Este 29 de octubre, durante la audiencia número 23 del periodo de sesiones número 197 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de al menos siete representantes de la sociedad civil venezolana denunciaron que el aparato represivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los entornos digitales sigue vigente.
Las ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Espacio Público (EP), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Amnistía Internacional Venezuela (AIV) reiteraron la necesidad de derogar leyes restrictivas como la Ley Contra el Odio y sobreseer los procesos judiciales de las personas detenidas arbitrariamente en el país.
Marcos Gómez, director de AIV, recordó que más de 400 personas están presas arbitrariamente en Venezuela, «muchas de ellas por la injerencia indebida a la privacidad» tras revisar sus redes sociales y sus teléfonos sin órdenes judiciales o el seguimiento al debido proceso.
Los representantes de la sociedad civil venezolana reiteraron que la represión digital tuvo un pico en el primer trimestre de 2026, tras la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y la vigilancia digital continua pese al proceso de diálogo entre el PSUV y representantes de la oposición, ambos bajo el aval de Estados Unidos.
Mientras tanto, los miembros del PSUV no se presentaron ante la CIDH por decimocuarto año consecutivo.
«Siempre lo decimos: lamentamos mucho que esas sillas estén vacías y que el Estado [venezolano] se resista a comparecerse, a presentarse en este ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de diálogo democrático», lamentó José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la CIDH y Relator para las personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia.
Gloria de Mees, comisionada de la CIDH y relatora oficial de la institución para Venezuela, denunció que, hasta la fecha, el gobierno interino del PSUV —avalado por Estados Unidos— no ha establecido ninguna hoja de ruta ni cronograma para restituir los derechos fundamentales ante la Comisión y ante el sistema internacional de Derechos Humanos.
«No hemos recibido respuesta alguna del Estado ante nuestras peticiones. No podremos decir, entonces, que nuestras solicitudes se están tomando en cuenta. Su silencio no es cooperación. Si existiera un cambio genuino en el Gobierno venezolano, debería existir una respuesta del Estado a la CIDH como prueba de ello», aseveró de Mees. «El silencio del Estado no debe convertirse en nuestro silencio».
Persecución híbrida
Mariana Romero, directora del CDJ, denunció que entre enero y agosto de 2026 han ocurrido al menos 165 hechos de vulneración en el espacio digital. Entre ellas se cuentan los casos de intimidación, amenazas y estigmatización contra defensores de derechos humanos por parte de funcionaros del PSUV, ya sea por las redes sociales institucionales o canales de televisión estatal. En los últimos seis años el CDJ ha acumulado 2.172 denuncias de violencia digital.
«La represión es calculada. Existe correlación entre la estigmatización, la vigilancia digital y la materialización de patrones de persecución y la detención arbitraria», destacó Romero.
Entre los patrones de persecución híbrida mencionaron la «Operación Tuntún», promovida por Diosdado Cabello —actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP)— y distintas instituciones de seguridad del Estado desde el 2017. Si bien no existe una relación causal para todos los casos, tanto Cabello como las instituciones de seguridad del Estado —bajo el mandato del PSUV— promovían la «Operación Tuntún» en los picos de represión entre abril y julio de 2017 —cuando la ONG Foro Penal contabilizó 5.051 personas arrestadas— y entre el 28 de julio y el 6 de agosto de 2024 —cuando Foro Penal contabilizó 1.010 arrestos arbitrarios solo en esa semana—.
«Cuentas de redes sociales de las instituciones del Estado y de funcionarios públicos difunden discursos de odio y campañas de desprestigios que catalogan a defensores y a otros liderazgos sociales como “enemigos”, “desestabilizadores” y “terroristas”, exponiéndolos a riesgos e incrementando su vulnerabilidad a ser víctimas de otros patrones represivos», reiteró la directora del CDJ.
Romero alertó que los proyectos de Ley que el interinato del PSUV —bajo el aval de Estado Unidos— anunció este 2026 sobre la ciberseguridad deben ser evaluados por la CIDH y el sistema internacional de derechos humanos para no repetir patrones como la Ley del Odio.
Manipulación de contenido personal
Marysabel Rodríguez, coordinadora del observatorio de libertad de expresión de la EP, denunció que aún quedan más de 40 dominios web bloqueados desde que el Gobierno Interino del PSUV —avalado por USA— anunció la liberación de los bloqueos el pasado 17 de septiembre de 2026. La mayoría son plataformas de servicios digitales (como un VPN) y al menos una decena son medios de comunicación independientes.
La coordinadora de EP también alertó que los casos de revisión arbitraria de teléfonos han aumentado desde 2024, destacando un pico en el primer trimestre de 2026 que derivaron en al menos 27 detenciones arbitrarias.
Destacó su preocupación frente a un nuevo modus operandi del PSUV: detener a una persona por delitos enmarcados en la Ley Contra el Odio y después cambiar la imputación a otro delito mencionado en el Código Penal. Tal es el caso de Yorman Acevedo, un civil de Maracay que lo detuvieron por «incitación al odio», el 13 de enero de 2026, luego de comentar un video de TikTok sobre la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estuvo preso 8 meses. Ahora tiene una boleta de excarcelación bajo otros delitos, tráfico ilícito de drogas, y debe presentarse ante tribunales.
También alertó sobre el uso de cámaras de seguridad en las calles y drones para vigilar a la ciudadanía sin marcos legales de protección a la ciudadanía. Esta manipulación procede principalmente del MRIJP, las alcaldías y las gobernaciones, denunció Espacio Público. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela denunció en la sesión que el PSUV pasó de tener 3.920 cámaras de vigilancia en las calles en junio de 2025 a 7.000 cámaras en diciembre del mismo año.
«Hasta la fecha no existe evidencia del cese de dichas prácticas o el desmontaje de este aparataje institucional. Por el contrario, hace unos días se observaron drones en protestas políticas en la calle», reiteró Rodríguez.
Sin protección de datos digitales
Gómez reiteró que el país, hasta la fecha, no tiene una legislación que garantice la protección de los datos personales en entornos digitales. Este panorama, agregó la Misión de Determinación de Hechos, pone en mayor vulnerabilidad por la existencia de la «Plataforma Patria», controlada por el PSUV.
«Si bien se puede percibir una aparente calma coyuntural en Venezuela, una pausa en la campaña represiva e incluso una pequeña apertura de ciertos espacios informativos, se ha alertado en esta audiencia que el aparato represivo y las estructuras de vigilancia digital siguen intactos», denunció Gómez.
Ante este escenario, los representantes de la sociedad civil reiteraron que la CIDH debe construir un informe sobre la violación a los derechos humanos en entornos digitales en Venezuela con dos objetivos: crear memoria histórica y exigir una hoja de ruta institucional para la redemocratización en Venezuela. La Comisión espera enviar la información a la nueva relatora sobre la libertad de expresión, Viviana Giacaman Sarah, quién asumirá el cargo el próximo primero de diciembre.
