Nicolás Maduro ofreció ayudar al mandatario estadounidense Donald Trump par capturar a los líderes de la mega banda criminal venezolana el Tren de Aragua, según información difundida por el portal internacional Bloomberg.
De acuerdo con el medio, la oferta realizada por Maduro fue parte de un esfuerzo para reiniciar las conversaciones con Washington, que tiene buques de guerra en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y ha informado que ha aniquilado cuatro embarcaciones que supuestamente iban cargadas de drogas con rumbo a EEUU, asesinando a 17 personas.
Bloomberg pudo conocer de este acuerdo tras consultar con personas familiarizadas con este tema, quienes pidieron no ser identificadas.
Las fuentes indicaron que Maduro dijo que podría ayudar a localizar a los jefes más buscados del Tren de Aragua, quienes se han convertido en una prioridad para Trump, tras ser designados como organización terrorista extranjera.
Se pudo conocer que esta propuesta la hizo Nicolás Maduro a Richard Grenell, enviado especial del Donald Trump para Misiones Especiales de Estados Unidos, a principios de este mes, junto a una carta que envió al presidente estadounidense en la que lo instaba a un diálogo directo para aliviar las tensiones entre ambos países y donde negaba que el país sea una fuente importante de narcotráfico hacia su país.
Bloomberg solicitó información al Ministerio de Comunicación y a Grenell, pero no respondieron a la solicitud; sin embargo, el pasado jueves 25 de septiembre, le dijo a CBS News que seguía en contacto con el equipo de Maduro, sin precisar tantos detalles.
«El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo», indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado al ser consultados sobre comentarios al respecto. «La política de la administración es la ‘máxima presión’ sobre el régimen de Maduro, y no se están produciendo negociaciones que puedan beneficiar potencialmente al régimen».
El Tren de Aragua, que se ha extendido desde Venezuela a Chile y hasta Canadá, está acusado de extorsiones, tráfico de drogas, personas, armas, prostitución, minería ilegal, robos y secuestros. Se cree que algunos de sus altos dirigentes se encuentran fuera del país.
El año pasado, el Departamento de Estado de EEUU, en cooperación con el gobierno de Colombia, anunció millonarias recompensas a cambio de información que permita capturar a tres cabecillas del Tren de Aragua. Por alias Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», ofrecen hasta $5 millones; por Yohan José Romero, alias «Johan Petrica», hasta $4 millones; y por Giovanny San Vicente, también conocido como «Giovanny», hasta $3 millones.
El comunicado del Departamento de Estado precisó que, por información que han conseguido en colaboración con la policía de Colombia, creen que alias «Petrica» se encuentra en Venezuela y los otros dos líderes en Colombia.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde finales de julio de 2025, familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado una nueva práctica contra los presos políticos en Venezuela: traslados irregulares sin notificación previa a abogados ni parientes, y sin órdenes judiciales que los respalden.
El pasado 2 de septiembre, el partido político Voluntad Popular (VP) exigió una fe de vida de sus miembros Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de conocerse de manera extraoficial que ambos fueron trasladados de El Helicoide a un paradero desconocido. Se dice que pudieran estar en El Rodeo, pero a la fecha, sus familiares no han podido confirmar esa información.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece ninguna persona puede ser detenida en secreto. En su artículo 17, esta normativa establece que los Estados deben mantener registros oficiales y actualizados de todas las personas privadas de libertad, con información detallada sobre identidad, motivo de detención, lugar de reclusión, condiciones de salud y cualquier traslado. Este marco jurídico internacional protege el derecho de los allegados y representantes legales a conocer de manera inmediata el paradero de los detenidos y a impugnar judicialmente detenciones ilegales.
En entrevista con Runrun.es, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), denunció que al menos 170 detenidos por motivos políticos se encuentran actualmente en condición de desaparecidos.
Baduel explicó que, en muchos casos, las familias sienten temor de denunciar o incluso de acercarse a los centros de reclusión a preguntar. “Quizás son más, eso puede variar también por el tema de que hay mucho miedo para las familias a denunciar”, señaló.
Nuevos traslados denunciados
El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) alertó este jueves, 25 de septiembre, que familiares y amigos denunciaron el traslado de Ysaira Villamizar, presuntamente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel Yare II, en el estado Miranda.
En su denuncia, el Clippve recordó que todos ellos fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a “desaparición forzada” el 25 de agosto, cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, estado Barinas. Tras las denuncias públicas, los familiares fueron informados de que se encontraban recluidos en la sede del Sebin en Barinas, donde estuvieron sin acceso pleno a sus abogados ni a las condiciones mínimas del debido proceso.
Los familiares denuncian que el traslado a un estado lejano a su ciudad de residencia complica la atención y acompañamiento que deben brindarles mientras siguen injustamente presos, además de someterlos a un sistema penitenciario con “condiciones inhumanas” que no garantiza lo establecido por la ley venezolana: alimentación adecuada, atención médica, suministro de agua potable, condiciones de higiene y salubridad ni espacios de recreación.
🔴ATENCIÓN | Familiares y amigos denuncian el traslado de la Lcda. Ysaira Villamizar, presuntamente al INOF en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel… https://t.co/xdmJlnv0OH
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 25, 2025
Impacto en la salud y condiciones de reclusión
Los traslados y la falta de información también han afectado el derecho a la salud de los presos políticos. Al no saber dónde están, no pueden recibir ningún tipo de atención ni tratamiento de sus familiares.
Sobre esta situación, Andreína Baduel puntualizó casos como los de Freddy Superlano y Roland Carreño, quienes sufren de hipertensión. “En este punto que ya no sabe la familia ni siquiera dónde está pues tampoco saben si están recibiendo su medicación”, alertó.
La activista también se refirió al caso de Carla Da Silva, detenida desde mayo del año 2020 al ser vinculada a la Operación Gedeón. Da Silva estaba recluida en El Helicoide, pero desde el pasado 5 de agosto fue trasladada de forma arbitraria hacia un destino desconocido. Es paciente bariátrica, por lo que necesita cumplir con una alimentación especial que su mamá le proveía, pero al no saber dónde está, no puede hacerlo. “Eso va agravando las condiciones de cada uno y va generando daños orgánicos”, alertó Baduel.
Sobre Da Silva, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) difundió un video en redes sociales este miércoles, 24 de septiembre, en donde aparece su madre, Miriam Marrero, pidiendo la libertad de su hija, así como la de todos los presos políticos del país.
Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva Marrero, sigue sin saber dónde está su hija, luego de que se conociera sobre su traslado de las celdas de El Helicoide.
Desde el 5 de agosto las autoridades del régimen de Maduro no han brindado información sobre Carla y su mamá no ha… pic.twitter.com/7GNvCnhj5x
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 24, 2025
Familias también bajo tortura
Andreina Baduel alertó que las familias de los presos políticos y desaparecidos también son sometidas a un trato cruel y degradante.
“Hay familias que están fuera del país que eso también les limita poder accionar en favor de los suyos, porque otro de los protocolos de horror a los que son sometidos los familiares de los presos políticos y los desaparecidos es que los obligan casi que a un viacrucis a preguntar por distintos sitios de reclusión para tratar de precisarlos hasta que bueno, lamentablemente cuando a ellos les da la gana es que confirman si están o no están”, denunció.
La activista denunció que incluso cuando los familiares deciden levantar la voz enfrentan nuevas represalias. “Hay familiares que sí tienen conciencia de la importancia de la denuncia, a pesar de las represalias que esto puede implicar, porque en Venezuela denunciar hasta se ha convertido en un delito. (…) Muchos lo han intentado y la respuesta es más silencio, más opacidad y más impunidad. En algunos casos ni siquiera quieren recibir las denuncias y tienen hasta la desfachatez de decirles a las familias que si denuncian es peor”.
Para Baduel, esta situación configura un tipo de tortura psicológica: “Es otra dimensión de horror que quizá la gente no aprecia. No solo es contra el preso, también contra su familia. Yo lo digo por experiencia propia: es muy fácil decir ‘están desaparecidos’, pero no hay días, no hay momentos, no hay paz para quienes lo vivimos, porque sabemos perfectamente de lo que es capaz el régimen. En esos días en que no sabes dónde está, puedes temer lo peor”.
“Eso constituye un tipo de tortura no solo para los presos políticos sino para su familia”, concluyó. “La violación de los derechos se traslada del preso hacia los suyos, que deben lidiar con la incertidumbre, el desgaste y las amenazas. Al final, las familias también son víctimas secundarias, viviendo muy cerca lo mismo que ellos”.
Restricciones de alimentación y agua
La situación de los presos políticos varía según el centro de reclusión, pero en todos los casos se han registrado limitaciones que afectan directamente su salud y condiciones de vida, siendo El Rodeo donde hay mayores restricciones de insumos para los detenidos.
“Por lo menos en El Helicoide antes podían suministrar insumos tres veces a la semana, ahora eso se redujo a una sola vez a la semana. En Tocuyito (…) hay una imposición de restricción de alimentación también parcial (…) todos los alimentos y todos los artículos de uso personal sean regresados (…) el que más extremo está con las restricciones de alimentación es El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, que no permite ni agua”, explicó Andreína Baduel.
La activista advirtió que estas medidas deterioran gravemente la salud de los detenidos. “En general la situación de los presos políticos se traduce a que cada día se están restringiendo mucho más las opciones para que ellos puedan resistir medianamente y se están vulnerando sus derechos fundamentales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Es inviable un país asediado permanentemente por la represión y la desigualdad acelerada y generalizada de la población, la negación de la justicia y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
Las elecciones presidenciales de 2024, que eran una oportunidad para superar la crisis venezolana de forma pacífica y democrática, fueron opacadas por el secuestro de la voluntad popular en medio de una escalada represiva sin precedentes en la historia reciente.
La extinción de la Democracia y la suspensión de facto del Estado de Derecho desencadenó una espiral de abusos e impunidad que parece interminable.
A la par del socavamiento de las libertades públicas, se impone un modelo económico basado en el desconocimiento de las obligaciones estatales con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que ha aumentado exponencialmente la desigualdad, mediante el estrangulamiento del ingreso y ahorro de las familias, y la precarización del empleo decente.
El colapso económico devino en la proliferación de gobernanzas y economías criminales, poniendo en grave riesgo a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las comunidades y pueblos indígenas y pobladores fronterizos, además de causar graves daños en el medio ambiente.
Los barcos pesqueros han sido reconfigurados para contrabandear migrantes, traficar humanos, vida silvestre y combustible.
Los “otros negocios” – como le llaman en las costas o en las profundidades de la selva amazónica venezolana – han florecido a la par de la crisis económica que inició en Venezuela hace una década.
Luego se consolidaron bajo el amparo de una gobernanza que cede territorio y facilita estas actividades al margen de las formalidades que establece la Constitución.
Una escalada sin precedentes
En este escenario de profunda inestabilidad, en el que el poder intenta superar la crisis de legitimidad a la fuerza, persiguiendo y amenazando a la población civil, se ha generado una mayor e inédita movilización militar de Estados Unidos en El Caribe, cerca del mar territorial venezolano.
En el marco del despliegue de activos militares de Estados Unidos en El Caribe, siguen siendo escasos los detalles que se conocen sobre el mortal ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una embarcación que, según el gobierno de EE.UU, partió de Venezuela transportando drogas y a 11 supuestos miembros de la banda “Tren de Aragua”.
Los cuestionamientos al operativo han sido alimentados, entre otras cosas, por la poca información brindada por la gestión de la Casa Blanca.
Este y otros ataques letales, que tuvieron lugar después de una acumulación de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe, marcan un cambio de paradigma en la forma en que Estados Unidos está dispuesto a combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
A la luz del derecho internacional -que como organización defensora de Derechos Humanos con 37 años de trayectoria reivindicamos como un logro histórico de la humanidad-, estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles.
“La sola acción extrema del hundimiento de la embarcación y de sus ocupantes priva a la sociedad de conocer la verdad”, advirtió en su momento Alerta Venezuela.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que “el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación” y recordó que “el uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
El uso excesivo de la fuerza y el resultado de dichos ataques puede ser calificado como una ejecución extrajudicial.
Preocupante desapego de los Sistemas de Protección y estándares internacionales
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tiene estándares internacionales para garantizar el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.
La ONU también cuenta con una Oficina contra el Terrorismo, mientras que, desde 2006, su Asamblea General aprobó una Estrategia Global el terrorismo, que es actualizada cada dos años por esa instancia, y en la quelos Estados deben proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Es preocupante la progresiva desvinculación de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, puesto que fomentan la peligrosa noción de que la gobernanza internacional es opcional o carece de sentido, debilitando aún más el consenso global sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un momento de gran incertidumbre global.
Cabe recordar que en 2024 el gobierno de Maduro expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para luego permitir el ingreso de tan solo una funcionaria, haciendo así irrisoria su presencia en el país.
Tampoco ha permitido el ingreso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, desde su creación en octubre de 2019, ni responde a sus solicitudes de información al tiempo que insulta a los comisionados durante los debates sobre sus informes en el Consejo de Derechos Humanos.
Además, incumple con las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y suele no responder a las comunicaciones sobre violaciones a derechos humanos enviadas por los Relatores y los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas.
En el Sistema Interamericano, la administración Maduro mantuvo la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -presentada en 2012 durante la gestión de Hugo Chávez, y en vigor desde septiembre de 2013 con Nicolás Maduro en la presidencia- para sustraerse de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), situación revertida recientemente por la CorteIDH.
Mayor militarización para controlar a la sociedad
El escenario está siendo respondido por el gobierno venezolano a través del autoritarismo y los abusos, generando nuevas violaciones de Derechos Humanos y justificando sus acciones bajo el paraguas de la “lucha contra el terrorismo de la derecha”.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro da un nuevo oxígeno a la militarización total del país bajo la justificación de la “defensa de la soberanía”, mientras insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los Derechos Humanos a través del cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales.
Preocupa que en esta coyuntura se produzca un incremento considerable del gasto relacionado a la actividad militar, sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población.
El Estado venezolano tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas que considere adecuadas para la defensa de la soberanía nacional, sin embargo, estas medidas deben tener proporcionalidad y corresponderse con una práctica que no implique violaciones de Derechos Humanos, ni la desatención de sus obligaciones en materia social.
El anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la posible declaratoria de un Estado de Conmoción Exteriory la aprobación del Decreto N° 5.164 que crea las llamadas Áreas de Defensa Integral (ADI) de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) adscritas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), constituyen pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos.
La prolongada y cada vez más creciente militarización del territorio -que ha estado amparada en la doctrina de seguridad nacional-, ha generado graves consecuencias para las garantías ciudadanas.
Democracia, Derechos Humanos y multilateralismo
Las escasas conversaciones entre las administraciones Trump y Maduro a comienzos de año, y que recién Nicolás Maduro tachó de “desechas”, se limitaron a temas vinculados a las deportaciones masivas y sumarias de venezolanos en Estados Unidos, la liberación de estadounidenses presos ilegalmente en Venezuela y las nuevas licencias para que la petrolera Chevron siguiera operando en el país.
En las conversaciones, narrativas y acciones de ambos gobiernos hay dos grandes ausentes: la necesidad de re-democratizar el país y la indeclinable obligación de respetar el Derecho Internacional y garantizar los Derechos Humanos en todo momento y sin ninguna excusa.
La crisis venezolana ha tenido un severo impacto en la vida y los derechos de millones de venezolanos y también en la estabilidad de la región.
Sin embargo, insistimos en que la superación de la misma debe producirse en el marco del respeto al Derecho Internacional, mediante el esfuerzo del multilateralismo y la presión ciudadana de los sectores democráticos, con la mirada fija en la garantía para los Derechos Humanos de la población.
Provea afirma que ninguna circunstancia, por muy grave que sea, puede justificar el desconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
Dejar el campo libre para la violación de los Derechos Humanos no es, ni debe ser, opción.
Reiteramos que son tiempos de firmeza y compromiso histórico. Exhortamos a todos los actores de la vida nacional a seguir al lado de un pueblo resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad; un pueblo que decidió pacíficamente su destino político.
“No puedo creer que ABC (Fake News) le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. Por qué querrían recuperar a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro al emitir un 99% de basura demócrata. Que Kimmel se pudra con sus malos índices de audiencia”, dijo recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre el regreso del presentador a su Late Show, luego de haber sido suspendido parcialmente por comentarios sobre el asesinato del líder republicano, Charlie Kirk.
Kimmel fue objeto de ataques de la Casa Blanca luego que asomara la posibilidad de que los republicanos estaban tratando de sacar ventaja política del crimen y pusiera al aire un video donde a Trump se le preguntaba por el suceso y respondía con la construcción de un salón de baile.
A su regreso a la televisión, Kimmel ofreció disculpas por las palabras sobre Kirk, pero no tuvo reparo en alertar a Trump que iba por un camino errado.
“Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma”, indicó.
El caso de Kimmel se suma a la cancelación de Late Show de Stephen Colbert en CBS hace un par de meses, luego que este dijera que la compañía Paramount había pagado un soborno para arreglar una demanda de Trump por la edición de la entrevista con Kamala Harris cuando era candidata presidencial demócrata.
Tanto en su primer gobierno como en su segundo mandato, Trump ha tenido fuertes críticas a los medios de comunicación independientes, atacando verbalmente a los representantes de la prensa e incluso llegando a demandar por difamación a empresas como The New York Times.
“Cállate”, le dijo Trump a un periodista australiano a mediados de este mes luego que este le preguntara si creía que un presidente en ejercicio podía estar involucrado en muchos negocios. “Estás dañando a Australia ahora mismo, tu país se quiere llevar bien conmigo, tu líder vendrá a verme y le diré que haces preguntas en un muy mal tono”.
Así como al comunicador social australiano Trump ha encarado a decenas de periodistas que le hacen preguntas “incómodas” y no son de su agrado.
Apenas la semana pasada, Trump dijo que la prensa en Estados Unidos es una amenaza para su gobierno y la democracia.
“Convierten cualquier noticia positiva en algo negativo. Yo creo que es realmente ilegal”.
El periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz enfatizó que es notable un cambio de estilo entre los dos gobiernos de Trump, debido a la ola de popularidad en la que navega en esta ocasión.
“Estados Unidos vive un retroceso en múltiples niveles en temas de libertad de expresión, sin embargo aún tienen la capacidad institucional y la masa crítica para corregirlo. No han llegado, por los momentos, a puntos de no retorno”
“Trump es un patán con los periodistas que le preguntan cosas que no se amoldan a su gusto, no estoy de acuerdo con sus formas”, manifestó una reportera venezolana que prefirió permanecer en el anonimato.
A juicio de Díaz, Trump intenta implantar un estilo que persigue ser personalista en pos de construir una imagen fuerte.
“Pero que en paralelo puede hacer mella en el rol institucional y de contrapesos que representan el periodismo y los medios”.
La reportera indicó que no solo del lado republicano, los comunicadores sociales experimentan el lado más oscuro del poder.
“Fui expulsada de una rueda de prensa de Kamala Harris por una pregunta que hice sobre la frontera. El partido demócrata se molestó, llamó a reclamar a mi canal y tres semanas después me sacaron sin explicación alguna, y con la evaluación más alta de todos los reporteros del noticiero en mi historial”.
Para Díaz, aunque pueden conseguirse algunas similitudes entre el gobierno estadounidense y el venezolano, estas tienen que ver con el modo de usar la popularidad para tratar de que unas ideas tengan más peso que otras.
“Hugo Chávez tuvo manifestaciones de violencia institucional monstruosas que aún no han sido replicadas en Estados Unidos, por lo que las comparaciones deberían ser bien diseccionadas”.
¿Está realmente amenazada la libertad de expresión? en Estados Unidos. Runrunes consultó a periodistas venezolanos que viven en el país norteamericano y consiguieron similitudes y diferencias con la experiencia nacional mediática del último cuarto de siglo en suelo nacional.
Boris Muñoz, cronista y fundador de la sección de opinión en español del The New York Times; Luz Mely Reyes, creadora de medios independientes y Jesús Rivero Bertorelli, director del medio digital somostuvoz.net, analizaron la situación de libertad de expresión en suelo estadounidense., donde residen actualmente.
1- ¿Cuál es su valoración sobre el estado de la libertad de expresión en los Estados Unidos en la actualidad. Existe un retroceso incluso en comparación con el primer mandato de Trump?
Boris Muñoz: En la actualidad existe un retroceso incluso en comparación con el primer mandato de Trump, si vemos el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras, Estados Unidos bajó en dos años del puesto 55 al 57 en cuanto a la protección de la libertad de prensa y expresión. Eso parece pequeño, pero es significativo en un país que se ha caracterizado en su historia por una defensa bastante contundente de la libertad de expresión, desde la primera enmienda hasta la decisión de Sullivan versus el New York Times en los años 60. Esto lo que hace es fomentar un ambiente de miedo, intimidación y autocensura promovido desde lo más alto. Donald Trump se ha encargado de amedrentar a periodistas, a dueños de medios y de chantajear a empresas ligadas a los medios para controlar las expresiones de sus críticos. Ha demandado al New York Times, Wall Street Journal y a CBS. Comparado a su primer mandato, ahora hay un ambiente mucho más deteriorado. En su primer gobierno enseñó los dientes, pero no se tomaron medidas tan agresivas como las que estamos viendo hoy. Trump siempre ha descalificado a sus críticos. En su primer período pronunció más de 30 mil mentiras. En ocho meses de este año lleva 5.000, es decir que quizás pueda batir su propio récord.
Luz Mely Reyes: Hay muchas diferencias respecto a nuestros países. Aquí se valora la libertad de expresión de manera maximalista por una enmienda constitucional. En ese sentido hay un consenso, no ven límites a la libertad de expresión y si hay algo que no se corresponde se recurre a la justicia, que es otro gran poder concebido de manera independiente. Por tanto, hay un ataque a la libertad de expresión y a las instituciones democráticas, pero no estoy segura de que esté en peligro como en los casos nuestros (incluyendo El Salvador). Por otro lado, el más reciente episodio con el comediante Jimmy Kimmel muestra lo valioso que es para la sociedad estadounidense el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo si percibo mucho temor en algunos sectores por las consecuencias de expresarse. Eso a raíz de la eliminación de fondos a la Universidad de Columbia.
Jesús Rivero Bertorelli: Mi valoración en este momento sobre el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos es que está garantizada afortunadamente. En este país hay esa gran ventaja. Está garantizada, pero por supuesto siempre está amenazada. Garantizada porque la libertad de expresión va más allá del derecho que pueda tener un periodista de escribir, preguntar o trabajar en un medio. De hecho, cualquier persona puede escribir en un periódico en Estados Unidos, con la única condición de que sea estadounidense. La libertad de expresión no la veo tan asociada directamente a los medios. Ahora, los medios tienen que luchar contra el poder de alguna manera. Hoy es Trump, ayer fue Joe Biden. Lo que pasa es que Biden tenía otro carácter. El intenta que los medios digan lo que él exactamente dice, que transcriban, que no estén interpretando ni le hagan razonamientos o cuestionamientos difíciles. Quien ejerce el poder, siempre intenta que los medios le sean sumisos.
2- ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento que le da Trump a los periodistas que le hacen preguntas que no se amoldan a su gusto?
Boris Muñoz: Trump es muy despectivo con los periodistas, los descalifica, los llama tontos, imbéciles, etcétera. Es un tratamiento generalmente confrontativo. Sabemos que al principio de su período se le prohibió a algunos periodistas asistir a las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Hay una decantación de los periodistas que pueden preguntar mucho más estricta de lo que había sido habitualmente. Por otro lado también se ha permitido la entrada de influencers a las ruedas de prensa, a medios más afines con la corriente del presidente y eso también cambia la ecuación porque se trata de tener una prensa que sea más favorable o menos crítica y más obsecuente. Eso implica un deterioro serio de la capacidad de examinar e investigar que tienen los medios. Se ha tensado mucho esa relación y eso no transpira nada bueno de aquí en adelante.
Luz Mely Reyes: Es una técnica muy empleada que no empezó en Venezuela. El tema es que los medios y el periodismo independiente son vulnerables a la desinformación y los ataques que provienen del poder político, sobre todo cuando este poder se construye sin contrapesos. Me cuesta pensar en un retroceso, pero si hay una política que rompe el pacto entre lo que debe ser el rol de periodistas y medios frente al poder y el rol de ese poder frente a los medios. La Casa Blanca ha dado cabida a los influenciadores y creadores de contenido que no siguen los lineamientos periodísticos sino que se alinean con la administración. Eso es lo que creo que es parte de la ruptura de ese pacto.
Jesús Rivero Bertorelli: Donald Trump tiene ese perfil que habla desde la tapa de la barriga como se dice coloquialmente en venezolano. No se detiene, es un animal político y en consecuencia dice lo que le provoca y habla feo. A muchas personas no les gusta Trump. No tanto por sus hechos, sino por sus palabras o la manera en la que se expresa. No le gusta que le hagan preguntas incómodas. También hay que decir que la mayoría de los grandes medios son de una tendencia suave o de una descarada tendencia demócrata y quizás hasta de izquierda. Por ejemplo, los dos grandes medios en español en Estados Unidos, Telemundo y Univisión, tienen un sesgo muy marcado anti-Trump. CBS, ABC y CNN también, entonces Trump tiene que luchar contra eso. Le van quedando pocos aliados, el caso de la cadena Fox y de algunos medios pequeños en español. Antes de decir la primera palabra ya tiene enemigos porque hay ese sesgo.
3- ¿Encuentra similitudes entre Trump y Chavez/Maduro con respecto al comportamiento que tienen con la prensa independiente?
Boris Muñoz: Veo más similitudes entre Trump y Chávez porque durante Chávez todavía existían ciertos niveles de libertad de expresión que por supuesto se fueron cerrando. Chávez tenía una guerra mediática franca primero con las televisoras y después con todo los medios. Trump parece tener una guerra semejante con CBS, CNN, Wall Street Journal, el New York Times, entonces, sí hay unos paralelos bastante claros, que no se pueden decir que sean iguales. Maduro se aseguró al principio de cerrar el grifo de la información con compras hostiles de medios en Venezuela negando los recursos para importación de papel, eliminando concesiones. Fue un ambiente mucho más negativo para la libertad de expresión. Yo creo que la referencia es muy negativa y no quisiera ver nunca que Estados Unidos está llegando al punto en el que está Venezuela. Maduro es un ejemplo muy negativo y nefasto para la libertad de expresión. Desafortunadamente, es un ejemplo que siguen muchos otros regímenes autoritarios.
Luz Mely Reyes: Hay algo más macro que tiene que ver con el auge de los liderazgos autoritarios y populistas y es la descalificación de medios independientes y del periodismo como un especie de contrapeso o como un espacio de contraste frente al poder. En ese sentido, los liderazgos autoritarios o populistas tienen la tendencia de descalificar a los medios y los periodistas. Lo mismo pasa con Nayib Bukele en El Salvador, él hace exactamente lo mismo que Maduro y va un poco más allá de lo que hizo Hugo Chávez. Hay estadios en esa relación que siempre ha sido tensa entre el poder político y el periodismo. La gran diferencia que hay hoy en día es que hay una crisis de modelos de negocio en los medios, otra en el relacionamiento entre medios y audiencias y la disrupción en redes sociales que permiten que se generen contenidos que avalen la narrativa contra medios y periodistas. Hubo periodos en donde había muchísimos ataques a la libertad de expresión por parte de de las autoridades, cuando estaba todo el tema anticomunista en la Guerra Fría, cuando Nixon, pero la gran diferencia en este momento es que se apunta a medios y periodistas como enemigos, se responsabiliza a medios y periodistas de situaciones sobre las que no tienen mayor responsabilidad. Eso se amplifica al ver este sistema de redes sociales que permiten magnificar cualquier opinión o cualquier desinformación.
Jesús Rivero Bertorelli: Yo no veo que haya mayor similitud entre Chávez, Maduro y Trump, yo creo que ni siquiera entre Maduro y Chávez habría similitud. El discurso de Trump es de decir lo que le provoca. Pero no es solo Trump, yo creo que los políticos en líneas generales son así, más bien las excepciones son aquellos que son condescendientes con el discurso El político tiende a ser así cuando ya está ejerciendo una magistratura, a lo mejor cuando es candidato es más light o dado a escuchar opiniones y a medirse en lo que dice, pero una vez que estás ejerciendo el poder, la verdad es que la mayoría de políticos tienden a ser radicales, muy abruptos en el verbo. Eso sí tiene Trump. Es allí donde pudiéramos hallar similitudes tal vez con Chávez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 26 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Medidas de autoprotección ante sismos: recomendaciones y pasos a seguir
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) tiene a disposición de la población las principales medidas de autoprotección en caso de sismos.
Antes del evento, la institución recomienda elaborar y practicar un plan de contingencia, identificar los lugares seguros de cada edificación, mantener libres las salidas y preparar un kit de emergencia con insumos básicos.
Durante el movimiento telúrico, se exhorta a mantener la calma, no correr, resguardarse bajo mesas o en zonas resistentes, alejarse de vidrios y balcones, y usar solo las escaleras. Quienes se encuentren en vehículos deben detenerse y permanecer dentro.
Después del sismo, las indicaciones incluyen interrumpir los servicios de gas, agua y electricidad, no encender fósforos ni velas, seguir las instrucciones de las autoridades a través de la radio, evitar caminar descalzo sobre escombros y mantenerse en el punto de reunión previamente acordado.
“Ya he hablando con Venezuela por órdenes del presidente Trump. He hablado con el señor Maduro, he ido a Venezuela y sigo en contacto con su equipo”, Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Menos mal que a Frankenstein lo fabricaron en Europa y no en Latinoamérica. Si no, hubiese sido alto, pálido y bien chismoso; revelando los secretos más oscuros hasta del mismísimo Drácula. Y esto se lo digo porque yo soy de las personas que tiembla cuando un conocido me pregunta: “Disculpa que me meta, pero… ¿cuánto pagas por tu apartamento y el colegio de tu hijo?”.
Si usted es como yo, que sufro de “chismosofobia”, entonces le traigo este perfil del chismoso. Un estudio que hice analizando la conducta de algunos miembros de la asociación más grande de viejas chismosas que existe en el planeta: el FBI. Su resultado muestra cómo son las personas chismosas en cuatro ámbitos:
Anatomía del chismoso:
Tiene oído supersónico: para escuchar todo lo que pasa en casa de cualquier vecino (así el vecino sea un mimo).
Cuenta con cuello de periscopio: para asomarse por cualquier ventana y observar los 360º de su alrededor cual búho en cacería.
Los ojos le brillan: al escuchar frases como: “¡Te tengo un bombazo!”.
Su vista es telescópica: para leer cualquier pantalla de celular que esté a una cuadra de distancia.
Presenta dedos inquietos: capaces de reenviar cualquier audio de WhatsApp que tenga un chisme político.
Sus piernas son largas: para meter el pie en cualquier puerta y ver lo que pasa adentro.
Sufre de taquicardia e hipertensión: al escuchar la palabra “cachos”.
Su sistema nervioso es sano: porque no consume cafeína. Su cafeína es el chisme.
Tiene hemisferios cerebrales independientes: capaces de manejar la caja de un supermercado y chismear con la cajera de al lado a la misma vez. Dicha independencia es más acentuada si el chismoso en cuestión trabaja en una peluquería.
Psicología del chismoso:
Padece ataques de ansiedad: siempre que le dan un chisme incompleto.
Su memoria es selectiva: porque puede olvidar una deuda, pero jamás el color de la correa que usó la vecina en una fiesta del 2009.
Tiene moral flexible: porque si los otros chismean, son unos tóxicos. Ahora, cuando el chisme lo dice él no es chisme. Es información de interés público.
Segrega mucha dopamina y poco cortisol: cuando le cuentan un chisme o se topa con una vecina que está saliendo de su casa con un hombre que no es su marido.
Presenta irritabilidad: cuando le cuentan un chisme, pero el chisme es suyo.
Cree en una sola religión: la del chisme es mi pastor, nada me falta.
Sufre de insomnio: si se va a dormir y tiene un cuento incompleto.
Puede ser mitómano: cuando el chisme que está contando no emociona y tiene que envenenarlo.
No cree en terapia: su terapia es el chisme.
Su condición se cura: si es detenido por un policía estadounidense que le diga: “Tiene derecho a guardar en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal”.
Perfil laboral del chismoso:
Presenta aptitud para profesiones como: conserje, vigilante y espía del gobierno (aunque le gusta tanto el chisme, que podría caer en labores de contraespionaje).
Tiene poca aptitud para profesiones como: astronauta, pues en el espacio escasean los chismes y no hay a quien contárselos.
Aspiración salarial: cinco mil dólares mensuales, pero si no los tienen se da por pagado con una tanda diaria de chismes sobre sus colegas.
Aspiración laboral: ser jefe, pero si no se puede, igual controla la oficina a punta de chismes.
No disfruta de las fiestas de la oficina: en estas no baila ni bebe. Solo observa a sus compañeros para chismear de ellos al otro día.
Maneras de comunicarse del chismoso:
Se le puede reconocer porque usa frases como:
“¡De lo que me acabo de enterar!”.
“El chisme no me gusta. Me entretiene”.
“No es por hablar mal de nadie, pero…”.
“¿Estás sentado?”.
“Te lo digo para que estés pendiente y no te pase”.
“Yo no soy chismoso, pero…”.
“Aquí entre nos”.
“Te lo cuento, así como me llegó”.
“Me dijeron que no le dijera a nadie, pero…”.
“Como yo no soy escaparate de nadie…”.
“¿¿¿Supiste la última???”.
Así se completa el estudio sobre el perfil del chismoso. Todo para que usted pueda escapar a tiempo antes de que se le atraviesen. A no ser que sean las doce de la noche, esté lloviendo, tronando y de la nada se le aparezca… ¡el Frankenstein latino!
Alimentos importados con sobreprecio y una “tajada” que le quedó a unos cuantos envolvió al caso de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), conocido popularmente como “Pudreval“.
Se estima que hubo un sobreprecio de 15% en algunos casos. Los encargados de las negociaciones, entre ellos el destituido presidente de Pdval, Luis Pulido, aseguraron que compraban con un mínimo de diferencial para evitar intermediarios.
Con una crisis que ya galopaba y roncaba en el estómago de los venezolanos, el gobierno de Hugo Chávez permitió que toneladas de alimentos se pudrieran en contenedores y almacenes.
Hubo negligencia y, probablemente, desinterés en la distribución de la comida. Los mercaderes de la “carne” ya habían degustado el manjar de la coima y les importaba poco o nada que el pueblo se beneficiara.
Así fue como toneladas de alimentos se fueron a la basura. Años después de la muerte de Chávez, la foto de venezolanos hurgando en los desperdicios para comer hizo que el escándalo causara mayor indignación.
Hubo detenidos, pero no juicios. El caso fue engavetado, pese a que el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, pidió mano dura contra la corrupción.
Altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sostienen que Venezuela no es un país productor, ni de tránsito de drogas, citando como fuentes a varios informes internacionales recientemente publicados como el Reporte Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), así como los reportes de 2024 y 2025 de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Estas declaraciones se producen como respuesta a las acciones emprendidas recientemente por Estados Unidos en el marco del despliegue militar contra el narcotráfico en el Mar Caribe.
Sin embargo, una investigación realizada por Cazadores de Fake News para La Hora de Venezuela, determinó que la afirmación es engañosa.
Aunque el Reporte de la ONUDD no señala a Venezuela como país productor, ni como destino final de cargamentos, sí lo muestra de forma reiterada como territorio de tránsito de cocaína entre 2020 y 2024. Lo mismo ocurre con los informes 2024 y 2025 de la DEA, que no sitúan a Venezuela como principal productor de drogas en la región, aunque sí mencionan que en el país operan organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
La vicepresidenta del gobierno venezoalno, Delcy Rodríguez, informó este 21 de septiembre a través de sus redes sociales que el país “es un territorio libre de cualquier actividad ilícita”, con base en una serie de mapas supuestamente publicados en el reporte 2025 de la ONUDD que fueron entregados como parte de una carta enviada por Nicolás Maduro al presidente estadounidense Donald Trump. En ella, Maduro aseguró que con las imágenes “queda plasmada la verdad irrefutable de Venezuela”.
Fotoleyenda: Publicación de Delcy Rodríguez con un mapa, atribuido erróneamente a la ONUDD, que afirma que apenas 5% de la droga producida en Colombia transita por Venezuela.
Esta misma narrativa también fue impulsada por el canciller venezolano Yván Gil, quien rechazó el pasado 16 de septiembre, a través de su cuenta de Telegram, un informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre los países de tránsito y productores de drogas ilícitas en 2025. Según Gil, “todas las aseveraciones del referido informe carecen de fundamento y contradicen los datos oficiales de organismos internacionales especializados”, haciendo referencia al Reporte Mundial sobre Drogas 2025 de la ONUDD.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello también respaldó estas afirmaciones el pasado 24 de agosto. Durante una rueda de prensa para informar sobre las gestiones del gobierno venezolano en materia antinarcóticos, Cabello reveló que solamente cerca del 5% de la droga que circula por América Latina y el Caribe se intenta movilizar por Venezuela.
La versión de la administración de Maduro no está respaldada por la ONUDD
Tanto Rodríguez como Cabello mostraron un mapa según el cual sólo 5 % de la cocaína producida en Colombia con destino al Caribe y Europa pasaría por Venezuela, mientras que 8 % saldría desde La Guajira y las costas del Caribe colombiano y 87 % lo haría a través del Pacífico hacia Europa y Estados Unidos. Ambos aseguraron que esa información forma parte del Informe Mundial sobre Drogas de la ONUDD.
El mismo gráfico ha sido utilizado en distintas oportunidades por Nicolás Maduro, tanto en su programa Con Maduro+ como en una entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
Fotoleyenda: aproximadamente un mes antes, el pasado 24 de agosto, Diosdado Cabello mostró el mismo mapa usado por Delcy Rodríguez en su cuenta de Instagram
Sin embargo, una verificación del diario El Tiempo contactó directamente a fuentes de la ONUDD, quienes aclararon que “en ningún informe de ONUDD se menciona nada relacionado con Venezuela”. Según el coordinador regional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Leonardo Correa, “el detonante de la crisis está ligado al tráfico y salida de drogas, no solo a su producción”, y fuentes de inteligencia colombianas señalaron que la frontera venezolana sigue siendo activa para el paso de cargamentos ilegales por rutas terrestres. Además, el informe Simci reporta que en Venezuela estaban 271 de las 285 infraestructuras para el procesamiento de cocaína intervenidas entre 2018 y 2022, lo que representa el 95% de los centros de procesamiento detectados en esa región. .
En sus publicaciones, la vicepresidenta de Venezuela, también compartió un mapa que sí aparece en el reporte de la ONUDD y que ilustra, de forma simplificada, las principales rutas de tráfico de cocaína dentro de las Américas por vía marítima entre 2023-2024. En dicho mapa Venezuela es mostrada con poca actividad sobre drogas en comparación, por ejemplo, con Colombia.
Fotoleyenda: Publicación de Delcy Rodríguez con el mapa de la ONUDD llamado “Principales rutas de tráfico de cocaína dentro de las Américas, por vía marítima, 2023-2024”.
Pero seis mapas del informe de la ONUDD que ilustran la actividad del narcotráfico en América Latina entre 2020 y 2024 —incluido el citado por Rodríguez en Instagram— muestran a Venezuela como territorio de salida o tránsito de cargamentos.
En el mapa titulado “Principales países de salida o tránsito de cargamentos de cocaína, según se describe en las incautaciones notificadas (2020–2023)”, por ejemplo, Venezuela aparece en verde medio, código que corresponde a “países mencionados como tránsito de cargamentos de cocaína” en incautaciones realizadas tras su paso por territorio venezolano.
Fotoleyenda: “Principales países de salida o tránsito de cargamentos de cocaína según se describe en las incautaciones notificadas, 2020-2023”. Fuente: ONUDD
En el mapa “Flujos de tráfico de cocaína que parten de las Américas, según incautaciones reportadas, por vía aérea, 2023-2024” del mismo reporte, En el mapa “Flujos de tráfico de cocaína que parten de las Américas, según incautaciones reportadas, por vía aérea, 2023-2024” del mismo reporte, también se observa cómo Venezuela ha sido señalado como país de tránsito de cargamentos de cocaína que han salido de Latinoamérica rumbo a países de Europa e incluso a otros más lejanos como Rusia y China.
Fotoleyenda: “Flujos de tráfico de cocaína que parten de las Américas, según incautaciones reportadas, por vía aérea, 2023-2024”. Fuente: ONUDD
En el mapa acerca las principales rutas de tráfico de cocaína en las Américas, por vía terrestre, 2023-2024, el reporte señala cómo Venezuela aparece como un país que recibe por tierra, con alta frecuencia, cargamentos de cocaína que provienen de Colombia.
Fotoleyenda: “Flujos de tráfico de cocaína que parten de las Américas, según incautaciones reportadas, por vía terrestre, 2023-2024”. Fuente: ONUDD
En el mapa “Principales rutas de tráfico de cocaína en las Américas, por vía aérea (2023–2024)”, Venezuela aparece como punto de origen o tránsito hacia Estados Unidos y, en menor medida, a República Dominicana. Las flechas reflejan rutas inferidas por incautaciones reportadas; no son porcentajes ni corredores exactos.
Fotoleyenda: “Flujos de tráfico de cocaína que parten de las Américas, según incautaciones reportadas, por vía aérea, 2023-2024”. Fuente: ONUDD
En la sección de diagramas e interactivos del reporte se afirma que “La mayor parte de la cocaína procedente de Colombia se trafica a lo largo de la costa del Pacífico hacia el norte”, principalmente hacia Ecuador o más al norte para su transporte marítimo. La metodología aclara que las rutas se infieren de incautaciones reportadas por los Estados Miembros y su nivel de detalle.
En el mapa “Incautaciones individuales significativas de cocaína, América Latina y el Caribe, 2023–2024”, sobre Venezuela se aprecian puntos que representan pequeñas confiscaciones de pasta de coca (verdes) en la cordillera andina venezolana y algunos pocos de clorhidrato de cocaína (azules) en la frontera con Colombia.
Fotoleyenda: “Incautaciones individuales significativas de cocaína, América Latina y el Caribe, 2023–2024”. Fuente: ONUDD
Venezuela aparece con una baja densidad de incautaciones individuales registradas, en contraste con Ecuador y Panamá, pero la granularidad de los datos entregados por los países miembros de la ONU a la ONUDD podría ser una de los motivos de esa diferencia.
En una base de datos descargable de decomisos de narcóticos del período 2019-2023 que forma parte del reporte, los decomisos de narcóticos en Venezuela aparecen consolidados por año, sin desagregar ubicación ni evento individual.
En 2024, la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela (SUNAD) reportó más de 40 toneladas como total de “narcóticos” decomisados en Venezuela, sin desagregar por sustancia ni ubicación, ni entregarla cifra de cocaína que fue incautada o destruida en el país.
Otros informes
En el comunicado publicado el 16 de septiembre por el canciller Yvan Gil, también son referidos los informes de 2024 y 2025 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), para asegurar que en dichos documentos Venezuela no es señalada como productor, distribuidor ni país de tránsito de drogas. Sin embargo, Venezuela sí aparece mencionada en ambos informes.
En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA, por sus cifras en inglés) de 2024, centrada principalmente en las operaciones del Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Venezuela aparece en un mapa de países en los que una red de lavado de dinero afiliada al Cártel de Sinaloa ejecutó transacciones con criptomonedas, evidenciando vínculos del territorio venezolano con operaciones financieras de organizaciones criminales transnacionales.
El NDTA 2025 menciona a Venezuela principalmente por el Tren de Aragua (TdA) —designado organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025— e incorpora al TdA en el panorama de amenazas monitoreadas por la DEA. Aunque el informe mantiene su foco en los cárteles mexicanos como actores clave del flujo de drogas hacia EE. UU., señala que el TdA distribuye y vende “tusi” en mercados regionales de EE. UU. y facilita el tráfico, entre otros delitos.No es cierto que informes recientes publicados por la ONUDD o la DEA concluyan que Venezuela no es país productor ni de tránsito. La ONUDD no ha publicado un gráfico que avale la proporción de rutas atribuida por voceros oficiales y, aunque Venezuela no figura como productor ni destino principal, sí aparece como territorio de tránsito. Por su parte, la DEA vincula a Venezuela con redes como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, lo que desmiente la idea de un “territorio libre” de actividades ilícitas.
