El pasado 20 de agosto, la administración de Nicolás Maduro rompió el silencio sobre sus intenciones de vender el considerado segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, la empresa de fertilizantes, filial de Pequiven, Monómeros. 

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, admitió tras una reunión con el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma, que ambas administraciones revisan una «hoja de ruta» para la venta de la petroquímica estatal, hecho sobre el cual se venía alertando desde el año pasado. 

“Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos Gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia”, señaló Rodríguez en una publicación en Telegram, sin ofrecer mayores detalles sobre los alcances de esta futura venta de la empresa.

Estados Unidos debe estar de acuerdo 

El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión Especial de Control e Investigación de Monómeros, designada en 2021 por la Comisión Delegada Legislativa,  José Hernández, y el  exprocurador especial del gobierno interino, José Ignacio Hernández, advierten que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) tendría que autorizar la operación por las sanciones internacionales que pesan sobre la economía venezolana desde 2019.

También que con la transacción en condiciones poco transparentes y amparada en la Ley Antibloqueo “gana Colombia y pierde Venezuela”. 

La licencia que venía prorrogando la OFAC a Monómeros para comercializar productos y participar en transacciones financieras en mercados internacionales a pesar de las sanciones, venció a finales de junio de 2025 y no sería extendida, según Bloomberg, citando a fuentes familiarizadas con la decisión, lo que arroja a la estatal a un escenario de riesgo de privatización.

“Se maneja un precio de venta entre 190 millones de dólares y 200 millones de dólares y eso es un remate porque Monómeros es una empresa con mucha capacidad técnica, con puerto propio con salida al Atlántico, valorada en casi mil millones de dólares. Su producción ha mermado porque Venezuela no la abastece en su totalidad de materia prima y Colombia ha buscado otras alternativas para el agro de ese país, pero aun asi la quiere porque es estratégica, para 2021 abastecía al menos 60% del mercado colombiano de fertilizantes”, sostuvo Hernández, dirigente del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT). 

Informado sobre las intenciones de Miraflores de privatizar a la empresa con sede en Barranquilla, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió una carta a Maduro, el 8 de noviembre de 2024 para expresar su oposición “a la decisión del ministro de Industria y Producción de Venezuela, Alex Nain Saab Morán, de vender y privatizar la compañía“. Ahora el gobierno colombiano buscaría evitar que la filial de Pequiven caiga en manos de terceros.

“Gana Colombia principalmente porque se asegura el control de una empresa estratégica para el agro, inmune de los vaivenes políticos de Venezuela que bastantes problemas han traído, frente a la posibilidad de que Monómeros interrumpa operaciones, afectando el agro. Habrá que ver precio, consideraciones políticas; pero pierden los venezolanos, porque se perderá uno de los activos externos empresariales más importantes”, señaló el exprocurador. 

El abogado constitucionalista recordó que Miraflores se basa en la Ley Antibloqueo aprobada por la Constituyente de 2017, y “refrendada” por el Poder Legislativo en 2021, para garantizar el “secreto” de las operaciones que realice y que comprometan el patrimonio de la República, por lo que no puede esperarse transparencia o rendición de cuentas en una venta de Monómeros. 

“Los venezolanos no vamos a conocer detalles de esta operación ni qué uso se le dará a estos activos. Generalmente cuando se privatiza una empresa pública, porque esto es una privatización, los ingresos se destinan a fines especiales en el marco de transparencia pero nada de eso hay porque esta es una venta que estará amparada por la Ley Antibloqueo, que es una ley de la opacidad, que fomenta la corrupción”, subrayó el jurista. 

Indicó que uno de los aspectos que se desconocen de la venta es quién será exactamente el comprador en Colombia, si es por ejemplo una empresa estatal.  Reiteró que la transacción debe contar con el aval de la OFAC si se hace directamente con Pequiven, por lo que el comprador pudiera asumir un riesgo si entra en negociaciones para comprar Monómeros sin una licencia. 

“El gobierno de Estados Unidos no debe ver con buenos ojos la operación. No por la venta de Monómeros en sí, sino porque va a generar posiblemente ingresos en efectivo para Maduro. Aquí cabe la posibilidad que la venta no suponga un pago en efectivo, pero sin duda el régimen de sanciones económicas es  un obstáculo que pudiese obstruir esta venta”, apuntó el abogado.

Sin embargo, el ministro Palma, tras la reunión con la vicepresidenta venezolana, dijo que se ha explorado la posibilidad de tramitar la licencia con Estados Unidos para facilitar la transacción. 

El exdiputado no descarta que empresas trasnacionales, como la panameña Lion Street que ya ha expresado interés, o algún estamento colombiano esté detrás de la posible venta. Mientras que la precandidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, señaló que la estatal  Ecopetrol es la llamada  a comprar la empresa de fertilizantes venezolana, medida que rechaza. 

“Que Ecopetrol compre Monómeros sería usar  la chequera de todos para adquirir una empresa en crisis, con millonarias pérdidas, pasivos elevados y riesgos legales que ponen en juego el patrimonio público (…) Ecopetrol no está para rescates (…) Defender Ecopetrol es defender el bolsillo de los colombianos. Con Monómeros en crisis no, primero saneamiento, transparencia y legalidad y después hablamos”, expresó la abogada y política en su cuenta de la red social X. 

#ATENCIÓN | Que Ecopetrol compre Monómeros sería usar la chequera de todos para adquirir una empresa en crisis, con millonarias pérdidas, pasivos elevados y riesgos legales que ponen en juego el patrimonio público. Otra vez, un gesto de Petro para ver cómo le da plata al dictador…

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 19, 2025

¿Cómo se llegó a este punto? 

De acuerdo con el País de España, Supersociedades ya se ha reunido en Washington para defender la urgencia de la operación por la situación de “quiebra” de Monómeros, con la que Ecopetrol y el Banco Agrario colombiano tienen relación comercial, la primera como proveedora de azufre y la segunda con cuentas abiertas. La Casa Blanca, según el medio, se levantó de la mesa solo con la promesa de revisar el asunto.  

Según los negociadores, al hacerse cargo de Monómeros con 800 trabajadores y de la que dependen más de un millón de campesinos, la petrolera colombiana podría diversificar su portafolio y se podrían abaratar los precios de los alimentos y la energía. 

SuperSociedades interviene Monómeros desde noviembre de 2024 para “preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo”, en medios de rumores de venta por parte del Estado venezolano. La medida fue ratificada en enero de 2025. Citando cifras del ente colombiano, Valencia alertó que la empresa de fertilizantes cerró 2024 con pérdidas superiores a 80.000 millones de pesos, una caída de ingresos de 4,5% y una reducción patrimonial de más de 13%, además de acumular pasivos por más de un billón de pesos. 

Monómeros demostró al Ministro @PalmaEdwin @MinEnergiaCo , nuestra solidez operativa, resultados financieros y nuestro compromiso con la productividad del agro colombiano. ¡Monómeros: fuerza y vida! 🏭👍🏼💚 pic.twitter.com/To1LbTiFsd

— Monómeros S.A. (@monomerossa) August 11, 2025

Recientemente en su defensa, Monómeros dio a conocer estados financieros en los que se señala que  durante los primeros seis meses de 2025 tuvo una utilidad neta de 17,5 millones de dólares, lo que contrasta con la pérdida de 15,1 millones de dólares reportados durante el mismo periodo de 2024. También resaltó un incremento de 1,8% en su patrimonio con 127 millones de dólares y una reducción de los pasivos de 8,7% al cierre del 30 de julio de 2025.

La situación de la empresa generó enfrentamientos entre facciones políticas de la AN opositora, elegida en 2015, al estar bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019 y hasta la llegada de Petro a la presidencia colombiana en 2022, cuando la administración de Maduro designó a una nueva junta directiva. Durante la gestión de Guaidó, la Comisión de Contraloría investigó denuncias de corrupción en la filial de Pequiven que derivó en un informe que recomendó la intervención de la directiva. 

Partidos como Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) bloquearon la reestructuración e impusieron una nueva comisión investigadora. El gobierno interino cesó sin que Guaidó pudiera ejecutar la reestructuración de la directiva de Monómeros.   

“La privatización de facto de Monómeros es consecuencia del colapso del Estado venezolano y de su economía. Monómeros tenía sentido cuando Pequiven tenía plena capacidad para producir productos petroquímicos y exportarlo como materia prima para el agro en Colombia. Pero hoy día esa capacidad productiva está deteriorada para mantener el suministro a Monómeros, diría que Pequiven está en peor situación que Pdvsa”, agregó José Ignacio Hernández.  

Incluso para el abogado, el problema no es la privatización en sí que podría hacerse dentro de una política razonable, sino el procedimiento que se sigue, es decir, que se está haciendo al margen de los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, le resulta paradójico que Maduro recurra a la venta de Monómeros si su política económica es estatista, lo que revela, a su juicio, que a la hora de maximizar ingresos Miraflores es “pragmático”. Por lo que, será el pragmatismo, el que defina el futuro de Monómeros.

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