Francisco Largo Caballero fue el primer presidente del Gobierno de España de clase trabajadora, entre 1936 y 1937. “Cuando algún ministro preguntaba por los asuntos de guerra y pedía noticias, Caballero contestaba: ‘Se enterará usted por los periódicos'”, escribió Manuel Azaña en el relato de su cese. Republicanos, comunistas e incluso socialistas creían que Largo Caballero no podría mantener a la República.
Según El Mundo, 30/9/2020, Largo se convirtió en la némesis de su compañero Julián Besteiro, de quien dicen, era lo contrario: “el hombre de acción y autodidacta, mesiánico, calculador, oportunista y probablemente brutal. Durante décadas, la melodía de sus dos apellidos ha sido una especie de anagrama de todo lo que a la Segunda República se le puede reprochar desde un punto de vista demócrata”.
Pues bien, Largo Caballero, quien soñaba con instaurar la “Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas”, un alter ego de la URSS, decidió poner el 72% del oro de España en las bóvedas soviéticas, parte para resguardarlo, porque el llamado “ejército de África”, comandado por Franco, venía avanzando hacia Madrid, encontrándose, en el momento de tomarse la decisión, en Talavera de la Reina, a 116 kilómetros de Madrid, y la otra parte para pagar el apoyo soviético que consistió en el envío de soldados, asesores, técnicos, aviones, tanques y materias primas.
El depósito completo ascendía a 509.287,18 kilogramos de monedas y 792.346 kilogramos de oro en lingotes y recortes: un total, pues, de exactamente 510.079.529.30 gramos de oro bruto, que a una ley media de 900 milésimas equivalía a unas 14.807.363,8 onzas troy. El valor de este oro era de aproximadamente 518 millones de dólares. Aparte de ello, el valor numismático de las monedas era muy superior al del oro que contenían, aunque los soviéticos no lo calcularon ni lo tuvieron en cuenta. Cuentan que el cajero principal del Banco de España, al ver que la reserva de oro iba a ser evacuada, se suicidó en su despacho. A Moscú llegaron 7800 de las 7900 cajas que se embarcaron en el puerto de Cartagena, España. Nunca se conoció el destino de las 100 cajas perdidas. El hecho final es que la Unión Soviética se apoderó de las casi 510 toneladas de oro del Banco de España “en cobro por la ayuda militar prestada al bando republicano en la Guerra Civil (1936-39)”.
Hago este largo preámbulo para explicar por qué los soviéticos, en este caso los rusos, como comunistas al fin, nunca han sido confiables. Quienes depositan su dinero (o lo dejan al resguardo de otros comunistas) lo más probable es que jamás vuelvan a ver, ni oler, ni disfrutar en lo que les queda de vida. Tampoco lo harán sus herederos. Les dirán, como a los españoles, que se perdió, como las 100 cajas.
Lo que pensaron en un principio que sería una baticueva, se convierte en un infierno ante la incertidumbre de qué sucederá con esos fondos. Pero los ladrones permanecerán inmutables, créanme. Total, no en balde dicen que “ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 29 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
El caso del diputado Julio César Torres nuevamente sacó a colación la vinculación de funcionarios oficialistas con graves delitos. Al menos 14 funcionarios chavistas o con vinculación al PSUV han sido detenidos por delitos relacionados al narcotráfico o corrupción en los últimos 10 años.
Para Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela no son actos de justicia, sino resultados de negociaciones políticas.
Lo que rompe en redes
Belinda se hinca ante Shakira como señal de respeto pero Shak siempre ha sido humilde y hace lo mismo 😌 pic.twitter.com/1LgnIIBH9v
Tres venezolanos iniciaron este domingo, 31 de agosto, una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, para exigirle al tribunal que acelere la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro.
Los manifestantes fueron identificados como Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras, quienes declararon que su acción busca llamar la atención de la comunidad internacional ante la falta de avances judiciales.
“Iniciamos una huelga de hambre contra la impunidad estructural del régimen de Nicolás Maduro. Lo hacemos por las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en Venezuela. Le pedimos a la CPI que actúe ya, porque no puede seguir la justicia esperando. No pedimos compasión, pedimos justicia y el fin de la narcotiranía criminal de Nicolás Maduro”, expresaron en un comunicado.
La Fiscalía de la CPI abrió formalmente en noviembre de 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde febrero de 2014. No obstante, tras casi cuatro años de procedimiento, aún no se ha hecho pública ninguna orden de captura contra altos funcionarios del chavismo.
Caso Venezuela I
El caso Venezuela ante la CPI se remonta a 2018, cuando Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron una denuncia conjunta que derivó en la apertura formal de la investigación en noviembre de 2021. Hasta la fecha, se trata de la única pesquisa activa de la CPI en América Latina. Las denuncias contra el régimen de Maduro incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos, hechos que han motivado la demanda internacional de justicia.
Mientras la investigación sobre Venezuela continúa bajo la dirección del fiscal adjunto y la atención internacional se mantiene sobre la CPI, el desarrollo del caso y la respuesta a las demandas de justicia de las víctimas siguen bajo observación global.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Quienes nos dedicamos al estudio o la enseñanza del derecho internacional nos es fácil entender que los Estados –no sus gobiernos, pues estos pasan y aquellos permanecen– son sus sujetos por excelencia. Al mismo deben someterse en sus relaciones, guiándose por las reglas de la reciprocidad y el respeto mutuo, el cumplimiento de buena fe de lo que pactan, la cooperación, la reserva de los asuntos propios o internos y la obligación de cada uno, por consiguiente, de no invadir la esfera soberana del otro, interviniéndolo. Eso es lo más básico, como predicado.
Sin embargo, se olvida ahora como ayer que, tras la segunda gran guerra del siglo XX, una vez ocurrido el Holocausto que algunos desmemoriados niegan por sus enconos biliares contra Israel, ningún Estado ni su gobierno puede abroquelarse tras los principios de soberanía y No-Intervención cuando conculca y arbitrariamente irrespeta derechos humanos. Eso hacen los cárteles y quienes los protegen. O para hacerle la guerra o no a otro Estado, así sea en legítima defensa, sin consideración de sus víctimas no beligerantes.
A partir de 1945, consagrada como norma de orden público internacional la tutela y garantía universal de los derechos humanos el derecho internacional, por consiguiente, reconoce al individuo como sujeto de su ordenamiento, para protegerlo o para castigarlo, en paridad a cada Estado. Por lo mismo, dejaron de ser cuestiones internas o exclusivas del Estado el asunto de los derechos humanos y de quienes los amenazan.
Tal cuestión la entienden, sobre todo, las víctimas, como las venezolanas. Sus victimarios son señalados y perseguidos hoy como criminales de lesa humanidad. Por lo que razón tenía, ciertamente, mi grande y consecuente amigo fallecido Karel Vasak, checo-francés víctima de la dictadura comunista y padre de los derechos humanos de cuarta generación. Luego de escucharme exponer sobre derechos humanos en la sede de la UNESCO, en París, en la presentación de un libro homenaje a su meritoria trayectoria, al felicitarme me dejó petrificado: – “Excelente tu exposición. No olvides que solo sabrás de derechos humanos cuando los pierdas”.
Los Estados y sus gobiernos no tienen derechos humanos y tampoco los crean. Pesan sobre ellos, sí, obligaciones de reconocimiento y de protección. Y cuando las olvidan o las omiten provocando violaciones han de enfrentar sanciones por parte de cada Estado y/o del conjunto de los Estados. Y sus gobernantes como individuos, narco autócratas o demócratas de utilería, incluidos quienes ofician como demócratas bajo su férula, a la par, han de responder de sus actos ante la Justicia penal internacional. Allí no cuentan los votos de sus electores.
Que algunos gobiernos desconozcan estas normas imperativas o las reinterpreten a conveniencia, solo dice del comportamiento esperado en todo victimario. ¡Que el fiscal ante la Corte Penal Internacional –que tampoco es el sancta santorum de Jerusalén– sea un coludido o que haya traicionado su juramento en el caso de Venezuela, únicamente muestra que hace crisis la voluntad de la Corte para hacer valer el derecho internacional al que sirve! Pero ello no abroga el principio básico de toda civilización: todo aquél que causa un daño debe repararlo.
Si los mismos Estados y sus gobernantes se muestran incapaces de cumplir entre ellos mismos el orden internacional mínimo que pactaron y les ata, devolviendo sus relaciones mutuas al ámbito de lo tribal y primitivo, deben curarse de cinismos. Si han quebrado las instituciones o se las ha postergado por intereses ideológicos y hasta criminales, la vuelta por sus fueros de la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, adquiere plena legitimidad.
Veamos los ejemplos. Los ucranianos fueron víctimas de un acto de agresión en el año 2022. Nada hizo el Consejo de Seguridad de la ONU. Todavía más, el gobierno de Zelensky, al informarle para pedir su asistencia, antes que darle cuenta de lo acontecido le hizo entrega de la carta anterior que le dirigiese en 2014 para hacerle ver que Rusia se anexó a Crimea, territorio suyo, por la fuerza. Y nada pasó.
Por si fuese poco, ocurrido el genocidio en Ruanda, quien presidía el Consejo de Seguridad, Colin Keatin, de Nueva Zelanda, en el mismo 2014 pide perdón por no haber reconocido lo que ocurría y no haber hecho algo para detener la matanza de más de un millón de personas. Recién, el secretario de la ONU, António Guterres, confiesa que “estamos al borde del abismo y avanzamos en la dirección equivocada”, mientras se ocupa y preocupa de que los Estados discutan, entre tanto, sobre la igualdad de género. ¿Así, son traidoras las víctimas que buscan defenderse por otros medios?
Lo único indiscutible, como máxima de la experiencia, es que el crimen organizado transnacional y estructurado, el de terrorismo financiero o terrorismo a secas u ocupado del narcotráfico y/o del lavado de dineros sucios, o el dedicado al tráfico global de seres humanos y de niños, reedita a los lanistas romanos –traficantes o mercaderes de carne humana– en pleno siglo XXI. No acatan reglas, salvo ejecutar a todo aquél quien se les atraviesa en el camino. Se cubren tras las redes y el ecosistema digital, recalan en territorios que han sometido y vuelto nichos de impunidad, donde no hay Estado o este es fallido, o se lo simula como franquicia de poder para sumarse artificiosamente sus atributos: la soberanía, la independencia.
Los carteles y las organizaciones del terrorismo existen, ni qué dudarlo. Pero no existen como sujetos del derecho. Se los ha de contener mediante las leyes de policía internacional y su actuación descentralizada, si acaso funcionasen. Ante su falta u omisión es, justamente, lo que está abriendo espacio libre para la regresión tribal, para la reedición de la «guerra maya»: su objetivo era capturar al mayor número posible de enemigos, no matarlos. “Los cautivos de estatus élite generalmente se convertían en sujetos de sacrificios humanos, mientras que los plebeyos eran sentenciados a la esclavitud”, rezan las crónicas.
El caso del diputado Julio César Torres nuevamente sacó a colación la vinculación de funcionarios oficialistas con graves delitos. Desde el chavismo se ha reiterado que “no van a acompañar a ningún delincuente”, pero más allá de lo público de las detenciones, el silencio envuelve los procesos judiciales de estas personas.
Torres fue el último de una serie de militantes del PSUV detenidos por narcotráfico. Al diputado del Movimiento Tupamaro le fue allanada su inmunidad parlamentaria, previa solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 20 de agosto.
Según dijo Pedro Carreño, el parlamentario fue arrestado en flagrancia por posesión de drogas, aunque no ofreció mayores detalles sobre el día de su detención, la cantidad de droga incautada, el sitio donde fue arrestado o el cuerpo de seguridad actuante.
Torres es el tercer diputado en el periodo 2020-2025 del parlamento cuya inmunidad es allanada. Todos han sido por delitos vinculados al tráfico de drogas y corrupción, pero en ninguno de los casos se conoce si han sido condenados de manera firme por un tribunal.
Desde hace 10 años, la cúpula del PSUV ha informado sobre el arresto de al menos 13 personas que formaban parte de su estructura o estaban vinculados al partido, pero se desconoce su estatus judicial o, en algunos casos, su sitio de detención.
El abogado y defensor de derechos humanos Joel García señala que el proceso de estas personas vinculadas al oficialismo, “no es diferente al de los presos políticos, quizá no incomunicados en cuanto a visita de familiares, pero igualmente se les viola el debido proceso, sin derecho a designar defensor de confianza, pero sus casos no son del dominio público porque sus familiares no denuncian o tienen temor de denunciar”.
Por parte del Ministerio Público o tribunales tampoco se provee información, a pesar de que las detenciones fueron reseñadas de manera pública.
Diputados bajo arresto
Al igual que Julio César Torres, los diputados Hugbel Roa y Taína González Rubio también fueron arrestados y su inmunidad fue allanada a solicitud del TSJ.
González Rubio fue la primera parlamentaria de este periodo. Arrestada el 27 de enero de 2022 por narcotráfico junto a la exalcaldesa chavista Keyrineth Fernández, su inmunidad fue levantada cinco días después.
Un año más tarde, el 21 de marzo, al diputado y exministro Hugbel Roa se le aplicó el mismo procedimiento, aunque en su caso estuvo vinculado a la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Sobre Roa sí se han hecho algunas denuncias públicas. La madre del exministro, Ana Caruci, ha reclamado que luego de su traslado a la cárcel El Rodeo I ha enfrentado duras condiciones de reclusión.
“Mi hijo ha sido maltratado, ha sido vejado. Desde que está allí, ha bajado 25 kilos. Él es hipertenso y diabético, tiene claustrofobia. Aparte de eso, ha presentado fuertes problemas de la piel”, indicó Caruci, al tiempo que señaló que en varias oportunidades ha solicitado su traslado a centros de salud pero no ha obtenido respuesta. Tampoco ha podido tener acceso al expediente.
Alcaldes chavistas detenidos
Este año se han detenido a cuatro alcaldes electos bajo la tarjeta del PSUV en el estado Zulia, todos vinculados a una trama de narcotráfico que –según el ministro Diosdado Cabello– también tiene ramificaciones con dirigentes opositores y grupos paramilitares.
En el año 2023 también se informó sobre el arresto de Pedro Hernández, exalcalde de Santos Michelena (Aragua), por su presunta relación con la banda delictiva de Carlos Enrique Gómez, alias “el Conejo”. El MP indicó que el Tribunal tercero con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Alice Hernández, fue procesado por presunto terrorismo, extorsión agravada y asociación para delinquir.
Sobre la exalcaldesa Keyrineth Fernández tampoco hay mayor información aparte de su traslado a Caracas para ser procesada judicialmente; mientras que en el caso del exalcalde Carlos Rafael Vidal (municipio Independencia, Anzoátegui), detenido el 29 de enero de 2022 por presuntamente pertenecer a una banda dedicada al contrabando de combustible, ha sido un grupo de vecinos y familiares los encargados de dar información sobre el caso.
En un comunicado público, el pasado 9 de mayo, reclamaron los continuos diferimientos de audiencias, la falta de pruebas o testigos, además de la separación de la causa para mantener detenido al exalcalde, pese a que otros funcionarios involucrados en la demanda han sido beneficiados con medidas cautelares.
“El juicio que enfrenta Carlos Vidal lleva más de un año en fase de debate, y a lo largo de todo este proceso ha quedado más que claro, que no existe ninguna prueba sólida, ni un solo elemento de valor criminalístico en su contra (…) Ya es hora de que se respeten sus derechos, de que se actúe conforme a la ley y se termine con esta injusticia”, señalaron.
Corrupción en Pdvsa
Los continuos reportes del fiscal general Tarek William Saab sobre la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, y que llevó a la detención de más de 80 personas, desaparecieron a los meses. Para julio de 2023 la Fiscalía General solicitó el pase a juicio de 21 de los involucrados. La información luego se hizo aún más escasa.
El exministro Tareck El Aissami fue presentado ante el Tribunal 2do de Control contra el Terrorismo por los presuntos delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeo o valimiento de relaciones o influencias y asociación para delinquir.
Las fotos de su detención circularon de mano del propio fiscal general, quien también mencionó el arresto del empresario Samarck López y el exministro Simón Zerpa, vinculados al entorno chavista. Aunque se han difundido recientemente bulos sobre una supuesta libertad otorgada por el TSJ, las autoridades no se han referido al caso y se presume que El Aissami sigue preso.
Luego, en el caso del arresto contra Pedro Tellechea por “entregar el cerebro de Pdvsa” solo se explicó que su detención obedeció a “graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación”.
Mientras que en el caso de Eulogio del Pino, detenido en noviembre de 2017, apenas se supo por información de terceros que en 2021 fue enviado a juicio por los presuntos delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de comercio. No se explicaron las razones por las cuales se desestimaron las acusaciones por daños por omisión a la industria petrolera con siniestro, agavillamiento e incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad de la Nación. Desde entonces, no hay mayor información sobre el juicio o su estado de salud dentro del Sebin El Helicoide.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las autoridades aeronáuticas de Aruba anunciaron la extensión por 90 días más de la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general desde y hacia Venezuela.
La información se dio a conocer a través de la cuenta en X del abogado especializado en temas aeronáuticos, Guillermo De Armas.
La restricción quedó registrada en el Aviso a los Aviadores (NOTAM) A0479/25, emitido por el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, principal terminal aérea de la isla caribeña.
En julio de este año, las autoridades arubeñas habían extendido por un mes y medio la medida, que se mantuvo activa hasta el 30 de agosto. La decisión actual amplía esa disposición inicial y mantiene cerrado el tránsito aéreo entre ambos territorios.
Desde 2019, las operaciones aéreas directas entre Venezuela y Aruba han estado sujetas a suspensiones y restricciones, lo que ha limitado el flujo de pasajeros y la actividad comercial en la región.
🚨#NOTAM A0479/25 del aeropuerto Reina Beatrix de Aruba:
➡️ Se prolonga la prohibición de vuelos entre Venezuela y Aruba por 90 días. ➡️Aplica para aviación general y comercial de pasajeros, carga y correo. ➡️Válido hasta el 27/11/2025. pic.twitter.com/IL5uAIVipx
Este sábado, 30 de agosto, el gobierno de Noruega denunció el incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela. Los líderes de la oposición venezolana agradecieron el pronunciamiento y recordaron que “No se trata solo de un régimen”.
En un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega expresó su preocupación por “las desapariciones asociadas con las elecciones presidenciales de julio de 2024”.
“Nos alarma el aumento del uso de desapariciones forzadas, los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado y los homicidios ilícitos, entre otras violaciones”, señaló.
Asimismo, Noruega instó al régimen venezolano a “cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas, particularmente en casos de desaparición forzada”.
“La violencia política debe cesar inmediatamente y el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica debe ser respetado”, concluye el comunicado.
María Corina y Edmundo agradecen
Los líderes de oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se pronunciaron a través de sus cuentas en X para agradecer el pronunciamiento de Noruega.
A juicio de Machado el comunicado de Noruega “reivindica a las víctimas de la tiranía” y la lucha opositora “por la libertad, por la justicia y por la democracia” en Venezuela.
“El mundo democrático avanza con firmeza frente a las atrocidades del régimen criminal de (Nicolás) Maduro. La comunidad internacional sabe que no solo se trata de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado. También que es ilegítimo y usurpador porque se robaron la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Maduro y su régimen se creyeron intocables, que podrían seguir actuando con impunidad. Pero se acabó”, expresó Machado.
El mundo democrático avanza con firmeza frente a las atrocidades del régimen criminal de Maduro. La comunidad internacional sabe que no solo se trata de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado; también que es ilegítimo y usurpador… https://t.co/rQubb88clN
Por su parte, Edmundo González Urrutia expresó sentir de cerca el dolor de una desaparición forzada, a propósito del caso de su yerno Rafael Tudares, quien sigue “desaparecido” desde el pasado 7 de enero cuando fue detenido.
“La desaparición forzada no puede seguir siendo utilizada como instrumento de persecución política. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la libertad”, expresó González.
Gobierno rechaza el comunicado de Noruega
El canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Noruega y acusó a la nación de “justificar” una agresión por parte de los Estados Unidos.
“Desde Venezuela rechazamos de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega que, en contra de la opinión de su propio pueblo, se suma a la amenaza contra nuestra soberanía, prestándose de manera vulgar y extravagante a atacar la democracia venezolana con argumentos forzados y manipulados, asumiéndose como jueces en la arena internacional”, dijo Gil en un mensaje en Telegram.
En ese sentido, dijo que Venezuela “rechaza el intervencionismo ilegal” e “inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa como la nuestra, y denuncia el intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En las excarcelaciones de personaspresas por razones políticas en Venezuela, por lo general, las mujeres resultan menos beneficiadas con estas medidas, como lo evidencian los dos últimos casos ocurridos en julio y agosto de este 2025.
Entre las 13 personas que salieron de prisión con medidas sustitutivas de libertad recientemente, decididas en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, hay cuatro mujeres, lo que constituye el 1,6% del total de personas a quienes se les concedieron estos beneficios.
Hasta este 26 de agosto, la ONG Foro Penal contabilizó 816 presos políticos en el país. De ese número 96 son mujeres.
Este 24 de agosto excarcelaron a Mayra Castro, Diana Berríos, Margarita Asenza y Arelis Ojeda. Tres más que en el mes de julio pasado, cuando salieron con medidas sustitutivas 71 hombres y una sola mujer, Aixa Daniela Boada López, quien permaneció en el anexo femenino del Internado Judicial del estado Sucre desde agosto de 2024.
Según las últimas denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las mujeres privadas de libertad en Venezuela enfrentan condiciones inhumanas y de extrema vulnerabilidad.
La organización señala repetidamente que, además del hacinamiento crítico que afecta especialmente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), la única prisión para mujeres en el país, las reclusas enfrentan serios problemas.
Sufren de desnutrición, carecen de acceso a servicios básicos esenciales como agua potable y productos de higiene menstrual, además de que reciben una atención médica deficiente. A esto se suma el hecho de que no todas las presas políticas se encuentran recluidas en esta prisión; muchas están en anexos dentro de cárceles de hombres, que no cumplen con los estándares mínimos para cumplir su arresto de forma adecuada y además comparten celdas con privadas de libertad por delitos comunes.
Luego de ser violentadas en sus derechos humanos, desde el domingo pasado están junto a sus familias:
Mayra Castro
Es una dirigente municipal del partido Primero Justicia y activista social en los Valles del Tuy, en el estado Miranda. La detuvieron el 2 de agosto de 2024, como parte de la ola de represión postelectoral. Su encarcelamiento se extendió hasta el 24 de agosto de 2025. Estuvo 387 días en detención.
Durante este tiempo, Castro permaneció en un calabozo policial en el estado Miranda, un lugar no apto para estancias prolongadas según las leyes venezolanas, mientras su familia y diversas organizaciones exigían su libertad.
Durante su prisión, los familiares y defensores de derechos humanos denunciaron tratos inhumanos y un gran deterioro del estado de salud de la activista municipal.
En la cárcel sufrió una lesión ocular que le causó epiescleritis, una inflamación benigna y no infecciosa de la epiesclerótica. Otras dolencias fueron migrañas, gastritis crónica, edema en las extremidades, retención de líquidos y bronquitis aguda.
Su situación se agravó al punto de que debieron llevarla a urgencias por un fuerte dolor lumbar que, según una evaluación médica, se originaba por una afectación hepática. A pesar de necesitar una ecografía para un diagnóstico preciso, solo recibió tratamiento paliativo, sin que se le garantizara la atención médica integral que su condición exigía.
Aunque un reconocimiento médico forense certificó su delicado estado de salud en noviembre de 2024, y de que su familia consignó una solicitud de libertad ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo, sus peticiones no obtuvieron respuesta.
Los pesares de su reclusión quedaron plasmados en una carta que escribió en diciembre desde su celda, donde expresó: “No merezco morir en prisión y mis hijos no merecen todo lo que está pasando”.
Mayra Castro es una dirigente del partido Primero Justicia en los Valles del Tuy, estado Miranda. Foto: Cortesía
Diana Berríos
Es abogada y exdirectora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo, en el estado Zulia, a quien apresaron funcionarios del Sebin la noche del 4 de octubre de 2024. Su arresto se llevó a cabo tras una serie de detenciones contra funcionarios municipales, incluido el entonces alcalde Rafael Ramírez Colina, y ocurrió horas después de que Berríos, en cumplimiento de sus funciones, designara a Vanessa Linares —esposa del alcalde del mandatario— como alcaldesa encargada para dar continuidad a la gestión.
Su detención, que ocurrió en el Palacio Municipal de Maracaibo, recibió la condena de voceros políticos, que la calificaron como un acto arbitrario directamente ligado al nombramiento que Berríos realizó.
Es abogada y fue directora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo bajo la gestión de Rafael Ramírez Colina (Cortesía)
Margarita Assenza
Es una abogada ítalo-venezolana, que permaneció casi once meses detenida en los calabozos de El Helicoide, en Caracas, a más de 690 kilómetros de Maracaibo, donde la arrestaron.
A Assenza, quien se desempeñaba como directora de la Oficina de Secretaría Privada del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, la detuvieron en octubre de 2024, junto a otros funcionarios que trabajaban para el alcalde, por supuestos hechos de corrupción.
Medios italianos señalan que su liberación es el resultado de un “largo trabajo diplomático” que llevaron adelante instituciones italianas, por las gestiones del ministro de Exteriores de ese país, Antonio Tajani, y el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.
Arelis Ojeda
Se desempeñaba como administradora de la Alcaldía de Cabimas al momento de su detención en diciembre de 2024. A Ojeda la arrestaron junto a su esposo Benito Chirinos, en Cabimas, estado Zulia, cuerpos de seguridad del Estado. Permaneció privada de libertad durante más de ocho meses.
La maldad como un patrón sistemático
Para Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela no son actos de justicia, sino resultados de negociaciones políticas.
Aseguró que “todas las libertades con medidas que han dado son negociadas. Es una decisión de ellos (el Ejecutivo), no de un juez“.
Prado subrayó que el trato a los presos políticos es un acto de “maldad” por parte de los funcionarios de seguridad del Estado y ve una clara discriminación en la excarcelación de mujeres, ya que generalmente se libera a muchos más hombres, pese a que la situación de las mujeres en prisión puede ser más cruel que para los hombres.
El defensor de derechos humanos explicó que la detención arbitraria de mujeres, a diferencia de los arrestos por delitos comunes, puede ocurrir por razones tan triviales como estar en el lugar y momento equivocados, como por ejemplo: ir en un taxi, caminando, o por ser familiar de alguien buscado. “Una detención de este tipo altera completamente sus vidas”, dijo.
Sin atención diferenciada para presas políticas
Una vez en prisión, el trato que reciben las presas políticas es inhumano y carece de respeto a sus derechos fundamentales. Prado enfatizó que las cárceles no cumplen con ningún estándar mínimo de derechos humanos para mujeres privadas de libertad. La falta de privacidad es total, ya que incluso ellas tienen que “hacer necesidades abiertamente” y “bañarse allí públicamente”.
En la prisión las mujeres no tienen acceso a productos esenciales de higiene personal. “Imagínate lo que puede sentir una mujer que tenga el período y no tenga toalla sanitaria”, advirtió el activista, quien sostuvo que este tipo de actos son a propósito y el OVP lo calificó como un “patrón sistemático para violentar la salud mental de las mujeres en prisión por casos políticos”.
Uno de los casos más emblemáticos de prisión política de mujeres en el país es el de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien violentaron de distintas formas en prisión, y a, su juicio, el ensañamiento contra ella sirvió como una advertencia para las mujeres en el Poder Judicial.
Señaló que casos como el de Rocío San Miguel y Dignora Hernández, a quien se llevaron a empujones y entre gritos de auxilio, son ejemplos de cómo los funcionarios de la gestión chavista buscan intimidar a cualquiera que se oponga.
96 aún quedan tras los barrotes
El Foro Penal dijo esta semana que 96 mujeres aún permanecen detenidas por razones políticas en el país. Las condiciones en las que se encuentran, según múltiples informes sobre derechos humanos, son deplorables y muchas enfrentan problemas de salud graves, que no son atendidos por los especialistas en la salud.
Los casos de Rocío San Miguel, Emirlendris Benítez, Dignora Hernández y Yosida Vanegas ilustran las crueles realidades del encarcelamientro por motivos políticos en Venezuela.
San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, lleva más de un año detenida sin que se le respete el debido proceso. Su abogado, Juan González Taguaruco, denuncia que aún le niegan una operación para una fractura en el hombro, que sufrió a finales de 2024. A pesar de que el diagnóstico tardó cuatro meses en ser verificado, solo recibe analgésicos de manera irregular.
La ONG Provea, en distintas oportunidades, exigió una medida humanitaria para que la activista la atendieron médicos de su confianza, ya que las condiciones en El Helicoide, donde se encuentra, no son adecuadas para un postoperatorio y rehabilitación.
Otro caso notable es el deEmirlendris Benítez, quien es víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su arresto. A esta comerciante la arrestaron en 2018 sin una orden judicial, una situación común en muchos casos. La sentenciaron a 30 años de prisión por su supuesta implicación en el “caso del Dron”, el del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, aunque su familia insiste firmemente en su inocencia.
A pesar de estar embarazada de cuatro meses en el momento de su arresto, la golpearon y torturaron, lo que le provocó un aborto espontáneo. Las torturas también le causaron problemas de salud, como un intenso dolor en la columna que le impide estar de pie por mucho tiempo y por esta razón utiliza una silla de ruedas.
Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, también cumplió un año desde su arresto en marzo de 2024, que fue violento como se vio en un video cuando la apresaron. A pesar de que su detención fue pública, sus familiares no supieron de su paradero durante casi 60 días, una práctica que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón califica como desaparición forzada de corta duración y que se hizo frecuente durante las protestas poselectorales. Aunque recibe visitas, el hacinamiento y la falta de agua potable en El Helicoide agravan sus alergias e hipertensión.
Trato discriminatorio contra mujeres mayores
El caso de Yosida Vanegas, a pesar de su avanzada edad, resalta el trato discriminatorio hacia las mujeres mayores. A sus 68 años la arrestaron en 2023, sin orden judicial, bajo la acusación de financiar el terrorismo. Su hija, Giowanna, sostiene que Yosida está presa por ser la madre del sargento Juan Carlos Monasterio, quien fue implicado en el caso Dron.
A Vanegas, una jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la sometieron a torturas psicológicas, según denunciaron sus familiares, y sufre de sangrado rectal, artrosis degenerativa y problemas de presión asociados a su edad.
Las excarcelaciones de Mayra Castro, Diana Berríos, Margarita Assenza y Arelis Ojeda son un rayo de esperanza, pero no oculta la oscuridad que se cierra sobre el resto de las presas políticas que siguen tras los barrotes en el país, en condiciones deplorables y la falta de atención médica que sus enfermedades requieren.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
