Las tensiones entre Venezuela y EEUU alcanzaron un nuevo punto crítico. El anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el hundimiento de una embarcación en el Caribe, con un saldo de 11 muertos, no solo despertó serias dudas sobre la legalidad del uso de la fuerza, sino que también ha puesto en evidencia cómo la confrontación bilateral trasciende la lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, la administración de Nicolás Maduro mantiene un entorno de represión sostenida, llevando a cabo nuevas detenciones y desapariciones forzadas, y ha incrementado la presencia militar y de la milicia en el país.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) estos hechos se enmarcan en un contexto de incremento de las tensiones entre Venezuela y EEUU y de un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, “que van más allá de esfuerzos de controlar al narcotráfico”.

El pasado 8 de agosto, el New York Times reportó que Trump autorizó al Pentágono para emplear fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. Poco antes de eso, el 25 de julio, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como Terroristas Globales Especialmente Designados.

Asimismo, al inicio de la administración de Trump, la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua fue designada como Organización Internacional Terrorista. Aunque con implicaciones jurídicas distintas, según explicó WOLA, y sin que esas figuras autoricen expresamente el uso de la fuerza militar, “este marco ha servido para justificar discursivamente el despliegue de la Armada estadounidense en el mar Caribe”.

Las designaciones que vinculan al gobierno venezolano con el terrorismo, la recompensa de 50 millones de dólares Maduro y el despliegue naval en el Caribe refuerzan la estrategia de EEUU de tratar la crisis venezolana como un asunto de seguridad nacional. Aunque estas medidas también generan dudas sobre sus alcances, los riesgos de repetir errores de la “guerra contra las drogas” y la posible respuesta de Maduro.

Ante este panorama, WOLA planteó y respondió cinco preguntas clave sobre la situación:

¿Cuáles son los vínculos del gobierno autoritario en Venezuela con economías ilícitas?

De acuerdo con WOLA, existe un debate sobre la naturaleza organizativa y estructura del Cartel de los Soles. La oficina señaló que hay análisis que cuestionan si se trata de un cartel con “lógicas propias o de una red flexible de actores estatales y no estatales involucrados en actividades criminales”.

El organismo indicó que ese debate desvía la atención de un elemento esencial como la existencia de vínculos entre altos funcionarios de la administración de Maduro y diversas economías ilícitas que incluyen “tráfico de drogas, combustible, minería ilegal y contrabando de oro, rodio y coltán”.

Al respecto, recordó que Transparencia Venezuela estimó que para 2022 las economías ilícitas generaron un aproximado de $9.402 millones de ingresos. Casos como los del exmilitar Clíver Alcalá Cordones y el antiguo director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal Barrios, “han develado los vínculos de las autoridades venezolanas con el narcotráfico”.

¿Por qué es problemático el enfoque que relaciona narcotráfico con terrorismo?

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista se apoya en la Orden Ejecutiva 13224, que define el terrorismo como actividades “violentas o peligrosas para la vida humana, la propiedad o la infraestructura” destinadas a “intimidar a la población civil” o “influir en la política de un gobierno mediante coerción”. Sin embargo, WOLA insistió en que calificar a los cárteles como terroristas “debe evitarse” porque sus fines son económicos y no ideológicos, y porque “la definición misma de lo que constituye un cártel de drogas es difusa”.

En el caso de Venezuela, señaló WOLA que la polémica se profundiza porque EEUU ha identificado directamente a Nicolás Maduro como “la cabeza del cártel”, lo que, pese a declaraciones de que no se buscan “cambios de régimen”, abre la puerta a acciones punitivas y eventualmente militares.

¿Cuáles son las implicaciones para la oposición política en Venezuela?

La estrategia de “máxima presión” de Washington ha sido vista por la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, como “un éxito”, pues la designación del Cartel de los Soles y el despliegue militar en el Caribe dificultan la “normalización” internacional de la administración de Maduro. Sin embargo, estas acciones también han provocado un acercamiento del gobierno oficialista con países como Brasil y Colombia, que ahora llaman al “respeto a la soberanía territorial de Venezuela”.

Para la oposición, además del “garrote” de la amenaza militar, WOLA explicó que se necesitan incentivos de protección y mecanismos de justicia transicional que permitan defecciones dentro del chavismo y una salida negociada. A ello se suman contradicciones de la política de Trump —como el “congelamiento de la ayuda extranjera” y las deportaciones de venezolanos— que afectan a la sociedad civil.

¿Existe la posibilidad de una escalada militar en la región?

Aunque WOLA indicó que si bien no se pueden predecir las decisiones de la administración de Trump, pueden plantearse algunos escenarios. Y pese a que la operación antinarcóticos “puede entenderse como disuasiva”, la organización indicó que “no se descarta la posibilidad de que evolucione hacia acciones militares más directas”. No obstante, consideró que la naturaleza y alcance de estas eventuales acciones son inciertas.

Por ahora queda por ver cuál será la reacción de los países de la región y si las posturas políticas se traducen en acciones militares. Algunas naciones han adoptado pronunciamientos y medidas que apuntan a la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista, mientras que otros se han movido en la posición opuesta, denunciando las acciones de EEUU como injerencistas.

El riesgo de una escalada de tensiones entre Venezuela y EEUU es alto y podría ir de la intimidación militar a ataques selectivos, e incluso —aunque menos probable— a intentos de derrocar al gobierno de Maduro. Según WOLA, el hundimiento de la embarcación en el Caribe y el sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques estadounidenses muestran un escenario intermedio que podría derivar en mayor tensión.

¿Cómo amenaza la resiliencia de las redes criminales la sostenibilidad de una transición democrática a largo plazo?

Para WOLA, uno de los principales retos para una transición democrática en Venezuela es la “resiliencia del entramado criminal que sostiene al gobierno autoritario”. La salida de figuras como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello “no necesariamente supondría la desarticulación automática de estas redes”, que podrían reacomodarse y mantener su influencia.

Además, recordó que en Venezuela operan actores como el ELN, disidencias de las FARC, colectivos armados y el Tren de Aragua, lo que configura un “ecosistema criminal” difícil de desmontar. Recuperar el control de los territorios en un eventual cambio político “no será tarea fácil” y exigirá apoyo internacional, recursos y la participación activa de las comunidades afectadas.

Riesgos importantes de las medidas de Trump

Según WOLA, el despliegue naval de EEUU y las designaciones bajo el marco de terrorismo forman parte de una estrategia que combina “herramientas jurídicas, financieras, diplomáticas y militares” para aumentar la presión sobre el poder en Venezuela. Sin embargo, la organización advierte que estas medidas conllevan riesgos: si no se traducen en avances hacia la democratización, podrían “fortalecer la narrativa de resistencia del gobierno de Maduro”, aumentar la fatiga internacional y dificultar una transición.

El verdadero reto, sostuvo WOLA, no es solo provocar un cambio de liderazgo, sino desmontar “un entramado criminal enraizado en el Estado venezolano”. Por eso, enfatiza que la presencia militar estadounidense “por sí sola no es garantía del colapso del gobierno madurista” y que resulta clave ofrecer incentivos adecuados para generar defecciones, junto con mecanismos de justicia y reparación para las víctimas.

La organización concluyó que la presión internacional solo será efectiva si logra articular “incentivos efectivos para fracturar la coalición gobernante con garantías de justicia”.

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