Durante las dos últimas semanas de este mes de agosto se cumplen 50 años desde que el Congreso Nacional aprobó la conocida coloquialmente como Ley de Nacionalización Petrolera, así como la firma de su ejecútese y la creación de Petróleos de Venezuela, S. A. por el presidente Carlos Andrés Pérez. Cabe reflexionar si esas decisiones fueron o no necesarias y si los resultados, evaluados bajo la perspectiva del presente, fueron positivos o negativos.
El proceso de nacionalización
Al menos desde el Plan de Barranquilla, elaborado en 1931 por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y otros venezolanos exiliados, se evidenció la desconfianza e incluso animadversión del sector político democrático hacia las empresas petroleras extranjeras a las que acusaban de evadir impuestos, resistir cambios en la legislación y apoyar al dictador Juan Vicente Gómez, lo que fue cierto en los primeros años.
También algunas de ellas atropellaron a nuestra población indígena. Dicho plan planteó la necesidad de revisar los contratos y concesiones. La Ley de Hidrocarburos de 1943 aprobó que, independientemente de las fechas de su otorgamiento, solo se prolongarían por 40 años, salvo casos excepcionales. En 1948 el Ejecutivo aprobó no otorgar más concesiones y en 1971 fue promulgada la Ley sobre Bienes afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos que vencían en 1983.
Ante este panorama, las compañías optaron por no realizar nuevas exploraciones, invertir lo mínimo en mantenimiento y no sanear pasivos ambientales. Es decir, la nacionalización era necesaria y, además, el ambiente mundial estaba inclinado a que los países petroleros asumieran el control de este importante recurso natural no renovable.
Bolivia nacionalizó en 1937, México en 1938, Irán en 1951 y muchos otros en la década de los 70. En ese entonces casi todos aplaudimos, aunque por desconocimiento algunos pensaban que los venezolanos no estaban preparados para manejar esa industria tan compleja y otros que era inevitable la politización. Posteriormente se evidenció que los venezolanos sí estaban preparados y en este punto hay que reconocer que las compañías favorecieron el proceso de adiestramiento, así como el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Lamentablemente, la politización destruyó nuestra industria petrolera.
Para sorpresa de muchos, el proceso que nacionalización fue impecable. La Comisión Presidencial de Reversión Petrolera, designada en 1974 por el presidente Carlos Andrés Pérez, en la que participaron todos los partidos políticos, hizo un excelente trabajo. El único punto de divergencia fue la inclusión, por decisión de CAP, de la posibilidad de que constituir empresas mixtas, que demostraron ser positivas e incluso fueron promovidas por los que se opusieron. Las 22 compañías concesionarias fueron indemnizadas con 1.054,13 millones de dólares, de los cuales solo 117 millones fueron efectivos y el resto en bonos de la deuda pública a cinco años. Se firmaron convenios de asistencia técnica y de comercialización.
Consecuencias de la nacionalización o estatización
En esta etapa perduró la desconfianza y a veces desencuentros entre los actores políticos y los petroleros. De Pdvsa quizá pueda decirse lo mismo que de la democracia, se fueron deteriorando gradualmente. Los logros de ambas en el pasado son innegables. En el caso de Pdvsa, tuvo las mismas limitaciones de cualquier empresa del Estado que produce dinero. El gobierno de turno presiona para obtener el máximo de ellas, lo cual reduce sus posibilidades de crecimiento o de mejorar sus tecnologías. Ocurrió con la CANTV y con Edelca.
Pdvsa era la vaca lechera que requería comida para aumentar la producción. Este aumento era deseable dadas nuestras grandes reservas, pero los gobiernos optaron por precios altos y así invertir menos. Esos precios altos favorecían al fisco, pero no a la población cercana a los centros de producción, ni a empresas de servicios que crean empleo. Cuando el gobierno tuvo problemas de reservas monetarias acudió al fondo que la empresa tenía en el exterior. Cuando los precios del crudo bajaron y era evidente la pérdida de competitividad, fue necesario fusionar las filiales y constituir una sola empresa.
Pdvsa cumplió hasta el 2002 la misión encomendada. Desde luego tuvo sus fallas, no siempre se respetó la meritocracia, hubo algunos casos de corrupción y faltó más relación con su entorno. Quizá ha podido establecer un Intevep y un CIED de menores dimensiones y realizar más convenios con universidades, colegios universitarios y con el IESA, aunque hay que reconocer que ambas organizaciones cumplieron una excelente labor.
Pdvsa perdió en el 2002-2003 su más valioso capital humano y desvió su misión. Antes era una empresa de hidrocarburos que tenía programas de responsabilidad social, pero después la convirtieron en una empresa de promoción política que realiza algunos programas sociales mal orientados y no auditados, descuidando el negocio de los hidrocarburos.
Cuando Chávez y Maduro decidieron utilizar los recursos de la empresa para su proyecto político nombraron directivas sumisas, y cuando requirieron dinero disminuyeron el mantenimiento y las inversiones, y vendieron la participación de nuestras refinerías en el exterior. La incapacidad gerencial y la corrupción terminaron de destruirla. Esta es la tragedia de las empresas del Estado, sobre todo cuando las instituciones se pliegan a las decisiones del gobierno de turno.
En el corto plazo hay que contar con parte del personal que está en la empresa, apoyarse más en las empresas mixtas y tener como meta a mediano plazo que nuestra industria petrolera esté en manos del sector privado. No es asunto de que nos guste o no, sino que los recursos del Estado tendrán que invertirse en mejorar la salud, educación e infraestructura. Edmundo González y María Corina cuentan con buenos asesores en este tema.
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