María Corina Machado confió en que la nueva recompensa de 50 millones de dólares que ofreció Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro ayude a resolver el conflicto en Venezuela e inclusive motive al gobernante a abandonar el país.
“Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido, el mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también a los líderes cercanos a él”, dijo la líder opositora en una entrevista con el canal estadounidense Fox News.
Machado consideró que la presión sobre Maduro será tan grande, que lo forzará a hacer un acuerdo con un gobierno extranjero para abandonar Venezuela y evitar su captura.
“La administración de Donald Trump sabe que Maduro es el cabecilla de una organización terrorista criminal, el Cartel de los Soles”, comentó Machado.
La líder opositora aseguró estar agradecida con el presidente estadounidense por duplicar el pasado jueves la recompensa por la captura de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.
“Él es la principal fuente de inestabilidad de la región y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, así que este es un punto de inflexión que envía un mensaje claro a Maduro”, confesó la opositora.
Machado dijo que no se trata de un cambio de régimen impulsado por Estados Unidos.
“Absolutamente no es cierto, pues el cambio de régimen ya lo ordenaron los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024”.
La líder opositora enfatizó que la estabilización de Venezuela representa una oportunidad de negocios de 1,7 billones de dólares para compañías estadounidenses.
“El país puede ser el hub energético de las Américas”, manifestó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Ya no hacen asambleas ciudadanas en las comunidades del país, ni siquiera se reúnen en las casas de los partidos. El miedo, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, acecha. El número de dirigentes y activistas detenidos y la persecución que no cesa ha empujado a muchos a la clandestinidad – donde la tecnología es la mejor aliada – o al exilio.
Desde el chavismo en el poder se ha decretado el nacimiento de una “nueva oposición” a partir de los comicios municipales del 27 de julio y hasta la “muerte” de organizaciones políticas como Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la que hacen vida, en su conjunto. Altos voceros como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la llama la “oposición extremista”, bajo el liderazgo de María Corina Machado, por seguir reclamando el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia hace un año.
Pero dirigentes nacionales partidistas, consultados por la alianza La Hora de Venezuela, aseguran que pese a la cruenta represión política no están desmovilizados y que en la actualidad transitan una etapa de evaluación y “reinvención” para adaptar la lucha por el cambio frente a un régimen no democrático, solo sostenido por la fuerza de las armas.
Creatividad y resiliencia
“La estrechez del espacio cívico representa en estos momentos para Primero Justicia, y en general para las organizaciones políticas, un gran desafío. Después de la elección presidencial, el patrón de represión ha afectado desde líderes nacionales hasta parroquiales, el equipo de defensa de voto fue el que más padeció por la defensa de las actas”, expresó la vicepresidente de Formación y Programas de PJ, Paola Bautista de Alemán.
La ONG Foro Penal contabiliza, hasta el 4 de agosto, 807 presos políticos, de los que 712 son hombres, 95 mujeres y cuatro adolescentes. PJ tiene registro de 13 presos políticos pertenecientes a sus filas recluidos en distintas cárceles del país y de 41 excarcelados -con medidas cautelares -luego de haber sido apresados en el contexto de las protestas postelectorales.
La detención más reciente es la de uno de sus líderes nacionales, Juan Pablo Guanipa, el 23 de mayo de 2025, dos días antes de los comicios regionales y parlamentarios. El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, también está entre los detenidos e incomunicados desde el mes de octubre de 2024.
💛 Todos somos responsables de todos.
Desde Primero Justicia seguimos construyendo país con solidaridad y compromiso.
Les mostramos esta actividad justiciera donde reafirmamos nuestra vocación social con una jornada al servicio para los abuelos de esa comunidad. pic.twitter.com/faqywrvjaw
La dirigente nacional de PJ destaca que el “clima de terror” se sobrelleva con “creatividad y resiliencia”. La seguridad de todos los miembros de la tolda aurinegra es la prioridad, por ello ya casi no realizan actividades en espacios públicos ni reuniones partidistas presenciales de las estructuras nacional, regionales, municipales y parroquiales, sino remotas, a través de internet, con la periodicidad acostumbrada.
En la actualidad aplican un programa de “ajuste de la militancia”, comenta, para el cultivo de la conciencia política y el fortalecimiento de la identidad, con el propósito de seguir animando la lucha democrática. En este sentido, recalcó, que en PJ se mantienen activos en lo individual y como parte de la PUD.
“Clandestinidad no es igual a violencia”
“En VP tenemos 31 activistas detenidos, de allí que la mayoría de nuestras estructuras se encuentran en resguardo o en el exilio. Estamos en una etapa de reinvención en el funcionamiento organizativo para adaptarnos a la situación actual sin dejar de luchar, para seguir con nuestra labor social y democrática y mantener viva la unidad del 28 de julio (presidenciales). Al igual que otros partidos hacemos muy pocas actividades públicas y nuestras reuniones son vía telemática”, señala la coordinadora política de VP, Adriana Pichardo.
José Riera es el activista de VP más recientemente apresado y sometido, de acuerdo con la tolda fundada por Leopoldo López, a “desaparición forzada” desde el 26 de julio. El coordinador nacional de VP, Freddy Superlano, también fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado el 30 de julio de 2024 y desde entonces sus familiares y abogados no han tenido acceso al dirigente.
La exdiputada del Parlamento nacional rechaza la “satanización” que ha recibido el término de “clandestinidad” o “lucha subterránea”, empleados por Machado en su llamado a seguir la lucha por hacer valer la voluntad popular del 28 de julio. Sostuvo que nada tienen que ver con violencia o actividades ilícitas sino que los partidos han sido empujados, debido a la represión gubernamental, a una reorganización no pública.
🚨 URGENTE: ATACAN A MADRES DE PRESOS POLÍTICOS FRENTE AL TSJ 🚨
Hace minutos, colectivos paramilitares agredieron brutalmente a las madres del Comité en Defensa de la Verdad que mantenían una vigilia pacífica frente al TSJ en Caracas.
Al igual que Bautista de Alemán y el presidente de Copei, Roberto Henríquez, defiende la vigencia de la PUD, conformada por ocho organizaciones: La Causa R, Encuentro Ciudadano, Convergencia -cuyo coordinador nacional, Biaggio Pilieri, tiene casi un año detenido- Acción Democrática (AD), Copei, Proyecto Venezuela, PJ y VP, tras la salida de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) por participar en los comicios de 2025.
“La PUD está viva y unida, en una etapa de reflexión y ajustes para seguir con la agenda de lucha, para rescatar las libertades civiles y que oponerse deje de ser reprimido. En VP estamos en un debate profundo, una evaluación humana para salir a flote de manera segura y con los sectores aliados en la PUD, reconociendo el liderazgo de María Corina Machado”, recalcó Pichardo.
Liderazgo legitimado
Otros dirigentes de Copei y AD advierten al chavismo que el liderazgo opositor que lucha por una transición pacífica y democrática fue legitimado por una mayoría de votos el 28 de julio de 2024, a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia (67% de la votación según las actas divulgadas por el Comando Con Venezuela frente a 33% para Nicolás Maduro), por lo que el nacimiento de una nueva oposición no es algo que se pueda decretar.
La dirigencia partidista rechaza los intentos de Miraflores de desplazar ese liderazgo a través de elecciones no democráticas y represión. Rodríguez, jefe de negociaciones de Maduro, advirtió que sólo se entenderían en una mesa de diálogo con los factores que obtuvieron más alcaldías el 27 de julio, a saber, Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática con diputados en el Parlamento de mayoría chavista.
“La violencia no es una herramienta con la que luchamos, destacamos la naturaleza cívica de la dirigencia política. Ser instrumentales al gobierno no es ser oposición y no es justo que por mantenernos firmes nos repriman, es un rumbo equivocado. Exigimos respeto al liderazgo legitimado el 28 de julio y que antes también participó en negociaciones en México y el acuerdo de Barbados”, enfatizó Henríquez.
¡Urgente!
Rechazamos que con la complacencia de quienes usurpan la tarjeta de COPEI, la policía regional toma nuestra sede en San Felipe, estado Yaracuy, privando así a los copeyanos y a todos los yaracuyanos, de un espacio para la formación ocupacional y el debate ciudadano.
— COPEI LEGÍTIMO ODCA (@PartidoCOPEI_) July 31, 2025
El también secretario ejecutivo de la PUD, tras la renuncia de Omar Barboza de UNT, indicó que 23 presos políticos han pertenecido a las filas de Copei, desde jóvenes hasta un adulto mayor de 80 años. Sin precisar la cifra, dijo que algunos han salido de la cárcel, pero se mantienen con medidas cautelares y siguen siendo víctimas de hostigamiento. Mientras tanto en AD se habla de más de 20 privados de libertad y en sus redes sociales muestran que persisten en actividades en las regiones.
“No estamos desmovilizados, el partido reorganiza sus estructuras locales en todo el país para recomponer, actualizar, vigorizar de manera segura para evitar la inacción. Por supuesto se siente mucho la presión por las detenciones, hemos tenido que hacer sustituciones en secretarías acéfalas por la persecución y hay menos presencia en la calle pero eso no quiere decir que no estemos trabajando, solo que es una nueva realidad, pedimos a nuestra militancia que no se ponga en riesgo si no es necesario y que se proteja a los sectores juveniles”, expresó un dirigente adeco que pidió mantener su nombre en reserva.
“Apegados al 28 de julio”
En Encuentro Ciudadano (EC), la dirigencia nacional, encabezada por su presidenta Delsa Solórzano, se maneja con un bajo perfil desde los comicios presidenciales de 2024, como consecuencia de la profundización de la represión. La también exdiputada nacional solo hace pronunciamientos a través de sus redes sociales en temas relacionados con presos políticos y violaciones de derechos humanos, en su mayoría.
Sin embargo, la tolda política también realiza ajustes sin dejar de pedir a sus activistas en las regiones que eviten situaciones que pongan en riesgo su libertad. Un ejemplo es la reciente designación de una nueva dirección política para el estado Anzoátegui como parte de una “reorganización interna” que adelanta EC en la entidad oriental “con miras a fortalecer su presencia territorial para afianzar liderazgos locales”, según nota de prensa.
“Seguimos apegados a lo que ocurrió el 28 de julio, cuando la población votó mayoritariamente por un cambio. Nuestra postura sigue siendo firme y coherente con relación a que hubo un fraude y hay un triunfo por cobrar. Como todos los partidos pasamos por un momento difícil, en el que no hacemos activismo presencial por seguridad, pero aun así trabajamos por el crecimiento de EC”, señaló a Efecto Cocuyo, el nuevo presidente de EC en Anzoátegui, Diogenes Castellín.
Hoy, 28 de julio, no es una fecha más. Es el día en que Venezuela habló con coraje. El día en que millones vencieron el miedo, el chantaje y el ventajismo. El día en que la esperanza se hizo acción.
A un año de aquella gesta ciudadana, la verdad permanece intacta: Venezuela… https://t.co/5fGsFXkUjR
El Comité Ejecutivo Regional de EC se reúne cada 15 días, dijo, y también se apoya en la tecnología para que sus miembros no se expongan. Resaltó que actualmente se concentran en la conformación de nuevos equipos en los municipios y hacer presencia en la zona sur y parte del norte de Anzoátegui, donde todavía la tolda no cuenta con activistas organizados.
“Asumimos la realidad, pero sin dejar de avanzar en medio de las circunstancias, paso a paso. No estamos de brazos caídos como se quiere hacer ver y de hecho actualmente realizamos talleres de formación ideológica vía remota. Esa nueva oposición que quieren imponer no representa el deseo de cambio de los venezolanos y la muestra son los poquísimos votos que obtuvieron el 27 de julio”, subrayó el dirigente regional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El sistema electoral del país atraviesa un retroceso sin precedentes desde la realización de la elección presidencial el 28 de julio de 2024. Desde entonces, expertos han alertado sobre el irrespeto a las normas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que suman más de 20 hasta los comicios municipales del pasado 27 de julio.
El politólogo y experto en temas comiciales Jesús Castellanos, considera que “después de 2024 se pasó a una nueva etapa dentro de los procesos electorales, básicamente se hacen elecciones dentro de un autoritarismo cerrado y están signadas por una enorme opacidad”.
Castellanos detalla que aunque las presidenciales se desarrollaron bajo un contexto asimétrico, aún había elementos mínimos que permitían hablar de cierto nivel de competitividad: la participación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la observación internacional del Centro Carter y la ONU, así como la realización de auditorías con acompañamiento nacional e internacional que, afirma, brindaron una base para evaluar el proceso.
Sin embargo, esos elementos desaparecieron casi por completo para las elecciones del 25 de mayo y del 27 de julio. “Hay restricciones significativas en lo que tiene que ver con el Registro Electoral, que fue restringido hasta el punto de que ni siquiera se abrió para que la ciudadanía pudiera actualizar sus datos. No hubo información oficial de las auditorías y no se publicaron las actas ni los resultados detallados”, denuncia el experto electoral.
Especialistas han explicado que el CNE ha estado inmerso en una recurrente transgresión al marco normativo, que incluye el irrespeto a las normas relacionadas con los actos poselectorales.
Algunas de las irregularidades cometidas por el CNE que demuestran las graves fracturas de los pilares del proceso electoral presidencial son las siguientes:
Incumplimiento de la publicación de los resultados desagregados y auditorías: Ha transcurrido poco más de un año de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral no publicó los resultados por mesa ni realizó las auditorías de red de telecomunicaciones, verificación ciudadana Fase II y ADES II; lo que viola los artículos 293 y 294 de la Constitución y artículos de la Ley Orgánica del Poder Popular.
Proclamación sin soporte documental: El ente electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato sin presentar el boletín definitivo, las actas de totalización ni entregar los recaudos técnicos a los partidos políticos.
Inhabilitación de candidatos: Se inhabilitó a María Corina Machado y se impidió la inscripción como candidata presidencial de Corina Yoris, hechos que limitaron el pluralismo político en los comicios.
Extralimitación de competencias del Tribunal Supremo de Justicia: La Sala Electoral del TSJ admitió y tramitó un recurso de Nicolás Maduro para certificar su elección, lo que excede sus competencias y es contrario al ordenamiento electoral.
Destitución irregular de un rector del CNE: El rector Juan Carlos Delpino fue removido de su cargo sin declaración formal de falta absoluta ni pronunciamiento previo de la Sala Plena del TSJ, violando el artículo 31 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Pese a las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 y la amplia condena a nivel nacional e internacional, el ente convocó las elecciones regionales para el pasado 25 de mayo y municipales para el 27 de julio, sin subsanar los errores, lo que derivó en que estos comicios también ser vieran marcados por un gran número de fallas, entre ellas, las siguientes:
Convocatorias irregulares: La fecha de los comicios regionales cambiaron. Primero fueron convocadas para el 27 de abril y luego para el 25 de mayo, pero no se respetaron los periodos de vencimiento de los mandatos, omitieron la publicación del cierre legal de la elección presidencial en Gaceta Electoral y no se publicó el cronograma electoral, violando los artículos 42 de la Lopre y 110 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Opacidad informativa: Tras la denuncia de un supuesto hackeo del portal web del CNE desde las elecciones presidenciales de 2024, esta página permanece desactivada. Las redes sociales del ente no emitieron información sustantiva y la comunicación fue esporádica y no oficial, muchas veces vía Telegram, haciendo que los procesos electorales (regional y de la AN) fuesen opacos.
Intervención del CNE por otros poderes del Estado: Figuras de otros poderes, como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, asumieron la vocería sobre aspectos técnicos y operativos, contraviniendo la autonomía del Poder Electoral.
Deterioro del Registro Electoral: Para estos comicios no hubo jornadas de inscripción o actualización, ni tampoco se brindó información pública sobre el cierre del padrón. Además, el CNE incumplió con la obligación legal de publicar el RE preliminar y el definitivo.
Irregularidades en las postulaciones: El ente inhabilitó sin justificación formal a partidos opositores y notificaron de los lapsos de postulación y transmisiones públicas por correo electrónico, sin divulgación oficial ni publicación en Gaceta Electoral.
Inhabilitaciones y habilitaciones discrecionales: Se inhabilitaron los partidos Movimiento por Venezuela y Centrados y se habilitó al exgobernador de Miranda Henrique Capriles, lo que se califica como una extralimitación de funciones de los poderes públicos.
Judicialización de partidos políticos y legalización de “partidos exprés”: Para las elecciones del 25 de mayo se permitió la participación de 15 organizaciones judicializadas y de “partidos exprés” que no cumplían con los requisitos de la Ley de Partidos Políticos.
Incumplimiento de la paridad y alternancia de género: A pesar de que la normativa lo establece, los partidos políticos no cumplieron con la composición equitativa de género en las postulaciones y el CNE no detalló el desglose de las cifras.
Opacidad en la campaña electoral: Las normas especiales de campaña no fueron publicadas oficialmente y se enviaron solo a los partidos participantes, restringiendo el acceso a la propaganda electoral.
Simulacro electoral opaco: El Consejo Nacional Electoral no informó oficialmente los centros de votación habilitados ni sobre la supuesta eliminación del código QR de las actas de escrutinio.
Manipulación de cifras de participación: El CNE utilizó el término “electores activos” para inflar las cifras de participación, excluyendo a más de 8,5 millones de votantes sin una explicación institucional clara.
Elección de gobernador para la Guayana Esequiba: No se publicó ninguna norma electoral específica que definiera con claridad la población de referencia, el padrón electoral, la circunscripción o el número de diputados.
Tratamiento electoral asimétrico para los electores de la Guayana Esequiba: Se les otorga un peso específico, distinto y mayor que al resto de los ciudadanos, con la oportunidad de votar dos veces para cada cargo, lo que atenta contra el principio “un elector, un voto”.
Sistema cuestionado
Las autoridades comiciales y otros funcionarios del país aseguraban que “el mejor sistema electoral del mundo” estaba en Venezuela; sin embargo, esta afirmación, que se basaba en tener un método rápido y seguro, aumentó su descrédito tras las últimas elecciones.
El día de las elecciones regionales, Nicolás Maduro anunció una “reingeniería completa” del sistema electoral para incluir votaciones primarias dentro de las comunas y consejos comunales. Dijo: “Hay que perfeccionar el sistema electoral (…) tengo el planteamiento de la constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales”.
Jesús Castellanos advierte el riesgo que implica que sea el mismo Maduro quien notifique esos cambios del sistema electoral, algo que afirmó no le corresponde, de acuerdo con lo que establece la Constitución: “Eso lesiona gravemente el principio de autonomía del Poder Electoral. Se ratifica la subordinación del resto de los poderes al Ejecutivo”, afirma.
No obstante, a juicio del politólogo, la llamada reingeniería ya se ha comenzado a observar en el sistema electoral. Explica que está presente en la imposición de normas inconstitucionales, opacidad en auditorías, no generación de resultados electorales detallados, habilitación de estructuras partidistas sin legitimidad, entre otros aspectos.
Castellanos, quien en el pasado defendía la fortaleza del sistema automatizado, en la actualidad admite que ya no se puede hablar de un modelo robusto. Dice que hasta 2024 se podían destacar ciertas virtudes, pero enfatiza que en 2025 ya no hay garantías ni transparencia.
“Queda por tierra que finalmente el sistema automatizado de Venezuela es sólido, es fuerte, es uno de los mejores del mundo, queda totalmente cuestionado porque realmente no se cumple”, asevera Jesús Castellanos.
Acceso a la Justicia también ha denunciado la opacidad que rodeaba los últimos comicios y previo a las elecciones regionales afirmó que seguían marcadas “por graves irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías mínimas”.
Para esta organización, las irregularidades permitidas por el CNE “refuerzan la percepción de un árbitro electoral sin credibilidad y debilitan el ejercicio del voto”; con lo que también aseveran “el voto pierde valor y se convierte en un mero trámite sin impacto real”.
El politólogo Jesús Castellanos resume que tras las elecciones de 2025, “lejos de abrir espacios democráticos, profundizan la clausura institucional, reforzando un régimen que desvirtúa el sentido del sufragio como expresión soberana del pueblo”; por lo que considera “impostergable una respuesta clara, articulada y estratégica que reafirme el compromiso con la recuperación del orden democrático”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Acompañados por miembros de Provea, representantes de la organización de derechos humanos Surgentes acudieron este sábado 9 de agosto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consignar un recurso de hábeas corpus a favor de la activista Martha Lía Grajales, quien fue detenida este viernes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“Durante más de siete horas, Antonio González, esposo de la activista Martha Lía Grajales, acompañado por miembros de nuestro equipo, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, sin obtener respuesta”, escribió la ONG Provea en su cuenta de X.
La organización detalló que la justicia venezolana niega el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada.
“Le recordamos a la Magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y a la jueza Carolina Molinos Romeros,presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de la acción de Hábeas Corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal”.
Grajales fue detenida en Caracas luego de participar en un acto de desagravio a las afueras de las oficinas de la ONU en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes durante una vigilia en las inmediaciones del TSJ.
La activista fue una de las mujeres agredidas que esperaban una audiencia con la presidenta del máximo tribunal para pedir la revisión de casos de sus parientes, quienes fueron detenidos en el contexto de protestas tras las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) condenó lo que consideró una escalada represiva contra familiares de presos políticos en Venezuela e instó a la ONU y otros organismos internacionales a seguir documentando y visibilizando lo que ocurre en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual entrevistó al rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Victo Rago, para conocer cuáles han sido los cambios y nuevos planteamientos que su gestión ha promovido en la institución educativa superior número uno del país, según el QS World University Rankings 2026.
Ante estos recortes la infraestructura de las universidades, el sueldo de los profesores, personal administrativo y logístico y los beneficios estudiantiles como las becas de estudio y el servicio del comedor han sufrido un deterioro visible en las diferentes instituciones superiores autónomas y en específico en el UCV.
Foto | TalCual | Techo del pasillo cubierto de la UCV se desplomó en junio de 2020
Así mismo, recientemente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV tuvo una exposición sobre los desafíos y realidades del presupuesto universitario 2025 y denunció que, “la universidad no está siendo financiada por el Estado, sino que son los propios estudiantes de pre y postgrado quienes, a través de sus pagos, sostienen la institución”.
La autonomía económica como centro del debate
Víctor Rago aseguró que ante esta compleja situación en la universidad debe haber “un debate crítico acerca de cómo movilizar sus propias capacidades para encontrar financiamiento alterno”. Reveló que dos de las alternativas consideradas contemplan optar por financiamiento internacional de organismos como la Unión Europea y sus países afiliados, y que otra dirección “es que las universidades desarrollen también capacidades y habilidades institucionales”.
Foto | Adriana Materano | ARI Móvil en la Universidad Central de Venezuela
Pero antes de realizar estas solicitudes y cambios, el rector explicó que para lograrlos es importante que la institución, la comunidad universitaria, los estudiantes y los sectores que tienen la responsabilidad de dirección de la institución debatan y reflexionen al respecto. “Todo esto implica un proceso de transformación de la propia institución. Esto no se hace de la noche a la mañana.”
La necesidad de renovar los planes de estudio
La renovación curricular de las carreras es otro de los temas centrales de discusión en las universidades públicas autónomas. Para Rago las carreras deben ser repensadas más allá de las ofertas curriculares. “Renovar los planes de estudio no significa simplemente actualizarlos y sacar los libros que ya no estén en la línea de la vanguardia del pensamiento, sino que significa repensar las carreras”
En la misma línea de la renovación de las carreras, el rector de la UCV aseguró que el papel de la universidad debe ser activo en su relación tanto con el Estado como con las ofertas de nuevos campos laborales que impulsan el desarrollo. “La universidad no es una institución que está para responder simplemente a solicitudes del entorno. Está para orientar la aparición de esas exigencias en el propio entorno”
Foto | Adriana Materano | “Tierra de Nadie” espacio de esparcimiento dentro de la Universidad Central de Venezuela.
¿Cómo lograr estos cambios?: “Poner los caballos delante de la carreta”
Para Rago a través del debate y la evaluación crítica de la universidad sobre sí misma será posible establecer “la formulación de políticas institucionales que orienten” tanto en el tema de una mayor autonomía económica, como en las renovaciones curriculares necesarias.
Por último, Rago aclaró al Camión de Información de la Alianza Rebelde Investiga que estas formulaciones, antes mencionadas, son la base que le darán efectividad a las reformas de los reglamentos e insistió en que para que estas últimas generen los cambios necesarios las acciones deben iniciar “por redefinir objetivos…De manera que comenzar por reformar los reglamentos y las normas internas es como poner la carreta delante de los caballos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el ex ministro para la reforma del Estado, Carlos Blanco, la clandestinidad propuesta recientemente por la líder opositora María Corina Machado no significa pasar a la inacción.
“Hay que entender lo que pasó el 28 de julio de 2024, a partir de la victoria de Edmundo González Urrutia se desató una campaña de terror que ha ido escalando y para no ser aplastada, la dirigencia política se ha visto en la necesidad de pasar a la clandestinidad”.
¿En qué consiste la clandestinidad que propone María Corina Machado? fue el tema de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual de este jueves 7 de agosto.
El programa moderado por Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo contó con la participación de Blanco, quien es miembro del equipo de estrategia de Machado.
A juicio de Blanco, con la ola represiva desatada después del 28J, el gobierno de Nicolás Maduro pretendía una inhibición total por parte de las fuerzas opositoras venezolanas.
“Eso no fue así y la respuesta ha sido pasar a la clandestinidad para defenderse. El hostigamiento por parte del régimen viene desde una campaña electoral donde se cerraban los hoteles y restaurantes donde estaba María Corina. Esto surge como una necesidad, nadie quiere estar escondido. María Corina no está visible físicamente en este momento, pero lo hará cuando se requiera”.
El articulista aseguró que MCM lo menos que ha estado es inactiva.
“Ella está al mando de un proceso de reorganización nacional e internacional, hay reuniones permanentes con todos los dirigentes democráticos, el hecho que no se vea no significa que no se hace”.
Blanco expresó que la administración madurista le ha declarado la guerra a la gente y el llamado es a protegerse, pero sin claudicar.
“A defender la lucha por la libertad en las condiciones en las que cada quien pueda, en no convertirse en blanco vulnerable para el régimen. Hay quienes por tener un acta en la mano fueron detenidos, todo el equipo de MCM tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina. Los movimientos clandestinos de resistencia en el mundo han buscado que sus dirigentes puedan comunicarse y para eso hoy en día sirven las redes sociales y otros mecanismos”.
Recompensa en pos de la democracia
Batiz informó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a un eventual arresto de Maduro.
Según Blanco, la respuesta del oficialismo puede ser el incremento de la represión contra la sociedad civil venezolana.
“Cada cierto tiempo anuncian una supuesta conspiración y luego viene el fiscal y mete presos a algunos ciudadanos, esa es la dinámica. Cada vez que se aprieta un tornillo, responden con más violencia”.
A juicio del ex ministro, Maduro apesta internacionalmente y nadie se quiere tomar una foto con él.
“La política de Estados Unidos hacia Venezuela es de endurecimiento y muestra que Maduro es enemigo de la democracia y la libertad, el régimen se ha convertido en un epicentro de negocios ilícitos”.
El miembro del equipo de estrategia de MCM sostuvo que el objetivo principal de la oposición es restablecer la democracia en Venezuela y para ello necesita un aliado fundamental como Estados Unidos.
“Eso no significa estar de acuerdo y endosar todo lo que hace la administración de Trump, queremos tener el mayor número de coincidencias. El de Trump es un gobierno que ha llegado al poder como expresión de una sociedad polarizada, un factor que procura el reordenamiento global, apenas se está asentando y es disruptor”.
El articulista manifestó que está en desacuerdo con la renovación de la licencia de la empresa petrolera estadounidense Chevron para seguir operando en Venezuela.
“Esos recursos van a financiar la dinámica represiva del Estado y en ese sentido no me parece adecuado”.
Más allá de una presidencia
Para Blanco el ímpetu de Machado no responde a un deseo de convertirse en la primera mujer presidenta de Venezuela.
“MCM se ha transformado en un factor de unificación de la sociedad venezolana como lo fue en la elección primaria, ella está en la sala de máquinas manejando los controles. El liderazgo de MCM va más allá de una persona, ella es el centro de convergencia de una fuerza nacional muy importante”.
El ex ministro expresó que alejados de la ingenuidad, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) apostaba porque una contundente victoria el 28J fuese suficiente para que Maduro abandonara el palacio de Miraflores a través de una negociación pacífica.
“Había factores políticos y militares, sumados al apoyo internacional, que estaban abogando porque así sucediera. La recomendación del reino de Noruega siempre fue negociar, pero no se puede negociar sin una agenda y un objetivo claro. Pese a que ellos cerraron esa vía, la negociación nunca debe acabarse y eso está vinculado con las fracturas dentro del chavismo, hay que negociar con todos porque es el camino pacífico para que cedan el poder”.
Blanco aseguró que el pueblo venezolano está exhausto de las farsas electorales y por eso no acudió a votar en los pasados comicios del 25 de mayo y 27 de julio de este año.
“Porque esos dirigentes que se presentaron ahí llamando a la gente a votar no representan a nadie. En Venezuela no hay siquiera instituciones desde donde desarrollar políticas, la reconstrucción tiene que ser casi desde cero porque todo está destruido”.
El estratega sentenció que la situación de deterioro y pérdida de horizontes en Venezuela, tiene que generar el cambio inexorable.
“Hay una genuina preocupación en mucha gente y la respuesta es organizarse, aquí va a haber un momento resolutivo tarde o temprano”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la campaña presidencial de 2024, Donald Trump hizo de la migración venezolana uno de los temas principales de su discurso. Varias veces aseguró, sin aportar pruebas, que Nicolás Maduro había enviado a Estados Unidos delincuentes liberados de las cárceles venezolanas, ligando ese supuesto “envío” con la caída del crimen en Venezuela.
“El crimen ha disminuido en Venezuela en un 67% porque están tomando a sus pandillas y a sus criminales y depositándolos muy generosamente en Estados Unidos”, declaró el presidente Trump frente a sus seguidores mientras daba un discurso electoral el 2 de abril del 2024, presentando así a cualquier hombre venezolano en EE. UU. como una potencial amenaza para la seguridad nacional.
Casi un año después, ya con Trump de regreso en la Casa Blanca, aquella acusación se transformó en una política pública. En marzo de 2025, la administración recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ordenar detenciones y deportaciones exprés de venezolanos señalados como miembros del Tren de Aragua, una pandilla que nació en la cárcel de Tocorón.
Entre los miles de deportados a varios países, un grupo de más de 250 detenidos fue trasladado a la megaprisión CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una enorme cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Allí permanecieron hasta el 18 de julio, cuando un canje negociado entre Washington y Caracas permitió su excarcelación, al igual que la de varios ciudadanos estadounidenses y opositores presos en Venezuela.
Una investigación de ProPublica, The Texas Tribune, la Alianza Rebelde Investiga (con los medios Runrunes, Tal Cual y El Pitazo) y Cazadores de Fake News, constató que casi la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no cometió delitos en Estados Unidos, había ingresado legalmente al país y tenía procesos migratorios en curso.
Mientras el rumor sobre la supuesta “invasión” carcelaria, y luego sobre la presunta orden de Maduro de “vaciar” las cárceles y enviar integrantes del Tren de Aragua, comenzó a abarcar titulares en Venezuela y Estados Unidos, verificadores, ONG y medios venezolanos ya habían rastreado su origen y explicaban cómo se estaba haciendo más viral con la aparición de nuevos bulos y manipulaciones. Eventualmente, el propio Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos aseguró en 2025 que tampoco tenía pruebas sobre la existencia de algún plan estatal venezolano de enviar delincuentes a ese país.
Seguir el recorrido de ese rumor —desde su primera aparición viral en 2022, pasando por su réplica en discursos y titulares, hasta su adopción en la campaña de Trump y su aplicación como medida de gobierno— puede servir para entender cómo un relato ha perdurado por años, hasta llegar a influir tanto en la política exterior como en el orden interno de una de las principales potencias del mundo.
El pánico carcelario que cruzó la frontera venezolana
Medios de comunicación venezolanos y extranjeros han documentado por años la falta de control estatal en cárceles venezolanas, así como los presuntos nexos entre el gobierno de Maduro y organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Algunas investigaciones periodísticas permitieron apreciar el poder que habían logrado acumular los “pranes”, líderes criminales que dirigen la vida interna y los negocios ilícitos dentro y fuera de algunos penales. Otros trabajos sostuvieron que algunos “colectivos” leales al chavismo y pandillas criminales —con integrantes que pueden estar en libertad, o incluso operar desde adentro de ciertas prisiones— llegaron a ser usadas como fuerzas de choque para dispersar manifestaciones opositoras o asegurar territorios clave para el gobierno de Nicolás Maduro.
Algunos operativos ocasionales de ”descongestionamiento” penitenciario planteados como respuesta a la precariedad carcelaria —en los que a veces se liberaron centenares de reclusos—, también generaron alarma en varias comunidades.
Con el tiempo, toda esa información se convirtió en el sustento de comentarios publicados por usuarios venezolanos en redes sociales —a veces basados en hechos e investigaciones tangibles y, en otros casos, en simples rumores— sobre el empleo de personas vinculadas con pandillas carcelarias o incluso con cuerpos de inteligencia venezolanos, para influir o desestabilizar otros países de la región.
En octubre de 2019, mientras Ecuador vivía el Paro Nacional y Chile el estallido Social, comenzaron a surgir rumores sobre la supuesta presencia de “agitadores” enviados por Venezuela y Cuba, infiltrados entre la diáspora, que se encontraban estimulando las protestas y la violencia en las calles.
Rumores sobre “venezolanos infiltrados” circularon tanto entre simpatizantes de Piñera y Lenín Moreno como entre críticos de Nicolás Maduro, entre quienes destacó @Nelsored1, uno de los tuiteros venezolanos que propagó decenas de bulos relacionados con la supuesta participación de compatriotas en los disturbios. El tuitero afirmó que guardias de la Embajada estadounidense en Santiago habían disparado contra cuatro “terroristas” chavistas que intentaban incendiar una estación de servicio. La embajada lo desmintió, y medios y verificadores de datos refutaron ese y otros bulos y rumores fabricados por el mismo usuario.
Bulos y rumores difundidos por @Nelsored1 sobre Perú, Ecuador, Chile y Bolivia en 2019.
A finales de 2019, los rumores y acusaciones en redes sociales se retroalimentaron con declaraciones teóricas y políticas. Analistas sugirieron que Caracas había estado sembrando un “pequeño porcentaje de agentes subversivos” entre la migración masiva, y la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado en el que afirmaba que los episodios de desestabilización en varios países de la región tenían su origen en las estrategias de los regímenes de Cuba y Venezuela, responsables de exportar polarización y de financiar, apoyar y promover conflictos políticos y sociales.
Con el avance de las investigaciones, se vinieron abajo las acusaciones sobre el empleo de venezolanos como agentes de desestabilización. Un grupo de 17 personas, la mayoría venezolanos, arrestados en el aeropuerto de Quito por presuntamente poseer información sobre la movilización del presidente Lenín Moreno, resultó estar integrado en su mayoría por conductores de aplicaciones de taxi; 15 de ellos eran venezolanos y fueron liberados sin cargos a los pocos días. En Santiago, la tesis surgida de un memorando de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) entregado a Sebastián Piñera el 20 de octubre, que hablaba de 600 agentes del SEBIN infiltrados en las protestas, fue desestimada en noviembre, tras una investigación de varias semanas, por falta de evidencias concretas.
Los informes de la Fiscalía ecuatoriana, la inteligencia de Carabineros y diversas organizaciones de derechos humanos coincidieron en que las protestas en ambos países respondieron, sobre todo, a causas internas y movilización espontánea. Aun así, la idea de que Caracas enviaba venezolanos para desestabilizar permaneció latente y regresó años más tarde, asociada a la ola migratoria rumbo a Norteamérica y a la expansión del Tren de Aragua en el continente.
En 2022 las cosas comenzaron a cambiar. Tras varios años de reportes sobre delitos atribuidos a presuntos integrantes del Tren de Aragua en Colombia y Perú, y mientras la crisis migratoria se agravaba en Chile, el flujo de venezolanos hacia el norte del continente se intensificó. Miles emprendieron el viaje por tierra, cruzando la selva del Darién y varios países de América Central para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos.
Este masivo flujo migratorio, sumado a informes y reseñas de delitos atribuidos a venezolanos en distintos países, generó también múltiples casos de desinformación que acentuaron la discriminación y la xenofobia contra los migrantes.
Durante los primeros meses de 2022, estos episodios de desinformación se concentraron principalmente en la frontera norte de Chile.
El 3 de febrero de 2022, un posteo publicado en la red social Twitter (hoy llamada “X”), acusaba a un grupo de venezolanos del refugio de Lobito (cerca de Iquique, frontera norte de Chile), de bloquear la carretera con fuego y escombros. “(Maduro) los soltó de la cárcel y los mandó a destruir Chile” aseguró su autor, quien acompañó el texto con un video en el que aparecían varios migrantes hablando con acento venezolano, aparentemente bloqueando un tramo de la carretera cercano al refugio.
Una investigación realizada por Cazadores de Fake News demostró que se trataba de desinformación. Los migrantes que aparecen en el video, residentes del refugio, no habían iniciado el bloqueo: estaban retirando los escombros y apagando el fuego para evitar que el humo siguiera afectando a las demás personas que permanecían en él, especialmente a los niños.
Falso: ¿migrantes venezolanos cortaron el paso para cobrar peaje en carretera de Iquique, Chile?
Información que circula en WhatsApp y varias redes sociales es #FALSA
El incidente ocurrió el 01/02/22. Los venezolanos en el video estaban AYUDANDO a quitar la barricada
Uno de los refugiados denunció que la manipulación del video criminalizaba a migrantes y refugiados en Lobito y que no existía una cobertura balanceada del fenómeno migrante por parte de los medios de comunicación locales. “Nos tienen silenciados, pero no somos delincuentes”, aseguró.
Migrantes cantando el himno, no delincuentes
La situación migratoria venezolana que a comienzos de 2022 ya era motivo de alarma, para mediados de año se había agudizado en toda la región.
El 31 de agosto de ese año, David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis migratoria venezolana, afirmó que la diáspora venezolana, con 6,8 millones de desplazados, era una de las dos mayores crisis globales de migrantes y refugiados, junto a la de Ucrania.
En paralelo, las acciones criminales del Tren de Aragua se convertían en noticia en Colombia, con la historia del hotel negro y “los embolsados”; y en Chile, con el descubrimiento de la megaoperación de la pandilla en ese país.
El 7 de septiembre, una semana después, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, instó al gobierno de Nicolás Maduro a aislar a los líderes del Tren de Aragua, alegando que desde la cárcel de Tocorón coordinaban delitos en Colombia. En ese contexto surgió la primera pieza relevante de desinformación que acusaba al gobierno venezolano de utilizar al Tren de Aragua como herramienta de desestabilización regional.
Al día siguiente, desde su nueva cuenta de Twitter, @NelsoredG, el mismo tuitero que en 2019 había difundido bulos sobre la supuesta presencia de venezolanos infiltrados en las protestas en varios países de Sudamérica, publicó un mensaje que “presos de las cárceles de Venezuela” estaban siendo enviados a Estados Unidos junto a los migrantes que cruzaban el Darién. Su tuit superó las 3.000 republicaciones y rápidamente se hizo viral entre usuarios venezolanos, a pesar de no haber citado fuentes, ni mostrado pruebas.
Tuit publicado por @NelsoredG el 8 de septiembre de 2022
Algunos venezolanos influyentes creyeron el bulo del 8 de septiembre, pues se apoyaba en una narrativa que, aunque había sido ampliamente refutada por expertos, le dio mayor credibilidad.
“Esa canallada ya la hizo Castro en Mariel. Vació las cárceles y envío los choros (delincuentes) a los EE. UU.”, escribió Enrique Aristeguieta citando el tuit de González.
Aristeguieta —abogado y conocido tuitero venezolano, integrante de la Junta Patriótica de 1958 y con más de 820.000 seguidores en Twitter— aludía al éxodo del Mariel (1980), cuando el gobierno de Fidel Castro permitió la salida de unos 120.000 cubanos a quienes etiquetó como “antisociales” y “escoria”, alimentando el rumor de que entre ellos había muchos delincuentes comunes.
El 13 de septiembre, @NelsoredG hizo una segunda publicación sobre el mismo tema. Esta vez el texto iba acompañado de un video que terminó por hacerla aún más viral, acumulando 5.000 republicaciones. Aunque parecía tener información más específica —que “más de 300 convictos en este grupo de sicarios, asaltantes, distribuidores de droga, fueron liberados para enviarlos a EE. UU. desde Venezuela”—, ningún dato era comprobable.
En el video aparecía un grupo de venezolanos en aparente estado de precariedad, la mayoría hombres y algunos con el torso desnudo, cantando el himno nacional de Venezuela. El texto sugería que había sido grabado dentro de una prisión venezolana y que quienes cantaban el himno eran reclusos que estaban saliendo de la cárcel de Tocorón, base de operaciones del Tren de Aragua.
Segundo tuit de @NelsoredG sobre la narrativa. Incluye un video grabado en la ERM San Vicente, Panamá.
El video, sin embargo, no había sido grabado en un centro penitenciario de Venezuela, sino en la Estación de Recepción Migratoria (ERM) San Vicente, en Panamá, a la que llegan los migrantes tras cruzar la selva del Darién.
Quienes cantaban no eran “delincuentes”, sino migrantes en tránsito.
Cuando el ruido digital rebotó en la radio
Los argumentos expuestos en el desmentido sobre el video grabado en Panamá no lograron frenar su expansión. El rumor ya estaba a punto de trascender las redes sociales.
Ernesto Paraqueima, entonces alcalde de El Tigre (estado Anzoátegui, oriente de Venezuela), hizo comentarios en su programa de radio sobre el video publicado originalmente en Twitter por @NelsoredG, compartido luego en Instagram por un medio local al que seguía. Paraqueima dijo estar de acuerdo con que los delincuentes salieran del país, también comparando su situación con el éxodo cubano del Mariel.
@NelsoredG utilizó las declaraciones de Paraqueima para reforzar la narrativa falsa que él mismo había fabricado desde Twitter. Publicó otro trino asegurando que el alcalde había “confesado” el envío de delincuentes hacia Estados Unidos por parte del gobierno venezolano y que, por lo tanto, la información estaba confirmada.
El comentario en radio del ex alcalde Ernesto Paraqueima contribuyó con la viralización del bulo
La manipulación de lo dicho por Paraqueima también se viralizó en redes sociales, atribuyéndose al alcalde una supuesta “confesión” que él mismo desmintió públicamente en dos ocasiones.
El 16 de septiembre de 2022, Cazadores de Fake News publicó un desmentido sobre el video de los migrantes cantando el himno de Venezuela en la ERM San Vicente de Panamá. El 21 de septiembre desmintió el bulo sobre la falsa confesión de Paraqueima.
Para entonces, el rumor ya se había hecho tan grande que había comenzado a ser comentado por funcionarios y medios estadounidenses.
La desinformación venezolana se desplaza al norte
“Esta semana se informó que agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron un boletín de inteligencia que indica que el dictador venezolano Maduro está abriendo todas sus cárceles y enviando a presos crueles (…) Estados Unidos está siendo envenenado”.
Donald Trump pronunció esas palabras el 22 de septiembre de 2022, durante un mitin en Wilmington, Carolina del Norte, mientras impulsaba a varios candidatos republicanos y a solo un par de meses de anunciar su segunda candidatura presidencial. Se refería a una publicación del portal estadounidense Breitbart del 18 de septiembre, justo cuando los verificadores venezolanos empezaban a difundir los primeros análisis sobre el origen del rumor.
El título de ese artículo sugería que Venezuela había “vaciado” sus cárceles, liberado a criminales violentos y los había enviado deliberadamente —supuestamente como parte de un grupo organizado— hacia la frontera de Estados Unidos, todo ello sustentado, según decía, en un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por una fuente anónima.
Sin embargo, el cuerpo del artículo no respaldaba ese titular. No incluyó ninguna imagen del presunto informe del DHS ni precisó cuántos presos habrían sido excarcelados en Venezuela. Además, el texto admitía que no podía confirmarse si los supuestos criminales enviados viajaban como un grupo cohesionado y señalaba que el informe del DHS no especificaba si la medida obedecía a una directriz oficial del gobierno de Caracas.
La narrativa coincidía con el rumor que circulaba entre venezolanos desde 10 días antes. El artículo de Breitbart fue rápidamente amplificado en Estados Unidos y reproducido por varios medios de comunicación.
El mismo día en que se publicó el artículo de Breitbart, el congresista republicano Troy E. Nehls, tuiteó un mensaje que parafraseaba su titular y lo presentaba como una confirmación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos: “Última hora: el DHS confirma que Venezuela vacía las cárceles y envía criminales violentos a nuestra frontera sur. El presidente Trump nos advirtió sobre esto hace años”. La publicación se volvió viral, con más de 17.000 republicaciones y 43.000 “me gusta”.
11 días después, varias iniciativas de verificación de hechos comenzaron a señalar las inconsistencias de la nota de Breitbart.
Politifact indicó que el DHS no había confirmado la existencia del supuesto informe y que la única fuente era el propio artículo. Tras revisar los portales oficiales, tampoco halló rastro alguno del documento, ni evidencias que respaldaran la denuncia. Al pedirle pruebas al equipo del congresista, su directora de comunicaciones les respondió: “Prueben que está equivocado”.
Factchequeado no solo obtuvo una respuesta por parte del DHS —el organismo les respondió “esas afirmaciones no están verificadas”—, sino que consultó a las ONG Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad; todas las fuentes coincidieron en que no existía ninguna prueba de un plan del gobierno venezolano para liberar presos y enviarlos deliberadamente a Estados Unidos.
Aunque organizaciones y equipos de verificación venezolanos y estadounidenses publicaron aclaraciones, el eco del rumor comenzó a influir en el debate político estadounidense.
El 22 de septiembre, varios congresistas estadounidenses, todos pertenecientes al Partido Republicano, firmaron una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para expresar su preocupación por la supuesta llegada, a Estados Unidos, de criminales violentos provenientes de Venezuela.
🚨 I sent a letter with 13 of my @HouseGOP colleagues to @SecMayorkas demanding answers about Venezuela releasing violent prisoners early and pushing them to join caravans heading towards our southern border.
“Ha sido ampliamente reportado que el régimen asesino y narcoterrorista de Maduro en Venezuela está liberando deliberadamente a prisioneros violentos de forma anticipada, incluyendo a reclusos condenados por ‘asesinato, violación y extorsión’, y empujándolos a unirse a caravanas que se dirigen a Estados Unidos”, advertía la misiva, basada únicamente en un reportaje difundido unos días antes.
La única fuente incluida en la carta: el artículo de Breitbart del 18 de septiembre.
Una narrativa repetida por Trump más de 140 veces
Un memorando desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia publicado el 29 de mayo de 2025, concluyó que el régimen de Nicolás Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua, ni dirige sus movimientos en Estados Unidos.
Pero el impacto del memorándum no fue tan grande como el rumor que ya había sido reiteradamente repetido a lo largo de la vida política de Trump.
Entre septiembre de 2022 —cuando comenzó a crecer el rumor en Twitter (ahora X)— y el 15 de marzo de 2025, Trump repitió al menos 147 veces la narrativa de que las cárceles en Venezuela estaban siendo vaciadas de delincuentes, y que éstos estaban siendo enviados deliberadamente a Estados Unidos.
Pero la mención a Venezuela se inscribe en una narrativa más amplia. The Marshall Project —una organización de periodismo de investigación sobre justicia penal— analizó centenares de intervenciones de Donald Trump y documentó que repitió a lo largo de 10 años y al menos 560 veces, la acusación de que distintos gobiernos “vaciaban sus cárceles” y enviaban presos a Estados Unidos, señalando no solo a Venezuela, sino también a Honduras, Guatemala o la República Democrática del Congo.
Una de las primeras veces que mencionó la narrativa fue el 28 de enero de 2017 —apenas ocho días después de asumir su primera presidencia— durante una tensa llamada con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull sobre el acuerdo de reasentamiento de hasta 1.250 refugiados retenidos en las islas australianas de Manus y Nauru. Para objetar el pacto, Trump evocó el éxodo del Mariel: “¿Recuerdas el éxodo del Mariel, donde Castro liberó a todos de la cárcel y Jimmy Carter los recibió con los brazos abiertos? Eran gente brutal”.
Ocho años después, la narrativa de que el gobierno venezolano liberó a criminales para enviarlos de forma organizada a Estados Unidos no ha sido probada. Pero el rumor, en cambio, se propagó como la diáspora por todo el continente y se instaló en la política estadounidense a una velocidad que las verificaciones no pudieron igualar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En una nota de prensa publicada este jueves 7 de agosto, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, expresó su “condena enérgica” sobre los actos de agresión que sufrieron familiares y representantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el pasado martes 5 de agosto, cuando realizaban una vigilia frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
“La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos (…) frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde un grupo de personas que realizaban una vigilia pacífica fue agredida por sujetos aún no identificados”, señala parte del comunicado.
En la nota de prensa, Ruiz invitó a la víctimas a denunciar este acto de violencia ante el Ministerio Público como ente “responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes”.
Sin embargo, hasta ahoralas madresno han podido presentar una denuncia formalque les garantice acceso a la justicia. De acuerdo al colectivo Surgente, alrededor de las 10:00 de la noche, 50 madres de presos políticos provenientes de distintos estados del país, fueron golpeadas por un grupo “parapolicial de unas 70 personas; encapuchadas, con armas de fuego y objetos contundentes”, robaron documentos de identidad y teléfonos de las víctimas.
CICPC y Ministerio Público negaron a recibir las denuncias
La organización de derechos humanos señala que el día miércoles, luego de la agresión, un grupo de familiares acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y que en el organismo recibieron las denuncias por robo de documentos y teléfonos y no por agresión. “Nos dijeron que ellos ya no podían recibir más de esas denuncias porque eran colectivos”.
Mientras que en la oficina de Atención a las Víctima del Ministerio Público, le indicaron que debían presentar los seriales y caja de los equipos robados.
Obligaciones de la Defensoría del Pueblo en casos de violaciones a derechos humanos
La Defensoría del Pueblo debe ser la institución encargada de proteger a los ciudadanos frente a situaciones de abusos de poder, con capacidad para actuar con compromiso, imparcialidad, autonomía e independencia frente a casos de violaciones de derechos humanos.
Promoción y divulgación de los derechos humanos: Fomentar el conocimiento, la sensibilización y educación en DDHH en todos los sectores de la sociedad.
Defensa de los derechos humanos: Recibir, tramitar y atender denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Garantizar la protección de víctimas y testigos de violaciones.
Asimismo, interponer acciones judiciales y administrativas necesarias para salvaguardar derechos vulnerados, como amparos, recursos y medidas cautelares y acompañar a víctimas en la búsqueda de justicia y reparación.
Vigilancia del Cumplimiento de Derechos Humanos: Supervisar el respeto y garantía de los DDHH por parte de órganos del Estado. Realizar inspecciones y visitas a centros de detención, hospitales, escuelas, refugios, cárceles y otras instituciones.
Formular recomendaciones a autoridades para corregir irregularidades o incumplimientos detectados. Emitir informes públicos sobre la situación de los DDHH en el país.
Mediación y Conciliación: Promover el diálogo y la solución pacífica de conflictos entre partes en controversia, cuando estén involucrados DDHH. Facilitar espacios de encuentro para llegar a acuerdos que respeten los derechos de todas las personas afectadas.
Actuar como intermediario imparcial para prevenir escaladas de violencia y garantizar soluciones justas. Desarrollar formas de mediación adaptadas a las comunidades y contextos locales.
Promoción de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos: Formular propuestas de políticas públicas, leyes, reglamentos y programas que fortalezcan la protección y promoción de los DDHH.
Asesorar a entes del Estado en la incorporación de un enfoque de DDHH en sus planes, programas y proyectos.
Participar en mesas de trabajo, consejos, redes y espacios de articulación interinstitucional para incidir en la agenda pública y monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas, haciendo recomendaciones de mejora.
“La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha incumplido su mandato constitucional. Aunque la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establecen con claridad las funciones de defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos, la actuación concreta de la institución —especialmente bajo la gestión de Alfredo Ruiz— ha sido omisiva, parcial y carente de independencia. Frente a denuncias de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y represión, la Defensoría no ha ejercido un rol activo ni eficaz”, concluye el informe de DDHH en Movimiento.
Detenida activista
Este viernes 8 de agosto, horas después de la nota de prensa enviada por la Defensoría del Pueblo, la activista del colectivo Surgentes, Martha Lía Gragales fue detenida en un punto de control en los alrededores de Centro Plaza, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, luego de haber participado en una manifestación en apoyo a las madresagredidas por grupos “paramilitares” el pasado martes.
“Fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas. Hasta el momento se desconoce su paradero. El ciclo de revictimización y la impunidad no se detiene. Exigimos respeto a la integridad y la vida de Martha Lía Gragales y responsabilizamos al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la activista”, dice la ONG en un mensaje publicado en X, minutos después del arresto.
URGENTE: Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ.
Gragales había sido agredida por los “colectivos” durante la noche del 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Junto a familiares del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, denunció estos hechos ante el CICPC y Ministerio Público pero en ambas instancias se negaron a recibirla.
“Hoy es detenida de forma arbitraria, tras haber sido víctima y denunciado públicamente las agresiones contra ella y contra las madres de presos políticos”, expresa Provea.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
