Julia Labrador vivió en carne propia el dolor y la angustia de tener simultáneamente a dos miembros de su familia detenidos. Su hijo, Willin José Rodríguez de 19 años, deportista y profesor de natación, fue arrestado el 30 de julio de 2024 cuando salía de su lugar de trabajo. Ese mismo día, Julia comenzó su búsqueda por varios penales en Valencia, estado Carabobo, hasta que recibió una llamada en donde le decían que su hijo estaba detenido en el Cuartel de Paramacay. Al día siguiente, se fue desde muy temprano a llevarle comida y ahí pasó todo el día tratando de obtener alguna información sobre él. Cuando regresó a su casa, en horas de la noche, se encontró con la noticia de que a su esposo también se lo había llevado la policía.
Julia detalló que vivió momentos de gran angustia e incertidumbre porque aunque sabía donde estaba su hijo, su esposo duró cuatro días desaparecido. Comentó que pudo saber dónde estaba su pareja por una casualidad y por “la gracia de Dios”.
“Cuando yo estaba en la calle, camino a Paramacay, pasó una patrulla y ahí iba mi hijo directo al Palacio de Justicia para ser presentado, pero da la casualidad de que el semáforo cambió a rojo y Willin me gritó y me preguntó por su papá y alcanzó a decirme que también estaba detenido ahí porque escuchó cuando lo nombraron”, contó.
Julia agregó que aunque a su esposo lo liberaron en enero de 2025, Willin aún sigue detenido y acusado por varios delitos que no cometió porque “ni siquiera estuvo en la marcha, ni estaba inscrito en el Registro electoral”.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, el patrón de castigar a dos o más miembros de una misma familia es una estrategia utilizada con frecuencia para silenciar, castigar y sembrar terror en la sociedad.
El Sippenhaft criollo
Martha Tineo, activista, abogada y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), explicó que ciertamente la detención de dos o más miembros de una misma familia por motivos políticos, obedece a un patrón o método utilizado en la Alemania nazi.
El principio de Sippenhaft, concepto jurídico que establecía responsabilidades penales colectivas a los familiares de una persona acusada de algún motivo o crimen contra el Estado, sirvió en aquellos años para perseguir a opositores, militares, voces disidentes y sus familiares.
El método Sippenhaft ha sido documentado en Venezuela desde el año 2021 por la la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Según el informe de ese año publicado por el organismo, en algunos casos, “agentes de seguridad o de inteligencia utilizaron presuntamente tácticas criminales, como el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos como tales, para poder practicar su detención”.
La ONU no ha sido la única en reseñar los casos de Sippenhaft en Venezuela. El portal de investigación Armando.Info registró en su investigación “Rehenes de la ley”, correspondiente al periodo mayo-agosto de 2023, al menos 25 casos de esta práctica entre 2014 y el primer semestre de 2023, con detenciones arbitrarias y torturas a cargo de organismos como la Dgcim.
En ese informe, la Misión puso como ejemplo el caso de un militar acusado de participar en la operación Gedeón en mayo de 2020. A los familiares de este hombre, dos hermanas y su cuñado, los mantuvieron detenidos en la sede de la Dgcim en Boleíta durante 32 días.
Doble sufrimiento, doble dolor
Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel que falleció bajo custodia del Estado, sabe muy bien lo que significa tener a más de un familiar en prisión.
“Han sido más de 17 años de persecución y, en algún momento, incluso llegó a estar mi papá y dos de mis hermanos presos, Josnars y Raúl Emilio Baduel”, recordó.
En el 2009, Raúl Isaías Baduel fue arrestado por presuntos hechos de corrupción. Un año después, en 2010, fue condenado a 8 años y 11 meses de prisión. Para enero de 2015 le otorgaron libertad condicional, pero dos años más tarde fue encarcelado acusado de incumplir con esta medida. El 12 de octubre de 2021, el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que el militar había muerto por complicaciones asociadas al covid-19, versión que su familia negó argumentando que fue “una víctima del gobierno por su postura política”.
Josnars Adolfo Baduel, hijo del general y hermano de Andreína, fue detenido en 2020, acusado de participar en la Operación Gedeón. Le imputaron los delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración, tráfico de armas y asociación para delinquir y fue sentenciado a 30 años de prisión en 2024.
Mientras que Raúl Emilio Baduel fue privado de libertad en el año 2014 acusado de intimidación pública, agavillamiento, e instigación a la desobediencia. Luego de haber estado cuatro años y dos meses en prisión, cumpliendo una sentencia de ocho años, el 3 de junio de 2018, fue excarcelado con medidas cautelares.
Andreína Baduel narró que a ellos como familia se les va la vida “tratando de asistirlos, tratando de ayudarles, tratando incluso de salvarles la vida porque no hay paz, no hay tranquilidad sabiéndolos en condiciones de vulnerabilidad”.
Para la hija del general Baduel cada día es una lucha “muy dura, desgastante, desafiante e indignante” porque considera que el único delito de sus familiares es aspirar a un mejor país.
La práctica se repite
El caso de Julia Labrador no es el único al que le aplicaron el Método Sippenhaft. Antes y después de las elecciones presidenciales de julio de 2024 ya se habían documentado otros que calaron en la opinión pública.
Un caso que causó conmoción fue el de Yenny Barrios, paciente oncológica detenida el pasado 9 de septiembre de 2024 en el contexto postelectoral. A Barrios, líder social en Barquisimeto, estado Lara, la acusaron de terrorismo e instigación al odio. Fue privada de libertad hasta el 11 de diciembre, cuando la excarcelaron con medidas cautelares.
El 22 de enero, Diego Sierralta, el único hijo de Barrios, fue detenido cuando intentaba cambiar cuatro parches transdérmicos de fentanilo (un analgésico para dolores crónicos) por un medicamento que su madre necesitaba para su tratamiento de quimioterapia. Diego escribió en un grupo de WhatsApp que necesitaba hacer el canje de medicinas, pero quienes respondieron a la oferta de intercambio eran funcionarios de la División Contra Drogas de la PNB. Ahora, Diego enfrenta cargos por distribución y transporte de sustancias psicotrópicas y asociación para delinquir. Fue condenado a 12 años de prisión.
Otro caso de doble detención fue el de Jesús Álvarez y su esposa Anny Suárez. El pasado 2 de agosto, en el contexto postelectoral fueron detenidos sin una orden judicial por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su casa en El Callao, estado Bolívar. Luego de más de cuatro meses de encarcelamiento, Jesús falleció bajo custodia policial (el segundo fallecido en esas condiciones en el contexto poselectoral) por falta de atención médica. La causa de su muerte nunca fue revelada. Anny Suárez aún sigue privada de libertad.
Oswal González Pérez y su hijo fueron detenidos el 1 de agosto de 2024 por la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la PNB en su hogar en Barquisimeto, estado Lara. Ambos fueron recluidos en el centro penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Sin embargo, González Pérez falleció el 16 de diciembre por causas aún no esclarecidas, mientras que a su hijo lo liberaron días después. González Pérez se convirtió en el tercer preso político de la represión luego del 28 de julio que murió bajo custodia del Estado.
Otro caso de doble detención en una familia es el Nakary Mena Ramos, periodista de Impacto Venezuela, a quien detuvieron junto a su esposo Gianni González y quien está acusada por los delitos de “instigación al odio” y “publicación de noticia falsa”. Mena Ramos fue trasladada al centro penitenciario femenino Inof en el estado Miranda, mientras que a González lo llevaron al centro penitenciario Rodeo II.
Otro caso de detenciones a dos o más familiares es el de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel. El 9 de febrero de 2024. Antes de las elecciones presidenciales, San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado la Guaira, por un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Junto a la activista también fueron detenidos su hija, sus dos hermanos -quienes fueron liberados días después- y su exesposo.
Yosida Vanegas, de 67 años, volvió a Venezuela el 15 de agosto de 2023, cinco años después de que arrestaron a su hijo, el sargento Juan Carlos Monasterio, quien fue acusado por su presunta implicación en el magnicidio contra Nicolás Maduro y condenado a 30 años de prisión. Convencida de que no le debía nada a la justicia venezolana y movida por el deseo de estar con su hijo, el 15 de agosto de 2023, sin estar solicitada por las autoridades, Vanegas fue detenida en el estado Táchira y acusada de ser financista de actos de terrorismo.
El pasado 6 de mayo, el comité de derechos humanos de Vente Venezuela denunció que fueron “secuestrados” Jesús Angel Manrique y Juan Pablo Manrique, familiares de uno de los choferes de la opositora María Corina Machado.
“Funcionarios del régimen se los llevaron de su casa a la fuerza, sin orden judicial, por ser familiares de uno de los choferes de la líder María Corina Machado. Actualmente, sus familiares no han obtenido ningún tipo de información sobre su paradero y temen por su integridad”, denunció la organización.
🚨 Jesús Angel Manrique y Juan Pablo Manrique están secuestrados por el régimen desde el 6 de mayo del 2025.
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) May 14, 2025
Funcionarios del régimen se los llevaron de su casa a la fuerza, sin orden judicial, por ser familiares de uno de los choferes de la líder María Corina Machado.… pic.twitter.com/FJU4H8jAjA
Martha Tineo recordó que el primer caso que logró documentar exhaustivamente la Misión de Determinación de las Naciones Unidas en este sentido fue el caso de Richard Alemán. La persecución en contra de Alemán, un militar condenado a 30 años de prisión por su presunta implicación en el denominado caso Gedeón, alcanzó también a su familia. Como medida de represión y para que se declarara culpable detuvieron también a sus dos hermanas y a un cuñado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. familia
