un “modelo” institucionalizado de censura
Pedro Vaca, relator especial de la CIDH, expuso cómo Venezuela representa un caso extremo y sostenido de represión digital en el hemisferio.
“Lo que en otros países es esporádico o parcial, en Venezuela es un acumulado histórico de controles mediáticos, bloqueos y ausencia total del Estado de derecho”, sentenció.
Destacó el despliegue institucional al servicio de la censura, donde se combinan leyes represivas, policías que inspeccionan celulares, jueces disponibles para emitir órdenes arbitrarias y entes como Conatel que actúan sin contrapeso alguno: “ En ningún país democrático se toma la decisión de bloquear servidores enteros o de imponer horarios de censura caprichosos”, denunció.
Vaca también advirtió que la censura no solo aísla al pueblo venezolano, sino que entorpece la comprensión internacional de lo que ocurre en el país:
“La censura tiene un efecto postergado. No solo afecta a los venezolanos, sino las posibilidades de que el mundo entienda lo que allí sucede. Lo que hace doblemente importante el esfuerzo de los defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela”, resaltó.
El temido escenario de mayores restricciones
Los tres ponentes coincidieron en que, si se repiten escenarios de conflictividad política en los que el gobierno sienta amenazado su poder, el aparato represivo será aún más contundente.
Azpúrua no descartó un eventual bloqueo total de WhatsApp ni del internet, como ocurrió durante unos días en las protestas del estado Táchira en 2014, así como el uso sistemático de drones con reconocimiento facial para identificar manifestantes.
“En Venezuela el gobierno se lanza las olas de represión digital cuando su poder se ve amenazado, ahí es cuando sale el monstruo y va por todo cada vez. El gobierno tumba las barreras psicológicas, y ya pagó algunos de esos costos, la próxima ola de censura tiene ese piso y se sentirán más cómodos en repetir lo que hicieron antes. Pensábamos que era impensable bloquear telegram, signal, y ocurrió. y planificaron bloquear WhatsApp, pero probablemente llega un punto en donde la relación costo beneficio los lleva a bloquear WhatsApp. El gobierno está dispuesto a repetir lo que ya hizo si siente amenazado su poder”, advirtió.
En palabras de Marianne Díaz, la sociedad venezolana aún conserva una memoria de la libertad y por eso resiste. Pero ese músculo democrático —alerta— se está atrofiando, así como también pareciera que se está normalizando la autocensura para evitar ser víctimas de la represión.
“La sociedad venezolana sabe que las cosas que le están sucediendo no son normales, porque lo ha podido ver en otros países, es una sociedad que si bien no tiene plena libertad, saber lo que es la libertad, y entiende. Sí me preocupa es el músculo democrático, como abogada lo que veo que se está perdiendo es la comprensión de lo que son los poderes, elecciones libres y me temo que sí hay una degradación de esos conceptos y de entender en la carne lo que es una democracia. Vivo en Chile, y las sociedades que han tenido dictaduras recientes evolucionan con ese censor instalado en la cabeza y es muy difícil sacarlo. Incluso después de años de democracia, vives con esa vigilancia en el hombro a cada rato, es algo que veo en Venezuela, la noción de que tenemos que cambiar patrones de lenguaje, palabras que usamos”, alertó.
El foro cerró con un llamado claro: documentar, denunciar, resistir y prepararse para eventuales escenarios de comunicaciones más restringidas. Los expertos recomendaron reforzar el uso de VPNs, canales alternativos de información, autocuidado digital y elevar los costos reputacionales para el gobierno venezolano con denuncias y reportes en instancias internacionales.
En un país donde los bloqueos ya no sorprenden, y donde se ha normalizado vigilar, silenciar y castigar, quedó en el aire una reflexión final que hizo el relator especial de la CIDH para la libertad de expresión, Pedro Vaca:
“La defensa de los derechos humanos y el periodismo se enfrentan a una interrogante de si se van a poder seguir haciendo en Venezuela (…) “Sí, hay herramientas, pero el némesis de la censura es grande”, concluyó.
*El nombre del entrevistado fue modificado para resguardar su identidad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron al Estado venezolano a restituir “de forma inmediata” los pasaportes de personas opositoras, defensoras y periodistas tras la “anulación arbitraria e ilegal”.
Mediante un comunicado, las organizaciones recordaron que estos documentos de identidad permiten “viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil”. Asimismo, manifestaron que los países de la comunidad internacional “deben continuar promoviendo mecanismos y acuerdos para el reconocimiento de documentos vencidos o anulados por el régimen venezolano”.
Según los reportes de la CIDH, al menos 40 personas han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes. Ante eso, advierten que esta práctica “forma parte de una estrategia sistemática del régimen para amedrentar y silenciar voces críticas; en particular aquellas que denunciaron los abusos y la falta de transparencia en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024”.
Añadieron que las personas afectadas no han recibido notificación oficial alguna sobre la anulación de este documento, ni sobre la motivación o el fundamento legal de la medida. En la mayoría de los casos, agrega el texto, han tomado conocimiento de la anulación al consultar el estado de su documento en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); en otros, la información les ha sido comunicada por funcionarios de dicha institución en los aeropuertos, al momento de viajar dentro o fuera de Venezuela.
“El temor a sufrir nuevas represalias, como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, ha llevado a que muchas de estas personas se abstengan de acudir a las autoridades a pedir una explicación por la anulación de su documento o decidan abandonar el país por pasos irregulares”, alertaron.
Según la CIDH y la RELE, el perfil de las víctimas (personas opositoras, defensoras, periodistas) y la opacidad que rodea la medida confirman que la anulación de estos pasaportes “constituye una forma de represalia por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política”. Estos actos “generan temor, una sensación de vigilancia constante y afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, la vida familiar, el trabajo y la integridad personal”. Además, advierten que generan un “efecto inhibidor que impide a las personas continuar con sus actividades de denuncia”.
“El Estado venezolano debe restituir los pasaportes anulados, poner fin de manera definitiva a todas las prácticas orientadas a silenciar voces críticas y, sobre todo, adoptar medidas concretas para reconstruir la democracia y el Estado de Derecho. Para ello, es esencial fortalecer la separación y la independencia de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público”, agregaron.
Asimismo, instaron a la comunidad internacional a activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, “así como promover mecanismos y acuerdos que reconozcan documentos vencidos o anulados arbitrariamente por el régimen, y que les permitan el ejercicio de todos derechos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En El Mañanero del 21 de mayo deRunrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: Prisión en familia, expertos de la OEA exigen a la CPI actuar ante represión sistemática, la inflación siguió sin frenos en abril, Capriles denunció que gobierno pretende que las elecciones del 25M sean clandestinas y la revocación del TPS a 350 mil personas, son las noticias más relevantes del momento.
TRES MESES DESAPARECIDO | ¿Dónde está Rory Branker?
Hoy se cumplen tres meses desde la desaparición forzada del periodista y editor de La Patilla, Rory Branker, quien fue detenido el 20 de febrero por funcionarios del régimen venezolano sin orden judicial ni información oficial… pic.twitter.com/vd7VoFUdGn
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) May 20, 2025
Andreína Baduel: “Han sido más de 17 años de persecución y, en algún momento, incluso llegó a estar mi papá y dos de mis hermanos presos, Josnars y Raúl Emilio Baduel”
