Al menos 18 senadores de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le solicitaron redoblar esfuerzos para lograr la liberación y el retorno de ocho ciudadanos de ese país detenidos en Venezuela.
“Al menos ocho estadounidenses permanecen detenidos injustamente en Venezuela, privados de su libertad, separados de sus seres queridos e incapaces de continuar con sus vidas. Su encarcelamiento es una injusticia continua que exige una acción inmediata y decisiva del Gobierno estadounidense”, declararon.
El texto está firmado por los demócratasBrian Schatz, Rubén Gallego y Chris Van Hollen; y los republicanosTed Cruz y Jim Risch, entre otros.
Los congresistas felicitaron al Departamento de Estado por haber logrado en enero la liberación de seis estadounidenses que estaban detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, así como un séptimo que fue excarcelado en mayo.
“Maduro continúa atacando, deteniendo y encarcelando a estadounidenses sin causa. Es fundamental que el gobierno estadounidense utilice todas las herramientas a su disposición para asegurar con celeridad el regreso de los estadounidenses detenidos y encarcelados injustamente en Venezuela”, apuntaron.
Concluyeron su misiva declarando que están dispuestos a trabajar con Rubio para garantizar que todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela regresen a casa sin más demora.
Por otra parte, el Departamento de Justicia dijo que Rubio lidera las negociaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para regresar a Estados Unidos a un inmigrante venezolano que fue expulsado de ese país.
Se trata del joven Daniel Lozano-Camargo, quien supuestamente fue deportado por equivocación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Querida aerolínea, espero estés bien. Paso por aquí para contarte del vuelo en el que estoy montado ahorita, mientras te escribo. Es para que mi testimonio no quede como mi comodidad en este momento: en el aire.
Te cuento: cuando hice el check-in, elegí un asiento de ventana. Ahora entiendo que fue un error, así como el de meterse en la caja exprés del automercado pensando que es más rápida. Porque ustedes ahora meten a tantos pasajeros por avión, que desde afuera me debo ver como bagre pegado al vidrio de una pecera. Es que los aviones hoy salen como sardinas en lata, ¡pero sin el aceite! Ni cuando veo a mi familia me les pego tanto. Incluso hubo un momento en donde llegué a pensar que el pasajero de al lado y yo nos habíamos convertido en siameses.
Creo que antes del vuelo ustedes deberían decirnos que usemos faja. O si no, tengan una rayita afuera, como la de los parques de diversiones, para que no entremos los que pasamos de cierta estatura; como yo que mido 1,92 metros. Miren que, viéndolo rápido, este avión parece un chárter de lujo, sí, pero de los siete enanitos de Blancanieves, los pitufos, los minions y los umpalumpas de Willy Wonka.
Aunque cuando uno piensa que ya está medio cómodo en el asiento, ustedes nos dicen que el artículo de mano debe ir en donde van los pies. Entonces, si me da por quitarme los zapatos en medio del vuelo y meterlos allá abajo, ¿tendré que ir sobre el asiento de cuclillas?
Luego nos dieron las instrucciones sobre qué hacer en caso de emergencia. ¿¿¿Pero qué vamos a hacer??? Con este apretujamiento en el que ni me caben las rodillas, el único capaz de alcanzar la fulana posición de emergencia con la cabeza metida entre las piernas es un profesor de yoga. Aunque debo reconocer que no todo es malo, pues lo que sí tiene una calidad cinco estrellas es el masaje lumbar que me dio el pasajero de atrás con sus rodillas.
Por cierto, qué ingenioso les quedó lo del botoncito para reclinar el asiento. Ya entendí que ahora es un botón de la casa mágica para generar un efecto placebo que nos hace pensar que sí se reclina. Además de que promueve la solidaridad, pues mi siamés durmió con su cabeza en mi espalda mientras yo recostaba la mía de la pantalla. Ahora entiendo por qué el avión es marca Boeing. Porque mi cabeza se la pasó rebotando todo el vuelo “¡Boeing, Boeing, Boeing!”.
Y cuánto me arrepiento de haber metido el celular en el bolsillo antes de sentarme. Porque entre el asiento que no se reclina, mis manos grandes y mi barriga, las manos no me entran en los bolsillos. Aunque mejor, pues en medio de este hacinamiento, si reviso el celular aquí, mi siamés verá la pantalla y se enterará de mi verdadera personalidad.
Después estuvo el momento de la comida. Una experiencia en donde, les confieso, sentí que echamos unos añitos para atrás en el servicio. Pues para comer, tuve que poner los brazos como los de un tiranosaurio rex.
¿Podrían decirme hasta dónde piensan llevar esta tendencia de la aviación? ¿Será que un día los aviones serán como esos hoteles japoneses en donde la gente duerme en gavetas? ¿Por qué simplemente no sinceran los nombres de las clases y ya? En vez de económica, premium, business y primera, llámenlas clase “respira y pestañea”, “cruza las piernas”, “sofá del futbol” y “échate cual morsa”.
A este punto, ya prefiero comprar boleto de mascota de soporte emocional, pues ellas van más cómodas que yo. También podría registrar la maleta como pasajero y viajar yo en la bodega. O si no, entonces saquen una clase más barata que la económica y llámenla “clase tacaña”. En donde uno simplemente vaya parado, pero feliz. En especial podría servir para los aviones Airbus. Les ponen un tubo en el techo y les cambiamos el nombre a “Er bus”.
¿Qué tal? ¿Les parece bien? Les juro que esto lo digo con todo el cariño del mundo, pues yo sé que sus familias también deben ser pasajeros de avión. Sin embargo, ahora les pido disculpas porque los debo dejar. Acaban de anunciar que vamos a aterrizar y me tengo que regresar a mi asiento de la ventana. Ya llevaba como una hora escribiéndoles aquí, escondido en uno de los baños de primera clase.
El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este jueves, 3 de julio, la liberación de todos los “presos políticos” en Venezuela, incluyendo la del gendarme argentino Nahuel Gallo. Esto lo hizo durante el traspaso de la presidencia temporal del Mercosur a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Debemos dotar al Mercosur de una herramienta necesaria para combatir eficazmente el crímen transnacional organizado. En esta misma línea tampoco podemos hacer la vista gorda con los numerosos casos de detenciones ilegales en Venezuela”, manifestó Milei durante sus declaraciones.
Asimismo, señaló: “Exigimos su pronta liberación, en particular reiteramos nuestro firme reclamo por la inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo“.
🇦🇷Milei reclamó en el Mercosur a Venezuela por el SECUESTRO de NAHUEL GALLO @JMilei
— Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) July 3, 2025
Por su parte, María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, recordó que cumplió 207 días sin escuchar la voz de su pareja ni conocer su estado de salud y nada acerca de él. Denunció que “se han violado todos sus derechos fundamentales”.
“Venezuela lo sigue manteniendo en desaparición forzada, hemos denunciado este crimen ante todos los organismos nacionales e internacionales y no dan respuesta. ¿Qué están esperando? ¿Qué más quieren? Estamos cansados y agotados, esta pesadilla tiene que acabar, tienen que devolver a Nahuel a su país”, replicó en X.
207 días tengo sin escuchar la voz de Nahuel. Sin saber cómo está su estado de salud, sin saber absolutamente nada de Él.
Se han violado todos sus Derechos Humanos y Fundamentales.
Venezuela lo sigue manteniendo en Desaparición Forzada, hemos denunciado este crimen ante todos… pic.twitter.com/1pftmHnATJ
— Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) July 3, 2025
Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 por funcionarios de seguridad del Estado tras cruzar un paso fronterizo desde Colombia, en un viaje que, según las autoridades argentinas y la familia del gendarme, se realizó con el objetivo de visitar a su pareja y a su hijo.
Según la administración de Nicolás Maduro, Gallo supuestamente parte de un grupo de 125 “mercenarios” extranjeros detenidos por presuntamente planear un atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En un acto celebrado este 4 de julio en la Casa Nacional del Periodista en la avenida Andrés Bello, de Caracas, se exigió la libertad de los 20 trabajadores de los medios que permanecen detenidos en el país y se desplegó un afiche gigante con sus rostros, para insistir en que la sociedad no los olvide y se sume a la defensa por el libre ejercicio del periodismo.
El acto, que se desarrolló en medio de una copiosa lluvia que cayó durante toda la jornada en la ciudad capital, fue convocado por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Círculo de Reporteros Gráficos.
#Ahora Despliegan gigantografía en la fachada de la sede del Colegio Nacional de Periodistas, en Caracas, en honor a los colegas del gremio detenidos. #4Julpic.twitter.com/7pHPdc9bN8
Durante el evento Marco Ruiz, secretario general del SNTP, leyó un comunicado en el que el gremio periodístico venezolano reclamó, entre otros puntos, la libertad de los detenidos, el cese de procesos judiciales “infundados” contra periodistas y trabajadores de medios y quienes ejercen su derecho a informar, la derogación de leyes que criminalizan la libertad de expresión, el fin del cierre de emisoras de radio, el cese del bloqueo ilegal a medios y la implementación de políticas que protejan a los periodistas y su labor, especialmente cuando cubren temas sensibles y abusos del poder.
“A los detenidos, no los olvidamos, a los carceleros, los seguiremos denunciando . Dejen en libertad a los injustamente presos. Al país entero le pedimos su solidaridad, no se acostumbren ni normalicen el silencio, el periodismo no es un delito, el silencio sí lo es”, sostuvo.
Foto: SNTP
Alertó que la persecución contra los periodistas es cotidiana, y que además de los 20 trabajadores de medios detenidos, 12 enfrentan medidas cautelares que los mantienen “sometidos a procesos infundados, y ocho más están siendo sometidos a interrogatorios o evadiendo órdenes de captura por hacer su trabajo en la clandestinidad“.
“Existe una política deliberada para intimidar, censurar y borrar la verdad. El Estado ha convertido el periodismo en una amenaza y ha hecho del silencio una política (…) Se ha convertido en una práctica permanente el uso de la legislación penal y antiterrorista para silenciar a periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa”, sentenció.
Remarcó que las comunidades “son las primeras víctimas del silencio”: “Sin periodistas no hay justicia, no hay verdad y no hay futuro”.
Ruiz destacó también el panorama mediático en el contexto actual en el que, además de las amenazas, los trabajadores de medios se enfrentan a “contratos de trabajo informales” y carecen “de estabilidad, con sueldos insuficientes y con un pluriempleo que pasa del 70%, es decir, periodistas con dos o más trabajos para poder subsistir“.
El secretario general nacional del Círculo de Reporteros Gráficos, José Esparragoza, por su parte, también se sumó al llamado por la liberación de los detenidos para que la libertad de expresión “siga teniendo fuerza en el país”.
Ovidio Morales, arzobispo emérito de Los Teques, fue invitado al evento y desde allí envió también una palabra de consuelo y fortaleza espiritual a los periodistas detenidos y a sus familiares, además de recalcar la importancia de garantizar la libertad de expresión en el país.
“Mi segunda vocación, después de la sacerdotal, fue la de comunicación social (…) Dios hizo al ser humano para vivir libre y comunicarse libremente, como un ser dialogante”, destacó.
El obispo, en nombre de la Iglesia, pidió que la canonización de los primeros dos santos venezolanos, la Madre Carmen Rendiles y de José Gregorio Hernández, sirva como una mediación que permita la liberación de los presos políticos en Venezuela, especialmente de los trabajadores de medios detenidos por informar.
“Canonización sin presos políticos, canonización sin comunicadores sociales presos, por qué, porque la canonización es una fiesta creada en torno a generar el rejuvenecimiento de los mejores valores de la convivencia humana. De tal manera que esta canonización anime a despertar todo un movimiento de apertura, de lucha, de trabajo, por la libertad (…) y de un modo particular, por quienes están sometidos a la violación de su libertad como los comunicadores sociales”, propuso.
Foto: SNTP
Las voces de los familiares de detenidos
En el evento también estuvieron presentes familiares de periodistas detenidos, como la mamá de Nakary Ramos, Francis Ramos, quien comentó el impacto que ha tenido en el seno de su familia la detención de su hija, trabajadora del medio Impacto Venezuela, por hacer un reportaje sobre la inseguridad.
“Ha sido muy duro para la familia, especialmente para la hija de Nakary, que solo que tiene cinco años, ha sido muy duro estar sin sus padres. Rogamos a las autoridades competentes para que revisen sus casos y puedan salir en libertad.
Deisy Peña, reportera gráfica que fue detenida en Los Teques en agosto de 2024 en el marco de la represión poselectoral, también comentó brevemente lo que fue la experiencia del injusto proceso que atravesó.
“Fueron cuatro meses y medio en los calabozos, fue un proceso que marcó a mis padres, hermanos, hijos, yo tengo tres hijos, solo la mayor se enteró, mis hijos más pequeños estuvieron engañados, les dijeron que yo estaba de viaje para que no experimentaran ese trauma. ¿Cómo decirles que su madre estaba presa por hacer su trabajo? (…) Gracias a Dios y al esfuerzo de todos hoy estoy aquí. Sigo trabajando, pero con limitaciones para poder ejercer”, narró.
Foto: SNTP
Francys Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, reveló que gracias a las denuncias y a la presión mediática a su esposo le restablecieron las visitas y que pudo verlo hace unos días en El Helicoide:
“Sucedió un evento irregular con él, pero él está fuerte y es digno de ser periodista. Él me dice que cuando descubrió su vocación, descubrió todo lo que quería hacer en la vida ayudar a la gente, defender derechos, denunciar lo que está mal, y me comenta ‘hoy estoy preso por eso, pero sigo pensando que mi vocación es lo que me va a llevar a la libertad'”, dijó.
Precisó que Rojas estuvo recluido cuatro noches en una celda de castigo conocida como “El Tigrito”, de espacio reducido, lo que le causó un lumbago. Agregó que, por fortuna, le suministraron el tratamiento.
“Carlos Julio les dice que el hecho de que los periodistas sigan ahí lo llena de fuerzas, y que es un mensaje de que él no se equivocó de carrera (…) la fuerza de él hoy en día son ustedes -los periodistas- no lo abandonen ni a él ni a todos los que siguen detenidos. Ustedes dejaron de ser sus colegas para convertirse en sus héroes, no se cansen de luchar, no se cansen de apoyarnos (…) “, clamó.
Adriana Briceño, esposa de Ángel Godoy, redactor de Punto de Corte, destacó el profesionalismo del trabajo del hombre que tiene 178 días detenido de forma arbitraria.
“Nuestra exigencia sigue siendo la misma, la solicitud del debido proceso, el respeto a sus derechos constitucionales, desde el día 96 tenemos acceso a contacto y el derecho a la visita, pero no todos tienen esa oportunidad. Es muy duro, hemos sabido sobrellevar las cosas, tenemos un hijo que el 31 de julio se gradúa de bachiller y papá no está con él, pero espiritualmente está con nosotros”.
Recalcó que no tienen aún claro las razones por las que está detenido y reveló que hubo un cambio de defensor público: “En los días de visita le ofrecemos tiempo de calidad, es lo único que por ahora podemos hacer (…) Yo sé que pronto van a salir, esto es transitorio, lo que tenemos que tener es mucha fuerza para dársela a ellos el tiempo que estén ahí”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Como un atentado a la autonomía calificaron voceros de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y expertos en el tema universitario la reciente decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de eliminar las pruebas internas de admisión en las escuelas de las instituciones públicas de educación superior.
La disposición del CNU reserva a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) la totalidad de los cupos a las universidades públicas a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), desplazando al Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (Simadi), con el cual el estudiante podía gestionar su acceso en base a las notas de primero a cuarto año de educación media (60%) y una prueba diagnóstica aplicada por la universidad (40%).
Pese al dictamen del CNU, en sesión ordinaria de este miércoles 2 de julio el Consejo Universitario de la UCV aprobó por mayoría continuar con la fase 2 del Simadi 2025, la cual consiste en la aplicación de un test con preguntas de razonamiento verbal, lógico y numérico.
“Este procedimiento contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la educación universitaria, con el fin de garantizar este derecho humano y deber social, en igualdad de condiciones y sin más limitaciones que las derivadas de aptitudes, vocación y aspiraciones”, reza un comunicado difundido por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).
Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, calificó la decisión emitida por el CNU como arbitraria.
“Es una decisión que atenta de forma directa contra la autonomía universitaria que está consagrada en el artículo 109 de la Constitución, que dice de forma clara que las universidades son libres y autónomas de escoger incluso sus propios procesos administrativos”.
Un representante del sector universitario que prefirió no dar su nombre sentenció que la prohibición de las pruebas de admisión constituye una violación al principio de autonomía.
“También antagoniza con la Ley de Universidades, que establece que las universidades de manera autónoma se darán sus propias formas de gobierno y sus decisiones en función del comportamiento académico”, agregó.
De acuerdo al académico, el artículo 26 de la Ley de Universidades establece que los consejos universitarios podrán decidir la cantidad y la manera de organizar el ingreso del recurso humano correspondiente al primer año, además del proceso de selección de aspirantes, siguiendo los lineamientos del CNU.
Cucunuba sentenció que el sistema OPSU no siempre ofrece una alternativa al estudiante.
“Desde mi punto de vista esto es algo que perjudica el funcionamiento de las universidades y al joven que está aspirando por un cupo, estar inscrito en OPSU no le garantiza al bachiller que lo seleccionen para una universidad. OPSU no es un sistema 100% equitativo porque toma en cuenta desde el promedio de notas hasta la territorialidad y excluye otros factores, la decisión de ir contra Simadi es bastante bastante cuestionable”, opinó.
El académico informó que el mecanismo OPSU concentra el 80% de los ingresos a las universidades y las pruebas diagnósticas constituyen una alternativa complementaria de apenas 20%.
“La justificación de la eliminación de las pruebas de ingreso en las universidades tiene que ver con el supuesto propósito de promover la equidad y contra las presuntas ventas de cupos que existen en las casas de estudio públicas. Si hay un presunto delito, no se puede tomar una decisión que atente contra los derechos fundamentales de los universitarios. No se puede combatir un delito con otro delito mayor”, dijo.
Cucunuba expresó que el argumento que utiliza el CNU para asumir la medida es que atenta de forma directa contra la educación pública y gratuita.
“Un argumento que me parece contraproducente y vacío porque así como cada universidad es libre y autónoma, cada estudiante debería tener la libertad de escoger si quiere o no acceder a ese mecanismo de ingreso y si está dentro de sus posibilidades de pagarlo”, acotó.
Recordó que las universidades públicas han tenido que ingeniárselas y buscar maneras de autogestionarse.
“¿Cuánto tiempo tiene el Estado sin bajar el presupuesto a las universidades? Entonces, las universidades buscan siempre la forma de reinventarse y de generar sus propios mecanismos de ingreso”, dijo.
La vicepresidenta de la FCU indicó que el mayor atentado contra la educación gratuita es carecer de programas públicos para ayudar a los estudiantes más desfavorecidos.
“Desde el Ministerio de Educación no han salido iniciativas para fortalecer el sistema educativo del país, no hay planes para remediar el déficit académico que existe en materias como física, química y matemática. ¿Por qué no hacen un buen plan para ofrecer becas a los buenos promedios de las universidades?. Es un debate que se debe abrir y poner de nuevo sobre la mesa”, insistió.
Sánchez no dio la cara
Cucunuba expuso que luego de una reunión con la secretaria general de la UCV, Corina Aristimuño, la FCU decidió esperar a que la resolución del CNU salga en Gaceta Oficial. Esto para comprender a cabalidad cómo se va a responder a esa medida de manera legal y jurídica: “No lo vamos a dejar pasar por debajo de la mesa, esperamos que esto sea revertido en pro de la autonomía universitaria”.
Cucunuba señaló que la FCU acompañó a las autoridades de la UCV en una reunión que sostuvieron con el viceministro de Educación Superior, Ryan Rojas.
“El ministro Ricardo Sánchez no tuvo la delicadeza de atender a la profesora Aristimuño, como siempre. Nunca la atiende y por ello tuvo que sentarse con el viceministro. Como Federación no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con el Ministerio”.
La vicepresidente de la FCU aseveró que Simadi surgió como un mecanismo para la comunidad flotante excluida por OPSU y consideró que la “contraproducente decisión” tomada por el CNU y emanada del Ministerio de Educación debe replantearse porque “atenta de forma directa, no solo contra la autonomía universitaria, sino también contra los jóvenes que quieren educarse y formarse para construir un mejor país”.
A juicio del académico entrevistado, la equidad debería ser un principio transversal.
“En ese sentido, las universidades deberían contar con un presupuesto justo, equitativo, sueldos acordes a la realidad para los trabajadores a fin de poder garantizar no solamente el ingreso de los estudiantes sino la continuidad de estos”, destacó.
El representante universitario expresó que existe una relación directa entre la equidad en políticas en materia educativa, la descentralización y el respeto a la autonomía e independencia de las instituciones. Enfatizó que las políticas que tienden a la centralización y a la imposición en la toma de decisiones son menos equitativas: “Si algo ha sido inequitativo en el sector universitario es el presupuesto que necesitan las universidades para poder garantizar la continuidad y el funcionamiento de lo que hacen y, sin duda alguna, el salario. Es importante centrarse en la justificación de la equidad”.
Expuso que durante la reducción más severa de la matrícula universitaria entre los años 2017 y 2021, los mecanismos de ingreso a universidades diferentes al OPSU facilitaron la matrícula de algunos estudiantes en universidades experimentales, lo que permitió que los estudiantes que no ingresaron por OPSU pudieran estar en la universidad, “y de alguna manera son los que más han permanecido en ellas”.
“No se puede partir del principio de equidad eliminando un mecanismo que ha promovido la equidad”, sentenció.
Reducción de matrícula
El representante del sector universitario informó que, según cifras oficiales, de 2008 a 2018 hubo una reducción del 30% en la matrícula universitaria.
“Según datos que manejamos en el período de 2012 a 2021 hubo una reducción del 60%. En este lapso académico, gracias a esos mecanismos alternativos de ingreso, las universidades pudieron de alguna manera hacerse de una oportunidad para poder equiparar esa reducción vertiginosa del ingreso”, recordó.
Aseveró que la eventual prohibición de las pruebas de ingreso a las universidades públicas se suma a la eliminación de la Prueba de Aptitud Académica.
“Esto es un paso más en el proceso de violaciones a la autonomía universitaria que, con el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), concentra el 80% del acceso a las casas de estudio. El gobierno lo que ha hecho es centralizar las funciones que por principio de autonomía le corresponden a las universidades venezolanas”, denunció.
El académico sentenció que la centralización de las universidades lo que hace es acelerar los procesos de corrupción.
”Cuando el gobierno en la anterior administración de la ministra Tibisay Lucena decidió configurar el mecanismo de ingreso, a propósito de los llamados motores de desarrollo, se priorizaron carreras que en un 79% estaban en las universidades que controla el oficialismo”.
Dijo que el SNI ha asignado estudiantes a universidades que tienen problemas de infraestructura y que en algunas escuelas tuvieron que contratar a nuevos profesores “de una manera atropellada” u obligarlos a manejar salones con 100 estudiantes quienes, debido a las condiciones internas y externas, “rápidamente se retiraron de la universidad”.
La vicepresidenta de la FCU concluyó remarcando que, actualmente, hay un grueso de bachilleres aguardando por el Simadi.
“Se encuentran en una situación difícil y esto también pone a las universidades en la misma posición”, advirtió.
Cronología de atropellos a la autonomía
No es la primera vez que la autonomía universitaria se ve amenazada.
En agosto de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Universidad Central de Venezuela la celebración de elecciones para renovar autoridades con períodos vencidos y en febrero de 2020 suspendió la decisión.
Asimismo designó una Comisión Presidencial para llevar a cabo trabajos de refacción y embellecimiento en la infraestructura de la UCV con visitas inesperadas y transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV) de miembros del alto gobierno.
En 2023, el Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred) advirtió que la intención de la Misión Venezuela Bella sobre restaurar obras de la UCV era “otra agresión” a la autonomía universitaria.
Un año antes, el Copred había denunciado la sustracción de la estatura de Maria Lionza de un galpón de la UCV.
El TSJ también ha suspendido elecciones en la Universidad de Los Andes (ULA) y en la Universidad de Carabobo.
“Lo hacen porque al gobierno no le conviene que se lleven a cabo elecciones”, dijo en marzo de 2024 Elizabeth Castillo, miembro del movimiento estudiantil Fuerza ULA.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Al menos cinco defensores de derechos humanos están encarcelados injustamente en Venezuela, recordó la ONG Provea.
La organización instó al Estado venezolano a liberar inmediatamente a todas las personas presas y garantizar juicios justos, el contacto con familiares y asistencia legal, así como cumplir con sus obligaciones internacionales.
A través de su cuenta en X, la organización recordó el caso de Rocío San Miguel, quien fuedetenida en febrero de 2024 y acusada de terrorismo y traición a la patria.
Provea sentenció que San Miguel exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con su ONG Control Ciudadano.
Igualmente, Provea destacó que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, alertó sobre grupos armados en la frontera de Venezuela con Colombia y documentaba abusos contra docentes.
Además la ONG mencionó a su abogado Eduardo Torres, quien defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025.
“Su reclusión en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue confirmada tras ocho días de prisión. Desde entonces, permanece aislado”, alertó.
Igualmente, Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo luego de brindar asistencia legal.
“Pasó 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin acceso a abogados”, añadió.
Provea mencionó tambien al periodista Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024, quien permanece en El Helicoide acusado de terrorismo y magnicidio.
“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a la justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los 1.375 kilos de cocaína de alta pureza decomisados en abril pasado en El Carmen y Cúcuta, en Norte de Santander, son un indicio de que las “máquinas” del narcotráfico volvieron a trabajar a toda marcha después de un bajón de actividad y precios que duró cerca de tres años.
Ambos municipios están en zonas limítrofes por las que pasan importantes rutas del narcotráfico que salen desde el Catatumbo, la segunda zona del país con más siembras de hoja de coca y producción de cocaína, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). El Carmen colinda con el sur del departamento del Cesar, y Cúcuta, la capital de Norte de Santander, está en la frontera con Venezuela.
La incautación se produjo en dos operaciones contra el narcotráfico ejecutadas por la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, y, según una fuente de inteligencia, en una de ellas murió uno de los conductores tras no obedecer la orden de pare que le dio un grupo de militares. La droga era transportada en caletas que les adaptaron a dos camiones y una volqueta y tenía como destino un puerto marítimo desde donde la llevarían a Estados Unidos, México o Europa.
Un decomiso de este tamaño podría ser habitual en los puertos marítimos del Caribe o del Pacífico por el lado colombiano. Pero no en estas zonas, donde las incautaciones de droga se dan a menor escala. “Que se den dos incautaciones de esa magnitud es algo muy raro. Acá los narcotraficantes no acostumbran a arriesgarse tanto, muchos prefieren mover pequeñas cantidades y de manera constante, porque es más seguro. Cuando sacan esas grandes cantidades, lo hacen por la frontera con Venezuela y porque están confiados de que van a ‘coronar’”. Así lo asegura anónimamente un líder social a #LaHoraDeVenezuela.
En el último año se ha reactivado la producción de cocaína a gran escala a ambos lados de la frontera colombovenezolana. Foto: Policía Nacional de Colombia.
La verdad detrás de estas incautaciones marca un viraje digno de analizar. Según fuentes de inteligencia, los dos cargamentos revelan que en el Catatumbo, además de la reactivación de las “máquinas” del narcotráfico, los grandes carteles volvieron a esa zona. “Retornó la temporada alta de la cocaína catatumbera”, señala un campesino cocalero, cuando se le pregunta si es cierto que la reciente crisis económica se había acabado.
Y es que desde finales de 2021, el narcotráfico en el Catatumbo se había frenado a tal punto que hubo un estancamiento en la producción. Las grandes cantidades de base de coca y de cocaína se mermaron a raíz de que carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa decidieron comprar el alcaloide en el sur de Colombia, por su gran calidad. A esto se le sumaron varias acciones de las autoridades venezolanas al destruir un gran número de pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de aviones que iban y venían de diferentes puntos del Caribe. Estas pistas estaban ubicadas en diferentes puntos del estado Zulia.
Avión destruido por la Fuerza Aérea venezolana en un pista en el Estado Zulia, en operativo antinarcóticos. Foto tomada de redes sociales de autoridades venezolanas.
A pesar de esto, la región del Catatumbo colombiano, conformada por 11 municipios con 373 000 habitantes y más de 43 000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, no dejó de producir las drogas. Anualmente, según las mediciones del SIMCI, serían procesadas como mínimo 300 toneladas de cocaína por las redes de los narcos y los grupos armados ilegales que controlan toda la cadena de la producción.
Precisamente, el control de esa economía ilegal es lo que ha llevado a que desde hace seis meses se esté dando una guerra entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las FARC, que ha dejado más de 150 muertos, miles de desplazados y daños irreparables en la población civil. Estos dos grupos saben muy bien que el ganador se quedará con miles de millones de dólares que ingresan al Catatumbo por cuenta del narcotráfico.
Pero esa pelea a muerte entre las dos organizaciones ilegales no frenó la producción de base de coca y cocaína; por el contrario, la reactivó a gran escala y se mantiene, “porque ninguna autoridad se arriesga a meterse a hacer alguna acción. Los artefactos explosivos no convencionales que están usando esos grupos, como los drones, son una gran amenaza para todo el mundo”, comenta la fuente de inteligencia.
Las rutas de la mafia
¿Pero cómo logran salir todas esas toneladas de cocaína del Catatumbo hacia diferentes destinos bajo la mirada inerte de las autoridades? Esa es la gran pregunta, cuya respuesta no es clara.
Fuentes de inteligencia de la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia le dicen a #LaHoraDeVenezuelaque es por la frontera con Venezuela por donde salen los grandes cargamentos de cocaína con rumbo especialmente a islas como Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas o Cuba, para luego ser embarcados hacia México, Estados Unidos, Europa o Asia.
Parte de la explicación está en el dominio que ejercen los grupos armados ilegales en la zona. “Cuando ya tienen lista la droga en los laboratorios, la sacan de dos formas; una de ellas es por el río Catatumbo que desemboca en el lago de Maracaibo en Venezuela. Cargan las canoas o chalupas con varios costales llenos de panelas de cocaína y arrancan la travesía. Los transportadores conocen palmo a palmo cómo moverse por ese afluente y a quiénes les deben pagar para llegar a su destino”, afirma una fuente de la región del Catatumbo, que teme por su seguridad.
Añade: “Como el viaje es muy largo y riesgoso por los constantes enfrentamientos entre ELN y disidencia, deciden parar en algunas fincas que colindan con el río Catatumbo, bien sea para esperar algún movimiento de los grupos ilegales o para echar combustible. Ya cuando saben que todo el recorrido está asegurado, siguen su rumbo sin ningún problema para llegar al punto marítimo donde los esperan para la entrega de la mercancía. En esa ruta autoridades venezolanas también reciben su pago”.
Otra fuente campesina de esa zona cocalera manifiesta que esa ruta está siendo muy segura especialmente para el ELN, que estaría obligando a muchas familias con fincas a orillas del río Catatumbo a vender o a desplazarse, pues, así, llevan a su gente a vivir en ellas y a cambio le ordenan recibir esos cargamentos de drogas y atender a los que van en las canoas. Así la mercancía va segura.
“Del corregimiento La Gabarra, de Tibú, hasta llegar al límite con Venezuela es un tramo que ya controla el ELN y ahí ya se ha visto y escuchado que muchos campesinos debieron salir porque los amenazaron; cuando se entra a territorio del país vecino, aunque hay un punto de control de las autoridades de allá, esa guerrilla es la que manda, porque es la que se encarga de darles el dinero a los efectivos venezolanos”, comenta otro habitante de la zona.
Una vez están dentro de Venezuela, las embarcaciones llegan a un punto del lago de Maracaibo en el que descargan la droga; a partir de ahí comienzan a moverla en lanchas go fast hacia las islas del Caribe o montan el alcaloide en algunos buques que salen con diferentes destinos. Todo está arreglado.
Al otro lado de la frontera, muy cerca de Tibú, está Casigua El Cubo, una población con fuerte presencia del ELN, donde, según habitantes, se cierran muchos negocios de narcotráfico. Gente consultada en esa zona asegura que allí llegan representantes de carteles de drogas que se sientan a cuadrar los ‘contratos’ para producir cocaína. Algunos en voz baja sostienen que este sería un gran puerto de narcos, desde donde salen drogas y al que llegan armas y miles de millones de dólares. Allí cerca también está el sitio que conocen como La Pista, donde también saldrían y aterrizarían avionetas.
“Para que algún extraño llegue allá, es porque fue invitado por el ELN o que viva ahí; de resto, no entra nadie. El ELN tiene un comando cuidando lo que entra y sale de ese lugar, hay varios puestos de control”, explica una fuente de la zona.
Desde que comenzó el enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las FARC en enero pasado, los gobiernos de Colombia y Venezuela han tenido cooperación en el plano militar, al tiempo que el Gobierno venezolano ha anunciado incautaciones que superan las 3,8 toneladas de droga. Sin embargo, testimonios de habitantes del lado de la frontera venezolana sostienen que hay arreglos entre la guerrilla colombiana y algunos integrantes de la Guardia Venezolana.
Las fuentes de inteligencia también dicen que hay carteles que, al tener los cargamentos en sus manos, en territorio venezolano, los suben a camionetas o camiones y descaradamente los llevan hasta la alta Guajira; desde ahí usan pequeñas embarcaciones para ir a las islas del Caribe y seguir su rumbo hacia diferentes sitios en Europa, México, Estados Unidos o Asia.
“Pero esto no quiere decir que no estén usando las rutas aéreas para seguir sacando las drogas. En el estado Zulia hay varias pistas clandestinas por las que constantemente van y vienen avionetas, unas salen cargadas con cocaína y otras llegan con armas y dinero — indica una fuente de inteligencia—. Ese movimiento se sigue dando y lo peor de todo es que es controlado por el cartel de los Soles, los narcos y una organización en la que estarían involucrados varios altos mandos de la fuerza pública de Venezuela”.
Precisa que deben pagar entre uno y dos millones de dólares, pues para que cada aeronave se mueva por territorio venezolano debe contar con un código en el radar. De lo contrario, la derriban y destruyen las pistas. “Se ha escuchado que muchas veces los aeroplanos son escoltados por aviones de la Fuerza Aérea de ese país hasta aguas internacionales; luego ellos siguen su rumbo a altitud mínima para no ser detectados por los radares de los otros países”, afirma.
El mayor control de esas rutas por el lado venezolano está en manos del ELN, aunque la disidencia de las FARC sigue teniendo algo de manejo. A pesar de que los dos grupos están en guerra, al otro lado de la frontera el negocio del narcotráfico sigue repartido entre ellos dos. Así lo confirma una fuente de esa zona.
Este es uno de los laboratorios de procesamiento de cocaína hallados en el lado venezolano de la frontera. Foto: Redes sociales autoridades venezolanas.
La gran mayoría de laboratorios para procesar cocaína, según han establecido las autoridades, están en zonas de la frontera colombiana. Sin embargo, los organismos de inteligencia tienen información sobre algunos lugares de Venezuela en los que también hay sitios donde están procesando drogas, pues así les sale más fácil a la hora de enviar al exterior. “Acá compran la base de coca y la llevan al otro lado y la procesan para convertirla en cocaína, así arriesgan menos dinero y les va mejor”, indica la fuente de inteligencia.
Además de esto, las autoridades colombianas también tienen identificado que desde el Catatumbo salen otras rutas terrestres. “Cuando la droga es llevada a Cúcuta, Puerto Santander, Durania, Chinácota y Arauca es porque va a pasar hacia Venezuela, pues por ahí hay puntos de la frontera donde las autoridades colombianas no tienen ningún tipo de control —comenta la fuente judicial—. El riesgo de llegar a esos sitios es muy grande, pues deben moverse por tierra, pero no arriesgan grandes cantidades, lo hacen con cargamentos de 30, 50 o hasta 100 kilos. Una vez pisan suelo venezolano, el ELN ya tiene todo cuadrado con los organismos de seguridad de ese país”.
Agrega: “Pero cuando los cargamentos salen por El Carmen, el corregimiento Guamalito y Ocaña, que colinda con el sur del Cesar, es porque van a agarrar la Ruta del Sol que los lleva hasta los puertos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena o la alta Guajira. Por este lado los movimientos de droga son constantes y es por ello que en varias operaciones se han decomisado toneladas de cocaína que van ocultas en contenedores listos para salir hacia otros países”.
El retorno de los grandes carteles
La reactivación del narcotráfico en el Catatumbo colombiano se vendría dando desde hace un año. Según las fuentes de inteligencia, los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, así como dominicanos, brasileños y hasta haitianos, retornaron trayendo millones de dólares que fueron repartidos entre ELN y disidencia de las FARC.
“Los campesinos cocaleros ya empezaron a recibir dinero y es por ello que hoy tienen trabajando a toda marcha los laboratorios. Se sabe que están sacando grandes cantidades de narcóticos, porque la sobreproducción que llegaron a tener ya se acabó o se dañó”, comenta una de las fuentes de inteligencia.
La mayoría de los laboratorios funciona en el lado colombiano de la frontera. Aquí, un operativo del Ejército y la Policía. Foto: Policía Nacional colombiana.
Parte de la historia sobre el porqué se está dando esa guerra en el Catatumbo es que la disidencia del Frente 33 de las FARC, al ver que los carteles mexicanos aumentaban la compra de drogas, decidieron acaparar el mercado y tener una sobreproducción para abaratar el costo de la base de coca y la cocaína, lo que perjudicó al ELN. Pero no contentos con eso, comenzaron a bajarle a la calidad del alcaloide, lo que provocó que esos ‘narcos’ se fueran hacia el sur de Colombia, donde el negocio les resultaba mejor.
Por eso, ahora que retornaron los grandes narcotraficantes, el ELN decidió solidificar el grupo que se encarga de ese negocio y que es conocido como Estructura de Finanza de Economías para la Revolución (EFER), que sería dirigida por Wilver Villegas Palomino, alias ‘Carlos el Puerco’, y otro hombre que identifican como ‘Anderson’. El primero de ellos es muy bien conocido por las autoridades de Estados Unidos, pues ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien entregue información que lleve a su captura; del otro se sabe muy poco.
La EFER, dice una fuente del Catatumbo, es una estructura que se encarga del narcotráfico y quienes están a su cabeza son netamente narcotraficantes que manejan el negocio de la compra y venta de drogas, así como el lavado del dinero que llega del exterior; “por eso no es raro que en algunas poblaciones de esa región se vean discotecas, bares, almacenes de ventas de motos o de ropa, así como viviendas lujosas. Todo eso es para blanquear los dineros”, señala la fuente de inteligencia.
Con la apertura de nuevas rutas, el regreso de los grandes carteles mexicanos de la droga aliados con la guerrilla colombiana y el montaje de laboratorios de procesamiento en el lado venezolano de la frontera, los narcotraficantes están dando pasos firmes para el resurgimiento del reinado de la cocaína del Catatumbo en los mercados internacionales.
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Banesco Banco Universal, institución bancaria de capital 100% venezolano, hizo un aporte -en calidad de donación- por US$100.000 para el apoyo del plan de respuesta, que ejecutará la Cruz Roja Venezolana en coordinación con las autoridades competentes e los estados Mérida, Barinas, Apure y Zulia, recientemente afectados por las intensas lluvias que azotan al país desde mediados del mes de junio y que han ocasionado contingencias en nueve estados de Venezuela.
La Cruz Roja Venezolana en su plan de respuesta nacional ante las afectaciones por las lluvias planea atender a 6000 personas, identificando cuatro estados que requieren atención priorizada para brindar apoyo en temas de salud, protección, apoyo psicosocial, agua y saneamiento. Con el aporte realizado por Banesco y el trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, 250 familias de los estados priorizados -Mérida, Barinas, Apure y Zulia- recibirán atención primaria en salud, medicamentos, apoyo de profesionales en salud mental, kits de higiene y aseo, y soluciones para acceder a agua potable.
El plan de respuesta ante la contingencia que ejecuta la Cruz Roja Venezolana busca atender las necesidades básicas de las familias afectadas en el marco de su misión humanitaria de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas.
“La solidaridad es un valor que siempre ha movilizado a los venezolanos en tiempos de desastres naturales. Lamentablemente, nos toca una vez más demostrar esa empatía que forma parte de nuestra idiosincrasia. Así como lo hemos hecho en situaciones similares, Banesco se une a esta solidaridad para ofrecer ayuda a las familias que hoy más lo necesitan y lo hacemos a través de la Cruz Roja Venezolana, organización humanitaria neutral, imparcial, e independiente, cuyos valores compartimos. Esta organización realiza una labor eficiente a la hora de brindar atención en momentos de contingencia”, explicó Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal.
Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farias Villanueva, agregó: “Agradecemos a Banesco esta alianza que inició en 2024 con las inundaciones en Cumanacoa y que nos ayuda ampliar nuestra respuesta humanitaria. Desde la Cruz Roja Venezolana estamos preparados en este momento para atender a al menos 6 mil personas en medio de las afectaciones por las lluvias en el país y seguimos creando alianzas para poder apoyar más familias.”
Desde mediados del mes de junio, fuertes lluvias han azotado nueve estados de Venezuela, provocando el desbordamiento de ríos, colapso de puentes y el aislamiento total o parcial de algunas poblaciones en esos estados. Ante las circunstancias, la Cruz Roja Venezolana en su plan nacional de respuesta ha desplegado decenas de voluntarios en las comunidades afectadas que permita -por razones humanitarias- atender a las familias en medio de la dificultad.
