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Los jóvenes que esperan votar en 2027 recibieron a Machado en la UCAB

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El nombre de María Corina Machado se repetía una y otra vez. Sin importar el inclemente sol que se derramaba sobre la entrada del Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), decenas de estudiantes aguardaban su llegada. Había jóvenes de distintas carreras y edades. Sonreían, improvisaban cánticos. Mantenían los teléfonos en alto y una expectativa que se parecía menos a la de una rueda de prensa que a la de un reencuentro.

No todos habían tenido la oportunidad de verla de cerca. Algunos todavía no habían podido votar en una elección presidencial, porque no tenían la edad reglamentaria o porque quisieron hacerlo en 2024, se inscribieron, pero no aparecían en el sistema. Sin embargo, en las respuestas de quienes esperaban a la dirigente opositora, aparecía una misma aspiración: vivir en democracia, participar en las decisiones del país y que el voto sea respetado.

«Es la esperanza», respondió Camila Soto, estudiante de Comunicación Social, cuando le preguntaron por qué había acudido a la concentración espontánea. «La generación de relevo quiere un cambio, quiere ver a una Venezuela libre, una Venezuela que nuestros papás vivieron y que nosotros también queremos la oportunidad de vivirla».

Soto, sin embargo, no llegó solo a expresar entusiasmo. También tenía una petición para Machado: «Claridad». Explicó que los jóvenes tenían expectativas, pero necesitaban certezas sobre el rumbo que seguiría el país. «Porque todos tenemos esperanzas, expectativas, pero queremos una base sólida. Que nos demuestre que vale esa confianza que estamos poniendo en ella».

Miguel Rodríguez, estudiante de Ingeniería Industrial, comparte carrera con Machado y la considera una inspiración. Su expectativa inmediata era poder inscribirse en el registro electoral y participar en unos comicios que aspira, se celebren en 2027. Sería la primera vez que expresaría su voluntad política a través del voto.

Esta jornada también tenía una dimensión personal para Gabriel González, expreso político e integrante del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela. Su reencuentro con Machado ocurrió después de dos años separados por la persecución y la cárcel. «Fue indescriptible, un abrazo que nos debíamos desde hace dos años; ella en el exilio, yo preso», contó.

González dijo que la euforia de los estudiantes de la UCAB era la misma que había visto durante la caravana de regreso de Machado y en La Guaira el miércoles anterior: la de una dirigente que volvía a encontrarse con su gente. Pero consideró que esa energía debía canalizarse hacia una demanda concreta: elecciones libres.

“Daremos todo por la libertad”

La convocatoria estaba prevista para las 12:00 del mediodía. Machado llegó a la tarima del Aula Magna poco después de la 1:00 p.m. La esperaban en el recinto representantes de la directiva de Vente Venezuela así como autoridades universitarias, decanos, directores de escuela, profesores, dirigentes estudiantiles y líderes juveniles del partido.

El Aula Magna no se llenó, pero tuvo una buena asistencia. En la tarima colgaba un pendón negro con dos palabras escritas en azul: «Seamos Libres». Machado apareció con un traje de sastre color crema y un pin con la bandera venezolana en una de las solapas.

Los aplausos de los estudiantes y de los integrantes de Vente Venezuela interrumpieron por momentos la intervención, lo cual no es una reacción habitual en una rueda de prensa. La emoción también apareció cuando Machado hizo una pausa para agradecer a su familia. La voz se le quebró y los ojos se le aguaron mientras reconocía el acompañamiento y la resistencia de sus familiares durante el largo proceso. Dijo, como inciso, que no solía hacerlo.

Su primera intervención tuvo el tono de una declaración política, pero también el de un balance personal de los años de persecución, clandestinidad y exilio. «Estoy aquí y estamos aquí para darlo todo por la libertad de Venezuela. En este duro camino a la libertad los venezolanos nos hemos hecho mucho mejores: más recios, más nobles, más, sabios y hemos derribado las barreras que la tiranía impuso para separarnos. La nuestra ha sido una ruta de los imposibles, todo el camino nos decían que era imposible lograr lo propuesto (…) Y lo hemos hecho a la venezolana, y eso significa con generosidad, con nobleza y amor. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica, aunque nos han dañado y humillado», expresó.

“El plan de Trump avanza”

Machado presentó el 28 de julio de 2024 y el 3 de enero de 2026 como dos momentos decisivos de la historia reciente del país. Definió la jornada electoral de 2024 como el «fundamento legal y moral» de lo ocurrido el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados por fuerzas estadounidenses.

En ese punto agradeció la actuación de Estados Unidos, que, según sus palabras, «abrió las compuertas a la libertad de Venezuela y permitió que Maduro enfrente la justicia». También reivindicó que aquella operación hizo posible su regreso, después de diez meses de exilio forzado, precedidos por un período de clandestinidad que primero se prolongó durante seis meses y luego se acercó a un año.

La dirigente sostuvo que su presencia en Venezuela y los acontecimientos de los últimos días demostraban que «el plan de tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza». Afirmó que, después de unas horas en el país, «han quedado más claro los pasos» para avanzar hacia la transición y la realización de elecciones presidenciales en 2027.

Dijo que una de las tareas de su regreso era procurar que ese proceso fuera «ordenado y pacífico» y que atendiera las necesidades urgentes de los venezolanos que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis.

«He regresado a movilizar a la sociedad, a fortalecer aún más las redes ciudadanas, a incorporar a todos los sectores y organizaciones políticas y civiles. Y para terminar una tarea y a cumplir un mandato», sentenció.

Reiteró que aunque no forma parte de la mesa de negociación auspiciada por Estados Unidos, espera que ese espacio permitiera alcanzar los objetivos planteados: designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y celebrar elecciones presidenciales. A su juicio, esas acciones podían ejecutarse en simultáneo y no tenían por qué ser secuenciales.

También reveló que no había tenido comunicación con la encargada del gobierno, Delcy Rodríguez, y que tampoco había recibido mensajes de Estados Unidos para animarla a reunirse con ella.

El regreso, bajo reserva

Una de las preguntas que quedó sin respuesta detallada fue cómo consiguió Machado regresar a Venezuela. La dirigente evitó revelar la ruta y las circunstancias de la operación para no poner en riesgo a quienes la ayudaron.

Agradeció especialmente al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a su familia y al canciller de ese país, pero insistió en que no divulgaría información que pudiera comprometer a quienes participaron en el traslado.

«El sistema de represión que ha perseguido, secuestrado y torturado a los venezolanos sigue en el poder. Y aunque muchas cosas ya han cambiado, esas personas siguen allí y su capacidad de retaliación sigue siendo una preocupación (…) Yo no voy a poner en riesgo a nadie, hay que proteger a quienes nos protegieron. Solo puedo decir que logré regresar a Venezuela con un equipo altamente competente, calificado, muchas personas ayudaron dentro y fuera del país, ellos saben quiénes son, fue algo estrictamente autónomo, organizado por nuestros equipos, algún día lo vamos a escribir», agregó.

La necesaria transparencia

El acuerdo petrolero con Estados Unidos, en el que está involucrado el empresario Alejandro Betancourt, también apareció entre los asuntos planteados durante la rueda de prensa. Machado dijo que no conocía los detalles del convenio y reclamó que se hiciera pública la información.

«Si algo le conviene a Venezuela, pero también a nuestros aliados, es un sistema de absoluta transparencia, en el cual los venezolanos puedan conocer hasta la última letra de todos los acuerdos que se lleven a cabo en el país», afirmó.

Según los organizadores, más de 120 medios de comunicación se acreditaron para la actividad. Quince periodistas fueron seleccionados para la ronda de preguntas, en su mayoría representantes de medios internacionales. Después se habilitaron otras dos intervenciones: una para la Alianza Rebelde Investiga (ARI), de la que forma parte Runrun.es, y otra para medios independientes.

La pregunta de la Alianza Rebelde Investiga abordó otro de los asuntos pendientes de la transición: la posibilidad de que una negociación permitiera a la oposición asumir el poder político mientras el chavismo conservara el control militar. También se le consultó por sus contactos actuales con integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Machado respondió que el secretario de Estado estadounidense había aclarado la ruta de reinstitucionalización que esperaban concretar con las elecciones de 2027. Aseguró además que sus contactos con ciudadanos de distintos sectores, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales, reforzaban su convicción de que existía un sentimiento nacional a favor del cambio.

«Te puedo asegurar que los contactos que tenemos con ciudadanos de todos los sectores, incluyendo de las Fuerzas Armadas y de las policías, me hacen estar más convencida que nunca que esto es un sentimiento nacional, Nosotros necesitamos reconstruir completamente nuestros cuerpos de seguridad, pero dentro de ellos existen hombres y mujeres que han sido perseguidos y sometidos a humillación y persecución y que anhelan una Venezuela libre en la que puedan servir a la República y no a grupo criminal», aseguró.

La Guaira y la reconstrucción pendiente

Consultada sobre si acompañaría las exigencias de reivindicaciones económicas de los educadores y otros gremios en el corto plazo, Machado respondió que existía una conciencia clara entre los venezolanos de que, mientras el régimen permaneciera en el poder, ninguno de los problemas esenciales encontraría solución.

También habló de su reciente visita a La Guaira, el estado que sufrió el mayor impacto de los terremotos de junio. Dijo que los testimonios de sus habitantes la habían conmovido, en especial los de personas que habían perdido sus pertenencias y, aun así, se ofrecían para ayudar a reconstruir.

Sobre esa entidad, anunció que estaban estructurando un plan de reconstrucción integral que no se limitara a levantar edificaciones. La propuesta, explicó, buscaría atender las condiciones necesarias para que sus habitantes pudieran regresar a sus hogares o trasladarse a una zona que, en sus palabras, «tiene un potencial infinito».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Analisa Torres: la jueza que enfrentó en par de ocasiones al Estado venezolano

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Hubo un giro inesperado en el caso que adelanta la justicia estadunidense contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores y no fue por voluntad judicial, sino por voluntad divina.

El juez Alvin K. Hellerstein, quien supervisaba el proceso desde 2020, falleció por causas naturales este miércoles 28 de octubre a la edad de 92 años 

En su lugar, la jueza federal Analisa Nadine Torres asumirá el caso contra la pareja por narcoterrorismo, conspiración para cometer torturas, importación de cocaína y delitos relacionados con el uso de armas de fuego y artefactos destructivos

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York informó este mismo miércoles sobre la reasignación del expediente, como parte del procedimiento para redistribuir los casos que estaban a cargo de jueces que dejaron de ejercer sus funciones por jubilación o fallecimiento.

Durante casi tres décadas, Hellerstein estuvo al frente de procesos judiciales de alto perfil y supervisó la causa contra Maduro desde la presentación de la acusación original, en marzo de 2020.

La designación de Torres ocurre mientras el proceso penal avanza hacia el juicio, programado para el 14 de junio de 2027. 

Antes de esa fecha, la próxima audiencia está prevista para diciembre y estará relacionada con las solicitudes de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación bajo el argumento de la inmunidad soberana.

¿Quién es Analisa Torres?

Torres nació en Nueva York en 1959 y fue nominada en enero de 2013 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama. 

El Senado confirmó su nombramiento el 18 de abril de ese año y recibió su comisión judicial el 23 de abril.

De ascendencia puertorriqueña, obtuvo una licenciatura con honores en Harvard College en 1981 y el título de doctora en Derecho en Columbia Law School en 1984.

Antes de incorporarse al sistema judicial federal, Torres acumuló experiencia en distintos tribunales de Nueva York. 

Fue jueza del Tribunal Penal de la ciudad entre 2000 y 2002, del Tribunal Civil entre 2003 y 2004 y posteriormente magistrada de la Corte Suprema del estado, donde estuvo a cargo de causas penales graves.

También, trabajó en bufetes privados, principalmente en el área del derecho inmobiliario, y ocupó funciones vinculadas con el desarrollo económico y la planificación urbana de Nueva York.

Su trayectoria combina experiencia en derecho penal, litigios civiles y asuntos comerciales. 

A lo largo de su carrera federal, presidió diversas demandas civiles y reclamaciones legales derivadas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York

En 2013, cuando fue nominada para el cargo federal, la Asociación Estadounidense de Abogados la calificó por unanimidad como “Qualified” (calificada) para ejercer la función.

Aunque su nombramiento fue impulsado durante una administración demócrata, los jueces federales no representan formalmente a partidos políticos. En ese sentido, su designación por Obama no permite anticipar cómo resolverá las solicitudes de las partes en el proceso contra Maduro y Flores.

La causa se remonta a marzo de 2020, cuando las autoridades estadounidenses presentaron la acusación original contra Maduro y Flores por narcotráfico y otros delitos.  Tras la captura del gobernante  y su traslado a Estados Unidos en enero de este año, Hellerstein continuó supervisando el procedimiento.

La reasignación a Torres se produce antes de una audiencia clave para la defensa, que busca desestimar la acusación alegando inmunidad soberana. La nueva jueza tendrá que hacerse cargo del expediente y de las decisiones pendientes en una causa de alto impacto político y judicial.

Su actuación en el caso Ripple

Fuera del ámbito judicial de Nueva York, Torres alcanzó notoriedad por su decisión en el litigio entre la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y Ripple Labs, relacionado con la criptomoneda XRP.

En julio de 2023, la jueza determinó que ciertas ventas institucionales de XRP constituían ofertas de contratos de inversión sujetas a las leyes de valores, mientras que las ventas programáticas examinadas en ese caso no cumplían el mismo estándar.

En agosto de 2024, Torres resolvió sobre las medidas correspondientes a esa disputa y ordenó, entre otras disposiciones, una sanción civil contra Ripple.

Ese antecedente refleja que sus decisiones pueden conceder o rechazar argumentos de las partes según las circunstancias jurídicas de cada expediente.

La atención se concentra ahora en la audiencia prevista para diciembre y en la fecha fijada para el juicio en junio de 2027, dos momentos que marcarán la siguiente etapa de una de las causas judiciales más relevantes relacionadas con Venezuela en Estados Unidos. 

Nexos con Venezuela  

De acuerdo con un documento legal compartido por el ciberactvista y periodista Luis Carlos Díaz, en 1983, la jueza Torres se casó con un venezolano llamado Constantino Ramón Argimon.  

Aunado a eso, fue la jueza encargada de presidir el caso Pharo Gaia Fund Ltd. versus Venezuela, una demanda por incumplimiento de contrato presentada en Estados Unidos debido a que el Estado venezolano dejó de pagar los bonos de deuda soberana que poseían estos fondos. 

Igualmente presidió el caso Altana Credit Opportunities Fund versus Venezuela, otra demanda judicial por incumplimiento de contrato que el fondo de inversión Altana  interpuso contra la República Bolivariana de Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Marco Aurelio Quiñónes: en diciembre vamos a tener un TSJ con nombres honorables

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El vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015, Marco Aurelio Quiñónes, aseguró que la reforma integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituye un paso fundamental para avanzar hacia la transición democrática en Venezuela. Así lo expresó durante una entrevista en el programa Exclusivas, transmitido por EVTV Miami y moderado por el periodista Edward Rodríguez.


Quiñónez, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional entre la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Gobierno encargado, sostuvo que la delegación trabaja para recuperar las libertades ciudadanas y promover la reinstitucionalización del país.
«Hemos planteado la reforma de todo el TSJ, que es la piedra de inicio de la transición, y que no se convierta en un proceso reversible, ni en un organismo que reciba órdenes de Miraflores», afirmó.

El parlamentario explicó que la selección de los nuevos magistrados debe cumplir con criterios objetivos y garantizar la imparcialidad. En ese sentido, destacó la importancia de establecer mecanismos de evaluación y verificación de las credenciales de los aspirantes.



Sobre los plazos previstos para la renovación judicial, expresó: «En diciembre vamos a tener un TSJ con nombres honorables que representen la legalidad en Venezuela».

«No podemos cometer errores, y las personas seleccionadas deben cumplir con la imparcialidad», señaló al referirse a la propuesta de crear un consejo de revisión de credenciales que permita una doble evaluación de los candidatos.

Derogar la Ley contra el Odio


En materia de garantías políticas, el diputado insistió en que la Ley contra el Odio debe ser derogada, en lugar de limitarse a una reforma, por considerar que su eliminación es una demanda del país.

«Para consolidar la transición democrática hay que erradicar los mecanismos que generan la excusa para la persecución», sostuvo.
También indicó que trabajan en la creación de un Comité de Garantías Políticas, instancia que, según explicó, contribuiría a asegurar el respeto efectivo de los derechos ciudadanos y a establecer condiciones para el ejercicio de las libertades políticas.

Respaldo de Marco Rubio


El representante de la Asamblea Nacional de 2015 reconoció el acompañamiento del gobierno de EEUU al proceso venezolano y afirmó que ese respaldo permite a los ciudadanos «soñar nuevamente». Asimismo, elogió la labor del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su compromiso con la causa venezolana. «Conoce nuestra historia y nuestro país, y por eso hemos avanzado tanto», manifestó.

Quiñónes sostuvo que EEUU es un socio fundamental para Venezuela en distintos ámbitos y afirmó que existe disposición para contribuir a que el país recupere la democracia, el Estado de derecho y una economía sólida. «Marco Rubio tiene un afecto especial por Venezuela», agregó.

La renovación del CNE tomaría entre 80 y 90 días


Consultado sobre cuándo podría concretarse la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), Quiñónez estimó que el proceso requerirá entre 80 y 90 días. Sin embargo, aclaró que la prioridad inmediata es avanzar en la renovación del TSJ.

Sus declaraciones sitúan la reforma judicial, las garantías políticas y la eventual renovación del organismo electoral entre los asuntos centrales de la agenda que impulsa la representación opositora en la mesa de diálogo.

Urgen desde la CIDH a derogar la Ley contra el Odio: “Reformar es insuficiente”

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado venezolano a derogar toda normativa que restrinja de forma indebida el derecho a la libertad en referencia a la Ley contra el Odio.

Un mes después del 3 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, planteó la posibilidad de reformar la ley, al señalar que se habían producido situaciones de “mala utilización” de sus disposiciones.

El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional creó la “Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, a solicitud del Ejecutivo, con el fin de avanzar en la “despenalización de los tipos penales previstos en esta norma”.

La organización internacional afirmó que una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales advertidas en múltiples ocasiones; la CIDH y su RELE reiteran el llamado formulado el 26 de junio de 2026 a derogar toda normativa que restrinja indebidamente la libertad de expresión, incluida la “Ley contra el Odio”, y cualquier disposición que permita censurar, sancionar o perseguir la difusión de información o expresiones críticas.

La ley contra el odio

Según reportes públicos, entre 2017 y octubre de 2025, se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio, incluidos 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, y 7 medios de comunicación. En 65 de estos casos se habría invocado la “Ley contra el Odio”.

Desde la promulgación de la “Ley contra el Odio” en 2017, tanto la CIDH como su RELE han advertido que sus restricciones impiden severamente el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela y generan un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática.

Asimismo, la CIDH y su RELE documentaron, a través de sus diversos mecanismos de monitoreo, el uso selectivo y desproporcionado de la norma para sancionar expresiones críticas y de interés público. Estas preocupaciones se agravaron en el contexto poselectoral de 2024, cuando se alertó sobre la instrumentalización de la ley para criminalizar, bajo cargos de incitación al odio, a personas percibidas como opositoras.

Finalmente, la CIDH y su RELE llaman a que cualquier proceso legislativo de reforma que pueda incidir en el ejercicio de la libertad de expresión se desarrolle de manera transparente y con la participación amplia de la sociedad venezolana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Las claves de Transparencia Venezuela para evitar la opacidad en los fondos tras los terremotos

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La ONG Transparencia Venezuela advirtió que cuatro meses después de los terremotos del 24 de junio, Venezuela sigue sin un plan de reconstrucción, un presupuesto público ni mecanismos de control independiente para garantizar el uso transparente de los recursos destinados a las comunidades afectadas.

Un informe realizado por la organización, titulado “Reconstrucción Postdesastre y Gestión Transparente de Fondos Públicos” analizó las experiencias internacionales que ofrecen lecciones sobre cómo gestionar los fondos públicos después de un desastre para supervisar los recursos y prevenir la corrupción.

Los hallazgos arrojaron tres lecciones clave: establecer reglas claras mediante un plan y un presupuesto transparentes; garantizar auditorías independientes y fiscalización técnica de los fondos ejecutados; y sancionar los actos de corrupción

Transparencia Venezuela insistió en que la reconstrucción necesita más que recursos: requiere transparencia, controles efectivos y rendición de cuentas. Estos mecanismos son fundamentales para proteger a las comunidades sobrevivientes y evitar que la ayuda se pierda en la corrupción.

A continuación las cuatro claves de las conclusiones más destacadas del informe:

El desastre y la brecha de recursos

De acuerdo con cifras oficiales, el doble terremoto del 24 de junio de 2026 dejó más de 3800 fallecidos, pero la cantidad de damnificados y daños estructurales no han sido divulgadas y se mantienen en total anonimato.

Frente a las evaluaciones de daño directo estimadas entre 6700 millones y 37 000 millones de dólares, el Gobierno solo ha anunciado un fondo inicial de reconstrucción de USD 200 millones.

Según cifras de la ONG, al 17 de agosto de 2026 se contabilizan USD 1.333.663.837 anunciados por 151 donantes. Sin embargo, corresponden a compromisos de cooperación y no a desembolsos verificados.

Vacío institucional y la alerta del Fonden

Transparencia Venezuela señaló que hasta el momento no existe ningún instrumento jurídico que cree o regule el mecanismo administrador de los fondos. “No hay mandato, plazo, presupuesto ni órgano rector designado”, aseguró la ONG.

Sobre el vacío institucional, la ONG advirtió que instalar controles de integridad toma semanas, mientras que reconstruir la trazabilidad de dinero ya ejecutado es imposible.

El canal financiero propuesto por el Ejecutivo para centralizar la ayuda es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), una institución sin acceso legal a la información sobre endeudamiento o acuerdos de cooperación.

Entre 2005 y 2015 Fonden manejó 781 proyectos (USD 174 898 millones) sin control ni auditoría externa efectiva, aseguró Transparencia Venezuela.

Opacidad estructural y fallas del Estado

El informe de Transparencia Venezuela precisó que Venezuela obtuvo 0/100 -por tercera vez consecutiva- en la Encuesta de Presupuesto Abierto. A la fecha son 20 años sin publicar sin publicar la Cuenta General de Hacienda y más de 15 años sin estadísticas fiscales oficiales.

A pesar de contar con la norma sismorresistente Covenin 1756, menos del 25% de las edificaciones en Venezuela la cumplen, mientras que un 77% de las viviendas del país están en asentamientos informales.

Desde 2017 se denunció la falta de planos y memorias de cálculo en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego de los terremotos el gobierno admitió no tener registro de cuántos edificios estatales colapsaron.

Anomalías y riesgos materializados

Luego del doblete sísmico se documentaron ayudas por parte de las autoridades a las personas según su filiación política.

También quedó en evidencia la alteración de registros con el balance oficial de fallecidos y restricciones a la prensa sobre todo para acceder a la zona cero.

Transparencia Venezuela aclaró que el mayor riesgo de desvío de fondos no ocurre en el primer año, sino en los años 2 y 3, cuando la atención pública, mediática y de la cooperación internacional disminuye.

Recomendaciones

Entre los nueve desastres internacionales analizados por Transparencia Venezuela —que van desde Chile y Japón hasta Haití y Siria—, la reconstrucción de la provincia de Aceh en Indonesia (tras el tsunami de 2004) destaca como el caso de mayor éxito institucional. Su efectividad no radicó en la cantidad de dinero recibido, sino en el diseño del mecanismo que lo administró.

La propuesta para la Venezuela post-sismo adapta esta experiencia y propone un fondo fiduciario multidonante administrado por un fideicomisario externo e independiente que custodia la totalidad de los recursos internacionales y libera el dinero tramo por tramo, únicamente contra verificación técnica de avance de obra y costos.

También un ente público con fecha de expiración y competencias estrictas para planificar y coordinar las prioridades de reconstrucción, pero con una prohibición expresa: no puede contratar ni ejecutar obras.

Esto se complementaría con un Comité Directivo Mixto donde la sociedad civil tiene asiento con derecho a voto (sin ser designada por el Ejecutivo), una instancia de integridad operativa antes del primer desembolso y auditorías externas contratadas directamente por el comité, cuyos dictámenes deben ser públicos e íntegros.

*Puede leer el informe completo AQUÍ

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sociedad Civil venezolana denuncia ante la CIDH la continuidad de la represión digital en el país

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Este 29 de octubre, durante la audiencia número 23 del periodo de sesiones número 197 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de al menos siete representantes de la sociedad civil venezolana denunciaron que el aparato represivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los entornos digitales sigue vigente.

Las ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Espacio Público (EP), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Amnistía Internacional Venezuela (AIV) reiteraron la necesidad de derogar leyes restrictivas como la Ley Contra el Odio y sobreseer los procesos judiciales de las personas detenidas arbitrariamente en el país.

Marcos Gómez, director de AIV, recordó que más de 400 personas están presas arbitrariamente en Venezuela, «muchas de ellas por la injerencia indebida a la privacidad» tras revisar sus redes sociales y sus teléfonos sin órdenes judiciales o el seguimiento al debido proceso.

Los representantes de la sociedad civil venezolana reiteraron que la represión digital tuvo un pico en el primer trimestre de 2026, tras la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y la vigilancia digital continua pese al proceso de diálogo entre el PSUV y representantes de la oposición, ambos bajo el aval de Estados Unidos.

Mientras tanto, los miembros del PSUV no se presentaron ante la CIDH por decimocuarto año consecutivo.

«Siempre lo decimos: lamentamos mucho que esas sillas estén vacías y que el Estado [venezolano] se resista a comparecerse, a presentarse en este ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de diálogo democrático», lamentó José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la CIDH y Relator para las personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia.

Gloria de Mees, comisionada de la CIDH y relatora oficial de la institución para Venezuela, denunció que, hasta la fecha, el gobierno interino del PSUV —avalado por Estados Unidos— no ha establecido ninguna hoja de ruta ni cronograma para restituir los derechos fundamentales ante la Comisión y ante el sistema internacional de Derechos Humanos.

«No hemos recibido respuesta alguna del Estado ante nuestras peticiones. No podremos decir, entonces, que nuestras solicitudes se están tomando en cuenta. Su silencio no es cooperación. Si existiera un cambio genuino en el Gobierno venezolano, debería existir una respuesta del Estado a la CIDH como prueba de ello», aseveró de Mees. «El silencio del Estado no debe convertirse en nuestro silencio».

Persecución híbrida

Mariana Romero, directora del CDJ, denunció que entre enero y agosto de 2026 han ocurrido al menos 165 hechos de vulneración en el espacio digital. Entre ellas se cuentan los casos de intimidación, amenazas y estigmatización contra defensores de derechos humanos por parte de funcionaros del PSUV, ya sea por las redes sociales institucionales o canales de televisión estatal. En los últimos seis años el CDJ ha acumulado 2172 denuncias de violencia digital.

«La represión es calculada. Existe correlación entre la estigmatización, la vigilancia digital y la materialización de patrones de persecución y la detención arbitraria», destacó Romero.

Entre los patrones de persecución híbrida mencionaron la «Operación Tuntún», promovida por Diosdado Cabello —actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP)— y distintas instituciones de seguridad del Estado desde el 2017. Si bien no existe una relación causal para todos los casos, tanto Cabello como las instituciones de seguridad del Estado —bajo el mandato del PSUV— promovían la «Operación Tuntún» en los picos de represión entre abril y julio de 2017 —cuando la ONG Foro Penal contabilizó 5.051 personas arrestadas— y entre el 28 de julio y el 6 de agosto de 2024 —cuando Foro Penal contabilizó 1010 arrestos arbitrarios solo en esa semana—.

«Cuentas de redes sociales de las instituciones del Estado y de funcionarios públicos difunden discursos de odio y campañas de desprestigios que catalogan a defensores y a otros liderazgos sociales como “enemigos”, “desestabilizadores” y “terroristas”, exponiéndolos a riesgos e incrementando su vulnerabilidad a ser víctimas de otros patrones represivos», reiteró la directora del CDJ.

Romero alertó que los proyectos de Ley que el interinato del PSUV —bajo el aval de Estado Unidos— anunció este 2026 sobre la ciberseguridad deben ser evaluados por la CIDH y el sistema internacional de derechos humanos para no repetir patrones como la Ley del Odio.

Manipulación de contenido personal

Marysabel Rodríguez, coordinadora del observatorio de libertad de expresión de la EP, denunció que aún quedan más de 40 dominios web bloqueados desde que el Gobierno Interino del PSUV —avalado por USA— anunció la liberación de los bloqueos el pasado 17 de septiembre de 2026. La mayoría son plataformas de servicios digitales (como un VPN) y al menos una decena son medios de comunicación independientes.

La coordinadora de EP también alertó que los casos de revisión arbitraria de teléfonos han aumentado desde 2024, destacando un pico en el primer trimestre de 2026 que derivaron en al menos 27 detenciones arbitrarias.

Destacó su preocupación frente a un nuevo modus operandi del PSUV: detener a una persona por delitos enmarcados en la Ley Contra el Odio y después cambiar la imputación a otro delito mencionado en el Código Penal. Tal es el caso de Yorman Acevedo, un civil de Maracay que lo detuvieron por «incitación al odio», el 13 de enero de 2026, luego de comentar un video de TikTok sobre la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estuvo preso 8 meses. Ahora tiene una boleta de excarcelación bajo otros delitos, tráfico ilícito de drogas, y debe presentarse ante tribunales.

También alertó sobre el uso de cámaras de seguridad en las calles y drones para vigilar a la ciudadanía sin marcos legales de protección a la ciudadanía. Esta manipulación procede principalmente del MRIJP, las alcaldías y las gobernaciones, denunció Espacio Público. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela denunció en la sesión que el PSUV pasó de tener 3.920 cámaras de vigilancia en las calles en junio de 2025 a 7000 cámaras en diciembre del mismo año.

«Hasta la fecha no existe evidencia del cese de dichas prácticas o el desmontaje de este aparataje institucional. Por el contrario, hace unos días se observaron drones en protestas políticas en la calle», reiteró Rodríguez.

Sin protección de datos digitales

Gómez reiteró que el país, hasta la fecha, no tiene una legislación que garantice la protección de los datos personales en entornos digitales. Este panorama, agregó la Misión de Determinación de Hechos, pone en mayor vulnerabilidad por la existencia de la «Plataforma Patria», controlada por el PSUV.

«Si bien se puede percibir una aparente calma coyuntural en Venezuela, una pausa en la campaña represiva e incluso una pequeña apertura de ciertos espacios informativos, se ha alertado en esta audiencia que el aparato represivo y las estructuras de vigilancia digital siguen intactos», denunció Gómez.

Ante este escenario, los representantes de la sociedad civil reiteraron que la CIDH debe construir un informe sobre la violación a los derechos humanos en entornos digitales en Venezuela con dos objetivos: crear memoria histórica y exigir una hoja de ruta institucional para la redemocratización en Venezuela. La Comisión espera enviar la información a la nueva relatora sobre la libertad de expresión, Viviana Giacaman Sarah, quién asumirá el cargo el próximo primero de diciembre.

Perkins Rocha: “El regreso de María Corina representa un reacomodo”

De acuerdo al abogado Perkins Rocha, el regreso de María Corina Machado a Venezuela representa un punto de inflexión para la oposición y debe conducir a una reorganización de las fuerzas políticas que adversan al chavismo. 

Durante el espacio La Conversa de ARI (Alianza Rebelde Investiga) con la Luz, Rocha indicó que la dirigencia opositora debe concentrarse en recuperar la conducción política del país, avanzar hacia nuevas elecciones y reconstruir las instituciones.   

En el programa donde estuvieron César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Rocha sostuvo que la llegada de Machado debe modificar el papel de los sectores que participan en los espacios de diálogo y representación política. 

“Lo que ocurrió con la llegada de María Corina, para mí significa el reacomodo de las cosas”, afirmó.

El profesional del derecho cuestionó la tendencia a cogobernar y señaló que las tareas de quienes integran la mesa de diálogo deberían centrarse en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A juicio de Rocha, tras el vacío político que significó el 3 de enero de este año, es necesario devolver el protagonismo a quienes encabezaron el proceso electoral en julio de 2024. 

“Y esa es la tarea de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los representantes del Comando con Venezuela, junto con otras organizaciones políticas”, argumentó.

Alianzas, no unidades

Rocha defendió la construcción de alianzas entre sectores que no necesariamente comparten todos sus principios, pero que pueden coincidir en objetivos comunes. 

“Yo no confío en las unidades. Las unidades siempre plantean divorcios, en cambio las alianzas plantean esquemas de trabajo”, expresó.

Rocha evocó el espíritu de los acuerdos políticos de 1958, cuando dirigentes de distintas corrientes ideológicas coincidieron en una alianza. 

“¿Qué hacemos con una unidad que no camina?”, preguntó.

El abogado dijo que pese a las adversidades, Vente Venezuela ha logrado mantenerse y crecer.

Aseguró que espera que la organización pueda formalizar su inscripción cuando se recuperen plenamente las libertades políticas.

Un TSJ para la transición

Según Rocha la renovación del TSJ no debe entenderse como un simple cambio de magistrados para administrar justicia durante un nuevo período de 12 años. 

A su juicio, el país atraviesa una situación excepcional que exige que el nuevo Poder Judicial contribuya a reconstruir la institucionalidad.

“No es necesario un TSJ que dure doce años para administrar justicia en el país”, dijo Rocha.

El abogado sostuvo que el TSJ debería tener un carácter transitorio y estar orientado a crear las condiciones para el establecimiento de una nueva república y la recuperación del orden constitucional

Advirtió que si el tribunal no asume ese propósito, podrían producirse nuevos enfrentamientos políticos e institucionales. También señaló que la renovación del TSJ y el CNE pueden avanzar de manera simultánea. 

Elecciones presidenciales para 2027

Rocha expresó su respaldo a la fecha del 24 de julio de 2027, propuesta por el senador estadounidense Bernie Moreno para la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.

“Esa fecha propuesta por el senador Moreno para unas elecciones presidenciales nos encanta”, afirmó.

El abogado argumentó que ese plazo permitiría preparar la estructura necesaria para organizar nuevos comicios. 

Según explicó, Machado y su equipo han señalado que se requieren entre ocho y nueve meses, como mínimo, para establecer un nuevo andamiaje institucional electoral.

La Fuerza Armada y el poder civil

El abogado también planteó la necesidad de recuperar el carácter civil de las instituciones y revisar el papel de la Fuerza Armada Nacional en la administración pública.

Rocha defendió la reconstrucción de una institución militar democrática que acompañe al poder civil, en lugar de asumir funciones que correspondan a las autoridades civiles. 

“La administración civil se maneja por principios absolutamente distintos que no guardan relación necesariamente con la jerarquía”, sostuvo.

Rocha aclaró que no plantea eliminar las Fuerzas Armadas, sino recuperar su institucionalidad y delimitar sus competencias.

Asimismo se refirió a su experiencia como preso político y a las consecuencias personales de su detención. 

“Mi problema no es la reconciliación porque yo no tengo odio. Para reconciliarse hay que tener odio y poner el odio a un lado. Mi problema es la justicia, es recuperar la memoria, que no se pierda”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país