Este domingo, 28 de septiembre, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela denunció que Juan Enrique Pérez, coordinador electoral de Vente Venezuela en Trujillo, fue secuestrado y sometido a desaparición forzada, desde la noche del sábado.
Según reporta el comité desde su cuenta en X, funcionarios del CONAS llegaron a su lugar de resguardo, en el estado Lara y se lo llevaron a la fuerza, sin orden judicial, vulnerando sus derechos humanos.
“En medio de toda la presión internacional que se ha generado en los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro sigue aplicando Terrorismo de Estado y cometiendo crímenes de Lesa humanidad”, posteó la organización al tiempo que exigió información de su paradero y su libertad inmediata.
🚨#URGENTE Juan Enrique Pérez, coordinador electoral de Vente Venezuela en #Trujillo, fue secuestrado y sometido a Desaparición Forzada, la noche del sábado #27Sep.
Funcionarios del CONAS llegaron a su lugar de resguardo, en el estado Lara y se lo llevaron a la fuerza, sin… pic.twitter.com/9YY8pnl0XV
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para poder salir del país, Juan* y su esposa tuvieron que vender algunas de sus pertenencias, entre ellas una colección de cuentos infantiles de su hijo. «Él (su hijo) pensaba que esto era un viaje de paseo, hasta que poco a poco le hemos ido diciendo y explicando cuál es la situación», confiesa.
En efecto, el proceso de esta familia no se trató de un paseo. Fue una de las tantas migraciones forzadas —no registradas con precisión— por miedo a la represión política que aumentó en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Juan, cuya identidad real pidió fuese resguardada por el temor que lo persigue incluso fuera del país, era profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas y nunca vio su actuar académico, como un hecho que lo expusiera al peligro. Pero esto cambió.
Es que en Venezuela ser profesor universitario ha enfrentado a los académicos a sobrevivir con salarios paupérrimos, a estar sometidos a una inestabilidad que permea la salud mental, la falta de apoyo que no les permite continuar con investigaciones o producciones científicas y más recientemente contra la libertad académica, que los obliga a cuidar hasta lo que dicen en un aula de clases, como lo confirman las historias reunidas en este reportaje de La hora de Venezuela.
En el caso de Juan su ingreso en 2014 en la UCV como investigador del Centro para la Paz y Derechos Humanos, en donde alcanzó liderazgo y vocería, lo colocó en el radar de un gobierno que busca acallar la disidencia.
En el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, ocurrió la detención del economista y profesor jubilado de la Universidad de Carabobo (UC) Santiago Guevara, por sus opiniones políticas publicadas en medios digitales. Juan fue uno de los abogados y defensores de derechos humanos que lo asistieron legalmente.
Desde entonces, Juan era fotografiado y filmado en cada protesta social en la que participaba. Funcionarios policiales y militares lo amenazaron en diversas ocasiones. En 2021, cuando el gobierno de Nicolás Maduro creó la Comisión Presidencial para la recuperación de la UCV, Juan y los demás miembros del Centro para la Paz y Derechos Humanos denunciaron las irrupciones de funcionarios de la fuerza pública, así como de civiles armados, dentro de la universidad.
Juan sintió que el cerco de peligro comenzó a estrecharse a comienzos de 2024. «Dos semanas antes de que detuvieran a Rocío San Miguel (9 de febrero de 2024), yo había estado con ella en el encuentro nacional de defensores de derechos humanos. Estuvimos en contacto telefónico luego, planificando acciones conjuntas en nuestro trabajo por los derechos humanos. Cuando la detuvieron, me asusté», confiesa.
Rocío San Miguel es una de las académicas e investigadora venezolana que permanece detenida (Foto EFE)
Con el aumento de la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Juan comenzó a sentir que la necesidad de salir del país era una decisión que no debía postergar más. Lo conversó con su esposa y empezaron a vender sus pertenencias para juntar todo el dinero que pudieran.
Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en 2024 hubo al menos 60 casos de persecución política contra universitarios en Venezuela, incluyendo 47 detenciones arbitrarias de estudiantes, profesores y trabajadores. La mayoría de estas agresiones ocurrieron en el contexto de represión postelectoral.
Juan tiene casi un año fuera de Venezuela, un poco menos que el tiempo que lleva cerrado el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV, su lugar de trabajo y lucha por más de una década.
Sobrevivir con 3 dólares o menos al mes
Los profesores universitarios que siguen ejerciendo en Venezuela no necesitan revisar estadísticas ni estudios para explicar la crisis económica que atraviesa el sector académico. Basta con mirar a diario la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para constatar cómo, día tras día, su salario se disuelve como sal en el agua.
Un docente titular a dedicación exclusiva, con más de 15 años de servicio, un doctorado culminado y varias publicaciones, percibe un salario de 522.16 bolívares, equivalentes a menos de 3 dólares mensuales. Con eso se puede cubrir apenas dos días de pasaje interurbano en Caracas.
El panorama es aún más precario para quienes inician su carrera. Un profesor recién contratado a tiempo completo gana 320 bolívares ($1,84, al cambio oficial del viernes 26 de septiembre) y uno a medio tiempo apenas 70 bolívares ($0,40) al mes. Los sueldos permanecen congelados desde marzo de 2022.
José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), describe la situación como un proceso de «desalarización». Aunque reconoce que la crisis se ha prolongado en el tiempo, asegura que los años de hiperinflación y la etapa previa a la pandemia fueron aún más críticos.
Ante este escenario, la mayoría de los docentes se ven obligados al pluriempleo. Según cálculos de Apucv, a finales de 2022 más del 44 % de los profesores universitarios venezolanos se dedicaba a otro oficio o se había ido del país. Afonso relata el caso de un profesor con doctorado, de quien se reserva la identidad, que se gana la vida como taxista: «No es tan permanente (en el tiempo), pero ocurre», precisa.
El salario digno es un reclamo permanente en la comunidad universitaria (Foto Archivo La Hora de Venezuela)
Otros dependen de las remesas enviadas por familiares en el exterior. «No es un tema del que hablemos mucho, porque no se trata de victimizarse, pero es real. A veces, los zapatos que uno usa son un regalo de un hermano que vive afuera», confiesa Afonso.
Según el Observatorio de Universidades (OBU), los profesores universitarios venezolanos son los peor remunerados de la región. Están incluso por debajo de los cubanos, que perciben en promedio 29 dólares al mes. En contraste, Brasil encabeza la lista con un salario de 4.231 dólares para sus docentes.
Para Afonso, la situación no solo refleja bajos ingresos, sino que técnicamente coloca a los profesores en pobreza extrema. La medición internacional, utilizada por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), establece que un hogar supera la línea de pobreza alimentaria únicamente cuando sus ingresos cubren, al menos, el costo de la canasta básica de alimentos.
«Ni sumando los bonos de 40 y 120 dólares (para alimentación y ‘contra la guerra económica’), que además no forman parte del salario, se logra cubrir la canasta alimentaria. Y ese es el mínimo para no ser considerado pobre extremo», subraya el docente y gremialista.
Investigación en declive por falta de recursos
La precariedad de los académicos venezolanos no es solo salarial. Desde 2008, las universidades autónomas denuncian recortes presupuestarios que limitan el desarrollo de proyectos de investigación académica. En 2024, la Universidad de Los Andes (ULA) recibió apenas 4% del presupuesto solicitado.
Justo en esa institución, en la ULA, los estudiantes de las carreras científicas tienen que poner de sus bolsillos para comprar insumos necesarios para hacer sus prácticas de laboratorio. En otros casos, los profesores optan por mostrarles las prácticas a través de videos de YouTube.
Abel Carrasco, estudiante de Biología en la ULA, señala que las fallas constantes de los servicios básicos también afectan el funcionamiento de equipos que no se pueden reparar ni reponer por falta de presupuesto. «Los problemas con la luz han dañado centrífugas, campanas, microscopios. Esto hace que tengamos cada vez menos equipos. También faltan insumos, como reactivos y químicos, que son indispensables para nuestras prácticas», señala.
En todas las facultades de Ciencias de las universidades autónomas de Venezuela faltan insumos y los equipos son obsoletos (Foto Connectas /Red de Periodistas de Investigación Venezuela)
Una investigación reciente de la Red de Periodistas de Investigación de Venezuela y CONNECTAS mostró cómo fracasó la Misión Ciencia, impulsada por el expresidente Hugo Chávez en 2006. Este programa social buscaba alcanzar el desarrollo nacional a partir de inversiones públicas en investigación científica y tecnología, pero casi dos décadas después de su puesta en marcha, los indicadores de ciencia muestran sólo retroceso.
«Según datos de SCImago Journal and Country Rank, en 2006 Colombia desplazó a Venezuela en el quinto lugar del ranking latinoamericano de producción científica, que se establece con base en la cantidad de artículos publicados por país», señala la investigación. En 2024, Venezuela ocupaba el puesto 11 de ese ranking, siendo el único país de América Latina con crecimiento negativo.
La migración forzada de científicos por la precariedad salarial y la crisis política y social del país también impacta en el declive de la ciencia en Venezuela. De acuerdo con la referida investigación, entre 2006 y 2020 se fueron del país 2.288 investigadores activos.
Salud mental en riesgo: una de las consecuencias de la precariedad salarial
«Orlando, despeje X. Si no despeja, no puede avanzar». Eso fue lo que escuchó Lisseth desde la cocina de su casa mientras preparaba el desayuno esa mañana. Era la voz de su esposo, Alberto, como si le estuviera dando una indicación a alguien, a algún alumno.
Pero Alberto y Lisseth eran los únicos en la casa y por eso ella se acercó a la sala y lo miró con extrañeza. Le había cambiado la cara, cuenta. «Era como la de antes, cuando iba todos los días a la facultad. Porque desde que no da clases, mi esposo es un hombre triste».
Cuando Alberto la vio le dijo: «Pase, bachiller y siéntese». A Lisseth le hizo gracia, se dio vuelta y caminó a terminar el desayuno. Él siguió con su clase a alumnos imaginarios.
La mujer volvió de la cocina y lo vio sentado con el codo apoyado en la mesa y la mano en la frente, como quien se muestra preocupado. Lisseth le preguntó sobre lo que había pasado, sobre la «clase» que estaba dando, y Alberto no sabía de qué le hablaba. «Se puso bravo. Me dijo que no inventara, que de dónde yo había sacado eso», recuerda.
Esto pasó el año pasado. Alberto, ingeniero y doctor, tiene 65 años y cuando tenía 27 comenzó a dar clases en la Universidad del Zulia (LUZ). Nueve meses antes de este primer episodio, como dicen los especialistas, se había quedado sin trabajo. En LUZ su materia se quedó sin alumnos, pero había conseguido asesorar tesistas en universidades privadas.
Esto no solo le pasó a Alberto, también a otros profesores de la Facultad de Ingeniería de LUZ. Ya antes de la pandemia el edificio estaba abandonado, sin mantenimiento, sin alumnos. Las autoridades decidieron cerrar los accesos. El salario, la falta de presupuesto, la deserción por la migración hizo que terminaran de ponerle candado a los accesos.
La situación de las universidades repercute de manera directa en los docentes (Foto Archivo La Hora de Venezuela)
«Hasta cuando no había nada, solo basura y monte, Alberto iba a la Facultad; así no tuviera clase él iba, aunque no tuviera alumnos inscritos en las materias que daba. Porque cuando hablábamos del futuro, nos imaginábamos a él con sus investigaciones y yo apoyándolo siempre», asegura Lisseth.
Las asesorías en las universidades privadas lo ayudaron un poco. «El sueldo de la universidad y hasta los ahorros nos los fuimos comiendo. Lo peor fue cuando me dijo: ¿qué vamos a hacer con los 5 dólares que gano?», dice Lisseth.
Una jubilación forzada por la crisis de las universidades
En 2024, después de 38 años de servicio en LUZ, Alberto se quedó sin poder hacer nada. «Cuando éramos jóvenes, me decía que la investigación siempre sería su campo. Hay construcciones que desarrolló y hasta fue el líder de toda la programación de una rama de las materias que se dictaban en mecánica», recuerda su esposa.
Pero el primer día que Alberto no tuvo a donde ir, ni siquiera se levantó de la cama, no se quitó la pijama, no quiso desayunar. No salió de su cuarto. «Fue como un día perdido. Comió poco y se hizo el dormido. Los días que siguieron fueron más o menos igual», relata Lisseth.
Un matrimonio amigo los comenzó a visitar cada tanto. Ambos son profesores universitarios jubilados, pero por gusto, no a la fuerza. Se reunían para hablar de temas que le interesaban a Alberto. «A veces se sentía bien y otras veces no los quería ver. Cuando le conté esto a la psicóloga que lo atiende me dijo que era parte de la situación. Que mi esposo tiene diagnóstico de demencia y que la depresión y la ansiedad lo empujó a eso», admite Lisseth.
Para este reportaje, dos psicólogos explicaron lo que puede estar pasando con algunos casos similares al del profesor Alberto. «En Venezuela existen factores sociales que intervienen en la aceleración de trastornos como la depresión, quizá ataques de pánico o episodios de tristeza y esto pudiera estar asociado a factores sociales como las pérdidas, en el caso de adultos mayores la pérdida de empleo», explicó una de los especialistas.
Para el otro psicólogo, algunas situaciones constituyen detonantes. «Sucede que cuando las personas tienen una demencia, hay un factor de riesgo muy importante para que se desarrolle rápidamente o se empiecen a notar más los síntomas: un evento detonante, traumático, que los pueden llevar a una depresión y es cuando aparecen todos los síntomas en escalada».
Alberto no es paciente de estos profesionales, pero uno de ellos apunta a que es posible que lo que le pase a él es que «está utilizando sus recuerdos más significativos para hacer un relleno en la memoria. Son recuerdos intrusivos y automáticos que pueden aparecer de la nada o cuando hay algo que haga asociación con ese contexto, porque así su cerebro lo relaciona y se mantiene, quedan como en ese bucle».
Ahora la rutina de Alberto incluye intentar hacer ejercicio para la memoria, gimnasia cerebral, ver documentales y, a veces, recibir a los amigos. «Hay días en los que lo he encontrado dándole a la mesa con los dedos como si estuviera usando la computadora. Otras veces, él sigue dando clases imaginarias. Yo me siento a observarlo y lo escucho. Me da orgullo ver a ese hombre tan inteligente con el que me casé y que la crisis de este país le hizo perder la cabeza», dice Lisseth.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este sábado 27 de septiembre un mensaje en su cuenta de X en el que promete «desmantelar y eliminar las organizaciones terroristas» y librar al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas.
La publicación, que está acompañada de un video en el que hablan varios funcionarios, también muestra la imagen de la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.
El subsecretario para el control de armas y seguridad internacional de EEUU, Brent T. Christensen, explica en el audiovisual que el narcotráfico y las actividades delictivas relacionadas «son un grave problema».
En este sentido, indican que la administración de Donald Trump ha tomado medidas «audaces y decisivas» para proteger a sus ciudadanos y apoyar a los países vecinos en la lucha contra el narcotráfico.
La publicación del Departamento de Estado se da en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela, luego de que Trump desplegara embarcaciones militares en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han aniquilado tres embarcaciones, que dicen, proceden de Venezuela y transportan drogas.
Por su parte, Venezuela condena el despliegue de EEUU en las cercanías de su territorio y considera que la intención de Trump es «un cambio de régimen» en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La propuesta del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, sobre la posible eliminación de las tareas escolares con el objetivo de “reducir la carga de estrés en los estudiantes y sus familias”, ha generado debate entre grupos de educadores y comunidades de representantes.
En el marco del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, Rodríguez afirmó que las tareas representan un “factor de violencia en el hogar, de gritos, es una hora de maltrato, de castigo”, por lo que propuso abrir un debate nacional para llegar a una solución.
Diversas voces del gremio educativo se han pronunciado a favor y en contra, cuestionando si la medida es una solución efectiva sin que se comprometa el reforzamiento del aprendizaje en el hogar, que es la función principal de las asignaciones.
“Yo he estado tentado a eliminar las tareas. Hay quienes dicen: ‘Ya va, Héctor, porque es un conector entre la escuela y el representante’. Bueno, busquemos otras alternativas. No lo quiero hacer a lo loco, quiero que lo reflexionemos, que hagamos un estudio sobre ese tema”, dijo Rodríguez el pasado 13 de septiembre en una alocución con el sector educativo.
Las tareas escolares han sido una práctica que se aplica desde el siglo XIX como herramienta pedagógica para reforzar la disciplina, el aprendizaje, la memoria y las técnicas de estudio.
A juicio de la psicopedagoga Jessica Ochoa (@psicointeligencia) las tareas en sí no generan estrés. Señaló que lo que puede generar angustia o agotamiento tanto para los estudiantes como para sus familiares es el exceso de las mismas y más aún cuando estas sobrepasan las capacidades del alumno en cuanto a cantidad y habilidades.
La psicopedagoga explicó que si bien las tareas son un recurso educativo de aprendizaje útil, cuando estas se envían en grandes cantidades, con poco tiempo para la entrega y con requerimientos altamente exigentes, se desvirtúa el propósito porque el estudiante se enfoca en cumplir con el deber escolar y no realmente en aprender.
Lila Vega, pediatra y miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes sostiene que las tareas son una herramienta pedagógica importante en el proceso de aprendizaje y que satanizarla es “inapropiado”.
La pediatra aseguró que actualmente en Venezuela se está produciendo una “deformación de las tareas” y en esto citó a Abel Saraiba, psicólogo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) quien señaló a propósito de todo el debate que “hay cierto narcisismo escolar” en algunas instituciones educativas porque envían gran cantidad de tareas complejas y tienen la creencia de que mientras más difíciles o elaboradas sean, el colegio tiene más prestigio.
“No puede ser que un niño estudie desde que llega a su casa hasta que se acuesta a dormir. Eso no debe ser así, eso también es una deformación de las tareas. Los niños tienen que tener espacio para crecer, para jugar, para socializar, para descansar, para aburrirse, para inventar cosas. Las tareas tienen un lugar, lo que pasa es que no pueden ocupar todo el lugar, y tienen que ser para practicar lo que aprendiste, esencialmente”, explicó Vega.
Eliminarlas no, reformularlas sí
El proceso de aprendizaje no ocurre solamente en las aulas, inherentemente se extiende al hogar porque el sistema educativo está diseñado para que las estrategias que aplican los docentes sean reforzadas con el trabajo individual que debe realizar cada estudiante.
Ese proceso que debe incluir lectura, investigación, análisis, reflexión y práctica no puede quedarse a un lado o rezagado, pues son de gran importancia para la consolidación del conocimiento.
Para Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), las tareas “siempre son necesarias”, pero considera que deben replantearlas o reformularlas para favorecer el aprendizaje.
Calatrava señala que no hay ninguna investigación ni teoría que correlacione la eliminación de las tareas con un desarrollo óptimo de aprendizaje, por el contrario, las actividades potencia el desarrollo y desempeño de los estudiantes. “Lo que sí podemos debatir, discutir, ahondar y profundizar es el cambio del tipo de tarea”.
Lila Vega, coincide con Carlos Calatrava en que las tareas no deben eliminarse y señala que pueden ser altamente creativas sin abarrotar a los estudiantes ni a sus padres. Sobre todo “no deben ser una fuente de castigo”.
Cristina Rojas, docente de primaria con más de 15 años de experiencia, no está de acuerdo con que se eliminen las tareas, pero sí con que se reformulen.
Apunta a que con una eventual eliminación de las responsabilidades escolares el niño va a ocupar ese espacio en otras actividades que quizás no sean tan productivas.
Rojas propone disminuir la cantidad de tareas, pero que en cambio, la poca que se asigne sea “significativa”. La docente considera necesario retomar las visitas guiadas a lugares históricos, parques, museos y hacer actividades que los motiven a investigar y querer saber más sobre determinado tema.
La psicopedagoga Jessica Ochoa sumó que la investigación, los debates, reescribir la información, ver videos sobre determinado tema, incluso métodos como el aula invertida favorecen el aprendizaje, sin necesidad de saturar.
Calatrava prevé que con una eventual eliminación de las tareas el aprendizaje de millones de estudiantes podría verse afectado y en esto Jessica Ochoa lo secunda y agrega que eliminar del todo las tareas “debe manejarse con cautela” y de llegar a ocurrir, el tiempo libre debería canalizarse de manera efectiva con actividades deportivas o artísticas.
Érika Milano, madre de un niño que estudia quinto grado, no está de acuerdo con que se eliminen las tareas, pero sí pide que se reflexione un poco sobre las maquetas y tareas que prácticamente le mandan a los padres. “A mi hijo le mandan a hacer muchas cosas que termina haciendo su papá y eso no está bien porque un niño de 10 años no puede hacer un robot con movimiento, por ejemplo”, dijo.
Mariana Campos afirma que a su hija de 6 años que cursaba primer grado “le mandaban a hacer demasiadas cosas innecesarias como a realizar disfraces cuando lo importante en ese grado es que sepa leer y escribir”.
El tema de la eliminación de las tareas no es algo nuevo. Países con excelentes sistemas educativos como Finlandia, Francia, Bélgica y Chile han eliminado de forma drástica o parcial las asignaciones para el hogar con la finalidad de reducir el estrés, mejorar el bienestar estudiantil y evitar las desigualdades entre estudiantes con y sin apoyo familiar.
Problemas de fondo
Con una posible eliminación de las tareas escolares surgen también otros cuestionamientos que están directamente relacionados con la situación del sector educativo.
La docente Cristina Rojas recordó que desde hace varios años los docentes venezolanos están mal remunerados, con salarios que no satisfacen las necesidades más básicas, las escuelas presentan graves deterioros a nivel estructural sin servicios básicos eficientes y los estudiantes no cuentan con un programa de alimentación de calidad.
Rojas recordó que la necesidad de actualizar el currículo escolar (algunos no se actualizan desde el año 1986) es un tema importante al que también hay que prestarle atención.
Este viernes, 26 de septiembre, Mariana González, hija del dirigente político Edmundo González, denunció que lleva ocho meses sin conocer el paradero de su esposo, Rafael Tudares.
A través de su cuenta en X, Mariana González expresó que Tudares se encuentra en “desaparición forzada” ya que hasta ahora ningún funcionario del gobierno ha informado el lugar de reclusión ni los motivos de su detención.
“Más de 8 meses: sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está”, subrayó. También indicó que durante este tiempo no ha podido entregarle medicinas ni otros insumos necesarios.
262 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho
Más de 8 meses: Sin llamada telefónica Sin fe de vida Sin saber dónde lo tienen Sin saber cómo está Sin poder entregarle medicinas y/o paquetería. 8 meses sin nada de información pic.twitter.com/y9vKwN6sNt
Tudares fue detenido el 7 de enero de este año mientras se trasladaba en un vehículo con sus dos hijos menores de edad, a tres días de que Nicolás Maduro se juramentara como presidente, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo lo declarara ganador de los pasados comicios del 28 de julio de 2024, sin hasta ahora mostrar actas y resultados desagregados que lo comprueben.
En junio de este año, la hija del opositor exiliado en España aseguró que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nicolás Maduro ofreció ayudar al mandatario estadounidense Donald Trump par capturar a los líderes de la mega banda criminal venezolana el Tren de Aragua, según información difundida por el portal internacional Bloomberg.
De acuerdo con el medio, la oferta realizada por Maduro fue parte de un esfuerzo para reiniciar las conversaciones con Washington, que tiene buques de guerra en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y ha informado que ha aniquilado cuatro embarcaciones que supuestamente iban cargadas de drogas con rumbo a EEUU, asesinando a 17 personas.
Bloomberg pudo conocer de este acuerdo tras consultar con personas familiarizadas con este tema, quienes pidieron no ser identificadas.
Las fuentes indicaron que Maduro dijo que podría ayudar a localizar a los jefes más buscados del Tren de Aragua, quienes se han convertido en una prioridad para Trump, tras ser designados como organización terrorista extranjera.
Se pudo conocer que esta propuesta la hizo Nicolás Maduro a Richard Grenell, enviado especial del Donald Trump para Misiones Especiales de Estados Unidos, a principios de este mes, junto a una carta que envió al presidente estadounidense en la que lo instaba a un diálogo directo para aliviar las tensiones entre ambos países y donde negaba que el país sea una fuente importante de narcotráfico hacia su país.
Bloomberg solicitó información al Ministerio de Comunicación y a Grenell, pero no respondieron a la solicitud; sin embargo, el pasado jueves 25 de septiembre, le dijo a CBS News que seguía en contacto con el equipo de Maduro, sin precisar tantos detalles.
«El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo», indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado al ser consultados sobre comentarios al respecto. «La política de la administración es la ‘máxima presión’ sobre el régimen de Maduro, y no se están produciendo negociaciones que puedan beneficiar potencialmente al régimen».
El Tren de Aragua, que se ha extendido desde Venezuela a Chile y hasta Canadá, está acusado de extorsiones, tráfico de drogas, personas, armas, prostitución, minería ilegal, robos y secuestros. Se cree que algunos de sus altos dirigentes se encuentran fuera del país.
El año pasado, el Departamento de Estado de EEUU, en cooperación con el gobierno de Colombia, anunció millonarias recompensas a cambio de información que permita capturar a tres cabecillas del Tren de Aragua. Por alias Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», ofrecen hasta $5 millones; por Yohan José Romero, alias «Johan Petrica», hasta $4 millones; y por Giovanny San Vicente, también conocido como «Giovanny», hasta $3 millones.
El comunicado del Departamento de Estado precisó que, por información que han conseguido en colaboración con la policía de Colombia, creen que alias «Petrica» se encuentra en Venezuela y los otros dos líderes en Colombia.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde finales de julio de 2025, familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado una nueva práctica contra los presos políticos en Venezuela: traslados irregulares sin notificación previa a abogados ni parientes, y sin órdenes judiciales que los respalden.
El pasado 2 de septiembre, el partido político Voluntad Popular (VP) exigió una fe de vida de sus miembros Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de conocerse de manera extraoficial que ambos fueron trasladados de El Helicoide a un paradero desconocido. Se dice que pudieran estar en El Rodeo, pero a la fecha, sus familiares no han podido confirmar esa información.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece ninguna persona puede ser detenida en secreto. En su artículo 17, esta normativa establece que los Estados deben mantener registros oficiales y actualizados de todas las personas privadas de libertad, con información detallada sobre identidad, motivo de detención, lugar de reclusión, condiciones de salud y cualquier traslado. Este marco jurídico internacional protege el derecho de los allegados y representantes legales a conocer de manera inmediata el paradero de los detenidos y a impugnar judicialmente detenciones ilegales.
En entrevista con Runrun.es, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), denunció que al menos 170 detenidos por motivos políticos se encuentran actualmente en condición de desaparecidos.
Baduel explicó que, en muchos casos, las familias sienten temor de denunciar o incluso de acercarse a los centros de reclusión a preguntar. “Quizás son más, eso puede variar también por el tema de que hay mucho miedo para las familias a denunciar”, señaló.
Nuevos traslados denunciados
El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) alertó este jueves, 25 de septiembre, que familiares y amigos denunciaron el traslado de Ysaira Villamizar, presuntamente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel Yare II, en el estado Miranda.
En su denuncia, el Clippve recordó que todos ellos fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a “desaparición forzada” el 25 de agosto, cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, estado Barinas. Tras las denuncias públicas, los familiares fueron informados de que se encontraban recluidos en la sede del Sebin en Barinas, donde estuvieron sin acceso pleno a sus abogados ni a las condiciones mínimas del debido proceso.
Los familiares denuncian que el traslado a un estado lejano a su ciudad de residencia complica la atención y acompañamiento que deben brindarles mientras siguen injustamente presos, además de someterlos a un sistema penitenciario con “condiciones inhumanas” que no garantiza lo establecido por la ley venezolana: alimentación adecuada, atención médica, suministro de agua potable, condiciones de higiene y salubridad ni espacios de recreación.
🔴ATENCIÓN | Familiares y amigos denuncian el traslado de la Lcda. Ysaira Villamizar, presuntamente al INOF en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel… https://t.co/xdmJlnv0OH
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 25, 2025
Impacto en la salud y condiciones de reclusión
Los traslados y la falta de información también han afectado el derecho a la salud de los presos políticos. Al no saber dónde están, no pueden recibir ningún tipo de atención ni tratamiento de sus familiares.
Sobre esta situación, Andreína Baduel puntualizó casos como los de Freddy Superlano y Roland Carreño, quienes sufren de hipertensión. “En este punto que ya no sabe la familia ni siquiera dónde está pues tampoco saben si están recibiendo su medicación”, alertó.
La activista también se refirió al caso de Carla Da Silva, detenida desde mayo del año 2020 al ser vinculada a la Operación Gedeón. Da Silva estaba recluida en El Helicoide, pero desde el pasado 5 de agosto fue trasladada de forma arbitraria hacia un destino desconocido. Es paciente bariátrica, por lo que necesita cumplir con una alimentación especial que su mamá le proveía, pero al no saber dónde está, no puede hacerlo. “Eso va agravando las condiciones de cada uno y va generando daños orgánicos”, alertó Baduel.
Sobre Da Silva, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) difundió un video en redes sociales este miércoles, 24 de septiembre, en donde aparece su madre, Miriam Marrero, pidiendo la libertad de su hija, así como la de todos los presos políticos del país.
Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva Marrero, sigue sin saber dónde está su hija, luego de que se conociera sobre su traslado de las celdas de El Helicoide.
Desde el 5 de agosto las autoridades del régimen de Maduro no han brindado información sobre Carla y su mamá no ha… pic.twitter.com/7GNvCnhj5x
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 24, 2025
Familias también bajo tortura
Andreina Baduel alertó que las familias de los presos políticos y desaparecidos también son sometidas a un trato cruel y degradante.
“Hay familias que están fuera del país que eso también les limita poder accionar en favor de los suyos, porque otro de los protocolos de horror a los que son sometidos los familiares de los presos políticos y los desaparecidos es que los obligan casi que a un viacrucis a preguntar por distintos sitios de reclusión para tratar de precisarlos hasta que bueno, lamentablemente cuando a ellos les da la gana es que confirman si están o no están”, denunció.
La activista denunció que incluso cuando los familiares deciden levantar la voz enfrentan nuevas represalias. “Hay familiares que sí tienen conciencia de la importancia de la denuncia, a pesar de las represalias que esto puede implicar, porque en Venezuela denunciar hasta se ha convertido en un delito. (…) Muchos lo han intentado y la respuesta es más silencio, más opacidad y más impunidad. En algunos casos ni siquiera quieren recibir las denuncias y tienen hasta la desfachatez de decirles a las familias que si denuncian es peor”.
Para Baduel, esta situación configura un tipo de tortura psicológica: “Es otra dimensión de horror que quizá la gente no aprecia. No solo es contra el preso, también contra su familia. Yo lo digo por experiencia propia: es muy fácil decir ‘están desaparecidos’, pero no hay días, no hay momentos, no hay paz para quienes lo vivimos, porque sabemos perfectamente de lo que es capaz el régimen. En esos días en que no sabes dónde está, puedes temer lo peor”.
“Eso constituye un tipo de tortura no solo para los presos políticos sino para su familia”, concluyó. “La violación de los derechos se traslada del preso hacia los suyos, que deben lidiar con la incertidumbre, el desgaste y las amenazas. Al final, las familias también son víctimas secundarias, viviendo muy cerca lo mismo que ellos”.
Restricciones de alimentación y agua
La situación de los presos políticos varía según el centro de reclusión, pero en todos los casos se han registrado limitaciones que afectan directamente su salud y condiciones de vida, siendo El Rodeo donde hay mayores restricciones de insumos para los detenidos.
“Por lo menos en El Helicoide antes podían suministrar insumos tres veces a la semana, ahora eso se redujo a una sola vez a la semana. En Tocuyito (…) hay una imposición de restricción de alimentación también parcial (…) todos los alimentos y todos los artículos de uso personal sean regresados (…) el que más extremo está con las restricciones de alimentación es El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, que no permite ni agua”, explicó Andreína Baduel.
La activista advirtió que estas medidas deterioran gravemente la salud de los detenidos. “En general la situación de los presos políticos se traduce a que cada día se están restringiendo mucho más las opciones para que ellos puedan resistir medianamente y se están vulnerando sus derechos fundamentales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Es inviable un país asediado permanentemente por la represión y la desigualdad acelerada y generalizada de la población, la negación de la justicia y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
Las elecciones presidenciales de 2024, que eran una oportunidad para superar la crisis venezolana de forma pacífica y democrática, fueron opacadas por el secuestro de la voluntad popular en medio de una escalada represiva sin precedentes en la historia reciente.
La extinción de la Democracia y la suspensión de facto del Estado de Derecho desencadenó una espiral de abusos e impunidad que parece interminable.
A la par del socavamiento de las libertades públicas, se impone un modelo económico basado en el desconocimiento de las obligaciones estatales con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que ha aumentado exponencialmente la desigualdad, mediante el estrangulamiento del ingreso y ahorro de las familias, y la precarización del empleo decente.
El colapso económico devino en la proliferación de gobernanzas y economías criminales, poniendo en grave riesgo a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las comunidades y pueblos indígenas y pobladores fronterizos, además de causar graves daños en el medio ambiente.
Los barcos pesqueros han sido reconfigurados para contrabandear migrantes, traficar humanos, vida silvestre y combustible.
Los “otros negocios” – como le llaman en las costas o en las profundidades de la selva amazónica venezolana – han florecido a la par de la crisis económica que inició en Venezuela hace una década.
Luego se consolidaron bajo el amparo de una gobernanza que cede territorio y facilita estas actividades al margen de las formalidades que establece la Constitución.
Una escalada sin precedentes
En este escenario de profunda inestabilidad, en el que el poder intenta superar la crisis de legitimidad a la fuerza, persiguiendo y amenazando a la población civil, se ha generado una mayor e inédita movilización militar de Estados Unidos en El Caribe, cerca del mar territorial venezolano.
En el marco del despliegue de activos militares de Estados Unidos en El Caribe, siguen siendo escasos los detalles que se conocen sobre el mortal ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una embarcación que, según el gobierno de EE.UU, partió de Venezuela transportando drogas y a 11 supuestos miembros de la banda “Tren de Aragua”.
Los cuestionamientos al operativo han sido alimentados, entre otras cosas, por la poca información brindada por la gestión de la Casa Blanca.
Este y otros ataques letales, que tuvieron lugar después de una acumulación de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe, marcan un cambio de paradigma en la forma en que Estados Unidos está dispuesto a combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
A la luz del derecho internacional -que como organización defensora de Derechos Humanos con 37 años de trayectoria reivindicamos como un logro histórico de la humanidad-, estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles.
“La sola acción extrema del hundimiento de la embarcación y de sus ocupantes priva a la sociedad de conocer la verdad”, advirtió en su momento Alerta Venezuela.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que “el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación” y recordó que “el uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
El uso excesivo de la fuerza y el resultado de dichos ataques puede ser calificado como una ejecución extrajudicial.
Preocupante desapego de los Sistemas de Protección y estándares internacionales
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tiene estándares internacionales para garantizar el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.
La ONU también cuenta con una Oficina contra el Terrorismo, mientras que, desde 2006, su Asamblea General aprobó una Estrategia Global el terrorismo, que es actualizada cada dos años por esa instancia, y en la quelos Estados deben proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Es preocupante la progresiva desvinculación de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, puesto que fomentan la peligrosa noción de que la gobernanza internacional es opcional o carece de sentido, debilitando aún más el consenso global sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un momento de gran incertidumbre global.
Cabe recordar que en 2024 el gobierno de Maduro expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para luego permitir el ingreso de tan solo una funcionaria, haciendo así irrisoria su presencia en el país.
Tampoco ha permitido el ingreso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, desde su creación en octubre de 2019, ni responde a sus solicitudes de información al tiempo que insulta a los comisionados durante los debates sobre sus informes en el Consejo de Derechos Humanos.
Además, incumple con las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y suele no responder a las comunicaciones sobre violaciones a derechos humanos enviadas por los Relatores y los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas.
En el Sistema Interamericano, la administración Maduro mantuvo la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -presentada en 2012 durante la gestión de Hugo Chávez, y en vigor desde septiembre de 2013 con Nicolás Maduro en la presidencia- para sustraerse de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), situación revertida recientemente por la CorteIDH.
Mayor militarización para controlar a la sociedad
El escenario está siendo respondido por el gobierno venezolano a través del autoritarismo y los abusos, generando nuevas violaciones de Derechos Humanos y justificando sus acciones bajo el paraguas de la “lucha contra el terrorismo de la derecha”.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro da un nuevo oxígeno a la militarización total del país bajo la justificación de la “defensa de la soberanía”, mientras insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los Derechos Humanos a través del cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales.
Preocupa que en esta coyuntura se produzca un incremento considerable del gasto relacionado a la actividad militar, sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población.
El Estado venezolano tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas que considere adecuadas para la defensa de la soberanía nacional, sin embargo, estas medidas deben tener proporcionalidad y corresponderse con una práctica que no implique violaciones de Derechos Humanos, ni la desatención de sus obligaciones en materia social.
El anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la posible declaratoria de un Estado de Conmoción Exteriory la aprobación del Decreto N° 5.164 que crea las llamadas Áreas de Defensa Integral (ADI) de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) adscritas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), constituyen pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos.
La prolongada y cada vez más creciente militarización del territorio -que ha estado amparada en la doctrina de seguridad nacional-, ha generado graves consecuencias para las garantías ciudadanas.
Democracia, Derechos Humanos y multilateralismo
Las escasas conversaciones entre las administraciones Trump y Maduro a comienzos de año, y que recién Nicolás Maduro tachó de “desechas”, se limitaron a temas vinculados a las deportaciones masivas y sumarias de venezolanos en Estados Unidos, la liberación de estadounidenses presos ilegalmente en Venezuela y las nuevas licencias para que la petrolera Chevron siguiera operando en el país.
En las conversaciones, narrativas y acciones de ambos gobiernos hay dos grandes ausentes: la necesidad de re-democratizar el país y la indeclinable obligación de respetar el Derecho Internacional y garantizar los Derechos Humanos en todo momento y sin ninguna excusa.
La crisis venezolana ha tenido un severo impacto en la vida y los derechos de millones de venezolanos y también en la estabilidad de la región.
Sin embargo, insistimos en que la superación de la misma debe producirse en el marco del respeto al Derecho Internacional, mediante el esfuerzo del multilateralismo y la presión ciudadana de los sectores democráticos, con la mirada fija en la garantía para los Derechos Humanos de la población.
Provea afirma que ninguna circunstancia, por muy grave que sea, puede justificar el desconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
Dejar el campo libre para la violación de los Derechos Humanos no es, ni debe ser, opción.
Reiteramos que son tiempos de firmeza y compromiso histórico. Exhortamos a todos los actores de la vida nacional a seguir al lado de un pueblo resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad; un pueblo que decidió pacíficamente su destino político.
