Desestimando la solicitud de fianza de su defensa legal y pese a que tiene una petición de asilo pendiente, el gobierno de Estados Unidos decidió mantener detenido en un centro para migrantes en Texas al expreso político venezolano, Gregory Sanabria.
Un juez de inmigración descartó este miércoles 16 de julio una petición presentada por el abogado de Sanabria, quien estuvo encarcelado durante cuatro años en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Sanabria fue arrestado el pasado mes junio por agentes de migración cuando acudió a su cita anual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en Houston. Desde entonces permanece privado de libertad.
Sanabria arribó a Estados Unidos en 2022 luego de atravesar la selva del Darién entre Panamá y Colombia. Cruzó de manera irregular la frontera sur con Estados Unidos y se entregó a la Patrulla Fronteriza.
Posterior a pasar por una entrevista de miedo creíble fue liberado con una orden para presentarse ante las autoridades migratorias periódicamente, según su abogado Juan Molina.
Una vez establecido en Texas, el otrora activista estudiantil presentó una solicitud de asilo que todavía sigue pendiente.
Víctima de torturas en Venezuela
Fotografías de Sanabria con el rostro desfigurado por supuestas torturas se hicieron virales en redes sociales y su caso fue documentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, así como organizaciones no gubernamentales de Venezuela.
El Gobierno de Estados Unidos alega que Sanabria admitió estar en suelo americano de manera ilegal y permanecerá en custodia de ICE mientras sigue pendiente una decisión de un juez de migración, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
“¿Cómo que está ilegal y se está reportando con ICE y tiene un permiso de trabajo y tú mismo lo liberaste?. La gente ve esto y dice Gregory tiene un caso tan fuerte, estuvo en el Helicoide y mira como lo están tratando, los quieren meter presos para que los demás se asusten”, dijo Molina.
Su mejor amigo y también expreso político, Lennard García, sentenció que Sanabria está desesperanzado, deprimido y duda de que Estados Unidos haya sido el lugar idóneo para huir de Venezuela.
“Hermano, se me cayó todo, voy a pasar meses en la prisión de nuevo. No quiero morirme”, le contó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Durante cinco meses, activistas, creadores y defensores de derechos humanos se sumergieron en un entrenamiento poco convencional: contar verdades incómodas a través del arte. Así fue el Bootcamp Artivismo en Acción – Arte Audiovisual, una iniciativa pionera de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, que cerró su primera edición con un resultado poderoso: 10 cortometrajes que alzan la voz por la libertad, la justicia y los derechos humanos desde el lenguaje visual.
El programa, que se desarrolló entre marzo y julio de 2025, tuvo como objetivo formar artivistas: ciudadanos capaces de utilizar el arte como herramienta de denuncia, memoria y acción social. En una Venezuela marcada por la censura y la represión, el arte emerge como una forma legítima y urgente de resistencia.
“Creemos en el poder del arte para despertar conciencias. Estos cortos no son solo ejercicios creativos: son declaraciones de lucha”, explicaron desde Un Mundo Sin Mordaza.
Talleres, mentorías y creación colectiva
El Bootcamp combinó formación técnica con reflexión política y social. Los participantes recibieron mentorías de expertos en derechos humanos, activismo y producción audiovisual, dentro de un formato dinámico que incluyó talleres prácticos, laboratorios creativos y charlas inspiradoras.
El espacio permitió a los asistentes adquirir herramientas para convertir sus ideas en acciones audiovisuales impactantes, desarrollar sus capacidades narrativas, y conectar con una red de personas comprometidas con el cambio.
Diez cortos. Diez causas. Una sola lucha
El resultado tangible de esta primera edición son 10 cortometrajes que abordan temas cruciales como: La censura y la libertad de prensa, el derecho al voto, la lucha ambiental, la violencia en conflictos armados internacionales, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la defensa del pensamiento crítico y el disenso.
Cada pieza audiovisual representa una historia que interpela y moviliza. Una forma de hacer frente, cámara en mano, a la normalización del silencio.
Los cortos estarán disponibles al público desde este jueves 17 de julio a las 6:00 p.m. (hora Venezuela) a través del canal de YouTube de Un Mundo Sin Mordaza. La invitación es a verlos, compartirlos y hacerlos circular. Porque en un país donde hablar cuesta caro, crear también es resistir.
Cuando el arte se convierte en resistencia
Con esta primera edición, Artivismo en Acción se consolida como una plataforma clave para fortalecer la libertad de expresión desde el arte audiovisual. La apuesta de Un Mundo Sin Mordaza es clara: formar nuevas voces que transformen la indignación en obras que incomodan, despiertan y movilizan.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Los nuevos datos publicados la ONG independiente Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI por sus siglas en inglés) muestran que el gobierno de Venezuela aún tiene un “largo camino por recorrer” para lograr sus compromisos de “derechos civiles y políticos para su pueblo”.
Las conclusiones del estudio, que fueron compartidas en una nota de prensa, indica que la puntuación general de Empoderamiento de Venezuela de 2.7 sobre 10 destaca que muchas personas “no disfrutan de sus libertades civiles y políticas (libertad de expresión, reunión y asociación, derechos democráticos y religión y creencias)”.
Mientras que la puntuación de 3,4 sobre 10 en Seguridad frente al Estado de Venezuela sugiere que “muchas personas no estána salvo de uno o más de los siguientes riesgos”: arresto arbitrario, tortura y malos tratos, desaparición forzada, ejecución o ejecución extrajudicial. Los puntajes para el derecho a no ser arrestado arbitrariamente (2.3) y el derecho a no ser torturado ni maltratado (2.4) son particularmente bajos, y se encuentran dentro del rango “muy malo” de HRMI.
“En comparación con los demás países de nuestra muestra, Venezuela tiene un desempeño inferior al promedio en el derecho a la seguridad frente al Estado”, se lee en un apartado del reporte.
Venezuela se encuentra en el fondo de todos los países muestreados por los derechos de Seguridad del Estado, junto con países como Brasil, Nigeria y México.
Aparte del derecho a la libertad de religión y creencias (“justa”), los derechos de reunión y asociación, opinión y expresión y participación en el gobierno se encuentran dentro del rango “muy malo” de acuerdo con la medición de HRMI. A escala global, Venezuela también está en el fondo de los países investigados, junto a Kazajstán, Esuatini (país de África meridional), Vietnam y Hong Kong.
La Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI) es una organización independiente sin fines de lucro que forma parte de un movimiento global “que construye un mundo donde todas las personas pueden prosperar”. Desde 2017, han adelantado una serie de metodologías para producir datos de derechos humanos. Dentro de esas iniciativas se encuentra el “Rights Tracker”, proyecto global para medir sistemáticamente el desempeño de los países en materia de derechos humanos.
Para medir la Seguridad frente al Estado y los derechos de empoderamiento (derechos civiles y políticos), HRMI aplica una encuesta a expertos locales en derechos humanos (como personas que trabajan en organizaciones de derechos humanos, abogados de derechos humanos y periodistas especializados en temas sociales). Se les hacen preguntas detalladas sobre el comportamiento del gobierno durante el año anterior, y, través de estadísticas bayesianas, generan un puntuación del 1 al 10.
Gráfico 1: Puntuaciones de empoderamiento de Venezuela de 2017 a 2024
Figura 2: Puntuaciones de Seguridad del Estado de Venezuela de 2017 – 2024
Estancamiento y falta de compromiso
Los gráficos elaborados por HRMI en base al análisis de los datos sobre Venezuela sugieren que las tendencias a lo largo del tiempo “muestran un estancamiento casi total del progreso”, con las puntuaciones de EmpoderamientoySeguridad del Estado de Venezuela apenas moviéndose entre 2017 y 2024.
Destacan con preocupación que las tendencias a no ser arrestado arbitrariamente, así como a no ser torturado ni maltratado, “muestran grandes caídas en los últimos años”, lo que juicio de la iniciativa, “destaca la falta de compromiso del gobierno venezolano”.
“Los encuestados expertos en derechos humanos señalaron que las personas que protestan o participan en actividades políticas no violentas, los defensores de los derechos humanos, los defensores de los derechos de los trabajadores y las personas con afiliaciones o creencias políticas particulares son lasque corren un riesgo particular de que se violen sus derechos civiles y políticos, citando específicamente el aumento de la represión en las elecciones presidenciales de 2024″, denuncian.
“En los últimos años turbulentos, el respeto del gobierno por los derechos humanos de su pueblo se ha desplomado”, dijo la codirectora ejecutiva de HRMI, Thalia Kehoe Rowden. “Los líderes de Venezuela deben seguir los estándares internacionales y sus propias promesas de derechos humanos, y hacer mejoras significativas en la forma en que tratan a las personas”, concluyó la vocera.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto
La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció en horas de la mañana de este 18 de julio la detención del estudiante Simón Bolívar, consejero universitario y “destacado líder estudiantil”.
En el comunicado no se precisaron detalles de cuándo ni dónde se produjo la detención. Pero la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza reveló que la detención se produjo en la ciudad de Caracas.
En el texto, la FCU-UCV rechaza “de manera categórica” la detención arbitraria del joven y denuncia que esta acción represiva “atenta directamente contra la autonomía universitaria en un claro intento de silenciar las voces disidentes y coartar el derecho fundamental a la libre expresión y a la participación democrática en los espacios universitarios y nacionales”.
La Federación de Centros Universitarios de la UCV exige la liberación inmediata tanto de Bolívar como de los estudiantes “injustamente detenidos”.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes a respetar el debido proceso, garantizar los derechos humanos y cesar cualquier forma de persecución contra aquellos que ejercen su derecho a pensar diferente y a luchar por un país mejor. La UCV se mantendrá firme en la defensa de los derechos estudiantiles y la autonomía universitaria. ¡La voz de los estudiantes no será silenciada!”, expresaron.
Yonnathan Carrillo, presidente adjunto de la FCU-UCV, escribió en su cuenta en X: “Una arremetida contra la juventud universitaria para acallar las voces de libertad. Un golpe muy fuerte contra el Movimiento Estudiantil. Van por las universidades y sus estudiantes”.
De acuerdo con el balance más reciente del Foro Penal de Venezuela, en Venezuela hay actualmente 948 personas catalogadas como presos políticos. De al menos 51 de ellos se desconoce el paradero desde que fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Mañanero de Runrun.es del 18 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: El Movimiento Vinotinto presentó un informe sobre las secuelas psicológicas que dejó el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en periodistas, defensores de derechos humanos, testigos de mesa y líderes sindicales de los estados Lara y Yaracuy. La organización informó que muchos de los afectados no solo han visto comprometidos sus espacios laborales y de activismo, sino también su salud mental y bienestar emocional.
— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) July 17, 2025
“Eran personas acostumbradas a pagar bien, en general, y si retrasan dos, tres, cinco meses, están tomando la decisión entre comprar las medicinas de la hipertensión o de la diabetes”, expresó Elías Santana sobre la morosidad en los condominios en Venezuela.
Los casos de morosidad de los condominioshan aumentado durante los últimos años en Venezuela. Esto ha ocasionado un impacto negativo en el mantenimiento de la infraestructura, -que se siguen desgastando- y en la preservación de los espacios. Aunque la principal causa es la crisis económica, existen otros elementos que profundizan esta situación que debe ser atendida por el Estado.
Elías Santana, directivo y fundador de MiCondominio.com, compartió durante una entrevista con el director editorial de Runrunes, Luis Ernesto Blanco, titulada “¿Cómo está la salud financiera de los condominios en Venezuela?”, un análisis del estado actual de estos espacios, de qué manera ese contexto repercute en la sana convivencia entre los vecinos y el sostenimiento de esos lugares comunes.
De acuerdo a una investigación de Micondominio.com, -organización civil experta en administración de condominios-, desde hace tres años, la morosidad de los condominios en Venezuela aumentó de 7% a 40% aproximadamente, debido a la situación económica y el bajo ingreso salarial que perciben los trabajadores y pensionados en el país.
“Son cerca de 150 000 condominios la cifra de afectados. Es un problema ciertamente social y es básicamente la clase media y los sectores populares (…) que están viviendo esta situación”, puntualizó Santana, quien tiene una amplia experiencia en manejo de las relaciones entre vecinos y la generación de espacios de convivencia en las comunidades.
Explicó que los “nuevos morosos” son adultos mayores de 60 años que han sido excluidos del sistema laboral, que viven solos y cuyas pensiones o remesas son insuficientes. Se estima que alrededor del 70% enfrentan dificultades para pagar las cuotas.
“Eran personas acostumbradas a pagar bien, en general, y si retrasan dos, tres, cinco meses, están tomando la decisión entre comprar las medicinas de la hipertensión o de la diabetes”, explicó durante la entrevista en X (Twitter), este miércoles 16 de julio.
EL retraso en el pago de las cuotas de los condominios dificulta el sostenimiento de las infraestructuras residenciales y su adecuado funcionamiento e imposibilita el mantenimiento o rehabilitación de los espacios, lo que Santana califica como una “situación grave” y que requiere atención del Estado.
Falta de normas jurídicas
El director de Micondominio.com señala que la Ley de Propiedad Horizontal -la norma vigente que regula las relaciones entre propietarios que pertenecen al mismo edificio- no “da demasiadas opciones para actuar” frente a un caso de morosidad, además de que los procesos judiciales suelen llevar mucho tiempo. Sin embargo, expresó que el Tribunal Supremo de Justicia ha “recibido bien la propuesta” para que sea un ente judicial especializado quien atienda estos casos y que se resuelvan rápidamente esas decisiones.
Por otra parte, según el experto, es necesario ajustar la ley creada en 1958 y “adaptarla a la nueva realidad” social, no obstante, cree que sería inoportuno someter a revisión la norma en la actualidad, a través de la Asamblea Nacional. “Sería un grave riesgo que entregues una propuesta de reforma pidiendo mangos y te devuelvan guanábanas”.
Condominios productivos
Como sugerencia viable para mantener la infraestructura de los edificios en Venezuela, ante este contexto de morosidad producto de la crisis, Santana recomienda que los condominios deben volverse “productivos” y generar mecanismos de ingresos.
“Hay experiencias de condominios que han llegado a acuerdos, convenios con empresas publicitarias para vallas en su fachada, en su azotea, con empresas de telefonía para la ubicación de sus antenas, con un uso creativo, un uso productivo de su sala de usos múltiples, de lo que antes era la conserjería o de algunos puestos del estacionamiento”, comentó.
Santana también sugiere la compra de productos de consumo al mayor es una buena decisión para hacerle frente a la hiperinflación y que los recursos sean suficientes para reponer cualquier objeto que necesite el edificio, como bombillos, bolsas negras para la basura y otros materiales de limpieza.
Falta de transparencia agrava los problemas financieros del condominio
Según el representante de Micondominio.com un problema “histórico” que fomenta la morosidad, anula la participación y el interés entre los vecinos es la falta de empatía y el “autoritarismo” de la junta directiva al momento de tomar decisiones, ante lo cual recomienda utilizar estrategias para la difusión de información que refleje transparencia en la gestión de los recursos.
Elías Santana subrayó que el contexto actual del problema de la morosidad de los condominios en Venezuela está “equitativamente distribuido” y que no hay diferencias entre sectores socioeconómicos de la población, más allá de que pueden variar los montos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Para la coordinadora política nacional encargada de Voluntad Popular (VP), Adriana Pichardo, las venideras elecciones municipales del 27 de julio tienen como objeto “tratar de pasar la página” de lo acontecido el 28 de julio del año pasado.
“Estos comicios no sirven para fortalecer la democracia ni tampoco para engranar a las comunidades, sirven para intentar lavarle la cara a un régimen que se robó las elecciones el 28J”, dijo Pichardo, quien ocupa temporalmente el cargo de coordinadora en reemplazo del preso político, Freddy Superlano.
Pichardo fue la invitada en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 15 de julio, la cual llevó por nombre Elecciones municipales en Venezuela: ¿Para qué sirven?.
En el programa que estuvo moderado por los directores de Runrunes, Luis Blanco; Tal Cual, Víctor Amaya y El Pitazo, César Batiz; Pichardo manifestó que si el gobierno de Nicolás Maduro quiere cubrirse con un manto de supuesta legitimidad no lo va a lograr con unas elecciones sin garantías.
“Ellos no se van a legitimar nunca, legitimidad es de lo que más carecen en este momento, cada día implosionan más la democracia”, opinó.
Pichardo sostuvo que la gente y los alcaldes opositores tienen el derecho de seguir empleando el voto para defender sus espacios, sin embargo considera que un “triunfo” del oficialismo o la oposición no harán mayor diferencia.
“Bienvenidos a los que quieran participar, pero tenemos claro que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) gobierna en todo el país, los líderes del chavismo tienen semanas diciendo que van a ganar las 335 alcaldías de Venezuela. Es probable que si el chavismo gana en Baruta, el alcalde garantice más agua”, acotó-
La coordinadora de VP aseveró que después del 28J quedó evidenciado que los chavistas no respetan resultados electorales.
“De los municipios emblemas como Chacao, Baruta, El Hatillo y Lechería dejaran uno o dos para dar sensación de pluralidad, algunos alcaldes y concejales de oposición decidieron no participar porque les han robado todos los espacios, no los dejan gobernar, no les bajan recursos, se cansaron de una farsa y de la destrucción moral a la que son sometidos”.
Amaya informó que la candidatura de Emilio Graterón en el municipio Chacao fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de haber sido inscrita.
Pichardo expresó que Acción Democrática (AD) tenía una cantidad importante de alcaldes que decidieron apartarse de la contienda en vista de las condiciones inexistentes.
“Casi toda la dirigencia que pertenece a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) está alineada en no votar. El régimen ni siquiera hizo lo mínimo para que la oposición verdadera participara en las elecciones del 25 de mayo. Debías pasar una lista de candidatos y ellos te decían quién iba y quién no ¿Alguien ha visto un acta de las elecciones de mayo? Hemos llegado al colmo de que ya nadie da cifras, ni siquiera los supuestos ganadores”.
Pichardo aseguró que no tenía sentido participar en los pasados comicios para elegir a gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional.
“Nosotros tenemos las pruebas del 28J, pero ¿Como recabar las del 25M sin testigos electorales? Al menos 20% de los testigos electorales que participaron en las presidenciales están detenidos, exiliados o en la clandestinidad, los venezolanos no están pendiente de esta elección, lo que quieren es que se cumpla el mandato del 28J”.
Son adjudicaciones, no elecciones
La coordinadora encargada de VP indicó que el evento del 25M no puede calificarse como una elección, sino como una adjudicación.
“Hemos cotejado la participación con algunos resultados y es inexplicable como algunos diputados de la oposición fueron electos. Los chavistas lo que hicieron fue ceder espacios, pero eso fue todo menos una elección”.
Pichardo desestimó a quienes opinan que la PUD no tenía una estrategia poselectoral el 28J.
“Si no hubiese habido una estrategia no hubiésemos podido probar el triunfo de Edmundo González Urrutia, se hicieron las llamadas pertinentes, pero no tienes por qué negociar cuando ganas abrumadoramente, nadie se esperaba que se robaran 5 millones de votos y que no iban aceptar esa derrota”.
Sin embargo, la dirigente política hizo “mea culpa”:
“Nos faltó canalizar y acompañar las protestas poselectorales porque estábamos muy enfocados en los resultados y dejamos de lado esa otra parte de la película. Faltó también un Plan República que apoyara, me hubiese gustado ver mayor acompañamiento internacional. Si ganábamos por una mayoría amplia, estábamos convencidos de que ellos iban a entregar. Por eso el 28J todo cambió, empezó la guerra como ellos mismos (chavistas) lo dijeron”, sumó.
Batiz recordó que tanto el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez como el diputado Nicolás Maduro Guerra declararon que si el chavismo perdía iban a ceder el poder a la oposición.
A juicio de Pichardo, es una especie de blasfemia decir que la oposición no está haciendo nada.
“No es verdad que estamos derrotados, que estamos paralizados, hemos tenido muchas bajas, todos los días algún compañero es detenido. Semanalmente la PUD se reúne, salvo representantes de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV) que decidieron alejarse, todas las decisiones se toman en conjunto. No es fácil lo que estamos viviendo, nadie se ha rendido, nadie ha dejado de trabajar, el silencio no significa paralización, significa una nueva estrategia”, dijo.
Pichardo no considera que Maduro esté fortalecido: “No puedo decir que Maduro está débil, pero tampoco que está fuerte, la gente le teme, él no está ahí por carisma, por aceptación popular, todos los que lo rodean saben la voluntad del pueblo el 28J y lo que lo mantiene ahí es la bota militar”.
Ya no es puerta giratoria
“Todos los venezolanos tenemos miedo”, dijo Pichardo.
La coordinadora política sostuvo que desde 2014 VP ha sido el partido mas reprimido.
“Ya Superlano (Freddy) va a cumplir un año detenido y nadie lo ha visto, el mismo caso de Pilieri (Biagio) y Carreño (Roland), eso es muy dramático, esta situación jamás la habíamos tenido”.
La ex diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 dijo que después del 28J la llamada puerta giratoria, donde unos eran detenidos y otros excarcelados, ahora se convirtió en una sola puerta de entrada sin salida.
“Hoy estoy dando una entrevista después de mucho tiempo sin hablar con medios de comunicación, estamos en resguardo por seguridad, gracias a Dios la tecnología nos permite mantenernos comunicados”.
Pichardo indicó que pese a la represión, sigue valiendo la pena alzar la voz.
“Estamos pidiendo mediación de todos los países del mundo. Ninguno está dispuesto a claudicar ni a salir del país, esto nos ha llevado a replantear nuestra estrategia desde la tragedia propia y desde el dolor de tener a compañeros tras las rejas”.
Según Pichardo en caso de que el gobierno plantee una consulta para la aprobación de una eventual reforma constitucional, la oposición debe cerrar filas y abocarse a impedir el surgimiento de un hipotético Estado comunal.
“El asunto es: ¿Quién se va a atrever a representar la opción del NO ante el CNE? Esa reforma puede hacer que los alcaldes gobiernen por apenas seis meses. Este gobierno es cada vez más insostenible, pretenden gobernar un país donde nadie los quiere sencillamente por su necedad de mantenerse en el poder”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó este jueves, 17 de julio, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”), jefe del Tren de Aragua, y a otros cinco líderes y afiliados clave de esta megabanda criminal.
Mediante un comunicado del Tesoro, señaló que el Tren de Aragua “es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) originada en Venezuela y en constante expansión”. Además, expresó que “Niño Guerrero” ha convertido al Tren de Aragua, “de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno, en una influyente organización que amenaza la seguridad pública en todo el hemisferio occidental”.
“La acción de hoy resalta el papel crucial de líderes como Niño Guerrero y sus lugartenientes en los esfuerzos del Tren de Aragua por aumentar su influencia desestabilizadora en toda la región”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien acotó que la adminsitración de Donald Trump “no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes”. Los sancionados son los siguientes:
Héctor Guerrero Flores (“Niño Guerrero”)
Líder del Tren de Aragua, con más de 20 años en actividades criminales. Según la OFAC “expandió la banda de una pandilla carcelaria a una organización transnacional”. Desde el 11 de julio de 2024 el Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones por información que lleve a su captura.
Yohan José Romero (“Johan Petrica”)
Cofundador y lugarteniente de Niño Guerrero. La OFAC lo señala como “responsable de la minería ilegal en Venezuela y del tráfico de armas de uso militar para la banda”. Desde el 11 de julio de 2024 se ofreció recompensa de hasta $4 millones por su arresto.
Josué Santana Peña (“Santanita”)
Figura clave en los inicios del Tren de Aragua. Según el Tesoro de EEUU, operó desde la cárcel de Tocorón junto a Niño Guerrero. “Se le acusa de estar involucrado en homicidios, extorsiones, atentados con bombas, terrorismo y robos”, señalan.
Wilmer Pérez Castillo (“Wilmer Guayabal”)
Teniente de Niño Guerrero. Lo responsabilizan de “dirigir una célula dedicada al narcotráfico y cobro de sobornos“.
“También ha ejecutado los asesinatos de un policía, un militar venezolano y funcionarios de inteligencia venezolanos en nombre del Tren de Aragua”, se lee en el documento de la OFAC.
Wendy Ríos Gómez
Esposa de Niño Guerrero. Está vinculada al “lavado de dinero, financiamiento del terrorismo” y se presume que maneja activos ilegales obtenidos por la organización.
Félix Castillo Rondón (“Puro Arnel”)
Líder de la célula “Los Gallegos” en Chile. Implicado en homicidios, trata de personas, explotación sexual, narcotráfico y lavado de dinero.
Implicaciones de las sanciones
El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la OFAC, bloqueó todos los bienes e intereses en bienes que estén en EEUU o bajo control de ciudadanos estadounidenses pertenecientes a los miembros sancionados del Tren de Aragua. Esto también se extiende a cualquier empresa controlada en un 50% o más por estas personas.
Prohibiciones
Ciudadanos y empresas estadounidenses, así como cualquier persona dentro o en tránsito por EEUU, tienen prohibido hacer transacciones con estas personas o sus bienes. También está prohibido darles o recibir de ellos fondos, bienes o servicios.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles o penales, incluso para extranjeros. Las instituciones financieras también pueden ser sancionadas si facilitan transacciones significativas con los sancionados.
Sanciones secundarias
Bancos extranjeros que participen en transacciones relevantes podrían perder el acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo cuentas corresponsales o de transferencia de fondos.
Propósito de las sanciones
Las sanciones buscan “presionar cambios de comportamiento, no solo castigar”. La OFAC asegura que ofrece mecanismos para que los sancionados soliciten ser eliminados de la lista si cumplen ciertos criterios.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
