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La encrucijada venezolana y el rol de las mujeres en las transiciones políticas

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A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.

Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.

Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.

Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.

Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.

“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.

En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.

Ellas en el frente

María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.

“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.

Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.

Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.

Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.

Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.

A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.

“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.

La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.

Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.

Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.

De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.

Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?

El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.

Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.

En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.

En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.

La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.

En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.

Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021. 

¿Qué esperar del proceso venezolano?

Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.

Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.

Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.

Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.

Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.

“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.

A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.

La primera de ellas, dice, es un “modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.

Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.

También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.

Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.

La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.

Reportaje publicado originalmente en el medio de comunicación feminista Redsonadoras.

Cómo se vive siendo perseguido por ICE

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*Ramiro llegó a principios de 2023 a Estados Unidos huyendo de la represión y la hecatombe económica en Venezuela, siendo perseguido en su país natal. Junto a su esposa y sus dos hijas aplicaron por el beneficio del parole humanitario que facilitó el gobierno del entonces presidente Joe Biden y en cuestión de meses llegaron a Miami para comenzar una nueva vida.

Todo andaba sobre ruedas hasta que en enero de 2025 arribó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Cumpliendo una de sus principales promesas en la campaña electoral, el republicano acabó en un santiamén con el parole humanitario, el CBP One (aplicación móvil para pedir citas de asilo o un permiso humanitario) y el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), además de bloquear la petición de visas de turista. 

Al quedarse sin el recurso del parole, *Ramiro y su familia apelaron por la figura de asilo político para permanecer en territorio estadounidense y tres años después de haber llegado a Florida temen que el sueño americano llegue a su fin.

Desde hace semanas la ciudad de Doral en el sur de Florida ha sido epicentro de noticias por las redadas que ha estado llevando a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Conocida por albergar a una enorme cantidad de venezolanos, Doral es una de las ciudades más pujantes en el llamado estado del sol, pero hoy en día se ha venido a menos por el temor de sus residentes a ser detenidos y deportados, después de cosechar frutos en la tierra del Tio Sam.

De acuerdo a cifras de la propia alcaldía de Doral, en la ciudad viven más de 80000 personas y según la revista Forbes está entre las 25 mejores ciudades de Estados Unidos. Ha crecido 77% en los últimos ocho años y su ubicación cerca del Aeropuerto Internacional de Miami la convierte en un centro estratégico con alrededor de 9000 establecimientos comerciales.    

“Viví en Doral hasta marzo del año pasado y me mudé a la Orlando a principios de este año 2026, donde también hay redadas, pero no a nivel del Doral, parece que ahora están concentrados allí”, dijo *Ramiro.  

De acuerdo a Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, alrededor de 40% de la población que vive en Doral proviene de Venezuela. 

“Lo que pasa es que se ha hecho más viral en las redes sociales por la densidad poblacional venezolana que hay en Doral, pero están haciendo redadas también en otras ciudades como Chicago, Houston, Orlando, Denver, El Paso y San Antonio, por mencionar algunas”, dijo la activista venezolana.

Apenas en marzo de este año, Trump visitó el restaurante El Arepazo en Doral, donde bandera de siete estrellas en mano, una comunidad de venezolanos lo recibió con loas y aplausos, la misma que luego de un semestre se encuentra huyendo de ir a parar a un centro de detención para migrantes.

“¿Quién es de Venezuela?”, preguntó Trump al llegar al mítico restaurante. “Venimos a comprar arepas para llevarnos en el Air Force One ¿Qué me pueden recomendar?”, dijo el mandatario después de sostener una rueda de prensa en Doral, donde justificó su acción militar contra Irán.

De acuerdo a la encuestadora Meganálisis, la popularidad de Trump en Venezuela cayó de 92,2% en enero de este año, fecha en la que fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a 9,7% en agosto de 2026.

Recientemente, la congresista republicana, María Elvira Salazar, le dijo a Trump que “los hispanos se sienten traicionados” y que las políticas migratorias de la actual administración estadounidense “han ido demasiado lejos”.

Según Salazar, quien aspira a ser reelecta en las elecciones de medio término en noviembre de este año, en el pasado mes de julio, 50% de las 50000 personas que fueron detenidas por ICE no tenían antecedentes penales.

“Tenga cuidado con lo que le están diciendo sus asesores en cuanto a política migratoria. Quienes votaron por usted para llevarlo a la Casa Blanca hoy se sienten defraudados”, expuso la congresista.

¿Por qué arrestan a personas con asilo pendiente?

De acuerdo a Ferro, los agente de ICE están deteniendo a personas con un estatus migratorio pendiente alegando que violaron la ley al quedarse en territorio estadounidense más allá del tiempo que te permite una visa de turista u otra condición como parole o TPS.

“Aunque no es una norma escrita, pero sí era una tácitamente entendida, quienes solicitan asilo pueden permanecer dentro de Estados Unidos, incluso el documento que les dan a las personas una vez introducido el recurso, dice que tienen el derecho de quedarse hasta que haya un veredicto en torno a su situación”, dijo Ferro. 

*Ramiro indicó que cuando recibió la aceptación de su petición de asilo, el papel que le dieron decía que podía quedarse, no que debía estar preso en un centro de detención.   

“Con esa solicitud de asilo le dan a la persona un permiso de trabajo para que pueda mantener su estadía aquí, además de una licencia de conducir y hasta puedes tener seguridad social (social security). Entonces ¿Cómo es que una persona ilegal puede tener todos estos documentos?, es absurdo”, dijo el emigrante venezolano

Raúl David Chávez Millán es otro venezolano que vive en Doral desde hace más de una década. Ha sido testigo de cómo los agentes de ICE detienen a los conductores de vehículos que portan una licencia de conducir temporal. 

“¿Qué pasa? Que los funcionarios de ICE tienen unos lectores de placas de carros que dicen si la licencia del conductor es permanente o temporal, porque toda persona cuyo estatus migratorio no está  definido tiene una licencia temporal”, dijo Chávez.

“Cabe acotar que si la persona es indocumentada, no puede recibir una licencia de conducir temporal, por eso estar en medio de un proceso migratorio, es estar legal”, añadió *Ramiro.

Afectaciones humanitarias y económicas

“Hablan de 140000 niños que han sido separados de sus padres, más de 70000 presos. Pareciera que el presupuesto que se le otorgó a ICE es enorme, hay zozobra, miedo y persecución”, dijo Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora.

De acuerdo a Ferro, el impacto de los operativos de ICE tiene varias caras, la primera es la humanitaria y la segunda la económica.

“La gente está viviendo un absoluto terror, las familias están siendo separadas, algunos niños no están yendo a la escuela y cuando llegan a casa se encuentran que su papá y su mamá no están. Hay menores de edad que se están quedando solos”, señaló la activista.  

Chávez expresó que Doral no es la misma ciudad que conoció al llegar, ni siquiera se parece a la del año pasado. 

“Una de las cosas que más destaca de esa ciudad es el tráfico y se ha notado un descenso de vehículos sobre todo en las vías principales. Centros comerciales cercanos como el Dolphin Mall, que suele estar repleto de personas, cuenta con poca afluencia de gente, fui un día después de quincena y se podía caminar libremente por los pasillos. Acudí recientemente a un supermercado y era exactamente lo mismo”, dijo el venezolano. 

“Las calles están vacías, la gente no está saliendo de sus casas, los negocios carecen de afluencia de personas, hay establecimientos que probablemente deban cerrar o incluso ya cerraron”, agregó Ferro.

La directora del Venezuelan American Caucus dijo que la “cacería” está teniendo consecuencias en el seno familiar.

“Quizás la más dolorosa es la separación, pero también está el aspecto económico, muchos han tenido que dejar de trabajar por temor a salir a la calle y por eso hay gente que no puede pagar la renta, comprar comida o cancelar los servicios”, dijo Ferro.

*Ramiro, quien maneja un Uber y hace DoorDash (entregas a domicilio) ha pasado por periodos en los que ni siquiera ha salido de su casa por lo que su producción se ha venido a menos. Conoce a gente que ha sido aprehendida e incluso familias que se han regresado a Venezuela porque se niegan a vivir con miedo.   

A juicio de Páez Bravo, la nueva dinámica migratoria está teniendo efectos en el sector agrícola y construcción, rubros en los que tradicionalmente la mano de obra es asumida por migrantes.

Chávez expresó que en Doral el sentimiento generalizado es de tensión y miedo.

“Hay personas que han tenido que delegar en otras, cuyo estatus migratorio está definido, el hacer mercado o llevar a los niños a las escuelas”.   

Un sistema roto

*Ramiro apuntó que el destino de un solicitante de asilo no lo puede decidir un funcionario policial, sino un juez en un tribunal migratorio.

Para Chávez se trata de un tema de interpretación de las leyes.

A juicio de Ferro, quienes aguardan por una petición de asilo no son ilegales.

“Están en lo que conocemos como un limbo legal permitido y aprobado por los Estados Unidos desde hace años”.

De acuerdo a informes de organizaciones como TRAC Reports, las restricciones y cambios bajo la administración actual han elevado los rechazos de asilos desde un 60 % a un 94 %.

En junio de 2026, los tribunales de inmigración solo concedieron asilo a 771 personas, lo que representa apenas un 5 % de los casos resueltos en ese periodo.

De acuerdo a la firma Rivas & Asociados, el promedio para obtener una decisión final en un caso de asilo suele tardar de 4 a 7 años debido a la alta acumulación de casos pendientes en los tribunales.

“El gobierno creó un limbo por su ineficacia y está castigando a las personas por algo que ellos mismos formaron. Las personas que están en un proceso migratorio no tienen forma de defenderse”, expresó *Ramiro.

El migrante recordó que un requisito fundamental para aplicar por asilo es estar dentro de territorio estadounidense.

“Entonces uno debe haber entrado legalmente. Muchos acusan a los solicitantes de asilo de fraude y eso es algo que debe decidir un juez”, añadió. 

Ferro indicó que el haber sido detenido no significa que necesariamente la persona vaya a ser deportada, pero efectivamente existe un riesgo porque la manera de zafarse parcialmente de la situación es costosa. 

“Contratar a un abogado cuesta miles de dólares y salir bajo fianza otros miles más, y el tema es que cuando se trata de migración no funcionan cuotas, hay que pagarlo de una vez”, dijo la activista.

Según el bufete de Rivas & Asociados, el monto mínimo para una fianza de ICE es de 1500 dólares, aunque no existe un límite máximo y las cifras promedio suelen estar entre $5000 y $25000, según cada caso.

“Las personas que no tienen esos fondos pasan meses detenidos hasta que finalmente se ven obligados a firmar su deportación, ya sea hacia Venezuela u otro país”, dijo Ferro.

En abril de 2025, Donald Trump dijo que su meta anual de deportaciones era de 1 millón de personas.

De acuerdo a cifras del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), la administración republicana ha deportado a 985000 personas desde el inicio de su gestión hasta mediados de julio de 2026, mientras que datos oficiales de ICE registran más de 356000 deportaciones  únicamente para el año fiscal en curso, que comenzó en octubre de 2025.

“Se está perjudicando a personas que estaban esperando la respuesta por parte del gobierno mientras trabajaban legalmente, con un número de seguridad social, pagando sus impuestos y haciendo las cosas de manera correcta”, dijo Ferro.

Páez Bravo sentenció que por fortuna, organizaciones de la diáspora y la sociedad civil venezolana se han organizado para buscar una salida a este drama.

“Hubo un encuentro de más de tres decenas de organizaciones de la diáspora en Estados Unidos y andan promoviendo un encuentro entre republicanos y demócratas en procura de ofrecer posibles soluciones a los venezolanos que hoy viven en zozobra”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

La Conversa | Crimen organizado y mafias militares se cruzan en el Arco Minero

La salida o debilitamiento de algunas estructuras criminales no significó el fin del control de las mafias sobre los territorios donde se explota el oro en el Arco Minero venezolano, la investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca titulada Dorada Opacidad II demuestra como grupos delictivos, militares y autoridades locales mantienen distintos niveles de vigilancia sobre las comunidades mineras.

En La Conversa de este martes 15 de septiembre, Lorena Meléndez, coordinadora de Investigación de Runrunes, y Milagros Salazar, directora de Convoca en Perú, expusieron el trabajo que reunió  a periodistas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, y que contó con el apoyo del Pulitzer Center.

Durante el programa de la alianza conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, Meléndez explicó que el trabajo comenzó a tomar forma después del 3 de enero de 2026, debido al interés del gobierno de los Estados Unidos por el oro venezolano. 

Meléndez contó a César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, que el anuncio de reformas legales por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez y la aprobación de una nueva Ley de Minas motivaron al equipo periodístico a trasladarse a la zona. 

Meléndez relató además que el Arco Minero adquirió otra dimensión después del operativo del 9 de junio de este año, donde fuerzas estadounidenses y venezolanas supuestamente  mataron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, otrora líder del Tren de Aragua

Para Meléndez existen interrogantes sobre esa versión oficial, debido a que no encontraron pruebas fehacientes que permitieran confirmar la muerte del líder criminal.

Del control de las bandas al control militar

A juicio de Meléndez, el panorama en el sector del estado Bolívar llamado Las Claritas ha cambiado desde mediados de la década pasada al presente. 

“Lo primero que se percibe es una anarquía aparente”, expuso Meléndez.

La periodista explicó que la multiplicidad de grupos se redujo y el poder quedó concentrado en menos organizaciones.

Meléndez sentenció que el escenario cambió con la llegada de los militares a zonas donde anteriormente predominaban estructuras criminales.

“El Sistema, una alianza criminal entre Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Negro Juancho, y Yohan Romero, alias Johan Petrica,  estuvo ejerciendo un amplio control territorial. Petrica llegó a Las Claritas después de la persecución a la que fue sometido a propósito de la Operación de Liberación para el Pueblo (OLP) en Maracay y posteriormente pactó con el Negro Juancho”, dijo Meléndez.

La periodista manifestó que el control militar no se limitó a las actividades dentro de las minas, sino que se extendió a  prácticas de extorsión en las calles, detenciones para interrogatorios y cobros de “vacunas”.

De acuerdo con el relato de la periodista, las extorsiones  pueden alcanzar los 20 gramos de oro, equivalentes a 2000 dólares.

Meléndez señaló que en otros territorios permanecen organizaciones que llevan años ejerciendo control. 

En El Dorado mencionó a Fabio Enrique González Isaz, alias El Negro Fabio; en Tumeremo identificó a la organización R y su relación con el ELN (Ejercito de Liberación Nacional); mientras que en El Callao y Guasipati ubicó al Tren de Guayana.

La gobernanza criminal que sustituye al Estado

Para Milagros Salazar, fundadora y directora de Convoca, el caso venezolano forma parte de un fenómeno que también se observa en otros territorios de Sudamérica.

Salazar comparó lo encontrado en Venezuela con zonas de la Amazonía peruana, donde confluyen narcotráfico, extorsión, minería ilegal, deforestación y conexiones con el poder político.

A su juicio, la investigación permite observar cómo se instala una gobernanza criminal en territorios donde las autoridades dejan de cumplir las funciones de protección y atención de las comunidades.

Según Salazar, el oro es uno de los grandes negocios que impulsan la economía criminal en la región.

Salazar expuso que en la primera entrega de Dorada Opacidad, periodistas de distintos países sudamericanos identificaron más de 3000 toneladas de oro de origen desconocido entre 2013 y 2023 y en la segunda parte la investigación se decantó por establecer cuáles son las conexiones que tiene el mineral nativo con el poder político. 

¿Qué ocurrió con el “Niño Guerrero”?

Una de las interrogantes centrales de la investigación está relacionada con el operativo del pasado 9 de junio.

Meléndez contó que un día antes de la incursión armada en Las Claritas, un grupo de personas en Santa Elena de Uairén aseguró haber visto al Negro Juancho en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) antes de cruzar hacia Brasil.

El equipo periodístico consultó a funcionarios de la policía del estado brasileño de Roraima, quienes plantearon la posibilidad de que integrantes de estas estructuras hubieran ingresado a Brasil después de los operativos.

La periodista mencionó supuestas alianzas entre el Tren de Aragua y facciones armadas  de Brasil como el Comando Vermelho.

“¿Por qué ven a estas personas cruzando el 8 de junio, cuando el operativo fue el 9. Si esas personas conocían de antemano el operativo, ¿Por qué no ocurrió lo mismo con el Niño Guerrero?”, planteó.

Salazar sentenció que la investigación optó por hablar de una presunta captura, debido a la falta de claridad sobre lo ocurrido. 

Una ruta que trasciende Venezuela

La investigación Dorada Opacidad no se limita al Arco Minero venezolano.

Salazar explicó que la investigación regional encontró conexiones entre los circuitos del oro y las estructuras criminales de distintos países.

La investigación busca comprender quiénes participan en esas redes, cómo ingresa el oro al circuito formal, cómo se transporta de manera clandestina y quiénes se benefician de ese negocio.

Según la directora de Convoca, Perú concentra una parte sustancial del origen de las más de 3000 toneladas de oro de procedencia desconocida detectadas entre 2013 y 2023.

“Perú es un centro de lavado de oro. Los Estados pierden mucho con estas economías ilegales”, dijo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Mapa de refugios | Al menos 10 000 personas siguen en campamentos temporales en La Guaira tras los sismos

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Gabriela Rojas no sabe cómo empezará el año escolar de su hijo Michelle, de 8 años. Él estaba inscrito en el Colegio Martin Luther King, en la parroquia de Naiguatá, en La Guaira, el estado venezolano más devastado por el doblete sísmico del 24 de junio. El colegio se convirtió en un campamento transitorio para los damnificados de los terremotos y, hasta la fecha, aún alberga refugiados.

Ella se enteró de la rezonificación de las escuelas a través de chats de WhatsApp con sus vecinos y con las mamás de los amigos de Michelle. De los siete planteles educativos donde los alumnos debieron ser reubicados en Naiguatá, el Colegio Martin Luther King es el único que lo hizo por ser un refugio y no por haberse derrumbado. 

«A mi hijo lo movieron a una escuela de Anare, a varios kilómetros de Naiguatá. No sé cómo llevaré a Michelle: no tengo un carro ni cómo pagar un transporte para llevarlo todos los días», comentó Rojas. 

Para el 14 de septiembre, el día que la gobernación señaló como el inicio del año escolar 2026-2027, al menos 22 planteles escolares en La Guaira todavía albergan damnificados en refugios formales e informales. Michelle no pudo viajar los 11 kilómetros para ir al colegio que le asignaron y asistir a su primer día de clases.

Mientras algunos colegios presenciaron poca afluencia de estudiantes, un tercio de la población (34,35 %) que está refugiada en las 24 instituciones educativas que el Gobierno interino destinó como campamentos transitorios son niños, niñas y/o adolescentes, de acuerdo con datos propios obtenidos por Runrun.es. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha publicado un balance demográfico sobre las personas refugiadas en los campamentos transitorios para conocer las necesidades particulares de cada grupo etario.

Ante la opacidad que rodea a la situación en los albergues, Runrun.es elaboró una base de datos sobre los refugios en La Guara y comprobó la existencia de los 28 campamentos temporales dirigidos por el Gobierno interino y de cuatro campamentos temporales coordinados entre las Naciones Unidas y el interinato venezolano. Estos refugios albergaban a más de 10 000 personas a inicios del mes de septiembre de 2026.

De las 32 instituciones registradas en la base de datos, solo ocho son instituciones fuera del sistema educativo: cinco canchas deportivas, dos edificios gubernamentales y un espacio público. De ese mismo grupo, la mitad es coordinado por las Naciones Unidas. 

El equipo reporteril de Runrun.es también tuvo acceso a los reportes situacionales del Gobierno Interino sobre los refugios de La Guaira –informes que tampoco son públicos– para precisar los datos demográficos y contrastó su contenido con la base de datos propia, viajes de campo y con entrevistas a personas refugiadas y sus vecinos.

Habitar vs. educar

De acuerdo con el artículo número ocho del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios Dignos para Proteger a la Población en Casos de Emergencias o Desastres, publicado en 2011, el Gobierno tiene la responsabilidad de trasladar a las personas refugiadas que se han resguardado en instituciones educativas a otros espacios urbanos luego de la emergencia inicial, «dando tratamiento prioritario a la evacuación de escuelas, públicas o privadas, a fin de proteger y garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes».

Para el 2 de septiembre de 2026 había 6713 personas que aún se refugiaban en instituciones educativas (refugios «tipo e», según la Ley Especial de Refugios Dignos): el 67,48 % de esa población estaba distribuída en los 21 planteles escolares que el Gobierno interino habilitó como campamentos transitorios, el resto se refugia en instituciones universitarias. Cada uno de los planteles educativos sigue funcionando como campamento transitorio para esta fecha.

De acuerdo con la Gobernación de La Guaira, otros 122 planteles están en proceso de reparación y 32 quedaron con afectaciones graves a su infraestructura. 

Al mantener la tipología de los campamentos bajo el artículo número nueve de la Ley Especial de Refugios Dignos, ocho campamentos transitorios albergan menos de 150 personas (son de «nivel 1», según la normativa). De ese grupo, seis son planteles educativos. Al menos ocho planteles educativos que funcionan como campamentos transitorios albergan entre 151 y 205 personas (son de «nivel 2»). Otros dos colegios albergan entre 251 y 350 personas damnificadas por los terremotos a inicios de septiembre (son de «nivel 3»). Un total de 11 campamentos transitorio albergaban más de 350 personas, excediendo el límite de tipificación de la Ley Especial de Refugios Digno (serían «nivel 4»).

El Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes se encontraba sin carpas en una visita de campo de Runrun.es el 14 de septiembre, pero los vecinos de la zona informaron que los damnificados fueron reubicados a otros refugios o a campamentos informales, ya que por la zona están derrumbando los edificios y vivienda.

Sin embargo, existe un plantel educativo que aún funciona como refugio itinerante: la Escuela Nacional Bolivariana Carlos Escarrá, en la urbanización Hugo Chávez Frías, en Playa Grande, en la parroquia Urimare. Allí se refugian 206 personas (incluidos 68 niños, niñas y adolescentes), según una encuesta que Runrun.es levantó en la comunidad la primera semana de septiembre de 2026.

Norelis Morales y María Yépez, líderes comunitarias dentro del refugio de la Escuela Carlos Escarrá, notificaron que el Gobierno interino ha reubicado a varias personas, pero no a toda la población dentro del plantel.

Relatan que no tienen acceso a agua potable y la electricidad es inexistente, están a la merced de las lluvias y el estrés térmico (con índices de calor entre los 36 y 38 °C, considerados de “extrema precaución” para la salud pública según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y la Organización Mundial para la Salud). 

«La realidad entre los que vivimos en carpas ahora y los que no es fuerte. Muchos no se han querido ir porque esperan un refugio más digno: no quieren ir a otra carpa o a otro colegio. Lo que buscan son respuestas habitacionales: ¿qué pasará con nuestros hogares?, ¿a dónde nos ofrecen una vivienda para estar permanentemente allí y no habitar temporalmente? Buscamos una solución duradera», concluyó Morales.

Poblaciones vulnerables

En el Complejo Educativo República de Panamá los refugiados cuelgan su ropa en los salones y las barandas mientras los niños juegan en la cancha multiusos de la escuela. Es una de las pocas actividades que pueden hacer: los militares que custodian la entrada del recinto no permiten que nadie entre o salga. 

Si hay visitas, llaman a la familia que desean ver y se encuentran en la entrada de la escuela.

Dentro de los reportes gubernamentales consultados por Runrun.es, la población infantil es la más numerosa (representando el 34,92 % del total). Sin embargo, solo 2306 (60,72 %) niños, niñas y adolescentes se encuentran refugiados en los planteles escolares destinados como campamentos transitorios. El resto está en otros espacios urbanos como centros deportivos e instituciones gubernamentales.

Aunque el edificio del Pdval de Guaracarumbo, en la parroquia Urimare, está designado como refugio para las infancias y adolescencias sin padres o representantes desde el 27 de junio, hasta la fecha no se ha reportado ningún niño solo allí. Un personal que custodia la instalación informó a Runrun.es que no puede dar declaraciones públicas, pero aclaró que el refugio no alberga a nadie. 

Los reportes gubernamentales evidenciaron que existe una relación de 1,6 personas mayores de 18 años por cada niño, niña o adolescente en los campamentos. Mientras tanto, existe una relación de 6,16 personas mayores de 18 años por cada persona en edad de jubilación (mayores de 60 años). 

Para el 17 de septiembre de 2026, había 38 adultos mayores (17 mujeres y 21 hombres) albergados en la Escuela Nacional Bolivariana Santa Eduvigis, en la parroquia Urimare, espacio designado para el refugio de adultos mayores sin otros familiares presentes. El listado se puede conseguir en un código QR en la entrada del lugar. Es la única institución que maneja la información demográfica de forma pública.

Por su parte, en el grupo etario entre 18 y 59 años, la población femenina supera un poco a la masculina con una relación de 1,08 mujeres por cada hombre. De la población total de adultos en los reportes gubernamentales con fecha del 2 de septiembre, 63,35 % (3858 personas) estaba acogidas en instituciones educativas.

La opacidad sobre la población albergada en los campamentos sigue presente: el último balance público sobre los campamentos transitorios ocurrió el 26 de julio a las 11:00 a.m. desde el canal de Telegram del Ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Para ese momento el reporte revelaba que había 12.752 personas en campamentos transitorios de La Guaira. 

Es decir, en 38 días, el Gobierno interino reubicó a 1878 personas (o 14,73 % de la población que estaba en los campamentos para el 26 de julio).

Mientras tanto, el boletín con información sobre los sismos enviado por el presidente de la Asamblea Nacional (2025), Jorge Rodríguez, tuvo su última actualización el 24 de agosto de 2026 por su canal de Telegram. En ese último informe no hubo datos sobre las personas refugiadas.

Aunque el Gobierno interino no ha publicado cifras en más de 24 días, la emergencia humanitaria post desastre aún continúa. 

Javier Oropeza duró seis horas detenido el mismo día en el que se instaló segunda ronda de diálogo

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En horas de la noche de este 17 de septiembre fue excarcelado Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres (Carora) en el estado Lara, quien fue detenido een Barquisimeto por cuerpos de seguridad, apenas 48 horas después de haber regresado a Venezuela.

A su salida del Palacio de Justicia en Lara solo alcanzó a comentar que tenía prohibido declarar sobre el caso: “No puedo hablar sobre el tema lamentablemente ni dar declaraciones de por qué fue traído para acá. Fui atendido por una asesora pública muy profesional y capaz,pero hasta acá puedo dar declaraciones sobre por qué me trajeron acá. SOLAMENTE DECIRLES QUE seguimos la lucha, porque hacer política Y SEGUIR TRABAJANDO POR VENEZUELA no me lo impidieron”.

Oropeza fue interceptado por presuntos funcionarios al salir de una entrevista exclusiva en la sede del diario El Informador, denunció el partido Voluntad Popular.

Horas antes de ser detenido, el propio Oropeza había ofrecido una rueda de prensa detallando que, tras su llegada al país el miércoles 16 de septiembre procedente de su exilio en España, acudió formalmente al Palacio de Justicia en Caracas. Allí se presentó de forma voluntaria para ponerse a derecho, acogiéndose a los mecanismos de la Ley de Amnistía, por lo que las causas penales abiertas en su contra (que incluían acusaciones de terrorismo tras las elecciones de 2024) habían sido oficialmente sobreseídas.

Pese al cierre formal de su expediente previo, los cuerpos policiales ejecutaron la detención alegando una supuesta verificación de estatus o la existencia de una nueva orden de aprehensión activa.

Su abogado, Gerardo Pérez, lamentó que a pesar de que Oropeza actuó siempre bajo lo dispuesto en la ley, se haya practicado una detención “brusca, desmedida, en la que agredieron hasta a los que estábamos alrededor”.

Detenciones no respetan diálogo

Dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se trasladaron a los centros policiales de la región para exigir información. Guanipa publicó un mensaje en la red social X cerca de las 7:00 p.m. en el que indicaba que los habitantes de Carora trancaron la vía para exigir la liberación de Oropeza.

Reveló también que Oropeza sería presentando ante el juez de control en la sede del poder judicial en Barquisimeto y que, extraoficialmente, conocieron que les serían impuestas unas medidas cautelares.

“Esto es absolutamente incomprensible, porque ayer el juez de su causa estableció el sobreseimento, por tal motivo, ya eso es cosa juzgada y él quedó libre plenamente”, recalcó.

Entendemos que el régimen lo presentará ante el juez de control en la sede del poder judicial en Barquisimeto.

Mientras que, también en la red social X, la presidenta de la Asamblea de 2015, DInorah Figuera, lamentó que justo el día en el que tuvo lugar la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo con voceros de la presidencia encargada se registrara la detención del exalcalde de Carora.

“Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación. Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados”, escribió.

En un informe difundido hace apenas un día, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó que a pesar de los cambios políticos y una disminución de ciertas modalidades extremas de persecución, el aparato represivo del Estado venezolano sigue inacto y operativo.

La Misión estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos. La falta de información oficial transparente dificulta consolidar una cifra exacta. Tras el 3 de enero, en lugar de detenciones prolongadas, la Misión detectó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigido específicamente a amedrentar a periodistas, activistas de la oposición y actores de la sociedad civil.

Los investigadores confirmaron además al menos 64 nuevos casos de tortura y tratos crueles ocurridos con posterioridad al 3 de enero de 2026, lo que demuestra la continuidad de estas prácticas sistemáticas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Los funcionarios que violaron DD. HH. y siguen en el poder en Venezuela según Misión de la ONU

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Este jueves 17 de septiembre en la ciudad suiza de Ginebra, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ratificó lo publicado ayer en el su más reciente informe, respecto a que en el país el sistema represivo sigue intacto y solo se han producido algunos “cambios cosméticos”.

Sofía Macher, presidenta de la Misión, sentenció que aunque se han concedido algunas libertades, “nada ha cambiado”.

“Se han producido excarcelaciones, se observa mayor actividad pública y política, reconocemos que estos cambios tienen consecuencias reales, pero estos cambios no son estructurales, el aparato represivo se mantiene”, dijo la diplomática. 

Alex Neve, otro miembro de la Misión, indicó que el informe identificó a doce personas que han sido señaladas por presuntas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que ocupan u ocuparon cargos públicos.

En ese grupo están Alexander Granko Arteaga, miembro de la Dirección contra Terrorismo de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim);  José Miguel Domínguez, director de la Dirección de Acciones Estratégicas y Táctica ( DAET) de la Policia Nacional Bolivariana (PNB); Ronny González Montesinos, comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); Fabio Zavarce Pabón, director de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES); Iván Hernández Dala, director de Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv); Tarek William Saab, exfiscal general de la República, los ministros Carlos Leal Tellería, Diosdado Cabello, Gustavo González López y Vladimir Padrino López, ademas de las alcaldesas Carmen Meléndez y Cruz Torrealba.

“Pensamos que hay razones creíbles sobre la posible culpabilidad de estas personas, pero no somos una corte ni un tribunal. Estos nombres no son nuevos, han estado circulando en nuestros informes”, dijo Neve. 

Neve dijo que hay otros seis funcionarios que ocuparon puestos de alta responsabilidad en instituciones involucradas en la represión y que siguen como jerarcas del régimen, entre ellos, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela con el apoyo de EE.UU.; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Alexis Rodríguez Cabello, director del Sebin; José Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Jorge Eliécer Márquez, exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y  Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario.

El documento recuerda que Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta de la República hasta la captura de Nicolás Maduro y que hasta 2021 era responsable de las actividades del SEBIN, institución clave en el aparato represor venezolano.

Macher indicó que no pueden existir garantías de cambio mientras sigan existiendo leyes restrictivas a la libertad como la Ley del Odio, ademas de instituciones parcializadas como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“No puede haber una reforma duradera mientras las instituciones sigan sin reforma y los hechos documentados continuen sin justicia”, dijo Macher.

La experta María Luisa Quintero sentenció, por su parte, que un aparato represivo no se desmantela cambiando algunos de sus elementos, sino desmontando el sistema.

Colectivos con impunidad

Uno de los informes de la Misión de la ONU dado a conocer este mes corresponde a la actuación de los colectivos, calificados como grupos civiles armados pro gubernamentales encargados de la represión política, el control social y las economías ilícitas.

“El papel de estas alianzas armadas va más allá de intervenir como grupos de choque, han apoyado la represión mediante tareas de vigilancia e identificación de personas consideradas como opositoras”, dijo Quintero.

La diplomática además destacó la presencia de colectivos en labores de orden social, distribución de alimentos, instituciones públicas y cuerpos de seguridad.

“No todos responden a los mismos intereses. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación de las víctimas de la represión”, sostuvo Quintero. 

La funcionaria de la ONU dijo que estos grupos han contado con el respaldo público de las autoridades y tenido acceso a recursos públicos y equipamiento por parte de cuerpos de seguridad.

Condenan que continúen las detenciones políticas

Por otra parte, Macher indicó que el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, se violó un principio internacional de soberanía.

“Venezuela tiene la  oportunidad de avanzar hacia un cambio real, pero se necesita una hoja de ruta”, puntualizó. 

Neve condenó que centenares de personas sigan encarceladas por razones políticas.

“La Misión tiene evidencias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, abuso sexual, torturas, tratos crueles e inhumanos. Después del 3E las detenciones duran menos, pero se siguen cometiendo atropellos con los presos políticos y múltiples denuncias de torturas en la cárcel de El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro”, dijo Neve.

Macher informó que entre las detenciones y retenciones que se han producido después del 3 de enero de este año, 37 corresponden a periodistas. 

Neve expuso que la Misión ha solicitado viajar a Venezuela para llevar a cabo un trabajo in situ, pero no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.

“No hemos tenido contacto con miembros del gobierno, no tenemos acceso al país. Nos gustaría ir a Venezuela, esperemos que la dinámica cambie”, recalcó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

“Conatel confirmó su rol como censor”: doce años de bloqueos y una puerta entreabierta

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó este jueves 17 de septiembre el restablecimiento del acceso a varios portales informativos nacionales e internacionales que permanecían bloqueados en Venezuela desde hace años. El anuncio oficial llegó después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendara un día antes a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, eliminar las restricciones contra los dominios de medios de comunicación.

Conatel informó que las empresas proveedoras de servicios de Internet que operan en Venezuela recibieron una “notificación técnica” para habilitar los dominios de varios portales informativos. El organismo no publicó en su comunicado la lista de medios beneficiados.

“A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos”, señaló el ente.

El bloqueo de medios digitales y otras plataformas se convirtió en una práctica sistemática para restringir el acceso a información en Venezuela. A principios de septiembre de 2026, Ve sin Filtro registraba que más de 200 dominios de internet permanecían bloqueados, pese a la promesa por parte del gobierno de Estados Unidos de consolidar un proceso de estabilización institucional que abra la puerta a una democratización.

VeSinFiltro expuso que de los 202 sitios bloqueados para la fecha, 92 eran de noticias y 65 de medios de comunicación, además de páginas de organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con la organización, las operadoras de internet emplean técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, “y las restricciones varían según el proveedor”.

Podían desbloquear, pero no había voluntad

El anuncio de este jueves tampoco significa el fin del bloqueo digital. Ve Sin Filtro verificó hasta la media mañana del 17 de septiembre el desbloqueo de al menos 14 dominios desbloqueados distintos proveedores de Internet. Entre los portales identificados se encuentran Alberto News, Caraota Digital, Crónica Uno, EFE Noticias, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Revista Semana y nuestro sitio web, Runrun.es, que permanecía bloqueado desde 2020. Algunos portales recuperaron el acceso en varios proveedores, mientras que otros todavía presentaban restricciones en determinadas redes tras el anuncio de Conatel.

Andrés Azpúrua, director de Ve Sin Filtro y Conexión Segura, cuestionó que el levantamiento sea presentado como una apertura general.

“Conatel confirma su rol como el censor de #internetVE, dejando claro que tanto Maduro como Delcy Rodriguez siempre pudieron quitar los bloqueos cuando quisieran. A pesar de todo, sólo han levantado una lista pequeña de bloqueos”, afirmó en X.

En una actualización posterior, VE Sin Filtro informó que medios que llevaban años bloqueados habían quedado accesibles en los principales proveedores de Internet. La organización, sin embargo, advirtió que la censura digital continúa afectando a otros medios, organizaciones no gubernamentales, iniciativas políticas, servicios VPN y herramientas de comunicación.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió que el levantamiento alcance al 100 % de los medios y organizaciones afectados y que sea efectivo en todos los proveedores. El SNTP también reclamó que Conatel publique la lista completa de medios y dominios cuya habilitación notificó a las operadoras, de manera que el alcance de la medida pueda ser comprobado.

La organización sostuvo que algunos de los portales desbloqueados estuvieron restringidos durante años sin que se conocieran públicamente actos administrativos, procedimientos, fundamentos legales o explicaciones que justificaran las medidas.

Más de una década de bloqueos

Las primeras restricciones formales en el ámbito digital en Venezuela se ampararon bajo la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, también conocida como Ley Resorte, norma venezolana que entró en vigencia el 7 de diciembre de 2004 y fue reformada desde 2010 para incluir a las plataformas digitales y regular la difusión y recepción de mensajes en los medios. Los primeros bloqueos sistemáticos apuntaron a sitios web que publicaban cotizaciones del mercado paralelo de divisas (como DolarToday) y páginas de juegos de azar.

Las restricciones al acceso a contenidos informativos en Internet en Venezuela tienen antecedentes documentados desde 2014. Freedom House registró que para mediados de ese año Conatel había ordenado el bloqueo de unos 400 sitios y portales que contenían información económica y política. La organización señaló entonces que las medidas eran ejecutadas de manera discrecional y sin procedimientos legales.

Durante las masivas protestas antigubernamentales de 2014, la censura en internet escaló. Las ONG registran este año como el inicio de los bloqueos masivos contra canales informativos por internet que transmitían las manifestaciones en vivo (como NTN24) y plataformas de imágenes (como Zello y el alojamiento de fotos de Twitter). Espacio Público registró posteriormente el bloqueo del portal argentino Infobae, ocurrido en octubre de 2014.

Las restricciones pasaron de ser intermitentes a permanentes. Durante las protestas de 2017 y la crisis institucional de 2019, se registraron eventos masivos de bloqueos de tipo “táctico” o temporales en plataformas de redes sociales en momentos de discursos de la oposición o eventos de alto impacto político.

En 2020, en un contexto marcado por el confinamiento de la COVID-19 , los bloqueos digitales apuntaron a frenar las iniciativas humanitarias y políticas del gobierno interino de Juan Guaidó. Así, se llegaron a bloquear plataformas de asistencias como el portal voactive.com, una herramienta para que los médicos recibieran bonos económicos. Y los medios de comunicación tampoco escaparon de esta muralla digital para propiciar el silencio. Fue en ese año cuando Runrun.es fue bloqueado, así como también AlbertoNews, y se mantuvieron las restricciones crónicas contra El Pitazo y Efecto Cocuyo.

Los esfuerzos estatales en 2021 se orientaron a silenciar la cobertura periodística de las elecciones regionales de Venezuela y a restringir portales de la sociedad civil organizada. Sitios de la organización civil Súmate y organizaciones de DD.HH. que hacían veeduría de las condiciones electorales, fueron bloqueados y también se fueron acentuando las “caídas tácticas y microbloqueos” aplicados temporalmente a servicios de YouTube y portales de retransmisión (streamings) durante ruedas de prensa o discursos emitidos en vivo por líderes de la oposición.

Durante 2022, IPYS y VE sin Filtro reportaron una expansión masiva de la técnica de “bloqueo HTTPS/TLS“. A diferencia del bloqueo DNS (fácilmente evadible cambiando los servidores DNS en la computadora o teléfono móvil), los bloqueos HTTPS forzaron al uso obligatorio de herramientas de elusión avanzadas (VPN).

2023 fue el año de las primarias opositoras y la maquinaria de censura digital se activó para aislar tecnológicamente el proceso electoral ciudadano que consolidó el liderazgo de María Corina Machado. El sitio web oficial habilitado por la Comisión Nacional de Primarias para que los ciudadanos consultaran sus centros electorales (buscadorprimarias2023.com) fue bloqueado masivamente por CANTV, Movistar, Digitel e Inter menos de 48 horas después de su lanzamiento. Además, diversos dominios de iniciativas independientes de recolección de datos en tiempo real fueron neutralizados mediante ataques e interceptaciones de tráfico.

Los mecanismos de censura digital se fueron sofisticando con cada nuevo momento de alta tensión político. 2024 fue el año de unas elecciones presidenciales cuestionadas, de la mayor represión en la historia contemporánea del país, pero también, el más restrictivo de la historia digital de Venezuela. VE sin Filtro documentó el bloqueo de al menos 79 portales independientes de internet. El régimen abandonó el bloqueo quirúrgico de páginas informativas pequeñas para censurar directamente plataformas mundiales de comunicación masiva, en un esfuerzo por contener la indignación civil tras el cuestionado anuncio oficial de los resultados electorales del 28 de julio

En el marco del contexto pre y poselectoral, medios como The Wall Street Journal fueron perjudicados en este contexto y, recién celebrados los comicios, fueron bloqueados con múltiples técnicas al menos tres dominios web en los que la campaña de Edmundo Gonzalez publicó las actas de sus testigos y los resultados desagregados por mesa de votación.

El 8 de agosto de 2024, tras declaraciones de Nicolás Maduro acusando a la plataforma de promover un “golpe de Estado”, se implementó un bloqueo de tipo DNS e IP sobre la red social X por un periodo inicialmente anunciado de 10 días, que terminó extendiéndose por más de año y medio. Otro bloqueo que terminó sorprendiendo al mundo en medio de esta escalada censora fue el de TikTok, que se ejecutó en dos fases muy claras y vinculadas directamente a la narrativa del gobierno: el táctico, que ocurrió en la primera quincena de agosto de 2024, casi en simultáneo con la suspensión de la red social X (Twitter), y tras las masivas protestas por los resultados de las elecciones presidenciales y se produjo luego de que Maduro los acusara públicamente de ser un instrumento para difundir el “odio”, y promover el “fascismo”.

Tras un periodo de bloqueos intermitentes, a mediados de noviembre de 2024, el gobierno venezolano reactivó una fuerte ofensiva legal y técnica contra la plataforma: En esta ocasión, el argumento político se desplazó hacia la seguridad de los menores de edad. El gobierno responsabilizó directamente a TikTok por la intoxicación y hospitalización de decenas de estudiantes en colegios venezolanos debido a retos virales (como el “Chroming”). Maduro llegó a dar un ultimátum de 72 horas a los representantes de la plataforma en la región para que retiraran esos contenidos de Venezuela, amenazando con un bloqueo total y definitivo si no cumplían.

La censura digital del chavismo también se materializó en 2024 con el bloqueo de aplicaciones de mensajería cifrada segura como Signal, así como restrigiendo el acceso a sitios verificación de datos, como Cazadores de Fake News y EsPaja, por desmentir narrativas de desinformación institucional. Se registraron también bloqueos de más corta duración contra Reddit, (que ofrece espacios de discusión y para compartir noticias autogestionadas por una variedad de comunidades y nichos); Microsoft Teams, utilizada por empresas, ONGs y otras organizaciones y AWS CloudFront, un servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) cuyo bloqueo por espacio de varios días afectó a decenas de sitios web de información, servicios y entrenimiento.

Asimismo, para asfixiar el acceso alternativo, el Estado bloqueó los dominios y servidores de herramientas esenciales de privacidad y elusión como Psiphon, Proton VPN, TunnelBear y la red Tor.

Bloqueo que indujo a cambios para no desaparecer

El bloqueo de acceso a Runrun.es en mayo de 2020 coincidió con un período de publicación de investigaciones de alto impacto y coberturas críticas sobre la gestión pública y la crisis de la COVID-19 en Venezuela. El bloqueo se amplió en julio de 2024, en el marco del contexto de la conflictividad política por las elecciones presidenciales. Además de este bloqueo masivo por parte de las operadoras, el medio también había sufrido ataques informáticos, como un ciberataque registrado el sábado 11 de diciembre de 2021 que afectó temporalmente su operatividad.

Para un medio digital como Runrun.es, mantenerse bloqueado durante más de un lustro no solo supone perder alcance y capacidad de llegar a sus audiencias. También obliga a desplegar esfuerzos tecnológicos y de educación de los lectores que, para equipos pequeños y con recursos limitados, representan una tarea gigante.

“Nosotros nos vimos obligados a crear un dominio alternativo que no estuviese bloqueado, a desviar el tráfico a ese dominio para reducir la desconexión. Pero la pérdida de audiencia dentro del país, dentro de nuestro público natural fue importante”, explica Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.

El impacto también alcanzó la sostenibilidad del medio. “Eso supone también un impacto en los ingresos de publicidad programática que es inestimable como consecuencia de esa caída de tráfico”, señala Blanco.

Frente al bloqueo, Runrun.es también tuvo que diversificar sus vías de distribución. “En medio de eso nos obligamos a diversificar nuestros canales, a impulsar nuestros contenidos por redes sociales y a promover con otros medios bloqueados, alianzas de difusión que permitieran que contenidos útiles para la opinión pública venezolana no quedaran sepultados bajo los escombros de la censura”, relata.

La libertad de expresión no puede ser a medias

El SNTP consideró que el desbloqueo de medios representa un avance en la restitución de garantías para la libertad de expresión, pero exigió que el proceso sea completo y verificable. También, reclamó la libertad de seis periodistas y trabajadores de la prensa que continúan judicializados y la derogación de disposiciones de la Ley contra el Odio, que mantienen sanciones administrativas y restricciones contra medios digitales.

Otra exigencia del gremio periodístico es la renovación de concesiones de radio pendientes. El sindicato señala que esa situación afecta a cerca de 70 % de las emisoras del país y mantiene a más de 800 radios en incertidumbre jurídica.

Por su parte, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Sofía Macher, advirtió en su discurso este mismo 17 de septiembre ante la ONU que el desbloqueo de algunos portales no representa el levantamiento total de las restricciones.

“No ha completado el total de las líneas que deberían haber sido abiertas”, afirmó Macher. La representante de la Misión señaló además que las restricciones digitales persisten y vinculó cualquier avance en materia de libertad de prensa con la revisión de las normas que afectan las libertades de opinión y expresión. Según Macher, “casi 14 leyes o más” afectan directamente esas libertades y más de 37 periodistas han sido detenidos en Venezuela, en su mayoría durante períodos cortos.

El levantamiento parcial de los bloqueos ocurre, además, en vísperas del segundo ciclo presencial del proceso de diálogo en el que se han incorporado asuntos relacionados con la libertad de expresión. Doce años después de los primeros bloqueos digitales documentados bajo órdenes de Conatel, el organismo vuelve a mostrar que las restricciones sobre los medios pueden ser modificadas desde la propia estructura estatal que las ha administrado. Algunos portales comenzaron a recuperar el acceso, pero el marco que levanta muros digitales, permanece.

Ahora, el desafío para los medios bloqueados durante años es recuperar a una audiencia que durante años encontró obstáculos para acceder directamente al medio.

“Nos toca ahora aprovechar esta situación, que no hay garantías de que sea perdurable, en restablecer la relación con nuestro público para que muchos que ni siquiera lo conocen, neveguen nuestras páginas y recorran la historia que hemos narrado durante los últimos 16 años”, afirma Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.

El levantamiento parcial de las restricciones, por tanto, no borra los efectos acumulados durante los años de bloqueo: detrás de cada dominio inaccesible hubo audiencias que debieron buscar otras rutas, equipos que tuvieron que adaptarse y contenidos que necesitaron nuevos caminos para llegar a quienes estaban destinados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Edmundo González tras nuevo informe de Misión de la ONU: “La tortura continúa”

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El dirigente político, Edmundo González, se pronunció sobre el informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Hizo énfasis en la gravedad de sus hallazgos y recordó que los derechos humanos no pueden estar sujetos a circunstancias políticas.

González destacó que el anuncio deja en evidencia que las estructuras legales, institucionales y de seguridad que permitieron que ocurrieran graves violaciones de derechos humanos no han sido desmanteladas. Advirtió asimismo que la persecución no desapareció, sino que mutó por medio de detenciones arbitrarias cortas, vigilancia, interrogatorios, intimidación y censura.

“La tortura continúa y la conclusión de la Misión es especialmente grave. Habla de una cultura institucionalizada sostenida por la tolerancia y la impunidad”, afirmó Edmundo González. 

El político recalcó que según los datos recogidos por la Misión, entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad en el país, además de que sigen registrándose desapariciones forzadas, torturas y malos tratos bajo una cultura sostenida” por la tolerancia y la impunidad”.

González alertó sobre el papel que tienen los “colectivos” en el control social e intimidación y cómo sus actuaciones son favorecidas por el propio Estado, punto que la Misión desarrolló en este reciente informe.

“No hay reconstrucción democrática posible sin verdad, memoria y justicia”, enfatizó el dirigente.

La represión sigue

La Misión de la ONU concluyó en su más reciente informe, difundido el pasado 17 de septiembre, que pesar de las limitadas mejoras y la reducción de detenciones tras lo ocurrido el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, los responsables de las represiones y los crímenes de lesa humanidad siguen intactos. 

La organización enfatizó que las excarcelaciones de las personas que estaban detenidas por motivos políticos no han sido acompañadas por reformas, mientras que los funcionarios que han sido señalados por violaciones graves continúan en sus puestos.

Llegaron a investigar a 64 nuevos casos de tortura que han ocurrido después del 3 de enero, en lugares como El Rodeo I, con prácticas como la intubación forzada y el encerramiento en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”. Mencionaron tambiñen que en Fuerte Guaicaipuro se reportan encierros similares en celdas subterráneas similares a fosas, expuestos al frío y privados de alimentos.

Estas investigaciones han llegado a revelar varios fallecimientos bajo custodia, como el caso de Víctor Quero Navas, que estuvieron relacionados con la falta de atención médica y malos tratos. 

“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,” declaró Sofía Macher, Presidenta de la Misión. 

Estado sigue sin rendir cuentas

El informe también detalló que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026 se llegaron a registrar al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos y en el análisis que hizo la organización sobre los “colectivos”, concluyeron queson un punto central en la forma de represión del Estado y del control social, ya que operan con apoyo, financiamiento y se les suministran equipos.

“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, afirmó María Eloisa Quintero, experta de la Misión. 

Ante la perseverancia en la impunidad y la falta de información que sea transparente sobre las personas que continúan presas, los expertos hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades del Estado venezolano para poder llegar a una especie de rendición de cuentas.

“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales”, añadió Alex Neve, integrante de la Misión. 

Puede leer el informe completo aquí.

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