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El Mañanero del 30 de octubre: Se agrava la criminalización contra defensores de DDHH

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 30 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

  • CIDH: La criminalización en Venezuela se agrava con cargos de terrorismo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la región operan en un ambiente hostil, con violencia y obstáculos que muestran un agravamiento de la criminalización y la represión en el país usando la figura de “terrorismo”.

En su “Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas”, la CIDH observó en varios estados de la región el uso del sistema punitivo para obstruir la defensa de causas sociales se volvió una práctica recurrente.

En el caso de Venezuela, según la CIDH, este patrón es especialmente sistemático. El ejercicio de la defensa de DDHH se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido, enfrentando amenazas latentes de marcos legales que buscan limitar su trabajo.

Recién salido del horno

Venezuela vuelve a ocupar el último lugar del Índice Global de Estado de Derecho

María Corina Machado dijo que comenzará nueva era en Bolivia y Venezuela

Provea: 37 años después la Masacre del Amparo sigue impune

Cifra de presos políticos se acerca a 900 con detenciones en octubre

Nahuel Gallo y el abrazo que nunca le dio a su hijo

Petro: “No defiendo a Maduro, no reconocí su elección”

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Gobierno continúa preparando el terreno para aprobar una normativa que permita acciones contra el supuesto delito de ‘traición a la patria’, incluyendo retiro de nacionalidad. Hoy fue interpuesta una denuncia en Fiscalía contra un grupo de influencers y periodistas”, alertó Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz.

Lo que rompe en redes

Una operativo policial enorme contra el narcotráfico y el crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro en Brasil dejó un saldo de más de 130 muertos. El objetivo era el Comando Vermelho, principal grupo criminal de la capital de brasileña.

Azuquita pa’l café

Una terapia experimental ha salvado la vida de 62 niños afectados por la extremadamente cruel ADA-SCID, una enfermedad genética infantil que debilita las defensas y facilita todo tipo de infecciones mortíferas: neumonía, meningitis, varicela.

La ñapa (recomendamos)…

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, concedió una entrevista a la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios de comunicación Runrun.es, TalCual y El Pitazo.

La Conversa| Machado: “No importa que Trump no me conozca, lo importante es que ya sabe quién es Maduro”  

En su primera entrevista con medios de comunicación venezolanos, después de haber sido premiada con el Nobel de la Paz, la líder opositora María Corina Machado dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), que no le importa que el presidente de Estados Unidos no la conozca, en relación con una declaración en la que el mandatario dijo no saber quién era ella. “Lo importante en este momento es que Donald Trump ya sabe quién es Nicolás Maduro”, afirmó.

En el espacio de Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, Machado aseveró que el mandatario estadounidense tiene clara la situación por la que atraviesa Venezuela.

“Maduro le ha declarado la guerra a los venezolanos aplicando un terrorismo de Estado y ahora empleando los carteles de la droga”, dijo la líder de oposición en el programa que estuvo conducido por  Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.

La fundadora del partido Vente Venezuela reiteró que el Nobel de la Paz no es un premio de ella, sino de todo el país. “Este es un premio que reconoce la lucha por la libertad, estamos claros que no hay posibilidad de una paz real si no existe democracia y eso implica la necesidad de constituir una fuerza interna en articulación con actores internacionales que comparten nuestros valores democráticos”, dijo.

A juicio de Machado, Maduro ha perdido completamente la confianza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Los sectores de la población a los cuales se les hace más seguimiento son los cuerpos de inteligencia civiles y militares y eso quedó evidenciado con su comportamiento en la votación del 28 de julio de 2024. Se está empezando a generar una tensión interna en la FANB porque madres y esposas preguntan a militares si están dispuestos a inmolarse por Maduro”.

En la entrevista, de poco menos de una hora, Machado advirtió que su designación como ganadora del Premio Nobel de la Paz ha subido el volumen del costo de la represión para Maduro y su círculo. Eso sumado a los informes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la investigación que continúa en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre eventuales crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, no descartó que la administración madurista incremente la opresión contra la sociedad civil si se ven cercados: “Son criminales que no tienen escrúpulos, pueden cometer locuras, esta gente es capaz de cualquier cosa”.

Machado expuso que el incremento en el número de detenciones durante las últimas semanas se debe a que el gobierno madurista se percató de que la sociedad encontró formas diferentes de organizarse.

No descarta negociar, pero…

Con el único propósito de lograr un pase a la democracia, Machado no se negó a una eventual negociación con el gobierno de Maduro, siempre y cuando se respete la decisión popular de las elecciones del 28J de 2024.

“Hasta las guerras más cruentas terminan con algún tipo de acuerdo, pero toda transición implica reconocer el mandato del pueblo”.

Para Machado, una transición no necesariamente conlleva a un caos colectivo. “Caos es el que tenemos hoy en día con medio país sin luz, en materia de salud pública, niños que van a clases dos días a la semana y más de la mitad del territorio en manos de grupos criminales”, detalló.

Batiz preguntó a la Nobel de la Paz por el ofrecimiento del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, de servir como mediador entre el chavismo y la oposición que ella y Edmundo González Urrutia representan.

A su juicio es sorpresivo que después de más de un año del 28J, el mandatario brasileño todavía considere este tipo de alternativas.

“Si con cinco rehenes en la embajada argentina en Caracas, bajo custodia de Brasil, no pudo conseguir salvoconductos ni garantizar el servicio eléctrico y de agua, desconozco qué pueda hacer ahora”. 

Sobre una eventual privatización de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Machado explicó que la empresa estatal está endeudada y se le relaciona con actividades delictivas. “Hay cantidades de empresas que están quebradas y se pueden privatizar. Se debe abrir el compás a inversiones internas y extranjeras de manera transparente y rigurosa”.

La cabeza principal de Vente Venezuela aseveró que también es perentorio saldar la deuda laboral con empleados y extrabajadores de PDVSA: “La prioridad es la gente, los bienes públicos tienen que estar disponibles para todos los ciudadanos”. 

Acerca de su reciente comunicación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad, Machado dijo que mantiene contacto con diversos líderes mundiales y especialmente con quienes saben cómo funcionan estructuras criminales como Hezbolá y Hamas, con supuestas operaciones dentro de territorio venezolano.

Acusó a Maduro de ser responsable de muertes en el Caribe

Rísquez le preguntó a Machado por la veracidad de una información revelada por la agencia Reuters, donde se expone que personas de su entorno hicieron una especie de lobby en la Casa Blanca para que Estados Unidos declarara al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles como organizaciones criminales internacionales.

Machado respondió que la administración de Trump no necesita recibir supuestas presiones de miembros de su equipo de trabajo para llegar a esta conclusión.

“Ellos tienen suficiente información para crear su propia opinión sobre la magnitud del vínculo de Maduro con estos grupos”.

En referencia a la pregunta sobre las operaciones antinarcóticos de EE. UU. en el Caribe, que han costado la vida a más de 40 personas, sostuvo que el único culpable de esta situación es Maduro y su entorno.

Repudió la muerte de seres humanos, pero alertó que al gobierno venezolano se le ha advertido sobre las consecuencias de mantener los flujos no solo de narcotráfico, sino de oro, armas, petróleo y hasta personas.

“Estas son políticas autónomas con las cuales no tenemos nada que ver”, dijo sobre las acciones del gobierno de Trump.

A la par expuso que han solicitado que la información sobre los hundimientos a “narcolanchas” con ataques cinéticos se haga pública, así como el curso de las investigaciones contra los presuntos responsables.

Machado aseguró que aunque la inflación interanual se calcula en 500%, el tema económico aún no ha desplazado al político. 

“Porque una eventual mejoría económica pasa por un cambio de gobierno, tenemos enormes desafíos y para ello contamos con las policías, la FANB y los empleados públicos. Yo les pido que no deserten y se queden en sus puestos estratégicos, por supuesto cuidándose, llegado el momento los vamos a necesitar”.

Para Machado, la transición ya empezó y es irreversible.

“Es algo que hemos aprendido a manejar con serenidad, son muchos años de lucha y pérdidas monumentales. La gente me pregunta por dónde empezar. ¿Luz, agua, salud, educación? No queda una sola institución de pie y eso nos crea unos retos gigantes”. 

Machado aseguró que durante los 15 meses que ha pasado en la clandestinidad se ha encontrado contigo misma, no solo en el plano espiritual, sino también en el terrenal.

“Yo cocino, limpio y hago la cama fatal (risas). He tenido que aprender a cortarme el cabello yo misma. He aprendido mucho de este tiempo en soledad, pero me he dado cuenta de que no estoy sola, a mis hijos les digo que jamás habíamos estado tan cerca, así como con el resto de los venezolanos. Esto se encuentra en una etapa de cuenta regresiva”. 

A propósito de la pregunta de Amaya sobre el significado de la paz, Machado respondió que esta representa “convivencia bajo justicia y libertad. Paz con miedo es sumisión, paz con silencio es esclavitud”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El miedo como programa: migración, política y los fantasmas de la campaña presidencial chilena

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En las campañas electorales, todo problema encuentra culpables veloces. Si falta trabajo, es por los extranjeros. Si colapsa la salud pública, la culpa es de los que llegaron. Si aumenta el miedo, son los recién llegados quienes lo encarnan. Las elecciones se convierten en un gran bazar de responsabilidades, donde la complicidad discursiva se negocia como moneda de cambio: usted vota, y yo le diré a quién culpar mañana. Con la migración sucede igual: se compra miedo al por mayor y se vende explicación instantánea en titulares.

La migración se ha vuelto metáfora y chivo expiatorio. Ya no es un asunto de gestión pública, sino una narrativa con poder para moldear temores y definir candidaturas. La opinión pública ha tomado un atajo peligroso: asociar migración con delincuencia, estigmatizar al extranjero y reducir vidas complejas a consignas alarmistas. No es ficción: en Chile —como en tantas otras latitudes— la palabra “venezolano” ha sufrido una transformación semántica. En ciertos espacios mediáticos se pronuncia con un dejo despectivo, a veces camuflado en el adjetivo “caribeño”, usado con intención peyorativa. Esa conversión de identidad en amenaza no surge de la nada: se construye a diario en matinales, columnas, redes sociales y debates televisivos que fabrican el clima antes del hecho. Primero se inventa el peligro; luego se cosecha el miedo. Y entre ambos extremos queda la gran mayoría de migrantes —los que trabajan, estudian, emprenden y sostienen hogares— reducidos a símbolo de amenaza o simple cifra estadística.

No puede negarse que existen problemas reales de integración. Algunos grupos enfrentan dificultades para adaptarse a nuevos códigos culturales y cívicos, arrastrando heridas profundas de pobreza, violencia o desarraigo. Pero esa fractura no nació en el exilio: proviene del colapso social que dejó tras de sí un Estado venezolano devastado por el autoritarismo y la corrupción. Décadas de represión, miseria y descomposición generaron, junto a la diáspora humanitaria, un tejido social roto que permitió la expansión de estructuras criminales. Varias de ellas —paramilitares, mafias del oro, del narcotráfico y del contrabando— crecieron bajo la complicidad o tolerancia del propio aparato estatal y aprovecharon la migración masiva para extenderse en la región. Negarlo sería ingenuo. Pero reducir toda una diáspora a su costado delictivo es igualmente injusto: implica condenar a millones que escaparon justamente de ese sistema de crimen institucionalizado.

La narrativa de criminalización masiva es peligrosa porque borra los matices y desplaza la mirada del verdadero origen del colapso. Cuando políticos y comentaristas en Chile sostienen que la llegada de extranjeros es la raíz de la inseguridad o el desorden, terminan sirviendo —consciente o inconscientemente— a una narrativa funcional al régimen que provocó la diáspora. Así, el debate se simplifica: se castiga al desplazado y se absuelve al dictador.

La campaña presidencial chilena de 2025 ha sido una muestra clara de esa tensión. Los programas y discursos oficiales oscilan entre la promesa de inclusión y la consigna del “orden”. En el papel, se ofrecen planes de regularización y acceso a salud o educación; en la práctica, predomina la retórica del miedo, centrada en la expulsión y el control. La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado añadió un nuevo elemento: la política exterior chilena se cruzó con la discusión sobre Venezuela y la migración.

El galardón no solo reconoció a una figura opositora al chavismo; reactivó el debate sobre quién representa la resistencia democrática y, por extensión, qué venezolanos merecen asilo o simpatía. No es casual que parte de la izquierda chilena acuse a la diáspora de “conservadora” por sus afinidades políticas, mientras la derecha insiste en señalarla como fuente de inseguridad o alteración cultural. Ambas posturas se tocan en lo esencial: deshumanizan al migrante y lo convierten en objeto útil para el cálculo electoral.

La prensa también participa en este juego. Antes de que ocurra un hecho, ya existe un relato que lo interpreta. Así, la opinión pública, saturada de fragmentos, titulares y opiniones, asume como natural la ecuación migrante-delincuencia. El resultado es doble: se legitiman políticas restrictivas que vulneran derechos humanos y se encubren las responsabilidades estructurales del Estado venezolano que exportó el caos. La tragedia se transforma en espectáculo, y el sufrimiento, en capital político. Los medios que deberían contextualizar terminan amplificando prejuicios; la política, en vez de integrar, administra la exclusión.

Ni la izquierda ni la derecha escapan a esta instrumentalización. Desde la primera, surgen críticas hacia los venezolanos que, según encuestas, apoyan opciones conservadoras; desde la segunda, se los culpa del desempleo y de la inseguridad. En ambos extremos, la migración sirve para consolidar identidades partidarias y despertar emociones primarias. Y mientras tanto, quienes vieron en Chile un refugio político o vital cargan con la desconfianza generalizada.

Los datos, sin embargo, desmienten las narrativas simplistas. Diversos estudios muestran que la criminalidad no depende de la nacionalidad, sino de condiciones estructurales de exclusión y fallas institucionales. Las encuestas reflejan, además, que los migrantes tienden a apoyar a quienes ofrecen estabilidad y seguridad, no ideología. Pero esa racionalidad electoral choca con los estereotipos cultivados en el discurso público. Cuando una sociedad elige el miedo sobre la comprensión, su frontera más peligrosa ya no es la geográfica: es la moral.

Asumir una mirada realista implica reconocer las dificultades de integración y las causas profundas de la crisis venezolana. No se puede entender la delincuencia transnacional sin hablar del colapso institucional que la generó, pero tampoco se puede permitir que ese fenómeno sirva de excusa para criminalizar al conjunto de la diáspora. Integrar exige equilibrio: políticas públicas eficaces, justicia sin prejuicios y memoria histórica que recuerde por qué —y de quién— huyen tantos.

El desafío no es menor. Requiere que los medios vuelvan a su vocación de contexto, que los partidos abandonen la tentación de usar el miedo como táctica, y que la sociedad civil construya puentes reales de inclusión más allá de la compasión momentánea. Porque el exilio no es una amenaza: es un espejo que revela tanto la ruina de un país como la capacidad del otro para responder con humanidad y coherencia. Y es allí donde se mide, al final, la verdadera madurez democrática: no en los discursos sobre derechos, sino en la forma en que una nación trata a quienes cruzan su frontera buscando sobrevivir.

  • @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

A Maduro le sale mal la fiesta de la canonización

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Baltazar Porras descuelga el teléfono con el primer repique, como alguien que lleva días viajando con un calendario donde no cabe otra misa o comida, mucho menos otro intercambio con un periodista que intenta ir más allá de la estampa de la Madre Carmen, de José Gregorio Hernández, de las virtudes que los llevaron a ser canonizados. Porras me atiende tenso al mediodía del miércoles, ya con dos venezolanos oficialmente santos.

“Buenas tardes, sí, dígame,” soltó el Cardenal de primeras.

Cinco días después de iniciar el programa de las canonizaciones en Roma, el hito que representa la doble canonización está rodeado de lo que cabía esperar de un país católico sometido a una dictadura: incertidumbre y conflicto. Gracias en parte a una eficaz comunicación política por parte del anti-chavismo, el régimen de Nicolás Maduro se vio humillado cinco días seguidos, desde que los peregrinos venezolanos comenzaron a aglomerarse en las puertas del Vaticano hasta el miércoles 22 de octubre, cuando el Cardenal Porras llegó a España para presidir la misa en la catedral de La Almudena, junto a representantes de la Arquidiócesis de Madrid.

El chavismo no pudo evitar el escrache en Roma a Roy Chaderton, cabeza de la delegación chavista, mientras que los enviados del Comando Con Venezuela—incluyendo a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, los hijos de María Corina, Edmundo González y de varios presos políticos—llevaban sin inconvenientes la agenda de quien se presenta como el próximo gobierno democrático. Raúl Baduel hijo se presentó frente a la Basílica de San Pedro con una camisa estampada con el rostro de Josnars Baduel, su hermano preso y torturado en El Rodeo I. Sairam Rivas también pudo entregar a León XIV una carta sobre presos políticos cuando el pontífice cruzaba la plaza en el papamóvil.

De cierta forma, Porras se había adelantado a todos ellos. Antes de que Rivas, Baduel o las figuras del Comando fuesen acusados de “politizar” la fiesta de los santos, el Cardenal Emérito transmitió con claridad lo que piensa del poder en Venezuela. El Vaticano lo acompañó sin rodeos en los días posteriores, aún con los matices discursivos de un Estado que vela por preservar su presencia en Venezuela. Junto al arzobispo maracucho Édgar Peña Parra, jefe de operaciones de la casa papal, y a Raúl Biord, actual arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, Porras abrió un simposio en la Pontificia Universidad Lateranense denunciando una situación “moralmente inaceptable” en Venezuela.

El Cardenal citó la falta de libertades ciudadanas, la pobreza, la militarización como forma de gobierno, la corrupción y la ausencia de independencia entre poderes públicos. También se refirió a la situación de los presos políticos, que “rompe la unidad familiar, donde sufren todos sin que haya a quien recurrir”. Peña Parra—quien funge como Sustituto de Asuntos Generales del Vaticano y antes fue nuncio en Mozambique y Paquistán—habló de la “diplomacia del encuentro” que la Iglesia afirma promover en Venezuela, “no como estrategia política” sino por la necesidad de tender puentes entre sectores opuestos. “La paz es artesanal, hecha de gestos pacientes y de encuentros cotidianos”, dijo Monseñor Parra. “El verdadero diálogo no anula las diferencias, pero puede generar una comunión”.

El discurso con menos tintes políticos fue de Monseñor Biord, quien desde su puesto en la capital venezolana ha debido lidiar cara a cara con la familia Maduro-Flores en un año donde la élite gobernante ha suprimido voces críticas a una escala sin precedentes. En su ponencia, el arzobispo de Caracas justificó el nuevo proyecto Santos para Todos, presentado a León XIV a principios de mes, que incluye iniciativas nuevas en salud, educación y promoción de la fe católica en Venezuela. El acto cerró con un aplauso para Porras por sus gestiones en pro de la santidad de José Gregorio, como dijo desde el podio la postuladora oficial de la Causa de Beatificación y Canonización del santo médico. Días después supimos que, en algún momento antes o después del simposio, un miembro de la delegación chavista agredió a Édgar Beltrán, corresponsal en Roma del medio The Pillar, por preguntarle a Peña Parra sobre la politización de las canonizaciones por parte de Maduro.

Un Estado contra un cardenal

Nada de eso pasó desapercibido en Miraflores. El sábado 25 en la tarde, dos días después de aterrizar de regreso en Venezuela, el Cardenal Porras denunció los esfuerzos del Estado para impedir su llegada a Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio, donde debía oficiar un rito.

“No daré declaraciones en este momento, por todas las cosas que ha dicho Maduro”, me había dicho el Cardenal de 81 años el miércoles, antes de trancar la llamada. “Hay mucha gente diciéndome que no vaya a Venezuela, que no sé qué, pero yo no he cometido ningún delito. La homilía que daré esta noche ya está escrita”.

“El Vaticano sabe bien, desde hace tiempo, que este es un problema de índole criminal para el cual no tienen las herramientas…”

Para ese momento Porras ya recibía insultos de Maduro, todavía estando en suelo europeo. En La Almudena, los presentes aplaudieron de pie la llegada de Edmundo González Urrutia y su familia, sentados en primera fila junto al exalcalde exiliado Antonio Ledezma. El Cardenal allí habló de la putrefacción que genera la corrupción, de las habladurías de quien nada más critica y destruye. Hizo eco de una homilía lapidaria del Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, quien fue Nuncio Apostólico en Caracas: “Sólo así, querida Venezuela, pasarás de la muerte a la vida”, dijo el número dos del Vaticano. “Sólo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas. Solo así tu oscuridad se volverá mediodía, si escuchas las palabras del Señor, que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”.

Un día después de que Rendiles y Hernández fueran declarados santos, Maduro emprendía una campaña mediática contra el Cardenal Porras. Lo acusó de conspirar contra el médico de los pobres, jactándose de ser él quien había promovido la figura del santo trujillano durante su primer encuentro con el Papa Francisco en Roma, en 2013. Todo esto cuando arrancaba su primer periodo presidencial y el Vaticano aún no había sido llamado a mediar en la primera ronda de negociaciones entre el gobierno de Maduro y la vieja oposición con mayoría en la Asamblea Nacional.

“Hoy José Gregorio es santo a pesar de ti y de los tuyos, de tu cofradía. Luego diremos muchas cosas más”, dijo Maduro el lunes en televisión. La etiqueta #BaltazarPorrasConspirador no tardó en surgir en Facebook y X, con mensajes que tildaban al Cardenal de ser un lobo vestido de oveja, un diablo con sotana, un golpista incluso.

Pero lo peor fue el sábado 25, el día más importante del calendario de celebraciones eclesiásticas en Venezuela por la doble canonización. Porras contó en un video en redes sociales que ha circulado por doquier que el gobierno lo llamó para decirle que inconveniente que fuera a Isnotú “por riesgos de disturbios”. Le dijeron que estaba suspendido el vuelo de Conviasa a Valera, cosa que era falsa, y cuando tomó un avión privado, lo desviaron a Barquisimeto con el pretexto de que el aeródromo de Trujillo estaba cerrado. Finalmente, las alcabalas lo bloquearon en el camino a Isnotú, y tuvo que regresar a Maiquetía. María Corina Machado, por supuesto, denunció todo el sabotaje de la dictadura al derecho de los fieles venezolanos a celebrar a sus nuevos santos.

¿Diplomacia incomprendida?

Luego de años de confrontación con la Conferencia Episcopal Venezolana—cuando Chávez atacaba a curas críticos como Diego Padrón, Roberto Luckert y Luis Ugalde procurando no insultar a los papas—el discurso de Maduro sigue un guion parecido, ahora intentando dividir a los sacerdotes venezolanos entre “amigos” y “conspiradores”. El tono de la Iglesia en Venezuela también se ha atenuado con la intensificación del autoritarismo, quizás para no sufrir lo que ha sufrido el clero en la Nicaragua del presente o la Cuba de Fidel Castro. Coincide también, por ejemplo, con acercamientos y acuerdos concretos entre el Vaticano y China, donde el primero está tolerando los abusos del Partido Comunista a cambio de influencia limitada.

En Venezuela, esta relación alcanzó un punto crítico a finales de 2016, cuando el Vaticano fue llamado a mediar en un primer proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición con mayoría en la Asamblea Nacional. Esta última buscaba activar un referéndum revocatorio contra un presidente ya impopular, mientras surgía una emergencia humanitaria compleja. Pero no pasó de una primera ronda de diálogo en Caracas con el enviado especial del Papa Francisco, el arzobispo Claudio María Celli. En un hito clave de la deriva autoritaria del chavismo, el CNE pronto bloquéo el referéndum y Jorge Rodríguez alegó un supuesto fraude en la recolección de firmas de la oposición.

El Vaticano reaccionó dejando constancia de su postura. El primero de diciembre de 2016, el Cardenal Parolin publicó una carta exponiendo las condiciones que exige la Iglesia para seguir actuando como mediador en Venezuela: un paquete de ayuda humanitaria, la restauración de las atribuciones de la Asamblea Nacional, la publicación de un cronograma electoral y la liberación de los presos políticos. Monseñor Padrón, entonces presidente de la CEV, y un Baltazar Porras recién nombrado cardenal culparon al chavismo del fracaso del diálogo. Diosdado Cabello reaccionó a la carta de Parolin diciéndole que el régimen chavista no se metía en los asuntos internos del Vaticano ni con los sacerdotes acusados de pedofilia.

Aparte de con violencia, Maduro respondió a tres meses de protestas en 2017 con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Parte del público venezolano criticó al Papa Francisco por no criticar la represión. En agosto, el Papa firmó una carta pidiendo a Maduro que no constituyera la ANC y el Vaticano decidió alejarse de los procesos de negociación que continuaron hasta 2023, que tampoco cumplieron con las exigencias de Parolin.

“El Vaticano sabe bien, desde hace tiempo, que este es un problema de índole criminal para el cual no tienen las herramientas”, dice una de las fuentes entrevistadas. “Nunca hubo diferencias entre la posición dura de la CEV y Francisco, pero la gente le estaba exigiendo al Papa un activismo que no iba a ejercer”.

“Hoy se trata de una relación entre dos Estados que se remonta a muchos años atrás. Actualmente es respetuosa y sin duda hay conciencia de las circunstancias que viven ambas partes,” dice Juan Salvador Pérez, editor de la revista SIC del Centro Gumilla, dependiente de la Compañía de Jesús. “Para el Vaticano, la diplomacia es el arte del reencuentro, de construir puentes, de abrir puertas y cerrar heridas. Como todo arte implica hacer las cosas bien, y a veces eso es lento”.

La fiesta que no fue

Los puentes y el trato cordial supieron mantenerse en el último año, incluso después del fraude electoral perpetrado por Maduro y el clima de persecución que aún se mantiene. A comienzos de agosto, la propaganda chavista publicó un encuentro de Maduro y Cilia Flores con Monseñor Biord, la presidenta de Vale TV María Eugenia Mosquera y Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El comunicado de prensa transmite que ahí se discutieron los preparativos para celebrar la doble canonización. Después se supo que, en coordinación con la Arquidiócesis de Caracas, el Estado patrocinaría la Fiesta de la Santidad en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

La jornada de celebración dejó 21 presos políticos nuevos en total según Foro Penal, que también pidió al Papa León XIV que interceda por ellos.

Un venue inaugurado para juegos de béisbol y eventos de espectáculo, para muchos un símbolo de la normalización del madurismo, era impuesto desde el poder para la celebración en la capital. Fuentes próximas a líderes religiosos en Roma y Caracas afirman que fue una insistencia que la arquidiócesis no pudo resistir, y que hubo molestia en la curia por la decisión, aun si se expresaba sottovoce.

“Es circo en un país donde no hay pan. Entonces tratan de meter a José Gregorio en el circo, a ver si la gente se distrae a pesar de la rabia que tiene”, comentó una fuente que prefirió mantenerse anónima.

Pero tal circo no se dio. Tres días antes, la Arquidiócesis de Caracas anunció que se cancelaba el evento en el Monumental. La excusa fue el aforo, la cantidad de fieles en lista que sobrepasaban la logística del evento, aunque no queda claro cuál era el problema. Desde hace tres meses existe un enlace online para el pre-registro a los eventos en Roma, Isnotú y Caracas que, se suponía, permitían a la Comisión Central de la Canonización llevar un control sobre la asistencia.

“El régimen de Maduro ha utilizado la canonización para avanzar con su monopolio de todos los espacios de la vida en Venezuela”, dijo un cura de parroquia antes de la cancelación. Prefirió mantenerse anónimo para este reportaje. “Ahora tenemos a un Maduro católico frente a una gente que vibra con el sentir de un país que se le opone radicalmente. Que ofrece plataformas y espacios para celebrar a los santos, pero cercando y pretendiendo facilitar como le conviene”.

Consignas de fe en conflicto

“Una canonización también es un llamado a la paz. Y en ese sentido podría ser una oportunidad que se abre para los marcos de negociación y de diálogo, que considero fundamentales”, opina el padre Arturo Peraza. “Como ha señalado el Cardenal Parolin, es un kairós o una oportunidad para que nos reencontremos en la justicia, la verdad, la reconciliación, que pueden ser constitutivas de un camino de paz”.

En septiembre, el rector de la UCAB llamó a Maduro a reconocer a María Corina Machado como una interlocutora legítima. De cara a las operaciones de EEUU en el Caribe y a la creciente militarización en Venezuela, Peraza insiste en un acontecimiento que se ve demasiado lejano: la líder de la oposición en la clandestinidad, que pide la intervención de Trump para sacar a Maduro del poder, sentándose a hablar con un dictador que se ha propuesto eliminar a su equipo y a sus aliados desde 2024. La represión posterior al 28 de julio de 2024 tuvo picos muy altos antes de que EEUU amenazara con intervenir.

“Las partes existen y deben sentarse a conseguir puntos de coincidencia, cesiones y concesiones mutuas”, dice Juan Salvador Pérez. “Por ejemplo la liberación de presos y detenidos, como ha dicho el Papa León XIV, o el necesario llamado firme a la paz frente a todo acto interno o externo que suponga una amenaza”.

El régimen de Maduro ha continuado con las mismas prácticas en la víspera de las canonizaciones, incluso en la tierra de José Gregorio Hernández. Siete trujillanos están presos por levantar una pancarta que leía “Vamos a cobrar. 28J Libertad”. Otros 11 tienen orden de captura por el mismo hecho según Clippve, el comité para la liberación de los presos políticos en Venezuela. En Mérida, agentes del SEBIN detuvieron al Dr. Pedro Fernández, miembro de la ONG Médicos por Venezuela en el estado. La jornada de celebración dejó 21 presos políticos nuevos en total según Foro Penal, que también pidió al Papa León XIV que interceda por ellos.

En las comunicaciones de Machado se ha dibujado una conexión explícita entre el júbilo por la salida de Maduro del poder, que proyectan como inminente, y el entusiasmo popular por las canonizaciones. Desde 2024, el liderazgo de María Corina también se ha sostenido por sus referencias a la fe y a una “lucha espiritual contra el mal”. 

En su equipo hay conciencia de cómo muchos venezolanos se aferran a Dios para lidiar con la incertidumbre del momento, y que interpretan los apoyos que María Corina consigue como parte de una concatenación de hechos a favor del cambio en Venezuela. “Hay una serie de simbolismos que parece que están configurando la idea de que ya estamos en el empujón final”, dice Pedro Urruchurtu, jefe de las relaciones internacionales del Comando con Venezuela. Para él, hitos como el Nobel de la Paz o la canonización generan una “energía contenida” en la población que respaldan su “anhelo de cambio y propósito de lucha”.

“Son señales que invitan a la gente a organizarse y a estar lista a partir de la fe, de la religión, de lo que nos toca a hacer a nosotros, pero también de lo que tenemos que pedirle a Dios para que nos dé la fuerza para seguir”.

“Ahora lo importante no es la dimensión política de estas pocas horas, tampoco la manipulación que haga la dictadura”, dice Julio Borges, Secretario General de Primero Justicia, quien afirma que un milagro del santo médico le salvó la vida cuando era un recién nacido. “Lo importante es que trascienda la figura de José Gregorio a esta coyuntura y se convierta en un referente, en un modelaje, en alguien que nos acompaña en el camino al futuro”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CIDH: La criminalización en Venezuela se agrava con cargos de terrorismo

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la región operan en un ambiente hostil, con violencia y obstáculos que muestran un agravamiento de la criminalización y la represión en el país usando la figura de “terrorismo”.

En su “Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas”, la CIDH observó en varios estados de la región el uso del sistema punitivo para obstruir la defensa de causas sociales se volvió una práctica recurrente.

En el caso de Venezuela, según la CIDH, este patrón es especialmente sistemático. El ejercicio de la defensa de DDHH se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido, enfrentando amenazas latentes de marcos legales que buscan limitar su trabajo.

Estrategia de persecución judicial

El patrón de criminalización y represión en Venezuela alcanzó niveles “preocupantes” mediante la aplicación de figuras penales ambiguas, especialmente el delito de terrorismo. La Comisión conoció, por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel, defensora detenida en febrero de 2024 y presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas. A ella la acusaron de “traición a la patria, conspiración y terrorismo”.

Asimismo, la CIDH advirtió que Javier Tarazona, director de Fundaredes, permanece privado de libertad desde julio de 2021, imputado por “instigación al odio, traición a la patria, y terrorismo”. Durante el contexto poselectoral de 2024, el Estado también imputó delitos de terrorismo a defensores como Henry Gómez, en Amazonas.

Este uso indebido del derecho penal genera un efecto de amedrentamiento, lo cual lleva a defensores y líderes a optar por el exilio como mecanismo de autoprotección. Los operadores de justicia, además, contribuyen activamente en la criminalización al aceptar procesos sin pruebas o presentar acusaciones falsas.

Asfixia del espacio cívico y controles de financiamiento

La Comisión alertó que el Estado venezolano “asfixia” el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil mediante marcos legales restrictivos. En agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Preocupa que esta ley contemple la posibilidad de que “cualquier ciudadano” solicite información detallada sobre la constitución, actividades, financiamiento y beneficiarios de las ONG.

Además, la Providencia Administrativa Nº 001-2021 exige a las organizaciones inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La CIDH señaló que vincular a las organizaciones con la lucha antiterrorista las estigmatiza al relacionarlas con actividades delictivas.

Organizaciones de DDHH sufren frecuentes retrasos y negativas al intentar registrar o actualizar sus documentos legales, restringiendo su capacidad de operar. La sociedad civil destacó que la mayoría enfrenta serias dificultades para actualizar documentos, y al menos un tercio no logró formalizar su personalidad jurídica.

Hostigamiento directo y amenaza de exilio

La sociedad civil informó a la CIDH que funcionarios públicos o individuos alineados con el Estado, ejecutados por agentes de instituciones públicas o miembros del Sistema Popular de Protección para la Paz, cometen las amenazas. La Comisión otorgó medidas cautelares en favor de siete líderes sindicales quienes recibieron constantes hostigamientos y amenazas de agentes estatales.

Entre los patrones represivos post-electorales de 2024, la Comisión conoció la anulación abrupta y arbitraria de pasaportes. Esta práctica afectó al menos a 40 personas defensoras, líderes sociales, periodistas y sus familiares, y buscó limitar su libre circulación. La Comisión también registró la persecución de testigos de mesa y observadores electorales, forzando a por lo menos cinco a desplazarse hacia Colombia ante amenazas de muerte.

La CIDH mantuvo la vigencia de la medida cautelar sobre Provea, tras observar acciones de agentes estatales que intensificaron su riesgo, incluyendo vigilancias y seguimientos con toma de fotografías a sus integrantes. Las autoridades estatales realizaron señalamientos públicos recurrentes contra Provea, calificándola de proteger a terroristas y “vende patria”.

Finalmente, las mujeres defensoras enfrentan mayores riesgos porque no habría fiscales especializados en cuestiones de género para atender sus denuncias. La CIDH observó que el Estado venezolano no adoptó ninguna acción reciente para atender la situación de los beneficiarios de medidas cautelares, intensificando el riesgo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Venezuela vuelve a ocupar el último lugar del Índice Global de Estado de Derecho

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Nuevamente, Venezuela se encuentra en la última posición global del Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index), publicado anualmente por el World Justice Project (WJP). En la edición 2025, con una puntuación de apenas 0,26 sobre 1,00, Venezuela se ubicó en el puesto más bajo del ranking global, lo que evidencia un deterioro sostenido en su sistema judicial.

Según los datos, de un total de 143 países y jurisdicciones analizados, Venezuela ocupa el puesto 143, lo que la sitúa como la nación con la puntuación más baja en la aplicación de justicia y la rendición de cuentas.

Por séptimo año consecutivo, Venezuela mostró un retroceso general en el Estado de Derecho y un débil desempeño en seis de los ocho factores evaluados: independencia judicial, la ausencia de garantías procesales, la corrupción en los cuerpos de seguridad y la falta de rendición de cuentas. Las detenciones arbitrarias, el uso político de la justicia y las violaciones sistemáticas de derechos humanos

Según el WJP, la fragilidad institucional, el uso político de los tribunales y la falta de transparencia siguen erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.

Los mejores posicionados

En contraste, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda lideraron el índice, destacándose por su independencia judicial, transparencia gubernamental y respeto a los derechos ciudadanos.

En América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile registraron los mejores resultados. A Venezuela lo acompañan Haití y Nicaragua en los lugares más bajos.

El World Justice Project advierte que esta situación no solo afecta la administración de justicia, sino que también debilita el estado de derecho, la seguridad ciudadana y la confianza pública en las instituciones.

La ONG Acceso a la Justicia señaló que “la posición de Venezuela en el fondo del ranking subraya las graves deficiencias en sus sistemas legales e institucionales, marcando una tendencia de deterioro continuo en los indicadores clave del Estado de Derecho a nivel global”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

María Corina Machado dijo que comenzará nueva era en Bolivia y Venezuela

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​​La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sostuvo que con la elección del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, comienza “una nueva era de orden, justicia, prosperidad y libertad en democracia” tanto en ese país como en Venezuela.

“Querido presidente electo Rodrigo Paz, nuestras naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio. Hoy, tanto en Bolivia como en Venezuela, hemos derribado definitivamente las barreras que buscaron dividir y confrontar a nuestros pueblos”, escribió Machado en X.

“Las dos naciones suramericanas están unidas por un legado que los enorgullece y un futuro común que los inspira y moviliza”, añadió MCM.

Refiriéndose a Nicolás Maduro, Paz sentenció que pondrá a su país del lado de la democracia y la libertad.

“Lo único digno, señor Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad”, puntualizó Paz en X.

Maduro justificó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) haya suspendido a Bolivia.

“Ante la agresión descarada e injustificada contra tres países dignos: Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de la embajada gringa (estadounidense)”, dijo Maduro.

Paz anunció que no invitará a su investidura, prevista para el próximo 8 de noviembre, a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

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Provea: 37 años después la Masacre del Amparo sigue impune

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Este miércoles, 29 de octubre, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que se cumplen 37 años de la masacre de El Amparo, donde 14 pescadores fueron asesinados por militares y policías en el estado Apure.

Aquel día, dieciséis hombres de El Amparo, se embarcaron en una travesía fluvial por esa región fronteriza con Colombia. Iban a pescar, pero pasaron las horas y ninguno regresó a casa. Cuando ya los daban por desaparecidos, dos de ellos regresaron. La versión oficial los acusaba de ser guerrilleros colombianos que se habían enfrentado a las fuerzas armadas venezolanas.

Las víctimas fueron identificadas como José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.

Wolmer Pinilla y José Arias, únicos sobrevivientes, fueron acompañados por Provea y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para exigir justicia. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1994, donde el Estado venezolano fue declarado culpable en 1995.

Una masacre que sigue impune

Provea señaló que en aquel momento el Gobierno de Rafael Caldera reconoció la responsabilidad internacional por los hechos e indemnizó a las víctimas.

En 1996 llegó otra sentencia sobre las reparaciones a los asesinados y sus deudos y el Estado venezolano quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre, pero los que tenían mayor responsabilidad en el crimen gozaron de total libertad. Algunos de los que dispararon solo estuvieron detenidos 7 años y luego fueron absueltos.

En 2016, la Sala Constitucional del TSJ anuló la sentencia que absolvió a los policías y militares y ordenó que se les procesara de nuevo… “casi 10 años después no hay voluntad para hacer justicia“, aseguró Provea.

Hasta ahora, los máximos responsables no han sido juzgados ante la justicia venezolana. La mayoría de los involucrados en la masacre ocuparon altos cargos en las instituciones del Estado, incluso bajo el liderazgo de Hugo Chávez.

“Han pasado 37 años y la Masacre de El Amparo sigue impune. Hay impunidad en el pasado y presente… Los sobrevivientes y familiares no se rinden y exigen justicia“, expresó la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.